Las plantillas orgánicas de los centros educativos públicos determinan las plazas estructurales que se cubren con funcionarios de carrera con destino definitivo. Por el contrario, la plantilla funcional varía cada curso en función de las necesidades coyunturales. Sin una plantilla orgánica suficiente para atender las necesidades reales de un centro, resulta difícil garantizar la estabilidad indispensable para desarrollar su proyecto educativo. 

La Consejería de Educación conoce esta realidad, pero ha ido aplazando su solución año tras año, con independencia del color político de los distintos gobiernos de la Junta de Extremadura. Es necesario abordar de una vez la transformación de plazas funcionales en orgánicas, especialmente cuando determinadas especialidades acumulan varios cursos consecutivos cubriendo necesidades estructurales mediante plazas provisionales. 

El aumento de las plantillas orgánicas aporta dos beneficios fundamentales: mayor estabilidad en los equipos docentes y reducción de la necesidad de recurrir a comisiones de servicio. Además, favorece la conciliación de la vida familiar y laboral al permitir que el profesorado obtenga destinos definitivos y desarrolle su labor durante varios años en el mismo centro. 

Esta estabilidad es garantía de calidad educativa. Permite dar continuidad a los proyectos, consolidar los departamentos y equipos docentes, mejorar la coordinación pedagógica y realizar un seguimiento más eficaz del alumnado, en especial de quienes presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 

La educación pública, como cualquier otro servicio público, no puede limitarse a cubrir los mínimos mediante medias jornadas (que deberían transformarse en completas), trasvases de horas entre especialidades o soluciones provisionales. Reforzar adecuadamente las plantillas es una condición imprescindible para garantizar una atención de calidad y en igualdad de condiciones. 

Es cierto que la negociación de las plantillas orgánicas está contemplada en el acuerdo Horizonte +, pero su estudio se ha previsto para 2028. PIDE considera que no es razonable demorar durante dos años más una solución que los centros necesitan de inmediato. Por ello, reclamamos que se adelante el análisis y la negociación de las necesidades reales para que puedan abordarse en la próxima planificación de plantillas, en enero de 2027. 

Los centros educativos necesitan equipos docentes suficientes, estables y comprometidos, no soluciones provisionales que se repiten curso tras curso. Por todo ello, PIDE exige a la Consejería de Educación que transforme las necesidades estructurales en plazas orgánicas y dote a los centros de los recursos humanos necesarios para garantizar la continuidad de sus proyectos educativos y una atención adecuada a todo el alumnado. 

El próximo 11 de noviembre estamos llamados a una huelga general por salarios suficientes, vivienda asequible y condiciones de vida dignas. Desde UGT hemos convocado esta movilización junto a otras organizaciones sindicales y sociales porque el trabajo debe permitir cubrir las necesidades básicas y desarrollar un proyecto de vida. Sin embargo, para demasiadas personas, disponer de un empleo ha dejado de ser garantía de esa seguridad.

La vivienda ocupa un lugar central en esta convocatoria por su impacto directo sobre los ingresos de las personas trabajadoras. El encarecimiento del alquiler y las dificultades para acceder a una vivienda absorben una parte creciente de los salarios, limitan la emancipación de la juventud y condicionan las oportunidades laborales. Defender el poder adquisitivo exige abordar también el coste de una necesidad tan esencial como disponer de un hogar.

En Extremadura, esta realidad resulta especialmente preocupante por nuestros bajos niveles de renta. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, elaborada por el INE y publicada por el Instituto de Estadística de Extremadura, los ingresos medios netos por hogar se situaron en 30.519 euros anuales, casi 8.500 euros por debajo de la media española.

A esta diferencia se añade la presión del alquiler. Los datos del INE recogen una media de 466 euros en Cáceres y de 480 euros en Badajoz, aunque incluyen contratos suscritos hace años. Los precios anunciados para quienes buscan vivienda en la actualidad muestran una situación distinta: según idealista, alquilar un piso de 80 metros cuadrados supone unos 616 euros mensuales, el nivel más elevado de su serie.

Estos importes deben ponerse en relación con nuestra estructura salarial. Según el INE, en 2024 el 40,2 % de las personas asalariadas extremeñas percibía menos de 1.582 euros brutos mensuales, el porcentaje más alto del país. Un alquiler de 616 euros equivale a cerca del 40 % de ese salario bruto de referencia; para quienes ingresan menos, la proporción es aún mayor. Después deben afrontar los suministros, la alimentación y el transporte, un gasto especialmente relevante en una comunidad extensa y con una población muy dispersa.

La vivienda también puede convertirse en una barrera para acceder al empleo. Una persona residente en Las Hurdes que recibe una oferta de trabajo en Zafra, Mérida o Badajoz puede necesitar trasladar su residencia. Si el salario ofrecido no permite asumir un alquiler en el destino, esa oportunidad deja de ser viable. Esta dificultad afecta a quienes buscan trabajo y puede obstaculizar la cobertura de puestos en las empresas. El acceso a la vivienda tiene, por tanto, consecuencias sobre la movilidad laboral y el desarrollo de nuestra región.

Por estas razones, la vivienda forma parte de la acción sindical. Las mejoras que conseguimos en la negociación colectiva pierden eficacia cuando el coste de alojarse absorbe una proporción cada vez mayor de la nómina. Necesitamos que las subidas salariales se traduzcan en una mejora real de las condiciones de vida.

Nuestro compromiso con esta cuestión tiene una trayectoria concreta. En octubre de 2024, UGT presentó una reclamación contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa por la vulneración del derecho a la vivienda. Fue admitida a trámite en diciembre de 2025 y continúa pendiente de resolución. También hemos presentado propuestas para ampliar la vivienda asequible y hemos incorporado esta preocupación a la negociación colectiva. Estas iniciativas deben ocupar el espacio que les corresponde en el debate público, con información suficiente sobre sus objetivos y sobre las responsabilidades de quienes deben hacerlas efectivas.

En materia salarial, reconocemos los avances alcanzados. Las subidas del salario mínimo interprofesional han mejorado los ingresos de miles de personas, con especial relevancia en Extremadura. Son conquistas que debemos defender y consolidar. Pero los avances resultan insuficientes si el aumento del coste de la vida impide que las familias recuperen capacidad de compra.

Por ello, reclamamos el desbloqueo de la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el AENC, que debe orientar las mejoras salariales de los convenios. La propuesta sindical está presentada y la patronal debe asumir su responsabilidad y sentarse a negociar. Necesitamos salarios que permitan recuperar poder adquisitivo, garantías frente a la inflación y medidas que tengan en cuenta las dificultades de acceso a la vivienda.

También siguen pendientes reformas laborales necesarias. La reducción de la jornada debe avanzar, el registro horario debe garantizar que todo el tiempo trabajado quede reflejado y las horas extraordinarias deben recibir la compensación correspondiente. Asimismo, es preciso regular la compensación y absorción de complementos para evitar que las subidas del salario mínimo queden neutralizadas y no se traduzcan en una mejora efectiva de las retribuciones.

Esta convocatoria interpela a cada institución y organización en el ámbito de sus responsabilidades. El Estado, la Junta de Extremadura y los ayuntamientos deben actuar, dentro de sus respectivas competencias, para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible. La patronal debe desbloquear la negociación salarial y los convenios pendientes. El Gobierno debe impulsar las reformas laborales comprometidas. Las personas trabajadoras necesitan respuestas concretas y plazos para su aplicación.

El diálogo social ha permitido alcanzar acuerdos de gran importancia, desde la reforma laboral hasta la protección del empleo mediante los ERTE durante la pandemia, las mejoras del salario mínimo o la reforma de las pensiones. Esa experiencia demuestra el valor de negociar. También nos obliga a actuar cuando las soluciones se demoran y los problemas se agravan. La movilización forma parte de nuestra responsabilidad como organización sindical.

Somos conscientes del esfuerzo que supone secundar una huelga. Precisamente por eso, estamos explicando sus motivos en las asambleas comarcales y en los centros de trabajo. En esos encuentros se expresa una preocupación compartida por distintas generaciones. El testimonio de un jubilado que nos trasladó las dificultades de su hija, con empleo, pero sin posibilidad de emanciparse, resume bien esta realidad. Quienes defendieron mejores salarios durante su vida laboral reclaman hoy que sus hijos e hijas puedan construir una vida autónoma.

Como secretaria general de UGT Extremadura, hago un llamamiento a las trabajadoras y los trabajadores a participar en la huelga del 11 de noviembre, y a la juventud a implicarse en una movilización que afecta directamente a su presente y a su futuro. Invito también a la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones que celebraremos por la tarde en las ciudades de Extremadura. Quienes no puedan secundar el paro pueden expresar su apoyo y sus reivindicaciones en la calle.

Quiero reconocer el compromiso de nuestros delegados y delegadas y de nuestra afiliación, cuya labor está siendo fundamental para informar, escuchar y promover la participación.

El 11 de noviembre debemos hacer visible una exigencia compartida: que trabajar permita vivir con dignidad. Extremadura necesita salarios suficientes, vivienda asequible y respuestas a la altura de las dificultades que afronta su ciudadanía. Desde UGT Extremadura seguiremos defendiendo esas demandas en la negociación, en los centros de trabajo y en la calle.

Reconozco que esta precampaña está siendo mucho más intensa de lo que esperaba. Veníamos de unas semanas en las que la crisis migratoria de Ceuta parecía haberse convertido en el único asunto capaz de acaparar la conversación pública. Un marco que sabemos que alimenta el discurso racista de la extrema derecha y esa idea de una supuesta invasión que nada tiene que ver con la realidad. Porque lo que tenemos delante no es una invasión, sino una crisis migratoria y humanitaria de primer orden que exige respuestas políticas desde la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. La inmigración no es un problema que haya que resolver, es una realidad social y humana que tenemos que abordar con responsabilidad y dignidad.

Pero sabemos por qué la extrema derecha se siente tan cómoda en ese terreno. Es mucho más fácil señalar al que está abajo, al que llega en busca de una oportunidad, como responsable de los problemas de acceso a la vivienda, de la falta de oportunidades o de la precariedad laboral, que señalar a quienes realmente los provocan, aquellos que precarizan, abusan, explotan y acaparan viviendas para especular con ellas. Desviar la atención de las causas estructurales y enfrentar a quienes comparten problemas es una vieja estrategia que siempre beneficia a los mismos.

El derecho a la vivienda, en el centro

Por eso me parece especialmente positivo que esta precampaña haya girado y que, gracias también al trabajo y a la movilización del Sindicato de Inquilinas, hayamos conseguido colocar en el centro una cuestión que afecta a la vida cotidiana de millones de personas como es la vivienda.

Porque hay cosas que sencillamente no son normales. No es normal que familias tengan que compartir habitaciones en un piso porque no pueden permitirse alquilar una vivienda completa. No es normal que una persona joven, aun teniendo un empleo, no pueda emanciparse. No es normal que haya parejas que no puedan separarse porque no pueden afrontar dos alquileres. Y, sobre todo, no es normal que un derecho constitucional, reconocido como básico, no esté garantizado y se haya convertido en un lujo al alcance de cada vez menos gente.

Escuchando a las derechas, pareciera que vivimos bajo un régimen de intervencionismo estatal extremo en el mercado inmobiliario. Pero la realidad es justo la contraria: hemos dejado que un derecho fundamental quede sometido a las reglas de un mercado que funciona como una máquina de extracción de rentas. La Ley estatal de Vivienda, que conseguimos arrancar al PSOE desde la izquierda transformadora, ha sido insuficiente. Ha servido para poner algunos parches, pero ni ha ido todo lo lejos que necesitábamos ni ha contado con la colaboración de comunidades autónomas como las gobernadas por el Partido Popular, que han hecho de la insumisión y el boicot su política de vivienda.

Intervenir el mercado y frenar la especulación

El problema es mucho más profundo. Es el propio capitalismo el que consigue convertir derechos constitucionales y necesidades básicas en bienes de mercado con los que especular. Y frente a eso no bastan los discursos ni las medidas cosméticas. Necesitamos darle la vuelta como a un calcetín al mercado de la vivienda, intervenirlo, topar los alquileres, movilizar la vivienda vacía, poner límites a la especulación y establecer moratorias a los pisos turísticos en aquellos barrios donde la expulsión de los vecinos se ha convertido en una realidad cotidiana. La vivienda tiene que volver a estar al servicio de quienes la necesitan para vivir, no de quienes la utilizan para enriquecerse.

En este contexto, la convocatoria de una huelga general es mucho más que necesaria. Y conviene desmontar otra de las trampas del discurso de la derecha y es que no es una huelga contra la oposición, como pretenden hacer creer. Es una huelga que interpela a todas las administraciones, independientemente de su color político, y que señala a quienes han mirado hacia otro lado mientras las condiciones materiales de la mayoría social se deterioraban hasta hacer prácticamente imposible vivir dignamente en un país cuya economía, nos dicen, va tan bien.

Porque el crecimiento económico no puede ser un éxito si no llega a la vida de la gente. No podemos conformarnos con que crezcan los beneficios empresariales mientras se disparan los alquileres, se precariza el empleo y cada vez cuesta más llenar la cesta de la compra.

Y esta huelga debería servir también para construir alianzas con otros sectores que están sufriendo las mismas dinámicas. Pienso especialmente en la agricultura. Los mismos fondos de inversión que están acaparando viviendas están poniendo sus ojos en las tierras agrarias y en los recursos hídricos. Si permitimos que la producción de alimentos quede cada vez más concentrada en manos de grandes estructuras financieras, cuyos intereses económicos muchas veces están fuera de nuestro país, estaremos poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria. ¿De qué nos servirá tener alimentos si quienes producen la tierra desaparecen y nuestra alimentación depende de los intereses especulativos de unos pocos? La vivienda y la alimentación son derechos, no oportunidades de negocio para los fondos de inversión.

El accidente de Urda y la responsabilidad política

Y, en medio de este debate, la tragedia del accidente de Urda nos ha golpeado a todos. Creo que la política debe mostrar, especialmente en una precampaña, respeto hacia las víctimas y sus familias. Hay líneas que no deberían cruzarse y la utilización electoral del dolor, esa necropolítica que convierte las tragedias en munición partidista, es una de ellas.

La dimisión del ministro Óscar Puente me parece, en este sentido, un ejercicio de decencia y dignidad política al que no estamos demasiado acostumbrados. Y contrasta enormemente con lo que vimos después de la DANA, un Carlos Mazón que seguía aferrado al cargo, aplaudido por Feijóo y por dirigentes del Partido Popular, entre ellos María Guardiola, que le brindó su respaldo apenas una semana después de una tragedia que costó la vida a 233 personas y en la que la gestión de la emergencia y la ausencia de avisos a tiempo resultaron determinantes. La comparación con la DANA que hemos sufrido este mismo año, de intensidad y características similares, en la que fallecieron tres personas, evidencia la importancia de que los gobiernos actúen con responsabilidad, anticipación y sin negacionismos. La prevención y la coordinación salvan vidas.

El abandono del mantenimiento de infraestructuras

Pero el accidente ferroviario también debería obligarnos a una reflexión que va más allá de las responsabilidades políticas inmediatas. Nos enfrenta a las consecuencias de un modelo de desarrollo que ha priorizado durante décadas las grandes inversiones, las nuevas construcciones y las infraestructuras inaugurables frente al mantenimiento de lo que ya tenemos. Un modelo que parece entender que el progreso consiste en poner primeras piedras, anunciar proyectos y cortar cintas, pero que olvida que las infraestructuras necesitan inversión continuada, conservación y mantenimiento para garantizar su seguridad y su viabilidad.

Es la lógica de un capitalismo que siempre necesita una nueva obra, un nuevo proyecto, una nueva oportunidad de negocio, pero que no encuentra rentabilidad política ni económica en cuidar lo construido. Y cuando las infraestructuras envejecen, cuando el mantenimiento se posterga y cuando las inversiones no responden a las necesidades reales, las consecuencias pueden ser dramáticas.

Un tren digno y accesible para Extremadura

Esta reflexión es especialmente importante para Extremadura. Desde Unidas por Extremadura hemos defendido muchas veces que nuestra tierra no necesitaba únicamente alta velocidad. Necesitaba, y sigue necesitando, un ferrocarril digno, rápido y seguro, sí, pero sobre todo un tren convencional que vertebre el territorio. Que conecte nuestros pueblos con nuestras ciudades, nuestras capitales entre sí y Extremadura con el oeste peninsular. Un tren que no convierta cualquier desplazamiento en una aventura de cinco horas hasta Madrid y que sea accesible para todos los bolsillos. Porque el ferrocarril no puede diseñarse pensando exclusivamente en quienes necesitan llegar cuanto antes a Madrid por motivos profesionales, sino en la mayoría de la población que necesita transporte público para trabajar, estudiar, acudir al médico o sencillamente ejercer su derecho a vivir donde quiera.

La realidad vuelve a irrumpir en esta precampaña para recordarnos que hay debates que no podemos seguir aplazando. La DANA nos mostró las consecuencias del negacionismo climático y de la irresponsabilidad en la gestión de las emergencias. El accidente ferroviario nos obliga a cuestionar un modelo de desarrollo que confunde progreso con grandes inversiones y olvida que mantener lo público también es invertir en futuro y en seguridad.

Y quizá esa sea la cuestión que conecta todos estos debates y es que quién paga las consecuencias de un sistema que convierte las necesidades de la mayoría en oportunidades de negocio para unos pocos. Quienes no pueden pagar un alquiler, quienes trabajan la tierra y ven cómo se concentra la propiedad, quienes viven en pueblos sin transporte digno o quienes dependen de unos servicios públicos cada vez más tensionados.

Frente a quienes quieren que discutamos entre nosotros, que miremos hacia abajo o que nos conformemos con los grandes titulares de crecimiento económico, toca señalar hacia arriba y hablar de derechos, de redistribución de la riqueza, de servicios públicos y de justicia social.

Porque el verdadero debate de esta precampaña no debería ser quién consigue imponer el relato más ruidoso, sino quién está dispuesto a cambiar las cosas para que la gente pueda vivir mejor. Y para eso necesitamos algo más que promesas electorales, necesitamos organización, movilización y valentía política para poner la economía al servicio de la vida.

Hace apenas unos meses, el PSOE extremeño parecía avanzar sin rumbo, sin un horizonte definido y sin objetivos claros. Hoy, en un contexto preelectoral marcado por la proximidad de las elecciones generales y de las municipales, esa percepción parece estar cambiando de manera notable, al menos entre una parte de la militancia y de los simpatizantes socialistas en Extremadura. «Ya no vamos con la sensación de que vamos a perder», comentaban hace unos días dos militantes históricos del partido. Una frase que, más allá de su aparente sencillez, refleja un cambio de ánimo que merece ser analizado.

Y es que Álvaro Sánchez Cotrina y su equipo de dirección parecen estar consiguiendo algo fundamental para cualquier organización política que aspira a recuperar el poder: reorientar su estrategia, recuperar la iniciativa y devolver la confianza a sus propias filas. El PSOE extremeño transmite una imagen renovada, con nuevas estrategias de comunicación que están logrando una mayor conexión con la ciudadanía, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales y, especialmente, en ese espacio tan difícil de medir como decisivo que es el boca a boca.

A ello se suma la renovación de las candidaturas al Congreso y al Senado, con la incorporación de juventud y experiencia en ambas provincias. Una combinación que pretende proyectar un mensaje de renovación, solvencia y ambición política. Porque, en política, renovar no consiste únicamente en cambiar nombres: supone también transmitir que existe un proyecto, un equipo dispuesto a defenderlo y una organización que vuelve a creer en sus posibilidades.

Es cierto que los procesos de renovación interna rara vez están exentos de tensiones, discrepancias y desencuentros. Los cambios alteran equilibrios, generan resistencias y obligan a redefinir espacios de responsabilidad. Sin embargo, cuando se acompañan de un proyecto reconocible y de una estrategia bien articulada, pueden convertirse en una oportunidad para recuperar la iniciativa política y electoral.

La historia reciente del socialismo extremeño ofrece un precedente significativo. En 2015, Guillermo Fernández Vara concurrió a las elecciones autonómicas con una importante renovación de las candidaturas, tanto en el ámbito regional como en numerosos municipios, y con una presencia destacada de mujeres. Aquel proceso contribuyó a proyectar una imagen de renovación y apertura que, cuatro años después, acompañaría al PSOE en su victoria electoral frente al Partido Popular de José Antonio Monago y en la recuperación del Gobierno de la Junta de Extremadura. La historia no tiene por qué repetirse, pero sí ofrece algunas lecciones que conviene tener presentes.

Mientras tanto, el desgaste de la presidenta María Guardiola constituye otro factor que puede influir en el escenario político extremeño. Las dificultades para articular una mayoría estable, la repetición electoral y la posterior dependencia parlamentaria de Vox han condicionado su posición política. A ello se han sumado distintas controversias y problemas de gestión que han alimentado las críticas a su Gobierno, desde las incidencias en el transporte escolar hasta los problemas en el ámbito sanitario o la polémica relacionada con la delegación de funciones del consejero de Agricultura de Castilla y León.

Este conjunto de circunstancias puede estar abriendo una ventana de oportunidad para el PSOE. Una parte del electorado que en los últimos procesos electorales optó por el Partido Popular o la abstención podría comenzar a reconsiderar su posición si percibe que existe una alternativa creíble, renovada y capaz de ofrecer respuestas a los problemas cotidianos de Extremadura. En ese contexto, el proyecto que encarna Álvaro Sánchez Cotrina tiene ante sí el reto de convertir la recuperación de la confianza interna en una propuesta política reconocible para el conjunto de la ciudadanía.

A este escenario se suma la creciente visibilidad del ministro extremeño Carlos Cuerpo, cuya proyección política puede contribuir a reforzar la presencia de Extremadura en el debate nacional y a ofrecer nuevos referentes al electorado socialista. Su trayectoria y su protagonismo en la política económica española representan, además, un activo que el PSOE extremeño podría aprovechar para reivindicar la capacidad de sus cuadros y su influencia en las decisiones que afectan al conjunto del país.

La combinación de estos factores —renovación orgánica, recuperación del ánimo militante, mayor iniciativa comunicativa, desgaste del Gobierno autonómico y nuevos referentes políticos— puede favorecer una mejora de la movilización socialista. Y la movilización, en unas elecciones, importa tanto como la capacidad de atraer nuevos votantes. Recuperar a quienes dejaron de sentirse representados, convencer a quienes dudan y volver a implicar a quienes se habían desentendido de la política son tareas imprescindibles para cualquier partido que aspire a ganar.

Ahora bien, el optimismo no debe confundirse con una victoria anticipada. La mejora del ambiente interno y la mayor presencia mediática no garantizan, por sí solas, mejores resultados electorales. El PSOE extremeño tendrá que demostrar que su renovación va más allá de los nombres y los mensajes, que dispone de propuestas concretas para los problemas de la región y que es capaz de mantener la cohesión interna sin perder de vista a la ciudadanía. La ilusión puede ser el punto de partida, pero necesita un proyecto sólido para convertirse en una alternativa real de Gobierno.

Si en las próximas elecciones generales el PSOE lograra mejorar sustancialmente sus resultados, o incluso imponerse en las urnas, el escenario político extremeño podría experimentar un cambio de expectativas. Y si esa tendencia se trasladara después a las elecciones municipales, María Guardiola y el Partido Popular de Extremadura tendrían motivos para revisar sus cálculos electorales.

La presidenta ha construido una parte importante de su discurso político sobre la confrontación con el presidente del Gobierno de España. Esa estrategia puede movilizar a una parte de su electorado, pero también implica asumir riesgos: cuando se convierte al adversario nacional en uno de los principales ejes del debate autonómico, los resultados de las elecciones generales dejan de ser completamente ajenos a la valoración del Gobierno regional.

Por eso, las próximas citas electorales no solo medirán la fortaleza de los partidos en sus respectivos ámbitos. También servirán para comprobar si el PSOE extremeño ha conseguido recuperar parte de la confianza perdida y si el PP de Guardiola mantiene la capacidad de movilización que le permitió alcanzar el Gobierno autonómico.

Quizá todavía sea pronto para afirmar que el viento ha cambiado de dirección. Pero algo parece estar moviéndose en el socialismo extremeño: allí donde hace unos meses predominaban el desánimo y la incertidumbre, comienza a abrirse paso una expectativa diferente. Y en política, cuando un partido deja de dar por segura la derrota y vuelve a contemplar la posibilidad de ganar, el primer cambio electoral puede producirse mucho antes de que se abran las urnas.

La operación policial que investiga en Badajoz la presunta venta de cuatro menores por parte de su madre ha provocado el rechazo unánime que cabía esperar. Un niño no se compra. Una niña no se vende. Y nadie tiene derecho a adquirirlo porque lo desee, porque pueda pagarlo o porque encuentre a alguien dispuesto a entregárselo. Hasta ahí parece que estamos de acuerdo. Por eso me interesa otra pregunta, una más incómoda.

¿Por qué cuando una mujer presuntamente entrega a sus hijos a cambio de dinero hablamos de explotación, pero cuando una mujer gesta un hijo para terceros a cambio de dinero todavía hay quien lo presenta como una forma de solidaridad?

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en una investigación por una presunta red de compraventa de menores. Entre ellas figura una mujer a la que se atribuye la venta de cuatro de sus hijos. La investigación continúa abierta y todavía quedan muchas preguntas por responder. Habrá que determinar qué ocurrió exactamente, quién intervino, quién pagó, quién recibió a esos menores y si existieron intermediarios que obtuvieron beneficios.

Pero esa última cuestión merece detenerse un momento porque en cualquier negocio de compraventa no solo hay quien entrega, también hay quien recibe y con frecuencia, alguien que hace negocio facilitando la operación.

Se lleva años investigando la industria de los vientres de alquiler y todavía me sorprende la capacidad que tiene para esconder la realidad detrás de un lenguaje cuidadosamente elegido. No habla de negocio, habla de ayuda. No habla de intermediarios, habla de acompañamiento. No habla de clientes, habla de futuros padres. No habla de mujeres cuya capacidad reproductiva se convierte en un recurso disponible para terceros, sino de gestantes altruistas.

Y sin embargo, cuando se aparta toda esa terminología, lo que queda es bastante sencillo de entender. Una mujer pone el cuerpo. Se somete a tratamientos médicos, atraviesa un embarazo y da a luz. Otras personas desean tener un hijo y recurren a un sistema organizado para conseguirlo. Entre ambos aparecen agencias, clínicas, despachos especializados y estructuras empresariales que intervienen en el proceso y obtienen beneficios económicos de él.

Un contrato no convierte una práctica en ética. Tampoco una clínica, un abogado o una agencia internacional. A veces solo sirven para que una realidad cruel resulte más fácil de mirar. Hay quien sostiene que no puede hablarse de compraventa porque no se compra a un niño, sino un proceso de gestación pero el argumento nunca termina de responder a la cuestión fundamental. Todo el procedimiento está diseñado para que al final del embarazo el bebé sea entregado a quienes encargaron el proceso.

No estamos hablando de alquilar una vivienda ni de contratar una reforma. Estamos hablando de reproducción humana. Por eso me llama la atención la facilidad con la que desaparecen determinados argumentos cuando cambiamos de escenario.

Quienes defienden la gestación subrogada suelen recurrir a la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y al consentimiento libre e informado. Son conceptos que aparecen una y otra vez en el debate público.

Pero si una mujer puede decidir libremente gestar para otras personas, ¿por qué ese argumento desaparece cuando una mujer entrega a sus hijos a cambio de dinero? Si el consentimiento lo resuelve todo, debería resolverlo siempre. Y si no lo resuelve siempre, entonces quizá el problema sea que llevamos demasiado tiempo utilizando la palabra libertad para evitar hablar de desigualdad, de dinero y de poder.

No estoy afirmando que los hechos investigados en Badajoz y la gestación por sustitución sean jurídicamente idénticos. No lo son. Tampoco atribuyo a la mujer detenida circunstancias que desconocemos. Lo que cuestiono es la forma en que utilizamos determinadas categorías morales según el contexto en el que se produce la transacción.

Cuando la historia sucede en un barrio humilde y aparece una madre vulnerable, hablamos de explotación. Cuando intervienen agencias internacionales, abogados, clínicas privadas y decenas de miles de euros, el lenguaje cambia. Entonces aparecen palabras como solidaridad, generosidad, proyecto familiar o ayuda reproductiva.

Pero los eufemismos nunca han cambiado la realidad de las cosas. Desde el feminismo radical se llevan décadas planteando una pregunta: ¿basta el consentimiento para legitimar cualquier actividad económica relacionada con el cuerpo de las mujeres? Yo creo que no.

La falsa libertad

La libertad individual existe, por supuesto. Las mujeres somos capaces de tomar decisiones y no necesitamos tutela. Pero una sociedad no puede analizar esas decisiones al margen de las condiciones económicas en las que se producen ni de las relaciones de poder que las atraviesan. De lo contrario tendríamos que aceptar que cualquier práctica queda automáticamente legitimada por el simple hecho de que alguien esté dispuesto a aceptarla.

Tampoco me convence otro de los argumentos habituales: el sufrimiento de quienes no pueden tener hijos. La infertilidad puede resultar devastadora. El deseo de formar una familia merece respeto. Pero los deseos, incluso los más comprensibles, no generan automáticamente derechos sobre el cuerpo de otras personas. Mucho menos cuando para satisfacerlos es necesario convertir la capacidad reproductiva de una mujer en un servicio disponible para terceros. De eso sabe mucho la activista extremeña Ana Trejo y se puede ver en sus trabajos.

En España, además, los contratos de gestación por sustitución son nulos de pleno derecho. Y el Código Penal contempla sanciones para la entrega remunerada de menores al margen de los procedimientos legalmente establecidos, así como para quienes reciben o intermedian en esas operaciones. Eso no significa que cualquier caso de la mal llamada gestación por sustitución constituya automáticamente un delito. Pero sí pone de manifiesto que la reproducción, la filiación y los intereses económicos asociados a ellas son materias especialmente sensibles para el ordenamiento jurídico.

Por eso me resulta llamativo que la operación de Badajoz se interprete sin dificultad como una presunta compraventa de menores mientras la industria internacional de los vientres de alquiler continúa presentándose en determinados discursos como una obra de bien. ¿Qué cambia realmente? ¿El país donde se produce la entrega? ¿La cantidad de dinero? ¿El poder adquisitivo de quienes participan? ¿La existencia de contratos redactados por despachos especializados?

La operación de Badajoz terminará algún día en los tribunales y serán los jueces quienes determinen qué ocurrió exactamente. Pero hay una pregunta que seguirá ahí después de la última sentencia: ¿Qué diferencia una presunta compraventa de menores de un negocio internacional construido alrededor de mujeres que gestan para otros y de niños cuya entrega está prevista antes incluso de nacer?

Hay quien responderá que la diferencia está en los contratos, en las clínicas o en los despachos de abogados. Yo creo que está, sobre todo, en nuestra capacidad para aceptar determinadas formas de explotación cuando llegan envueltas en un relato amable. Porque cuando hacen falta agencias, abogados, clínicas privadas, decenas de miles de euros y una compleja arquitectura jurídica para explicar por qué algo no es una compraventa, quizá lo primero que deberíamos preguntarnos es si realmente no lo es. Y es que los vientres de alquiler son, a mi entender y sin ningún tipo de dudas, ocurran en Badajoz o en Ucrania, un negocio de compraventa de seres humanos.

Hablar del futuro de la educación pública extremeña exige hablar también de las condiciones en las que trabajan las trabajadoras y los trabajadores del sector. No podemos aspirar a una enseñanza de calidad, inclusiva y capaz de compensar las desigualdades sociales y territoriales sin garantizar unas condiciones laborales dignas a quienes tienen la responsabilidad de hacerla posible cada día.

En Extremadura, esta reflexión resulta especialmente necesaria. Nuestra extensa red de centros rurales, la dispersión geográfica, las dificultades para estabilizar determinadas plantillas y la creciente complejidad de la tarea educativa requieren respuestas específicas. Sin embargo, demasiadas veces las mejoras laborales en el sector educativo se presentan como reivindicaciones corporativas, desvinculadas de las necesidades del alumnado. Nada más lejos de la realidad, cuidar a quienes enseñan es también cuidar el derecho a aprender.

Una de las cuestiones que debemos abordar es el envejecimiento de las plantillas. La enseñanza es una profesión sometida a un importante desgaste físico, psicológico y emocional. Por eso, desde CCOO defendemos recuperar el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto del profesorado, con las garantías necesarias para evitar penalizaciones económicas. Una reivindicación que debe formar parte de nuestra agenda sindical.

La Junta de Extremadura tiene capacidad para negociar mejoras concretas. Nuestra comunidad ya reconoce una reducción de dos horas semanales de docencia directa para el profesorado a partir de los 55 años, sin pérdida salarial. Desde CCOO proponemos ampliar este derecho hasta las tres horas a partir de los 55 años y las cinco desde los 60, garantizando su aplicación efectiva a todos los colectivos docentes, incluidos quienes desempeñan responsabilidades directivas, y dotando a los centros de los recursos humanos necesarios para que estas medidas no supongan una sobrecarga para el resto del profesorado.

También es imprescindible avanzar en el reconocimiento profesional. La integración del profesorado del subgrupo A2 en el A1, acompañada de la correspondiente mejora retributiva y de los niveles de complemento de destino, permitiría superar una división administrativa que no refleja adecuadamente la responsabilidad educativa de los distintos cuerpos docentes.

La recuperación salarial constituye otra prioridad inaplazable. El encarecimiento de la vida y la pérdida acumulada de poder adquisitivo obligan a negociar incrementos retributivos reales, con una mejora lineal del componente autonómico que alcance a todos los trabajadores del sector educativo extremeño. La homologación salarial debería haber servido para corregir desigualdades, no para consolidar nuevas diferencias entre colectivos.

Pero dignificar la profesión exige también reconocer tareas esenciales que permanecen insuficientemente valoradas. La tutoría implica coordinación con las familias, seguimiento individualizado del alumnado, atención a situaciones personales complejas y una responsabilidad creciente en la convivencia escolar. Reclamamos tiempo específico para desarrollarla y un reconocimiento económico adecuado e inmediato, no un nuevo aplazamiento que haga realidad esta medida en tres años.

Del mismo modo, las actividades complementarias y extraescolares necesitan una regulación que garantice la voluntariedad cuando corresponda, la compensación del tiempo trabajado, la cobertura de responsabilidades y unas condiciones organizativas seguras. La implicación del profesorado no puede descansar indefinidamente sobre su disponibilidad personal.

Estas reivindicaciones deben acompañarse de una reducción de la burocracia, plantillas suficientes, mayor estabilidad laboral y recursos adecuados para atender a la diversidad. Especialmente en los centros rurales, donde sostener una oferta educativa de calidad constituye también una herramienta fundamental contra la despoblación.

No estamos planteando privilegios, sino condiciones para ejercer dignamente una profesión esencial. Algunas las venimos peleando en la Mesa Sectorial con el Ministerio de Educación los que tenemos representatividad en ese ámbito, otras en la Mesa Sectorial con la Consejería de Educación. La clave está en conseguir que existan compromisos concretos, financiación suficiente y calendarios verificables, sin eso lo único que hay son brindis al sol.

La educación pública no mejora únicamente con declaraciones de intenciones. Mejora cuando se invierte en sus centros, se atienden las necesidades del alumnado y se reconoce el trabajo de sus profesionales.

Porque la educación que Extremadura merece también depende de las condiciones laborales de quienes la sostienen.

Que esta campaña electoral va a ser despiadada y va a estar plagada de insultos, descalificaciones, bulos y desinformación es algo más que evidente. Si en esta legislatura hemos normalizado el insulto, acuérdense del «me gusta la fruta» y de los cánticos que la muchachada ultra dedica al presidente del Gobierno como si de un himno de fútbol se tratara, no quiero ni imaginar hasta dónde podemos llegar en campaña electoral.

Esta semana, sin ir más lejos, una servidora ha sido víctima y protagonista de un vídeo del PP extremeño que la señora Guardiola ha tenido la gentileza de compartir. En él se manipulaban mis palabras para hacer creer que insultaba a la presidenta e incluso que la menospreciaba por maquillarse. Esto último tiene su gracia, porque parece que quien escribe no se acicala cada mañana antes de salir de casa.

Qué piel más fina tienen algunas. Ese mismo día tuvimos que escuchar a un diputado del PP decir que las diputadas del PSOE están “calladas como puertas”. No sé ustedes, pero yo esa frase hecha me la sé con otro final. Ahí tienen la doble vara de medir y el grado de degradación al que está llegando el PP, mientras a mí me acusan de insultar con un vídeo manipulado, ellos insultan sin ningún rubor y a pleno pulmón.

Pero no quería escribir hoy sobre la zafiedad ni sobre el lodazal de bulos en el que se está convirtiendo la política. Porque creo que la señora Guardiola difundió ese vídeo para realmente tapar y no contestar a la pregunta que le estaba haciendo con una denuncia muy concreta. 

Le pregunté si las pensiones extremeñas están garantizadas con el sistema actual. Su respuesta fue salirse por peteneras. Y no es una cuestión sobre la que se pueda responder con evasivas, especialmente después de que algunos de sus compañeros de filas hayan cuestionado el sistema y de que sus explicaciones hayan dejado la sensación de que el PP tiene un plan que prefiere no desvelar antes de las elecciones por miedo a que le pase factura en las urnas.

Quienes sí hablan abiertamente de lo que quieren son sus compañeros de pupitre, los señores de Vox, que reconocen sin pudor su intención de privatizar las pensiones y ponen como ejemplo sistemas como el suizo. El problema es que no somos Suiza. Ni nuestros salarios ni nuestra capacidad de ahorro se parecen a los de ese país. Y mucho menos los de una comunidad como Extremadura, que se encuentra entre las que tienen los salarios más bajos.

No escucharán a ningún diputado o diputada de Vox en Extremadura reconocer que un modelo basado en la capitalización individual puede dejar desprotegidas a miles de personas que no han podido ahorrar lo suficiente durante su vida laboral. En una tierra con salarios bajos y empleos precarios, eso supone condenar a muchas personas a la pobreza en la última etapa de sus vidas. Pero reconocer que las decisiones políticas pueden ser injustas con nuestro territorio no parece estar muy de moda.

Quizá por eso ha tenido tan buena acogida la rueda de prensa en la que las portavoces de Unidas por Extremadura explicamos por qué no habrá una papeleta de unidad en nuestra comunidad. Pero esa es otra historia y dará para otro artículo.

Volvamos a lo importante. Mi denuncia a la señora Guardiola era muy concreta: la Junta tiene competencias para mejorar las pensiones no contributivas más bajas mediante un complemento autonómico y ese complemento es hoy una auténtica miseria. Ante la subida de los precios de la cesta de la compra y de los carburantes, la gran respuesta de la presidenta para ayudar a quienes menos cobran ha sido subirlo cinco euros al año. Sí, han leído bien, cinco euros al año. Un céntimo y pico al día.

A mí me parece indigno y humillante. Y todavía más cuando sabemos que alrededor del 80% de quienes perciben estas pensiones son mujeres.

Ahí está la verdadera cuestión. La señora Guardiola habla mucho de feminismo y le encanta engalanarse para acudir a actos donde se premia a mujeres que han conseguido romper techos de cristal. Pero se olvida sistemáticamente de las que siguen atrapadas en los suelos pegajosos de la precariedad y la pobreza.

Lo vemos en sectores profundamente feminizados, como las técnicas de educación infantil o las limpiadoras de los hospitales y centros públicos. Y lo vemos también en las mujeres mayores que sobreviven con pensiones no contributivas. Mujeres que han trabajado dentro y fuera de sus hogares, que han sostenido familias y comunidades y que hoy tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes.

Son ellas las que quedan fuera de ese feminismo de escaparate. Las mismas a las que una presidenta que se proclama feminista ofrece cinco euros más al año mientras abre de par en par las puertas del Gobierno a quienes llevan el machismo por bandera. Las mismas mujeres a las que se falta al respeto desde su propio partido, con diputados que se permiten gritar a otras representantes públicas que están “calladas como puertas”.

Como ven, la hipocresía no entiende de límites, se manipulan mis palabras para fingir una ofensa mientras se toleran insultos reales, se presume de feminismo mientras se condena a las mujeres más vulnerables a seguir viviendo en la precariedad y se evita responder a preguntas incómodas mientras se intenta que la polémica ocupe todo el espacio.

Si ya teníamos mentiras, cinismo, hipocresía y zafiedad, no sé qué nos deparará esta campaña electoral. Lo que sí parece claro es que el nivel no va a subir.

Y mientras unos se dedican a fabricar vídeos y a repartir insultos, hay mujeres en Extremadura que tienen que decidir si este mes pueden llenar la nevera o pagar la factura de la luz. A ellas no se las ayuda con propaganda, ni con cinco euros al año, ni con discursos de feminismo de escaparate.

A esas mujeres es a quienes debería responder la señora Guardiola. Y no con un vídeo, sino con hechos.

A tenor de las movilizaciones de jóvenes y no tan jóvenes en las vías públicas de París, Oporto o Madrid, entre otras grandes ciudades europeas, podría pensarse en una suerte de revival del Mayo del 68, aquella época de profunda transformación cultural, social y urbana. Aquel fenómeno histórico representó una revolución cultural impulsada por la juventud y sustentada en un pensamiento crítico frente a una sociedad adultocéntrica que minusvaloraba las demandas de las nuevas generaciones en ámbitos fundamentales para sus vidas, como la educación, el empleo o el acceso a la vivienda. Fueron protestas espontáneas lideradas por estudiantes y trabajadores contra el autoritarismo, la sociedad de consumo y un capitalismo que percibían como asfixiante para sus aspiraciones individuales y colectivas.

La coyuntura política y económica actual presenta inquietantes similitudes con aquellos años sesenta. Las manifestaciones que han recorrido las calles europeas en las últimas semanas constituyen un grito generacional frente al encarecimiento de la vida, especialmente para una juventud atrapada entre la precariedad laboral y la especulación inmobiliaria. Podría hablarse de una nueva crisis existencial provocada por un colapso sistémico que deteriora sus condiciones de vida y alimenta el desamparo institucional, la incertidumbre vital y un creciente malestar emocional. La combinación de mercantilismo e individualismo extremo está generando, además, importantes consecuencias sociales y psicológicas entre adolescentes y jóvenes.

La narrativa contemporánea ha inoculado a esta generación un dogma perverso: eres el único responsable de tu destino. Bajo el paraguas de la llamada “cultura del yo”, la vida se ha convertido en una franquicia personal que cada individuo debe gestionar en redes sociales, exhibiendo permanentemente optimismo, resiliencia e hiperproductividad. Es lo que denomino felicracia: un sistema de control y dominación social en el que la felicidad deja de ser una elección o un derecho para convertirse en un mandato. Los tecnooligarcas y otros grupos de poder nos bombardean, a través de medios analógicos y digitales, con la idea de que el éxito depende exclusivamente de la voluntad individual.

Sin embargo, esta mística del self-made man o self-made woman choca frontalmente con una arquitectura socioeconómica asentada sobre dinámicas ultraliberales o tecnofeudales que escapan a menudo de los controles democráticos y convierten el esfuerzo y el mérito en papel mojado. El vacío existencial que experimentan muchos jóvenes no nace de una supuesta fragilidad inherente a la injustamente denominada “generación de cristal”, sino de una promesa de progreso que cada vez resulta más inalcanzable.

Uno de los síntomas más evidentes de este fracaso sistémico es la imposibilidad de construir un proyecto de vida autónomo. El último informe del Consejo de la Juventud de España expone una realidad demoledora: un trabajador joven que aspire a alquilar una vivienda en solitario debe destinar prácticamente la totalidad de su salario neto al pago de la renta. La emancipación no es una meta ambiciosa, sino una carrera de obstáculos imposible para buena parte de esta generación. Esto explica que la tasa de emancipación juvenil siga instalada en niveles mínimos y que la edad media de salida del hogar familiar continúe retrasándose.

Cuando la sociedad exige autonomía, éxito y madurez, pero el mercado condena a la población joven a una eterna adolescencia compartida en pisos colmena, el horizonte vital acaba difuminándose. La denominada “adulescencia”, entendida como la precariedad estructural que aplaza los roles tradicionalmente asociados a la edad adulta, deja de ser una excepción para convertirse en una experiencia compartida.

A este laberinto inmobiliario se suma la devaluación del pacto educativo. La vieja promesa de que una mayor formación garantizaría estabilidad y ascenso social ha dejado de cumplirse. España continúa encabezando las tasas de desempleo juvenil en la Unión Europea y, para quienes logran acceder al mercado laboral, las perspectivas tampoco resultan alentadoras. Una parte significativa de los trabajadores jóvenes sobrevive en empleos precarios, con salarios insuficientes y escasas expectativas de desarrollo profesional. No es que los jóvenes no quieran trabajar; es que la educación y el empleo han dejado de actuar como auténticos ascensores sociales para convertirse, en demasiados casos, en mecanismos de subsistencia.

El coste psicológico de este escenario es devastador. El individualismo radical nos ha dejado solos frente al espejo del fracaso personal. Si no triunfas, la culpa es tuya; si sufres ansiedad, es porque no te esfuerzas lo suficiente en gestionar tus emociones. Vivimos, como señaló Zygmunt Bauman, en una época de vínculos líquidos, donde las relaciones humanas se vuelven más frágiles, transitorias y utilitarias. El resultado es una sensación creciente de aislamiento y soledad estructural.

Al privatizar el malestar, hemos transformado una crisis colectiva en una epidemia de salud mental. El diagnóstico es cada vez más evidente: una parte significativa de la ciudadanía considera que las generaciones jóvenes vivirán peor que sus progenitores. No se trata de pesimismo generacional, sino de la constatación de que el viejo motor del progreso social se encuentra seriamente averiado.

En este contexto, algunos observadores reprochan a la juventud su apatía o su supuesto inmovilismo. Sin embargo, las movilizaciones recientes desmontan esa imagen simplista. Detrás de las protestas hay una reivindicación de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda digna, al empleo estable y a unas condiciones de vida que permitan desarrollar proyectos personales y familiares.

Juvenicidio social

Observo, sin embargo, con inquietud cómo algunos Estados europeos parecen practicar una suerte de juvenicidio social. No se trata de una eliminación física de la juventud, sino de una dinámica que la condena a un permanente no futuro mientras le exige mantener una sonrisa obligatoria. El término puede parecer exagerado, pero pretende llamar la atención sobre formas de exclusión que limitan las expectativas y aspiraciones de toda una generación.

Este juvenicidio simboliza, en última instancia, lo que ocurre en sociedades avanzadas donde la juventud es frecuentemente ignorada cuando cuestiona los pilares del sistema. La indignación ya no responde únicamente a las tradicionales divisiones ideológicas entre izquierda y derecha. El malestar apunta directamente a los fundamentos de un modelo social que muchos identifican con la felicracia: un orden que exige bienestar permanente mientras dificulta las condiciones materiales para alcanzarlo.

A las puertas de nuevas citas electorales, quizá haya llegado el momento de repensar qué sociedad queremos construir. Una sociedad verdaderamente democrática y cohesionada no puede permitirse abandonar a quienes deberán sostenerla en el futuro. Recuperar el sentido de comunidad, fortalecer los vínculos intergeneracionales y combatir la polarización, la desinformación y los discursos extremistas son desafíos ineludibles si aspiramos a seguir conviviendo en igualdad y libertad durante las próximas décadas. Porque ninguna democracia puede prosperar cuando una generación entera siente que el futuro le ha sido arrebatado.

El estallido social por la vivienda era necesario. Cuando trabajar no garantiza tener un techo, cuando una generación entera no puede emanciparse y hay familias obligadas a elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera, algo termina por romperse. La gente sale a la calle porque ha comprendido que no estamos ante un problema individual, sino ante un modelo económico que convierte los derechos básicos en un negocio para unos pocos.

Lo que ocurre con la vivienda tiene un paralelismo inquietante con lo que sucede con nuestras tierras agrarias. Los fondos de inversión que compran viviendas para especular están poniendo también sus ojos en las tierras agrarias y en el agua. Han descubierto que controlar lo imprescindible para vivir es un negocio extraordinariamente rentable.

Cuando la vivienda se convierte en un activo financiero, la gente se queda sin casa. Cuando la tierra y el agua se convierten en activos financieros, ponemos en riesgo nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria.

En Extremadura sabemos bien lo que significa la lucha por la tierra. El 25 de marzo de 1936, unos 80.000 yunteros se movilizaron para reclamarla en una de las mayores movilizaciones jornaleras de nuestra historia. No pedían privilegios, exigían el derecho a trabajar y vivir dignamente, reivindicaban que la tierra fuera para quien la trabajaba.

Hay una paradoja terrible, la tierra extremeña está hoy más concentrada en menos manos que en los años treinta. Mientras desaparecen explotaciones familiares y nuestros pueblos pierden población, cada vez queda menos gente para defender el territorio frente a quienes quieren convertirlo en un negocio.

La lucha por la vivienda y la lucha por la tierra son, en el fondo, la misma lucha: la de la mayoría social frente a quienes acumulan propiedades y recursos a costa de nuestras necesidades.

Por eso preocupa tanto el regadío de Tierra de Barros. Vox ha abierto la puerta a la financiación privada de un proyecto que afecta a un recurso estratégico como el agua. No es una cuestión meramente técnica, importa quién financia, quién controla los recursos y quién decide el futuro de nuestros agricultores.

Si los inversores privados adquieren capacidad de control sobre el agua, podrán condicionar quién cultiva la tierra y en qué condiciones. Y el endeudamiento o las dificultades económicas pueden favorecer la concentración de la propiedad agraria. Primero pueden hacerse con el control del agua y después encontrar la oportunidad de hacerse con la tierra. No es inevitable, pero es un riesgo que exige garantías públicas.

Extremadura no puede permitir que sus recursos estratégicos queden subordinados a los fondos de inversión. Nuestra tierra no es un solar en venta, ni nuestra agua una mercancía cualquiera. Nuestros agricultores y ganaderos no pueden convertirse en meros figurantes de un negocio diseñado desde los despachos financieros.

Quienes se envuelven en la bandera de España mientras abren las puertas a grandes capitales, también extranjeros, deberían explicar qué entienden por patriotismo. Defender nuestro país es defender su soberanía alimentaria, sus recursos y el derecho de sus pueblos a decidir sobre su territorio. Los vendepatrias no son quienes cuestionan sus políticas, sino quienes ponen en riesgo lo que nos pertenece a todos.

El derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación son derechos básicos, no oportunidades de negocio. Necesitamos proteger la vivienda, la agricultura familiar y a quienes quieren vivir de su trabajo.

El estallido social por la vivienda demuestra que la gente puede organizarse y hacerse escuchar. Ojalá recuperemos también la conciencia colectiva que nunca debimos perder en el campo porque la tierra debe estar al servicio de quienes la trabajan.

En Extremadura no queremos ni buitres, ni sanguijuelas. Los buitres, los de Monfragüe y las sanguijuelas, las del Guadiana. Queremos agricultores con futuro, pueblos vivos y jóvenes que puedan quedarse.

En estas elecciones se enfrentan dos modelos, por un lado, el de quienes abren las puertas a los fondos de inversión para que hagan negocio con nuestros derechos y recursos, y por otro, el de quienes defendemos que la vivienda, la tierra y el agua estén al servicio del pueblo.

El 25 de marzo de 1936, miles de extremeños se levantaron para reclamar la tierra. Hoy nos toca volver a defenderla. La tierra para quien la trabaja. La vivienda para quien la necesita. El agua para la vida y para nuestros pueblos.

Frente a los buitres que especulan, el pueblo que se organiza.

Cáceres discute estos meses qué hacer con la Cruz de los Caídos, si debe considerarse patrimonio cultural o si es, como fue desde su origen, un símbolo de exaltación franquista. Pero mientras la Junta intenta revestirla de una nueva significación, la ciudad mantiene otros vestigios que no son restos arqueológicos ni piezas neutras de la historia: son huellas políticas que sobrevivieron a la dictadura y se integraron en el paisaje urbano como si fueran parte natural de la ciudad. Lo explico en mi blog.

Uno de ellos está en las inmediaciones de la Plaza de Toros: el monumento al Regimiento Argel 27. No es un detalle menor que su autor fuera Ángel Pérez, arquitecto municipal y responsable también del proyecto de la Cruz de los Caídos, tal como recoge el expediente elaborado en 2026 para la declaración de la cruz como Bien de Interés Cultural. Ese documento menciona expresamente el monumento al Argel entre sus obras. La relación entre ambos símbolos no es casual: nacieron en la misma cultura política, la que convirtió la victoria de los sublevados en motivo de celebración pública.

El Argel 27 tampoco fue una unidad ajena al golpe. El Ejército de Tierra sitúa su origen en el Regimiento de Segovia y confirma que en 1935 pasó a denominarse Regimiento de Infantería Argel número 27. Durante la Guerra Civil, sus miembros instruyeron a soldados del bando sublevado en las nuevas unidades de carros de combate. En Cáceres, además, fueron militares del Argel quienes proclamaron el estado de guerra el 19 de julio de 1936. Las tropas sublevadas tomaron el control de las instituciones y el alcalde republicano Antonio Canales fue apartado de su cargo. La historia del regimiento está entrelazada con la del golpe en la ciudad.

Por eso el monumento no nació para recordar una trayectoria militar compleja, sino para celebrar una victoria política. En 1940, apenas un año después del final de la guerra, autoridades políticas, militares, religiosas y falangistas se reunieron en el Ayuntamiento para acudir a rendir homenaje al regimiento. Antes pasaron por Aguas Vivas, donde se inauguraron nuevas calles con nombres de batallas del bando sublevado: Escamplero, Belchite, Brunete, Alfambra. La documentación sobre el callejero franquista sitúa en 1939 la denominación de la plaza del Perejil como Plaza del Regimiento Argel. Las calles se engalanaron con banderas, guirnaldas y mantones. Hubo aplausos, vítores, discursos e himnos. Y mientras se celebraba la victoria, en la cercana Plaza de Toros seguían encerrados presos bajo el control del Campo de Prisioneros de Los Arenales, cuya existencia aparece incluso en el Boletín Oficial del Estado de 1940.

Nobleza obliga

Hay palabras que, vistas desde hoy, resultan inquietantes. 'Nobleza obliga' fue el lema de una suscripción abierta en 1937 para premiar a quienes proporcionaban información a las autoridades militares durante la oleada represiva que desembocó en las ejecuciones de las Navidades de aquel año. La documentación publicada sobre esos hechos recoge las cantidades entregadas y el destino de las aportaciones. En aquella Cáceres concreta, la delación era una actividad recompensada. Las palabras también formaban parte de la maquinaria política.

El monumento permaneció en el Paseo del Perejil hasta 1965. No desapareció por decisión democrática: se trasladó por las necesidades de la transformación urbana. Ese año se acometió una nueva ordenación del tráfico que supuso también la desaparición del Parque del Perejil. Pero el monumento no se retiró. Volvió a ser protagonista de los actos de conmemoración del aniversario del golpe. El alcalde era Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, según recoge el Ayuntamiento de Cáceres. La celebración fue todavía más fastuosa. El diario católico Extremadura dedicó una página entera a glosar los méritos del regimiento.

La historia militar admite reorganizaciones, cambios de nombre y nuevas misiones. Pero no todas las etapas tienen el mismo significado político. La dictadura quiso atribuir al Argel 27 una gloria vinculada a su participación en el golpe y en la guerra del lado sublevado. Eso se celebraba en 1940. Eso se conmemoraba en 1965.

Hoy el monumento conserva dos leyendas: una sobre su reinauguración en 1965 y otra sobre su restauración en 2007. Ese año se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que establecía medidas para retirar símbolos de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura. La coincidencia temporal no permite afirmar por sí sola por qué se restauró el monumento ni quién decidió hacerlo, pero sí invita a formular una pregunta: ¿qué significa que un monumento nacido para homenajear al bando vencedor siga formando parte del paisaje urbano y haya sido restaurado en democracia?

No se trata de borrar la historia. Es exactamente lo contrario: contarla. Retirar un símbolo franquista no destruye memoria. Mantenerlo tampoco la garantiza. La memoria necesita contexto, explicación y honestidad. El problema de estos monumentos no es la piedra. Es aquello que la piedra recuerda.

Cáceres discute ahora si la Cruz de los Caídos debe ser considerada patrimonio cultural. El expediente reconoce que nació en 1937 como homenaje a los caídos del bando sublevado y que originalmente incorporaba referencias explícitas a la sublevación y a Franco, aunque fueron eliminadas en 1984. Ese debate debería servir para mirar alrededor. Porque la cruz no es el único vestigio. Está la fachada de Santa María, donde permanecen elementos de exaltación. Está el monumento al Argel. Está un callejero que durante años convirtió batallas de la guerra en parte del paisaje cotidiano.

Y está, sobre todo, una historia que durante demasiado tiempo se ha contado desde la perspectiva de quienes ganaron.

Ya hace un año que nos dejó nuestro querido Guillermo. No resulta fácil escribir sobre el aniversario de la partida de una persona a la que has querido, apreciado y admirado tanto. Con lágrimas en los ojos por haberlo perdido y, al mismo tiempo, con una inmensa alegría y gratitud a la vida por haberme permitido coincidir con él en el camino, escribo estas líneas para mantener viva su memoria y, sobre todo, su ejemplo.

Porque, efectivamente, las personas pasamos. Llega nuestra hora y partimos. Pero permanecen nuestras obras, nuestras palabras y, sobre todo, el ejemplo que dejamos en quienes compartieron con nosotros una parte del camino. En el caso que nos ocupa, el de Guillermo Fernández Vara, su ejemplo y su memoria constituyen un legado de incalculable valor que supera los límites y las fronteras del PSOE y de las responsabilidades institucionales que desempeñó para convertirse en un patrimonio que, por su dimensión humana y política, debe pertenecer a todos.

En los tiempos que corren, marcados por la polarización, la crispación y las convulsiones derivadas de la inestabilidad internacional, resulta más necesario y oportuno que nunca reivindicar la figura y el legado político, institucional y social de personas como Guillermo.

Desde el humanismo, la moderación y la templanza, concebía la política como un ejercicio permanente de diálogo, encuentro y búsqueda de acuerdos. Le gustaba definirla como “ese espacio público que compartimos y en el que es inevitable salir al encuentro”. Esa frase resume buena parte de su manera de entender la vida pública: Guillermo fue un hombre de puentes, nunca de muros; de diálogo, nunca de trincheras. Y lo fue desde una profunda convicción de que la lucha y el trabajo por la igualdad merecían todo el esfuerzo y toda la dedicación posibles.

Su prioridad fueron siempre los grandes pilares del Estado del bienestar: la Sanidad, la Educación y la Dependencia. A ellos sumó convicciones firmes que formaron parte de su manera de entender la política: la Cooperación al Desarrollo, la búsqueda de proyectos económicos capaces de ofrecer un futuro a nuestra tierra y, por encima de todo, la defensa de una sociedad en la que la cuna no determinase el destino de ninguna persona.

De todo ello existe una amplia documentación gráfica, escrita y audiovisual. Sus discursos, intervenciones, entrevistas, artículos, fotografías y testimonios constituyen un archivo de enorme valor que permitiría conservar y estudiar no solo su trayectoria, sino también una determinada forma de entender la política y el servicio público.

Por eso creo que ha llegado el momento de plantearse la creación de una fundación que recoja, preserve y ponga a disposición de la sociedad todo ese legado. Pero no una fundación concebida únicamente como un espacio para conservar la memoria de Guillermo, sino como un foro abierto de debate, reflexión y encuentro en torno a los principios y valores que él representó y defendió durante tantos años.

Y hay algo que considero especialmente importante: Guillermo y su legado no deben ser patrimonializados por nada ni por nadie. Mucho menos utilizados para ningún interés particular o personal. Su legado debe ser compartido, abierto y puesto al servicio de todos.

Porque si algo caracterizó a Guillermo fue precisamente su voluntad de construir desde lo común. Por eso, cualquier iniciativa que pretenda mantener viva su memoria debería hacerlo desde esa misma perspectiva: con generosidad, pluralidad y vocación de servicio público. Un espacio en el que cualquier persona, independientemente de su ideología, procedencia o condición, pueda acercarse a su pensamiento, encontrar aquello que considere útil y participar en el debate sobre los grandes desafíos de nuestra sociedad.

Quizá ese sea el mejor homenaje que podamos hacerle un año después de su partida: no convertir su memoria en una estatua, sino en una herramienta; no encerrarla en el recuerdo, sino abrirla al futuro.

Que su legado siga sirviendo para tender puentes, para defender la igualdad, para dialogar cuando otros prefieran enfrentarse y para recordar que la política, cuando se entiende como servicio a los demás, puede ser una de las formas más nobles de transformar la sociedad.

Guillermo ya no está entre nosotros. Pero sus palabras, sus convicciones, su forma de entender la política y, sobre todo, su ejemplo permanecen.

Y quizá nuestra responsabilidad sea conseguir que sigan caminando.

En Europa, la construcción jurídica de la Naturaleza ha tenido siempre al ser humano como centro de referencia. Descartes diferenciaba la existencia humana del resto de seres carentes de alma y relegaba a los animales a máquinas vivientes incapaces de experimentar dolor; Kant consideraba que solo los seres racionales poseen derechos; y el Código napoleónico, base del derecho civil europeo moderno, clasificó los elementos naturales como bienes materiales susceptibles de apropiación. Así, la visión antropocéntrica privó no solo a los animales, también al resto de organismos vivos —bosques, ríos, montañas— de la titularidad de derechos.

Con la llegada del capitalismo, los legisladores occidentales se las ingeniaron para otorgar personalidad jurídica a las empresas, capacitándolas para demandar cuando sus intereses fueran perjudicados. Mientras esta ficción legal protegía a entes artificiales, la Naturaleza quedaba relegada a un papel utilitario, de explotación de sus recursos, que ha justificado modelos económicos como el extractivista, causante en parte de la crisis climática actual.

En la misma línea, las constituciones europeas del siglo XX consagraron un derecho ambiental dirigido al bienestar humano, traduciendo la protección del medio ambiente en “derechos a la naturaleza”: respirar aire puro, comer y beber sin contaminación, disfrutar de un entorno saludable.

En Latinoamérica, los primeros constituyentes tomaron como referente las Cartas Magnas europeas; sin embargo, las constituciones nacidas en este siglo XXI han sabido recoger las sensibilidades, filosofías y el contexto cultural de la región. Desde cosmogonías andinas y amazónicas que no contemplan la dominación sino una convivencia equitativa con la Naturaleza, hasta postulados de la teoría de la liberación —según los que destrucción del entorno y pobreza van de la mano— o corrientes contemporáneas como las teorías decoloniales, opuestas al modelo extractivista. De ese diálogo entre saberes actuales y tradicionales se deduce que toda vida tiene valor en sí misma, independientemente de su utilidad para la humanidad. Una máxima integrada en el marco legal latinoamericano a través de los derechos de la Naturaleza, que la consagran como sujeto de derechos.

Al pasar de objeto a sujeto, la Naturaleza sale de las lógicas del mercado; al convertirla en titular de derechos, se le otorga significación más allá de lo material que pueda aportar al ser humano. Este cambio de paradigma hacia un enfoque ecocéntrico tuvo su punto de inflexión en 2008, cuando la nueva Constitución de Ecuador estableció que la Naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Una formulación legal que suena poética pero que denota su doble vertiente: la científica, que cataloga las fases ecosistémicas, y la ancestral, que reconoce la reciprocidad con la tierra. Así, investidos de personalidad jurídica, los ecosistemas y los animales pueden emprender acciones judiciales en defensa de sus derechos, que además priman sobre cualquier interés antropogénico.

El riesgo de que tal enunciado quedara en lo simbólico se sorteó mediante una legitimación activa amplia: la Constitución ecuatoriana permite que toda persona, individual o colectiva, pueda demandar el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza, incluidos los y las menores de edad como principales beneficiarios de un futuro sustentable. También establece cauces legales flexibles, como la acción de protección, y obliga al Estado a restringir actividades que puedan provocar la extinción de especies o la destrucción de entornos naturales. Además, el principio de precaución posibilita a los jueces atenerse al criterio In Dubio Pro Natura: si hay dudas razonables sobre el impacto ambiental o sobre la interpretación de una ley, debe optarse por lo que más beneficie al medio ambiente.

A partir de estos planteamientos, que permiten que cualquier ciudadano pueda pedir el respeto a los derechos de la Naturaleza ante autoridades obligadas a velar por ellos, se han sustanciado un centenar de litigios, la mayoría fallados a favor de los ecosistemas ecuatorianos: un tribunal revocó las licencias mineras que iban a degradar Los Cedros, un bosque nuboso de gran biodiversidad, y numerosas sentencias han reconocido como sujetos de derechos a ríos como el Alambi, el Ortega, el Vilcabamba o el Machángara, resguardándolos de proyectos hidroeléctricos, mineros o de recibir escombros o aguas residuales no tratadas.

A esa efectividad ha contribuido un aspecto procesal de capital importancia: a diferencia de Europa, donde el control del cumplimiento está concentrado en un solo órgano estatal, en los países latinoamericanos existe un control constitucional difuso que permite que todos los jueces, incluso los de las provincias más remotas, puedan pronunciarse. Un sistema que garantiza la agilidad y celeridad que requieren las vulneraciones de derechos constitucionales.

Bolivia instituyó a la Naturaleza como ente vivo mediante la ley de la Madre Tierra; en Colombia, la Corte Constitucional declaró que el río Atrato o la Amazonía poseen derechos de conservación, mantenimiento y restauración; en Perú, la Corte de Loreto manifestó que el río Marañón tiene derecho a existir y a fluir libre de contaminación, y un municipio amazónico reconoció derechos inherentes a las abejas nativas sin aguijón. Incluso en Chile, la nación con más tradición neoliberal de la región, se desarrolló un proyecto constitucional —abortado en el último momento— que recogía y ampliaba esta corriente, y recientemente una iniciativa ciudadana ha conseguido la declaración del río Bío Bío como sujeto de derechos, que guiará las futuras políticas de conservación. Un giro histórico en un país donde la privatización del agua había dejado en manos corporativas el curso de los ríos.

Derechos para la Naturaleza y para seres humanos

Aunque se afiancen legislativa o jurisprudencialmente, los derechos de la Naturaleza están siendo considerados derechos humanos en la medida en que formamos parte de ella. Su aplicación incluye la participación y cogobernanza de quienes habitan los bosques, se bañan o pescan en los ríos, viven de la miel de las abejas o dependen de los organismos protegidos. Se reconoce así que los derechos de esas comunidades y los de la Naturaleza son inseparables, en tanto las alteraciones del entorno derivan siempre en conflictos socioambientales.

Estos avances hacia una justicia ecológica plena han desbloqueado el eje del marco legal eurocentrado, limitado al ámbito de las licencias administrativas y al enfoque punitivista de los delitos ambientales. Los legisladores europeos están encontrando en los derechos de la Naturaleza un modelo para superar la insuficiencia de las leyes ambientales tradicionales.

En 2022, España otorgó por ley personalidad jurídica al Mar Menor, un hito en el norte global que ha permitido a esta laguna comparecer en juicio como denunciante contra las empresas agrícolas que vertían tóxicos en sus aguas. En 2024, un municipio gallego reconoció derechos al río Tins como ecosistema en equilibrio. Ambos logros, fruto de iniciativas ciudadanas, han animado campañas similares por toda Europa, como la del río Wye en Inglaterra o el Tavignanu en Córcega, y este año la Comisión Europea ha registrado una iniciativa para regular el derecho a regenerarse de los ecosistemas europeos.

El actual sistema de producción económica extremo está destruyendo esa capacidad autoregenerativa de una Naturaleza que reclama su espacio en forma de incendios, huracanes o inundaciones. Los derechos de la Naturaleza constituyen una respuesta de vanguardia a la crisis climática y una dignificación de su papel como espacio de reproducción de la vida, reguladora climática y sostén de las generaciones futuras. El movimiento no deja de expandirse a nivel global: India, Australia, Nueva Zelanda. Pero para evitar declaraciones banales, es necesario dotarlo de instrumentos de defensa. Con ese enfoque, Panamá —que ya reconoció los derechos de las tortugas marinas a moverse libres de amenazas— acaba de impulsar ante la Asamblea de Naciones Unidas una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

Esta semana, en Madrid, una mujer de 87 años salió de su casa en camilla. Se llama Maricarmen. Entró en ese piso con 17 años, cuando su padre firmó el contrato de alquiler en 1956, y allí vivió 71 años. Allí se hizo mujer, allí despidió a los suyos y allí envejeció. En esas paredes estaba toda su vida.

Tiene una discapacidad y va en silla de ruedas. El ascensor no funcionaba, así que los vecinos la bajaron a pulso por las escaleras. La policía tuvo que echar la puerta abajo con un ariete. Ella salió la última, lo hizo en camilla y camino del hospital.

Pagaba 500 euros de alquiler y la empresa que compró el edificio le pedía más del triple. Su pensión apenas pasa de 1.400 euros. Una mujer se ofreció a pagar la diferencia hasta el final de sus días y la propiedad dijo que no. Tampoco quiso darle quince días más.

Antes de salir, Maricarmen dijo una frase muy sencilla: “He vivido aquí 71 años y no me quiero ir”. Quedémonos un momento con esas palabras: “No me quiero ir”. Es lo que diría vuestra madre, vuestra abuela o la vecina del segundo que os daba caramelos cuando erais pequeños. Es lo que diríais vosotros.

Cuando la vi salir en camilla sentí vergüenza. No por ella, que se comportó con una dignidad enorme, sino por nosotros, por un país que permite que a una mujer de 87 años la saquen de su casa por dinero.

Dos días después, desde el hospital, Maricarmen dijo algo que todavía me estremece: “No he logrado defender mi casa, pero he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.”

Tiene 87 años, está en una cama de hospital y acaba de perder la casa de toda su vida, y aun así no piensa en ella. Piensa en los demás, en vosotros y en vuestros hijos. Ella ha perdido su casa. Lo que no podemos permitir es perder también la vergüenza, la memoria y la capacidad de indignarnos. Lo que le ha pasado a Maricarmen no ocurre solo en Madrid. Pasa, de muchas formas, en muchas casas, también aquí.

No hay que irse muy lejos. Hace poco me escribió un padre de cinco hijos. Cuatro trabajan y una estudia. Me decía: “El desánimo es general.” Sus hijos tienen treinta años, carrera y un sueldo normal y se gastan todo lo que ganan. Cuando él les pregunta por qué no ahorran, le contestan: “¿Para qué, si nunca voy a poder tener una casa?”

Luego escribió una frase que no se me va de la cabeza: “Se nos está muriendo una generación sin ilusión”. Y me dijo algo más, que os repito tal cual, porque me lo merezco y nos lo merecemos todos los que nos dedicamos a esto: “Los políticos tenéis que dejar de echar balones fuera y arremangaros.”

Tiene razón. Cuando alguien lo está pasando mal, le da igual de quién sea la competencia, si del ayuntamiento, de la Junta o del Gobierno. Lo que quiere saber es si alguien le va a echar una mano y le sobra el “esto no es cosa mía”. Si os duele a vosotros, es cosa mía.

También me dijo que a los que creemos en la justicia social se nos exige más y es verdad. Debe ser así. Quien dice que gobierna para proteger a la gente no puede permitirse mirar hacia otro lado. Cuando pasan cosas que nos hacen preguntarnos si de verdad estamos seguros, si de verdad estamos protegidos, no basta con explicar de quién es la culpa. Hay que evitar que vuelva a pasar y punto.

La desesperanza es el terreno donde crece el odio. Por eso defender la vivienda no es solo defender una casa. Es defender la democracia.

Y quiero decir algo con toda la claridad de la que soy capaz. La desesperanza no es natural, se fabrica. Se fabrica cada vez que un político os mira como un número, cada vez que una administración le pasa la pelota a otra y cada vez que alguien os dice “las cosas son así y no se pueden cambiar”.

No es verdad. Las cosas son como son porque alguien decidió que fueran así y lo que se decidió de una manera se puede decidir de otra.

No voy a prometeros el cielo. Ya habéis oído demasiadas promesas y sabéis lo que valen cuando se las lleva el viento de la campaña siguiente. Vengo a deciros tres cosas que sí dependen de mí.

La primera es que voy a responder. Si me escribís, os contestaré. Si me paráis por la calle, me pararé. Y si no tengo una solución, os lo diré a la cara en lugar de esconderme detrás de un papel.

La segunda es que no voy a echar balones fuera. Cuando algo no dependa de mí, no os diré “eso no me toca”. Os diré “vamos juntos a llamar a esa puerta” y la llamaré con vosotros las veces que haga falta.

La tercera es que voy a llamar a las cosas por su nombre. La vivienda es un derecho. Un hogar no es un activo financiero, es el sitio donde una mujer de 87 años quiere terminar sus días en paz.

Por eso, esta tarde quiero hablar a algunas personas concretas.

A las Maricármenes de Extremadura, a las mujeres mayores que viven solas y temen que llegue una carta que no quieren abrir. No estáis solas.

A la cuidadora que no ha tenido un día libre en años. Te veo y lo que haces tiene un valor que ningún sueldo paga.

Al chaval de Aldea Moret, de San Fernando o del pueblo más pequeño de la región, que piensa que nadie sabe su nombre. Tu vida importa tanto como la de cualquiera que viva en un barrio bien.

A la señora que no sabe pedir cita por internet y a la que le da vergüenza preguntar. La vergüenza no es tuya, es de un sistema que se olvidó de ti. Tú levantaste este país.

Al maestro de la escuela rural que mantiene vivo un pueblo con seis alumnos y a la médica que conoce a cada familia por su nombre: Sois la prueba de que lo público es lo que nos une.

A los que llegaron de fuera a recoger la fruta, a cuidar a nuestros mayores o a abrir la tienda de la esquina. Sois vecinos y esta tierra también es vuestra.

Al que se fue y quiere volver. Te esperamos y vamos a trabajar para que haya un sitio para ti.

Y a los jóvenes que ya no creen en nada. Solo os digo una cosa: os entiendo. Tenéis motivos. Pero no le regaléis vuestra rabia a quienes odian la libertad. Os la pido para construir.

En la puerta de Maricarmen, cientos de personas pasaron la noche al raso y gritaron “Maricarmen, no estás sola”. No la conocían y le dieron su noche. Eso es lo que somos cuando somos lo mejor de nosotros mismos. Yo me comprometo a eso, a dar lo mejor de mí por vosotros, para vosotras, para nuestros hijos e hijas.

Este pasado viernes celebramos el cumpleaños de la Fundación Ruy López de Almendralejo. Hay lugares que son mucho más que un edificio, lugares que terminan convirtiéndose en casa, en refugio, en punto de encuentro, en una pequeña comunidad dentro de la comunidad, lugares como la Fundación Ruy López.

Resulta especialmente hermoso pensar en cómo empezó todo: en este caso fue alrededor de un tablero de ajedrez. Un espacio para aprender a jugar, para pensar varias jugadas por delante, para descubrir que a veces ganar no es lo más importante y que, sobre todo, cada partida comienza poniendo al otro frente a ti como un igual.

Pero la Fundación pronto entendió que su tarea podía ser mucho más grande. Que alrededor de aquel tablero había niños y niñas con necesidades, familias que acababan de llegar a Almendralejo, adolescentes que necesitaban apoyo, deberes que hacer, idiomas que aprender y, sobre todo, personas que necesitaban sentirse acompañadas. Y así, poco a poco, la Fundación Ruy López fue creciendo hasta convertirse en algo que trasciende con mucho al ajedrez.

Durante estos 20 años han pasado por allí cientos de niños, niñas, adolescentes y familias. Han encontrado profesionales y voluntarios dispuestos a echar una mano, a explicar un ejercicio, a enseñar una palabra, a compartir una partida o, sencillamente, a estar.

Y estar es mucho más importante de lo que a veces pensamos.

Porque cuando una familia comienza una vida nueva en un lugar que todavía le resulta extraño, encontrar un espacio seguro puede significarlo todo. Saber que hay una puerta que puedes abrir, que alguien te espera, que tus hijos pueden hacer los deberes, jugar, aprender y relacionarse sin sentirse diferentes.

Estoy convencida de que la Fundación Ruy López se ha convertido en una prolongación del salón de muchas casas de Almendralejo. Y ocurre algo maravilloso cuando después de muchas partidas, muchos deberes y muchas tardes compartidas, las diferencias dejan de ser una barrera.

La Fundación no se limita a enseñar ajedrez: la Fundación acompaña y eso tiene un valor enorme porque vivimos en sociedades diversas. Almendralejo es hoy una ciudad en la que conviven personas de más de 60 nacionalidades y ante esa realidad tenemos dos opciones: podemos resignarnos a vivir unos junto a otros, pero separados, o podemos construir una comunidad en la que nos conozcamos, convivamos, colaboremos y nos reconozcamos como iguales. Y por eso, espacios como la Fundación Ruy López son tan importantes. Son herramientas que nos ayudan a construir sociedades sanas y fraternas donde nos relacionemos de igual a igual independientemente del idioma que se hable en nuestra casa, la religión que profesemos o las circunstancias personales de cada uno. Y eso se construye cuando dejamos de hablar de “los otros” y empezamos a hablar de nuestros vecinos.

Por desgracia, los discursos de odio y antiinmigración están a la orden del día. Esta misma semana hemos tenido que escucharlos en la Asamblea. Discursos cargados de prejuicios contra las personas migrantes, con afirmaciones que criminalizan la migración y que, en mi opinión, deshumanizan a quienes llegan buscando una vida mejor.

Llegar hasta el extremo de decir que las personas migrantes que se encuentran en Ceuta deberían volver a nado, en flotador o como pudieran no es simplemente una diferencia política sobre cómo gestionar las fronteras o las políticas migratorias: es algo mucho más grave. Porque detrás de esas palabras hay personas, personas que tienen frío, personas que tienen hambre, personas que han perdido a alguien por el camino, que huyen de guerras, de la pobreza o de situaciones que consideran insoportables. Personas que, como cualquiera de nosotros, quieren vivir. Y no podemos olvidar que en julio murieron 150 personas intentando llegar a territorio español.

Hace unos meses, la fachada de la Fundación amaneció con una pintada racista. Esa misma tarde éramos allí casi un centenar de personas para borrarla y convertir ese acto en una fiesta, en un abrazo colectivo, en una manera de decir que ante su odio nuestro amor es infinito y que frente a los que odian somos muchísimos más los que queremos vivir juntos y en paz.

Hay que agradecer profundamente a todas las personas que durante estos 20 años han hecho posible la Fundación Ruy López: a quienes estuvieron al principio, a quienes siguen estando, a los profesionales, a los voluntarios, a las familias y, sobre todo, a tantos niños y niñas que han pasado por allí y que son la mejor demostración de que merece la pena construir espacios donde nadie quede atrás.

Quiero que la Fundación siga siendo hogar para mucha gente durante muchos años más. Que siga habiendo niños jugando al ajedrez, haciendo los deberes, aprendiendo y haciendo amigos. Que siga siendo ese lugar donde alguien que acaba de llegar a Almendralejo descubre que aquí también puede sentirse en casa.

Feliz cumpleaños y por muchos años más demostrando que, frente al odio, siempre hay una respuesta mucho más poderosa: construir comunidad.

Parece ser que la sola propuesta ha obrado el milagro de fusionar las voluntades de todo Cáceres en un idilio colectivo, donde las ideologías y los barrios se disuelven en un río de entusiasmo social. ¿Quién no desea que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura?

Hasta los activistas de Cáceres Verde han dejado a un lado sus reticencias al contemplar el vanguardista proyecto del Ayuntamiento para la avenida Virgen de la Montaña. ¿A quién le importan unos cuantos árboles maduros de gran porte o los frondosos setos de durillo cuando, a cambio, la diplomacia local nos regala una majestuosa “acera-plaza” de catorce metros de ancho, pavimentada con el material más puntero del siglo XXI: el hormigón? El jurado de Bruselas quedará fascinado ante esta revolucionaria deconstrucción del refugio climático del centro.

Incluso los asociados de AMECECA, una organización cacereña dedicada a la recuperación de la memoria histórica y democrática, apoyan la candidatura a pesar de haber visto que el monumento más urgente para sumarse al olimpo del patrimonio local sea la Cruz de los Caídos de la Plaza de América. Qué mejor carta de presentación ante la Comisión Europea que iniciar los trámites para declararla Bien de Interés Cultural (BIC).

A partir de ahora, este polémico monolito comparte con orgullo el mismo estatus legal que las grandes joyas históricas de la ciudad, codeándose en igualdad de condiciones con el Conjunto Histórico de la Ciudad Monumental, las murallas milenarias o las Cuevas de Maltravieso.

Hasta las personas que colaboran en el Refugio San Jorge de Cáceres, como asociación animalista que se desvive por el bienestar de las criaturas indefensas, asimilan con tristeza cómo el Ayuntamiento de Cáceres considera el maltrato de animales en la Plaza de Toros como uno de los grandes hitos artísticos y eventos culturales de primer orden.

Tristeza que se acrecienta al conocer que la Junta de Extremadura, gobernada por la coalición PP y Vox, ha elevado el presupuesto destinado a la tauromaquia en un 500% hasta los 1,78 millones de euros, de ellos, 550.000 € para la difusión cultural. Nos tememos que, después de la Cruz de los Caídos, será la tauromaquia la que se tramite como Bien de Interés Cultural; sin duda, una magnífica credencial taurina para encandilar a un jurado europeo que, supuestamente, mide la excelencia de una ciudad por sus valores de sostenibilidad, progreso y sensibilidad ética.

Incluso las colaboradoras y colaboradores de la Fundación ReBross, institución sin ánimo de lucro que sostiene a pulso nada menos que cinco proyectos culturales en la ciudad. Es una estampa de resignación ver cómo se asimila que la mejor forma de premiar su impecable trayectoria —que desde 1993 incluye el alumbramiento de la icónica revista Versión Original, el aplaudido Festival de Cine Español de Cáceres, la colección de libros Versión Original, que el año que viene celebra su 25 aniversario, el Congreso Versión Original, centrado en el periodismo cultural, que presentará su tercera edición, y el recién nacido CineClub Cáceres— sea, precisamente, asfixiarlos financieramente.

De los cinco proyectos, el Consistorio solo colabora en el Festival de Cine con una ayuda congelada desde hace años que ignora la subida del IPC, sabiendo todos que la revista Versión Original dejó de tener apoyo municipal en 2025. Será interesante ver cómo le explica el Ayuntamiento al jurado de la Comisión Europea que su estrategia para ganar la capitalidad cultural consiste en despreciar la labor de instituciones culturales privadas de la propia ciudad.

Una candidatura, la de Cáceres a la Capital Europea de la Cultura en 2031, que pone de manifiesto a cada paso las contradicciones existentes entre la estrategia institucional del Ayuntamiento y la realidad cultural de la ciudad. Mantiene, a pesar de ello, el milagro de la unanimidad social, por más que esta se muestra cada vez más debilitada.

La política tiene una extraña capacidad para convertir la ilusión en resignación. Ocurre cuando las palabras dejan de traducirse en hechos, cuando los compromisos se convierten en meros ejercicios retóricos o cuando la promesa de renovación acaba siendo una simple operación estética. La decepción no nace de los errores, que son inevitables, sino de la sensación de que nadie está dispuesto a corregirlos.

Toda organización política atraviesa momentos decisivos. Instantes en los que debe elegir entre asumir riesgos o refugiarse en la comodidad; entre transformar la realidad o limitarse a administrarla; entre abrir puertas o atrincherarse tras ellas. Y la historia demuestra que casi nunca sobreviven quienes optan por la segunda opción.

Existe un enemigo silencioso que rara vez aparece en los análisis electorales, pero que explica buena parte de las derrotas electorales: el aburguesamiento. Esa enfermedad que lleva a una organización a confundir estabilidad con inmovilismo y experiencia con perpetuación. Es el momento en que la política deja de ser un instrumento para cambiar las cosas y pasa a convertirse, para algunos, en una forma de vida.

La ciudadanía lo percibe mucho antes de que lo reflejen las urnas. Lo percibe cuando siempre son los mismos nombres los que cambian de despacho, de cargo o de responsabilidad, mientras todo sigue igual. Lo percibe cuando un partido parece haberse acomodado a la oposición, como si gobernar hubiera dejado de ser un objetivo para convertirse en una hipótesis remota. Lo percibe cuando el esfuerzo colectivo parece orientarse más a preservar equilibrios internos que a construir una alternativa capaz de ilusionar a la sociedad.

Y entonces llega la irrelevancia. No de golpe, sino lentamente. Primero desaparece la ambición. Después la ilusión. Más tarde la credibilidad. Finalmente, los votos.

La izquierda, además, paga un precio mucho mayor cuando cae en esa dinámica. Porque un partido progresista no puede permitirse parecer resignado. No puede conformarse con gestionar cuotas de poder o repartir responsabilidades internas mientras la ciudadanía espera respuestas. Si la derecha puede sobrevivir apelando a la estabilidad, la izquierda solo sobrevive siendo capaz de generar esperanza.

Renovar nunca ha significado borrar el pasado. Al contrario. Significa conservar lo mejor de la organización, incorporar talento allí donde exista y apartar aquello que impide avanzar. Significa entender que la lealtad a un proyecto no consiste en perpetuar personas, sino en garantizar que ese proyecto siga siendo útil para la sociedad.

El PSOE de Extremadura afronta precisamente ese desafío. Sería un error pensar que las derrotas electorales son únicamente consecuencia de factores externos o de coyunturas pasajeras. Otras federaciones socialistas recorrieron antes ese camino: comenzaron perdiendo impulso, continuaron atrapadas en debates internos y acabaron instaladas en una irrelevancia de la que todavía hoy no han conseguido salir. Ninguna cayó de un día para otro. Todas fueron perdiendo, poco a poco, la capacidad de ilusionar.

Todavía hay tiempo para evitarlo. Pero el tiempo político nunca es infinito. Recuperar la confianza de los extremeños exige algo más que nuevos discursos y “pintar la fachada”. Requiere decisiones. Requiere demostrar que la organización está dispuesta a renovarse de verdad, en las personas, en las formas y en el proyecto. Requiere transmitir que la prioridad vuelve a ser gobernar para transformar Extremadura y no simplemente conservar espacios de influencia.

Es probable que estas reflexiones incomoden a quienes entienden la política como una suma de equilibrios, de cuotas o de alianzas destinadas únicamente a garantizar la tranquilidad interna. También a quienes han terminado confundiendo el interés del partido con el interés de quienes ocupan determinadas posiciones. Toda organización desarrolla, con el paso del tiempo, inercias, grupos de influencia e incluso pequeñas dinastías que terminan creyéndose imprescindibles. Precisamente por eso la renovación nunca resulta cómoda.

Sin embargo, estoy convencido de que estas palabras sí encontrarán eco entre quienes sostienen el partido desde abajo: alcaldes, concejales, militantes anónimos y simpatizantes que dedican tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. También entre quienes dejaron de votar al PSOE, no porque dejaran de ser progresistas, sino porque dejaron de reconocer en él el instrumento útil que un día representó.

Guillermo Fernández Vara solía recordar que el PSOE de Extremadura no pertenecía a nadie; pertenecía a todos los extremeños. Esa idea sigue siendo profundamente vigente. Porque cuando una organización deja de sentirse patrimonio colectivo y pasa a convertirse en patrimonio de unos pocos, comienza su decadencia.

El nuevo liderazgo tiene ahora una oportunidad que pocas veces ofrece la política: elegir entre administrar inercias o protagonizar una auténtica transformación. Gobernar un partido no consiste únicamente en mantener unidos sus equilibrios internos. Consiste, sobre todo, en prepararlo para volver a ganar la confianza de la ciudadanía.

La historia rara vez recuerda a quienes conservaron intacto el reparto de poder. Recuerda, en cambio, a quienes tuvieron el coraje de cambiar el rumbo cuando todavía estaban a tiempo.

'Sucede Extremadura'. Ese es el lema que este año eligió la Junta de Extremadura para conmemorar el Día Oficial de Extremadura, ya saben ustedes que el día popular, el día que está en muchos corazones es el 25 de marzo. Un lema que, además de rendir homenaje al poeta y cantante más grande que ha parido esta tierra, Roberto Iniesta, nos ofrece una oportunidad que quizá el propio Gobierno de Extremadura no había previsto: hablar de lo que sucede realmente en Extremadura.

Porque sucede Extremadura. Y mucho.

Sucede que mientras la Junta se empeña en construir una postal de nuestra tierra a golpe de escaparate, propaganda y grandes titulares, hay una Extremadura que no sale en las fotografías oficiales. Una Extremadura que espera, que reclama, que se preocupa y que empieza a estar cansada de que le digan que todo va bien mientras sus problemas se hacen cada vez más grandes.

Sucede que nuestro sistema sanitario se deteriora. Que las listas de espera siguen situándonos entre las peores comunidades del país. Que faltan profesionales y que hay servicios que funcionan al límite. Sucede, por ejemplo, que en el Hospital de Mérida, el servicio de oncología está al límite para atender una enfermedad tan sensible y tan devastadora como es el cáncer. Y eso no es una estadística. Son personas. Son pacientes. Son familias que necesitan que su sistema sanitario esté a la altura cuando más lo necesitan.

Sucede también que nuestro medio rural afronta una nueva amenaza. Después de décadas soportando el expolio de nuestros recursos naturales para producir energía que además, desgraciadamente, termina beneficiando a otros, ahora quieren convertir Extremadura en territorio de plantas de biogás. Proyectos que se presentan como modernidad y progreso, pero que pueden suponer más presión sobre nuestros recursos, más contaminación y más cargas para nuestros pueblos.

Y sucede algo que resulta especialmente indignante: mientras nuestros servicios públicos se debilitan, este Gobierno decide perdonar impuestos a grandes multinacionales energéticas que llevan décadas haciendo negocio con los recursos de Extremadura.

Nos dicen que no hay dinero suficiente para reforzar la sanidad, para garantizar servicios públicos de calidad, para cuidar nuestros pueblos o para dar oportunidades a quienes quieren quedarse y construir aquí su proyecto de vida. Pero sí parece haberlo cuando se trata de aliviar la factura fiscal de quienes más tienen.

Sucede Extremadura.

Sucede una Extremadura que no quiere convertirse en la colonia energética de Europa. Que no quiere que sus tierras sean el lugar donde se acumulan los residuos o se instalan las industrias que otros no quieren tener cerca. Que quiere aprovechar sus recursos para generar riqueza aquí, empleo aquí y oportunidades aquí.

Sucede una Extremadura que quiere servicios públicos fuertes, pueblos vivos, agricultura y ganadería con futuro, una sanidad que no abandone a sus pacientes y una economía que no dependa de seguir poniendo nuestro territorio al servicio de intereses ajenos.

Y sucede, también, que Extremadura está cansada.

Cansada de la política entendida como postureo. De los actos cuidadosamente escenificados. De las fotografías. De las campañas de propaganda. De esa obsesión por construir una realidad paralela en la que todo parece funcionar mientras quienes viven aquí conocen perfectamente las grietas.

El pasado 7 de septiembre, cientos de personas se concentraron a las puertas del Teatro Romano de Mérida para reclamar otra cosa. Para decir que esta tierra no se resigna. Que hay otra manera de hacer política. Que queremos otro futuro.Y quizá eso sea, precisamente, lo más importante que sucede hoy en Extremadura. Que hay una Extremadura que no se resigna.

Una Extremadura que quiere oportunidades y no resignación. Que quiere desarrollo y no contaminación. Que quiere derechos y no propaganda. Que quiere servicios públicos y no recortes encubiertos. Que quiere que la riqueza que generan nuestros recursos se quede aquí y sirva para mejorar la vida de quienes viven aquí.

Por eso, este 8 de septiembre, nosotros y nosotras hemos querido hablar de lo que Sucede. 

Sucede Extremadura.

Sucede su gente. Suceden sus pueblos. Suceden sus problemas. Suceden sus luchas. Sucede su cansancio.

Pero también sucede su esperanza.

Porque Extremadura no está condenada a ser la tierra de la resignación. Puede ser la tierra de las oportunidades, de unos servicios públicos dignos, de un medio rural vivo y de un modelo de desarrollo que respete nuestro territorio y ponga en el centro a quienes lo habitan.

Y eso también sucede.

O, mejor dicho, eso está por suceder.

Dedico estas líneas a Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El odio siempre fue una cuestión de clase. Por eso, en este país y en cuantos comparten nuestro espectro cultural, el poder hegemónico castigó con violencia, persecución y muerte a quienes osaron desnudar las contradicciones de clase y torcer, en beneficio de las mayorías, una hegemonía sostenida por unos pocos a costa de toda la sociedad. Mi familia también pagó ese precio, y lo hizo con el vil asesinato de mi bisabuelo Porfirio en 1947, perseguido y ejecutado en el franquismo por el delito de defender la libertad, la igualdad y la justicia social: las mismas banderas que hoy algunos siguen queriendo arrancarnos de las manos.

Aquella herida marcó a mi familia materna para siempre, pero jamás nos rindió al odio, ni a la revancha, ni al rencor. Frente a quienes hoy querrían blanquear el franquismo, borrar la memoria o banalizar sus víctimas, nosotros respondemos con lo contrario: memoria que combate el olvido, que no traiciona a los asesinados y que se convierte en conciencia de clase para las generaciones que vinieron después. Eso hicieron los míos, y a mí me tocó crecer en una familia de trabajo y compromiso con nuestra tierra. El campo era nuestra forma de vida, y el orgullo de sentirnos parte de cada olivo, de cada animal, nos forjó hacia un futuro que solo fue promisorio porque el socialismo se atrevió a hacer, en paz, la revolución igualitaria más profunda que ha conocido este país: llevar la educación pública, la sanidad universal y la dignidad a quienes la oligarquía había condenado, generación tras generación, a la ignorancia y a la servidumbre. Que nadie lo dude ni lo relativice: eso fue y es revolucionario.

En mi caso, primero el Colegio Público Divino Maestro de Ahigal, luego la Universidad Laboral y después las Universidades Politécnicas de Extremadura y Madrid fueron mis caminos hacia el conocimiento. Eso sí, primero ayudaba en el campo cuando hacía falta y luego me sumaba a las clases: siempre, primero la tierra y la clase que la labra. Trabajé algunos años en Madrid, pero el paradigma real de aquella revolución aquí en Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me susurraba al oído la necesidad de volver y de devolver a mi pueblo, a mi provincia y a mi gente todo lo que el socialismo me había proporcionado. Por eso regresé a servir desde lo público, a combatir desde la trinchera que me tocó contra una oligarquía que ayer sostuvo la dictadura y hoy sostiene a las derechas de siempre dispuestas, de nuevo, a desmantelar lo público, a privatizar lo común y a condenar al medio rural al abandono. Hoy también nos lo quieren imponer y hoy también, organizados, se lo vamos a impedir.

Extremadura es una tierra en la que crecer constituye un orgullo de clase: crecer sin odio, pero con memoria, con conciencia y con la firme vocación de defenderla desde lo público, sin complejos y sin concesiones al privilegio de unos pocos.

En el terreno de lo práctico, hacer política es tener en la cabeza lo que tiene que pasar y generar las condiciones para que pase. En nuestra tierra, hacer política socialista es afirmar sin titubeos que esta tierra va a dejar de vaciarse, que va a estar conectada por tren de alta velocidad y que va a producir la energía limpia que nos hará soberanos frente a los mismos oligopolios de siempre — y después no ceder hasta traducirlo en presupuestos, en reivindicaciones a ADIF, Red Eléctrica y quien haga falta, en proponer alianzas con las realidades territoriales que la componen y en la voluntad de no frenar ante ningún obstáculo técnico, ambiental o financiero que la derecha y/o sus intereses quieran poner en nuestro camino.

Y lo que va a pasar, les guste o no a quienes nos miran desde lejos y con condescendencia, es que dejaremos de ser las cifras del éxodo que otros usan para justificar el abandono, y se conviertan, de una vez y para siempre, en un lugar donde la gente tenga motivos —y derechos— para venir y quedarse.

En Extremadura, las dos ciudades con mayor población, Badajoz y Cáceres, han acogido esta movilización que pone en evidencia una realidad demasiado habitual: buena parte del bienestar de los animales continúa descansando sobre el tiempo, el dinero y el esfuerzo de personas voluntarias.

Hay manifestaciones que reclaman derechos nuevos, pero hoy no. Hoy reclamamos que se cumpla algo que ya hemos conseguido. Si ningún ciudadano está exento de cumplir la ley alegando desconocimiento, muchísimo menos debe permitirse a las administraciones públicas.

Bajo el lema 'Los gatos tienen ley. Ahora toca cumplirla', personas gestoras de colonias felinas, asociaciones de protección animal y ciudadanía nos hemos movilizado simultáneamente. Más de 350 entidades se han adherido a una reivindicación que, en realidad, no debería ser necesaria. Porque la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no dice que los ayuntamientos puedan ocuparse de las colonias felinas si tienen tiempo, presupuesto, sensibilidad o ganas. Dice que les corresponde hacerlo.

La norma establece que las entidades locales deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Y concreta en qué consiste esa responsabilidad: localizar y censar las colonias, esterilizar a los gatos mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—, identificarlos, garantizar su atención sanitaria, establecer programas veterinarios, gestionar los posibles conflictos vecinales y colaborar con las personas y entidades que participan en su cuidado.

Sin embargo, casi tres años después de la entrada en vigor de la ley, en demasiados municipios españoles seguimos encontrándonos con la misma escena: mujeres y hombres particulares comprando sacos de pienso de su propio bolsillo, pagando tratamientos veterinarios, capturando animales para esterilizarlos, cuidando gatos enfermos, atendiendo camadas abandonadas y soportando, además, conflictos, amenazas o insultos por hacer un trabajo que beneficia a toda la comunidad.

Es importante decirlo claramente: las personas que cuidan colonias felinas no provocaron la existencia de esas colonias; se hacen responsables de unos gatos que fueron abandonados por una parte de la sociedad que se niega a responsabilizarse.

Los gatos que viven en nuestras calles no aparecieron por generación espontánea. Son consecuencia, en buena medida, del abandono y de décadas de ausencia de políticas responsables de esterilización, identificación y control poblacional. Y no, tampoco desaparecen dejando de alimentarlos. El hambre no esteriliza.

La gestión ética y planificada mediante CER no nace de un sentimentalismo ingenuo. Nace de una necesidad de políticas de salud pública. Una forma de reducir progresivamente las poblaciones de gatos comunitarios de manera controlada y compatible con el bienestar animal, la salud pública y la protección de la biodiversidad. Sin tener que matar.

Durante años, personas anónimas han estado supliendo la ausencia de la Administración ante este problema, pero, a día de hoy, los gatos tienen Ley. Por eso hemos salido a la calle a pedir que se cumpla la ley, que es una forma de defender el Estado de derecho.

Una administración pública no puede decidir qué leyes cumple dependiendo de si le gustan más o menos. Un ayuntamiento no podría argumentar que no recoge la basura porque carece de presupuesto suficiente, ni dejar de garantizar el abastecimiento de agua porque considera complicada su gestión.

Con las obligaciones relacionadas con los animales debería ocurrir exactamente lo mismo. Sabemos que Extremadura está formada por numerosos municipios pequeños, que disponen de pocos recursos económicos y técnicos, pero la propia ley da respuesta: las entidades locales pueden solicitar el apoyo de las diputaciones provinciales para cumplir con sus obligaciones.

Por tanto, no podemos convertir la falta de medios de un pequeño municipio en una condena para los animales ni en una transferencia permanente de responsabilidad hacia las personas voluntarias.

La Ley 7/2023 encomienda a las diputaciones provinciales y a los gobiernos autonómicos elaborar protocolos marco que establezcan criterios de captura, registro, alimentación, limpieza, atención sanitaria, esterilización, instalación de refugios, formación de personas cuidadoras y formación incluso de las policías locales.

No pedimos que todas las personas amen a los gatos. Ni siquiera hace falta que les gusten. Basta con que cumplan la Ley.

Una sociedad democrática no construye sus normas sobre los gustos individuales, sino sobre responsabilidades colectivas, conocimiento científico y principios éticos compartidos.

Los gatos comunitarios existen. Forman parte de nuestros pueblos y ciudades. Y mientras existan, tenemos dos posibilidades: abandonar su gestión a la improvisación, permitiendo que se reproduzcan sin control, enfermen y generen conflictos; o gestionar sus poblaciones de manera responsable, profesional y ética.

Detrás de cada colonia continúa habiendo demasiadas personas que madrugan para poner agua, que recorren kilómetros llevando un gato al veterinario, que organizan rifas para pagar esterilizaciones o que calculan a final de mes cuánto pueden gastar en pienso.

Su entrega y sensibilidad son admirables, y hoy, además, han salido a la calle para pedir algo distópico en una democracia: Amados gobernantes y funcionarios, sus votantes y no votantes quieren que se cumpla la ley.

Las administraciones local y autonómica han optado por la vía de urgencia al incoar un expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC). Este movimiento jurídico, respaldado en informes técnicos, suspende preventivamente cualquier alteración del monolito y busca neutralizar de forma directa la resolución del Gobierno de España del pasado 17 de abril de 2026, que ordenaba la retirada definitiva de la cruz al incluirla en el catálogo oficial de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Este choque frontal entre el bloque autonómico y el estatal abre un escenario de litigio que debilita la solidez institucional exigida para este tipo de proyectos internacionales. Frente al conflicto, la postura oficial del Ayuntamiento de Cáceres, defendida con firmeza por el consistorio, sostiene que el monumento ya fue despojado de sus inscripciones originales franquistas en 1984. Desde el equipo de gobierno local se insiste en que la cruz ha sido plenamente resignificada y se reivindica hoy como un “símbolo urbano de unión y concordia” que carece de connotaciones políticas contemporáneas. El ayuntamiento apoya la paralización inmediata de su retirada argumentando la necesidad de proteger los valores arquitectónicos, históricos y urbanísticos del monumento.

Paralelamente, la corporación municipal mantiene judicializado el conflicto tras adherirse al recurso admitido a trámite por la Audiencia Nacional contra la catalogación estatal de la cruz. En la acera opuesta, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) redobla la presión mediante una intensa recogida de firmas ciudadanas que reclama el cumplimiento estricto de la ley estatal y la inmediata desaparición del monolito. Los colectivos memorialistas denuncian que la permanencia de un monumento erigido en honor a una dictadura constituye un elemento de humillación para las víctimas en pleno espacio público compartido. La existencia de un vestigio de origen totalitario en el centro de la escena urbana, sumada a la contestación social visible en las rúbricas de protesta, choca de forma directa con las exigencias de la Comisión Europea para promover los derechos humanos y la paz social.

El caso de San Sebastián

La situación de Cáceres no es inédita en la historia de las capitalidades culturales, y los precedentes demuestran que el comité técnico vigila con lupa estos cismas. Un claro ejemplo se vivió en la carrera hacia la capitalidad de 2016, cuando San Sebastián afrontó el reto de presentarse ante Europa en medio del debate por la gestión de la memoria histórica tras el fin de la violencia terrorista. La delegación donostiarra logró el título precisamente al transformar ese reto en su eje principal, construyendo una propuesta basada en la cultura para la convivencia y la paz social.

La diferencia con el caso cacereño estriba en que San Sebastián ganó el favor del jurado al presentar proyectos de resignificación crítica y musealización transparente, en lugar de recurrir a disputas administrativas de protección patrimonial que prolongan la polarización. La fase final para designar la Capital Europea de la Cultura 2031 no solo se juega en los despachos institucionales de Cáceres, Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria, sino en la rigurosa evaluación de un tribunal técnico internacional.

El destino de estas cuatro finalistas depende de un Comité de Expertos compuesto por diez personas con una dilatada trayectoria en la gestión cultural de vanguardia. El jurado combina las visiones de ocho expertos internacionales independientes, nombrados de forma directa por las principales instituciones de la Unión Europea (entre ellos Tanja Mlaker, Matthias Ripp, Erni Ripp, Małgorzata Szabłowska, Csaba Borboly, …), y dos especialistas de perfil técnico designados por el Ministerio de Cultura (Teresa Badia Dalmases y Pablo Berástegui Lozano). Este panel de especialistas independientes someterá a las delegaciones a una intensa defensa oral en diciembre, evaluando el grado de cohesión e innovación social de sus proyectos. Sin embargo, la deliberación final de este jurado técnico podría verse alterada de forma drástica por factores externos. Si la Audiencia Nacional emitiera un dictamen judicial definitivo sobre la Cruz de los Caídos de Cáceres en plena recta final de las deliberaciones, el impacto sacudiría de inmediato la candidatura extremeña a través de dos escenarios posibles: Si la Audiencia Nacional desestima el recurso de la Junta de Extremadura y valida de forma definitiva la resolución del Gobierno de España del 17 de abril de 2026, la orden de eliminación de la cruz pasaría a ser de obligado cumplimiento inmediato.

Para la candidatura, este escenario supondría un punto de inflexión crítico. El Ayuntamiento se vería obligado a acatar judicialmente el desmontaje del monumento en pleno proceso de selección. Aunque la intervención generaría una tormenta política local, ofrecería a la delegación cacereña una vía de escape argumental de última hora ante el comité: la ciudad podría reformular el incidente presentándolo como la superación definitiva de un cisma del pasado, abrazando la legalidad democrática y alineándose a marchas forzadas con las demandas de paz social y concordia que el jurado europeo exige. En caso de que el tribunal falle a favor del consistorio y la Junta de Extremadura, ratificando la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para proteger la cruz, el monumento quedaría legalmente blindado en la Plaza de América. Aunque esto supondría una victoria jurídica doméstica para el bloque autonómico, se convertiría paradójicamente en el golpe de gracia estratégico para las aspiraciones europeas de Cáceres. Al consolidar la permanencia de un vestigio catalogado formalmente como totalitario, el jurado internacional, liderado por perfiles tan vinculados a los derechos humanos y la musealización moderna como Tanja Mlaker o Matthias Ripp, se encontraría ante una flagrante contradicción de valores.

Las rivales de la fase final —Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria— rentabilizarían de inmediato su estabilidad social, dejando a Cáceres en una posición de extrema vulnerabilidad técnica al no poder garantizar un relato de vanguardia y cohesión libre de polarización política internacional. En un entorno hipercompetitivo, donde Cáceres acaba de pasar a la fase final por el único billete español hacia 2031, mantener abierto este cisma político sobre el pasado ofrece una fragilidad evidente. Aunque el consistorio se esfuerza por escenificar un frente común y subraya la solidez de su agenda de proyectos creativos, la falta de un consenso real respecto a la Cruz de los Caídos podría dar munición reputacional a sus rivales. El desenlace final de la candidatura, que se conocerá en la fase definitiva del proceso de selección, dependerá en gran medida de si Cáceres consigue proyectar el relato de vanguardia, tolerancia y apertura que Europa exige, o si su propuesta naufraga atrapada bajo la sombra de su propio monumento.