Es más que evidente que existe un choque entre el ruido político y la realidad cotidiana, por eso, la organización Accem se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la gestión de las migraciones y la protección internacional en Extremadura. Dirigida en la región por Mar García Navarro —quien coordinó la emergencia migratoria en Canarias entre 2021 y 2023—, Accem trabaja desde un enfoque de Derechos Humanos, intervención integral y, de manera muy específica, autonomía a través del empleo. Su experiencia desmiente con datos y con historias de vida los bulos que circulan sobre las personas migrantes.

“No se trata de dar ayudas por darlas, ni de dar el pescado; se trata de enseñar a pescar. El sistema de acogida garantiza prestaciones básicas sí, pero sobre todo, un fuerte apoyo en formación e inserción laboral. En cuanto las personas que llegan a España adquieren el idioma, pasan directamente al área de empleo. Vienen a trabajar, y nuestra experiencia con el empresariado extremeño es excelente”, resume García Navarro. Con los datos de inserción laboral y la valoración positiva de las empresas de la región, queda demostrado que las personas migrantes llegan con voluntad de trabajar y aportar, no de depender de ayudas.

Frente a los discursos xenófobos que repiten que las personas migrantes “viven de ayudas” y “quitan recursos” a la población local, los datos de Accem muestran una realidad radicalmente opuesta: quienes llegan lo hacen con una altísima motivación para trabajar y sostener a sus familias. Y, además, lo hacen en sectores donde la “prioridad nacional” no es que sea injusta: es que es impracticable, porque no hay suficientes personas dispuestas a ocupar esos puestos.

El colectivo atendido por Accem está dando respuesta a necesidades urgentes del mercado laboral extremeño. En la construcción, las empresas trasladan constantemente su preocupación por la falta de personal. Accem forma específicamente a sus usuarios: solo en 2025, 30 personas obtuvieron el título de Prevención de Riesgos Laborales de la construcción para incorporarse de inmediato al sector. En la agricultura y la ganadería, su presencia es vital para campañas específicas como la recogida de la fruta de hueso, evitando que las cosechas se queden en el campo por falta de relevo. En la hostelería y el sector servicios, tanto en cocina como en sala, cubren puestos que cuesta mantener ocupados. Y en el área de cuidados —un sector estratégico en una región envejecida como Extremadura— su aportación es directamente imprescindible.

En el COVID-19

En los momentos más críticos, esa disponibilidad para trabajar se ha traducido en decisiones que hablan de coraje y compromiso. Durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, los hospitales extremeños se quedaron sin personal dispuesto a trabajar en la gestión de residuos sanitarios de alto riesgo. Una cincuentena de usuarios de protección internacional de Accem asumió esa tarea en primera línea, equipados con EPIs, en un contexto de miedo generalizado. A día de hoy, algunos continúan trabajando en esa misma empresa, con un grado excelente de satisfacción por parte de la patronal. En la zona de Almaraz, grupos de jóvenes malienses han sido contratados de manera totalmente regularizada para realizar labores técnicas y de mantenimiento, sin fricciones y con un rendimiento óptimo. Es decir: no solo no “quitan trabajo”, sino que ocupan puestos que, de otro modo, quedarían vacantes.

La historia de Accem en Extremadura comienza en 2010, en Cáceres, con apenas dos pisos y 12 plazas disponibles, a petición del Ministerio competente ante la crisis de refugiados de Oriente Próximo. Desde entonces, la infraestructura no ha dejado de crecer. Actualmente, la entidad cuenta con casi 240 profesionales en la comunidad autónoma, la inmensa mayoría de ellos extremeños y formados en la propia región. Lejos de ser un gasto, el funcionamiento de los centros de Accem actúa como un motor económico para Extremadura. La entidad prioriza la contratación de proveedores locales para el mantenimiento de su red: empresas de catering y alimentación extremeñas, comercios locales para la compra de textil —sábanas, toallas—, calzado y vestuario, así como proveedores de material de oficina, mobiliario y papelería. Cada euro que entra en el sistema de acogida se multiplica en la economía local.

A nivel estatal, los datos consolidados de 2025 hablan de casi 17.000 plazas de acogida activas en todo el territorio, principalmente de protección internacional y ayuda humanitaria. En programas de empleo, cerca de 8.000 personas fueron atendidas, y el 34% de ellas encontró un contrato laboral de manera directa. El 57% de esas contrataciones se realizaron en pequeñas y medianas empresas, el tejido que sostiene la economía real del país. En Extremadura, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, 296 personas han sido atendidas en programas de empleo. Las principales nacionalidades son Venezuela y Mali. La evolución del perfil migratorio también se ha visto marcada por la guerra de Ucrania: tras el estallido del conflicto en 2022, Accem gestionó 50 plazas específicas en Cáceres, en un espacio facilitado inicialmente por el Ayuntamiento en el edificio Valhondo. Aquella migración fue eminentemente femenina y familiar —madres, abuelas e hijos pequeños—. Hoy, esas plazas se han estabilizado y transformado en pisos de autonomía normalizados.

Red mixta de financiación

La organización trabaja con una red de financiación mixta —estatal, autonómica y privada—. En el contexto político actual, con el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura, Accem confirma que se sigue trabajando con absoluta normalidad y que las partidas para los programas autonómicos se mantienen en las mismas condiciones. Al menos, hasta ahora. Entre los programas autonómicos actuales se encuentran la atención humanitaria, dirigida a personas refugiadas en situación de extrema vulnerabilidad; la atención a personas en riesgo de exclusión social, desarrollada en estrecha colaboración con los servicios sociales comunitarios de Cáceres y Mérida —donde, por la propia estructura del programa, la mayor parte de la población atendida en esos pisos es de nacionalidad española—; y las ayudas para el alquiler, en coordinación con servicios sociales e instituciones locales como el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, para facilitar el acceso a la vivienda.

A estos se suman otros programas destacados: un programa de inmersión lingüística para mujeres migrantes financiado vía IRPF; la intervención en prisiones, con talleres grupales de apoyo a mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de la región; un taller de aprendices, financiado por la Fundación MAPFRE, un programa de seis meses de formación especializada en el área de mantenimiento y servicios; y un estudio internacional en cooperación, financiado en 2025 por la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) junto a la Universidad de Extremadura, que consistió en un estudio comparativo pionero entre las metodologías de intervención de la Ruta Atlántica (Canarias) y la Ruta Centroamericana (el tren 'La Bestia' hacia México y Estados Unidos).

Otro de los mitos que Mar García Navarro quiere romper es el de la “vulnerabilidad psicológica crónica” de las personas refugiadas. “Trabajamos con personas inmensamente resilientes. Han pasado por eventos traumáticos y tránsitos migratorios durísimos —que en el caso de las mujeres incluyen la violencia sexual como arma de guerra—, pero llegan dañadas, no destruidas. El número de personas que desarrolla un trastorno de estrés postraumático severo es mínimo. Lo que tienen de verdad son ganas de salir adelante”, subraya. La imagen de personas rotas para siempre no solo es falsa, pues, sino que deshumaniza y niega la capacidad de reconstrucción que demuestran a diario.

Sinergias

También se desmonta, con datos, la idea de que la presencia de centros de acogida aumenta la delincuencia. Las consultas directas de Accem con las instituciones competentes y las fuerzas de seguridad —como la Policía en Mérida— confirman de forma rotunda que en ningún caso ha aumentado la delincuencia por la presencia de estos recursos. Al contrario, se generan sinergias de cohesión social. Un ejemplo es el proyecto desarrollado en Mérida, donde los jóvenes del centro de acogida realizan encuentros con ancianos de residencias de mayores que sufren soledad no deseada, compartiendo historias culturales y ofreciendo acompañamiento mutuo. Lejos de ser un foco de conflicto, la acogida se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional.

La reciente denuncia de una agresión sexual en Mérida ha provocado una reacción pública inusualmente intensa por parte de determinados colectivos que, en ocasiones anteriores, no habían mostrado el mismo nivel de implicación ante hechos similares. Este cambio de actitud invita a una reflexión necesaria: cuando la defensa de las víctimas aparece de forma selectiva, condicionada por el origen del presunto agresor, deja de ser una postura coherente de protección a las mujeres para convertirse en un discurso atravesado por otros intereses.

Diversas voces han subrayado que la preocupación legítima por la violencia sexual no puede depender de la identidad, nacionalidad o procedencia de quien la ejerce. De lo contrario, se corre el riesgo de utilizar el dolor de las víctimas como argumento para reforzar prejuicios o agendas excluyentes. En este sentido, algunas reacciones públicas parecen responder más a una narrativa que busca señalar a personas migrantes que a un compromiso sostenido con la erradicación de la violencia machista.

Especialistas en violencia de género recuerdan que este tipo de delitos atraviesa todas las capas sociales y contextos culturales, y que su abordaje requiere políticas integrales y coherentes, no respuestas selectivas. La credibilidad del compromiso social con las víctimas se resiente cuando solo se activa en determinados casos, especialmente si coincide con la posibilidad de alimentar discursos xenófobos.

Este episodio, por tanto, no solo interpela a las instituciones en su respuesta ante la agresión denunciada, sino también a la sociedad en su conjunto: ¿se está defendiendo a las víctimas de manera consistente o se está utilizando su situación para reforzar determinadas posiciones ideológicas?

En la actualidad, otro de los focos mediáticos está en Badajoz, donde se ha producido la llegada reciente de jóvenes de origen maliense que se encuentran sin plazas de pernocta. Desde Accem Extremadura se apela a la prudencia institucional una vez más. La entidad está recabando toda la información técnica para esclarecer la situación administrativa de estos chicos. Al tratarse presuntamente de una competencia autonómica inicial, Accem evalúa los mecanismos para ponerse a disposición de la administración competente y apoyar, si fuera necesario, en la atención humanitaria y el encauzamiento digno de estos jóvenes dentro del sistema regulado. De nuevo, la clave no es el alarmismo, sino la gestión.

Abasse Sagna

Detrás de las cifras y los programas de inserción hay vidas concretas, historias reales que desmontan, una por una, los tópicos y simplificaciones de la llamada “prioridad nacional”. La historia de Abasse Sagna es una de ellas. Salió de Mali con una biografía marcada por la pérdida y la violencia. “He perdido a casi toda mi familia”, cuenta. Sus padres murieron antes del recrudecimiento del conflicto de su país, pero uno de sus hermanos falleció en la guerra. Solo le queda una hermana mayor, con la que vivió tras abandonar su pueblo natal para trasladarse a Bamako, la capital. “La vida en mi país es muy difícil”, resume. La inestabilidad en el norte de Mali, agravada tras la caída del régimen de Gadafi en Libia en 2012, ha impactado especialmente en las zonas rurales. “Es una región por donde circulan armas y grupos armados. Cada año empeora”, explica.

Su proyecto vital, sin embargo, iba por otro camino. Quería estudiar medicina. “Era el sueño de mi madre”, recuerda. Pero su muerte truncó ese objetivo. “Era mi apoyo. Cuando falleció, perdí las ganas de seguir estudiando”. Decidió entonces emigrar a Mauritania, donde trabajó durante años para ayudar a su familia. Allí también enfrentó dificultades, incluido el racismo y un intento fallido de salida hacia Europa que terminó con dos semanas en prisión. No fue hasta octubre de 2023 cuando logró emprender el viaje definitivo. Partió desde Senegal en una embarcación con 57 personas. “Fue muy duro”, dice. Pasaron seis días en el mar hasta llegar a El Hierro. “Había comida y agua, pero el viaje es difícil, sobre todo por la incertidumbre”. Tras una noche en la isla, fue trasladado a Tenerife y posteriormente a la península.

Su llegada a España tampoco fue sencilla. En Mérida, donde fue acogido inicialmente, se encontró con dificultades para iniciar su solicitud de asilo. “Nos decían que había que hacerlo online, pero yo no sabía cómo. Aunque sé leer y escribir, no es fácil en otro idioma”. La falta de apoyo institucional le obligó a buscar alternativas hasta que una red de voluntarios le ayudó a contactar con asistencia jurídica. Fue entonces cuando su situación empezó a cambiar. “Tuve suerte”, afirma. Destaca especialmente el papel de una abogada que le acompañó en el proceso. Gracias a ello, pudo formalizar su solicitud de protección internacional y ser derivado al sistema de acogida en Cáceres, donde llegó en marzo de 2024.

“Allí todo fue diferente”, explica sobre su experiencia en la capital cacereña. A través del programa de acogida, accedió a clases de español, formación y acompañamiento. “En otros centros éramos cientos de personas y apenas se aprendía. Aquí sí”. Con el idioma como base, comenzó a formarse en distintos ámbitos: logística, prevención de riesgos laborales y energías renovables. Hoy trabaja en la hostelería, en el bar Viña Grande, y contó con protección subsidiaria desde enero de 2025. “Ahora ya tengo todo en regla, trabajo y me pago todas mis cosas”, señala. Vive en un piso compartido con dos chicas jóvenes y asegura haberse integrado en la ciudad. “Cáceres es el lugar donde empiezo de nuevo, donde he construido mi vida”.

Racismo

Eso no significa que su camino haya sido fácil ni que haya estado libre de racismo. Relata el caso de una vecina que evitaba coincidir con él en el ascensor y le acusó de “quitar el trabajo” a sus hijos. “Le respondí que yo no tenía las mismas oportunidades que sus hijos, que nacieron aquí”, recuerda. La situación le afectó tanto que decidió mudarse. “Puede afectarte mucho psicológicamente y yo preferí irme de ese edificio”. Además de trabajar, Abasse colabora como traductor para ayudar a otros migrantes recién llegados. “Muchos no hablan español y necesitan apoyo”, explica. También ha retomado los estudios con la intención de reconstruir el camino que dejó atrás. “Quiero volver a estudiar. Ojalá medicina, pero sé que es difícil. Buscaré una opción que me permita vivir dignamente”. Su deseo más profundo es poder reunirse con su hermana, que sigue en Mali. “Es lo que más quiero”, dice. Y lanza una reflexión que va más allá de su caso: “Si hoy estoy integrado en Cáceres, es gracias a la ayuda que recibí de ACCEM. Me ayudaron y enseñaron cómo empezar de nuevo”.

La historia de Jessica López también rompe el cliché de quienes hablan de “efecto llamada” y “abusos del sistema”. Llegó a España sin conocer a nadie, con dos hijos menores y una decisión difícil a cuestas: abandonar Venezuela para garantizarles un futuro. “No fue fácil dejar a mi familia, pero sentía que tenía que hacerlo por ellos”, explica. En su país era docente universitaria, con doctorado y casi veinte años de experiencia. “Con todo eso, al llegar aquí, experimentas un choque total”. Aterrizó en Madrid sin información previa sobre los recursos de acogida. “No sabía que existían programas de apoyo para migrantes”, recuerda. La realidad inicial fue dura: dificultades para acceder a una vivienda, problemas para recibir atención sanitaria para su hijo —que había sufrido un accidente antes de viajar— y la imposibilidad de trabajar sin permisos. “Llegué a pensar en volverme”, admite.

Su situación comenzó a estabilizarse cuando fue derivada a Cáceres, donde accedió a un programa de acogida. “Ahí se me abrió todo”, cuenta. Gracias a ese apoyo pudo acceder a vivienda, orientación laboral y acompañamiento psicológico puntual. “Es fundamental, porque aunque hablemos el mismo idioma, el cambio cultural es fuerte: horarios, costumbres, todo”. Un año después de su llegada, Jessica forma parte de un programa de formación y empleo en el Gran Hotel Don Manuel. Trabaja actualmente como camarera de piso, dentro de un itinerario que incluye rotaciones por distintos departamentos del establecimiento. “En Venezuela yo pagaba para que me ayudaran a limpiar porque no tenía tiempo de hacerlo. Aquí he tenido que hacer incluso un curso para ello. Es un cambio grande, pero me adapto bien”, explica.

Su objetivo, sin embargo, sigue siendo ejercer su profesión. El proceso de homologación de títulos se ha convertido en uno de los principales obstáculos. “El doctorado tardó ocho meses en verificarse. La licenciatura puede tardar entre tres y cuatro años. Es demasiado tiempo”, denuncia. Mientras tanto, no puede trabajar en su ámbito. “Una viene preparada, con experiencia, con ganas de aportar, y se encuentra con muchas puertas cerradas”. También señala las dificultades administrativas para acceder al empleo en general: “Sin permiso de trabajo no puedes hacer nada, y conseguirlo lleva tiempo. Pero si acabas de llegar, ¿quién te da trabajo sin contactos?”. A estas barreras se suma la conciliación. Sus hijos, de corta edad, dependen exclusivamente de ella. “Me organizo como puedo: les dejo la comida hecha, una persona me ayuda a recoger al pequeño… todo es una cadena jumana para poder cumplir con el trabajo”.

En su relato también aparece alguna crítica velada al sistema de acogida. Otro de los puntos más delicados es el acceso a la sanidad en los primeros momentos. “Sin padrón o sin tarjeta sanitaria, no te atienden fácilmente. Mi hijo necesitaba atención y tuve que buscar alternativas por mi cuenta”, relata. Una experiencia que, según denuncia, contradice la idea de una sanidad universal plenamente accesible. Pese a todo, Jessica insiste en su actitud: “Yo no vine a vivir de ayudas. Vine a trabajar”. De hecho, recuerda que el parón inicial le resultó especialmente difícil en España: “Me decían que me lo tomara como unas vacaciones, pero yo no estoy acostumbrada a eso”.

Sobre su país, el diagnóstico es claro: “La situación está igual o peor cada día. Falta de luz, sueldos insuficientes, servicios precarios… no hay futuro”. Esa realidad, dice, sigue empujando a muchas personas a emigrar. Ahora, con 40 años, afronta una reconstrucción vital en un nuevo país. “Es empezar de cero, pero con dos hijos”, resume. Su mayor preocupación es el futuro inmediato: el final del programa de acogida. “Te dan 15 días para salir y es muy poco tiempo. Conseguir alquiler es muy difícil, sobre todo siendo madre sola”. Aun así, mantiene la determinación: “Si hay que empezar de nuevo, se empieza. Lo importante es seguir”.

Contra la propia región

Cuando se escucha a Abasse y a Jessica, cuando se miran los datos de empleo, de impacto económico, de convivencia, la consigna de “prioridad nacional” se revela por lo que es: un eslogan que ignora la realidad material de Extremadura. No es solo que sea injusto excluir a quienes huyen de la guerra, la violencia o el colapso económico. Es que, además, va contra los intereses de la propia región. Extremadura necesita manos para recoger la fruta, levantar andamios, atender a mayores, servir mesas, mantener servicios básicos. Necesita también talento, formación, proyectos de vida que quieran arraigar en la comunidad extremeña.

La migración, tal y como la muestra y demuestra el trabajo de Accem, no es una amenaza ni un gesto de buenismo: es una pieza central para construir un futuro mejor para todas las personas. Para las que vienen y para las que ya estaban. Un futuro en el que los bulos pierdan fuerza frente a los datos, y en el que las historias de humanidad de Abasse, de Jessica y de tantas otras personas se entiendan no como excepciones, sino como parte de la respuesta a una cuestión que Extremadura ya no puede aplazar: ¿Cómo quiere sostener su mañana una región que envejece, pierde población joven y necesita manos, talento y energía para seguir funcionando?

La violencia machista en Extremadura ya no solo se padece; se está volviendo a invisibilizar. La Asociación de Mujeres Malvaluna ha hecho saltar las alarmas con un informe demoledor que dibuja una realidad preocupante: una “percepción social viciada” que ha comenzado a naturalizar el control y la desigualdad. El documento, fruto de una investigación cualitativa en el territorio, advierte de que el cuestionamiento político de los derechos de las mujeres está calando en el tejido social extremeño, despojando a la violencia de su carácter estructural para reducirla, de nuevo, a sucesos aislados.

El estudio no se queda en la superficie. Se sustenta en la experiencia de quienes están en la primera línea: 37 entrevistas en profundidad a responsables políticos y, sobre todo, a las profesionales de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. De las 36 oficinas que vertebran la región, 33 han pasado por el examen de Malvaluna, ofreciendo una radiografía cruda de las carencias del sistema.

El peligro de la “violencia de baja intensidad”

La conclusión más amarga del informe es la pérdida de la visión de conjunto. Malvaluna alerta de que la violencia psicológica, la económica y, especialmente, la violencia digital están siendo absorbidas por la cotidianidad. Esta “normalización” actúa como un anestésico que dificulta la identificación de las agresiones y frena en seco la implicación de la sociedad civil.

La asociación es tajante: no se puede combatir lo que no se reconoce como un problema de poder. El texto denuncia que determinados discursos, que hoy encuentran eco en las instituciones, contribuyen a “desdibujar” la violencia, permitiendo que formas de control a través de las tecnologías (TRIC) crezcan sin una respuesta institucional a la altura.

Un mundo rural desasistido

En una región como la extremeña, donde el código postal determina el acceso a la justicia, el informe pone el foco en la brecha territorial. A pesar de la existencia de la red pública, Malvaluna denuncia que la cercanía real es un espejismo en muchas comarcas. “Es urgente sacar los recursos de los despachos y llevarlos a los rincones más aislados de Extremadura”, señala el documento.

La falta de densidad de población y la pervivencia de estructuras patriarcales más rígidas en los pueblos extremeños exigen, según la asociación, un “giro político” que deje de gestionar la igualdad desde la capital y empiece a pisar el barro del entorno rural.

La “revolución” y el sofá del patriarcado

Uno de los puntos más mordaces del informe llega a través de los testimonios directos de las agentes de igualdad. Una de ellas sintetiza la jerarquía doméstica que aún impera en muchos hogares extremeños con una metáfora que es, a la vez, una bofetada de realidad: “El sofá chachi guay, uno que se pone así para atrás, es de ellos. Entonces, desde ahí difícilmente puedes hacer una revolución. La revolución se hace desde el sofá medio roto”.

Para Malvaluna, esta imagen condensa la resistencia al cambio. Mientras el espacio de confort y poder siga perteneciendo al hombre, cualquier avance será cosmético. Por ello, exigen que la lucha contra la violencia machista sea tratada como un “problema de primer orden político”, exigiendo a la Junta de Extremadura y a los ayuntamientos una coordinación real y no solo fotos de protocolo.

Exigencias frente a la impunidad digital

El informe concluye con una exigencia de actualización urgente. La violencia digital: el acoso, el control de contraseñas, la difusión de imágenes sin consentimiento, requiere una reconceptualización de la intervención. Malvaluna reclama formación específica y mecanismos seguros de denuncia, advirtiendo de que, si las instituciones no se adaptan a la velocidad de la tecnología, estarán dejando a toda una generación de mujeres extremeñas en la más absoluta desprotección.

La advertencia es clara: Extremadura no puede permitirse dar ni un paso atrás en la comprensión feminista de la realidad si no quiere que el “sofá medio roto” acabe por hundirse del todo.

Por primera vez en casi diez años, el habitual y ya tradicional manifiesto de solidaridad con los pueblos que sufren la devastación de la guerra, el llamamiento a la paz y el boicot a Israel no estuvo presente en el festival WOMAD de Cáceres. La lluvia impidió la lectura del texto, que finalmente se realizará este jueves a las 19.30 horas en el Kiosco de la Música del Paseo de Cánovas.

El manifiesto conjunto ha sido elaborado por las plataformas de Personas Refugiadas de Cáceres y Cáceres con Palestina y será leído por miembros de ambas organizaciones. El texto mantiene el tono de denuncia y reivindicación que durante casi una década ha acompañado al festival multicultural cacereño.

Un “no rotundo a la guerra”, el compromiso de la ciudadanía para “parar el genocidio de Gaza” y la acogida a las personas migrantes son las ideas principales del comunicado, que también reclama reforzar las campañas de boicot y aislamiento contra Israel.

“El alto el fuego en Gaza de octubre de 2025 no ha sido respetado por Israel en ningún momento: ha continuado el genocidio simplemente a una velocidad menor”, sostiene el manifiesto. Las organizaciones denuncian que “los ataques se han seguido produciendo todos los días, asesinando población civil indefensa, incluyendo niños, mujeres y ancianos”, además de alertar sobre la entrada insuficiente de ayuda humanitaria y la ocupación militar de más del 55% de la Franja.

“El sistema carcelario israelí para los presos palestinos —en donde retienen a más de 10.000 personas, de los cuales muchos cientos son niños— utiliza la tortura de forma sistemática”, añade el texto, que también denuncia la situación en Cisjordania, la ofensiva militar israelí en Líbano y el asalto a la denominada Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza “para romper el bloqueo genocida”.

Las plataformas critican además “la pasividad e incluso complicidad de los gobiernos occidentales en general, y especialmente de EE.UU. y la Unión Europea”, a quienes responsabilizan de garantizar “la impunidad” de Israel.

“Hacemos un llamamiento a los pueblos y organismos civiles de todo el mundo para que intensifiquen las actividades de solidaridad con el pueblo palestino y refuercen las campañas de boicot y aislamiento de la entidad sionista genocida de Israel”, recoge el manifiesto.

“Casi diez años llevamos subiendo a este escenario para recordarlo, para dar escalofriantes cifras de muertos, de desplazados, de mutilados y de políticos y políticas que lo alimentan o lo consienten. Y estamos hartas de ver cómo todo sigue igual, o peor”, señala el comunicado.

“Hartas de que el horror sea lo normal. Hartas de que las vidas no importen, de que se negocie con los seres humanos. Hartas de que se compren y se vendan armas, con una mano, mientras se escriben discursos de paz con la otra”.

“Nos negamos a consentir que el ruido de las bombas sea el idioma del mundo. Nos negamos a ser la indiferencia que lo permite”, añaden las organizaciones convocantes.

“¡Basta ya! Basta del negocio de la guerra. Basta de acuerdos vergonzosos. Basta de que sean el dinero y el poder quienes deciden quién vive y quién muere”.

El manifiesto reivindica también el derecho a migrar y rechaza las fronteras: “Porque ninguna persona es ilegal. Porque migrar es un derecho. Porque la tierra pertenece a las personas que la habitan. Porque la vida no se negocia. ¡No, en nuestro nombre!”.

“Pero no venimos a explicar nada, porque no hace falta explicar nada. Venimos a defender la paz, porque defendiendo la paz defendemos la vida de la humanidad. La de hoy y la de mañana. Y solo nosotros, los ciudadanos, podemos hacerlo”, continúa.

“Por una paz auténtica, justa, respetuosa, por un futuro para todos, gritamos y exigimos un no rotundo a las guerras”. El texto concluye con un mensaje pacifista y de denuncia social: “No a la guerra. Ninguna persona es ilegal”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en situación administrativa irregular en España, una medida que podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio origen a esta propuesta.

De acuerdo con los cálculos de esta organización, en la comunidad extremeña residen alrededor de 69.500 personas nacidas en el extranjero, de las cuales unas 5.000 se encontrarían en situación irregular. En este contexto, se prevé que la regularización extraordinaria genere unas 4.500 solicitudes en la región, de las que aproximadamente dos tercios podrían resolverse favorablemente.

A nivel estatal, la Fundación Ciudadanía Global estima que podrían presentarse unas 751.200 solicitudes, con una previsión de en torno a 503.000 regularizaciones efectivas. La medida se enmarca en una respuesta institucional a una demanda social y política que llevaba años sobre la mesa y que finalmente ha cristalizado en este real decreto aprobado por el Ejecutivo.

Por territorios, Extremadura se situaría entre las comunidades autónomas con menor número de regularizaciones previstas, junto a Cantabria (3.500) y La Rioja (4.000). En el extremo opuesto se encuentran Cataluña, donde se estiman unas 135.000 regularizaciones; la Comunidad de Madrid, con unas 90.000; y Andalucía y la Comunidad Valenciana, con alrededor de 60.000 cada una.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el real decreto establece como requisitos carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. El Ejecutivo calcula que la medida permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas en todo el país.

Esta regularización extraordinaria supone uno de los procesos más amplios de este tipo en España en los últimos años y busca dar respuesta a una realidad estructural vinculada a la presencia de población migrante sin autorización administrativa, facilitando su acceso a derechos laborales y sociales.

Gobierno central

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzará las oficinas encargadas de tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Estos puntos de atención se habilitarán en dependencias de la Seguridad Social en Cáceres y Badajoz, así como en oficinas de Correos en ambas ciudades y en Mérida.

Según ha detallado, las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a partir de este jueves, mientras que la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril. Quintana ha subrayado que se trata de un procedimiento “relativamente sencillo” y ha destacado la implicación de numerosas ONG en el acompañamiento a las personas solicitantes.

En el caso de Extremadura, la tramitación presencial se realizará en las oficinas de la Seguridad Social de Cáceres y Badajoz, y en las de Correos de Cáceres, Badajoz y Mérida, al tratarse de las principales ciudades de la región. Para acceder a este servicio será necesario solicitar cita previa, bien a través del teléfono 060 o del portal de regularización, ambos disponibles desde el 16 de abril.

Por otro lado, el delegado ha calificado de “difícil de entender” que algunos sectores critiquen esta medida mientras, al mismo tiempo, reclaman mano de obra y la regularización de personas migrantes. “Resulta sorprendente que quienes cuestionan la normativa sean los mismos que señalan la necesidad de trabajadores”, ha insistido.

Finalmente, Quintana ha valorado esta iniciativa como “muy bien recibida” y ha recordado que actualmente más de tres millones de personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social en España, contribuyendo a que el país supere los 22 millones de ocupados y alcance, por primera vez, más de 10,5 millones de mujeres trabajando.

Extremadura fue en 2025 la comunidad autónoma con la mayor tasa de muertes por violencia machista, con 8,61 casos por millón de mujeres de 15 o más años, aunque en la serie histórica, de 2003 a 2025, es la región con un menor dato, 34,6.

Son datos que revela el Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que cifra en 49 las mujeres asesinadas el año pasado, el 80% de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024.

En Extremadura, 2025 fue el año más trágico desde que hay registros con los asesinatos de María (38 años y con un hijo) en Aldeanueva del Camino, Ilham (34 años y con cuatro hijos) en Don Benito, María Antonia Sánchez (28 años) en Badajoz y Verónica (46 años) en La Codosera (Badajoz).

Esta relación de víctimas podría sumar una más si finalmente se considera violencia machista la muerte de una mujer tras el incendio ocurrido en diciembre del año pasado en una vivienda de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

De las cuatro víctimas confirmadas, solo Ilham había formulada denuncia previa y ninguna tenía orden de protección en vigor, según el informe del Observatorio, que apunta que la provincia de Badajoz fue la tercera del país -junto a la de Sevilla- que sufrió el año pasado más asesinatos machistas con tres casos, después de Málaga con 6 y Madrid con 4.

Así se desprende del Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, y que suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003 pero que sigue siendo una cifra escalofriante: hubo un asesinato cada 7,4 días

El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52,4.

El Observatorio del CGPJ considera “innegable que la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas” han derivado en una descenso significativo del promedio anual de muertes. El informe insiste en que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad, con independencia de su nacionalidad, edad o nivel de estudios.

Datos generales

El perfil genérico de las víctimas mortales de 2025 son mujeres de 47,3 años, en su mayoría españolas (57,1%), que en un 80% vivían con su agresor, un porcentaje muy elevado respecto a 2024 (67,3%) y de la serie histórica (2003-2025), que fue del 63%.

Además, en el 89,1%de los casos fueron asesinadas en un domicilio, o bien el de ambos, o de uno de ellos.

Respecto de la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, el 76,2% de ellas procedían de América, el 14,3% de África y el 9,5%, de Europa, según este informe del Observatorio del CGPJ.

La edad promedio de los agresores fue de 49,4 años; en su mayoría (63,3%) eran españoles, y en el 61,2% de los casos fue detenido.

La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86, mientras que el agresor más joven tenía 21 años y el mayor, 90.

El mes de junio y los miércoles como día de la semana reúnen los peores datos en cuanto a violencia machista en 2005, ya que en ese mes se registraron el 16,3% de los crímenes (en la serie desde 2003 el peor es julio) y el 20,4% los feminicidios se registraron ese día de la semana (en la serie desde 2003 el peor es el domingo).

Denuncias previas y medidas de protección

Once de las víctimas (22,4%) habían presentado denuncia previa contra sus agresores, una cifra menor que en 2024 (30,6%), y la del promedio de la serie histórica (25,8%). De estas 11 mujeres que habían denunciado, siete convivían con el agresor en el momento del crimen.

El Observatorio del CGPJ cifra en 4 las víctimas que tenían medida de alejamiento en vigor.

Las mujeres que denunciaron en 2025 tenían una edad media 42,4 años, y además, en un 63,6% de los casos, todavía convivían con el agresor que finalmente las asesinó. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un 21,4%).

La violencia vicaria

El informe dedica uno de los capítulos a las muertes por violencia vicaria, con el objetivo de “dar visibilidad a un problema terrible”, que según recuerda, ha costado la vida a tres menores en 2025. Hasta el 31 de enero de ese año, 65 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2003, a los que hay que sumar los tres de este inicio de 2026.

Los niños asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, en la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. Tenían un promedio de edad de 6,7 años y dos de ellos murieron a manos de su padre biológico, y uno, a manos de la pareja actual de la madre.

Por comunidades autónomas

El informe del Observatorio del CGPJ recoge la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, que se sitúa en una media de 67,1. Muy por encima de esta media están Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres).

La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El 50 por ciento de las asesinadas en Galicia y Madrid habían presentado denuncia previa, circunstancia que en Cataluña asciende al 40 por ciento, al 33 en Andalucía y el 25 % en la Comunidad Valenciana.

En 2025 no hubo ningún crimen en Cantabria y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

La acción se celebrará en el Parque Gloria Fuertes entre las 11:00 y las 14:00 horas. Durante la jornada, las personas asistentes podrán informarse sobre esta realidad, participar en distintas actividades de sensibilización y sumarse a iniciativas en defensa de los derechos humanos y la igualdad.

La organización advierte de que el racismo continúa presente en la sociedad no solo a través de actitudes individuales, sino también mediante dinámicas institucionales que condicionan el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la educación, la sanidad o la libertad de circulación. Entre estas prácticas, subraya las identificaciones policiales basadas en criterios raciales o étnicos, señaladas por entidades sociales y de derechos humanos por su impacto en la dignidad, la salud y la confianza de las personas afectadas.

En este contexto, Amnistía Internacional recuerda la necesidad de definir y prohibir de forma clara y expresa la identificación por perfil racial en el artículo 16 de la conocida como Ley Mordaza, incorporando la definición de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia: “el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación”.

Pese a su prohibición en la legislación española, la organización alerta de que estas prácticas siguen siendo una realidad preocupante. Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 26% de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas de forma permanente en España. Sin embargo, solo un 4% de quienes sufren discriminación llega a denunciar, lo que sitúa al país entre los de menor nivel de denuncia dentro de la Unión Europea.

La encuesta de esta agencia europea también apunta a una pérdida de confianza en las instituciones públicas, incluida la policía, especialmente entre quienes han sufrido discriminación. Esta desconfianza, advierten, podría estar directamente relacionada con la infradenuncia existente.

“La comunidad gitana, así como las personas migrantes y solicitantes de asilo son objeto del racismo estructural y la xenofobia. Urge tomar medidas para combatir y prevenir los comportamientos racistas y xenófobos, facilitando la denuncia y exigiendo responsabilidad a quienes sean culpables de estas actitudes”, subraya la organización.

Desde Amnistía Internacional hacen un llamamiento a la ciudadanía a implicarse activamente en la construcción de una sociedad “más justa, inclusiva y libre de discriminación”. La organización, presente en más de 150 países, sitúa la lucha contra el racismo como una de sus líneas prioritarias de acción.

La aprobación de la regularización masiva extraordinaria para personas migrantes ha despertado una enorme expectativa entre quienes viven en situación administrativa irregular. Sin embargo, tras la aprobación en enero de 2026 de esta medida que beneficiará a cerca de medio millón de personas, una sombra de oportunismo se ha extendido sobre el colectivo. El anuncio del Gobierno, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 firmas, ha activado una maquinaria de desinformación que explota la desesperación de quienes viven en los márgenes de la legalidad, especialmente en zonas rurales y agrícolas de Extremadura.

El esquema es siempre el mismo: el miedo a quedarse fuera. A pesar de que el plazo oficial para presentar las solicitudes no se abrirá hasta abril, las redes sociales bullen con anuncios que prometen “prioridad” o “gestión exprés”. En plataformas digitales proliferan perfiles que ofrecen citas online por 30 euros para acceder a servicios que, en realidad, serán gratuitos y aún no existen. Estos anzuelos derivan a menudo a formularios controlados por gestorías que buscan captar clientes de manera prematura.

Así lo denuncia Alexandra Vesga, presidenta de la Asociación Empleadas del Hogar, Cuidado y Limpieza de Cáceres, una entidad formada principalmente por mujeres migrantes, pero que incluye también a sus familiares. Vesga explica que el proceso ha generado mucha incertidumbre porque los comunicados oficiales hacen referencia a muchos artículos y leyes complejos, y al final la gente presta atención a quien les habla con más seguridad. “Esa falta de claridad ha provocado que algunas personas aprovechen esta situación. Empezamos a notar que quien hablaba con más seguridad generaba como una bola de nieve alrededor”, señala.

Desde la asociación comenzaron a trasladar dudas y casos a las instituciones, como la Subdelegación de Gobierno, para verificar la información que se propagaba sin fundamentos. Vesga señala que han detectado también la aparición de intermediarios informales que dicen: “yo ya hice esto con un familiar”, “yo trabajé en eso y sé lo que hay que hacer”, “yo conozco cómo funciona” para así “cazar” a las personas que tienen que hacer el trámite en el momento correspondiente y no saben por dónde empezar. Según explica, en muchos casos se les omite información clave, como que “el trámite lo puedes hacer tú mismo”, lo que hace que la persona piense automáticamente que necesita un abogado o una asesoría.

La Delegación de Migrantes y Refugiados de la Diócesis de Coria-Cáceres fue la primera en detectar la problemática. A través de su grupo, se pudo conocer todo el entramado, ya que los llamados “cazadores” de personas migrantes en situación irregular comenzaron a infiltrarse en grupos de WhatsApp donde se reúnen estas comunidades, como los gestionados por la propia delegación. Fue por ese medio donde empezaron a difundirse nombres de abogadas y abogados vinculados a asoiaciones que luego fueron asociados a estas prácticas fraudulentas.

Las cantidades que se están cobrando varían considerablemente. La asociación ha encontrado casos desde 30 euros para iniciar el acompañamiento hasta 200 euros solo para reservar un cupo de clientes. Por el trámite completo están cobrando entre 280 y 350 euros por persona, aunque al principio llegaban a pedir 500 euros. A esos costes se suman otros documentos encarecidos: por un certificado de antecedentes penales de Honduras están cobrando 92 euros, y por el de Colombia entre 40 y 60 euros, cuando Alexandra, de origen colombiano, aclara que ese documento se consigue en diez minutos y cuesta menos de diez euros.

La situación fue trasladada a la Mesa de Trabajo correspondiente, donde participan distintas instituciones y la propia Comisión de la Diócesis de Coria-Cáceres. Entre los problemas detectados también se encuentran las dificultades de muchas trabajadoras del hogar que no pueden salir en horario de mañana para hacer los trámites porque las administraciones solo atienden en esa franja. Vesga insiste igualmente en que el lenguaje administrativo es un obstáculo, pues se dirigen a mujeres que llevan poco tiempo en España y aún se están integrando “y que esos tecnicismos al final solo lo comprenden los profesionales que se dedican a ello”.

Un punto especialmente crítico de la denuncia trasladada a elDiario/Extremadura es la existencia de despachos de abogados, asesorías incluso organizaciones que “se supone” que son para ayudar a los propios migrantes, donde según cuenta Vesga, alguna abogada que antes había trabajado en asociaciones referentes en la región en la defensa de los inmigrantes está ahora cobrando por estos servicios, “aprovechándose de su 'cartera de clientas'.

Vesga reconoce que, aunque la asociación que preside ofrece acompañamiento gratuito, algunas personas prefieren ir a un abogado “porque les da más seguridad. Por eso, menciona que mantienen acuerdos con profesionales transparentes, que se comprometen públicamente a devolver el dinero si el proceso no prosperara finalmente.

Más fraudes

Sin embargo, el fraude no solo habita en algunos despachos profesionales y entidades. Said, un ciudadano marroquí que lleva treinta años en Extremadura, confirma que varios compatriotas le han contado que les están cobrando 250 euros en locutorios solo por apuntarlos en una supuesta lista de espera. “La gente tiene miedo y paga lo que sea”, asegura. Por su parte, Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), denuncia casos flagrantes donde se llega a cobrar procesos que aún no existen porque no se ha publicado el Real Decreto, forzando pagos vía Bizum. ADHEX, que atiende a unos 2.000 potenciales beneficiarios en la región, insiste en que la regularización no tiene cupos y es gratuita por lo que conmina a todas las personas que tengan dudas que se informen correctamente en asociaciones como ADHEX.

En este contexto, otra voz experta, María, abogada con cuarenta años de experiencia en Extremadura, recuerda que acudir a un profesional de la abogacía es legítimo, pero siempre debe pedirse un presupuesto y una hoja de encargo para poder reclamar abusos. Asimismo, abogados de Extranjería en Madrid, Cáceres o Badajoz, ponen el foco en los fraudes cometidos en locutorios, carnicerías o por particulares que “hacen auténticas aberraciones”. Ellos defienden la labor de los profesionales colegiados frente a estos intermediarios: ofrecemos una lista gratuita para informar cuando la norma se publique y otra de pago con una provisión de 50 euros que devolvemos si el servicio no se realizara finalmente por el motivo que sea.

Frente a esta “cacería” de clientes, la realidad administrativa es gratuita. Se establece que para acreditar la residencia continua de cinco meses bastará con pruebas cotidianas: el empadronamiento en municipios extremeños, citas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) o resguardos de remesas. Para quienes carezcan de recursos, existen vías públicas gratuitas. El Turno de Oficio de los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz garantiza asistencia gratuita. Además, organizaciones como ADHEX o ACCEM ofrecen asesoramiento integral. Desde las oficinas de ACCEM en la calle Argentina de Cáceres, su delegada territorial Mar García Navarro explica que las personas que acuden allí no necesitan pagar a despachos ni gestoras por algo que es totalmente gratuito.

La urgencia por obtener el permiso provisional de trabajo, que se otorgará en apenas 15 días tras la solicitud, no debería alimentar la codicia de redes oportunistas. Regularizar es un acto de justicia social e integración en Extremadura como en el resto de España, no una oportunidad de lucro para aquellas personas que tienen menos escrúpulos.

“No es ético mercadear con la vulnerabilidad y la necesidad de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad”, zanja Beatriz Cercas, mientras pide que todos hagan su trabajo “pero desde el respecto y la empatía”.

Las principales ciudades de Extremadura han acogido este domingo sendas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, en las que se han podido ver y escuchar proclamas contra la guerra entre las reivindicaciones feministas del 8M centradas en la igualdad “real y efectiva” y el avance en derechos.

En Mérida, entre pancartas y lemas coreados como 'Que viva la lucha de las mujeres', 'Menos fascismo y más feminismo', 'La lucha sigue, cueste lo que cueste' o 'Contra el negacionismo, nosotras feminismo', el lema del 'No a la guerra' también ha estado presente en la marcha.

La manifestación ha partido a mediodía de la plaza de España con unas 200 personas, según la Policía, y 1.500 según las organizadoras, la Plataforma 8M Mérida, y bajo un ambiente festivo por el Concierto 8 de Marzo, con las actuaciones de Tamara Agudo & Band, y la artista Olana Liss.

La representante de la plataforma emeritense, María Tena, ha afirmado a los medios que aún queda por avanzar para conseguir la igualdad “real y efectiva” que reivindican en este día, un 8M este año “con un significado mucho más grande”, del “no a la guerra y de luchar contra todo el fascismo global, que lo que está haciendo es intentar utilizar los derechos de las mujeres como mercancía, como instrumento de cambio político y como un arma para arrojarnos en aquellas situaciones de conflicto bélico”.

“Pedimos que todo el mundo se una en la misma dirección y que veamos que el feminismo no va en contra de nadie, que el feminismo es una forma de vivir, de intentar lograr la igualdad entre mujeres y hombres y que no tiene ningún otro significado que el intentar también la paz mundial”, ha dicho Tena.

A su juicio, se trata de un día de reivindicación en las calles y de “volver a decir no a la guerra, sí a la igualdad y sí al feminismo”. 'Somos las voces que nunca callarán', 'De mayor quiero ser libre, no valiente' son algunos de los mensajes que se han podido ver por las calles de la capital extremeña, donde mujeres y hombres de todas las edades han pedido que vuelva a ocupar la agenda feminista el primer plano de acción de los gobiernos.

Revisar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para evitar destinar financiación a organizaciones “que nada tienen que ver con la igualdad”; un poder judicial “que trate bien a las mujeres”; abolir la prostitución; que sean delito los vientres de alquiler; condiciones laborales que faciliten la promoción de las mujeres y un maternidad “libre y deseada” son algunas de las exigencias reflejadas en el manifiesto.

Badajoz y Cáceres

En Badajoz, la integrante de la plataforma 8M Badajoz, Cristina Mesa, ha hecho un llamamiento a las administraciones en relación a la necesidad “de impulsar más recursos para proteger a la mujer y a la infancia”. “El feminismo dicta además mucho de las ideas que posee en este ámbito” la líder del PP en la comunidad autónoma, María Guardiola, ha dicho Cristina Mesa a los medios, pues “no está en la línea del verdadero feminismo, el que está en la calle el 8M”.

Mesa también ha querido expresar que “el feminismo siempre ha sido antifascista y anti imperialista, y éste no quiere ni regímenes teocráticos ni guerras en el nombre falso de las mujeres”.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, ha manifestado por su parte que “hay que estar un año más en las calles para hacer visible todas las desigualdades aún existentes, y todos los derechos que quedan por conquistar o por defender, pues en la actualidad no solo hay que enfrentarse al machismo, sino también al fascismo”.

En la manifestación pacense, con el lema 'Feministas. Antifascistas. Somos más en todas partes', han participado unas 2.400 personas.

Otras asociaciones feministas como el Movimiento de Mujeres Migrantes, la Plataforma de Pensionistas y distintas formaciones políticas, como PSOE o Unidas por Extremadura, y sindicatos han estado presentes también en dichas marchas.

En Cáceres, la manifestación, con cerca de 2.000 participantes, ha reivindicado la igualdad y denunciado la violencia machista en un contexto que, según las organizaciones convocantes, hace “más necesarias que nunca” este tipo de movilizaciones.

La marcha ha partido a las 13:00 horas desde la Plaza de América y ha recorrido el centro de la ciudad, hasta confluir en la plaza Mayor, donde ha habido performance y batucada.

Durante el recorrido se han escuchado cánticos como 'de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste', 'no es no, lo demás es violación' o 'mujer trabajadora, la lucha es ahora', además de proclamas a favor de la unidad de clase y mensajes contra la guerra.

Los colectivos participantes han difundido manifiestos en los que se vincula la defensa de los derechos de las mujeres con la lucha contra el fascismo y con la reivindicación de la paz, alertando del “auge de discursos de odio contra mujeres, personas migrantes y el colectivo LGTBI”.

La movilización principal, con alrededor de 2000 personas, partió a las 13.00 horas desde la Plaza de América, conocida popularmente como La Cruz, y recorrió las vías del centro hasta la Plaza Mayor, donde se dio lectura al manifiesto bajo el lema 'Igualdad. Derechos. Justicia. Acción'.

Como cada año, desde la Plataforma de Mujeres por la Igualdad se hizo un llamamiento urgente a la ciudadanía para defender los avances logrados y alertar sobre posibles retrocesos. En su manifiesto, las convocantes recordaron que la igualdad efectiva sigue siendo una tarea pendiente y defendieron que sin igualdad no hay democracia ni libertad. Entre sus principales reivindicaciones destacaron la defensa de derechos que no se negocien ni se recorten, el derecho a vivir sin violencia en todas sus formas —incluidas las agresiones sexuales, la trata o la explotación—, el acceso al aborto seguro sin trabas territoriales y la necesidad de recursos públicos para una conciliación corresponsable que no recaiga solo sobre las mujeres. También reclamaron una educación afectivo-sexual basada en el respeto.

La marcha estuvo acompañada por la Escuela Profesional de Danza y la batucada Santuka de Fuego, cuyo ritmo festivo generó, como cada año, un debate interno en el movimiento. Mientras algunas voces ven en la música una forma de movilización y visibilidad, otras critican que el 8 de marzo sea tratado como una fiesta en lugar de una jornada de reivindicación política frente a las desigualdades estructurales.

Paralelamente, el colectivo abolicionista 'María Telo' se concentró en el Paseo de Cánovas para reivindicar los principios que consideran fundamentales de la agenda feminista. Esta asociación decidió convocar un acto propio al no compartir posiciones de la manifestación general, como la presencia de colectivos que defienden la regulación de la prostitución o que no condenan la gestación subrogada. Las participantes sostuvieron que no quieren marchar detrás de pancartas donde convivan posturas que consideran formas de explotación de las mujeres e incompatibles con el feminismo. Durante su acto, defendieron la abolición de la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler, así como la eliminación de los estereotipos sexistas que convierten el cuerpo femenino en objeto de mercado.

Las abolicionistas subrayaron además la importancia de preservar la categoría jurídica y política de mujer. A su juicio, si desaparece esta referencia, resulta imposible identificar y combatir las discriminaciones específicas que afectan a las mujeres como grupo social. Allí mismo se ha informado de la Propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional -LOASP-.

En este sentido, también hay corrientes que están advirtieron sobre la progresiva desaparición de la terminología que nombra a las mujeres como sujeto político en discursos institucionales. Pusieron como ejemplo la propia sigla '8M' que, al reducir la jornada a una letra y un número, elimina del nombre a las protagonistas de la lucha. Para estas corrientes, cuando el lenguaje deja de nombrar a las mujeres, se corre el riesgo de que se difuminen las realidades de discriminación de la mitad de la población y se pierda la capacidad transformadora del movimiento.

Pese a las diferencias, ambas convocatorias coincidieron en denunciar el machismo estructural y en advertir sobre el avance de discursos reaccionarios. En los manifiestos se señalaron especialmente los discursos de odio, la misoginia y el papel de la extrema derecha en la difusión de narrativas que niegan la violencia machista o relativizan la desigualdad.

La jornada reivindicativa en Cáceres reflejó así los debates actuales del feminismo en el resto de España, donde conviven visiones más integradoras y, por lo tanto, más flexibles, con otras posturas que exigen mantener los principios históricos del movimiento sin perder, bajo ningún concepto, de vista los objetivos reales del feminismo.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha mostrado su compromiso por defender la igualdad “sin bandos ni trincheras” y construir “todos los días del año” entre hombres y mujeres este “deber democrático”, ha apuntado durante el acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea, que ha contado con la ausencia de Vox. A juicio de Guardiola, la igualdad es justicia y “cuando la justicia avanza, avanza Extremadura”.

Autoridades civiles, militares y judiciales han participado en este acto institucional, que ha contado con la música de la artista jaraiceña Bambikina y las intervenciones de los presidentes de la Junta y la Asamblea extremeña, María Guardiola y Manuel Naharro, respectivamente.

Además de consejeros en funciones de la Junta, diputados de los grupos parlamentarios excepto Vox, representantes sindicales, empresariales y sociales, entre los asistentes este sábado ha estado el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

“Hoy no vengo a celebrar, vengo a tomar partido, esto no es un trámite, el 8 de marzo no es una fecha neutral, es un recordatorio de que la igualdad entre hombres y mujeres son valores y avances que tenemos que defender”, ha dicho Guardiola. A su juicio, esto “incomoda” a “quienes quieren que todo siga igual e incluso que retrocedamos”.

“La igualdad no se suplica, se conquista; no se anuncia, se garantiza; no se discute como si fuera una opinión, lo justo no está sometido a debate; los derechos no se negocian”, ha expresado sobre este “deber democrático”.

Tras hacer referencia a las “mujeres de hoy” que “construyen Extremadura” y a las que “nos precedieron” y que “lograron la libertad que hace unos años sería impensable”, ha hecho alusión a las víctimas de violencia machista, a quienes “debemos algo más que palabras, hechos”.

“Como presidenta de la Junta, como mujer, como feminista no voy a bajar la voz, no vamos a normalizar el desprecio, la violencia machista y la desigualdad”, ha subrayado.

En este sentido, ha apostado por que este 8 de marzo se convierta en un “diálogo comprometido” por la igualdad, que “se construye todos los días del año” entre mujeres y hombres y con “decisiones, leyes bien hechas y cambios sociales e individuales”. Así, ha mostrado su apuesta por dar oportunidades a las mujeres, así como por reforzar su protección frente a la violencia machista y la conciliación, la corresponsabilidad y la sensibilización de la sociedad. También ha defendido la necesidad de “educar en igualdad” como forma de “enseñar respeto, dignidad y libertad”.

Impulsar el emprendimiento femenino, apoyar a “las mujeres que lideran un negocio, una explotación agraria, un proyecto digital o una iniciativa cultural” son otras de las reivindicaciones que ha señalado.

El objetivo, ha dicho, es que “ninguna extremeña se quede atrás por falta de respaldo”. “A las mujeres de Extremadura: no nacimos para pedir permiso, nacisteis para elegir, aspirar, liderar, equivocaros y levantaros”, ha indicado. Así, ha animado a la sociedad a seguir “construyendo la igualdad con convicción y verdad”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha renovado su compromiso con una sociedad “más justa e igualitaria”, uno de los pilares “fundamentales” de la sociedad, en referencia a la igualdad, algo que es “cosa de todos”, ha dicho.

“Una causa que nos debería unir a todos acaba convirtiéndose en ocasiones en motivo de enfrentamientos, como si en lugar de sumar fuerzas, estuviéramos compitiendo por demostrar quién tiene más razón o quién defiende mejor la causa de la igualdad, y cuando eso ocurre perdemos el foco, nos alejamos de lo verdaderamente importante y debilitamos nuestra capacidad colectiva para avanzar”, ha asegurado.

Para Naharro, aunque los acuerdos “no están de moda” y la política y el debate social “parecen sentirse más cómodos en la confrontación”, su apuesta es la capacidad de diálogo y tender puentes para conseguir una sociedad más justa, igualdad “real y efectiva” y oportunidades para todos.

De esta forma ha defendido “lo que nos une” para llegar a tal fin, pues esta defensa “no pertenece a nadie en exclusiva”, ni a un partido político ni a un colectivo ni ideología concreta, ha subrayado a la vez que ha pedido construir esta igualdad desde los valores. 

El movimiento feminista vuelve a salir a las calles de Extremadura este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por eso te contamos los horarios y recorridos de algunas de las manifestaciones convocadas para este domingo.

En Mérida, la manifestación del domingo la ha convocado Plataforma 8M y comenzará a las 12 horas en la Plaza de España y recorrerá las calles más emblemáticas del centro, como Santa Eulalia, la Puerta de la Villa, Cervantes, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo y concluirá en la Plaza de España para la lectura de un manifiesto en favor de promover la visibilización de la igualdad de género y el compromiso colectivo con los derechos de las mujeres.

La Plataforma 8M también ha convocado la manifestación en Badajoz el domingo a las 12 horas. La marcha partirá desde la avenida de Huelva

La manifestación en Cáceres está convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad. Comenzará a las 13 horas en la Plaza de América y pasará por la avenida de España, la calle San Antón, calle San Pedro y Plaza Mayor. El grupo de batucada Santuka de Fuego acompañará a los manifestantes. 

Tras la lectura del manifiesto, participarán las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza con una actuación específicamente diseñada para conmemorar este 8M.

Plasencia también acogerá una manifestación por el Día Internacional de la Mujer organizada por Plataforma Feminista de Plasencia. Comenzará a las 12 horas en el parque de la Coronación y se dirigirá a la plaza Mayor. Pero la convocatoria es a las 11 horas en la Coronación para los ensayos de las batucadas y la elaboración de los carteles con los mensajes reivindicativos. Antes, a las once en el parque, se prepararán los carteles y habrá un ensayo con las batucadas que acompañarán a los manifestantes, Santuka La Perla y Santuka El Valle.

En Don Benito también se ha convocado una Marcha por la Igualdad el 8 de marzo, que comenzará a las 12.30 horas desde la Plaza de las Albercas. También estará amenizada por una batukada y se leerá un manifiesto.

Zafra también saldrá a la calle para reivindicar la igualdad de género. La plataforma Zafra Violeta ha convocado una marcha el 8M en defensa de los derechos de las mujeres, que comenzará a las 12.30 en la Plaza Grande y acabará en la Plaza de España.

La campaña institucional de la Junta de Extremadura con motivo del 8M busca una “alianza” entre hombres y mujeres para allanar el camino hacia una conciliación y corresponsabilidad en igualdad en el ámbito familiar, con el objetivo de que ellas puedan contar con las mismas oportunidades profesionales.

La secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, ha presentado el programa organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuyo lema es este año '8M. Por todas, entre todos', formado por más de 400 actividades.

A su juicio, es esencial la colaboración mutua para poder construir una sociedad en la que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades para desarrollar sus proyectos vitales y profesionales. Ha advertido de que la mujer ha soportado mayoritariamente la carga de los cuidados de la familia, lo que en muchas ocasiones ha limitado su crecimiento personal y profesional. La implicación de los hombres en la consecución de la igualdad es “imprescindible”, según Ara Sánchez, ya que sin ellos falta la mitad de la sociedad para alcanzar el objetivo.

“Tenemos que convertir a los hombres en nuestros aliados y no en nuestros enemigos. Tenemos que desarrollar políticas que seduzcan a las mujeres y también que no hieran a los hombres. Tenemos que sumarlos a esta lucha por la igualdad”, ha recalcado Aran Sánchez, que ha incidido en que juntos forman el “mejor equipo”.

La campaña de sensibilización se desarrollará durante todo el mes en medios escritos y audiovisuales, en redes sociales, soportes publicitarios y autobuses, y llegará también a todos los puntos de la región con la distribución de más de 5.000 carteles.

El acto institucional del 8M a nivel regional se celebrará este sábado en la Asamblea de Extremadura y contará con la participación de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola.

El programa se desarrollará en las Casas de la Mujer de Badajoz y Cáceres y en centros educativos, entre otros espacios, y también se suma a él las cuatro sedes de la Filmoteca de Extremadura, donde se proyectarán ses ciclos y 14 películas con la mujer como protagonista y creadora.

Entre otras actividades, ha citado un taller en la Mancomunidad Tajo Salor para analizar letras de canciones y reflexionar sobre los roles de género y la hipersexualización.

También ha citado la gala de concursos de cortos sobre igualdad de la Mancomunidad de Olivenza y la campaña mujeres extraordinarias de Plasencia, para visibilizar historias de supervivientes de la violencia de género o con trayectorias vitales importantes en profesiones masculinizadas.

El programa incluye en el IES Sierra de Montánchez, entre otras actividades, talleres que utilizarán la música urbana como vehículo para difundir mensajes de igualdad.

En referencia a los menores, Ara Sánchez ha advertido de que Internet es una ventana a un “abismo incontrolable”, por lo que las familias deben estar muy alerta sobre las informaciones que les llegan a sus hijos, ya que algunas pueden ser “muy destructivas” en materia de violencia de género, sexual y de otro tipo.

Ha abogado por educarlos desde las familias, desde los colegios y desde las instituciones para sean sensibles y tomen conciencia de lo que es la libertad de los demás y “de lo que es humillar, despreciar y destrozar la vida de la gente”, sean mujeres o no.

“Para los talibanes, estoy muerta. Oficialmente, no existo”. Con estas palabras, la periodista Khadija Amin describe la cruda realidad que enfrentan las mujeres en Afganistán, una situación que ha desgranado este lunes en la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' de la capital cacereña. El encuentro, organizado por Amnistía Internacional Extremadura, se enmarca en la exposición 'Ellas son la revolución', que busca dar voz a quienes el régimen de Kabul intenta silenciar sistemáticamente.

Amin, que fue un rostro conocido de la televisión pública afgana hasta la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021, ha explicado cómo el sistema legal ha sido desmantelado para anular cualquier derecho femenino. Uno de los puntos más alarmantes compartidos en la charla se refiere a la reciente deriva del código penal talibán. Según denunció la activista, la normativa actual establece que, si una mujer no presenta fracturas óseas o heridas abiertas de gravedad, la agresión no se considera maltrato punible.

Esta desprotección contrasta con la paradoja de las nuevas leyes de “moralidad”, que incluyen penas más severas y específicas para el maltrato de animales que para la violencia doméstica cotidiana. “Se nos ha situado por debajo de los animales en la jerarquía legal”, lamentó Amin ante un auditorio que llenó el salón de actos de la biblioteca.

El peso de la voz del hombre

La periodista también compartió su drama personal, que ejemplifica la indefensión jurídica absoluta. En el nuevo Afganistán, el testimonio de una mujer carece de valor frente al de un hombre. En su caso, su exmarido la ha registrado oficialmente como fallecida, lo que la deja sin entidad jurídica, sin pasaporte y sin posibilidad legal de reclamar la custodia de sus hijos, que permanecen en Kabul.

“Mi exmarido dice que estoy muerta y, para el Estado afgano, eso es una verdad absoluta porque lo dice un hombre. Mi voz, mis documentos o mi presencia física no cuentan nada”, explicó.

Desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en agosto de 2024, el silencio es obligatorio. Las mujeres tienen prohibido hablar en público, cantar o incluso leer en voz alta, ya que su voz es considerada awrah (algo íntimo que debe ocultarse). Además, el uso del velo integral es obligatorio, una norma que Khadija siempre cuestionó y que fue uno de los detonantes de las amenazas que la obligaron al exilio.

Resistencia desde el exilio

Pese a la distancia, Amin mantiene una red de contacto con mujeres que resisten dentro del país. La situación en Extremadura, a través de estos encuentros, sirve para que la ciudadanía no olvide que Afganistán se ha convertido en una “cárcel a cielo abierto”.

La activista afgana reconoce que, pese a tener trabajo y participar en charlas por las tardes, la situación de su país la atraviesa emocionalmente cada día. “Hay momentos en los que no quiero ni salir de casa”, confiesa. La distancia con sus hijos, de quienes no sabe dónde están ni cómo se encuentran, agrava una herida que nunca puede cerrar. Denuncia que, por el hecho de ser mujer y haber nacido en Afganistán, no solo ha visto vulnerados sus derechos fundamentales, sino que ni siquiera dispone de documentación que facilite la búsqueda de sus hijos. “Todo lo que pasa allí me afecta personalmente”, explica, describiendo una montaña rusa emocional que le impide vivir con tranquilidad mientras las mujeres afganas siguen siendo castigadas simplemente por serlo.

Sobre la posibilidad de un cambio a corto plazo, se muestra pesimista. Considera que, tras cinco años sin avances significativos, la situación no variará sin un respaldo firme de la comunidad internacional. “Sin apoyo internacional es imposible”, sostiene, al tiempo que lamenta la falta de implicación interna en la defensa de los derechos de las mujeres. A su juicio, la prioridad geopolítica se centra en conflictos armados y tensiones regionales, mientras la vulneración sistemática de derechos en Afganistán no genera la misma reacción. Desde España, pide visibilidad y compromiso: difundir lo que ocurre, apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno y firmar peticiones. En ese contexto menciona a la asociación 'Esperanza de libertad', que canaliza ayuda directa a mujeres dentro del país y promueve acciones de denuncia y solidaridad internacional.

Al finalizar el acto, se hizo mención al documental “¿Dónde están mis hijos?”, disponible en plataformas como Movistar Plus+, una pieza audiovisual que Khadija define como una “carta para el futuro”, para que sus hijos sepan que su madre nunca dejó de luchar por ellos ni por los derechos de todas las afganas.

La exposición

La exposición 'Ellas son la revolución' se integra en una campaña internacional de Amnistía Internacional destinada a sensibilizar a la ciudadanía y a exigir que la comunidad internacional haga rendir cuentas a los talibanes por posibles crímenes de derecho internacional, incluida la persecución por motivos de género. La exposición ha recorrido ya espacios como la Casa de las Mujeres de Avilés y el municipio de Rivas‑Vaciamadrid, consolidándose como una herramienta de denuncia y de movilización social.

La Junta de Extremadura ha reafirmado, en su declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, que la igualdad es una cuestión de justicia, “que no tiene color político y, por lo tanto, en ella caben todas las ideologías y todas las sensibilidades”.

En la declaración, el Ejecutivo en funciones de María Guardiola, expresa su voluntad de renovar su compromiso firme con la igualdad entre mujeres y hombres “con una igualdad real, efectiva y no excluyente”, en la que todas y todos cuente para lograrla. “El 8M debe ser un día de reconocimiento a las mujeres y su lucha por los derechos logrados, pero también un día de compromiso, acción y construcción de nuevos avances hacia una sociedad más justa e igualitaria”, ha incidido.

Por ello, apuesta por “una igualdad inclusiva, sin confrontaciones, partiendo de la premisa de que este objetivo sólo será posible desde la unidad de mujeres y hombres, y nunca desde el enfrentamiento”.

Afirma que con el lema 'Por todas, entre todos', la Junta pone de manifiesto el convencimiento de la necesidad de la implicación de toda la sociedad para lograr que mujeres y hombres lleguen juntos a la meta de la igualdad, fortaleciendo la nuestra democracia, reafirmando los derechos humanos y el progreso social.

Para el Ejecutivo extremeño, la igualdad debe ser un proyecto común, en el que mujeres y hombres son parte indispensable del éxito y en el que las instituciones “deben acompañar, con políticas públicas para facilitar el camino”.

Por ello, defiende que es necesario seguir promoviendo políticas de conciliación, que permitan a todas las personas desarrollar sus proyectos vitales y profesionales sabiendo que sus familias están atendidas y cuidadas, y políticas de corresponsabilidad, como herramienta para sensibilizar sobre el reparto de tareas y responsabilidades.

Añade que el 8M debe ser un día para la conmemoración, pero hay 365 días para la acción, para avanzar con hechos, con medidas concretas que redunden positivamente en la vida de las mujeres y en el acortamiento de la brecha que les impide llegar a la igualdad plena.

En este sentido, asegura que la Junta de Extremadura seguirá fortaleciendo el emprendimiento femenino, reduciendo el nivel de desempleo entre las mujeres e implementando políticas que aseguren su futuro profesional y su independencia económica.

Recuerda que la igualdad es una deuda que la sociedad tiene con todas las mujeres que a lo largo de la historia lucharon para conseguir un mundo más justo, que pusieron en riesgo su libertad e, incluso, sus propias vidas para conquistar derechos que no existían y que hoy son irrenunciables.

“Tenemos que defender su legado, proteger los derechos que nos dejaron y seguir trabajando y avanzando para construir una sociedad más libre y justa”, concluye la declaración institucional. 

Debatir sobre las desigualdades de género, poner sobre la mesa las llamadas “red flags” de la igualdad, las obsesiones o el éxito y el papel histórico de las mujeres son algunos de los pilares de la campaña que pone en marcha este año la Diputación de Cáceres con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer.

La campaña, desarrollada desde el Área de Igualdad de la institución provincial, ha arrancando con la serie de videopodcast titulada “P.O.V Igualdad”, con la población joven como protagonista de unas mesas de debate sobre sus puntos de vista en torno a distintos aspectos relacionados con la igualdad, adaptándolos a la realidad de la juventud del medio rural e impulsando la reflexión, la crítica y el diálogo.

Son estudiantes de entre 14 y 18 años de los Institutos de Educación Secundaria de Caminomorisco, Jaraíz de la Vera y Alcuéscar los que protagonizan los tres primeros capítulos de esta serie que, con episodios de una hora de duración, abordan los siguientes temas:

– Episodio 1: Las “red flags” de igualdad o las señales de alerta en relaciones (de pareja, de amistad, en el entorno educativo o laboral), que indican comportamientos controladores, machistas o tóxicos y que atentan contra el respeto mutuo y la libertad individual. Unos comportamientos que pueden derivar en situaciones de desigualdad o violencia de género.

– Episodio 2: “Mi imperio romano”, una expresión de las redes sociales que se utiliza para referirse a un pensamiento o evento específico en el que se piensa de manera constante, casi a diario, y que puede llegar a obsesionar.

– Episodio 3: ¡Devorando! Este es otro de los términos de la cultura de las redes sociales, indicando que alguien ha superado todas las expectativas en una situación concreta. En el ámbito de la igualdad de género se utiliza para visibilizar el éxito de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ en ámbitos donde antes eran visibilizadas.

– Episodio 4. El último episodio será un encuentro entre los tres centros educativos de manera presencial y con público, concretamente, el viernes 6 de marzo, a las 10:30 horas, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, en Cáceres.

Estos vídeos serán promocionados en las redes sociales, y, además, se podrán ver en el canal de Youtube de la Diputación de Cáceres.

Será ese viernes 6 de marzo, tras el encuentro intercentros, cuando, a las 12:00 horas, en la puerta del Palacio Provincial, se hará lectura del Manifiesto 8-M. Un acto institucional que contará con la actuación de alumnado del Conservatorio de Danza, con una actuación que tendrá como eje central el encorsetamiento de la mujer a lo largo de la historia y su liberación.

Además, Diputación de Cáceres continúa con su programa “Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos”, con entrevistas que visibilizan a la mujer en el mundo rural, su papel en la historia y en el desarrollo de los municipios, frente a la invisibilidad que, en muchos casos se ha hecho.

Así, hasta el 8 de marzo, cada día las redes de la diputación difundirá uno de los vídeos. En este caso, las charlas han sido con Mariángeles, de Sán Martín de Trevejo; Iluminada, de Piornal; Sonia, de Segura de Toro; Marga, de Jaraíz de la Vera; Pilar, de Cabezabellosa; Estrella, de Conquista de la Sierra, y Delfina, de Cañaveral, que expondrán las desigualdades de género a las que se han enfrentado en su entorno.

A estos actos se suman actividades formativas que está desarrollando la diputación dirigidas a todo el personal de la institución provincia, el OARGT y el Consorcio MásMedio, así como al personal de entidades locales que lo demanden. Entre ellas está el encuentro, el 14 de abril, con María Martín Barranco, escritora y divulgadora española, especialista en género e igualdad y reconocida, de manera especial, por su trayectoria en la investigación del lenguaje no sexista e inclusivo.

Activista histórica en las luchas por el ecologismo, los derechos sociales y la memoria de la represión franquista, Paca Blanco ha vivido durante más de una década en una vivienda pública adjudicada originalmente a su hijo. Tras años intentando regularizar su situación contractual y pagar el alquiler social, lo que ha hecho de forma continuada durante el último año, se enfrentó a una orden de desahucio prevista para el 23 de febrero que finalmente ha sido suspendida. Sus declaraciones reflejan la angustia y el desgaste institucional y emocional que supone vivir bajo la amenaza constante de perder el hogar a los 77 años.

La extremeña denuncia el “maltrato institucional” sufrido y la ausencia de una comunicación oficial clara sobre su situación: “Para ellos soy una ocupante ignorada, una persona que no existe”. Y eleva el tono cuando habla del trato a las personas mayores: “Nos tienen viviendo con estrés, con ansiedad, con angustia constante. Son unos canallas”. A su edad y con un 66% de discapacidad, insiste en que solo reclama “una solución habitacional digna” y advierte: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Yo pienso seguir luchando hasta que mi cuerpo aguante”.

Blanco, que utiliza un andador y padece movilidad reducida, ha dedicado décadas a causas sociales, ecológicas y feministas y es conocida por denunciar la represión franquista en instituciones como el Patronato de Protección de la Mujer, donde fue internada en su juventud, y por oponerse a megaproyectos como el resort de lujo en Marina Isla de Valdecañas, y a las nucleares, especialmente la de Almaraz.

El conflicto actual se originó cuando la empresa municipal de vivienda de Madrid (EMVS) decidió iniciar un procedimiento judicial para desalojarla, argumentando incumplimientos contractuales por lo que ella misma define su situación como “ocupación ignorada”. Blanco había entrado en la vivienda con las llaves que le entregó su hijo, al que originalmente se adjudicó el piso y que ahora reside en Brasil, y desde entonces ha intentado regularizar el contrato sin éxito.

A pesar de haber pagado alquiler durante el último año, y de solicitar formalmente la subrogación del contrato, algo que la normativa actual no permite del hijo a padres, pero sí al revés, la EMVS no ha reconocido su derecho a permanecer en el hogar que ha sido suyo durante más de una década.

Movilización social y paralización del desahucio

La alarma ante su posible expulsión ha motivado la firma de un manifiesto por parte de más de 150 colectivos como sindicatos, movimientos de vivienda, asociaciones vecinales, plataformas de pensionistas y ecologistas, que califican la medida como “una injusticia especialmente grave” y un reflejo de la crisis de vivienda que afecta a miles de personas en España.

Gracias a esta presión y al apoyo de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, el desahucio programado para el 23 de febrero fue suspendido de forma temporal. Pero Blanco advierte de que esa suspensión es una tregua, no una solución definitiva, y que sigue en riesgo inminente de perder su hogar si no se reconoce su derecho a un alquiler social acorde a sus recursos.

El relato de una vida en lucha

Por su parte, Blanco relata con claridad a elDiario.es, como siempre ha hecho, la enorme carga emocional y física de esta experiencia: meses viviendo entre cajas con sus recuerdos, angustia constante y la incertidumbre de no saber si su casa seguirá siendo suya. Su caso se ha convertido en una denuncia pública del trato institucional hacia los mayores, especialmente cuando sus ingresos y su condición de salud los colocan en una posición de vulnerabilidad.

Blanco ha rechazado también ofertas de alternativas habitacionales como residencias gestionadas por órdenes religiosas, precisamente por su experiencia pasada en instituciones similares durante los años del franquismo.

Un caso que trasciende lo personal

Expertos y colectivos señalan que el caso pone foco en la crisis estructural de vivienda en España, donde la falta de vivienda social asequible, las limitaciones del llamado escudo social y la presión de los mercados inmobiliarios empujan a personas mayores, familias vulnerables y sectores precarizados a situaciones de exclusión residencial. El respaldo a Blanco se lee, en este sentido, como un llamado más amplio a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

El próximo miércoles 4 de marzo, a las 18:00 horas, la Biblioteca Pública 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' acogerá a la periodista y activista afgana Khadija Amin. En un encuentro organizado en colaboración con Amnistía Internacional, Amin compartirá su experiencia personal y la alarmante situación de retroceso de derechos humanos que sufren las mujeres bajo el régimen talibán.

El evento coincide con la exposición fotográfica 'Ellas son la revolución', que estará disponible en el hall de la biblioteca del 2 al 15 de marzo. Khadija Amin, quien fuera una de las voces más prominentes de la televisión pública en Kabul, vive hoy exiliada en España, desde donde denuncia el borrado sistemático de las mujeres en la vida pública de su país.

Esta charla-coloquio ofrece una oportunidad única para escuchar de primera mano a una de las figuras más comprometidas con la libertad de prensa y de género en el ámbito internacional. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La gran final del Benidorm Fest ha dejado este año una imagen para el recuerdo gracias al extraordinario papel interpretativo de la cacereña Myriam Gallardo Sánchez. Quien ve a esta intérprete de lengua de signos sobre el escenario, aunque sea una sola vez, difícilmente la olvida; su manera de interpretar la música es tan sentida y especial que logra transmitir el alma de las canciones con una expresividad que trasciende lo convencional. Su participación en la gala decisiva del festival no solo ha garantizado la accesibilidad, sino que ha elevado la interpretación a una categoría artística de primer nivel, convirtiéndose en el corazón de un servicio gestionado por la empresa extremeña Papirola Gestión para Televisión Española.

Esta apuesta por un festival que llegue a todas las personas sin exclusiones ha sido posible gracias al despliegue técnico y humano de la firma cacereña, que ha coordinado a un equipo de cuatro intérpretes más personal de gestión técnica. Desde la dirección de Papirola Gestión han destacado que el objetivo fundamental de este servicio ha sido dotar a la lengua de signos de un alto componente artístico. De este modo, no solo se ofrece al colectivo de personas con discapacidad auditiva el contenido de las letras, sino que se les hace partícipes del ritmo, la sensibilidad y toda la fuerza que envuelve a las composiciones musicales, logrando una experiencia sensorial completa y profunda a través de la comunicación visual.

La solvencia mostrada en este evento nacional es el resultado de la sólida trayectoria que Papirola Gestión mantiene en Extremadura, donde la empresa es un referente en formación y comunicación accesible. Desde hace más de trece años, la entidad integra módulos específicos de lengua de signos en sus programas formativos para monitores y directores de tiempo libre, y es, además, la responsable de garantizar la interpretación de las comparecencias oficiales en numerosas instituciones públicas. Esta veteranía en la gestión de servicios de comunicación pública ha sido clave para el éxito de la propuesta en el Benidorm Fest, reafirmando la capacidad de las empresas de la región para liderar proyectos de gran impacto y sensibilidad social.

Con esta intervención, Extremadura vuelve a demostrar su liderazgo en el ámbito de la inclusión, personificado en la figura de Myriam Gallardo Sánchez, cuya capacidad para transmitir emociones a través del signo ya es parte de la historia del certamen. El trabajo realizado por Papirola Gestión subraya la importancia de contar con profesionales que no solo dominan su técnica, sino que viven y sienten cada nota para hacer que la música, en todas sus formas, sea verdaderamente universal y accesible para toda la ciudadanía.

Cáceres acogerá el próximo 13 de febrero un encuentro público y gratuito con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero, con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres en las áreas STEM y fomentar la igualdad de género en el ámbito científico y tecnológico. La cita tendrá lugar en el Espacio UEx, en la avenida Virgen de la Montaña número 14, de 17.00 a 20.00 horas.

El evento requiere inscripción previa, ya que las plazas para cada actividad son limitadas. Está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura y la Asociación OKOLA, junto a científicas e investigadoras. El programa está dirigido a madres, padres, educadores y jóvenes y contempla también actividades científicas para niñas y niños.

La temática central de esta edición es 'Sesgos de género en la Inteligencia Artificial', una cuestión clave en el debate actual sobre el desarrollo tecnológico. La sesión se inaugurará con la conferencia Nacidas para ver, pero no educadas para mirar, a cargo de la catedrática, académica de la Lengua de Extremadura y escritora Pilar Galán.

A continuación intervendrá Iolanda Ogando, profesora de la Universidad de Extremadura e investigadora especializada en postliteratura, que presentará su trabajo 'La huella de las mujeres en el espacio público'. Tras las ponencias se abrirán mesas de debate en las que participarán investigadoras, científicas y público asistente para reflexionar sobre cómo educar en igualdad, evitar los sesgos de género en el lenguaje, facilitar el acceso de las mujeres a las carreras científicas y acercar la ciencia y la tecnología a las niñas.

De manera paralela se desarrollarán talleres científicos dirigidos a niñas y niños, todos ellos impartidos por mujeres investigadoras de la Universidad de Extremadura. Entre las propuestas se encuentran 'Descubriendo el cerebro: ciencia en acción', un taller práctico para conocer cómo funciona el cerebro a través del juego y la experimentación; 'Sensaciones y movimiento', centrado en el cuerpo como espacio de conocimiento científico; 'La bioquímica en acción: ciencia en los alimentos y la vida', que acerca la química a la vida cotidiana, y 'Movimiento con propósito: ciencia, ejercicio y prevención del cáncer, vinculado a la investigación en ejercicio físico y salud'.

Desde la organización se subraya que la brecha de género en las carreras STEM sigue siendo un problema estructural que influye tanto en la elección de los temas de investigación como en la mirada desde la que se abordan. En este sentido, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial en ámbitos como la medicina o la educación, pero también en un espacio en el que los sesgos sociales pueden reproducirse si no se desarrollan los sistemas con una mirada crítica.

La IA aprende de los datos que recibe y, cuando estos reflejan desigualdades de género, los algoritmos pueden reproducirlas o amplificarlas. Los sesgos pueden aparecer en los datos de entrenamiento, en el diseño de los modelos o en la falta de diversidad de los equipos que los crean, por lo que el encuentro plantea la necesidad de reflexionar sobre el papel de la tecnología en la construcción de una sociedad más justa.

En este contexto, Helena Guerra, de la Asociación OKOLA, destaca la importancia de que haya más mujeres en el ámbito tecnológico y científico. Señala que está demostrado que los equipos funcionan mejor cuanto más diversos son, “ya que incorporan miradas distintas, toman decisiones más completas y desarrollan soluciones más justas, y defiende que promover la presencia de mujeres en el universo tech no es solo una cuestión de igualdad, sino también de calidad democrática y de avance social”.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa a través del formulario habilitado. También se puede obtener más información en el teléfono 633 535 975.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.