Decían que el gobierno regional no estaba en venta. Lo dijeron para responder a la propuesta del señor Cotrina de volver al viejo y rancio bipartidismo. Sin embargo, pocas veces el gobierno extremeño ha estado tan en venta como ahora. Y pocas veces el precio pagado ha sido tan alto para la convivencia y tan bajo en términos de dignidad política.

Porque cuando uno observa cuáles han sido las prioridades de este ejecutivo resulta difícil sostener que estamos ante decisiones orientadas a mejorar la vida de la mayoría social. Primero fue la eliminación de políticas de cooperación internacional. Después llegaron los ataques simbólicos contra programas educativos como las actividades extraescolares de lengua y cultura árabe en colegios de Talayuela. Y ahora el siguiente objetivo son los menores migrantes, convertidos en un problema político antes incluso de ser tratados como niños y niñas.

Se nos presenta todo esto como si fuera una cuestión de gestión, de realismo o incluso de sentido común. Pero conviene preguntarse: ¿de verdad estas decisiones ayudan a reducir las listas de espera en dependencia? ¿Facilitan el acceso de la juventud a una vivienda asequible? ¿Mejoran las condiciones de unas aulas que a finales de curso son asfixiantes? Evidentemente no.

La realidad es que se está utilizando a colectivos vulnerables como combustible para una estrategia política basada en señalar al diferente y construir enemigos fáciles. Y eso tiene consecuencias.

El caso de los menores migrantes es especialmente preocupante. Resulta difícil aceptar que se quiera transmitir que un territorio como Extremadura, con algo más de un millón de habitantes, no puede asumir la acogida de poco más de un centenar de menores. Hablar de colapso ante 104 niños y adolescentes no solo es desproporcionado, es una declaración política.

Hace apenas unos años Extremadura abrió sus puertas con solidaridad y orgullo a más de 800 personas desplazadas por la guerra de Ucrania. Entonces sí supimos estar a la altura. Entonces nadie hablaba de saturación, ni de amenaza. La pregunta incómoda es inevitable, ¿qué ha cambiado?

La respuesta no está en los recursos disponibles ni en la capacidad de acogida. Está en el relato político. En la decisión consciente de convertir la inmigración en un campo de batalla ideológico.

Es especialmente doloroso que esto ocurra en una tierra como la nuestra. Extremadura conoce demasiado bien lo que significa emigrar. Miles de familias extremeñas tuvieron que marcharse durante décadas buscando oportunidades lejos de su hogar. Nuestra memoria colectiva está construida sobre familias dispersas por media geografía. Por eso resulta tan contradictorio ver cómo ahora se pretende convertirnos en referencia de políticas antiinmigración.

Detrás de cada menor migrante hay una historia que rara vez aparece en los titulares, familias separadas, travesías imposibles y decisiones tomadas desde la desesperación. Niños y niñas que, con edades similares a las de nuestros propios hijos, suben a una embarcación sin saber si llegarán, ni si volverán a abrazar a sus madres.

Se puede discutir sobre modelos de acogida, sobre financiación o sobre coordinación institucional. Lo que no debería discutirse es la humanidad.

Hace poco el Papa León XIV reclamó una respuesta ante la inmigración basada en la coordinación, la solidaridad y oportunidades reales de integración. Una idea sencilla que recuerda algo esencial: la dignidad humana no entiende de fronteras ni de pasaportes pero personalmente creo que la dignidad humana sí tiene ideología y claramente no es la del gobierno extremeño que utiliza de manera miserable y criminaliza a los menores migrantes. 

Gobernar también consiste en decidir qué valores se colocan en el centro. Y cuando las primeras decisiones son siempre contra quienes menos capacidad tienen para defenderse, ya no estamos hablando de gestión, estamos hablando de qué sociedad queremos ser.

Hace escasamente dos meses que Álvaro Sánchez Cotrina fue elegido secretario general del PSOE de Extremadura y, lo cierto es que, más allá del ruido y de la atmósfera tan tóxica que rodea a la política en nuestro país, está marcando una impronta muy personal, interesante y esperanzadora. Y eso ya huele a otra cosa. 

No sé si es porque la prematura y dolorosa marcha de Guillermo Fernández Vara nos sumió en una especie de sentimiento de orfandad o si, unido a ello, hubo muchas más causas que lo provocaron, pero lo cierto es que los militantes socialistas extremeños, así como los votantes y simpatizantes del PSOE en Extremadura, estábamos sumidos en una auténtica depresión generalizada. 

Todavía es muy pronto para hacer vaticinios, establecer valoraciones bien fundamentadas y realizar apuestas firmes sobre cuál será el devenir del nuevo líder socialista extremeño y de su equipo. Sin embargo, resulta indiscutible que, en estos dos meses, sin hacer mucho ruido, centrando su discurso en la prioridad regional, marcando una personalidad clara en el escenario político extremeño y desvinculándose de la podredumbre del discurso nacional, está logrando calar en una parte de la sociedad extremeña progresista que ha estado demasiado tiempo desprovista de una referencia más o menos nítida a la que mirar y en la que reconocerse. 

Asimismo, a mi juicio, ha sabido integrar las diferentes sensibilidades, renovar el partido tanto en los rostros como en las formas y, al mismo tiempo,  situar con habilidad a importantes referentes del socialismo extremeño en puestos clave que, en tiempos de tempestades, constituyen una garantía para no errar en las decisiones importantes. Figuras como Marisol Mateos o Blanca Martín, por citar solo dos ejemplos, poseen un amplio bagaje y un profundo conocimiento tanto del funcionamiento de la organización como de las instituciones. Antonio Rodríguez Osuna, otro de sus apoyos más importantes en la provincia de Badajoz, es también un referente claro y nítido, pues no solo es alcalde de la capital extremeña, sino una voz autorizada y escuchada en el seno de la organización. 

La construcción de un liderazgo no es tarea sencilla y en ese proceso influyen miles de variables, tanto internas como externas. Cotrina tiene mimbres para convertirse en un líder solvente, potente y creíble, capaz de ofrecer esperanza a esos cientos de miles de extremeños que ansían un proyecto político de izquierda moderada, centrada y ambiciosa, que aspire a contar con el respaldo de la inmensa mayoría social de esta tierra. 

Dependerá de él, de las decisiones que adopte junto a su equipo, pero no nos engañemos: también dependerá del contexto, de los adversarios políticos que tenga enfrente y, por qué no reconocerlo, de aquellos que inevitablemente siempre surgen o permanecen dentro de casa. Estos últimos son los más peligrosos porque, a los de enfrente, se les ve venir. Los de dentro suelen apuntarse siempre a las victorias y a los triunfos y, sin embargo, culpar de los desastres a quien está al frente del timón cuando arrecia la tormenta.

Durante décadas, Extremadura ha sido presentada como una tierra rica en recursos y pobre en capacidad de decisión. Una región a la que desde fuera se le reconoce poco por aquello que aporta y menos por lo que recibe. Por eso no resulta extraño que desde el Club Senior de Extremadura se haya popularizado una idea que cada vez resuena con más fuerza, la de las sucesivas colonizaciones energéticas que ha sufrido nuestra tierra.

La primera colonización energética llegó con las grandes presas hidroeléctricas. Bajo el relato del progreso y el interés general, miles de hectáreas quedaron inundadas y numerosos territorios transformados para producir una energía que, en gran medida, alimentó el desarrollo industrial de otros lugares. Extremadura aportó territorio y recursos mientras que el valor añadido y la industrialización se quedaron fuera. Ya saben aquello que cantaba Extremaduro en Extremaydura, “Tenemos el agua al cuello, con tanto puto pantano”...

La segunda colonización fue la nuclear, la central de Almaraz simboliza esa etapa, junto a aquel intento frustrado que fue Valdecaballeros. De nuevo, la lógica fue similar, asumir los riesgos y las servidumbres de una infraestructura estratégica cuyos beneficios principales no revertían proporcionalmente en nuestro territorio. De nuevo, lo peor para nosotros mientras que las eléctricas se beneficiaban con una bonita alfombra roja. 

La tercera colonización energética ha venido de la mano del despliegue masivo de plantas fotovoltaicas. Nadie discute la necesidad de avanzar hacia energías renovables ni la urgencia de combatir el cambio climático. Pero una cosa es la transición ecológica y otra muy distinta reproducir esquemas extractivos bajo una nueva etiqueta verde. Grandes extensiones de dehesa y tierras agrícolas fértiles han sido ocupadas por instalaciones destinadas a generar y exportar energía, mientras Extremadura sigue teniendo dificultades estructurales para generar industria asociada, empleo estable y tejido económico propio.

Y ahora parece abrirse una cuarta fase con la expansión de las plantas de biogás.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es el biogás. La tecnología del biogás, bien diseñada y adecuadamente planificada, puede formar parte de una economía circular inteligente. Convertir residuos en recursos, cerrar ciclos materiales y reducir emisiones son objetivos legítimos y necesarios.

La cuestión es otra y es que la preocupación creciente en numerosos municipios extremeños tiene que ver con el modelo de implantación que se está promoviendo. No hablamos de pequeñas instalaciones vinculadas al territorio y a la gestión local de residuos, sino de grandes proyectos industriales cuya dimensión y necesidades generan preguntas todavía sin respuesta suficiente.

¿Qué residuos alimentarán realmente estas plantas? ¿Procederán del entorno cercano o requerirán importar enormes volúmenes desde otros territorios? ¿Qué incentivos pueden generar para ampliar modelos intensivos de ganadería o atraer nuevas actividades altamente contaminantes? ¿Quién obtiene el beneficio económico y quién asume los costes ambientales y sociales?

Estas preguntas no son abstractas, se las hacen ya las plataformas ciudadanas que se están formando en municipios como La Coronada, Oliva de Plasencia, Granja de Torrehermosa, Miajadas o Almendralejo. No están rechazando necesariamente una tecnología, están reclamando planificación, transparencia, evaluación rigurosa y capacidad de decidir sobre el futuro de sus pueblos.

En algunos casos, además, se denuncian cuestiones concretas de ubicación. En Oliva de Plasencia, por ejemplo, se ha señalado que el emplazamiento previsto coincide con la dirección de los vientos predominantes hacia el núcleo urbano, alimentando la preocupación por posibles molestias provocadas por los olores y sus efectos sobre la calidad de vida.

La cuestión de fondo es si Extremadura quiere seguir siendo una tierra de sacrificio o convertirse en protagonista de su propio modelo de desarrollo.

La transición energética será justa o no será. Y para que sea justa no basta con cambiar una tecnología por otra, hay que cambiar quién decide, quién se beneficia y quién asume los impactos.

Extremadura necesita energía limpia pero también necesita soberanía económica, planificación territorial, industria asociada, empleo digno y respeto por quienes viven en el territorio.

Porque si el resultado de cada transición es ocupar más suelo, importar más residuos y exportar más beneficios, entonces quizá no estemos construyendo un nuevo modelo. Quizá solo estemos perfeccionando el viejo.

Lo más grave de la propuesta del presupuesto extremeño de cooperación para 2026 no es el dinero que desaparece, sino la idea que desaparece con él. La cooperación extremeña representará apenas el 0,03 % del presupuesto autonómico y la cooperación efectiva apenas alcanzará el 0,01 %. Si alguien cree que ahí estaban los problemas de Extremadura, está mirando en la dirección equivocada. Lo que reflejan estos presupuestos es algo mucho más profundo: la renuncia del Partido Popular a defender una política pública que durante décadas formó parte del patrimonio común de la democracia extremeña.

La cooperación descentralizada nunca fue una rareza ideológica ni una extravagancia presupuestaria. Ha sido una política institucionalizada, sostenida por gobiernos de distinto signo, diputaciones, ayuntamientos, universidades y organizaciones sociales. Una forma de entender que Extremadura también tiene algo que aportar al mundo y algo que aprender de él.

Ese consenso ha saltado por los aires.

En apenas tres años de gobierno del Partido Popular, la cooperación extremeña ha sufrido un deterioro acelerado. El proceso comenzó en 2024 con un recorte cercano al 26 %. En 2025 la Educación para la Ciudadanía Global fue reducida en más de un 87 %. Y en 2026 llega el golpe definitivo: el cierre efectivo de una política pública que durante décadas formó parte de la identidad institucional de Extremadura.

No estamos ante una simple reordenación presupuestaria. Estamos ante una decisión política que declina el apoyo a las políticas sociales de la región.

Y aquí aparece el fondo del asunto. El PP no solo ha asumido el marco ideológico de VOX sobre cooperación internacional; ha dejado de defender una parte de su propia tradición política. Porque la cooperación descentralizada también fue una construcción del centro derecha autonómico español. Formaba parte de una idea de estabilidad democrática, proyección exterior y cohesión social. Hoy parece que defender la solidaridad internacional genera más costes electorales que beneficios políticos.

Por eso el debate va mucho más allá de la cooperación. Cuando una política pública empieza a etiquetarse como “gasto ideológico”, “lujo innecesario” o “privilegio subvencionado”, se abre una dinámica peligrosa. Primero cae la cooperación porque es fácil enfrentar a los pobres de fuera con los pobres de aquí. Después llegarán las políticas de igualdad, la dependencia, la cultura crítica, la participación social o cualquier derecho que no produzca rédito electoral inmediato.

La receta es conocida: fabricar enemigos simbólicos para evitar afrontar problemas reales y fomentar los discursos de odio, racistas, homófobos y machistas para conseguir la polarización social que vivimos en estos momentos.

Y sí, Extremadura tiene problemas muy serios: salarios bajos, precariedad, despoblación, listas de espera y pobreza estructural. Pero quienes recortan cooperación no llenan automáticamente los centros de salud de médicos, no mejoran la educación pública, no suben los salarios ni frenan la despoblación. Lo que hacen es señalar al más débil y convertirlo en chivo expiatorio.

La cooperación es perfecta para este papel. Demasiado pequeña para resolver por sí sola los grandes problemas de la región, pero también demasiado pequeña para causarlos. Sin embargo, durante años esta política ha contribuido a impulsar proyectos sociales, educativos y de desarrollo local en municipios extremeños, además de fortalecer la presencia internacional de la región. Precisamente por eso resulta tan útil como enemigo político: Lo suficientemente visible para señalarla, pero demasiado insignificante en términos presupuestarios como para explicar los problemas reales de Extremadura.

La lógica del “primero los de aquí” suele terminar igual: menos derechos, menos servicios públicos y más miedo. Porque cuando una sociedad acepta que la solidaridad es negociable, termina descubriendo que los derechos también lo son.

El caso extremeño importa porque revela algo más profundo que un ajuste presupuestario. Muestra cómo un partido en el gobierno deja de defender determinadas políticas públicas no porque hayan fracasado, sino porque considera que ya no compensan electoralmente. Y cuando la política solo protege aquello que resulta rentable, lo público deja de ser un proyecto compartido para convertirse en una simple contabilidad de votos.

Quizá dentro de unos años nadie recuerde las cifras exactas de este presupuesto, pero sí sus consecuencias. La precariedad seguirá ahí, la despoblación seguirá ahí y los problemas reales seguirán esperando respuestas. Lo único que habrá cambiado es que habremos aprendido a convivir con una idea peligrosa: que la solidaridad puede sacrificarse cuando conviene. Y cuando una sociedad cruza esa línea, tarde o temprano descubre que los derechos tampoco estaban tan garantizados como creía.

No nos pararán en la defensa de los derechos humanos desde Extremadura.

Las políticas sociales no son negociables, son nuestros derechos.

El Partido Popular ha aprobado en la Mesa Sectorial de Educación, con el voto en contra de CCOO, Extremestiza, una nueva optativa que se incorporará al currículo extremeño. La presentan como una asignatura destinada a profundizar en la 'Hispanidad', en la importancia de Extremadura en América y en los lazos históricos, culturales y lingüísticos entre ambos territorios. Afirman que la materia pretende reconstruir una historia compartida y que, tras cursarla, el alumnado desarrollará conciencia de identidad y pertenencia. No hablamos, por tanto, solo de conocimiento histórico, sino de una operación política de construcción simbólica desde la educación.

Desde nuestro punto de vista, el problema no es estudiar la relación entre Extremadura y América. Esa relación existe, tiene enorme relevancia histórica y debe abordarse en las aulas con rigor y espíritu crítico. El problema radica en aprobar una nueva asignatura cuando el currículo extremeño ya incorpora esos contenidos. El marco curricular existe; lo que falta no es una nueva etiqueta política, sino tiempo, estabilidad y condiciones para desarrollar bien lo que ya está reconocido.

Queremos dejar claro que nuestra discrepancia no se dirige contra el trabajo del comité de expertos que ha elaborado los contenidos de la nueva materia. Damos por hecho que habrán actuado con rigor académico y profesional. Nuestra crítica se sitúa en otro plano: en la decisión política de crear una asignatura con una orientación identitaria determinada cuando los contenidos históricos a los que se apela ya tienen encaje en el currículo vigente. No hablamos de una carencia curricular real, sino de la voluntad política de intervenir en el relato identitario. Además, la Consejería de Educación ha decidido seguir adelante sin aceptar las alegaciones presentadas por CCOO.

Esta decisión no puede analizarse al margen del contexto político regional. El acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y VOX ha supuesto la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los dos centros educativos de Talayuela donde se impartía, pese a la significativa presencia de alumnado de origen magrebí y a la oposición de la comunidad educativa. Aunque se ha anunciado que el programa podrá continuar fuera del ámbito educativo, lo relevante es que sale de la escuela pública: deja de estar integrado en los centros, pierde su valor como herramienta de convivencia y se convierte en una actividad desplazada al margen de la vida escolar.

En este contexto, emplazamos a la Consejería a explicar por qué es necesario que el alumnado trabaje por partida doble los lazos históricos y culturales con América —tanto en materias ya existentes como en esta de nueva creación— y no lo es, en cambio, que haga algo similar con los incuestionables lazos históricos y culturales que dejó la presencia musulmana durante casi ocho siglos en la península ibérica. Si realmente se tratara de construir una identidad regional rigurosa y no un relato político interesado, lo lógico sería abordarla desde la complejidad de todos los procesos históricos que han configurado Extremadura: los primeros pueblos del territorio, la romanización, la influencia germánica, la presencia musulmana, el descubrimiento y la colonización de América, la huella francesa e inglesa durante la Guerra de la Independencia, los profundos lazos con Portugal y los efectos de los procesos migratorios que explican que hoy más de 600.000 extremeños vivan fuera de la región. Reducir la identidad extremeña a una sola dimensión de su pasado no es hacer historia; es seleccionar políticamente la memoria.

A nuestro entender, una educación pública democrática no puede seleccionar la memoria cultural en función de intereses partidistas ni convertir la diversidad del alumnado en un problema. Resulta preocupante que se prime un relato épico de la expansión hispánica mediante la creación de una materia específica y, en cambio, la huella musulmana —aunque presente en el currículo oficial— quede relegada a un lugar secundario. Esa presencia dejó elementos incuestionables en nuestra lengua, arquitectura, agricultura, toponimia e identidad colectiva. Extremadura, como el conjunto de España, no se explica desde una sola raíz ni desde una identidad cerrada y excluyente.

Una nueva cesión a la ultraderecha

La salida del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí de los centros educativos y la aprobación de una nueva asignatura destinada a apuntalar una identidad regional reduccionista evidencian una nueva cesión del Partido Popular a la ultraderecha. Allí donde la escuela debería tender puentes, reconocer la diversidad y favorecer la inclusión, el Gobierno autonómico acepta deslegitimar una parte de la cultura presente en sus propios centros. No se trata de imponer una cultura sobre otra, sino de educar desde el conocimiento, el respeto y la complejidad histórica. Negar esa complejidad no fortalece la identidad; la debilita.

A esta objeción de fondo se suma otra igualmente importante: la laboral y organizativa. La creación de una nueva optativa supone duplicidad de contenidos, fragmentación de la oferta, más presión sobre los departamentos y un impacto especialmente delicado en centros pequeños y rurales. Las decisiones de escaparate suelen pagarlas después los claustros con más carga, improvisación e inestabilidad.

El diseño de la materia confirma ese desplazamiento de costes hacia los centros. Extremestiza se ha aprobado como optativa de 3º y 4º de ESO y se atribuye, por este orden, al profesorado de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Biología y Geología. Se añade así otra pieza a una oferta ya tensionada y se hace descansar su implantación sobre departamentos que ya trabajan contenidos afines. Además, su incorporación tendrá efectos no deseados sobre otras optativas existentes, especialmente sobre las segundas lenguas extranjeras —Francés y Portugués— que compiten por el mismo espacio horario y el mismo alumnado. En lugar de reforzar una oferta plural, útil y conectada con nuestro entorno europeo y transfronterizo, la Consejería introduce una materia identitaria que puede debilitar opciones formativas consolidadas y necesarias.

Desde nuestro punto de vista, el espacio iberoamericano no debería abordarse desde relatos nostálgicos de Hispanidad, sino desde el fortalecimiento de las sociedades iberoamericanas, el diálogo social, los derechos humanos, la cooperación y la igualdad. Si se quiere reforzar el estudio de América, hay margen suficiente dentro del currículo existente para hacerlo con más profundidad, mejores materiales y enfoques más críticos, sin duplicar materias ni tensionar aún más los centros.

Por todo ello, CCOO ha votado en contra de la aprobación de Extremestiza en la Mesa Sectorial de Educación y rechaza su implantación en los términos planteados. La educación pública de Extremadura no necesita más relatos impuestos; necesita rigor, pluralidad, recursos y respeto a la diversidad real de sus aulas.

Palabra, compromiso, honradez y ejemplo deberían ser atributos inseparables de cualquier persona que aspire a dedicarse a la política. Parece una obviedad, pero hay una quinta virtud que considero incluso más determinante que las anteriores, especialmente cuando se hace política desde el PSOE o desde cualquier espacio ideológico de izquierdas: la coherencia. 

Porque vivir como se piensa otorga algo que no se puede fingir: la tranquilidad de ser siempre reconocible ante la ciudadanía. También genera respeto dentro de la propia organización y, algo nada menor, entre quienes piensan distinto. La coherencia no convierte necesariamente a nadie en alguien con quien todos estén de acuerdo, pero sí en alguien creíble y respetable para todos. Y en política, la credibilidad lo es casi todo, por no decir todo. 

El problema aparece cuando se defiende una forma de entender la sociedad y, al mismo tiempo, se vive de espaldas a esos principios. Entonces se termina actuando como no se piensa ni se predica. Y eso tiene un nombre: incoherencia. Una palabra devastadora para cualquier proyecto político. Como dice una amiga a la que admiro profundamente, “la incoherencia termina matando en política”. 

A menudo escuchamos aquello de que “ya no hay políticos como los de antes”, como si las generaciones pasadas hubieran estado formadas exclusivamente por personas honestas y ejemplares. Probablemente no era así. Seguramente, como hoy, habría de todo en la viña del Señor. La diferencia es que antes era mucho más difícil conocer determinadas conductas y hoy las nuevas tecnologías, el avance de los métodos de investigación y el desarrollo del periodismo de investigación hacen mucho más complicado esconder determinadas contradicciones. Y eso, pese al ruido y al pseudoperiodismo que también prolifera, es una buena noticia para la democracia. 

La izquierda siempre ha necesitado referentes coherentes. Ahí está el ejemplo de José Mujica, convertido en un símbolo mundial no solo por lo que decía, sino por cómo vivía. Cuando abandonó la presidencia no se refugió en el lujo ni en privilegios; volvió a su chacra, a su vida sencilla, junto a su mujer, sus animales y sus plantas. Se puede discrepar ideológicamente de él, pero difícilmente se le puede acusar de incoherente. Vivió y murió conforme a lo que defendía.

En España y concretamente en el PSOE y en el PSOE de Extremadura hemos tenido y seguimos teniendo también ejemplos de esa política basada en la coherencia. Ramón Rubial fue respetado incluso por quienes estaban en las antípodas de sus ideas. Lo mismo puede decirse de Juan Carlos Rodríguez Ibarra o de Guillermo Fernández Vara, que abandonó la primera línea política para regresar a la docencia universitaria, una de sus grandes vocaciones, por no citar a cientos de compañeras y compañeros concejalas y concejales, alcaldesas y alcaldes, militantes y simpatizantes con cualquier responsabilidad pública. Eso también es coherencia: entender la política como servicio y no como modo de vida. 

Decía mi tío que “el rey, además de serlo, tiene que parecerlo”. Y tenía razón. En política no basta con actuar dentro de la legalidad; también es imprescindible actuar conforme a los valores éticos y morales que uno proclama y defiende. La ciudadanía no solo observa lo que se dice, sino cómo se vive. 

Quizá por eso algunos espacios políticos han conseguido conectar recientemente con sectores desencantados, especialmente entre los jóvenes. Han sabido construir un discurso que, al menos aparentemente, transmite autenticidad y coherencia. Y ahí los partidos tradicionales haríamos bien en tomar nota. 

La política necesita menos marketing vacío y más verdad. Menos discursos calculados y más ejemplo personal. Porque la gente puede perdonar errores, pero rara vez perdona la hipocresía. 

La izquierda, y particularmente el PSOE, solo seguirá siendo reconocible si mantiene vivos los valores que históricamente le dieron sentido: la honradez, el compromiso, la palabra dada y la coherencia. Vivir como se piensa sigue siendo la mejor forma de hacer política. Y quien quiera enriquecerse, como decía Mujica, probablemente debería dedicarse a los negocios. La política debería quedar reservada para quienes entienden que servir a los demás sigue siendo una de las tareas más nobles que existen. Así entendí, entiendo y entenderé la responsabilidad política, no como un trampolín sino como una gran responsabilidad que nos prestan los ciudadanos para gestionar ese espacio compartido que les pertenece.

Tras las elecciones en Extremadura, el concepto de “prioridad nacional” ha quedado incorporado al acuerdo de gobierno entre PP y VOX en nuestra comunidad autónoma, presentándose como una medida supuestamente beneficiosa para nuestra tierra. Sin embargo, detrás de esa expresión se esconde una visión vergonzante, cerrada y profundamente discriminatoria, que ataca derechos humanos básicos y que pretende señalar y criminalizar a las personas migrantes.

UGT Extremadura no comparte ese planteamiento y lo denuncia con claridad. El futuro de nuestra región no se construye levantando fronteras, alimentando consignas identitarias ni dando cobertura a discursos que, en demasiadas ocasiones, derivan en posiciones racistas y excluyentes. El futuro se construye afrontando con valentía los problemas reales de Extremadura.

Y en Extremadura la prioridad no puede depender del origen de las personas que vienen a nuestra tierra. La prioridad debe ser otra: crear empleo, fijar población, generar riqueza y ofrecer oportunidades.

Porque Extremadura no necesita más discursos de odio que dividan. Extremadura necesita futuro.

Llevamos demasiado tiempo viendo cómo nuestros jóvenes hacen las maletas, cómo nuestros pueblos pierden población y cómo nuestra economía continúa dependiendo de sectores que, por sí solos, no son capaces de garantizar empleo estable, de calidad y con perspectivas de desarrollo sostenido. Mientras tanto, seguimos atrapados en debates estériles, mientras las oportunidades pasan de largo.

La verdadera pregunta es sencilla: ¿qué necesita hoy Extremadura? Y la respuesta también lo es: una prioridad industrial clara, ambiciosa y valiente.

Ahí sí deberíamos poner el foco. Ahí sí deberíamos hablar de prioridad.

Extremadura necesita industria para transformar aquí lo que produce, para generar valor añadido, para retener talento y para dejar de ser una tierra de salida y convertirse en una tierra de oportunidades. Desde UGT Extremadura llevamos mucho tiempo defendiendo precisamente eso: la necesidad de una estrategia industrial seria, planificada y consensuada, capaz de marcar el rumbo de nuestra región para las próximas décadas.

No hablamos de medidas aisladas ni de anuncios puntuales. Hablamos de una visión de futuro. Por eso consideramos que la política industrial debe convertirse en la primera gran negociación del nuevo diálogo social. El futuro de Extremadura no puede seguir esperando.

Y esa estrategia exige inversión. Extremadura tiene que ser también un proyecto de país.

Vivimos en un mundo globalizado en el que las empresas invierten allí donde encuentran oportunidades, estabilidad y posibilidades de crecimiento. Y, afortunadamente, cuando hablamos de atraer inversiones a Extremadura, no suele escucharse aquello de la “prioridad nacional”. En ese terreno, parece que todo el mundo entiende que cerrarse no es una opción, que necesitamos abrir puertas y competir para atraer proyectos que generen desarrollo.

Pretender que una región como Extremadura pueda industrializarse dando la espalda a las empresas, a la inversión y al talento sería condenarla, una vez más, a quedarse atrás.

Pero con las personas debería ocurrir exactamente lo mismo.

Quien nace en un lugar con pocas oportunidades intenta buscar una vida mejor allí donde puede encontrar un empleo digno, estabilidad y un futuro para su familia. Ha ocurrido siempre. Lo hicieron nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, cuando tuvieron que emigrar. Y lo siguen haciendo millones de personas en todo el mundo.

Extremadura lo sabe bien, porque Extremadura también es tierra de migrantes.

En el fondo, capital y personas responden a un mismo impulso: buscar futuro. Por eso resulta profundamente contradictorio defender la libre circulación del dinero mientras se cuestiona la movilidad de quienes buscan trabajo, dignidad y una oportunidad. No se le pueden poner puertas al campo.

La cuestión no debería ser de dónde vienen unas personas u otras. La cuestión es qué hacemos con esa realidad.

Si llega inversión, bienvenida sea, pero con exigencia: que genere empleo de calidad, que deje riqueza en el territorio, que tribute aquí, que transforme aquí y que contribuya a construir una Extremadura más fuerte.

Si llegan personas buscando una oportunidad, la respuesta tampoco puede ser el miedo ni el rechazo. La respuesta debe ser la inteligencia, la convivencia, la integración y el trabajo digno. Porque una sociedad abierta es también una sociedad más fuerte.

Eso también es defender nuestra tierra.

Defender Extremadura no es encerrarla. Defender Extremadura es abrirla al mundo con confianza, con ambición y con un proyecto propio.

Es entender que nuestra prioridad no puede ser una consigna identitaria basada en la raza, el origen o el país de nacimiento de las personas. Nuestra prioridad debe ser un proyecto colectivo.

Un proyecto que se llama industria.

Industria para crear empleo. Industria para fijar población. Industria para generar riqueza. Industria para transformar nuestro modelo productivo. Industria para que nuestros jóvenes puedan elegir quedarse.

Extremadura no necesita más resignación ni más debates estériles. Necesita decisiones. Necesita ambición. Necesita futuro.

Extremadura necesita una prioridad industrial. Y la necesita ya.

Ante el machismo hay que levantar la voz siempre, no sólo cuando el agresor tiene otro color o es de un origen distinto. Siempre, sin excepciones, no hay víctimas de primera y de segunda, tampoco agresores de primera y de segunda. Hay víctimas y hay agresores y en medio una realidad que hay que denunciar sin ambages. 

El año pasado en Extremadura cuatro mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, ellas murieron y no pudieron contar el calvario por el que seguramente habían pasado, mujeres con nombre propio. Ante eso, silencio por parte de las señorías de Vox porque parece que el tema no va con ellos. 

Sin embargo, cuando quien comete el delito es de fuera o de otro color de piel o ambas cosas, los mensajes de odio se multiplican y la llamada a la caza se amplifica desde todos los frentes, también y, sobre todo, desde las redes. 

Insisto, hay que denunciar siempre todas las violencias machistas, todas, por eso son importantes las leyes y los avances en los derechos de todas las mujeres. Por eso es importante escuchar, acompañar y denunciar. 

No se entiende el manto de odio que se extiende lentamente hasta calarlo todo. Pasó en Torre Pacheco, Murcia, un hecho puntual que resultó ser falso provocó una oleada de miedo, violencia y odio alentado desde determinados colectivos muy bien organizados de la ultraderecha. Los señores lanzan los mensajes una y otra vez desde sus sillones de oro y sus altavoces y convierten en chivo expiatorio a los otros, en este caso los de fuera que vienen a quitarnos los trabajos, a robarnos las ayudas y a violar a nuestras mujeres.

Es un cuento feo, muy feo, pero también muy viejo. Así pasó en Europa en la primera mitad del siglo XX, así pasa hoy en día en Palestina, siempre hay un otro, un enemigo contra el que ir. Enfocan los discursos para alimentar ese odio visceral y tapar los ojos hacia lo importante. 

El racismo no es la solución para evitar agresiones sexuales, para evitar el maltrato o las agresiones machistas. Hay que ser contundentes en la respuesta a todos los agresores, sean quienes sean. Ante cualquier agresión machista todo el peso de la ley y todas las instituciones del estado para acompañar a esa mujer que ha sufrido esa agresión machista. Muchas veces la justicia no ha estado al lado de las mujeres maltratadas y agredidas pero el empuje del movimiento feminista ha cambiado muchas cosas y seguirá haciéndolo. Por lo pronto a saber que quienes solo alzan la voz cuando el agresor tiene otro color de piel no quieren acabar con el machismo, solo instrumentalizan la violencia machista para asentar su relato racista. 

Hágase una cumbre con Portugal si es necesario. Hablen, acuerden y dejen de marear la perdiz. Cada cual que cargue con sus penitencias por acción u omisión y asuma el resultado de las urnas, en la eterna construcción de la denominada Autovía de la Esperanza.

No nos vengan con campañas de 'Habla, Extremadura', 'Fulanito te escucha' y similares. El movimiento social lleva clamando en el desierto desde hace muchos años. En esta ocasión, el relato y la razón ya los ha ganado una reclamación ciudadana: la movilización del 20 de mayo en Monfortinho. Una llamada de atención para que, desde las atalayas de los despachos —y especialmente desde quienes deberían haberla impulsado— se apueste por adivinar el futuro. Es hora de que la política forme parte del proceso y de su final. El mejor relato son los hechos, con presupuesto y calendario.

La terminación de la autovía entre Moraleja y Castelo Branco ha entrado, por fin, en foco. Seis meses para formar gobierno deberían ser suficientes para plantear sin tibieza esta prioridad. Para esta parte de Extremadura, la prioridad está clara: solo 18 kilómetros, que deberían haberse contemplado en cualquiera de los presupuestos autonómicos de la última década.

Estamos tan focalizados en el AVE Madrid–Lisboa que somos incapaces de conjugarlo, copulativamente, con otras demandas de infraestructuras que necesita nuestra comunidad. Apenas queda un doce por ciento de autovía por concluir entre territorio portugués y español en un enlace internacional Madrid–Lisboa pasando por Monfortinho. No se trata solo de reducir tiempos por ferrocarril entre las dos capitales, también por carretera.

Un diario extremeño señalaba recientemente cómo, en la capital regional, el cruce entre la A‑5 y la A‑66 está generando sinergias logísticas, empresariales y de empleo. Pues bien, el norte de Extremadura reclama —no por capricho— favorecer con la encrucijada A‑66 y Ex‑A1 las mismas oportunidades para un territorio que necesita conexiones con Portugal, en una zona transfronteriza donde la densidad de población se reduce a pasos agigantados, agravado por el envejecimiento demográfico.

Hay que celebrar la petición de reunión de Álvaro Cotrina a la presidenta María Guardiola. Sería deseable que, más allá del protocolo, permitiera un marco de entendimiento sobre la movilidad de los extremeños, donde tanto el gobierno central como la comunidad autónoma tienen responsabilidades. Algo similar a lo que fue en su día el Pacto Social y Político por el Ferrocarril, arropado por todos los partidos de la Asamblea. Extremadura nunca ha conocido un incremento tan notable de inversiones como el que trajo aquel pacto. Sobran razones para proponer y apoyar un pacto por las infraestructuras que se mantenga en el tiempo, gobierne quien gobierne.

Las infraestructuras son esenciales en la lucha contra la despoblación. El Instituto Nacional de Estadística predice para 2050 una caída demográfica del 3,6% en Extremadura, mientras que España crecerá un 10,5%. Puede que haya llegado el momento de plantear, como región, la concreción del pago de la deuda histórica en forma de inversiones e infraestructuras.

Menos hablar de la España vaciada y más obras para evitar la Extremadura a vaciar. Resulta incomprensible que, en un contexto de fondos europeos destinados a generar movilidad en zonas fronterizas, 18 kilómetros de autovía supongan una amenaza para políticos miopes, instalados en tacticismos partidarios. ¿O nos están diciendo que Moraleja, Coria, Plasencia o Ambroz, Gata y Hurdes pertenecen a una división regional sin preferencia? O quizá los dioses que habitan en Emérita Augusta se hayan vuelto locos y nos quieran ciegos, mudos y emigrados.

Como diría José Sacristán: “Lo importante es antes”.

Hay varios ejemplos en la historia de los partidos políticos en España que demuestran que, sin presencia y arraigo territorial, es imposible estructurar un proyecto político con un mínimo de durabilidad en el tiempo, al menos a medio y largo plazo. Si no me equivoco, del espectro político actual solo PSOE, PNV y ERC son organizaciones políticas fundadas antes de la Guerra Civil que aún siguen existiendo y, en gran medida, esto es así por su presencia y arraigo territorial, cada uno en su ámbito geográfico de actuación. Sin presencia orgánica e institucional en el territorio, no hay proyecto político ni orgánico viable.

Todos podemos recordar, aunque hoy parezca algo del siglo pasado, que surgió en España, allá por 2007, un partido político llamado UPyD, que dejó de existir legalmente en 2020 pero que, de facto, había muerto mucho antes. En 2014 irrumpió con una potencia extraordinaria Podemos, fruto del movimiento del 15M, surgido como reacción a la compleja situación generada por la crisis financiera de 2007-2008 y por las políticas de austeridad aplicadas en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. Hoy atraviesa una situación verdaderamente preocupante. Aunque fundado en 2006, fue a partir de 2015 cuando Ciudadanos irrumpió con gran fuerza en nuestro país, aspirando a representar el “centro político”. Experimentó una subida espectacular para ser un partido vinculado, en su origen, a un ámbito territorial muy concreto y cuya existencia hoy es prácticamente testimonial.

Y podríamos remontarnos más atrás para hablar de partidos como UCD o CDS, que corrieron igual o parecida suerte a las organizaciones anteriormente mencionadas. Todos tienen algo en común: su dependencia de hiperliderazgos personalistas, su nacimiento como reacción a coyunturas muy concretas y, sobre todo, su escasa o nula presencia orgánica e institucional en el territorio.

El PSOE, desde su fundación hace ya más de 147 años, ha sido un partido político íntimamente unido a la institucionalidad y a la presencia orgánica y política en el territorio. Sin ello, es una organización que ni quiere ni sabe sobrevivir. Sin ello, su marcado sentido de transformación social y de lucha por la igualdad y la justicia social sencillamente no puede llevarse a cabo ni hacerse realidad. Sin ello, el PSOE no puede ser una herramienta útil para la inmensa mayoría social de este país y de esta región.

El PSOE, en Extremadura y en España, tiene que aspirar siempre a estar y ser decisivo en las instituciones; tiene y debe estar en el territorio y tiene y debe estar con la gente a la que aspira representar.

Las trincheras, los muros y los frentes nunca han sido conceptos unidos ni vinculados al PSOE. Muy al contrario, siempre ha sido el partido del diálogo, del consenso, de los grandes acuerdos, de las amplias mayorías y de las grandes leyes que han transformado este país y esta región. También ha sido dueño de sus propios errores y equivocaciones.

La irrelevancia política en las instituciones suele ser la antesala de la irrelevancia política en la sociedad. No cometamos ese tremendo error ni en Extremadura ni en España. No renunciemos nunca a tener una gran representación orgánica e institucional en el territorio, porque es desde ahí desde donde se puede cambiar la vida de la gente y transformar la realidad.

Aspiremos a ser el partido de más del 50% de los votos y nunca el partido de menos del 30%. No renunciemos, por ningún cálculo coyuntural, a la verdadera naturaleza y al verdadero sentido de esta organización: ser la mejor herramienta al servicio de la mayoría social.

¿Méritos académicos para competir con tus iguales? ¿Experiencia laboral para acceder a un puesto precario? ¿Dinero para la fianza de un alquiler inasumible? ¿Expectativas de futuro? ¿Proyecto de vida? Estas y otras cuestiones son las que escuchan a diario las personas jóvenes. Preguntas cuyas respuestas, en la mayoría de los casos, no bastan para disfrutar de unas condiciones de vida adecuadas ni para alcanzar una mínima estabilidad material y emocional. Nunca es suficiente para una juventud sometida a un paradigma de sobreexigencia e hiperproductividad que estimula estar constantemente ocupado, convirtiendo el rendimiento —académico, laboral, físico— en indicador de valor individual. Un modelo que alimenta el perfeccionismo y el miedo a descansar, y que exige un equilibrio personal imposible basado en la autogestión emocional y la planificación financiera. El resultado es fatiga y culpa por no cumplir expectativas impuestas por un sistema que oculta la vulnerabilidad y la exclusión social.

Desde mi perspectiva sociológica, no es justo exigir tanto a este segmento de la población a cambio de tan poco. A ello se suma la violencia sistémica ejercida por adultos jóvenes y mayores de otras cohortes —Baby Boomers, X y Y (Millennials)— que gobernamos el mundo con aciertos y errores, fruto de un adultocentrismo que sitúa a las personas adultas como grupo hegemónico por su funcionalidad y autonomía económica y emocional. Hemos creado la felicracia: un modelo social que impone la felicidad como mandato cultural, donde las élites —adultas— utilizan este estado subjetivo como instrumento de regulación y criterio de normalidad social.

La Generación Z o Post-Millennials, nacidos entre 1997 y 2012, son los primeros nativos digitales. No conocen un mundo sin conectividad, donde la tecnología móvil y las redes sociales son una extensión natural de su realidad física. Se caracterizan por ser pragmáticos, independientes, conscientes del medio ambiente y orientados a la sostenibilidad, valorando a menudo más las experiencias y el uso compartido de bienes. Sin embargo, la mayoría malvive en la incertidumbre de la precariedad laboral, los sueldos bajos y la inseguridad en el empleo, unida a la desigualdad en el acceso a la vivienda por el sobrecoste de los alquileres y el precio desmedido del metro cuadrado. Más de la mitad de las personas de 26 a 34 años en España convive con sus progenitores por la imposibilidad de emanciparse.

Esta ciudadanía joven se ha criado en la llamada “era de la policrisis”, que describe la coexistencia de crisis económicas, climáticas, sanitarias y geopolíticas que se entrelazan generando escenarios de caos interconectados. Tales circunstancias abocan a la desesperación colectiva y a la desconfianza sistémica, interpretadas como un supuesto fracaso generacional frente a condiciones desfavorables para sus proyectos de vida. Si alguien no llega a fin de mes, se le recomienda educación financiera. Si un joven no encuentra estabilidad, se le pide resiliencia. Esta lógica es maquiavélica: convertir problemas estructurales en fallos personales. Jóvenes pacientes del estrés del presente y de la ansiedad por un futuro sin futuro.

Esta realidad evidencia el edadismo juvenil en las sociedades occidentales contemporáneas, que discrimina por edad, minusvalorando y relegando a las nuevas generaciones desde el frontispicio de la sociedad felicrática. Occidente se autodefine como civilización avanzada, inclusiva y democrática, pero continúa organizada bajo el yugo del adultocentrismo, que instaura una jerarquía temporal del valor humano: el niño o la niña es “todavía no”; el joven o la joven es “aún insuficiente”; el mayor o la mayor es “ya no”. El resultado es un sistema economicista que mide la dignidad según el utilitarismo, donde la mejor acción es la que maximiza la felicidad para el mayor número.

Paradójicamente, los adultos aspiramos a ser jóvenes ad aeternum, mediante medicinas antienvejecimiento, cirugías estéticas y cosméticos que imponen la juventud como único ideal de belleza y éxito. Un dilema evidente cuando empezamos a peinar canas y suavizar arrugas que delatan el paso del tiempo, mientras simulamos ser tan cool como nuestros hijos adolescentes. Pero ese fenómeno merece otro artículo. Ahora toca hablar de los jóvenes: una generación con formación sólida, mente global y espíritu crítico, que sospecha que vivirá peor que sus progenitores bajo el mandato constante de la resiliencia y el entusiasmo. Hay quienes la etiquetan despectivamente como “generación de cristal”, por una supuesta menor tolerancia a la frustración. Podríamos llamarlo, sin dramatismos innecesarios, un juvenicidio social: no elimina físicamente a los jóvenes, pero los condena a un no-futuro mientras se les exige sonreír a la cámara.

Quizás el término juvenicidio social resulte radical, pues no existen mecanismos de eliminación sistemática de jóvenes por ser jóvenes en Occidente. Lo introduzco deliberadamente para alertar de prácticas sociales e institucionales encaminadas a la anulación de la juventud. El juvenicidio funcionaría como metáfora de lo que ocurre cuando se oprime de modo silencioso a casi un 20% de la población europea entre 15 y 29 años. Como adultos, deberíamos ser más conscientes de estas formas de incapacitación, arriesgándonos a perder talento necesario para el progreso social en el Viejo Continente.

Como conclusión, afirmo que las sociedades que glorifican la juventud eterna e invisibilizan la vejez pierden continuidad generacional. Sin memoria no hay historia. Sin futuro no hay cambio. Sin reconocimiento mutuo entre edades no hay cooperación intergeneracional. Frente a los valores de la felicracia construida a imagen de los adultos, hace falta más rebeldía juvenil con inteligencia colectiva para cuestionar el establishment sin caer en el nihilismo o el negacionismo. Corresponsabilidad entre generaciones para ensayar nuevas estrategias de vida social, cultural y política que no reproduzcan las inercias del sistema. Solo así la disrupción dejará de ser un gesto simbólico y se convertirá en fuerza transformadora capaz de abrir grietas en un modelo que se presenta como inevitable, pero que es solo una construcción histórica susceptible de ser reescrita.

Hace unas semanas volví a utilizar esa tarea en un grupo de ese mismo curso como conclusión para el tema de antropología que hemos estado trabajando este trimestre. Habíamos hablado de la socialización primaria y secundaria y de la importancia del grupo para el desarrollo del individuo homo sapiens. La tarea fue un éxito. A todo el grupo le resultó atractivo pensar y escribir sobre las personas queridas que les cuidaron en la infancia y les siguen cuidando. Hubo algunos trabajos especialmente emotivos y les felicité por su labor.

La semana posterior al 8 de Marzo les propuse como actividad coeducativa hacer con sus escritos un pequeño ejercicio de análisis de datos. Les pedí que contaran las personas a las que nombraban en su redacción y registraran después el número de mujeres y de hombres. Les enseñé a transformar esas cifras en porcentajes y les propuse calcular el porcentaje medio de mujeres y hombres de los datos de todo el grupo. Un pequeño revuelo recorría los pupitres cuando empecé a copiar en la pizarra los números que me iban dictando –evidentemente reflejaban un mayor porcentaje de mujeres– y entonces, un alumno exclamó: “¡me niego a poner ahí mis datos!”. Le pregunté por qué y su respuesta me dejó aun más estupefacta: “porque va contra mis ideales”. No conseguí que me explicara con claridad en qué consistían esos ideales más allá de alguna alusión vaga a que él prefería pensar en personas y no en mujeres y hombres. El incidente me sirvió para incidir en la importancia de desagregar los datos por sexo en cualquier ámbito de análisis pero un clima de incredulidad o tal vez de desconcierto se había ya impuesto en el aula. El propósito de la actividad, esto es, tomar conciencia a través de datos reales de la mayor dedicación de las mujeres a tareas de cuidados, resultó desvirtuado.

En mis tres décadas de profesión docente, he visto aumentar ante mis ojos, casi por momentos, el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista y he asistido a una creciente presencia de discursos racistas y anti-inmigración entre adolescentes. En los últimos cuatro o cinco años, estas actitudes se han ido acompañando de manera preocupante tanto de un repliegue hacia el valor de los roles de género tradicionales como de una aceptación acrítica de bulos y fake news. Junto a esto, es patente entre el alumnado adolescente una aterradora normalización de la violencia sexual que va alcanzando ya consistencia de epidemia. Sé que es fácil caer en el pesimismo y la generalización pero estas impresiones subjetivas que experimento en mi labor diaria de enseñanza se corresponden distópicamente con el alarmante ascenso del número de agresiones sexuales entre menores y de la adhesión de los jóvenes (masculino) a ideas -quizás eran los “ideales” que esgrimía mi alumno- propias de la ultraderecha política.

Lo cierto es que lo ocurrido en mi clase se asemeja sospechosamente a otras situaciones que penosamente se repiten cada vez con mayor frecuencia. Son chicos mayoritariamente los que reaccionan a la defensiva y emiten con aterradora precisión los mismos mantras con que las redes sociales ametrallan su capacidad de pensamiento moral –las más de quinientas leyes que favorecen a las mujeres, el machacón y ya viejuno “ella lo hace porque quiere”, incluso el deprimente “siempre ha sido así, profe”–. Pero, aunque sepa que esa resistencia feroz que exhiben es un reflejo del machismo estructural en el que están socializándose, el episodio me ha dejado un poso de tristeza: ¿qué imagen miserable de la humanidad estamos permitiendo que se constituya en la mente de la gente más joven?

Como se trataba de evocar a las personas que nos acompañan en la vida, me acordé de mis compañeras docentes coeducadoras: de aquellas a las que amenazan y arrinconan por investigar la violencia machista, aquellas a las que han cancelado por decir alto y claro que la coeducación ha sido secuestrada por discursos falsamente progresistas, aquellas maestras y profesoras que coeducan cada día a pesar de la inercia imparable del retroceso neoliberal –sus análisis, denuncias y propuestas se expusieron en el III Congreso DoFemCo titulado La coeducación frente a la violencia contra las niñas y las mujeres–. Pensando con admiración en el trabajo incansable y valiente de todas ellas, al salir del instituto me preguntaba: y a nosotras, las profesoras feministas, ¿quién nos cuida?

Afortunadamente, esa misma semana mi alumnado de Bachillerato presentaba sus exposiciones sobre pensadoras, filósofas, antropólogas e investigadoras de las ciencias sociales. En esas aulas pude escucharles explicando, por ejemplo, la banalidad del mal de Hannah Arendt, lo manipulables que se vuelven las personas que no son capaces de cuestionarse aquello a lo que obedecen. De camino a casa, resonaba en mi cabeza la célebre frase de Margaret Mead que una alumna había citado en su trabajo: “No dudéis nunca de que un pequeño grupo de personas reflexivas y comprometidas puede cambiar el mundo”. Con la sabias palabras de Mead en el pensamiento y en el corazón, así seguimos adelante.

Era cuestión de tiempo que las costuras del pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura empezaran a ceder bajo la presión de la carga ideológica. Los dos consejeros de extrema derecha en el Ejecutivo presidido por María Guardiola han rechazado firmar una declaración institucional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que, no obstante, se ha aprobado con motivo del Día Internacional contra la LFTBIfobia este domingo.

Por mucho que desde el PP se insista en restar importancia a esta discrepancia y considerarla incluso “normal”, como hizo la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el pasado martes, lo cierto es que no lo es porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos. No se trata de un simple roce administrativo, es una divergencia de fondo sobre cómo se entiende la igualdad y la protección de las minorías en Extremadura, es asumir que compartes Gobierno con “quienes tiran a una papelera los derechos de las personas LGTBI” y enmascararlo bajo “el respeto a las diferencias ideológicas y las sensibilidades personales”.

Hay que reconocer que la tarea del PP y de Guardiola no es sencilla. Intenta gestionar dos visiones del mundo opuestas y mantener el equilibrio institucional con los derechos LGTBI, cuyo apoyo nadie puede poner en duda en Extremadura, mientras que Vox, desde el mismo Gobierno de la Junta, ha decidido marcar territorio con un discurso que busca desmantelar la especificidad de estas políticas de igualdad. La extrema derecha seguramente necesita agitar la bandera de la batalla cultural para no ser absorbida por la gestión institucional.

El vicepresidente de la Junta y líder regional de la formación ultra, Óscar Fernández Calle, ha recurrido a un argumento tan casposo como engañoso para defender el rechazo de su partido a suscribir una declaración contra la homofobia y a favor de los derechos LGTBI. Fernández Calle sostiene que la Constitución y el Código Penal ya nos defienden a todos. Por supuesto que es así, pero es una media verdad tramposa, un concepto un tanto rancio y una peligrosa simplificación.

Apelar a la igualdad formal para negar políticas específicas es como decir que no hacen falta leyes de violencia de género porque ya existe el delito de lesiones. O sostener que no hacen falta semáforos porque ya existe el derecho a la libre circulación. La protección general que cita el vicepresidente de la Junta de Extremadura ignora deliberadamente la realidad de quienes sufren una discriminación concreta por su orientación o identidad, también en nuestra comunidad. Si fuera suficiente, no asistiríamos a la persistente gravedad de los delitos de odio ni a la exclusión, ya estructural, que todavía sufren muchas personas por el simple hecho de ser quienes son.

Pero es que, además, Fernández Calle se ha referido a los derechos de las personas LGTBI como una cuestión de “tendencia sexual”, un término que la psicología y el derecho internacional ya han superado en favor de la orientación o la identidad. Al recurrir a ese concepto, ha dejado claro que, para Vox, la ley autonómica de protección de homosexuales, transexuales y bisexuales es, en el mejor de los casos, redundante y, en el peor, una imposición ideológica.

Es posible que haya que recordar a Vox que la democracia no consiste solo en no ser agredido, consiste en poder existir con plenitud y visibilidad. Si el PP de María Guardiola permite que su socio vacíe de contenido las leyes de Igualdad bajo el pretexto de que “ya estamos todos protegidos”, la primera gran discrepancia del Gobierno no será una anécdota, sino el principio de un retroceso.

En Extremadura no sobran leyes de igualdad, lo que sobra es usar la Constitución para blindar prejuicios e invisibilizar a quienes todavía hoy caminan con miedo por la calle.

La fuerza literaria que impulsa a una joven de Almendralejo a convocar multitud de lectoras a miles de kilómetros de su Extremadura natal —en Buenos Aires o en cualquier ciudad donde la palabra aún sea protagonista— no puede reducirse a la lógica de los algoritmos. Lo que está ocurriendo con autoras como Inma Rubiales es un fenómeno cultural que desborda las categorías tradicionales: una reconfiguración del acto de leer como gesto identitario, comunitario y casi ritual.

La literatura juvenil ha sido históricamente observada desde cierta aristocracia intelectual con un desdén tan previsible como miope. Se confunde la accesibilidad con la superficialidad, como si la claridad fuese enemiga de la profundidad. Pero lo que estas autoras están articulando es una democratización de la introspección, un acceso masivo a preguntas que antes parecían reservadas a círculos académicos o a voces legitimadas por el canon. Las lectoras no buscan evasión; buscan reconocimiento, buscan un espejo que no distorsione su vulnerabilidad, su duelo, su ansiedad, su deseo de afecto. En un ecosistema saturado de estímulos fugaces, el libro se convierte en el único espacio donde la subjetividad puede desplegarse sin prisa.

La llamada “misión imposible” de poder entrar en un recinto en Buenos Aires para estar con tu escritoria favorita —esa marea humana que desbordó expectativas y derribó prejuicios— desmonta el relato apocalíptico sobre la Generación Z. Se insiste en que han perdido la concentración, pero ahí están: esperando horas bajo el sol por una firma, devorando quinientas páginas en un fin de semana, construyendo comunidades transnacionales de sentido que no necesitan legitimación institucional. Lo que se moviliza no es solo entusiasmo: es una forma de pertenencia.

La gira de esta almendralejense por el Cono Sur revela un desplazamiento profundo: el centro de gravedad de la prescripción literaria ya no reside en los suplementos culturales ni en los guardianes del canon, sino en la relación emocional directa entre autora y lectora. Una relación que no es vertical, sino horizontal; no es distante, sino íntima; no es normativa, sino afectiva.

Inma Rubiales, que aprendió a imaginar entre encinas y silencio, encarna esta mutación. Su éxito no es solo un accidente editorial, (Planeta) sino el síntoma de un cambio epistémico: la lectura como acto de resistencia frente a la fragmentación, como espacio de cuidado mutuo, como territorio donde la juventud escribe —con sus pies, con sus colas interminables, con su fervor— una nueva cartografía cultural.

Cuando más de seis mil personas se desplazan por una historia, no estamos ante un simple fenómeno de ventas. Estamos ante una revolución ya no tan silenciosa, ante una reescritura colectiva del lugar que ocupa la literatura en la vida contemporánea. Y quizá ha llegado el momento de que quienes observan desde la distancia empiecen a tomar en serio estas nuevas formas de canon, estas nuevas formas de comunidad, estas nuevas formas de decir: aquí estamos, y queremos ser leídas y comprendidas. Al más estilo mito de Casandra, quien fue condenada a no ser creída a pesar de acertar en todas sus profecías.

Que en el vídeo de campaña de Juan Manuel Moreno Bonilla, al que las encuestas andaluzas dan cerca de la mayoría absoluta, confundieran Jerez de la Frontera con nuestra maravillosa Jerez de los Caballeros es una pifia al nivel de Feijóo llegando a Badajoz y diciendo a gritos que qué a gusto se estaba en Andalucía. 

Lo del PP en campaña siempre roza lo indecente. Aún tenemos grabado en la retina aquel vídeo donde la señora Guardiola anunciaba que nos habían robado la democracia unos vulgares cacos que habían asaltado la oficina de correos de Fuente de Cantos. Aquello más que hacer gracia dio verdadera vergüenza y levantó una seria preocupación porque poner en duda las garantías democráticas del proceso electoral es algo muy grave. 

No sé si ese ridículo espantoso, sumado a la negativa a participar en un debate a cuatro fue lo que hizo que Guardiola perdiera la mayoría absoluta o quizás nunca estuvo cerca de tenerla. El caso es que en las elecciones no todos jugamos con las mismas reglas del juego. Mientras unos gastan miles y miles de euros y se hipotecan con los bancos para financiar sus majestuosas campañas, otros hacemos campañas modestas y artesanas. Mientras unos utilizan los fondos públicos para los intereses electorales de su propio partido (con sanción de la junta electoral al PP de Extremadura incluida), otros contamos euro a euro para no desperdiciar ni uno y estirar al máximo un presupuesto más que ajustado. 

No, no jugamos con las mismas reglas, por eso que Unidas por Extremadura haya casi duplicado sus votos sabe aún mejor, sabemos que somos David contra Goliat. Y en Andalucía vemos que sucede lo mismo, un Partido Popular que actúa de la misma manera soberbia con un vídeo de campaña que es un absoluto insulto y que confunde una localidad extremeña con una andaluza (me juego el cuello a que quienes hicieron el vídeo no son andaluces, puede que no sean ni personas y sea producto enlatado de la IA). Para colmo de la soberbia, piden perdón antes por el error en el vídeo que por la actuación criminal con los cribados de los cánceres de mama, algo que es un absoluto insulto y que ha puesto de manifiesto la nula empatía del gobierno de Moreno Bonilla con las mujeres afectadas. 

Moreno Bonilla tiene un perfil de hombre moderado pero sus actos nos llevan a pensar que en el fondo es el mismo PP turboliberal de siempre, ese que mientras te sonríe en campaña y te canta una canción (por cierto, con acento de Valladolid) vende a precio de saldo la sanidad andaluza llegando a unos niveles de deterioro como nunca antes se habían visto. Ese PP que inunda de pisos turísticos las ciudades andaluzas haciendo imposible que las familias puedan acceder a una vivienda digna. Son las políticas que nos llevan al deterioro de lo público, de lo común y hacen que en nuestras ciudades impere la ley de la Jungla, el sálvese quien pueda y que los más privilegiados (aquellos con nombres compuestos y familias de rancio abolengo) siempre sean los que más se beneficien de sus políticas. 

Ante el riesgo de que al PP andaluz le ocurra lo mismo que al extremeño y acabe necesitando a Vox para gobernar Moreno Bonilla ya ha asegurado que si eso sucede y pierde la mayoría absoluta no firmará un acuerdo ilegal, racista e infame como el de Extremadura. No ha dejado, que se diga, en muy buen lugar a su homóloga, la señora Guardiola, a la que en su partido dan ya por amortizada por lo que se ve. Así que Extremadura se ha comido el marrón de ser el laboratorio de las políticas fascistas cuando no necesitaba ir a elecciones anticipadas. Espero que al menos de eso haya aprendido Guardiola y se lo piense dos veces antes de anteponer las necesidades de Génova a las de su propia tierra. 

Ante este panorama, parece que siempre gana el postureo, la sonrisa falsa, el cartón piedra de lo que parece pero no es. Frente a toda esa soberbia y desfachatez seguiremos dando la cara para garantizar los derechos de todas y todos, que no gane la impostura.

Una voz en off en la serie M. El Hijo del siglo, basada en el ensayo de Antonio Scurati, abre el primer capítulo con una proclama de Mussolini: “Siempre llegará un momento en el que los pueblos perdidos abrazan las ideas simples”. Me estalla en la cabeza una indigencia intelectual y moral como el pretendido concepto de “prioridad nacional”. Si no puedes ofrecer una solución, busca un culpable.

Una errónea lectura de La llamada de la tribu, de Vargas Llosa, les conduce a ofrecernos este marco conceptual hasta las próximas elecciones generales bajo el auspicio de un PP desesperado, renunciando a los valores y principios de la Constitución. Hablan de prioridad nacional para evitar paralelismos entre inmigración y racismo, aunque el problema de base es la aporofobia, es decir, su clasismo ancestral. Como diría Gil de Biedma, su aspiración histórica consiste en que media España ocupe la España entera.

A fuerza de falta de propuestas y soluciones colectivas, no les queda otra opción que presentar una épica vetusta. Del mismo modo que sus antepasados ideológicos nos hicieron creer que Don Pelayo inició la Reconquista desde Asturias, ahora pretenden plantar una pica en Extremadura como génesis de la segunda reconquista de España. Ni existió la Reconquista de un territorio que no pertenecía a estado alguno, ni el invento de la prioridad nacional es novedoso: por aquí ya han pasado el finiquitado Orbán, el clan Le Pen o el sociópata de Trump. Una narrativa conocida de antiguo, expresada recientemente en Davos por otro antisocial como Milei, donde la desigualdad es inevitable, naturalizada, y el sufrimiento social un daño colateral sin solución. Eso es lo que ofrece el acuerdo PP‑Vox.

Leyendo ese acuerdo “palabra por palabra”, formalizado en cuatro largos meses, se entiende todo. A los propietarios de Almaraz, con beneficios cercanos a los diez mil millones de euros en 2025, se les van a perdonar hasta 2029 unos noventa millones de euros. Se rebajan los impuestos de sucesiones y donaciones al 1% de extremeños que hereden más de quinientos mil euros, mientras la región soporta un 32,8% de tasa de pobreza, la segunda más alta de España. En eso consiste su bajada de impuestos.

El ahora vicepresidente de Desregulación, Óscar Fernández, sintetizaba en el acto de investidura de María Guardiola, de forma sustantiva y preocupante, la clave de bóveda de su marco referencial: “no hay comida ni sanidad para todos”; quizá saturado por esa situación apocalíptica que describen de una España rota, partida, invadida, empobrecida y en estado terminal. De lo que subyace en su relato debemos inferir que también se refiere a salarios, pensiones, prestaciones sociales, educación, bonos sociales y todo aquello que, gracias a nuestros impuestos, obtenemos como salario diferido. Siguiendo su estela, los sindicatos y las ONG, en la defensa de clase o de los más vulnerables, son “improductivos”.

Quien protesta estorba. Hay concordia solo si la memoria es selectiva. El dolor es pedagógico para “espabilar” y la violencia hacia los más vulnerables es una consecuencia inexorable del mercado “correcto”. El odio es una peligrosa forma de organizar el malestar social, pero a ellos les sirve: la confrontación competitiva dentro de la misma clase simplifica la diana sobre un chivo expiatorio cuando se trata del reparto de migajas. La manipulación de la emocionalidad facilita la criminalización del diferente. Otra cosa es la lucha de clases, pero requiere valores, ideas y actitudes complejas para resolver las causas de un conflicto.

Hagan caso a María Guardiola y lean, “palabra por palabra”, su acuerdo con Vox. Comprenderán la deriva de señalamiento, desmemoria, segregación e insolidaridad en una Extremadura despoblada, sin una sola idea ni soluciones para un proyecto colectivo.

Algunos nombres se escriben en la historia con el esfuerzo de los dedos y la resistencia del espíritu. El de Alberto Ginés ya es eterno. A sus 23 años, este joven cacereño no es solo un deportista de élite; es el hombre que inauguró una era al colgarse la primera medalla de oro olímpica en la historia de la escalada (Tokio 2020). Su palmarés es incuestionable: podios en la Copa del Mundo, éxitos en Campeonatos Europeos y una constancia que lo mantiene en la vanguardia de la verticalidad mundial. Pero lo que hoy me trae aquí no es su fuerza física y mental fuera de toda duda, sino su imponente musculatura intelectual.

Es fascinante ver a un icono de la Generación Z, con el peso de una medalla de oro en su cuello, recomendando lecturas que van desde la delicadeza de Seda (Alessandro Baricco) hasta el humor ácido de Estupor y temblores (Amélie Nothomb). En sus manos pasan con la misma naturalidad los clásicos como Cumbres Borrascosas que la intriga de Patricia Highsmith o la narrativa contemporánea de Luis Landero. Alberto no lee para la foto; lee para entender, para crecer y para compartir una pasión que rompe cualquier estereotipo sobre el deportista de élite, sobre la juventud actual y sobre los índíces de lectura de nuestro país.

Apuesto además porque esa pureza e inocencia que desprende no es falta de experiencia, sino una elección consciente de ser auténtico. Su trato con la prensa es de una educación exquisita, y su ideología progresista —siempre desde el respeto absoluto a todas las personas— lo convierte en un referente ciudadano ejemplar. No necesita filtros tampoco para mostrar el amor por su compañera ni para defender un mundo más tolerante. Es un chico de Cáceres que, sin perder el norte, tampoco ha perdido el sur, conquistando todo territorio que pisa.

Verlo rodeado de libros nos devuelve algo que a veces creemos agotado: la manida esperanza. Alberto nos asegura que el futuro puede ser brillante, culto y humano a la vez. Nos enseña que se puede ser un competidor feroz en el muro y, al bajar, ser un joven sensible que busca respuestas en las páginas de un libro de Anagrama.

Desde luego, para mí, Alberto Ginés no solo ha conquistado el oro; se ha ganado mi total admiración y casi mis lágrimas de emoción cada vez que le veo recomendar lecturas de tal nivel literario.

Alberto es, en esencia, un recordatorio necesario. En un panorama actual que a menudo nos empuja al cinismo o al pesimismo generacional, encontrar a un campeón como él que prefiere la pausa de un libro al ruido de un titular nos reconcilia con todo. Ver a este chico extremeño, con su medalla de oro guardada pero su curiosidad siempre encendida, no solo nos ilumina; nos quita un peso de encima. Nos hace sonreír frente a la pantalla pensando que, si el relevo tiene esta sensibilidad y esta nobleza, a lo mejor es que tenemos que poner el foco en otro sitio, en otras personas diferentes a quienes lo están acaparando ahora. Porque sí, ya sabemos que leer no nos convierte automáticamente en mejores personas, y que quizá lo decisivo no es cuánto leemos, sino qué hacemos después con lo que comprendemos.

Es cierto que vivimos en un mundo permanentemente acelerado, donde los acontecimientos se suceden con tal rapidez que apenas encontramos tiempo para detenernos, analizar y extraer conclusiones propias. El sosiego no es un atributo de la posmodernidad.

Las noticias nos abruman, generan un sentimiento social de impotencia procesal, de agobio permanente y, lo que es peor, de duda sobre su veracidad. Lo que ocurrió ayer parece ya una noticia del Neolítico. Lo de la semana pasada, de la Edad del Hielo. Lo de hace unos meses, algo del más allá. La inmediatez nos supera, la rapidez nos colapsa y este mundo avanza a un ritmo que desborda.

Hasta hace apenas tres años, Extremadura no estaba en el foco nacional. Siempre hubo noticias aisladas que saltaban a los medios estatales, pero eran eso: episodios puntuales. Hoy, sin embargo, Extremadura es foco nacional, y no precisamente por motivos positivos, beneficiosos o de interés general, sino por la decisión de la presidenta de la comunidad autónoma de pulsar el botón electoral y quedar aún más supeditada a la extrema derecha que antes del 21 de diciembre de 2025.

Guardiola quiso “hacer un Ayuso o un Moreno Bonilla” y terminó consiguiendo “un Alfonso Fernández Mañueco” en toda regla. Lo que en nuestra tierra llamamos “hacer un pan como unas tortas”. También decimos que “para esta merienda no necesitaba yo alforjas”.

Decidió entregar Extremadura al laboratorio político instalado en Génova y, en un alarde de arrogancia sin precedentes, aprovechó la debilidad del PSOE de Extremadura y creyó que los extremeños habían virado de repente hacia posiciones de derecha y extrema derecha. Pulsó el botón electoral y, como también decimos aquí, “la cosa le salió rana”. Hoy ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura “porque a Vox le ha dado la gana” y previo pago del peaje más caro de nuestra historia reciente en términos de principios y valores.

Puso a Extremadura en el foco nacional cuando defendió, a lo Juana de Arco, que no pactaría con Vox. Aumentó ese foco cuando pactó con Vox y se desdijo de todos sus principios. Lo multiplicó exponencialmente cuando, según este planteamiento, entregó la región al laboratorio nacional del PP. Y lo ha vuelto a multiplicar con la firma de un acuerdo de gobierno que incomoda incluso a los sectores más radicales del propio PP.

Estar en el foco nacional a veces es bueno; otras, un desastre descomunal para una tierra con millones de problemas reales que no figuran en la agenda de la presidenta de la Junta ni, mucho menos, en la del partido Vox.

Y ahora, presidenta, ¿cómo salimos del foco nacional?

Lo peor del debate de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura ha sido comprobar cómo Vox ha impuesto su discurso: un discurso de odio y exclusión hacia los diferentes, hacia los de fuera. Un discurso burdo, remedo del de Trump y de sus congéneres de la internacional ultraderechista —America first / Prioridad nacional; Servicio de Control de Inmigración ICE / Unidad Administrativa de Verificación del fraude prestacional, del padrón y la residencia; Expulsión de inmigrantes / Devolución de los menas— que culmina en la miserable supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte desde hace años en dos colegios públicos de Talayuela.

El discurso xenófobo y de odio de Vox —asumido por el PP en Extremadura y Aragón, y pronto en España— ya está teniendo consecuencias. “Stop a la invasión”, decía la pintada aparecida en Almendralejo en las paredes de la sede de la Fundación Ruy López, un espacio de convivencia, ayuda y aprendizaje, conocido por muchos vecinos y vecinas como un lugar de dignidad. ¿Invasión de quiénes? ¿De los centenares de rumanos —ciudadanos de la Unión Europea— que desde hace décadas viven en Almendralejo y sostienen las campañas de uva y aceituna en Tierra de Barros? ¿De las familias marroquíes asentadas desde hace años en Talayuela y Jaraíz de la Vera, gracias a las cuales se mantienen los cultivos de tabaco y pimiento en Campo Arañuelo y La Vera? ¿De las mujeres sudamericanas que cuidan y acompañan a nuestros mayores en pueblos y ciudades?

Después de reír, llorar y divertirse en el Anfiteatro Romano de Mérida —como reivindicó al salir del hemiciclo con su investidura bajo el brazo—, María Guardiola tendrá que aterrizar. Tal vez entonces reflexione sobre el “lío” (Juanma dixit) en el que se ha metido. Si no lo hace, más pronto que tarde se dará de bruces con la realidad: una realidad dura, con menos vídeos preciosos y más peleas con su socio, ese que invoca al Altísimo para decidir el diámetro de los aros y que, cuando Abascal lo ordene, devolverá a Guardiola a la casilla de la que intentó salir en octubre del año pasado.

El PP —Núñez Feijóo, Guardiola, Azcón, pronto Fernández Mañueco y seguramente Moreno Bonilla— ha claudicado y da alas a quienes no pretenden cogobernar, sino imponer una política que solo puede traer dolor y desgracias.

Seamos egoístas, pero también honestos. Reconozcamos que la regularización es, en parte, la consecuencia de un fracaso: el fracaso de una política migratoria incapaz de responder a una realidad evidente. Un fracaso que se agrava porque la situación política del país impide modificar o aprobar una nueva Ley de Extranjería —una Ley Orgánica que requiere mayorías hoy inexistentes—, porque algunas interpretaciones judiciales se alejan del espíritu de la norma y porque miles de personas llevan años trabajando y arraigando aquí sin posibilidad, hasta ahora, de acceder a una autorización para residir y trabajar.

Seamos egoístas y queramos esas nuevas cotizaciones que llegarán, esos contratos que se firmarán, esos impuestos que se pagarán.

Pero seamos aún más egoístas.

Queramos más profesionales sanitarios en nuestros centros de salud. Más del 13% de las personas extranjeras afiliadas al Régimen General en Extremadura trabajan en ocupaciones vinculadas a la salud y los servicios sociales, el porcentaje más alto del país.

Queramos más emprendedores en nuestros pueblos. Según el proyecto GEM, la población extranjera presenta una tasa de emprendimiento superior a la española en todos los rangos de edad y niveles educativos.

Queramos más manos trabajando en el campo. Más del 35% de las personas afiliadas al sistema especial agrario en España son extranjeras.

Queramos más personas sosteniendo los cuidados en nuestros hogares. Más del 40% de quienes cotizan en el sistema especial de trabajadores del hogar son de origen extranjero.

Y vayamos al egoísmo máximo: pidamos que quienes trabajan no sean, además, quienes más prestaciones reciben. La población extranjera supone el 20% de la población total y el 25% de la fuerza laboral, pero percibe menos del 15% de las prestaciones por desempleo.

Seamos egoístas y queramos rejuvenecer nuestra población. La edad media de las personas españolas es de 45 años; la de las personas extranjeras, de 41, y menor de 40 si excluimos a quienes proceden de la Unión Europea. El 23,5% de la población española tiene 65 años o más, frente al 9,2% de la población extranjera.

Seamos egoístas y aceptemos que necesitamos a alguien que cotice para sostener nuestras pensiones. La población en edad de trabajar ya ha empezado a disminuir y, en 2050, será 2,5 millones menor que la actual.

Seamos egoístas y facilitemos la regularización de quienes llegaron buscando un futuro mejor para ellos y sus familias, huyendo en muchos casos de situaciones de peligro. Personas que afrontan dificultades para alquilar una vivienda, convalidar sus títulos o acceder a un empleo, y que cargan además con un sentimiento de culpa por haber dejado atrás tanto, aun sabiendo que marcharse fue, para muchos, la única opción.

Y aun así, siguen adelante.

Seamos egoístas porque la realidad, los datos y la experiencia nos dicen que su presencia no solo no nos perjudica: nos sostiene. Nos conviene. La necesitamos.