Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves una resolución por la que da publicidad al nuevo mapa de zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en la región, que incorpora como novedad el valor productivo de los suelos y la protección de las dehesas.

La resolución tiene un doble objetivo. El primero es ofrecer mayor seguridad jurídica a asociaciones de productores y operadores interesados en promover nuevas instalaciones solares y facilitar la toma de decisiones a las administraciones públicas y al personal evaluador; y el segundo, garantizar que el despliegue de esta energía sea sostenible ambientalmente y respetuoso con los cultivos de mayor potencial socioeconómico y las dehesas.

El documento se enmarca en la aplicación de la Directiva 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija nuevos objetivos para los estados miembros en materia de energías renovables, entre ellos que la cuota procedente de fuentes renovables alcance al menos el 42,5 % del consumo final bruto de energía de la Unión en 2030, con el propósito de llegar al 45 %, y que se establezca un objetivo indicativo del 5 % para tecnologías innovadoras de nueva capacidad instalada.

La Junta defiende que Extremadura ha experimentado en los últimos años una “rápida y robusta” contribución a la transición energética en España, especialmente en generación solar fotovoltaica, impulsada por el elevado recurso solar de la región. No obstante, advierte de que estas instalaciones requieren amplias superficies de terreno, “lo que hace necesario planificar su implantación para minimizar impactos sobre ecosistemas, biodiversidad y actividades agrícolas tradicionales”.

En este contexto, señala que los proyectos fotovoltaicos han competido en cierta medida con el sector agrario por el uso del suelo, especialmente en cultivos leñosos como olivar, vid y frutales, así como en dehesas y tierras arables de gran productividad.

Como antecedente, la resolución recuerda que el Decreto 141/2021 reguló los usos compatibles con el regadío en zonas declaradas de interés general y declaró no compatibles con este, en especial, los aprovechamientos de energías renovables destinados a la producción de electricidad, salvo determinadas instalaciones de autoconsumo vinculadas a comunidades de regantes o regantes individuales para reducir costes energéticos.

Hasta ahora, la comunidad autónoma contaba con mapas de capacidad de acogida estructurados en cinco niveles (muy baja, baja, media, alta y muy alta), elaborados a partir de nueve factores ambientales, entre ellos pendiente, hidrología, espacios protegidos, Red Natura 2000, paisaje, flora protegida, hábitats, especies de fauna amenazada y yacimientos de patrimonio, además de la distancia a subestaciones con capacidad de evacuación.

La nueva resolución actualiza esos criterios e incorpora como factor adicional el valor agronómico del suelo y las áreas de dehesa, con el fin de proteger los cultivos de mayor potencial socioeconómico y compatibilizar el avance de la energía solar con la economía agraria y la fijación de población en el medio rural.

Así, se consideran zonas prioritarias para el desarrollo de nuevos proyectos las incluidas en las categorías de 'Alta' y 'Muy Alta Capacidad de Acogida', identificadas en el plano anexo a la resolución, que parte de los mapas previos y añade los nuevos criterios productivos.

No obstante, la catalogación como zona de alta o muy alta capacidad no exime a los promotores de cumplir el trámite ambiental vigente, hasta que se realice la evaluación ambiental estratégica que determine si puede prescindirse de este requisito en las futuras zonas de aceleración, actualmente en estudio.

Además, deberán atender al resto de autorizaciones o limitaciones sectoriales que procedan, si bien la ubicación en estas áreas preferentes facilitará su tramitación. 

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha anunciado que las obras del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) terminarán a mediados de 2026 y que ya está licitado el 89,26% del equipamiento científico y tecnológico.

Vaquera y el consejero de Economía, Empresa y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, han visitado las instalaciones provisionales del CIIAE, ubicadas en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx) en Cáceres, que posiciona la región “en la élite de la investigación internacional”.

La consejera ha señalado que en septiembre de 2023 había apenas 20 personas trabajando en el CIIAE; ahora hay 108 investigadores de 26 nacionalidades. Ha avanzado que en lo que queda de año se esperan otras contrataciones asociadas a proyectos en marcha y otros recientemente aprobados (MSCA-COFUND). “Nunca antes Extremadura había tenido un centro donde se haya retenido tanto talento, hayamos tenido tantos investigadores y, además, es que hemos atraído talento internacional”, ha asegurado la consejera durante su visita.

El CIIAE, además, ha logrado captar más de 6,5 millones de euros en financiación pública desde hace dos años; la mayor parte de ellos se han logrado “gracias a proyectos internacionales, en los que los investigadores del CIIAE desarrollan líneas en colaboración con otros socios de diversos países”.

Según la consejera, cuando llegaron al Ejecutivo regional en agosto de 2023 “las obras estaban estancadas” y lo primero que hicieron “fue solucionar muchas trabas técnicas, administrativas y burocráticas”, para que finalmente las obras del complejo del CIIAE comenzasen un año después: en agosto de 2024.

Actualmente, el edificio de las Plantas Piloto está ejecutado en un 78,17% y está previsto que se finalice a finales de este año. El edificio principal está ejecutado en un 56,35% y tanto este edificio como el de la incubadora de empresas está previsto que se termine en la primavera de 2026.

Asimismo, Vaquera ha avanzado que, de forma paralela, se está licitando y adquiriendo el equipamiento científico tecnológico del CIIAE. Hasta la fecha, se ha adjudicado y formalizado contratos de equipamiento por un importe de 24.746.359 de euros, lo que representa el 89,26% del presupuesto de equipamiento científico tecnológico del CIIAE.

Por último, la consejera ha señalado que continúan las negociaciones con el Gobierno luso: “seguimos avanzando en el convenio internacional con Portugal porque tiene que ser un centro ibérico”.

Por su parte, Santamaría ha subrayado que la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha concedido recientemente dos ayudas (por un importe total de 71.464 euros) para la contratación de personal de apoyo a la investigación en el centro.

Estas ayudas forman parte del programa pionero 'Atraigo Talento', dotado con 3,6 millones de euros, dirigido a atraer y afianzar profesionales cualificados, especialmente jóvenes, con el objetivo de fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo económico en la región.

Santamaría ha recalcado también que el potencial investigador del CIIAE “es muy necesario en la estrategia de atracción de inversiones”, centrada en el sector tecnológico, energético, agroindustrial y en el turístico.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), continúa desarrollando un plan formativo de gran alcance en colaboración con el Clúster de la Energía de Extremadura. El objetivo es formar a más de 1.700 personas en competencias vinculadas a las energías renovables y a la transición verde, reforzando la empleabilidad y el liderazgo energético de la región.

La iniciativa, que se puso en marcha a finales de 2024, se encuentra ahora, en septiembre de 2025, en plena fase de ejecución. Constituye una de las principales apuestas de la Junta de Extremadura para alinear empleo, innovación y sostenibilidad en un sector estratégico. La Consejería consolida así una política activa que vincula la capacitación de las personas con la transformación digital y energética de Extremadura

La energía es uno de los grandes motores de desarrollo económico y social de Extremadura. Con una posición de liderazgo en generación fotovoltaica y un tejido empresarial en crecimiento, la región necesita trabajadores cualificados capaces de responder a los retos de la transición energética.

El SEXPE lidera este esfuerzo con un plan formativo que atiende a diferentes colectivos:

Para hacer posible este despliegue, la Dirección General de Formación para el Empleo ha canalizado los recursos necesarios a través del Clúster de la Energía. Esta financiación es el instrumento que permite llevar la formación a todo el territorio extremeño, con más de 100 cursos programados en las 24 comarcas. Esta actuación demuestra cómo la política pública regional convierte la capacitación en una herramienta de transformación productiva y social.

Buena marcha del programa

El Clúster de la Energía de Extremadura actúa como socio especializado de la Consejería y del SEXPE. Creado en 2008 e integrado por 66 entidades, aporta experiencia técnica, recursos y plantas piloto que permiten que la formación sea práctica e innovadora. Su cooperación con empresas, universidades y centros de I+D asegura que la capacitación esté alineada con la realidad del mercado laboral.

El Plan de Formación 2024-2025 se inscribe en la Estrategia Extremadura 2030 de Economía Verde y Circular y en el Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027. A estas alturas de 2025, se han desarrollado ya más de 70 cursos, con una participación que supera el 60% de las plazas previstas, lo que confirma la buena marcha del programa.

En este último trimestre del año, la programación continúa con cursos especializados y la preparación del balance preliminar de resultados, antes de dar paso en 2026 a la fase final de cierre y justificación.

El plan abarca una gran diversidad temática que refleja la amplitud del sector energético y sus necesidades de capacitación. Entre los cursos ya impartidos y en marcha destacan:

Estos programas demuestran que la formación no se limita a aspectos técnicos, sino que combina innovación, seguridad, digitalización y gestión, garantizando un capital humano preparado para los retos del presente y del futuro.

Un sector estratégico para Extremadura

El sector energético es uno de los pilares de la economía extremeña. En 2024, el Clúster contaba con 66 entidades, 50 de ellas empresas, con una facturación agregada de 8.499 millones de euros. Solo las pymes alcanzaron los 153 millones. Extremadura aporta cada vez más potencia renovable al conjunto nacional y se está posicionando como polo de hidrógeno y almacenamiento energético.

La formación impulsada por la Consejería y el SEXPE garantiza que la región disponga del capital humano necesario para consolidar esta posición y afrontar la transición energética desde una perspectiva sostenible, innovadora y generadora de empleo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental de dos plantas solares fotovoltaicas en los términos municipales de Mérida y La Nava de Santiago, en la provincia de Badajoz, que suman más de 300 MW de potencia instalada.

La resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata del proyecto de la plantas 'Nita I', de 208 MW de potencia instalada, y 'Nita II', de 95 MW, y su infraestructura de evacuación.

La primera de ellas está formada por 373.500 módulos fotovoltaicos bifaciales monocristalinos de 685 Wp, con una potencia pico de 255,847 MWp. Ocupará una superficie aproximada de 436,97 hectáreas.

En el caso de Nita II son 169.950 módulos fotovoltaicos bifaciales monocristalinos de 685 Wp, con una potencia pico de 116,416 MWp. Ocupará una superficie aproximada de 211,29 hectáreas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado una convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético a gran escala dotada con 700 millones de euros, de los que 60.918.560 euros corresponden a Extremadura.

Con estas ayudas se prevé que puedan financiarse más de 100 proyectos. Teniendo en consideración las convocatorias anteriores, se esperan entre 2,5 GW y 3,5 GW de nueva potencia, superando los 9 GWh de capacidad de almacenamiento.

La iniciativa permitirá la puesta en marcha de nuevas instalaciones que, según el departamento, proporcionarán mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables ya que el almacenamiento es un elemento habilitador y de gestión.

Como parte de esta convocatoria, aprobada tras el apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril, el plazo para presentar solicitudes a estas ayudas se abrirá la próxima semana y se extenderá hasta el próximo 15 de julio. 

Este programa va dirigido tanto a inversiones en proyectos de almacenamiento de energía independientes, como a bombeos reversibles o sistemas térmicos. También a iniciativas de almacenamiento hibridado con fuentes de generación renovable, nuevas o existentes.

Según ha explicado el Ministerio, serán costes subvencionables la obra civil, los sistemas de almacenamiento, los equipos y sistemas auxiliares y otros gastos asociados. En este sentido, se ha establecido un coste subvencionable máximo por unidad de almacenamiento que va desde los 250 euros/kWh hasta los 1.500 euros, en función de cada tecnología.

Concluidos antes de que acabe 2029

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. El Idae, entidad adscrita al Ministerio, será el encargado de gestionar las subvenciones, cofinanciadas con fondos europeos Feder.

Para facilitar la puesta en marcha de los proyectos, los beneficiarios podrán solicitar al Idae anticipos de hasta el 100 % del importe de la ayuda concedida, siempre que cumplan determinadas condiciones.

La selección de las solicitudes se realizará por el presupuesto asignado a cada comunidad, separando los proyectos elegibles por tipo de almacenamiento y ordenando por puntuación, en una primera ronda, hasta agotar el presupuesto. En el caso de producirse un excedente, la cantidad se repartirá en segunda ronda entre el resto de los proyectos de la comunidad autónoma y en una tercera competirán los proyectos en cada zona de transición.

Estas ayudas al almacenamiento energético se suman a los programas de apoyo llevados a cabo y desarrollados con los fondos europeos que, a través de diferentes ayudas, han incentivado proyectos por valor de 730 millones para instalar nuevas instalaciones de almacenamiento con una potencia de 4,5 GW.

La Diputación de Badajoz abre este año una novedosa convocatoria de ayudas, destinadas a financiar la redacción de proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales, en el marco de su estrategia de descarbonización y transición energética. La convocatoria, abierta a todos los municipios de la provincia, tiene una dotación global de 810.000 euros.

Esta acción se enmarca dentro del compromiso de la institución provincial con la transición energética y demográfica, con foco en la sostenibilidad de servicios municipales y reducción de emisiones de carbono. Además, supone una oportunidad de cara a aprovechar los recursos solares locales para generar beneficios económicos y sociales en municipios.

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, ha presentado en el Hospital Centro Vivo esta convocatoria y ha dicho que va a ser “un antes y un después en un proyecto global de autoconsumo, ya que este programa forma parte de un compromiso de la Diputación de Badajoz con la eficiencia energética, que hasta el 2027 hará un esfuerzo económico que llegará a los 20 millones de euros y es un compromiso que se cumplirá, seguro, tengo o no fondos externos”.

Provincia sostenible y limpia

El presidente ha apuntado que el objetivo no es otro que “nuestra provincia sea más sostenible y más limpia, que apueste por la descarbonización para que nuestros hijos tengan un mundo donde puedan vivir”.

Entre los beneficios esperados con estas instalaciones, destaca la reducción de los costes energéticos de las instalaciones municipales. También facilitará la promoción de comunidades energéticas locales y participación ciudadana. Asimismo, se conseguirá una mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios municipales, contribuyendo a la cohesión territorial.

En consecuencia, la Diputación de Badajoz persigue facilitar que los beneficios económicos derivados de la abundancia del recurso solar puedan revertir a las entidades locales e, indirectamente, al tejido social y económico de la provincia.

Por tanto, el objeto de esta convocatoria es financiar la redacción de proyectos técnicos para la ejecución de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales. Los proyectos incluirán estudios técnicos necesarios y deberán ejecutarse y pagarse en un plazo de tres meses tras la concesión. El importe por proyecto no excederá de 4.500 euros, limitado al 3% del presupuesto de ejecución material según la potencia pico proyectada.

En definitiva, la Diputación persigue facilitar que los beneficios económicos derivados de la abundancia del recurso solar puedan revertir a las entidades locales e, indirectamente, al tejido social y económico de la provincia, a través del sector privado que también se verá beneficiado con la redacción de los proyectos.

Extremadura generó 29.750 GWh de energía eléctrica durante 2023, un nuevo récord en la región gracias al incremento interanual del 13,43% de la producción, principalmente solar, hidráulica, eólica, biomasa y nuclear, consumiendo el 16,31% de dicha cifra.

La demanda bajó un 1,44% interanual hasta los 4.779 GWh, siguiendo la estela de descenso nacional, según ha expuesto la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien ha destacado “el enorme potencial” de la región durante la presentación este jueves del Balance eléctrico de Extremadura correspondiente a 2023.

Dicho balance ha sido “netamente positivo”, pues la producción supera un 622,51% a la demanda, con un excedente del 83,69%. De esta forma, Extremadura exporta más del 80% de la energía que produce, lo que va al resto de España y esto, a juicio de la consejera, “debe reconocerse y quedar reflejado en la financiación autonómica”.

Según ha señalado, el incremento de la producción viene por la subida del 32,14% de las renovables, con 13.400 GWh, el 45,15% del total de energía producida en la región, un aumento que sobre todo se ha dado en la hidráulica y la solar fotovoltaica, ha destacado Morán. A nivel nacional Extremadura sigue líder en energía solar fotovoltaica, con el 24,52% de la producción del país. Por otra parte, la potencia instalada en la región subió un 10,53% en 2023 con respecto al año anterior.

La energía eléctrica consumida en Extremadura se concentra principalmente en el sector residencial doméstica (34%) la metalurgia férrea, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones y fundición de acero y hierro (12%), la industria de alimentación (6%) y la administración pública y defensa (5%).

Además, el 99,8% de la energía que se produce en Extremadura está libre de emisiones de CO2, frente al 72,1% nacional, ha expuesto la consejera. Para la consejera, la producción del sistema eléctrico “se afianza” hacia un modelo libre de emisiones de gases, con las energías renovables cada vez con más presencia en Extremadura.

Asimismo, el autoconsumo sigue en expansión en Extremadura con 6.526 instalaciones en servicio y 82,5 MW de potencia instalada.

Potencia para proyectos empresariales

La consejera ha insistido sobre las propuestas de la región al Gobierno de España y Red Eléctrica de cara a la planificación eléctrica con el horizonte de 2030. “Las necesidades que tenemos deben quedar recogidas en el resultado final de la planificación, es imprescindible para nuestro desarrollo económico e industrial, no queremos que pase como en el anterior periodo en el que las 23 alegaciones que presentamos sólo una fue atendida”, ha aseverado.

Además, ha reclamado la continuidad de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, y ha dicho que “estamos a tiempo” de que el Gobierno central “dé marcha atrás” en su cierre, ya que es “vital para nuestra soberanía energética y nuestro desarrollo económico, para la generación de empleo”. Así ha defendido la energía nuclear que, ha apuntado, está calificada como verde por la Unión Europea y en otros países como Alemania se van a construir nuevas instalaciones de este tipo. Alrededor del 10% de la energía que se consume en España es producida en dichas instalaciones de Almaraz, dando cobertura a 8 millones de hogares, según ha apuntado Morán.

Autoconsumo

Por otro lado, ha explicado, a preguntas de los medios, que las solicitudes de ayudas al autoconsumo y almacenamiento energético se están resolviendo “con más agilidad” y “se acelerará”, ha dicho a la vez que ha asegurado que se están pagando. El Ejecutivo regional reconoció en mayo el “atasco” que sufre su gestión y modificó el decreto que regula las ayudas para dar un “impulso” a las resoluciones a lo largo de este año, dado que hasta ese momento solo se habían tramitado más 3.500 de las 11.400 solicitudes que la Junta se encontró cuando tomó posesión.

Asimismo, la consejera se ha referido al enganche a la red eléctrica de una de las instalaciones fotovoltaicas de una comunidad energética de Mérida y ha apuntado que se está trabajando para solventar “deficiencias de documentación” por parte de la distribuidora Endesa y la propia cooperativa extremeña de energía, ha reconocido a preguntas de los medios.

En este sentido, ha expuesto que la Junta no sólo trabaja en agilizar la gestión de las comunidades energéticas, sino en el modelo de energía compartida, “más fácil de gestionar” y “más accesible para los ciudadanos”. 

La Audiencia de Badajoz ha absuelto al exalcalde de Usagre, Antonio Luna, de un delito de prevaricación administrativa en la concesión de la licencia urbanística para la construcción de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa. La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, también absuelve a la ex teniente de alcalde María Dolores Esteban y al administrador de la empresa responsable inicial del proyecto.

Sobre las acusaciones al primer edil, el fallo judicial establece que el decreto de concesión de licencia de obras “contaba con la calificación urbanística de la Junta de Extremadura y con el informe de viabilidad técnico de la mancomunidad de municipios, por lo que la licencia era válida y eficaz”. “Y tal conclusión queda avalada por el informe emitido por el oficial mayor de la Diputación de Badajoz y por la testifical pericial” de los expertos, expresa.

En la misma línea, en el caso de María Dolores Esteban, señala que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Usagre a la promotora del expediente “siguió los trámites esenciales del procedimiento y se ajustó a la legalidad administrativa aplicable”.

La sentencia no observa tampoco “desviación de poder penalmente relevante”, habida cuenta de que no se ha demostrado un trato de favor hacia los promotores del expediente. Tampoco se ha demostrado un interés personal de los ediles acusados hacia el proyecto “que no sea el comprensible designio de favorecer los intereses generales de la población mediante la instalación de una planta fotovoltaica, la mayor de Europa, que generaría un número cuantioso de empleos en la comarca”. Una dotación que también propiciaría “una actividad económica importante, que daría lugar igualmente a una considerable recaudación fiscal”, indica.

El juicio por estos hechos se celebró hace dos semanas en la Audiencia pacense, en el cual los tres procesados se enfrentaban a una petición inicial de pena por parte de la Fiscalía de 12 años de inhabilitación para empleo público, y por parte de la acusación particular de siete años y medio de prisión, todo ello por prevaricación y tráfico de influencias.

Los ediles defendieron durante la vista que la actuación se realizó conforme a lo asesorado por los técnicos, y en este sentido Luna afirmó que se le trasladó que los documentos “menores” que pudieran faltar podrían solicitarse después. 

La Junta de Extremadura ha ampliado por fin hasta el 31 de diciembre de este año el plazo de solicitar las ayudas para el fomento de la movilidad eléctrica, el Moves III, tanto para la compra de vehículos eléctricos como la instalación de puntos de recarga.

La renovación del decreto llevaba mes y medio de retraso ya que el plazo se acabó el 31 de julio, y el Gobierno estatal, que paga las ayudas, ya había ampliado hasta final de año para que las comunidades sacaran sus normativas.

Como ya había adelantado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes esta ampliación para acogerse a unas ayudas para las que están destinados 17 millones de euros, según ha recordado la portavoz, Victoria Bazaga.

Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas líderes en el desarrollo de la energía fotovoltaica, pues conjuntamente cuentan con 18.327 MW, es decir, más del 56 % de toda la potencia instalada.  

El sector fotovoltaico instaló en 2023 un total de 7.489 megavatios (MW) en España, un 5,7 % más que en el ejercicio anterior, lo que permitió al país situarse como el segundo mercado fotovoltaico europeo, después de Alemania, y batir el récord de instalación anual, según la Unión Española Fotovoltaica (Unef). 

El director general de la Unef, José Donoso, junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, han presentado el Informe Anual correspondiente al año pasado, en el que la instalación lograda fue la mejor de toda la serie, en especial por el aumento del 26,5 % de potencia en suelo, que agregó 5.783 MW a la cifra, el 77,2 % del total. 

Mientras tanto, el autoconsumo instaló 1.706 MW, lo que significó una reducción del 32 % frente a la cifra de 2022, que la Unef explica como el resultado de los bajos precios de la electricidad en el mercado mayorista, además de las altas tasas de inflación y los tipos de interés. 

La organización ha manifestado que la energía fotovoltaica se consolidó como la tecnología con más potencia instalada en el conjunto energético de España, con 32.488 MW, un crecimiento de casi el 30 % de la capacidad acumulada en el ejercicio de 2022. 

Destacó además el incremento del peso de la energía fotovoltaica española en la mezcla de todas o mix, que aumentó un 40 % el pasado año, con una media del 13,6 %. El 1,23 % del PIB nacional 

La contribución conjunta del sector (que suma la huella directa, indirecta e inducida) representó el 1,23 % del producto interior bruto (PIB) español.  

En detalle, la contribución directa del sector fotovoltaico español al PIB nacional fue de 5.331 millones de euros en 2023, un 1 % menos que el año anterior 

Pese a la disminución de un punto porcentual de la huella directa, la contribución total fue un 4 % superior a la de 2022, con una cifra de 18.015 millones de euros en 2023 frente a los 17.378 millones del año anterior. 

A la cifra de la huella directa hay que sumarle los 9.385 millones de euros de la indirecta y los 3.300 millones de la inducida, que crecieron un 7 % y un 1 %, respectivamente. 

El estudio de la Unef detalla también que la cifra de empleos directos, indirectos e inducidos fue de 162.396 puestos. 

Los directos (34.037) aumentaron un 8,9 % respecto a los 31.254 puestos de 2022, de los cuales la mayor cantidad (11.830) corresponden a las actividades de ingenierías e instalaciones, las de producción aportan 10.670 puestos, las de fabricación 7.962, y las mixtas 3.574.  

Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, líderes 

Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas líderes en el desarrollo de esta tecnología energética, pues conjuntamente cuentan con 18.327 MW, es decir, más del 56 % de toda la potencia instalada.  

En cuanto a la balanza fiscal, el sector fotovoltaico aportó a las arcas públicas 2.143 millones en términos netos (6 % más), de los que cerca de 1.490 millones corresponden a impuestos nacionales, 257,9 millones a cargas locales y unos 395,2 millones a impuestos sociales. 

La Unef tiene más de 800 miembros, que suman cerca del 90 % de todo el mercado fotovoltaico.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acogido este martes el juicio contra el exalcalde de Usagre, Antonio Luna, por un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado a la construcción de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, al conceder la licencia urbanística sin tener todas las autorizaciones, según las acusaciones.

Tanto el ex primer edil como la ex teniente de alcalde María Dolores Esteban, imputada también por estos hechos, se enfrentan a una petición inicial de pena por parte de la fiscalía pacense de 12 años de inhabilitación para empleo público. Por su parte, la acusación particular pide siete años y medio de prisión, ya que los acusa de prevaricación y tráfico de influencias.

Ambos acusados han defendido durante la vista que la actuación se realizó conforme a lo asesorado por los técnicos y, en este sentido, Luna ha afirmado que se trasladó que los documentos “menores” que pudieran faltar podrían solicitarse después.

También se sienta en el banquillo el administrador de la empresa responsable de la planta al inicio del proyecto por un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Antes de la vista, la letrada de la acusación (la firma Natura Manager, quien fue propietaria de los terrenos, cuya expropiación dirime a su vez el Tribunal Supremo), Dorinda Aventín, ha manifestado a los medios que “además de las irregularidades administrativas” existentes, la prevaricación debe considerarse “urbanística”, pues la planta “incumple la normativa urbanística”.

En su opinión, la licencia es fruto de un procedimiento irregular y además “se juzga falsedad en documento público, pues cuando Núñez de Balboa solicitó la licencia en 2017 no tenía la declaración de impacto ambiental ni la autorización previa constructiva” pero “el administrador firmó que sí la tenía”, ha dicho.

La abogada ha afirmado que las diligencias previas de este proceso arrancaron en 2019, por lo que “han sido seis años de instrucción”, período donde la planta “se construyó en un tiempo récord y se puso en marcha”, un ejemplo más “de las irregularidades aparejadas a este proceso”.

El abogado de María Dolores Esteban, Ildefonso Seller, ha dicho a su vez que durante el juicio “se solicitará la absolución para todos los procesados”, al entender que existe “realmente un motivo espurio, el económico” para acusar a las personas que se sientan en el banquillo.

Por su parte, Jesús Santos, letrado de la planta Núñez de Balboa, que gestiona actualmente Iberdrola, ha considerado el juicio “un despropósito, un montaje de unas acusaciones particulares que no tienen legitimación para ello”, vista que finalmente “se limita a un delito de falsedad en documento oficial y prevaricación” con objetivo de pedir “no solo la nulidad de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Usagre, sino también el desmantelamiento de la instalación solar fotovoltaica”. 

Las obras de construcción del complejo del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), en el que se invertirán 25,5 millones de euros financiados por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), han comenzado esta semana tras la aprobación de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Cáceres el pasado mes de julio.

Tras la firma del acta de replanteo e inicio de obras por parte de Fundecyt-PCTEX, la empresa adjudicataria y la dirección facultativa de las obras, los trabajos consisten en la urbanización de la parcela y en la construcción del complejo científico y tecnológico, que está compuesto por un edificio principal, una planta piloto y una incubadora de alta tecnología.

El pasado mes de mayo ya comenzaron las obras de los accesos provisionales al futuro centro de investigación, que se levantará en la finca El Cuartillo, cedida por la Diputación de Cáceres, que se encuentra próxima al Campus Universitario y al nuevo Hospital Universitario.

El CIIAE tendrá un primer vial de acceso definitivo por la Universidad de Extremadura (UEX), en prolongación de la avenida de las Letras. Asimismo, el centro contará con otro vial de acceso desde la carretera que une Cáceres y Trujillo, la N-521.

El calendario de obras estimado prevé que la construcción de la planta piloto termine a mediados de 2025, mientras las obras de la incubadora de empresas y del edificio principal se prevé culminen un año después, a mediados de 2026.

Dadas las características de este complejo, determinadas por su dimensión y por tratarse de un centro de investigación en energía, ha tenido que levantarse en una gran superficie de terreno en la que hasta ahora no había ningún tipo de urbanización. Este hecho ha supuesto que la primera fase del proyecto de infraestructura sea compleja, según la Junta.

De forma paralela, los investigadores del CIIAE desarrollan diferentes líneas de trabajo en las instalaciones provisionales de la Escuela Politécnica de Cáceres, cedidas por la UEX, en las que se encuentran desde 2022, a la espera de la recepción del nuevo complejo científico.

El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres ha publicado este lunes las bases de la convocatoria de subvenciones para el fomento y constitución de comunidades energéticas locales participadas por municipios de la provincia con una población de hasta 5.000 habitantes. Según dichas bases, las Entidades Locales Menores también podrán solicitarlo a través de la entidad matriz a la que pertenezcan.

El objetivo de estas ayudas “es el de dar impulso al cambio del modelo energético” en los municipios cacereños a través del fomento de comunidades energéticas locales, el uso de energías renovables, así como el ahorro y la eficiencia energética, según ha defendido la Diputación de Cáceres en una nota.

Para ello, se ha activado esta línea dotada con 500.000 euros, con una ayuda máxima a percibir de 68.000 euros para proyectos que superen los 80.000 euros, o del 85 % del total si el coste del proyecto es igual o inferior a esa cantidad.

Las actividades subvencionables serán las relativas a las instalaciones de energía solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo colectivo y los sistemas de almacenamiento que se puedan acoplar a las mismas, incluidos los proyectos técnicos de las instalaciones, su ejecución y la puesta en funcionamiento. También serán objeto de estas ayudas los costes de redacción del proyecto técnico de la instalación solar fotovoltaica o los referidos a gastos de gestión para la inscripción de la comunidad energética que se constituya.

Los municipios interesados deberán presentar su solicitud de manera telemática, a través de la sede electrónica de Diputación, en el plazo de un mes a partir de la publicación del extracto de las bases de la convocatoria.

La Diputación de Cáceres publica esta subvención en línea con las directrices de la Unión Europea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), la Agenda Provincial integrada por los ODS y el “Plan de Acción Provincia de Cáceres, la provincia que quieres”. 

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado una instalación solar fotovoltaica, conformada por más de 7.600 paneles ubicados en cubiertas de sus campus, dentro de su apuesta por las energías renovables y por el ahorro económico que supone en su factura de electricidad, que se estima en 800.000 euros anuales.

El vicerrector de Economía de la UEx, Agustín García, ha destacado que el proyecto “se ha ejecutado de forma muy eficiente y sin incidencias” pese a que se ha desarrollado durante 10 meses y en múltiples edificios.

La iniciativa, con base en la cubierta de la Biblioteca Central del campus de Badajoz, ha englobado la instalación de 7.676 paneles, con una potencia nominal de 3,21 megavatios y con la previsión de que produzcan unos 6,24 gigavatios/hora al año, por lo que la inversión se amortizará en menos de cinco ejercicios. El proyecto evitará más de 1.700 toneladas de CO2 equivalente dentro de una institución cuyas emisiones asociadas a la huella de carbono alcanzan las más de 2.000 toneladas de CO2 equivalente.

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha manifestado en el acto que tanto esta instalación solar como la planta piloto de generación de hidrógeno renovable inaugurada el pasado marzo también en la universidad “son activos de esta entidad, pero también de la comunidad autónoma” dentro del “compromiso por el progreso” y por la eficiencia energética.

En el caso de la planta de generación de hidrógeno renovable, esta tecnología instalada en el campus de Badajoz permite obtener hidrógeno que es utilizado por su parte para distintas iniciativas de energías renovables en la región.

El “Programa de Energía e Hidrógeno Verde” en el que se incluye esta actuación también engloba otros proyectos que se acometen en la comunidad autónoma, como la generación de gas natural renovable o la utilización del hidrógeno en combustión en el sector industrial, entre otros.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha asistido al acto, ha recordado que la región es líder en energía solar, un hecho que representa un ahorro para la sociedad extremeña, territorio que exporta además el 80 por ciento de esta energía.

La tecnología inaugurada, que se suma “a los muchos proyectos extremeños en este área”, permitirá “a los alumnos además que puedan desarrollar investigación y realizar prácticas que les acerquen al mundo laboral que les espera”, ha dicho. La planta de hidrógeno verde inaugurada el pasado marzo también posee este papel formativo, ha destacado Guardiola

El consejo de gobierno ha modificado el decreto que regula las ayudas al autoconsumo y almacenamiento energético en Extremadura para resolver el “atasco” que sufre su gestión y dar un “impulso enorme” a las resoluciones a lo largo de este año, dado que hasta el momento solo se han tramitado más 3.500 de las 11.400 solicitudes que el Ejecutivo regional se encontró cuando tomó posesión.

Según detallado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, se han modificado las bases reguladoras y se amplía la vigencia del programa hasta el 31 de julio de 2024, aunque se mantiene diciembre de 2023 como fecha de presentación de las solicitudes. La ampliación al 31 de julio solo tiene carácter técnico para adaptación al decreto nacional para poder seguir resolviendo las solicitudes.

Como novedad, la consejera también ha anunciado que para dar m´ñas agilidad y evitar más retrasos se modifica el criterio de atención de solicitudes, que serán atendidas por orden de registro, un lugar que no se perderá si desde la administración se pide al solicitante documentación o la subsanación de alguna incidencia, algo que no ocurre actualmente “donde la solicitud pasa al final” del registro.

Mercedes Morán ha precisado que actualmente se dispone para estas ayudas de 40 millones de euros, aunque por el momento y a la espera de que se vayan agilizando las solicitudes actuales, que datan de 2022, no se abrirá convocatoria alguna.

La consejera, que ha confirmado por el momento en Extremadura no se han abonado estas ayudas, ha recordado que Extremadura fue la única comunidad autónoma que tenía bases reguladoras y convocatorias mediante decreto y con condiciones tan estrictas, lo que ha hecho que su resolución no haya sido tan ágil como en otras regiones, una circunstancia que se quiere solventar con esta modificación.

Además, ha avanzado que si hay próximas convocatorias se harán mediante otro tipo de normas, que hagan más fácil que estas ayudas lleguen cuanto antes a los ciudadanos.

La consejera ha reconocido que “evidentemente” en dos meses -hasta julio- no se podrá agilizar las resoluciones, aunque con esta modificación se espera darle “un impulso enorme”, a lo que sumará nuevas herramientas telemáticas y la contratación, sí fuese necesario, de más personal.

La Diputación de Badajoz ha diseñado una oficina de transformación comunitaria (OTC) provincial para asesorar a las personas o entidades interesadas en la conformación de comunidades energéticas en territorio pacense.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha explicado, durante la presentación de este proyecto, que el asesoramiento podrá llevarse a cabo a través de los centros integrales de desarrollo (CID) de la provincia, lo que acercará este servicio a los vecinos. Gallardo ha manifestado que esta iniciativa se efectuará “en colaboración y conexión” con la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), pues “en vez de buscarse controversias hay siempre que realizar pedagogía en relación a la importancia de aportar soluciones” conjuntas en los ámbitos que benefician a la sociedad, ya que los ciudadanos “se reconciliarán así con la política”.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha puesto por su parte en valor la importancia de “apostar por el consumo energético a través de las energías renovables” y ha precisado que “aunque represente una inversión inicial, la vivienda se convertirá finalmente en mucho menos gravosa y en un legado más asumible y atractivo para los hijos”. “Hoy se ha dado un paso muy importante en la construcción de una comunidad autónoma mejor para los extremeños, -ha dicho- pues esta iniciativa propiciará grandes éxitos para el desarrollo de una provincia más sostenible, verde y solidaria”.

Por su parte, el director provincial del Área de Transición Ecológica, Alejandro Peña, ha expresado por su parte a los medios que esta oficina busca que “ciudadanos, empresas y ayuntamientos puedan compartir servicios energéticos o de movilidad eléctrica, entre otros” a través de estas comunidades.

Esta fórmula, que puede llevarse a cabo a través de distintas fórmulas jurídicas, propicia por tanto que grupos de empresas o ciudadanos, con el apoyo o no de ayuntamientos, puedan compartir energía.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) impulsó una convocatoria de ayudas para agilizar estos procesos, ante el desarrollo normativo a este respecto implantado por la Unión Europea (UE). Gracias a la ayuda obtenida, la institución provincial asistirá durante 2024 y 2025 de forma gratuita a nivel técnico, jurídico y de participación ciudadana a todos los municipios (entidades, empresas, ciudadanía) de menos de 20.000 habitantes que quieran impulsar estas comunidades. 

En su intervención en el curso promovido por Jóvenes Nucleares, (asociación de jóvenes estudiantes y profesionales del lobby nuclear), la presidenta de la Junta de Extremadura dijo el viernes que casi el 100% de la energía que se produce en nuestra región es energía limpia. Por supuesto, ha añadido, en estas cifras estaba incluyendo a la energía nuclear.

Creo que resulta necesario decir a la presidenta que no, que la energía nuclear no es limpia, pues los residuos de Alta Actividad que produce (radiactivos claro y de larguísima vida), siguen ahí y seguirán durante miles de años. Hay que recordar que estos residuos de Alta Actividad nadie los quiere cerca por lo que la solución arbitrada es la de guardarlos al lado del emplazamiento donde se producen. Es decir, antes o después, cuando se clausure y desmantele la Central Nuclear de Almaraz (CNA), el cementerio nuclear seguirá ahí, junto a Almaraz, para siempre, como legado a las futuras generaciones. El problema añadido es que, además, habrá que ampliarlo para poder acoger lo que se siga produciendo.

También ha dicho la presidenta que más del 80% de la energía que se genera aquí, en Extremadura, la exportamos a otras regiones. Tiene razón la presidenta pues nuestro consumo no llega al 20% de lo que producimos. Lo que olvida decir la presidenta es que esa “exportación” no la hacemos nosotros, los extremeños, aunque María Guardiola hable, con énfasis, de “nuestra” central nuclear. Quienes exportan la energía que producen son las empresas propietarias de las instalaciones productoras, empresas que no tienen su sede social en la región por lo que ya sabemos dónde van los impuestos que pagan y los dividendos que reparten.

Según nos traslada ella misma a través de su perfil en la red X (antigua Twitter), hay razones más que evidentes para extender la vida útil de la central de Almaraz. No ha dicho cuáles, más allá de la supuesta contribución a la soberanía energética nacional. Es de esperar, -puesto que según ha manifestado su gobierno ha presentado alegaciones a la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)-, que la Junta de Extremadura explique a la ciudadanía extremeña cuáles son esas razones, más allá del mantenimiento de los puestos de trabajo, directos e indirectos que la central genera, que, con ser muy importantes, no creo deban justificar la prolongación (¿durante cuánto tiempo?) de unas instalaciones que han rebasado con creces la vida útil para la que fue diseñada.

Mientras esas explicaciones llegan, no estaría mal que quienes se oponen a la clausura y desmantelamiento de la CNA a partir de 2027 se leyeran el PNIEC y su actualización. En estos documentos, avalados por la Comisión Europea, se contienen las razones que justifican el cambio en el mix energético que el Gobierno de España plantea, cambio que, por cierto, en lo que al parque nuclear se refiere, cuenta con el consenso de la multinacionales eléctricas propietarias de los siete reactores en funcionamiento en España, que firmaron en tal sentido en 2019 un acuerdo con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA). Aunque con la boca chica los propietarios de la CNA, ante algunos auditorios, dicen que quieren la continuidad, realmente la gran batalla de las nucleares será contra los impuestos que pagan y que deberán seguir pagando para financiar el desmantelamiento de sus instalaciones y los cementerios de residuos radiactivos.

Una última consideración respecto a las consecuencias para el Campo Arañuelo del cierre, ahora o más tarde, de la central nuclear. En el propio PNIEC se establece el mecanismo para mitigar estas consecuencias: los Convenios de Transición Justa, aplicados ya a las comarcas afectadas por cierres de otras tecnologías.“Estos convenios tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y la creación de actividad y empleo en las comarcas afectadas, a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de la población en los territorios rurales y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico de cada zona”. (PNIEC, Medida 1.15. Estrategia de Transición justa)

Es de suponer que la Junta de Extremadura ya estará trabajando en ello. ¿O no?

El interés por instalar comunidades energéticas ha crecido en los últimos tiempos en Extremadura, aunque esta apuesta común de espacios residenciales, barrios y pueblos por impulsar proyectos de energías renovables se ve “lastrado” por la ausencia aún de una ley nacional que regule estos proyectos.

El presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, ha manifestado a EFE que “interés hay por esta fórmula, pero el problema es que no existe una ley al respecto en España”, por lo que el país “lleva ya dos o tres años de retraso en relación a otras naciones que ya han impulsado esta normativa”.

Después de la llegada de la directiva comunitaria para definir estas comunidades energéticas, en España se han llevado a cabo ya “diversos borradores” para impulsarla que sin embargo no han llegado aún a buen puerto, ha lamentado.

La necesaria ley nacional, que “ya llega tarde”, es “fundamental” para determinar qué son las comunidades energéticas, quiénes pueden formar parte de ellas o cómo pueden optar a las distintas ayudas, ha manifestado Sánchez. En este sentido hay ya “un gran interés y múltiples ejemplos” de comunidades energéticas en Extremadura, fórmulas que sin embargo son prudentes tras su constitución debido a esta ausencia de normativa nacional.

Sánchez ha afirmado que el concepto de comunidades energéticas “va mucho más allá” de la energía solar, pues también incluye la apuesta conjunta de los vecinos por la biomasa, los puntos de recarga y la adquisición de vehículos eléctricos compartidos para favorecer la movilidad eficiente y el ahorro económico.

El Clúster de la Energía extremeño realiza además un “ambicioso esfuerzo” por incentivar en espacios residenciales, barrios, cooperativas y municipios extremeños la unión de los vecinos o socios para que configuren esta fórmula, lo que también sirve para luchar contra la despoblación. Según ha manifestado, las comunidades energéticas y la instalación de energías renovables en los pequeños municipios fija a la población por los empleos que generan en cuanto a instalación y mantenimiento.

Además de los ahorros generados, la incidencia del calentamiento global conciencia cada vez más a la ciudadanía sobre la importancia de este tipo de instalaciones. Después de un nuevo invierno con temperaturas por encima de lo habitual, Sánchez ha reconocido que quizá se precise menos energía para calefacción, pero de la misma forma “se necesitará más para combatir el cada vez mayor calor en verano”.