Los agricultores de cereales de invierno han comenzado este lunes una serie de concentraciones ante la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, convocadas por Apag Extremadura Asaja, para exigir medidas urgentes que permitan sostener un sector que consideran “al límite”. Las protestas se desarrollarán cada mañana, de 08:00 a 15:00 horas, entre el 14 y el 30 de septiembre, con la participación rotatoria de cooperativas de toda la región. Este lunes han acudido productores de Llerena y Villagarcía de la Torre.

El presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, ha acusado a la presidenta extremeña, María Guardiola, de “incumplir los compromisos” que, según afirma, adquirió cuando estaba en la oposición respecto a una producción clave en comarcas como la Campiña Sur, donde predominan cultivos como trigo, cebada o centeno.

Entre las reivindicaciones destacan la puesta en marcha de una ayuda integrada, “similar a la publicada en 2023”, la autorización de quemas controladas de rastrojos y una línea de préstamos sin intereses. Medidas que, según Metidieri, permitirían aliviar la presión de unos costes de producción “disparados” y unos precios “por los suelos”.

El dirigente agrario ha denunciado que el cereal extremeño compite con importaciones de Rusia y Ucrania, que llegan a precios muy bajos y “amenazan la soberanía alimentaria”. A su juicio, es necesario “dar un giro de 180 grados” en el cereal y en otras producciones como el arroz, el maíz o la uva, y garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar precios dignos.

La situación del cereal de invierno, añade, se refleja en la drástica reducción de superficie cultivada, que ha pasado de 300.000 hectáreas en 1999 a unas 180.000 en la actualidad.

El agricultor Cándido Méndez, de Casas de Reina, ha descrito la situación como “inaguantable e inviable”. Mientras el gasoil, los abonos y los herbicidas “están por las nubes”, el precio del trigo “sigue igual que hace 40 años”. El cereal de invierno se paga ahora a 0,22 euros el kilo, cuando, según afirma, serían necesarios 0,50 euros para obtener rendimientos mínimos.

Méndez ha pedido a los responsables políticos que, “en vez de tantas inspecciones”, adopten medidas eficaces para paliar una situación que considera “lamentable” y que, asegura, no se resuelve con la “limosna” de la PAC. “Yo creo que lo que quieren es quitarnos del medio, porque si no, no se entiende esto”, ha concluido.

Extremadura registró un déficit presupuestario de 530 millones de euros entre enero y junio de este año, una cifra que equivale al 1,79% de su Producto Interior Bruto (PIB). Aunque los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda reflejan una ligera mejoría respecto a los 581 millones (2,07% del PIB) del primer semestre de 2025, la comunidad se mantiene en el furgón de cola de las cuentas autonómicas.

El resultado sitúa a la región entre las más deficitarias del país, solo superada por Canarias (1,93 % de su PIB) y seguida muy de cerca por Baleares (1,78%). En el extremo opuesto, el País Vasco se coronó como la única autonomía que logró cerrar la primera mitad del año en positivo, con un tímido superávit del 0,01%.

En el conjunto de las comunidades autónomas, los números rojos aumentaron un 10,9% hasta alcanzar los 17.287 millones de euros (0,97% del PIB). Las haciendas regionales acusaron el fuerte tirón de las partidas de gasto —especialmente los costes salariales de los empleados públicos—, que crecieron por encima del ritmo de los ingresos.

Aumento generalizado del gasto público

El desempeño extremeño se enmarca en un escenario estatal donde el desfase de las cuentas públicas se ha ensanchado. El déficit conjunto de todas las administraciones (excluyendo los ayuntamientos) ascendió a 33.668 millones en el primer semestre, un 6,4% más que en el mismo periodo del ejercicio previo, fijando la media nacional en el 1,89% del PIB.

El empuje del gasto público a nivel central —que subió en 28.131 millones frente a un aumento de ingresos de 26.107 millones— ha venido determinado por el encarecimiento de los intereses de la deuda (+13,9 %), los costes de la plantilla estatal (+4,4% tras la subida salarial del 1,5%) y un mayor volumen de transferencias corrientes hacia las autonomías.

Las proyecciones del Estado extendidas hasta el mes de julio avanzan un déficit de 44.539 millones (2,5 % del PIB), un 13,5% más alto. Este repunte se produce a pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria estatal, impulsada por el IRPF (+20,4 %), el Impuesto de Sociedades (+13,8%) y el IVA (+5,9%), y con el contrapunto positivo de la Seguridad Social, que anotó un superávit de 6.150 millones hasta junio.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la autorización administrativa previa para las infraestructuras eléctricas de consumo del Data Center Nostrum Evergreen (DC Badajoz), el centro de computación de datos e inteligencia artificial que Data Riocaya, SLU proyecta en los terrenos de la Plataforma Logística de Badajoz.

La autorización supone un nuevo paso administrativo para un proyecto que la Junta de Extremadura calificó el pasado mes de noviembre como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA). Esta declaración implica, entre otras consecuencias, el reconocimiento de utilidad pública o interés social y la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes afectados por las instalaciones.

En concreto, la autorización autonómica afecta al campo de 220 kilovoltios, la subestación de enlace y el trazado subterráneo de los cables conductores asociados. La tramitación del resto de la subestación de enlace y de las líneas que conectarán estas instalaciones con la red de transporte corresponde a la Administración General del Estado.

Según recoge el DOE, las instalaciones cuya autorización depende de la Comunidad Autónoma ya cuentan con el reconocimiento de utilidad pública, por lo que el trámite que ahora se resuelve se limita a la concesión de la autorización administrativa previa.

Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones al proyecto. Además, la empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados incluidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las distintas administraciones públicas y por las empresas de servicios públicos o de interés general afectadas.

Una inversión de 1.913 millones

El proyecto Data Center Nostrum Evergreen contempla una inversión prevista de 1.913 millones de euros y la creación de unos 330 puestos de trabajo. La previsión de la promotora es que las instalaciones puedan estar en funcionamiento en 2031.

El centro está diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red eléctrica de hasta 300 megavatios y se presenta como una infraestructura destinada a la computación de datos y a aplicaciones de inteligencia artificial.

La iniciativa pretende incorporar estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa y se desarrollará en los terrenos de la Plataforma Logística de Badajoz.

La calificación como PREMIA otorgada por la Junta busca agilizar la tramitación administrativa de proyectos considerados estratégicos para la economía extremeña. En este caso, el expediente continúa ahora con las actuaciones que corresponden a la Administración General del Estado para completar la conexión del complejo con la red de transporte.

Cáceres acogerá el próximo mes de octubre un curso dirigido a mujeres que quieran aprender a construir bóvedas de ladrillo con técnicas tradicionales. La iniciativa pretende recuperar un conocimiento muy ligado a la arquitectura popular de Extremadura y Portugal y, al mismo tiempo, facilitar la entrada de más mujeres en un sector de la construcción todavía mayoritariamente masculino.

El curso se celebrará del 19 al 23 de octubre y tendrá 16 plazas. Durante cinco días, las participantes recibirán 30 horas de formación, con especial protagonismo de la práctica: trabajarán directamente en la construcción de bóvedas y aprenderán los métodos utilizados históricamente por los maestros albañiles de Extremadura y Portugal.

La formación tendrá lugar en el Centro de Innovación y Calidad de la Edificación (EDEA CICE) y en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE). El programa combinará explicaciones sobre la técnica con el conocimiento del patrimonio y contará con profesionales especializados en este tipo de construcción.

También habrá una visita a edificios patrimoniales de Cáceres para conocer sobre el terreno ejemplos de bóvedas realizadas con esta técnica.

Las incripciones pueden realizarse aquí.

Un oficio que se quiere evitar que desaparezca

La bóveda tabicada es un sistema constructivo tradicional que utiliza ladrillos para crear estructuras abovedadas. Aunque forma parte de la arquitectura tradicional extremeña y portuguesa, sus conocimientos y formas de ejecución corren el riesgo de perderse si dejan de transmitirse.

Por eso, el curso pretende que las participantes no solo conozcan la técnica desde el punto de vista teórico, sino que aprendan a ejecutarla con sus propias manos. La recuperación de estos métodos puede tener además aplicación en la rehabilitación de edificios antiguos y en nuevas formas de construcción más sostenibles.

Los organizadores defienden que el uso de técnicas tradicionales y materiales locales puede contribuir también a reducir el impacto ambiental de la construcción, especialmente en trabajos de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios.

Mujeres para un sector todavía masculinizado

La otra pata del proyecto es aumentar la presencia femenina en la construcción. El curso está organizado por Ella Construye, una empresa de impacto social que trabaja para facilitar la incorporación de mujeres al sector mediante formación práctica y colaboración con empresas e instituciones.

Además de las 16 participantes del curso, las jornadas de apertura y clausura serán accesibles al público general en la sede del COADE de Cáceres. En ellas intervendrán los expertos Manuel Fortea y José Carlos Salcedo.

La iniciativa está coordinada por el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC) y forma parte del proyecto europeo FEENERT, centrado en la rehabilitación energética y la recuperación de técnicas tradicionales en la zona transfronteriza entre España y Portugal.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y cuenta también con la colaboración de la Junta de Extremadura, el COADE y PYMECON.

El mercado laboral de Extremadura cerró el mes de agosto con un comportamiento de doble lectura. La comunidad autónoma logró incrementar la afiliación a la Seguridad Social en 818 cotizantes, lo que supone un incremento del 0,19% respecto a julio y eleva el total de personas ocupadas a 431.888. Sin embargo, las listas del desempleo también experimentaron un repunte al sumar 919 desempleados más, un incremento del 1,54% que sitúa la cifra global de parados registrados en la región en 60.687 personas.

A pesar del repunte mensual del desempleo, un comportamiento habitual en un periodo marcado por el fin de las campañas veraniegas, la perspectiva interanual confirma la tendencia positiva del mercado regional. En comparación con agosto de 2025, Extremadura cuenta con 6.311 afiliados más a la Seguridad Social, lo que equivale a un aumento del 1,48%, mientras que el paro ha descendido en 4,272 personas, lo que representa un recorte del 6,58%.

El análisis por territorios muestra dinámicas dispares entre ambas provincias durante el último mes. Badajoz impulsó el crecimiento de la ocupación al sumar 2.256 afiliados, un 0,83% más, alcanzando un total de 275.266 cotizantes, aunque el desempleo aumentó un 1,25% tras registrar 489 parados más, hasta situarse en 39.720 personas. Por su parte, la provincia de Cáceres perdió 1.438 afiliados respecto a julio, una bajada del 0,91% que deja su total de ocupados en 156.622, mientras que el paro creció un 2,09% al sumar 430 desempleados más, alcanzando las 20.967 personas. En la comparativa anual, Badajoz redujo su desempleo en 3.220 personas y ganó 4.860 ocupados, mientras que Cáceres redujo la lista de desempleados en 1.052 personas y sumó 1.450 cotizantes.

Por sectores económicos, la mayor parte del repunte del desempleo en la comunidad se concentró en el sector servicios, que sumó 626 parados más. A mayor distancia se situaron el colectivo sin empleo anterior con 159 desempleados más, la construcción con 92, la industria con 39 y la agricultura con 3. Asimismo, la brecha de género en el desempleo se mantiene en la región, ya que de las 60.687 personas sin trabajo, 38.957 son mujeres y 21.730 son hombres, mientras que entre los menores de 25 años el total de desempleados se sitúa en 5.028 jóvenes.

En materia de contratación, durante el mes de agosto se firmaron en Extremadura 33.642 contratos, lo que representa un descenso del 19,46% en comparación con el mes de julio, cuando se suscribieron 8.131 acuerdos más. En tasa interanual, no obstante, las contrataciones crecieron un 4,33%. La modalidad temporal continuó siendo la predominante en la época estival con 24.235 acuerdos frente a los 9.407 de carácter indefinido.

Respecto a la distribución por regímenes, de los 431.888 afiliados extremeños, 359.054 pertenecen al Sistema General, divididos entre 298.133 en el Régimen General, 47.979 en el Sistema Especial Agrario y 3.962 en el del Hogar, mientras que la región contabiliza 81.834 trabajadores autónomos.

La evolución del empleo en la comunidad autónoma contrasta con la tendencia de destrucción de puestos de trabajo registrada a nivel nacional. En el conjunto de España, el mercado laboral perdió 162.840 ocupados en agosto y el paro aumentó en 44.419 personas. A finales de mes, el país contabilizaba 337.917 altas de afiliados extranjeros procedentes del proceso de regularización extraordinaria, cerrando con un total de 22,34 millones de cotizantes, la cifra más alta de la serie histórica para un mes de agosto.

Levantar la persiana de un pequeño negocio en Extremadura cada mañana exige afrontar un desembolso medio de 96 euros en costes fijos antes de generar el primer euro de ingreso o beneficio para el propio trabajador. Mantener la actividad de un local comercial alquilado sin ningún asalariado contratado asciende a 2.280 euros mensuales, lo que supone una factura anual de 27.360 euros, según un análisis elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España).

El estudio toma como referencia el perfil de un autónomo persona física sin empleados a su cargo, con un alquiler mensual de 800 euros para el local y un promedio de apertura de 5,5 días a la semana (unos 286 días al año). Sobre esta estructura de partida, UPTA subraya que los 27.360 euros anuales representan exclusivamente el coste básico de funcionamiento: “No es salario ni beneficio, sino el coste de poder abrir y trabajar”.

El arrendamiento del espacio comercial constituye la principal carga financiera del pequeño comercio. Supone 9.600 euros al año y representa algo más del 35% de toda la estructura de costes analizada. Si a esta cifra se le añaden la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la factura de la electricidad, la suma alcanza los 16.200 euros anuales, concentrando el 59% de los gastos fijos del negocio.

A esta partida principal se agregan otros desembolsos corrientes que, acumulados, incrementan la presión económica sobre la actividad: servicios de gestoría, seguros, telecomunicaciones, mantenimiento, comisiones bancarias, servicios de limpieza y seguridad, herramientas digitales, tasas municipales y reposición de equipos.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, enfatiza que la realidad económica del sector no puede analizarse únicamente por la facturación, sino a partir de esta presión económica de partida. “Cada mañana que un pequeño negocio extremeño levanta la persiana empieza con cerca de 100 euros de gastos. Antes de generar renta para sí mismo tiene que pagar el local, la Seguridad Social, la energía, los seguros, la gestoría y toda la estructura necesaria para poder trabajar”, recalca.

La Unión ha pedido por carta a la presidenta María Guardiola que recapacite en su propuesta de eliminar de forma progresiva la ecotasa, pues “va a perdonar 147 millones de euros” a las propietarias de la central nuclear de Almaraz y “estas mismas empresas van a pagar impuestos en Cataluña de los cuales 45 millones van al sector agrario”.

“¿Para quién gobierna? ¿para los extremeños o para las multinacionales eléctricas?”, se ha preguntado la organización en un comunicado de prensa, donde precisa que con la supresión en el plazo de tres años de este impuesto se “prevé la pérdida de ingresos en las arcas regionales por este concepto de 25 millones de euros para 2027, de 50 millones para 2028 y de 74 millones para 2029”.

La organización agraria recuerda que los accionistas que gestionan la central son “Iberdrola con el 53 % y unos beneficios en el 2025 de 6.285 millones de euros; Endesa con el 36% y unos beneficios de 2.351 millones de euros; Naturgy con el 11% y beneficios de 2.023 millones”.

Se da la circunstancia de que “dos de estos accionistas que gestionan el 89% (Iberdrola y Endesa) de la central de Almaraz son los mismos que gestionan en Cataluña las centrales nucleares de Ascó y de Vandellòs”.

Añade que el Parlamento Catalán ha aprobado la Ley 1/2025 de fondos agrarios y ganaderos por la que destinan “el 30 % del impuestos que pagan sus centrales nucleares en Cataluña a ayudar al sector agrario catalán: en el año 2025 la parte de los impuestos de las centrales catalanas supusieron un total de 45 millones de euros”.

La Unión lamenta que cuando en Extremadura se dirigen a la Consejería de Agricultura para solicitarles ayudas a los agricultores y ganaderos extremeños por motivos de la climatología, enfermedades ganaderas, etc., siempre obtienen “la misma respuesta: la Junta de Extremadura no tiene fondos para aprobar estas ayudas”.

“No es admisible que los agricultores y ganaderos catalanes tengan una serie de ayudas para compensar a los profesionales del sector agrario en planes de mejoras, ayudas a la sequía en los sectores del vino y olivar, al sector apícola, etc. y en cambio aquí no se apruebe ayuda alguna por falta de presupuestos”, asevera.

Esta situación, critica, se puede resumir en que “con los mismos accionistas en Cataluña se pagan impuestos de los que una parte importante va al sector agrario” y en “Extremadura le perdonamos este impuesto a empresas que en el año 2025 tuvieron 10.659 millones de euros de beneficios y que además cotizan el impuesto de sociedades en otras regiones”.

Cáceres será la sede el próximo mes de septiembre de la III edición del Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica. Bajo el lema 'Activa tu potencia', el encuentro promovido por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital abordará materias clave como el empleo, el talento, el emprendimiento y la inversión a través de la participación de más de 40 ponentes.

La presentación institucional ha corrido a cargo del secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, y del director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado. Durante el acto, Preciado ha destacado el peso creciente del sector en la estructura económica autonómica, señalando que en 2025 el empleo tecnológico creció en Extremadura ocho veces más rápido que el empleo general, generando cerca de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo con salarios un 38,5 % superiores a la media regional.

El balance presentado por la Junta muestra un incremento en los indicadores de eficiencia del tejido productivo. La productividad por trabajador ocupado ha pasado de 57.354 euros al inicio de la legislatura a 65.281 euros, lo que supone una subida cercana al 14 %. Asimismo, entre enero y junio de 2026, la facturación del sector servicios en la comunidad creció un 7 %, situándose por encima del 5,7 % registrado a nivel nacional.

Crecimiento económico e impacto de la IA

En el ámbito empresarial, el 15,14 % de las compañías extremeñas de diez o más trabajadores utiliza ya herramientas de inteligencia artificial, lo que representa un aumento de casi seis puntos en comparación con el año anterior. “No hablamos únicamente de más tecnología, sino de menos complejidad administrativa, mejores servicios públicos, empresas más productivas y empleo de mayor calidad”, ha remarcado Preciado.

En materia de gestión pública, el proceso de digitalización ha permitido multiplicar por siete los trámites y solicitudes electrónicas en los últimos tres años. La revisión de 431 procedimientos ha recortado un 57 % los tiempos de tramitación y un 70 % el volumen de documentación requerida a los ciudadanos.

Por su parte, Jesús Coslado ha explicado que esta edición incorporará el formato 'Inmersión Digital', concebido para fomentar el aprendizaje práctico y el networking. “No queremos que el asistente sea un mero espectador; queremos que experimente la tecnología, participe, establezca contactos y salga de Potencial Digital con nuevas ideas, capacidades y oportunidades”, ha concluido el director general.

La organización agraria La Unión Extremadura ha remitido un escrito a la Consejería de Agricultura para exigir “transparencia y explicaciones claras” sobre el destino de la partida presupuestaria de 20 millones de euros asignada al proyecto del Regadío de Tierra de Barros, tras años de “múltiples promesas y gastos inútiles”.

La entidad considera imprescindible contar con datos concretos para evitar incurrir de nuevo en “gastos estériles”. En concreto, ha solicitado a la Administración regional un calendario detallado de actuaciones, el presupuesto total definitivo del proyecto, la delimitación exacta de las superficies afectadas, el plan de financiación de las obras y el coste final que deberán asumir los agricultores regantes.

Asimismo, La Unión ha reclamado un desglose de los importes económicos ejecutados hasta la fecha y los resultados reales obtenidos. Desde la organización señalan que “resulta curioso que por el adelanto electoral no se llegara a las conclusiones de la Comisión de Investigación” que se habilitó en la Asamblea de Extremadura sobre esta infraestructura.

En este sentido, la organización cuestiona el interés de las distintas fuerzas políticas parlamentarias en esclarecer la situación de un proyecto que “al inicio de las distintas legislaturas se promete y que al finalizar las mismas no se ejecuta”.

Aunque La Unión reitera la necesidad estratégica de instalar riegos de apoyo para los cultivos de la comarca de Tierra de Barros, recalca que la iniciativa debe basarse en “un proyecto redactado por técnicos y no por políticos”. Para el colectivo, la propuesta debe ser realista, garantizar el suministro hídrico de forma segura y resultar viable financieramente en el pago de las amortizaciones por parte de los productores. Por todo ello, la organización ha anunciado que exigirá “garantías firmes ante las continuas promesas políticas incumplidas”.

Extremadura destinará en 2029 un total de 175 millones de euros únicamente al pago de los intereses generados por su deuda pública, una cifra que más que triplica los 52 millones abonados por este mismo concepto en el año 2022. Así lo refleja el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que proyecta un volumen total de endeudamiento para la región de 5.329 millones de euros al final de la década.

El estudio advierte de que el encarecimiento del crédito y el abultado pasivo acumulado tensionarán las cuentas autonómicas en los próximos años, obligando a “redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda”. En este sentido, la entidad aconseja a las comunidades autónomas calibrar con “especial prudencia” las medidas fiscales expansivas a corto y medio plazo.

El incremento extremeño, estimado en un 236%, sitúa a la región en un tramo intermedio en comparación con el conjunto autonómico. El mapa del impacto financiero muestra fuertes disparidades: La Rioja encabeza la lista con un aumento del 804 % (de 5 a 45 millones), seguida por la Comunidad Valenciana (+476 %), Canarias (+410 %), Murcia (+407 %) y Castilla-La Mancha (+396 %). Junto a Extremadura (+236 %), se encuentran comunidades como Galicia (+336 %), Andalucía (+257 %), Baleares (+247 %) o Aragón (+205 %). El menor repunte se dará en Cataluña (+188 %), País Vasco (+96 %), Madrid (+85 %) y Navarra (+39 %).

En el conjunto de España, las autonomías pasarán de pagar 3.608 millones en 2022 a 11.528 millones de euros en intereses en 2029. La entidad advierte de que, aunque el peso de la deuda sobre el PIB regional irá bajando (del pico del 27,2 % alcanzado en 2020 a un 17,1 % estimado para 2029) debido a la inercia del crecimiento económico y la inflación, el volumen nominal del pasivo seguirá siendo alto y la factura real a pagar se disparará debido a los tipos de interés.

La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha confirmado la detección de dos focos de brucelosis en explotaciones ganaderas de vacuno situadas en la provincia de Badajoz. Los casos se localizaron los pasados 5 y 7 de agosto en los términos municipales de Alburquerque y Badajoz, respectivamente, lo que ha obligado a activar los protocolos de contingencia para evitar la propagación de la bacteria.

El primer foco por Brucella abortus se confirmó el 5 de agosto en una instalación ganadera de Alburquerque, mientras que apenas 48 horas después, el 7 de agosto, se notificó el segundo positivo en una granja del municipio de Badajoz. Ante la confirmación de la infección, las autoridades sanitarias han ordenado la ejecución inmediata del vaciado sanitario, un procedimiento oficial que conlleva el sacrificio de la totalidad de los animales de ambas granjas para aislar el brote y evitar cualquier riesgo de difusión al resto de la cabaña bovina.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura han transmitido un mensaje de tranquilidad y han rehusado realizar declaraciones oficiales al respecto, señalando a la Agencia EFE que “la situación está controlada por parte de la Junta y no hay motivos de alarma”.

El departamento autonómico subraya que mantiene un seguimiento permanente sobre las dos instalaciones afectadas y que se están aplicando “de forma estricta todas las medidas sanitarias previstas en los protocolos oficiales” para garantizar el control efectivo de ambos focos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha realizado este balance durante una comparecencia en la que ha repasado los ocho años de gestión del Ejecutivo central en la región, un periodo en el que, a su juicio, Extremadura “ha vivido una gran transformación” gracias a las inversiones públicas y a las medidas de carácter económico y social impulsadas por el Gobierno.

Entre los principales proyectos estratégicos, Quintana ha subrayado la participación de Extremadura en iniciativas de ámbito nacional como el PERTE Chip, que prevé una inversión de 2.350 millones de euros para el proyecto de Trujillo, de los que 752 millones corresponden a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. También ha citado los 300 millones de euros contemplados en el PERTE del Vehículo Eléctrico para la futura gigafactoría de Navalmoral de la Mata y los 182,3 millones destinados al PERTE de Energías Renovables.

En materia de infraestructuras, el delegado ha señalado que desde 2018 el Gobierno ha invertido 2.000 millones de euros en transporte, con actuaciones relacionadas con el ferrocarril y la red viaria. Entre ellas, ha mencionado el avance de proyectos como la autovía A-58 entre Cáceres y Badajoz y la variante de Zafra en la carretera N-432.

Quintana también ha destacado inversiones en infraestructuras hidráulicas, como las depuradoras de Don Benito y Cáceres, así como actuaciones culturales, entre ellas la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y la rehabilitación del Museo de Cáceres. Asimismo, ha aludido a las partidas destinadas a la prevención de incendios forestales y a programas dirigidos a combatir la violencia de género.

En el ámbito social, el delegado del Gobierno ha puesto el acento en medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que, según ha indicado, beneficia a más de 70.000 trabajadores extremeños, así como el incremento de las pensiones, las políticas de empleo y las actuaciones en materia de vivienda.

Respecto a la educación, ha asegurado que las inversiones en Formación Profesional se han duplicado durante este periodo, lo que ha permitido crear 8.774 nuevas plazas, mientras que alrededor de 26.000 estudiantes reciben becas. En materia de vivienda, ha señalado que el Ejecutivo mantiene su apuesta por facilitar el acceso al parque residencial.

José Luis Quintana también ha destacado que Extremadura recibirá en 2026 un 56 % más de recursos para financiar los servicios públicos que en 2018. En este sentido, ha señalado que las entregas a cuenta alcanzarán los 4.819 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta la fecha.

El delegado del Gobierno ha defendido que todas estas inversiones “se traducen en oportunidades, derechos, empleo, cohesión territorial y mejora de la vida” de la ciudadanía y ha asegurado que “nunca antes Extremadura había contado con tal nivel de inversión” como el recibido con el actual Gobierno de España.

El estudio, elaborado por el investigador Ángel de la Fuente, analiza la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024, recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda, y concluye que la Comunidad de Madrid aportó el 26 % de sus ingresos al fondo común de financiación, seguida de Cataluña (8 %) y Baleares (7 %).

Esas aportaciones son redistribuidas entre el resto de comunidades autónomas de régimen común. En el caso de Extremadura, los recursos recibidos a través de estos mecanismos de nivelación representan más del 72 % de la recaudación obtenida por los tributos cedidos, una proporción solo superada por Canarias, donde alcanzan el 96 %.

El informe destaca que la financiación autonómica aumentó en 14.400 millones de euros respecto a 2023, lo que supone un crecimiento del 9,45 %. Este incremento se explica por la mejora de la recaudación tributaria y se produjo en un contexto en el que la inflación cerró el ejercicio en el 2,8 %, por lo que también supone un aumento de la financiación en términos reales.

El sistema de financiación combina recursos procedentes de la recaudación tributaria de cada comunidad con aportaciones del Estado y mecanismos de solidaridad interterritorial destinados a garantizar una financiación similar para la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Pese a ello, el informe vuelve a poner de manifiesto los desequilibrios existentes entre comunidades. Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha continúan siendo las autonomías peor financiadas en términos de financiación efectiva por habitante ajustado, una situación que, según Fedea, se repite año tras año con el actual modelo.

En cuanto a la evolución relativa entre 2023 y 2024, Extremadura perdió algo más de 1,5 puntos en el índice de financiación efectiva por habitante ajustado, un descenso similar al registrado por Cantabria y solo inferior al de Baleares, que retrocedió 3,7 puntos. También Canarias perdió posiciones, mientras que Cataluña mejoró ligeramente, al igual que Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Por el contrario, Madrid continúa siendo la comunidad con mayor capacidad financiera dentro del régimen común y, junto con Aragón, es una de las que más ha mejorado su posición relativa en el último ejercicio, según las conclusiones del informe de Fedea.

De acuerdo con este informe, elaborado tras la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) del avance del Producto Interior Bruto (PIB) de España, Extremadura se sitúa entre las comunidades autónomas con menor crecimiento interanual. El incremento del 2,3 % es el segundo más bajo del país, compartido con Cantabria, País Vasco y Aragón.

En términos trimestrales, la economía extremeña creció un 0,6 % entre abril y junio respecto al primer trimestre del año, el menor avance de España junto a otras siete comunidades autónomas. Este dato se sitúa una décima por debajo de la media nacional, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF.

Al mismo tiempo, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 2.125 cotizantes, un 0,50 % más que en junio, hasta alcanzar los 431.070 afiliados, según los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Extremadura fue, además, una de las tres comunidades autónomas en las que el paro descendió durante el mes de julio, junto con Andalucía y Cantabria, en contraste con la tendencia nacional, donde el desempleo aumentó.

La evolución también resulta favorable en la comparación interanual. Respecto a julio de 2025, el número de desempleados se redujo en 5.042 personas, lo que supone un descenso del 7,78 %, el segundo mayor en términos porcentuales entre las comunidades autónomas. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social creció en 5.253 personas, un 1,23 % más que hace un año.

En el conjunto del país, la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en 22.508.065 ocupados, tras sumar 41.727 afiliados respecto al mes anterior. Este incremento estuvo impulsado principalmente por el empleo extranjero, favorecido por el proceso extraordinario de regularización.

Por su parte, el paro registrado en España aumentó en 19.517 personas durante julio, hasta situarse en 2.311.499 desempleados. Pese a ese repunte mensual, la cifra total de personas inscritas en los servicios públicos de empleo es la más baja para un mes de julio desde 2007.

Los datos consolidan la tendencia positiva del mercado laboral extremeño en el último año, con una reducción sostenida del desempleo y un crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social, situando a la comunidad entre las que presentan una mejor evolución del empleo en términos interanuales.

La reforma modifica el Decreto 39/2024, que regula las subvenciones para el fomento y la consolidación del empleo autónomo en Extremadura, e incorpora un sexto programa de ayudas denominado 'Tarifa Cero Familiar Colaborador'.

Esta nueva línea contempla una subvención de 1.920 euros por beneficiario para financiar el coste de las cuotas a la Seguridad Social de las personas desempleadas que se incorporen como familiares colaboradores de trabajadores autónomos. Para acceder a la ayuda deberán permanecer dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante un periodo de 24 meses.

La modificación también refuerza los incentivos dirigidos al relevo generacional de negocios. Las personas que adquieran una actividad económica en funcionamiento podrán recibir una ayuda adicional de 4.000 euros, cantidad que se incrementará en 2.000 euros más cuando el negocio se ubique en municipios de menos de 10.000 habitantes, hasta alcanzar un máximo de 6.000 euros.

Según la Junta de Extremadura, esta medida busca favorecer la continuidad de actividades económicas viables, facilitar la transmisión de negocios y contribuir al mantenimiento del empleo y del tejido empresarial, especialmente en el medio rural.

El decreto introduce además cambios en el acceso a estas subvenciones para quienes ya hayan sido beneficiarios de determinadas ayudas al autoempleo. En concreto, el plazo mínimo para volver a solicitarlas pasa de cinco a siete años.

El Ejecutivo autonómico justifica esta modificación por la necesidad de adaptar el sistema de ayudas al nuevo modelo de apoyo al empleo autónomo, que incorpora programas de impulso y consolidación con una duración más prolongada. Con ello pretende armonizar las distintas líneas de subvenciones y adecuarlas a las nuevas medidas orientadas a favorecer la estabilidad de los proyectos empresariales.

Tras la reforma, el sistema de ayudas al empleo autónomo en Extremadura queda organizado en seis programas: ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas; incorporación de familiares colaboradores; tarifa cero para nuevos autónomos; ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena que inicien una actividad como autónomas; ayudas para el mantenimiento de la actividad una vez superado el periodo obligatorio inicial; y el nuevo programa de Tarifa Cero Familiar Colaborador.

Extremadura ganó 4.700 ocupados en el segundo trimestre del año en comparación con el anterior, lo que sitúa la cifra en 435.500, mientras que el desempleo se incrementó en 600 personas, hasta 66.300.

La ocupación subió un 1,10% y el paro un 0,86% respecto a marzo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de personas activas aumentó en Extremadura en 5.300, hasta 501.900 (1,07%).

A nivel nacional, la ocupación creció en 486.000 personas y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10 % (9,87 %).

En Extremadura, en comparación con el segundo trimestre del año anterior, la ocupación se incrementó un 1,08%, también en 4.700 personas, y el desempleo cayó un 15,91% (12.600). La actividad descendió un 1,55%, en 7.900 personas, respecto a marzo de 2025.

La tasa de actividad extremeña sube al 54,86% y cae la de paro al 13,22%, la segunda más alta de entre las comunidades autónomas.

Por sexos, del total de desempleados en la región, 36.500 son mujeres, con una tasa de paro del 15,59%, y 29.800 son hombres, cuya tasa de paro es casi cinco puntos inferior a la de las mujeres, con el 11,14%.

Con respecto a las personas ocupadas, 238.00 son hombres, con una tasa de actividad de 59,63%, y 197.500 son mujeres, cuya tasa de actividad se sitúa alrededor de nueve puntos por debajo, del 50,26%.

Por provincias, Badajoz cerró el segundo trimestre con 46.800 desempleados y una tasa de paro del 14,31%; y Cáceres con 19.600 y una tasa del 11,18%.

El número de ocupados en la provincia pacense se sitúa en 280.000 frente a los 155.500 que se contabilizan en la de Cáceres, lo que supone una tasa del 56,85% y del 51,51%, respectivamente.

El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) ha advertido este viernes de los cambios que se han producido en las compras online fuera de la Unión Europea con la entrada en vigor del nuevo arancel de tres euros para productos de hasta 150 euros de precios.

Desde el 1 de julio de 2026 las compras por internet de productos enviados desde países como China, EEUU o Reino Unido están sujetas a este coste aduanero temporal, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Hasta ahora, los paquetes de bajo valor -menos de 150 euros- no pagaban derechos de aduana, pero esta exención ha sido eliminada por la Unión Europea para garantizar una competencia justa y mejorar la seguridad de los productos. Se aplicará, en principio, hasta el 1 de julio de 2028, fecha en la entrarán en vigor los derechos de aduana ordinarios.

Solo en 2025 llegaron a la UE cerca de 5.900 millones de artículos desde terceros países sin pagar derechos de aduana y más del 60 por ciento de los productos revisados en inspecciones (juguetes, cosméticos, electrónica, complementos alimenticios, etc.) presentaban problemas de seguridad o incumplían la normativa comunitaria.

Aunque la Comisión Europea (CE) señala que el arancel no es una tasa dirigida directamente a las personas consumidoras, la realidad es que puede repercutir en el precio final de la compra o generar costes adicionales antes de recibir el paquete, ha precisado el INCOEX.

La nueva tarifa afectará a las compras realizadas por internet cuando los productos se envíen desde un país fuera de la Unión Europea, tengan un valor inferior a 150 euros y no se encuentren ya almacenados dentro del territorio comunitario.

El factor clave no es la página web donde se realiza la compra, sino el origen real del envío. Así, un comercio puede mostrar precios en euros, tener una versión en español o incluso utilizar un dominio '.es', pero si el pedido se envía desde países como China, Reino Unido o Estados Unidos, podría estar sujeto a este nuevo recargo.

El INCOEX ha aclarado que es fundamental entender que este importe se calcula por cada categoría de artículo y no por el paquete completo. Por ejemplo, si se compra un paquete con cinco camisetas iguales, el arancel será de tres euros, pero si contiene una camiseta y un reloj -dos categorías distintas-, el coste será de seis euros.

Es decir, ha aclarado, se consideran dos tipos distintos de mercancía y se generan dos cargos de tres euros.

Por ello, un pedido pequeño compuesto por varios productos diferentes puede resultar proporcionalmente más caro que otro con varias unidades del mismo artículo. Si la plataforma o el vendedor lo incluyen al realizar la compra, no será necesario abonar ninguna cantidad extra cuando llegue el pedido. En cambio, si estos no gestionan el trámite, será la empresa de transporte la que reclame los tres euros, junto con el IVA correspondiente y posibles gastos de gestión, antes de efectuar la entrega.

Las autoridades aduaneras no contactarían directamente con los compradores para solicitar este pago, ya que cualquier gestión se realizaría a través del vendedor o de la empresa encargada del transporte.

Según el INCOEX, la devolución de un artículo no implica por norma general el reembolso de la tarifa aduanera pagada al importarlo. Solo podrá recuperarse ese importe si se demuestra que el producto era defectuoso o que no se correspondía con lo comprado.

En cambio, el IVA seguirá pudiendo devolverse conforme a los procedimientos habituales establecidos por la normativa vigente.

El INCOEX ha hecho una serie de recomendaciones básicas a todos los extremeños antes de comprar cualquier producto, como comprobar desde donde se envía, no fijarse únicamente en el idioma de la web o moneda, revisar si el precio incluye todos los costes, incluidos los de gestión, prestar atención a la forma de devolución y condiciones de la misma, así como verificar la seguridad del producto, si cuenta con el marcado CE y las etiquetas de seguridad.

Igualmente, antes de finalizar la compra online recomienda verificar el país de envío, si incluye IVA, aranceles u otros gastos para evitar sorpresas posteriores.

Extremadura lidera la duración media de las bajas laborales y la espera en Traumatología, según recoge el informe de UGT ‘Situación de la IT y sus efectos en la salud“. El aumento de las listas de espera, la saturación de la atención especializada y las demoras diagnósticas y terapéuticas retrasan la recuperación de la salud y prolongan innecesariamente las bajas laborales. Por ello, UGT Extremadura urge a actuar las administraciones y las empresas para evitar que las incapacidades temporales se cronifiquen por una falta de atención sanitaria y preventiva adecuada.

La duración media de los procesos de incapacidad temporal en Extremadura alcanza los 87,13 días en 2025 situándose muy por encima de la media estatal de 45,8 días, lo que significa que una baja laboral en Extremadura dura prácticamente el doble que en el conjunto del país, explica el sindicato, que también advierte de que esta situación no es un problema de absentismo, sino “un síntoma del deterioro de la salud de las personas trabajadoras y de las dificultades del sistema sanitario para responder a tiempo”. En Extremadura, el volumen de procesos de incapacidad temporal es relativamente bajo —108.437 procesos en 2025—, pero acumula 9.447.761 días de baja, lo que refleja que el problema central “no es tanto el número de bajas como su prolongación”.

UGT subraya que la situación es “especialmente grave” en las listas de espera. Extremadura registraba en 2024 una espera quirúrgica media de 164 días, frente a los 103,8 días de media nacional. Esto supone alrededor de 60 días más de espera que el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La diferencia es aún más llamativa en Traumatología, una especialidad clave por su relación con las patologías musculoesqueléticas, una de las principales causas de bajas laborales de media y larga duración. En esta especialidad, Extremadura alcanza los 242 días de espera, el peor dato autonómico recogido en el informe.

Para UGT estos datos demuestran que las listas de espera sanitarias “constituyen un componente estructural que incide en la prolongación de las bajas laborales”. Cuando una persona trabajadora no recibe a tiempo diagnóstico, tratamiento, intervención quirúrgica o valoración especializada, su recuperación se retrasa y la incapacidad temporal se alarga. Esta realidad tiene un impacto directo sobre la salud y calidad de vida de las personas afectadas y sobre la Seguridad Social.

Bajas de más de un año

El informe también señala que Extremadura aparece entre las comunidades con mayor incidencia de procesos de incapacidad temporal de más de un año, junto con Asturias, Melilla, Cantabria, Galicia y Canarias. Este dato refuerza la preocupación por la cronificación de las bajas y por la dificultad de recuperación en determinados territorios.

UGT denuncia que en Extremadura no se ha firmado ningún acuerdo que posibilite que las mutuas adelanten pruebas en procesos traumatológicos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común. Dos años después de la firma de un acuerdo tripartito en el seno del diálogo social por el que se posibilitaba a las Mutuas y a las Consejerías de Sanidad autonómicas establecer convenios que ayudasen a recuperar la salud de las personas trabajadoras adelantando procesos quirúrgicos, diagnósticos y rehabilitadores, “en Extremadura como en otras muchas comjunidades este acuerdo no se ha firmado, lo que lleva a concluir que dado que las patologías traumatológicas son una de las primeras causas de IT parece evidente que la Junta de Extremadura ni las Mutuas están interesadas en reducir el número de bajas ni el tiempo de duración”.

Por otro lado, el 97% de los convenios sectoriales vigentes en Extremadura cuentan con complementos retributivos sobre algún tipo de prestación. Se podría vincular el repunte de la IT en los últimos años a que la negociación colectiva ha mejorado notablemente este tipo de cláusulas. Sin embargo, “un análisis de las cláusulas convencionales de IT en Extremadura indica que no han variado sustancialmente a lo largo del tiempo”, por lo que, según UGT, el aumento de la IT no proviene de dichas cláusulas, sino de un deterioro en la salud de las personas trabajadoras más relacionado con el deterioro en el sistema de salud, y en la falta de inversión en prevención de riesgos por parte de empresas y administraciones públicas.

En conjunto, el sindicato señala que Extremadura“ no destaca por tener más bajas, sino porque las bajas duran mucho más. Y eso exige examinar y analizar las causas: listas de espera, falta de recursos sanitarios, deterioro de la salud laboral y ausencia de una prevención real de los riesgos psicosociales.

“La solución no pasa por endurecer el control de las bajas ni por culpabilizar a las personas trabajadoras, sino por reforzar el sistema sanitario público, reducir las listas de espera, invertir en prevención de riesgos laborales y abordar de manera específica los riesgos psicosociales y organizativos en las empresas”, explicado UGT, que reclama que las administraciones públicas y las empresas asuman urgentemente su responsabilidad en este ámbito.

La economía extremeña creció un 2,3% en términos reales en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos estimados de Contabilidad Trimestral elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

Los sectores que registraron tasas de variación anual positivas fueron la construcción un 6,6%, los servicios con un 3,7% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 1,2%.

Por contra, el sector industrial presentó una variación anual negativa del 2,1%, según ha informado este jueves el IEEx.

En relación con el trimestre anterior, el PIB regional registró un incremento del 0,4%.

Por sectores, anotaron tasas positivas la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,1%), los servicios (0,7%) y la construcción (0,04%) mientras que la industria decreció un 0,7%.