La Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este viernes el dictamen del proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026. En la sesión, la mayoría parlamentaria que forman PP y Vox ha hecho valer sus votos para incorporar las 36 enmiendas parciales presentadas conjuntamente por ambos grupos (29 del PP y 7 de Vox) y rechazar en bloque las 622 iniciativas registradas por los partidos de la oposición.

De este modo, las 328 enmiendas formuladas por el grupo socialista y las 294 presentadas por Unidas por Extremadura llegarán “vivas” al pleno fijado para los días 29 y 30 de julio, donde se procederá a la votación definitiva y aprobación final de las cuentas autonómicas de este año, que ascienden a la cifra récord de 8.854 millones de euros.

Tras la reunión de la comisión, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha valorado que las enmiendas aceptadas mueven 41 millones de euros y confirman que el Ejecutivo de coalición “funciona” y ofrece estabilidad a la comunidad. Pacheco ha recriminado a la oposición su “discurso de confrontación”, aunque no ha descartado estudiar sus propuestas antes de la cita plenaria, al tiempo que ha subrayado que la baja cifra de enmiendas presentadas por PSOE y Unidas demuestra “implícitamente” que son los mejores presupuestos de la historia regional.

Por su parte, desde Vox han resaltado en un comunicado que sus enmiendas aprobadas están centradas en reforzar los seguros agrarios, fomentar el relevo generacional en el campo, respaldar políticas de apoyo a la familia y favorecer la inserción laboral de los jóvenes procedentes del sistema de protección de menores de la Junta.

La oposición habla de “Juan Palomo”

En el lado de la oposición, la portavoz y diputada socialista Blanca Martín ha apelado a la “reflexión” del bloque de gobierno para que estudien con rigor sus propuestas antes del pleno del 29 y 30 de julio, pudiendo aprobarse de forma directa o mediante transaccionales, y ha criticado a los socios de la Junta por “faltar al respeto al Parlamento” y dedicarse a hacer “oposición a la oposición”.

Desde Unidas por Extremadura, el parlamentario José Antonio González Frutos ha criticado la falta de diálogo con un expresivo “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. González Frutos ha advertido además de contradicciones internas tras aprobarse enmiendas con efectos contrarios sobre la financiación de los grupos ecologistas entre las consejerías de Agricultura (Vox) e Industria (PP), y ha calificado como síntoma de un “futuro divorcio” la decisión del PP de retirar a última hora su enmienda para flexibilizar la Ley de Hacienda en caso de presupuestos prorrogados.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado este viernes a la presidenta de la JUnta, María Guardiola, de dar “datos falsos” sobre los resultados de las pruebas realizadas a menores inmigrantes no acompañados para determinar su edad, ya que esa información la tiene el Ministerio Fiscal.

En la sesión plenaria del pasado 18 de junio en la Asamblea de Extremadura, Guardiola precisó que de las 329 pruebas de edad que se habían realizado por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), el 79% determinaron que tenían más de 18 años, indicando que “260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores”.

De Miguel ha dado a conocer la respuesta por escrito que le ha dado el SES a su pregunta parlamentaria sobre los resultados de estas pruebas desde 2023. En el texto, la administración sanitaria señala que “la determinación de la edad corresponde al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no a los profesionales del SES”. Por lo tanto, ha concluido que Guardiola, al no tener esa información sobre los resultados, “se ha subido al carro de la ultraderecha de apuntar con el dedo a los menores no acompañados”, a quienes ha definido como las personas más vulnerables de Extremadura.

Asimismo, De Miguel ha tildado de “otra mentira” las afirmaciones del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, sobre que iba a hacer pruebas de edad. La diputada ha reiterado que el consejero no tiene competencia para ello y que “sería una ilegalidad”, puesto que las pruebas las debe realizar el Instituto de Medicina Legal a instancias del Ministerio Fiscal.

Desamparo de menores

Por otro lado, la portavoz ha criticado el “espectáculo dantesco” dado este jueves por el director general de la Consejería de Servicios Sociales, Eliseo Fernández, al denunciar ante la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores unos “hechos graves de violencia, disturbios e intimidación al personal” en el Centro de Acogida de Menores no Acompañados de Caminomorisco (Cáceres). Según De Miguel, el director general ha descubierto de repente “el día a día” de estos centros, que es que los menores se escapan.

En este contexto, la diputada ha señalado “alto y claro” que las competencias de proteger a los menores desamparados, independientemente de su origen, corresponden al consejero Fernández Calle, y ha advertido de que en el momento en que haya un menor desamparado que no esté bajo la protección de la consejería, Unidas por Extremadura lo denunciará por la vía penal. De Miguel ha concluido afirmando que se está engañando a todos y que acoger a 300 menores en la región es como “un campamento de verano” y no supone un problema para Extremadura, reprochando al Gobierno regional que esté “enredado en este sainete” únicamente para “alimentar su relato y alimentar su discurso racista”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves una inversión superior a los 33 millones de euros para crear cinco polígonos industriales y tres parques empresariales durante la presente legislatura.

Guardiola ha realizado este anuncio durante una visita a las obras de urbanización del polígono industrial de Don Benito, donde el Ejecutivo autonómico invertirá, a través de Extremadura Avante, 7,2 millones de euros.

La presidenta extremeña ha considerado esta actuación un ejemplo del “cambio de rumbo” de la política económica de su Gobierno y ha comparado las inversiones realizadas en suelo industrial durante las últimas legislaturas. Según ha señalado, entre 2015 y 2023 se destinó alrededor de un millón de euros al desarrollo de suelo industrial, mientras que el actual Ejecutivo ha invertido más de 12 millones durante sus dos primeros años de mandato.

Guardiola ha defendido que las pymes y los autónomos son quienes crean riqueza y empleo en la comunidad y ha resumido la estrategia de la Junta en “menos impuestos, menos burocracia, más apoyo y más inversión”.

También ha destacado los avances en la digitalización de la Administración autonómica, que, según ha indicado, ha pasado de ofrecer telemáticamente el 45% de sus trámites al 91%, un porcentaje situado por encima de la media europea. En este sentido, ha avanzado que la Junta trabaja en una ley de simplificación administrativa que reduzca el papeleo y priorice la declaración responsable para facilitar la actividad de las empresas.

La presidenta ha recordado asimismo que la última convocatoria de incentivos autonómicos concedió más de 68 millones de euros a pymes extremeñas, unas ayudas que permitieron movilizar una inversión de 222 millones.

Guardiola ha asegurado que la confianza empresarial ha aumentado un 9% desde la llegada de su Gobierno y ha resaltado que Extremadura cuenta con más de 430.000 afiliados a la Seguridad Social.

Respecto al polígono industrial de Don Benito, ha explicado que los proyectos de desarrollo de suelo industrial promovidos por la Junta parten con un compromiso previo de venta de, al menos, el 60 % de las parcelas.

Ha añadido que existe una importante demanda empresarial en la zona y ha confiado en que el nuevo espacio industrial alcance una elevada ocupación.

Prevención de incendios

Por otra parte, preguntada por la propuesta del PSOE de realizar inversiones extraordinarias para reducir la masa forestal próxima a pequeños municipios, Guardiola ha defendido que su Gobierno está realizando la mayor inversión de la historia de Extremadura en prevención de incendios. Ha citado el primer Plan Forestal de Extremadura, dotado con más de 210 millones de euros, y ha señalado que más de 310 municipios cuentan ya con sus planes periurbanos aprobados.

La presidenta ha asegurado que todas las propuestas serán “bienvenidas”, aunque ha subrayado la necesidad de contar con unos presupuestos autonómicos aprobados para destinar recursos a la prevención y extinción de incendios y mejorar las condiciones de los bomberos forestales.

Guardiola ha insistido en que las cuentas regionales son la herramienta esencial para atraer empresas, crear puestos de trabajo y facilitar que los jóvenes puedan permanecer en Extremadura.

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido a la Junta de Extremadura “máxima transparencia” y explicaciones inmediatas ante lo que consideran un posible trato de favor en la Consejería de Educación. La denuncia surge a raíz de la información publicada en exclusiva por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que beneficia a la hermana del secretario general de ese departamento, José Pedro Catalán (PP).

Según ha denunciado la portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, la subida de categoría y sueldo para la plaza que ocupa la familiar directa del 'número dos' de la consejería se produce, además, en un contexto marcado por los recortes de recursos en el ámbito rural.

En este sentido, Garlito ha señalado la contradicción del Ejecutivo autonómico tras las recientes declaraciones de la recién elegida presidenta del PP de Cáceres y consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien “se jactaba públicamente de que su formación no favorece a familiares”. “Parece que no sabían lo que estaba sucediendo en la propia Consejería de Educación”, ha afeado.

Mismas competencias, distinto nivel salarial

En concreto, la denuncia se centra en los cambios aplicados sobre dos jefaturas de servicio del departamento educativo. Con la nueva RPT, una de las jefaturas —ocupada por la hermana del secretario general— pasa de un nivel 28 a un nivel 29, incrementando así su retribución. Por el contrario, otra jefatura de servicio de la misma área sufre una rebaja del nivel 29 al 28.

Desde el PSOE critican que no existe “ninguna justificación técnica ni de competencias” para este movimiento: A mismas competencias, a una jefatura se le resta nivel y a la otra se la beneficia. Queremos saber si hay trato de favor y exigimos las explicaciones pertinentes. No dudamos de la legalidad, pero exigimos transparencia sobre este proceso“, ha remarcado la portavoz socialista.

Garlito ha contrapuesto la disponibilidad presupuestaria para estos incrementos retributivos en los servicios centrales de Mérida con la política de ajustes aplicada en los municipios rurales. El mismo Diario Oficial de Extremadura (DOE) que hacía pública la modificación de la RPT recogía también la amortización de dos plazas en la Escuela Hogar de Alburquerque.

“Resulta enormemente llamativo que se hable de optimizar recursos para justificar recortes en servicios básicos del mundo rural mientras hay recursos para subir sueldos en la Consejería”, ha criticado Garlito, subrayando el impacto que la pérdida de este personal tiene sobre los niños y familias usuarias de este centro educativo.

Por otro lado, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los diputados del PP de Extremadura en el Congreso para que apoyen la senda de déficit y el techo de gasto que se vota este jueves en la Cámara Baja. Recuerdan que este marco financiero contempla la condonación de más de 1.700 millones de euros para Extremadura, un “momento vital” en el que piden situar las necesidades de la región por encima de los intereses de partido.

Por su parte, el PP ha defendido la modificación de la RPT de la Consejería de Educación y ha reprochado al PSOE que hable de “trato de favor” a un familiar de un alto cargo de dicho departamento cuando “acaban de ser condenados por montar un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez”.

El PP defiende la subida salarial

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Ángel Sánchez Juliá, la modificación de la RPT “se ha hecho en función de la categoría de oposición de quienes ocupan los puestos”. “Quien pasa de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado; y quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29, lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado. Es con total transparencia y respetando las categorías de oposición”, ha explicado Sánchez Juliá.

Asimismo, ha destacado que esta modificación permite que, “por primera vez” los maestros puedan acceder a puestos de jefatura de servicio y en las delegaciones provinciales para que “también puedan aportar su sabiduría y su conocimiento en la administración y en la gestión de la Consejería de Educación”.

Finalmente, el portavoz del GPP ha criticado que el PSOE quiera “enturbiar la política extremeña” y ha señalado que los socialistas “todavía no han dicho qué van a hacer y por qué están manteniendo a los enchufadores condenados del caso del hermano de Pedro Sánchez” porque lo único que buscan es “generar una cortina de humo”.

El Club Deportivo Badajoz lucirá la bandera de España en su equipación oficial durante la próxima temporada 2026-2027. La decisión se ha tomado tras una votación organizada por la propia entidad en la red social X que ha rozado el 91% de apoyos a favor del 'sí'. Sin embargo, más allá del cambio en la indumentaria, lo que ha encendido el debate en las últimas horas es el tono marcadamente político y las ironías que la cuenta oficial del club ha dedicado a formaciones de izquierda y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al anunciar los resultados.

El episodio es el desenlace de una cadena de publicaciones que comenzó el pasado 14 de julio, cuando la cuenta del club, presidido por Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como 'Colate', celebró el pase de la selección española a la final del Mundial: “Enhorabuena a todos, somos finalistas. Arriba España”. El uso del lema falangista desató una oleada de críticas en la plataforma por sus connotaciones históricas vinculadas a la dictadura en una ciudad donde la represión franquista fue especialmente sangrienta con hechos conocidos como la Matanza de Badajoz, de la que este agosto se cumplirán 90 años y en la que murieron asesinadas entre 1.800 y 4.000 pacenses, dependiendo de las fuentes.

Entre las reacciones destacó la de Izquierda Unida Extremadura, que exigió la retirada del mensaje y disculpas públicas por la ofensa a las víctimas de la represión franquista en la capital pacense. La entidad deportiva, lejos de retractarse, respondió tirando de sarcasmo e invitando a los integrantes del partido a pasar por oficina para abonarse al club.

Con el triunfo final de la selección española, el CD Badajoz, que juega en Segunda Federación, volvió a la carga comparando al futbolista extremeño Pedro Porro con los conquistadores de la región y planteó formalmente la encuesta para la camiseta. Tras cerrar la votación con 90,8% de votos afirmativos y un 9,2% de negativos, la comunicación institucional cerró el proceso con un dardo directo a la oposición: “Esperamos que la izquierda, por escueto que haya sido el margen, acepte el resultado y no queme nada, que hace mucho calor ya”, rematando con la frase “ganamos los buenos”.

La estrategia en redes de la entidad ha provocado disparidad de opiniones entre la afición blanquinegra: mientras un sector celebra las publicaciones en el perfil oficial, otra parte de los seguidores lamenta la politización de la imagen del club y recuerda que la reglamentación de las peñas aboga por mantener un perfil puramente informativo y respetuoso con la pluralidad de su masa social.

El Grupo de Acción Social y Sindical, del que forman parte diferentes colegios oficiales, asociaciones profesionales y sindicatos, ha expresado su deseo, ante la próxima resolución de las Medallas de Extremadura, de que “no se olvide y quede relegado” el galardón para trabajadora social Belén Cortés, asesinada en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores.

Recuerdan que Belén Cortés Flor presentaba una trayectoria profesional digna de mención y representaba los valores de la región, además de que su galardón supondría un homenaje a título póstumo para ella y su familia, así como la expresión de reconocimiento “a un sector social muy abandonado y poco reconocido, con la intención de un cambio real tras los fatales hechos sucedidos”.

“Esperamos desde este grupo que la compañera tenga el galardón y homenaje que merece”, señalan.

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el proyecto de ley que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que en el caso de Extremadura alcanza los 1.718 millones, lo que supone reducir la deuda un 32% respecto al cierre de 2023.

El Gobierno recuerda que el proyecto ya fue rechazado por los gobiernos autonómicos en los que participa el PP, como también se rechazó que Extremadura cuente con un margen presupuestario de 128 millones.

Además, señala que le permitirá a Extremadura un ahorro en el pago de intereses de 49 millones, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar.

El denominado proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que fue aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre de 2025 fruto del pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC, tiene la intención de corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

Como explicó aquel día la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, Andalucía, con 18.791 millones de euros, sería la comunidad con la mayor condonación, seguida de Cataluña (17.104), la Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644).

Entre las 15 comunidades de régimen común -todas salvo Navarra y País Vasco- podrían ahorrarse aproximadamente 6.700 millones de euros en intereses, con lo que tendrían capacidad de reforzar los servicios públicos, según ha repetido el Gobierno desde entonces.

Unos argumentos que no han convencido a las comunidades gobernadas por el PP, a pesar de que la mayor parte de la quita -siete de cada diez euros- les beneficiaría a ellas, puesto que la consideran una “trampa” que en realidad penaliza a los territorios que menos deben.

La medida sí es respaldada por las comunidades gobernadas por el PSOE, incluido el Ejecutivo castellanomanchego de Emiliano García-Page, enfrentado al Gobierno de Sánchez por la propuesta de financiación autonómica, pero que en este caso si entiende cumplidas sus expectativas.

Pese a mantener algunas reticencias, JxCat permitirá que se tramite el proyecto en el Congreso e intentará, en la tramitación parlamentaria, “introducir mejoras” para elevar el porcentaje de condonación a Cataluña, según ha explicado el secretario general de esta formación, Jordi Turull.

El Debate sobre la Orientación Política General de la Comunidad, conocido como el Debate del Estado de la Región, no se celebrará en Extremadura los años en los que haya elecciones autonómicas ni en aquellos en los que se produzca la investidura de la Presidencia de la Junta. Así lo ha fijado el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, a través de una resolución dictada para adaptar el Reglamento de la Cámara a situaciones no previstas explícitamente, como el reciente adelanto electoral.

Con este fallo, respaldado por un informe del cuerpo jurídico del Parlamento regional, el presidente de la Cámara confirma que no habrá debate este 2026. La decisión será trasladada a la Junta de Portavoces fijada para el próximo lunes, 27 de julio.

La resolución aclara de forma expresa que esta cita parlamentaria de calado quedará en suspenso bajo dos supuestos: durante el año natural en el que se celebren elecciones a la Asamblea (ya sea por agotamiento de la legislatura o por convocatoria anticipada) y durante el año natural en que tenga lugar la investidura de la Presidencia de la Junta cuando esta se materialice en un ejercicio distinto al de los comicios.

Naharro ha explicado ante los medios que la norma actual “no estaba pensada para adelantos electorales”, advirtiendo un “vacío” normativo que provocó que en 2025 se incumpliera de facto el Reglamento al coincidir la cita de debate con las urnas. La tesis jurídica fijada ahora determina que el periodo normativo de excepción no debe computar desde el día de la votación, sino desde el momento de la investidura. Dado que María Guardiola asumió formalmente el cargo a finales de abril, el texto concluye que un Ejecutivo recién constituido no ha contado con margen de tiempo suficiente para desarrollar políticas objeto de fiscalización.

La oposición acusa a Guardiola de “huir de la rendición de cuentas”

La formalización de esta decisión ha encendido el debate político entre los grupos de la Cámara. Desde las filas de la oposición se insiste en que el veto al debate obedece a una estrategia para evitar el desgaste del Ejecutivo regional.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que, si bien respetan el informe jurídico emitido por los letrados, la suspensión rebasa la esfera legal para instalarse en la “voluntad política”. Para la dirigente socialista, la decisión evidencia la falta de disposición al diálogo del Gabinete de Guardiola y ha defendido que el debate podría haberse pospuesto a septiembre para no perder la cita anual.

Más contundente se ha mostrado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha acusado a la presidenta de la Junta de “hurtar” la rendición de cuentas en sede parlamentaria para evitar salir “mal parada” tras seis meses de “parálisis” política provocados por su “capricho” de adelantar las elecciones. De Miguel ha rechazado las justificaciones técnicas y ha propuesto como alternativa trasladar la sesión al mes de octubre.

PP y Vox ven la crítica “estéril” y defienden que el control al Gobierno es diario

Por su parte, los partidos que sostienen la gobernabilidad han cerrado filas en torno a la interpretación jurídica del presidente de la Asamblea.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha llamado a la oposición a acatar el dictamen de los letrados ante una “situación excepcional”. Sánchez Juliá ha argumentado que el parlamentarismo extremeño no se encuentra paralizado, recordando que Guardiola se ha sometido de forma continuada al control de la Cámara mediante tres debates de investidura, la tramitación de dos presupuestos y las sesiones ordinarias de control.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha tildado la polémica de “debate estéril” utilizado por los socialistas como “triquiñuela” partidista. A su juicio, no resulta procedente someter a examen a un Gabinete que acumula apenas semanas de rodaje operativo.

Por parte de la Junta de Extremadura, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, se ha mostrado en desacuerdo con los reproches de la oposición, enfatizando que la fiscalización al Gobierno autonómico se produce “cada día, semana y mes”. Fernández Calle ha calificado de “lógico” que se prescinda de este pleno extraordinario tras solo dos meses de andadura, aunque ha matizado que, de haberse convocado finalmente, el Ejecutivo habría acudido “encantado”.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha exigido este miércoles a la Consejería de Educación y Formación Profesional transparencia y explicaciones documentadas tras la información publicada por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha permitido elevar la categoría laboral y retributiva de la hermana del secretario general de Educación, José Pedro Catalán (PP), el 'número dos' del departamento.

El sindicato ha anunciado que reclamará formalmente toda la documentación que justifique la decisión adoptada en la Orden de 6 de julio de 2026 (publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 9 de julio). Aunque señalan que no prejuzgan la legalidad del procedimiento ni la capacidad profesional del personal afectado, advierten de que la coincidencia entre la mejora de un puesto y “el parentesco directo con uno de los máximos responsables de la consejería genera dudas razonables que la Administración debe aclarar de manera inmediata”.

Desde CCOO consideran “insuficiente” la justificación trasladada hasta ahora por la Consejería de Educación, basada en la voluntad de equilibrar la importancia de los distintos servicios. Según el análisis del sindicato, el resultado de la orden sigue manteniendo dos niveles salariales diferentes, dado que la Jefatura de Servicio de Innovación asciende al mismo tiempo que la de Inclusión y Atención a la Diversidad desciende.

Asimismo, destacan la contradicción de reservar en exclusiva uno de los puestos al subgrupo A1 cuando la justificación ofrecida por la Administración era facilitar el acceso a miembros del cuerpo de maestros, pertenecientes al subgrupo A2.

“Las relaciones de puestos de trabajo deben responder exclusivamente a necesidades organizativas y a criterios objetivos. No pueden convertirse en instrumentos para adoptar decisiones singulares o aparentemente diseñadas en función de las personas que ocupan temporalmente los puestos”, remarca la organización sindical en su escrito.

Exigencia de informes y abstención

En su requerimiento formal, CCOO solicitará conocer los criterios técnicos, organizativos y económicos utilizados para adoptar la modificación, qué órgano la promovió y qué informes avalan el cambio. De igual forma, el sindicato ha puesto el foco en la actuación del propio 'número dos' de la consejería, solicitando información sobre la intervención del secretario general de Educación en la tramitación del expediente y la existencia de mecanismos de abstención, incompatibilidad o supervisión que garanticen la imparcialidad del proceso.

La Federación de Enseñanza ha avanzado que analizará el conjunto de la orden, que incluye también modificaciones y amortizaciones de personal laboral en servicios educativos, y pedirá abordar la cuestión en las mesas de negociación correspondientes, reservándose la posibilidad de emprender acciones sindicales, administrativas o jurídicas una vez examinado el expediente completo.

“Cuando una decisión puede generar una percepción de trato de favor, no basta con asegurar que existen razones organizativas: es imprescindible acreditarlas con transparencia, documentación y explicaciones públicas convincentes”, concluyen desde la organización.

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) que aclare un problema con el abono de los complementos salariales de los trabajadores de la residencia asistida El Cuartillo, en Cáceres, tal y como ha adelantado elDiario.es Extremadura, y si esto afecta al resto de residencias públicas. A su juicio, esto se suma a las denuncias de la plantilla de El Cuartillo por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, “especialmente” durante los meses de verano.

La portavoz de Dependencia y Mayores del Grupo Socialista, Judit Olivares, ha reclamado que la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez, aproveche su comparecencia este miércoles en comisión parlamentaria para ofrecer “una explicación clara” sobre lo que está ocurriendo. Según remarca el PSOE, los trabajadores podrían dejar de percibir en su próxima nómina los complementos correspondientes por trabajo nocturno, festivos, domingos o movilidad funcional debido, presuntamente, a un problema en la plataforma que gestiona los recursos humanos.

Olivares ha advertido de que se trata de una situación “muy grave”, ya que, ha apuntado, afecta a uno de los derechos fundamentales de cualquier trabajador, es decir, al cobro íntegro de su salario al finalizar el mes. Además, ha señalado que el impacto será “especialmente importante” para las trabajadoras con contratos a tiempo parcial, cuyos ingresos dependen “en buena medida” de estos complementos para completar sus nóminas.

La portavoz socialista ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare si esta incidencia afecta únicamente a los cerca de 200 trabajadores de la residencia El Cuartillo o si, por el contrario, puede extenderse al resto de residencias públicas dependientes del SEPAD. Queremos saber qué está pasando en el SEPAD y en el gobierno de Guardiola. Si estamos ante un problema administrativo, de planificación o incluso de falta de recursos, lo que no puede ocurrir es que los empleados públicos sean quienes paguen las consecuencias de la mala gestión“, ha señalado.

Olivares ha dicho que la directora gerente del SEPAD debe ofrecer explicaciones tanto a los trabajadores afectados como al conjunto de la sociedad extremeña y, sobre todo, adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación “de forma inmediata”, ha concluido.

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha modificado recientemente su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento oficial que fija la plantilla, las retribuciones y los requisitos de la administración pública, con un cambio que afecta a dos de sus jefaturas de servicio y que beneficia a la hermana del 'número dos' del departamento, el secretario general de Educación, José Pedro Catalán (PP).

La Orden, aprobada el 6 de julio y publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tres días después, realiza un trasvase de categorías en la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. En concreto, la Jefatura del Servicio de Innovación baja del nivel 29 al nivel 28, mientras que la de Inclusión realiza el camino contrario y sube del nivel 28 al nivel 29.

En la administración autonómica, el nivel determina el complemento de destino, una parte fija de la nómina que aumenta según la escala de responsabilidad (siendo el nivel 30 el máximo posible para un funcionario). La plaza que ha subido de nivel, y consecuentemente de retribución, la ocupa la hermana de Catalán, el segundo cargo con más peso en la Consejería tras la propia consejera, y que llegó al puesto a principios de mayo, tras la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox.

La modificación publicada en el DOE no se limita al cambio de nivel de destino, sino que introduce un ajuste técnico en los requisitos para optar a la plaza y mantiene el complemento específico más alto. En la administración, el grupo A1 exige título universitario superior (licenciatura o grado), mientras que al grupo A2 se accede también con diplomatura o grado técnico. Con el cambio, la Jefatura del Servicio de Inclusión (la que sube de nivel) pasa a ser de adscripción exclusiva para el grupo “S A1”. Esto significa que ningún funcionario del grupo A2 puede optar a ese puesto.

Las contradicciones entre la versión oficial y el DOE

A preguntas de elDiario.es Extremadura sobre los criterios técnicos que justifican este cambio y sobre la existencia de un posible conflicto de intereses por la relación familiar del secretario general y la persona que ocupa la jefatura de servicio beneficiada, la Consejería de Educación no ha hecho ninguna mención al parentesco ni ha aclarado si existió alguna medida de transparencia o protocolo de abstención.

La Junta ha justificado la decisión asegurando que buscaba “dar la posibilidad a los maestros para que también tengan cabida en la administración” y que su intención era que todos los servicios “sean igual de importantes e igualmente remunerados, evitando puestos clave de primera y segunda categoría” mediante la “evolución de la categoría 1.2 a 1.1”. Asimismo, ha señalado que ha atendido esta medida “por solicitud”.

Sin embargo, la lectura directa del documento publicado en el DOE muestra varias contradicciones con esta versión oficial. Por un lado, no había categorías que “evolucionar”, ya que en el anexo oficial ninguno de los dos puestos ha cambiado el complemento específico (el plus salarial fijado por la especial dedicación o incompatibilidad del puesto), puesto que ambas jefaturas figuraban con el subconcepto 1.1 antes de la modificación y lo mantienen exactamente igual tras ella.

Por otro lado, los puestos tampoco se han igualado ni han quedado en el mismo nivel salarial, ya que la Orden ha bajado a una jefatura para subir a la otra, manteniendo así la brecha jerárquica y retributiva entre un puesto de nivel 29 y uno de nivel 28.

Finalmente, aunque la Consejería argumenta que busca dar espacio a los docentes de colegio, el cuerpo de maestros pertenece al grupo A2; al exigir que la Jefatura del Servicio de Inclusión sea exclusivamente para el grupo A1, el propio documento impide que un maestro pueda acceder a esa plaza en concreto.

Otros cambios menores y ajustes en el ámbito rural

Aunque la Orden del DOE modifica formalmente otros puestos de la consejería, como la adscripción de las Delegaciones Provinciales o la exigencia de méritos informáticos en la Sección de Contratación, se trata de ajustes puramente técnicos u organizativos que no conllevan ningún cambio salarial. El único movimiento que altera el nivel retributivo y la escala de sueldos entre los funcionarios de la Consejería es, precisamente, el trasvase ejecutado entre la Jefatura de Innovación y la de Inclusión.

En la misma respuesta enviada a este diario, la Consejería ha confirmado que la Dirección General de Inclusión ha pasado a depender directamente de la consejera por la “importancia y proyección” del área. En la práctica, esta reestructuración retira la supervisión directa del secretario general sobre el departamento en el que trabaja su hermana.

La misma orden que modifica estos puestos directivos aprueba otros cambios en la plantilla de la Consejería. Entre ellos figura la eliminación (amortización) de dos plazas de personal laboral en la Escuela Hogar Nuestra Señora de los Dolores, en Alburquerque (un cocinero y un camarero-limpiador), y la reducción de jornada al 80% para el personal de atención educativa (cuidadores) en centros escolares de la zona de Coria.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado este martes por unanimidad iniciar el expediente para conceder al futbolista internacional Pedro Porro el título de Hijo Predilecto, máxima distinción honorífica de la ciudad, tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.

La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha explicado que la propuesta responde al reconocimiento de los vecinos hacia un deportista que ha llevado el nombre de Don Benito a la élite del fútbol internacional.

El consistorio destaca una trayectoria construida sobre el esfuerzo, la constancia, la humildad y la superación, así como el vínculo que el jugador mantiene con su localidad natal. Con el reciente título de España, Porro se ha convertido en el primer dombenitense campeón del mundo, un triunfo que miles de vecinos siguieron desde la ciudad.

El Ayuntamiento recuerda que este reconocimiento se suma al Escudo de Oro de Don Benito que recibió en 2021 y al acuerdo plenario para que la Ciudad Deportiva municipal lleve su nombre.

La apertura del expediente activa el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones antes de su resolución definitiva.

Desde el 23 de julio y durante 30 días hábiles, vecinos, asociaciones, clubes, empresas y otras entidades podrán adherirse a la propuesta.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la resolución del contrato con la concesionaria de la red de centros de transporte de Extremadura por “incumplimiento continuo, reiterado y muy grave” de la empresa Copergy Ibérica en la prestación del servicio. Se trata de una decisión avalada por la Comisión Jurídica, según ha informado la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

El 21 de junio de 2019 se suscribió un contrato con Gestiones Tierras Extremeñas para la gestión de la los diez centros, con una duración de ocho años y en mayo de 2025 se autorizó la cesión de este contrato en favor de Copergy Ibérica. En este periodo, como reflejan los informes técnicos del expediente, se han incumplido numerosas cláusulas contenidas en el contrato, la mayoría relativas a obligaciones esenciales y elementales, lo que habilita para la resolución por causa imputable al contratista. El 29 de junio de 2026 se emitió informe jurídico favorable a esta resolución y el 16 de julio la Comisión Jurídica dictaminó en el mismo sentido.

La consejera ha asegurado que han explorado distintas opciones para garantizar la continuidad de la actividad y, sobre todo, para preservar para mantener los 56 empleados afectados por el impago de las nóminas, pero, al no prosperar ninguna solución, iniciaron los trámites para resolver el contrato.

Manzano ha explicado que están trabajando en la firma de un convenio para reactivar los servicios de manera inmediata mientras se estudia un nuevo modelo de gestión para que esto no vuelva a ocurrir, que se licitará próximamente. Ha recalcado que la Junta ha actuado siempre “con plena transparencia y con el máximo rigor” en defensa del interés público y los trabajadores.

Sobre los salarios pendientes, ha indicado no tienen margen de maniobra para actuar y que se han dirigido a la empresa para que pague a los trabajadores, pero no lo ha hecho. Manzano ha pedido a la oposición que deje de hacer política con esta situación.

Según la Junta, estos centros son infraestructuras estratégicas que ofrecen servicios de estacionamiento, suministro de combustible, restauración, aseos, lavadero o vigilancia a los transportistas. Están ubicados en Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Navalmoral de la Mata, Zafra y Coria.

Reparación de carreteras por las lluvias

Por otro lado, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la contratación, por el procedimiento de emergencia, de las obras necesarias para la reparación de los daños producidos por las lluvias en siete tramos de carreteras autonómicas, por un importe global de 3.870.652 euros. La mayor cuantía es para la EX–108, de Navalmoral de la Mata a Portugal por Coria, en el punto kilométrico 93, con 938.054,76 euros.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la redacción y tramitación de Planes Generales Municipales según el régimen previsto en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). Las ayudas también se podrán solicitar para la redacción de estudios de inundabilidad, siempre que estos sean requeridos como consecuencia de las determinaciones originadas por informes sectoriales emanados durante la tramitación del Plan General Municipal.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes que no dispongan de un plan vigente. La convocatoria está dotada con 485.000 euros de presupuesto.

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha criticado la reacción de Moncloa a la sentencia condenatoria a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha reprochado al PSOE extremeño que no se haya desmarcado de aquellos que atacan al Poder Judicial. “Cuando la persona condenada se apellida Sánchez, el Gobierno sale en tropel contra los jueces, mientras el PSOE extremeño vuelve a guardar silencio”, ha criticado.

En este sentido, el portavoz popular también ha reprochado la actitud del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, tras conocer la sentencia, al afirmar que “dice estar afectado, pero al mismo tiempo, sigue confiando en los condenados”, entre los que también está el exsecretario general socialista Miguel Ángel Gallardo. “Eso es una contradicción evidente”, ha señalado Núñez, que ha reclamado responsabilidades políticas y “limpieza” en las instituciones.

Por otro lado, Núñez ha puesto en valor los congresos provinciales celebrados este fin de semana por el PP de Cáceres y Badajoz, que, a su juicio, demuestran que el partido sale “más fuerte, más unido y preparado para seguir liderando el cambio” en Extremadura de la mano de María Guardiola.

Finalmente, ha destacado la elección de Elena Manzano al frente del PP de Cáceres y la continuidad de Manuel Naharro en Badajoz, como ejemplo de una igualdad basada “en hechos” frente a los eslóganes del PSOE.

La portavoz de Unidas por Extremadura (UPE) Irene de Miguel, ha asegurado este lunes que “es evidente” que la comunidad no está mejo preparada que hace un años para afrontar los grandes incendios forestales que se puedan producir en verano.

En la habitual rueda de prensa de los lunes, ha explicado que esa era la pregunta que quería trasladar a la presidenta de la Junta en el último pleno, aunque finalmente no se pudo llevar a cabo. “Es triste saber que el gobierno en un año no ha hecho los deberes”, ha denunciado la portavoz, además de criticar que no se han hecho “por el capricho de la señora Guardiola que nos envió a elecciones y hemos tenido un gobierno paralizado seis meses”.

De Miguel ha señalado que no se han hecho actuaciones en prevención de incendios y ha denunciado que a las empresas forestales se les adeudan los trabajos forestales de prevención que hicieron hace un año. Ha añadido que “parece” que la Junta “lo fía todo” a que los ayuntamientos han aprobado planes de prevención, algo que es un paso importante pero “tienen que cumplir estos planes”.

La portavoz de Unidas por Extremadura también ha criticado que el gobierno de Guardiola no ha destinado “ni un euro a mejorar algo tan sencillo y básico como son los centros de trabajo, las bases de los bomberos forestales, que se caen literalmente a cachos”, frente a los cuatro millones de euros invertidos en el nuevo centro operativo regional “que venía del ejecutivo anterior del señor Fernández Vara”.

Irene de Miguel ha denunciado que algunas de estas bases están en unas condiciones tan lamentables que han decidido que es mejor que cierren y cambiar a los bomberos forestales a otra ubicación, algo que como ha criticado supone la desprotección del municipio en el que se ubicaban, como es el caso de Nuñomoral.

También ha reclamado que “no sólo hay que adecentar” estas bases sino hacer que sean lugares donde se pueda estar en las horas de descanso y en las guardias de la mejor manera y en condiciones dignas y ha planteado que se valore la opción de instalar camas para dormir porque hay bomberos “que se tiran 12 horas luchando contra el fuego” y volver a su casa después puede suponer “un peligro”. Para De Miguel esta sería una manera de “prevenir los accidentes in itinere”.

Ley de Concordia

Irene de Miguel también se ha referido al recurso de inconstitucional que presentará el Gobierno central contra la Ley de Concordia extremeña, y ha recordado que no es el primer recurso contra estas leyes “sectarias de la extrema derecha” que ya se han aprobado en otras comunidades como Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana o Cantabria.

Para la portavoz de UPE, “no puede ser que dependiendo de la comunidad autónoma donde uno viva tenga mayor o menor protección frente a una ley”.

De Miguel ha denunciado que para “lo único que ha servido” esta ley es “para crear un manto de amnesia frente a lo que sucedió durante 40 años de represión franquista” y ha añadido que lo que quería “era equiparar a víctimas y verdugos y echar más tierra sobre las fosas comunes y las cunetas donde aún quedan 14.000 extremeños y extremeñas que fueron asesinados y no han podido encontrar digna sepultura”.

Las trabajadoras de la residencia de mayores El Cuartillo, en Cáceres, vuelven a denunciar una situación que, aseguran, agrava el malestar existente en el centro. Después de hacer pública la falta de personal y la sobrecarga asistencial que soportan desde hace meses, ahora denuncian el retraso en el cobro de parte de sus retribuciones debido a una incidencia administrativa comunicada por la propia dirección del centro.

Según un escrito interno remitido a la plantilla y al que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura, la Dirección General de Función Pública ha limitado temporalmente la actividad en SIRHUS, el sistema de gestión de recursos humanos utilizado por la Junta de Extremadura para tramitar las nóminas, los expedientes de personal y otras incidencias laborales.

La comunicación explica que esa limitación permanecerá vigente entre el 15 de julio y el 12 de agosto, con el objetivo de adaptar el sistema a la nueva estructura orgánica de la Junta de Extremadura y realizar la correspondiente carga presupuestaria.

Como consecuencia, el documento informa de que no podrán abonarse en la nómina de agosto los denominados Complementos Específicos Especiales correspondientes al mes de julio, por lo que su pago se retrasará hasta la nómina de septiembre.

Estos complementos retribuyen circunstancias especiales de la jornada laboral, como las horas nocturnas, el trabajo realizado en domingos y festivos o los conceptos vinculados a la movilidad funcional, cuando un trabajador desempeña temporalmente funciones o puestos distintos de los habituales por necesidades del servicio.

Aunque la comunicación asegura que las cantidades no se perderán y se abonarán íntegramente un mes después, varias trabajadoras consideran que el aplazamiento supone un nuevo perjuicio para una plantilla que ya venía denunciando problemas estructurales en el funcionamiento del centro.

Hace apenas unos días, las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de El Cuartillo denunciaron públicamente que trabajan con una plantilla insuficiente, especialmente durante el periodo estival y cuando no se cubren bajas o vacaciones. Las profesionales alertaban de que esa situación repercute tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que reciben las personas mayores residentes y reclamaban que “trabajar al límite no puede convertirse en la norma”.

Ahora, sostienen que el retraso en el cobro de unos complementos que compensan precisamente los turnos más exigentes —como las noches, los domingos y los festivos— incrementa la sensación de falta de reconocimiento hacia un colectivo que mantiene la actividad asistencial durante todo el año.

En el escrito interno, firmado por la dirección del centro, se indica expresamente que la medida responde a una decisión comunicada por la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura derivada de las limitaciones temporales de SIRHUS y que todos los importes pendientes se incluirán en la nómina de septiembre.

Fuentes de la plantilla consultadas por elDiario.es aseguran que el comunicado ha generado un profundo malestar entre las trabajadoras. Una de las profesionales explica que ella misma conoció la decisión “por el grupo de compañeras”, ya que actualmente se encuentra de vacaciones, y afirma que la explicación ofrecida por la Administración no convence a buena parte de la plantilla. “Dicen que es un problema informático, pero esto es echar más leña al fuego”, resume.

La trabajadora señala que, además del retraso en el cobro de los complementos, continúa la preocupación por la falta de personal denunciada días atrás. En este contexto, explica que varias empleadas han mantenido conversaciones con representantes sindicales para valorar posibles movilizaciones.

Según su relato, algunas trabajadoras afiliadas a UGT trasladaron la situación al sindicato, con la intención de estudiar la convocatoria de una concentración a las puertas de la residencia para denunciar las condiciones laborales y la falta de cobertura de la plantilla. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida fue que el sindicato apuesta por mantener el diálogo con la Administración y que, si finalmente se convocan movilizaciones, deberán ser promovidas por las propias trabajadoras. “Ahora mismo nos sentimos solas, sin el apoyo del sindicato”, lamenta.

La misma fuente añade que, según la información trasladada tras una reunión mantenida entre representantes sindicales y Función Pública, los retrasos administrativos estarían relacionados con el proceso de estabilización del empleo público y con la reorganización derivada de las últimas convocatorias de plazas.

No obstante, la trabajadora cuestiona esa explicación. “A mí todo esto me suena a cuento chino”, afirma, al considerar que la falta de personal podía haberse mitigado con una mejor planificación de las contrataciones estivales. En su opinión, la Administración ha ofertado contratos de corta duración cuando “podían haber hecho contratos más largos o planificar incorporaciones en agosto, sabiendo que en julio había turnos sin cubrir”.

Las trabajadoras insisten en que el aplazamiento del cobro de los complementos llega en un momento de especial tensión en el centro, donde aseguran que la plantilla lleva meses reclamando más personal y mejores condiciones para garantizar una atención adecuada a los residentes.

La histórica victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial ha provocado una inusual ola de absoluta unanimidad en el arco político extremeño. Tras una noche que “quedará grabada en la memoria colectiva”, los principales líderes y portavoces de la región han cerrado filas este lunes para respaldar la concesión de la Medalla de Extremadura al futbolista dombenitense Pedro Porro, pieza clave en la consecución de la segunda estrella para el país.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado su intención de otorgar este galardón al lateral extremeño y ha defendido firmemente la decisión por su trayectoria, su esfuerzo y por representar a la comunidad “con tanta excelencia”. Guardiola ha explicado que, haciendo uso de la potestad normativa que le permite proponer de forma directa una de las Medallas de Extremadura, considera que el reconocimiento es de justicia: “Qué mejor manera que entregar ese reconocimiento que el máximo de nuestra tierra”. Para la jefa del Ejecutivo, el combinado nacional representa la “alegría, unión, coraje y humildad” que el país necesita.

La medida cuenta con el visto bueno del PSOE extremeño. Su portavoz, Manuel José González Andrade, ha mostrado la “satisfacción” del partido por el anuncio de Guardiola, aunque ha querido recordar que la iniciativa partió originalmente de las filas de su formación.

Según ha subrayado Andrade, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ya había solicitado públicamente la concesión del máximo galardón regional para Pedro Porro antes incluso de que se disputara la gran final del torneo, con el objetivo de premiar a un jugador que ha llevado el nombre de la región “a lo más alto”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha sumado con entusiasmo a la “demanda popular” para homenajear al futbolista de Don Benito. “Cuando Pedro Porro sacó ayer la bandera de Extremadura, creo que el orgullo de los extremeños al ver su bandera fue enorme y vibramos todos juntos con él”, ha celebrado De Miguel, quien ha ensalzado el talento y los valores deportivos del defensor.

Sin embargo, la líder de la confluencia de izquierdas ha ido un paso más allá en su análisis y ha introducido una lectura marcadamente geopolítica de la final, recordando que “el fútbol no es ajeno a la política”. Para De Miguel, el triunfo de España supone una victoria “de la paz y de los derechos humanos” frente al modelo que representan figuras internacionales hostiles al combinado nacional. “España no era el equipo preferido ni de Donald Trump, ni de la FIFA, ni de Benjamín Netanyahu; no éramos el equipo preferido de los señores de la guerra”, ha sentenciado la portavoz, interpretando el éxito deportivo como un triunfo de la convivencia y un reflejo de que España es un país “multicultural y plurinacional donde la diversidad suma en lugar de dividir”.

El expediente para la concesión del galardón continuará ahora su tramitación administrativa a través de la Comisión de Valoración de las Medallas de Extremadura, antes de su ratificación definitiva en el Consejo de Gobierno, de cara al tradicional acto institucional con motivo del Día de Extremadura.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha anulado el nombramiento de un cargo de la Diputación pacense, por lo que deberá hacer una nueva valoración de candidatos, al entender que se han dado varias irregularidades en el proceso.

El fallo, que resuelve los recursos presentados en torno al proceso de este puesto de letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la institución provincial, deja sin efecto el nombramiento de Cristina Correa, que testificó en el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz, como exdirectora de Recursos Humanos, en comisión de servicios previsto .

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se postula de esta forma “en contra del decreto de 19 de febrero pasado por el que se realiza el nombramiento” de la persona seleccionada, que tenía efectos a partir del 1 de marzo de este año.

La decisión revoca y deja sin efecto esta resolución “por estimarla no conforme a derecho” y “condena a la administración demandada a proceder a la retroacción del procedimiento solectivo al momento inmediatamente anterior a la valoración” para que la comisión del proceso “emita una nueva propuesta motivada, colegiada y suficientemente exteriorizada, con expresa conexión entre las bases, las funciones del puesto y las razones de preferencia del aspirante que, en su caso, resulte propuesto”. Además, impone a administración demandada las costas procesales.

El juzgado incide en que el análisis del proceso para el nombramiento de este puesto “no conduce por sí mismo a declarar una invalidez de pleno derecho por desviación de poder, pero sí corrobora la procedencia de anular los actos impugnados y ordenar la retroacción”.

A tenor de la legislación a este respecto, la jueza considera que “la motivación del acta de sesión de la Comisión de Valoración no solo es insuficiente, sino desajustada a las bases de la convocatoria”.

“Si se analiza la base quinta de la convocatoria se ve como todo el procedimiento selectivo queda reducido a una entrevista, cuando esta base afirma que esta entrevista consistirá además en la defensa de una Memoria que se presentará en ese momento, y que servirá de guión al aspirante para su exposición, -se afirma entre otras cuestiones- nada de esto se encuentra en el acta, y es más, ni una sola referencia se hace a la Memoria de ninguno de los candidatos”.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que garantice el funcionamiento del transporte escolar desde el primer día del próximo curso y aporte “certidumbre” a las 16.000 familias extremeñas que dependen de este servicio.

González Andrade ha recordado que la Junta ha licitado el contrato del transporte escolar, dotado con 17,15 millones de euros, pero ha advertido de que el procedimiento vuelve a plantearse “sin haber corregido los errores que provocaron el caos del pasado curso”.

El portavoz socialista ha recordado que el pasado año quedaron desiertas 335 rutas escolares porque las empresas advirtieron de que los precios fijados por la Junta no cubrían los costes del servicio, una situación que provocó que 7.000 alumnos y alumnas permanecieran durante las dos primeras semanas del curso sin transporte escolar.

Ha lamentado que las empresas han vuelto a alertar de que las condiciones económicas continúan siendo insuficientes para prestar el servicio por el encarecimiento de los combustibles, las dificultades para encontrar conductores y el envejecimiento de las flotas.

Para el PSOE, la Junta “onoce perfectamente cuál fue el origen del problema” pero ha decidido volver a licitar el servicio “con prácticamente la misma receta”, lo que genera una enorme incertidumbre.

Por ello, ha reclamado a Guardiola que dialogue con el sector, adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a quedar rutas desiertas y garantice que el próximo 10 de septiembre ningún estudiante extremeño se quede sin poder acudir a clase por falta de transporte escolar.

Archivo de la causa contra Olga García

Por otra parte, González Andrade ha valorado el archivo de la investigación judicial que afectaba a la exconsejera socialista Olga García, por emitir informes favorables a la construcción de una planta solar en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).

El portavoz socialista ha reclamado al PP que rectifique y pida disculpas por las acusaciones vertidas cuando se conoció la apertura de la investigación, ya que “quienes entonces calificaron el asunto de extraordinaria gravedad deberían explicar ahora dónde está esa gravedad y pedir perdón por haber intentado utilizar políticamente un procedimiento judicial”.

Andrade ha acusado al PP de actuar con una doble vara de medir ante las resoluciones judiciales.

La Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad el ‘Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral’ durante la celebración de su sexta reunión, celebrada el pasado 14 de julio.

El documento “supone un importante avance” en el desarrollo del III Plan de Igualdad de la institución provincial y refuerza el compromiso de la Diputación de Badajoz con la construcción de entornos laborales seguros, respetuosos e igualitarios para toda su plantilla, según afirman dese la institución provincial. Asimismo, establece un marco de actuación para la prevención, detección y abordaje de posibles situaciones de acoso, incorporando medidas destinadas a garantizar la protección de las personas afectadas, así como procedimientos claros de intervención, acompañamiento y seguimiento.

El Protocolo es el resultado del trabajo, la implicación y las aportaciones de todas las personas que integran la Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad y de las organizaciones sindicales presentes en la misma. El consenso alcanzado pone de manifiesto “el compromiso compartido de todas las partes con la igualdad efectiva, la prevención de las violencias sexuales y la mejora continua de las condiciones laborales dentro de la institución provincial”, valoran desde la Diputación

Este nuevo hito se suma al trabajo que viene desarrollando la Comisión Negociadora en el marco del III Plan de Igualdad, un instrumento estratégico que permitirá seguir impulsando medidas dirigidas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Diputación de Badajoz.

Con la aprobación de este Protocolo, la institución da un paso más en la consolidación de políticas internas orientadas a la prevención de las violencias sexuales, la protección de los derechos de las personas trabajadoras y la promoción de una administración pública comprometida con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.