“Los derechos de la ciudadanía no van a estar sometidos a ningún vaivén político”, ha asegurado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su toma de posesión del cargo, que se ha celebrado este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida. Guardiola ha formulado ese compromiso tras la polémica por el pacto entre PP y Vox, que ha posibilitado que ha hecho posible su nombramiento, por la inclusión de la prioridad nacional para dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda de las personas migrantes.

En su intervención, de unos 20 minutos, no se ha referido a políticas concretas y ha vuelto a esquivar esa polémica de la prioridad nacional, aunque se ha comprometido a que la “máxima prioridad”de su nuevo Gobierno sean “los servicios públicos, el bienestar y la vida de las personas. Y eso no es negociable. No es matizable”.

La presidenta extremeña ha ofrecido un discurso conciliador y ha rechazado “los muros” porque “la división nos hace peores y vulnerables”. Por eso, ha hecho un llamamiento a la moderación a los grupos de la oposición (ha mencionado a todos menos al PP) y a la “conversación pausada porque la ciudadanía está muy cansada del ruido”. Por eso, la líder del PP también ha lamentado los desprecios públicos, los insultos o que se le haya descalificado como mujer. “A mí no se me olvida”, ha dicho.

“Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración”, ha añadido la presidenta extremeña, que ha anunciado que van “a tomar decisiones con firmeza y con valentía” porque está convencida de contar “con el mejor proyecto político posible.

Guardiola ha apostado en su toma de posesión por una Extremadura “más unida, más libre, más justa”, en la que nadie tenga que marcharse para comenzar su proyecto de vida.

Al acto han asistido los presidentes del Senado, Pedro Rollán; de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco; del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. También la han acompañado, entre otros, los expresidentes extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Segunda legislatura tras un pacto que tardó cuatro meses

Guardiola encara su segunda legislatura al frente de la Junta de Extremadura, aunque la primera duró solo dos años y medio. Ante la dificultad de aprobar los presupuestos de 2026, decidió convocar elecciones el pasado diciembre, pero el tablero político apenas se movió al no conseguir la mayoría absoluta (consiguió 29 de 33 diputados) y volver a depender de Vox, que pasó de cinco a 11 escaños, mientras que el PSOE se hundió hasta los 18 asientos en la Asamblea y Unidas por Extremadura creció hasta los siete.

Pero Guardiola ha tenido que esperar cuatro meses para conseguir sellar un pacto de Gobierno con la extrema derecha, que vuelve a Ejecutivo regional con más fuerza. Obtendrá las consejerías de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, que dirigirá el diputado y líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Desde ellas gestionará, al menos, una cuarta parte del presupuesto autonómico.

El acuerdo también incluye el polémico concepto de prioridad nacional, rechazado por el Gobierno, la Iglesia a incluso la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda a las personas migrantes, aunque en Extremadura representan poco más del 4% de la población.

Al menos una cuarta parte del presupuesto de la Junta de Extremadura estará en manos de Vox, seis veces más dinero que el que gestionó entre 2023 y 2024 en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en la que, por cierto, dejó sin ejecutar casi el 60% de las inversiones contra incendios previstas en los presupuestos de 2024, el ejercicio previo a la peor temporada de incendios que ha padecido la comunidad. Esas fueron las únicas cuentas que María Guardiola logró aprobar en la anterior legislatura gracias a la extrema derecha antes de que saltaran por los aires los pactos autonómicos de PP y Vox.

Ahora la formación ultra ha exigido a Guardiola “más del doble” de lo que habían conseguido en el acuerdo de 2023, al pasar de cinco a 11 diputados y volver a ser imprescindibles para el PP en Extremadura. Esa exigencia se ha traducido en dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Sin embargo, el presupuesto que controlará se ha disparado, a la espera de que se conozca la estructura del nuevo Gobierno, que podría publicarse en el Diario Oficial de Extremadura este fin de semana.

Lo que se conoce, porque se incluye en el pacto de 2026, es que el líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández Calle, será vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una nueva consejería con competencias en servicios sociales, inclusión, infancia, familia, juventud y cooperación al desarrollo, y tendrá también como objetivo la eliminación de trabas burocráticas y administrativas, simplificar los procedimientos, eliminar duplicidades y velar por la eficiencia presupuestaria.

Hasta ahora, las responsabilidades de los servicios sociales y juventud estaban en manos del PP (Consejerías de Sanidad y de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes). En el último presupuesto autonómico, las políticas de promoción social estaban dotadas de 227,5 millones de euros y las de Dependencia, con 491 millones de euros. Las competencias en cooperación suman unos 10 millones de euros, pero el pacto de PP y Vox recoge su práctica eliminación.

Vox también se ha hecho con Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que disponen de 1.218 millones de euros. La persona que se ponga al frente de este departamento, que Fernández Calle ya ha advertido que es “muy de Vox” gestionará agricultura, ganadería, ayudas de la Política Agraria Común (PAC), regadíos e infraestructuras rurales, así como de caza, pesca, tauromaquia y medio natural. Estas últimas competencias están ahora en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, por lo que el presupuesto total se incrementará. Pero el PP ha logrado conservar la responsabilidad en la gestión de incendios forestales.

La presidenta extremeña afirmó este jueves tras ser investida que tras su toma de posesión, que será este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida, que se tomará unos días para reflexionar sobre la estructura de la Junta y sobre las personas que la acompañarán, por lo que esto último podría conocerse la semana que viene. Actualmente, el Gobierno extremeño cuenta con nueve consejerías, encabezadas por cuatro hombres y cinco mujeres, además de la Secretaría de Igualdad y Conciliación, dirigida por María del Ara Sánchez.

José Luis Rodríguez Zapatero inaugurará el 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, que abrirá la nueva etapa de Álvaro Sánchez Cotrina como líder del partido, y en el que se proyectará un vídeo con un mensaje de Pedro Sánchez, que no podrá estar presente por su agenda internacional.

La coordinadora del Comité Organizador del 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, Carmen Yáñez, ha presentado este jueves el programa del cónclave socialista, cuyo lema es 'Ahora volver a ganar'.

Yánez ha explicado que al tratarse de un congreso extraordinario no habrá debate político ni se votará la gestión de la anterior dirección, como ocurre en los ordinarios. El objetivo es elegir a los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional y de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Extremadura, además de designar a los representantes del PSOE de Extremadura en el Comité Regional y en el Comité Federal del partido.

En el congreso tendrán derecho al voto 485 delegados elegidos en las 250 asambleas locales, en representación de los 9.300 militantes. En la apertura participará el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, antes de la disolución de este órgano, y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La inauguración oficial corresponderá posteriormente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en la clausura intervendrá Sánchez Cotrina y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Además, asistirán representantes de 30 colectivos -sindicatos, organizaciones empresariales y agrarios, ONG...-, el secretario general adjunto del Partido Socialista luso, Luis Moreira, y los líderes del PSOE en Aragón y el País Vasco, Pilar Alegría y Eneko Andueza. Entre delegados e invitados el congreso reunirá a más de mil personas.

Yáñez ha explicado que esta cita pone punto y final al proceso interno que se ha desarrollado desde la dimisión del exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tras los resultados electorales. Ha destacado que el proceso de primarias ha sido participativo, transparente y sin incidencias, y ha asegurado que ha servido para dar “mayor unidad” al partido.

Aunque el congreso es de carácter orgánico, también es “profundamente político”, a su juicio, porque de él saldrá el equipo que liderará esta nueva etapa para el partido y para la región. De hecho, ha subrayado que el lema 'Ahora volver a ganar' no es sólo una consigna, ya que es una hoja de ruta para recomponer el partido y reforzar la presencia en la calle y con colectivo sociales.

El fin es conseguir que “el partido entusiasme” para reconectar con la ciudadanía y volver a gobernar para devolver los derechos arrebatados durante el Gobierno de María Guardiola y defender los valores democráticos frente al pacto de gobierno suscrito por PP y Vox, que es “ilegal e imposible de llevar a cabo”. Yánez ha indicado que se trata de forjar una “alternativa solida y valiente” liderada por Sánchez Cotrina.

Unidas por Extremadura ha criticado este jueves que la introducción de la asignatura 'Extremestiza' en la región supone una “una especie de educación de NO-DO” en un marco ideológico que vuelve a poner de nuevo a Extremadura como “tierra de conquistadores”.

La portavoz de Educación de esta formación, Nerea Fernández, ha hecho estas declaraciones junto a la portavoz, Irene de Miguel, tras mantener ambas una reunión con representantes educativos de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Según Fernández, las organizaciones sindicales coinciden con Unidas en sus críticas y en que esta asignatura es completamente innecesaria, pues todo lo referente a la Conquista de América ya se ofrece en Geografía e Historia.

El Gobierno en funciones de María Guardiola anunció a primeros de este mes un futuro decreto que modificará la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Extremadura para la introducción de la asignatura de 'Extremestiza“ como materia optativa.

Nerea Fernández ha mostrado su preocupación por el tipo de educación que puedan traer a Extremadura PP y Vox y ha criticado que ambas formaciones presenten nuevamente a la región “como tierra de conquistadores y no como tierra de migrantes, que es lo que hemos sido siempre”.

En ese sentido, ha criticado el cinismo de que Guardiola pretenda poner en valor el “mestizaje” como una manera de intercambio cultural, de “tejer puentes” y al mismo tiempo pacte con Vox “señalar y criminalizar a las migrantes que vienen a Extremadura simplemente a buscarse una vida mejor”. Además, ha lamentado que mientras se crea esta nueva asignatura, el acuerdo con Vox conlleve la supresión del programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en municipios con gran población inmigrante, como Talayuela (Cáceres), un pueblo que “siempre ha sido un ejemplo de convivencia”.

Nerea Fernández ha augurado que la educación que van a imponer en la región los partidos de derechas va a estar “completamente marcada por su ideología retrógrada”, por lo que no se tendrá en cuenta la educación sexual y en valores éticos y feminista en unos tiempos en los que se hace tan necesaria tras el aumento de los delitos de pornografía infantil.

“Creemos que la educación que nos va a traer este Gobierno ultra va a ser bastante preocupante”, ha insistido Fernández, quien ha adelantado que desde su formación van a estar “ojo avizor” para denunciar estas cuestiones y para presentar alegaciones, como lo harán al decreto que modificará la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para la introducción de 'Extremestiza'.

En la reunión se han abordado otras cuestiones, como la situación de las técnicas en Educación Infantil, que piden una bajada de las ratios y una subida salarial, reivindicaciones que desde Unidas por Extremadura se consideran esenciales. También se ha abordado la homologación salarial de los docentes extremeños, cuyos sueldos se encuentran a la cola del país, una antigua reivindicación de los sindicatos que ahora se incluye en el pacto PP-Vox con el adjetivo de progresiva.

La portavoz de Educación de Unidas ha indicado que de esta forma la homologación no se va a conseguir, por lo que ha pedido al nuevo Gobierno extremeño que “no engañe”.

La Diputación de Badajoz ha celebrado este miércoles, en el Paraninfo del Palacio Provincial, el acto de entrega de los Premios de la Provincia 2026, una cita ya consolidada en el calendario institucional con motivo del Día de la Provincia, que vivirá su acto institucional este domingo en Calamonte. El evento ha reconocido a personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural del territorio.

La presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, ha subrayado durante su intervención que estos galardones suponen “reconocer el talento que nace, que crece y que se queda en nuestra tierra, demostrando que no hace falta renegar de sus orígenes ni cruzar fronteras para alcanzar el éxito”.

Del Puerto ha incidido en el valor colectivo de los premios, destacando que permiten “conocernos, reconocer el trabajo de quienes contribuyen al progreso de la provincia y celebrar lo que somos como sociedad”. En este sentido, ha apelado al orgullo de pertenencia: “Debemos estar muy orgullosos de pertenecer a esta provincia que, aunque humilde y sencilla, es fuerte, ambiciosa, talentosa y valiente”.

Ocho categorías 

Los Premios de la Provincia distinguen anualmente iniciativas en ámbitos clave para el desarrollo del territorio, desde la cultura hasta la sostenibilidad, la igualdad o la innovación. En total, hoy se han entregado los galardones en ocho categorías, por parte de los diputados y diputadas de la Corporación Provincial.

El premio Cultura ha recaído en Florián Recio Terraza, por una sólida trayectoria como escritor y dramaturgo, estrechamente vinculada al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde ha contribuido a acercar los clásicos al gran público con una obra reconocida dentro y fuera de España.

El premio Deporte y Vida Saludable ha sido para Motor Club Villafranca Motorsport, por su impulso al automovilismo y la proyección internacional de la provincia a través de competiciones de alto nivel como el Rally Raid Portugal-Extremadura.

En la categoría de Economía Verde y Circular, el galardón ha reconocido a La Hormiga Verde, centro especial de empleo que ha convertido la gestión de residuos electrónicos en un modelo de innovación ambiental y social, combinando sostenibilidad, inclusión laboral y competitividad.

El premio Emprendimiento ha distinguido a la Escuela de Micronegocios de la Fundación Maimona, un proyecto de referencia en el impulso de iniciativas empresariales en el ámbito rural que favorece la creación de empleo y la fijación de población.

El premio Igualdad ha recaído en la Asociación Consejo Comarcal La Siberia, por su trayectoria en la promoción de la igualdad de género en el medio rural y el empoderamiento de las mujeres.

En el ámbito turístico, el premio Innovación y Calidad Turística ha sido para las Termas Aqua Libera de Aljucén, por su apuesta por un modelo de turismo experiencial basado en el rigor histórico, la sostenibilidad y la valorización del patrimonio.

El premio Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad ha reconocido a la Asociación ELA Extremadura, por su labor de apoyo integral a pacientes y familias, así como por su contribución a la visibilización de esta enfermedad.

Por último, el premio Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido para el IES Sierra La Mesta, por su proyecto educativo innovador centrado en sostenibilidad y tecnología, que evidencia el potencial transformador de la educación en el medio rural.

Durante su intervención, la presidenta ha recordado que la temática de este año gira en torno a la inclusividad, una línea estratégica que atraviesa buena parte de los proyectos premiados. “Nuestras pretensiones es seguir avanzando en conseguir una provincia más inclusiva, en todos los aspectos”, ha afirmado.

Mundo rural y mujer

Del Puerto también ha puesto el foco en el papel del mundo rural y de la mujer como pilares del desarrollo territorial, asegurando que “no se concibe el futuro del mundo rural sin la presencia de las mujeres”, a las que ha definido como “garantía de supervivencia”.

La presidenta ha concluido trasladando a los premiados el valor simbólico del reconocimiento recibido: “El premio que hoy habéis recibido no es un premio de la Diputación, es un premio que os otorgan vuestras vecinas y vuestros vecinos”,

El acto, que ha estado presentado por los periodistas Susana Mangut y Manu Pérez y cuya nota musical la ha puesto Esther Merino, ha contado con la participación de representantes públicos, premiados y sociedad civil. Esta ceremonia ha vuelto a evidenciar el dinamismo de la provincia de Badajoz y el compromiso de la Diputación con el desarrollo de sus municipios, en una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento y el orgullo colectivo.

“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.

El portavoz de extrema derecha, que, además, será vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que se trata de “garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga la prioridad en el acceso a las oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”. Un concepto considerado xenófobo e ilegal del que ya han alertado el Gobierno e incluso líderes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Fernández Calle ha asegurado que esa “prioridad nacional” se traducirá en medidas concretas y legales: “Prioridad para los de aquí en el acceso a la vivienda protegida, la vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español y defensa de los servicios públicos para los nuestros los primeros”. A su juicio, esas medidas no son ni racistas y egoístas, sino “sentido común y realismo”.

El portavoz de Vox ha esgrimido que se trata de poner fin a “la perversión del concepto de solidaridad del que viven muchos paniaguados en esta región y en toda España. Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

Fernández Calle se ha detenido en explicar “un principio claro” del Gobierno de la Junta, que echará a andar en los próximos días: “la vivienda pública tiene que ser para los que tienen arraigo en Extremadura”. En ese nuevo sistema de acceso se priorizará a los que tienen una vinculación “real, duradera y verificable” con Extremadura, para lo que se tendrá en cuenta los años de empadronamiento y la trayectoria laboral y familiar porque “eso es poner primero a los de aquí, a los nuestros”.

Pero el próximo vicepresidente no ha hecho mención a otros aspectos del pacto de PP y Vox que tienen que ver con la migración, como la llegada de los menores migrantes no acompañados, a los que la nueva Junta de Extremadura se opondrá, ni a la gestión de los centros de menores en los que hay migrantes en cumplimiento de medidas judiciales, que estará en manos de la extrema derecha. No obstante, se ha resistido a vincular la migración con la delincuencia, aunque ha dicho que la criminalidad en la comunidad ha crecido un 5%, aunque es la más segura de toda España.

La izquierda no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la prioridad nacional del acuerdo de PP y Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha advertido que nadie “puede dificultar o prohibir el acceso a la educación, sanidad a ninguna de las personas que vivan en España. La prioridad nacional ni es legal ni es humana, hasta Ayuso se lo ha dicho”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado a María Guardiola de “sacrificar” la región por “apuntalar estrategias de otros territorios”, así como su propia “dignidad” y la de los más vulnerables al asumir un acuerdo “inconstitucional”, “racista” y “clasista” que “carece de la más mínima fiabilidad”. Ha señalado que con este acuerdo, que habla de “prioridad naci-onal”, como lo ha pronunciado en diversas ocasiones, están construyendo “una sociedad individualista, que odia al extranjero, llena de prejuicios y de falsa moral”, de la mano de los “mayores vendepatrias” que ha visto este país y “lamebotas de Trump”.

Pero la líder del PP ha vuelto a esquivar la polémica de la prioridad nacional en su respuesta a los grupos parlamentarios. Tan solo se ha referido a la inmigración para reiterar que la concibe como “una oportunidad si se gestiona con rigor” porque “el descontrol beneficia a las mafias” y es “inhumano que se repartan por decreto a las comunidades autónomas”. Guardiola ha defendido una inmigración “legal, ordenada y vinculada al trabajo”.

Su intervención este miércoles la ha iniciado reclamando “respeto” a la Cámara y negándose a “pedir perdón por gobernar con quien representa a una parte importante de Extremadura y por dar estabilidad a mi tierra”.

El PP y la extrema derecha han formalizado su pacto de gobierno al votar a favor de la investidura de María Guardiola, que tomará posesión del cargo el viernes a las 19.30 horas en el Anfiteatro Romano de Mérida. Tras ello, Guardiola tendrá que conformar su nuevo Ejecutivo, donde Vox tendrá una vicepresidencia, con competencias en desregulación, familia y servicios sociales (incluida la inmigración), y la consejería responsable de agricultura y ganadería.

Este miércoles se celebrará la segunda sesión del debate de investidura de María Guardiola y será el turno de los grupos parlamentarios, que ya han dado a conocer su opinión sobre el discurso de la líder del PP, en el que ha desgranado la acción de su futuro gobierno, pero ha omitido al polèmico concepto de “prioridad nacional”, recogido en el pacto entre PP y Vox.

El PSOE ha considerado que Guardiola “ha pasado por el aro” de Vox y ha intentado que los ciudadanos también lo hagan, todo ello en una intervención “faltona, incómoda y lleno de cinismo político”. El socialista José María Vergeles ha dicho que los extremeños y extremeñas han asistido a un discurso que “pasará a la historia más negra” de esta región.

“Guardiola, que no ha podido tapar las vergüenzas del acuerdo con Vox, ha tenido que claudicar para ocupar el sillón de presidenta”, ha dicho Vergeles, quien ha puesto en duda que el futuro Gobierno extremeño pueda llevar a cabo legalmente numerosas medidas A su juicio, la presidenta en funciones “ha vendido su alma a cambio de un sillón” y el precio de ello “lo pagará la sociedad”, “ha perdido el poder de la palabra” y ha “arrojado” la coherencia “por la ventana”.

El diputado del PSOE se ha preguntado “por qué Guardiola no ha hecho referencia a 'la prioridad nacional', el eje del acuerdo de gobernabilidad, marcado por ”una traición“ a los derechos y a ”la línea de flotación de la democracia“. ”Extremadura es mucho mejor que este Gobierno de vergüenza“, ha agregado Vergeles.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha dicho que la candidata del PP la Presidencia de la Junta ha “claudicado” ante Vox y ha calificado su discurso de investidura de “rancio”, “indecente”, “mentiroso” y “vergonzoso”.

“Se ha travestido de Vox, parecía la candidata de Vox en este discurso de investidura”, ha dicho a la vez que ha augurado que no durará el acuerdo de gobierno cuatro años, pues “habrá muchos cuchillos por la espalda” y si no, “traerá mucho dolor a las familias extremeñas y a los que más necesitan del estado de bienestar”. En este sentido, ha dicho que Guardiola ha “tomado el pelo” a todos los extremeños al intentar pasar un “acuerdo inconstitucional e ilegal” por “democrático y natural” y con su firma cava su “tumba política”.

A su juicio, el pacto entre ambas formaciones de derechas “pivota” sobre inmigración y se ha cuestionado si Extremadura no se podía permitir acoger a 300 menores extranjeros no acompañados, porque “si es así, entonces el estado de bienestar está quebrado”. Además, se ha preguntado cuál es el plan B de Guardiola ante esto, “que sigan hacinados en Canarias o que no les dejemos llegar a puerto seguro”

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha afirmado que, si en otras comunidades donde su formación y el PP pueden formar gobierno, se logra un acuerdo similar al de Extremadura se estará “ante el fin de la pesadilla sanchista”.

Según ha dicho, el discurso de Guardiola ha sido “realista”, ya que ha plasmado “desde su sensibilidad” el acuerdo alcanzado entre ambos partidos, que será detallado con mayor profundidad mañana por el presidente de su grupo, Óscar Fernández.

Para el portavoz de Vox, este acuerdo es “la garantía de que por fin en Extremadura se va a producir el cambio que más del 60% de los extremeños han avalado con su voto”, ya que se trata “de la voluntad mayoritaria plasmada en un documento de colaboración paara que Extremadura progrese”, ya que ese es su único objetivo.

María Guardiola ha defendido este martes el pacto de PP y Vox, que la convertirá en presidenta de la Junta de Extremadura y en líder, otra vez, de un Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero en esa defensa ha eludido mencionar la “prioridad nacional”, uno de los conceptos recogidos en ese acuerdo que más polémica ha generado, incluso en su propio partido, por considerarse ilegal y xenófobo. Además, la interpretación de esa “prioridad nacional” ha servido ya para enfrentar a PP y Vox antes de que se materialice el pacto con la votación de este miércoles a favor de la investidura de Guardiola.

“El inmigrante no es un culpable por defecto. Es una persona con sus derechos y deberes”, ha reconocido la presidenta extremeña en funciones, pero, al mismo tiempo, ha anunciado la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, institucionalizando desde la Junta de Extremadura la sospecha sobre las personas migrantes, con lo que ha hecho propio el marco ideológico de Vox en este asunto.

La finalidad de esa unidad es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita”, ha explicado Guardiola. En el acuerdo firmado el pasado jueves se menciona concretamente “el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Por eso, entre sus funciones principales, según el acuerdo, se incluirán “la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”

Pero esa Unidad irá más allá: “Tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ”pisos patera“, aunque no se especifica cómo se va a crear ni con qué recursos contará.

Guardiola ha vuelto a responsabilizar al Gobierno del “absoluto fracaso” de la política migratoria y de “tener la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer”. En este sentido, ha asegurado que Extremadura “no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad”, en referencia a Catalunya. Por ello, “nos opondremos a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes. Y lo haremos en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra el Real Decreto de reparto de menores”.

En su discurso de investidura no ha hecho referencia a la realización de pruebas de determinación de edad a las personas migrantes ni al endurecimiento del régimen disciplinario de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado. Ambas son también medidas incluidas en el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox.

Guardiola ha asegurado que su Ejecutivo “jamás va a incumplir la ley” y ha justificado el acuerdo con la extrema derecha para “dejar atrás una etapa de bloqueo”, por lo que ha augurado que el entendimiento con la formación ultra será “duradero, fiable y de mirada larga”.

Desregulación de las leyes ambientales

Por otro lado, la presidenta en funciones se ha comprometido a “proteger del Pacto Verde” a los agricultores y ganaderos, y ha rechazado el acuerdo con Mercorsur “si no garantiza la igualdad de condiciones de los productores extremeños”. Además, el futuro Gobierno extremeño tendrá como “prioridad” la modificación y flexibilización de las leyes que afectan a la protección ambiental, a la caza, a la pesca, a la actividad agraria y a la conservación de espacios naturales. “No podemos ignorar que convivimos con un exceso de leyes pensadas sin contar con quienes trabajan la tierra”, ha afirmado.

La Junta también financiará, por fin, el macroproyecto del regadío en Tierra de Barros, y volverá a revisar (la última revisión es de hace unas semanas) las Zonas de Especial Protección de Aves y los Lugares de Interés Común “porque conservación y actividad económica no son incompatibles”.

Guardiola también vuelto a oponerse al posible cierre de la central nuclear de Almaraz, aunque no ha mencionado la rebaja de la carga fiscal a las eléctricas que ha pactado con Vox: la reducción de un 30% anual de la ecotasa hasta que desaparezca en 2029, es decir, 90 millones de euros menos anuales para las arcas autonómicas .

Vox tendrá las competencias de 'desregulación' en el futuro Gobierno de coalición para “eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades”, según el acuerdo. Por eso, la líder del PP ha mencionado la aplicación del principio de declaración responsable para el sector primario, la liberalización de suelo para la construcción de viviendas y la reducción de cargas urbanísticas y fiscales. Además, la Junta se ha puesto como objetivo la construcción de 3.500 VPO durante la legislatura.

Lazos con América

Entre las novedades que se van a poner en marcha en Extremadura, Guardiola ha afirmado que hay un horizonte “que me ilusiona especialmente” y es la relación con los países de Hispanoamérica para que Extremadura se convierta “en un referente de la cultura, el conocimiento y las oportunidades”. En concreto, la región se creará el Instituto del Mestizaje, para “tejer nuevas alianzas con los países hermanos de América en los ámbitos cultural, educativo y de investigación”.

Pero no se ha quedado ahí, la líder del PP ha reivindicado el papel de España y Extremadura en la conquista de América: “Extremadura no tiene nada de lo que avergonzarse y España no tiene nada de lo que pedir perdón. No podemos juzgar el siglo XV con los ojos del siglo XXI. América no fue una colonia sometida: fue parte de una Corona compartida, de un encuentro entre mundos que alumbró una de las culturas más ricas y diversas de la historia de la humanidad”.

A pesar de que Guardiola sentará en el consejo de gobierno a un vicepresidente y un consejero o consejera de Vox, la presidenta en funciones se ha comprometido a poner en marcha un protocolo de actuación en violencia contra las mujeres en atención primaria y un plan autonómico de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, con atención integral a las víctimas.

El tercer intento de Guardiola

María Guardiola se enfrenta a su tercer intento para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, pero en esta ocasión tiene asegurado el apoyo de Vox en la primera votación, que tendrá lugar este miércoles. Para lograr el apoyo de la extrema derecha, PP y Vox han pactado un Gobierno de coalición después de la experiencia fallida de la legislatura anterior, donde esa coalición apenas duró un año.

La situación ahora es distinta. Guardiola se quedó lejos de la mayoría absoluta en las elecciones del pasado diciembre, donde su formación obtuvo 29 diputados, pero Vox pasó de cinco a 11 escaños. La necesidad de acordar con los ultras y el buen resultado de estos han motivado que el pacto de gobierno al que han llegado con la intención de que permanezca vigente los cuatro años de legislatura esté repleto de concesiones ideológicas a la extrema derecha y de medidas xenófobas basadas en una supuesta “prioridad nacional”.

PP y Vox cerraron el pacto el pasado jueves, cuatro meses después de iniciar las negociaciones, que estuvieron cerca conducir a una repetición electoral por la falta de entendimientos de ambos partidos en Extremadura. Por ello, las direcciones nacionales tuvieron que intervenir y han participado en los últimos encuentros que se celebraron en Mérida.

La rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pactada por PP y Vox en su acuerdo de Gobierno tendrá un impacto económico de ocho millones de euros cada año de la legislatura, lo que supondrá 32 millones de euros cuando esta finalice, según ha explicado este martes la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano.

El pacto contempla que en cada año de la legislatura se aplique una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, de modo que se llegue al 1% en 2029 para quedarse en una tributación del 7% y el 9%, respectivamente. Esa rebaja ya se incluirá en el proyecto de presupuestos que se llevará a la Asamblea en las próximas semanas.

El acuerdo también incluye una reducción al 0,5% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para las escrituras públicas que documenten la adquisición de viviendas habituales, siempre que el valor de la vivienda no supere los 200.000 euros, a favor de contribuyentes que no superen los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta. Esto tendrá un impacto de 2,5 millones de euros, según la responsable de Hacienda.

A esto habría que sumar la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo III de parentesco (como de tíos a sobrinos) y la rebaja del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos y límites de renta, también incluidas en el acuerdo de PP y Vox.

Manzano ha dicho que estas y otras mejoras tributarias estarán incluidas en los presupuestos autonómicos para 2026, que estarán preparados “dentro de muy poco”. Hay que recordar que los presupuestos presentados por María Guardiola a finales de 2025, y que no salieron adelante, lo que motivó la convocatoria de elecciones autonómicas, incluía la bonificación de tasas y precios públicos, una deducción por gastos veterinarios y la rebaja del 75% del canon de saneamiento, con un impacto total de más de 20 millones de euros.

Lo que no incluirán las cuentas regionales este ejercicio es la rebaja del 30% de la ecotasa que paga la central nuclear de Almaraz. Esta reducción de la carga fiscal que beneficia a las eléctricas se deja para 2027, ya la Hacienda extremeña no puede asumir este año ese recorte de ingresos, según la consejera. El pacto de PP y Vox recoge una rebaja de la ecotasa del 30% anual hasta su total desaparición en 2029, lo que supondrá 90 millones de euros menos para las arcas autonómicas.

Pese a esta minoración de ingresos, Elena Manzano ha recordado que en los dos años y medio de legislatura las rebajas fiscales han supuesto 125 millones, mientras que la recaudación ha subido en más de 230 millones.

La prioridad nacional del pacto de PP y Vox

Por otro lado, la también portavoz del Ejecutivo extremeño en funciones ha afirmado que el concepto de prioridad nacional que figura en el pacto de gobierno entre PP y Vox lo que hace es valorar la vinculación territorial y el arraigo, y ha instado a los ciudadanos, y a los presidentes autonómicos, a interpretar este acuerdo “bajo los principios de legalidad, igualdad y justicia”.

Manzano ha defendido que el pacto alcanzado con Vox se desarrollará con el “máximo respeto” a la Constitución española, al principio de legalidad y al resto del ordenamiento jurídico. En concreto, en lo referido a la denominada “prioridad nacional” que figura en varias medidas del acuerdo, como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, ha argumentado que lo que se busca es que la población residente en Extremadura permanezca en ella.

Respecto a las declaraciones del presidente andaluz en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, en las que ha puesto el acuerdo como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía, ya que aspira a gobernar con mayoría absoluta, Manzano ha expresado su “máximo respeto institucional a cualquier consideración” y le ha deseado “la mayor de las suertes en ese proceso”.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho público un comunicado contra el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, en el que advierte de un “retroceso” en materia de derechos humanos y políticas migratorias. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian', las organizaciones alertan de que los compromisos alcanzados “traspasan límites legales y éticos” y suponen una “criminalización” tanto de las personas migrantes como de la sociedad civil.

El pronunciamiento llega en plena conformación del nuevo Ejecutivo autonómico que previsiblemente encabezará María Guardiola, y se suma a otras voces críticas que, en los últimos días, han cuestionado el contenido del pacto en ámbitos como la migración, la igualdad o la cooperación internacional.

En su análisis, la plataforma reconoce la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero advierte de que “no todo vale” y sitúa los derechos humanos como una “línea roja” que no puede ser utilizada como moneda de cambio político. En este sentido, pone el foco en el lenguaje empleado en el debate público y denuncia que términos como “ilegal” para referirse a personas migrantes contribuyen a su deshumanización. “Ninguna persona es ilegal”, subrayan, recordando que la legislación española no tipifica como delito el hecho de migrar.

El comunicado también rechaza el uso del acrónimo 'MENAS', ampliamente extendido en el discurso político y mediático, y reivindica una denominación que no invisibilice la condición de menores: “niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. A este respecto, cuestiona los argumentos sobre una supuesta “llegada masiva” de menores, señalando que en Extremadura el número de menores tutelados ronda los 150, frente a los 364 cuya acogida ha planteado el Gobierno central. “¿De verdad quieren hacernos creer que estas cifras ponen en riesgo la seguridad o el futuro laboral de la región?”, se preguntan.

Las organizaciones firmantes acusan además a PP y Vox de “mezclar de forma interesada” realidades distintas, como la de menores migrantes y la de menores sometidos a medidas judiciales, y de vincular la migración con fenómenos como la ocupación ilegal de viviendas. A su juicio, se trata de “bulos” que buscan generar miedo y rechazo social, pese a que —afirman— los datos oficiales no respaldan esas asociaciones.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a las entidades sociales que trabajan en la acogida y acompañamiento de personas migrantes. La plataforma denuncia que el acuerdo de gobierno las señala de forma “infundada”, acusándolas de colaborar con mafias o participar en actividades ilícitas. Frente a ello, reivindican su labor y aseguran que seguirán trabajando “con o sin fondos públicos” en la defensa de los derechos humanos.

En relación con las medidas anunciadas, también cuestionan propuestas como el refuerzo de pruebas de determinación de edad a menores migrantes, recordando que la legislación vigente solo permite su aplicación en ausencia de documentación. Asimismo, califican de “ilegal, islamófoba y machista” la posible prohibición del uso del burka o el nicab en espacios públicos, al considerar que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, además de exceder las competencias autonómicas.

El texto incorpora además una crítica al enfoque identitario del acuerdo, señalando que ignora la herencia histórica de la cultura árabe en Extremadura y lamentando la intención de suprimir programas educativos vinculados a esta tradición. “Olvidan ocho siglos de historia que forman parte esencial del patrimonio extremeño”, apuntan.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. “No va de otros”, advierten, en un mensaje que busca contrarrestar los discursos de exclusión. “Nadie es ‘de fuera’ ni ‘distinto’: todas las personas forman parte de esta tierra”, concluyen, apelando a la movilización social frente a lo que consideran un avance del racismo, la xenofobia y la deshumanización en el debate político.

Datos

Los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura reflejan un incremento de la delincuencia juvenil en la región durante 2024. Un total de 307 menores fueron condenados por sentencia firme, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, con una tasa de 7 condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, por encima de la media nacional. La mayoría de estos menores son hombres (81,8%) y predominan las edades de 14 y 15 años. Además, el informe destaca que el 88,9% de los condenados tiene nacionalidad española, lo que desmonta ciertos discursos que asocian delincuencia juvenil con población extranjera.

El documento también evidencia un fuerte incremento en el número de infracciones penales cometidas por menores, que alcanzan las 824, un 60,6% más que en 2023. En paralelo, los jueces adoptaron 471 medidas, siendo las más habituales la libertad vigilada (33,1%) y la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%). Especialmente relevante es el aumento de los delitos sexuales, con 29 menores condenados en Extremadura, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y apunta a una tendencia preocupante que requiere análisis desde una perspectiva social, educativa y de género para comprender sus causas y prevenir su evolución.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos (PP), anuncia una batalla contra el Gobierno central por la orden de retirar la Cruz de los Caídos, ubicada en la Plaza de América, tras conocer la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que ese elemento se ha incluido en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

“En Cáceres, la Cruz no se toca”, ha dicho Mateos, que ya ha dado indicaciones a la Secretaría General del Ayuntamiento para que analice la interposición “inmediata” de un recurso de alzada contra la resolución: “Lo voy a defender en vía administrativa, en vía judicial y en la calle si es necesario, porque va contra el sentir mayoritario de la ciudad de Cáceres”, ha señalado. “Yo ahí no voy a andar con tibiezas porque creo además que es importante”, ha agregado. “A mí alguien de Madrid no me va a decir cuál es el sentir de mi ciudad”, ha apostillado.

Mateos ha asegurado que el requerimiento ministerial “es una de esas cortinas de humo a las que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez para distraer la atención de los ciudadanos” porque está fechada el 17 de abril, “justo un día después en el que se sella un pacto de gobierno en Extremadura”. Por ello ha añadido que ni el ayuntamiento, ni su alcalde “ni la sociedad cacereña vamos a entrar en un debate forzado y que lo que subyace es otra cuestión muy distinta”.

En este sentido, ha recordado que el PSOE estuvo gobernando cuatro años esta ciudad “y no hubo ningún requerimiento por parte del Ministerio”. “Esta ley no es nueva, que aquí parece que es que la ley la acaban de aprobar. Aquí no hubo ningún requerimiento. Aquí hubo una ley en la Comunidad Autónoma con un Gobierno socialista en la Junta de Extremadura y no hubo ningún requerimiento”, ha agregado. “Aquí los requerimientos llegan cuando gobierna el Partido Popular y cuando, afortunadamente —porque así lo han querido la mayoría de los extremeños— se alcanza un acuerdo de gobierno en esta Comunidad Autónoma. Es que aquí no es nada aleatorio”, ha concluido.

Asimismo, Mateos ha calificado como “una falta de respeto” que se tenga que enterar por una nota de prensa de la resolución. “Una información ya preparada, que sacan a las seis o a las siete de la tarde el viernes, tras el acuerdo regional. Yo entiendo que esas son las formas de trabajar y de lealtad institucional que dice el Gobierno que tiene, pero desde luego a mí me ha molestado, y me ha molestado mucho, que me entere por los medios de comunicación y no como me tengo que enterar, que es a través de una resolución”, ha puntualizado.

El regidor cacereño ha considerado que la orden de retirar la cruz de su actual emplazamiento “enfrenta y divide”, aunque ha olvidado que es una reclamación histórica de las asociaciones memorialistas y un debate que regresa a la actualidad con independencia de quién gobierna en la ciudad. “Hay gente que está muy cómoda en la división y en el enfrentamiento. Yo oía a la portavoz del grupo socialista el mismo viernes diciendo: ‘a mí la gente por la calle me para que se retire la Cruz’ y yo de verdad, no sé quién le para”.

“Es que yo tengo el móvil colapsado, las redes sociales llenas de mensajes, he tenido agenda sábado y domingo, el sentir mayoritario de esta ciudad es que ya está bien que desde Madrid se venga a intentar decirnos lo que tenemos que hacer con nuestras ciudades”, ha agregado.

A juicio del alcalde, la cruz es “un elemento que está integrado en el paisaje urbano de nuestra ciudad”, ha indicado enumerando varios ejemplos: “en Cáceres decimos abiertamente que ‘quedamos en la Cruz’, ni siquiera decimos ‘vamos a la Plaza de América’, cuando pedimos un taxi lo pedimos a la parada que hay en la Cruz y para la gente joven, su punto de referencia para salir es la Cruz”, ha puntualizado. Por eso, “vamos a emplear todos los medios que tengamos para que no se toque algo que los cacereños consideramos como propio”, ha añadido         

Protección cultural

Por otro lado, Rafael Mateos ha indicado que “la Cruz no supone para ningún cacereño una exaltación de ningún régimen. Entre otras cosas porque en el Ayuntamiento de Cáceres, en el año 1984, ya se adoptó un acuerdo por el que se sustituyó la inscripción que figuraba en esa Cruz”. Por eso se ha mostrado sorprendido porque “una comisión técnica [del Ministerio] valore desde Madrid lo que supone la cruz para los cacereños, dice que se otorga escaso valor artístico o arquitectónico a ese bien, cuando el Plan General Municipal le concede la máxima protección que se otorga a los bienes en nuestro Ayuntamiento”.

Mateos ha explicado que vería “con muy buenos ojos que se incoara el expediente para que la Cruz sea declarada Bien de Interés Cultural, porque es un elemento del diseño y de nuestra ciudad que ningún cacereño — o la inmensa mayoría de cacereños— no percibimos como un elemento franquista. Que, desde luego, ahí no se produce ningún acto de exaltación de ningún régimen. Que la placa se sustituyó en el año 1984. Es público y notorio que en la sociedad cacereña no se percibe así”, ha concluido.

Una“ reivindicación histórica” de la asociación memorialista de Cáceres

Sin embargo, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha valorado el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de América, con lo que atiende una de sus “históricas reivindicaciones” y para lo cual ha pedido “celeridad” en los trabajos.

Desde hace varios años, Amececa desarrolla una campaña reivindicativa que tiene como objetivo la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad de Cáceres, entre los que destaca dicha cruz. “En una labor paciente, iniciada en septiembre de 2015, nuestra Asociación solicitó, en no pocas ocasiones, a diferentes administraciones públicas extremeñas (diversos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y distintos gobiernos de la Junta de Extremadura) la retirada de la ”cruz de los caídos“ sin obtener resultado alguno”, ha relatado.

AprA principios 2021 se dirigió al secretario de Estado de Memoria Democrática pidiéndole la adopción de las iniciativas oportunas para llevar a cabo la retirada de dicho símbolo. Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática a finales de 2022 propició que Amececa en enero de 2023 solicitara formalmente la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Tanto en 2024 como en 2025, la asociación trasladó a dicha Secretaría de Estado su preocupación por la no adopción de “medidas efectivas” para retirar el considerado símbolo franquista.

Finalmente, el pasado mes de marzo, según recoge la asociación memorialista, elevó su solicitud al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Por ello, el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de dar orden para retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres del espacio público, supondrá, a juicio de Amececa, la consecución de unas de sus históricas reivindicaciones tras casi once años de “labor paciente”, ha concluido. 

La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex), hace un llamamiento a sus entidades socias, así como a movimientos sociales, plataformas y ciudadanía en general, para visibilizar su rechazo a lo que consideran una posible “negociación ideológica” de las políticas sociales.

En un comunicado, las organizaciones convocantes subrayan una serie de principios que consideran irrenunciables en la acción política. Entre ellos, destacan la defensa de los derechos humanos como eje fundamental de las políticas públicas, la igualdad de género y el reconocimiento de las violencias específicas que afectan a las mujeres, así como la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

Asimismo, reivindican la cooperación internacional como herramienta clave para la solidaridad, la justicia global y la construcción de paz, y reclaman el papel central de la sociedad civil organizada en el funcionamiento de una democracia “saludable”.

Las entidades firmantes insisten en un mensaje central: “Las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica”. Con esta consigna, pretenden trasladar a las instituciones y a la opinión pública la necesidad de blindar derechos fundamentales frente a acuerdos políticos que, a su juicio, podrían ponerlos en cuestión.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de San Juan de Dios, donde se ubica la sede de la Asamblea de Extremadura, en un momento político clave para la región, marcado por el inicio de una nueva legislatura tras el pacto entre las fuerzas conservadoras. La protesta se desarrollará en los momentos previos al pleno de investidura, en el que María Guardiola aspira a ser proclamada presidenta del Gobierno autonómico.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha arremetido este lunes contra el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la región, al que ha calificado de “infame”, “indecente”, “racista” y “profundamente clasista”. Además, ha acusado al Partido Popular de utilizar este pacto como herramienta de presión en otros territorios, como Andalucía, ante futuros procesos electorales.

En su comparecencia semanal, De Miguel ha sostenido que las negociaciones han estado “tuteladas desde Madrid”, lo que, a su juicio, demuestra que ambas formaciones en Extremadura “son meras franquicias” que responden a intereses nacionales y no a la realidad de la comunidad.

Como ejemplo, ha señalado que uno de los ejes centrales del acuerdo sea la inmigración en una región que, según ha recordado, presenta una de las tasas más bajas del país. “Lejos de ser un problema, es una solución a la despoblación”, ha defendido.

La dirigente de Unidas por Extremadura ha afirmado que, más allá de su viabilidad jurídica, el pacto responde a la imposición de un marco político por parte de Vox. “Han querido imponer un relato y lo han conseguido”, ha dicho, en referencia a medidas como la denominada “prioridad nacional”.

En este contexto, ha cargado contra la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, a la que ha acusado de haber “sacrificado” los intereses de Extremadura para beneficiar la estrategia del PP a nivel estatal, en particular de cara a reforzar la posición del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.

De Miguel también ha puesto en duda la estabilidad del futuro Ejecutivo autonómico, al considerar que el acuerdo se ha firmado “con desconfianza” y que no se mantendrá durante toda la legislatura. En su opinión, la continuidad del pacto dependerá de las decisiones del líder de Vox, Santiago Abascal, en función de sus intereses en la política nacional.

Asimismo, ha criticado la supuesta falta de convicción de Guardiola con el acuerdo alcanzado y ha cuestionado su actitud ante el mismo. “No creo que pueda sacar mucho pecho de lo que ha firmado”, ha señalado en relación con el Debate de Investidura que comienza este martes en la Asamblea de Extremadura.

Por último, ha advertido de que su formación ejercerá una oposición constante durante la legislatura, tanto sobre el contenido explícito del pacto como sobre aquellos aspectos que, a su juicio, no han sido detallados públicamente.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este lunes el concepto de “prioridad nacional” incluido en el acuerdo de gobierno con Vox, aplicado a medidas como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, al considerar que “fomenta el arraigo duradero y verificable”.

En rueda de prensa, Sánchez Juliá ha asegurado que este criterio “no excluye a nadie” y se ajusta a la legalidad vigente. Según ha subrayado, el acuerdo “no habla de nacionalidades”, sino que establece requisitos vinculados al arraigo en la comunidad autónoma.

En concreto, el texto recoge la exigencia de un empadronamiento histórico en Extremadura de al menos diez años para optar a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el acceso al alquiler social. “El acuerdo no es interpretable, dice lo que dice”, ha insistido el portavoz popular.

El dirigente del PP ha enmarcado este pacto en el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, al afirmar que la ciudadanía “quería que María Guardiola fuera su presidenta, hubiera un entendimiento entre PP y Vox y pedían desterrar el ‘sanchismo’ en esta comunidad autónoma”.

Sánchez Juliá ha destacado también que el acuerdo contempla la aprobación de presupuestos anuales durante toda la legislatura y ha garantizado que no habrá “ningún retroceso social”, al tiempo que, según ha dicho, se consolidarán la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI.

Entre otros aspectos, ha puesto en valor la bajada de la carga impositiva, especialmente para rentas bajas y medias; el impulso a la industria; el refuerzo del sector agrario, con “menos cargas burocráticas y más competitivo”; y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

“¿A quién le parece mal este acuerdo?”, se ha preguntado el portavoz popular, para responder a continuación que “a la izquierda rabiosa, que no suma y que no es alternativa de nada”.

De cara al Debate de Investidura que arranca este martes en la Asamblea de Extremadura, Sánchez Juliá ha asegurado que Guardiola lo afronta con confianza y con la “responsabilidad del trabajo bien hecho”.

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, no intervendrá en el Debate de Investidura que comienza este martes para designar como presidenta de la Junta a María Guardiola. El dirigente socialista se encuentra disfrutando de su permiso de paternidad, por lo que será la portavoz del grupo parlamentario, Piedad Álvarez, quien asuma la réplica en nombre de la formación.

Así lo ha confirmado la propia Álvarez en rueda de prensa este lunes, donde ha defendido la prerrogativa de Sánchez Cotrina a ejercer este derecho, subrayando que se trata de un permiso obligatorio para los padres y un elemento clave para avanzar hacia una “igualdad efectiva” que implique a los hombres en el cuidado de sus hijos.

La portavoz socialista ha asegurado que su grupo afronta el debate con “expectativas bastante bajas” tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para conformar gobierno en Extremadura. A su juicio, el nuevo Ejecutivo “nace muerto” al sustentarse en un pacto que incluye medidas “imposibles e ilegales”, que no atienden a los problemas reales de la ciudadanía y que, en su opinión, “solo habla de lo que Vox ha querido que se hable”.

En este contexto, Álvarez ha augurado que la sesión de investidura será “una faena de aliño”, utilizando el símil taurino, y ha señalado que es probable que Guardiola “no agote ni los tiempos” de su intervención. Asimismo, ha pronosticado que la candidata popular “tampoco va a estar cómoda”, como ya ocurrió en el anterior intento de investidura, que resultó fallido ante la falta de acuerdo con Vox.

La dirigente socialista ha criticado además la falta de información sobre el contenido del pacto de gobierno, denunciando una negociación marcada por “la ausencia total de transparencia, el silencio y la opacidad”. En este sentido, ha advertido de que, aunque lo conocido hasta ahora le parece “muy preocupante”, lo más alarmante llegará cuando el futuro Ejecutivo comience a gestionar “los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas”.

El Gobierno ha incluido la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha ordenado su retirada del espacio público, en una decisión que choca frontalmente con el reciente acuerdo entre PP y Vox en Extremadura para proteger este monumento mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha informado este viernes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, la inclusión de la cruz en dicho catálogo responde, entre otros motivos, a que el monumento “no presenta ningún elemento artístico singular” y “carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

La decisión del Ejecutivo se ha conocido apenas unas horas después de hacerse público el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en la región, en el que ambas formaciones se comprometen a impulsar actuaciones para la “protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda”. En ese mismo documento, se recoge expresamente la intención de tramitar la declaración como BIC de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, la cruz cacereña fue una de las primeras levantadas para conmemorar a los caídos durante la Guerra de España, tras un acuerdo del pleno municipal del 9 de septiembre de 1937. Durante la dictadura franquista, el monumento fue utilizado como escenario de actos de exaltación del régimen, incluidos desfiles y conmemoraciones tanto militares como civiles.

El departamento que dirige el Gobierno subraya que, pese a la eliminación de algunos símbolos o la modificación de inscripciones originales a lo largo del tiempo, “su naturaleza original no se ha desvirtuado”, ya que mantiene el elemento principal que define su carácter y su “alto valor simbólico”.

En este sentido, el Ministerio rechaza que pueda considerarse un símbolo religioso, al entender que su origen es “claramente político”, y sostiene que su permanencia en el espacio público supone aún hoy un elemento de humillación para las víctimas de la dictadura.

La Cruz de los Caídos fue levantada por el Ayuntamiento de Cáceres en 1937 como homenaje a los fallecidos del bando sublevado, en el contexto del denominado “Movimiento Nacional”. El monumento se ubicó en la plaza de América, en el lugar que ocupaba la fuente conocida como La Palmatoria, construida durante la Segunda República.

Aemececa

Por su parte, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha valorado el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América en la capital cacereña, con lo que atiende una de sus “históricas reivindicaciones” y para lo cual pide “celeridad” en los trabajos.

Desde hace varios años, Amececa desarrolla una campaña reivindicativa que tiene como objetivo la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad de Cáceres, entre los que destaca dicha cruz, según ha expuesto en un comunicado.

“En una labor paciente, iniciada en septiembre de 2015, nuestra Asociación solicitó, en no pocas ocasiones, a diferentes administraciones públicas extremeñas (diversos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y distintos gobiernos de la Junta de Extremadura) la retirada de la ”cruz de los caídos“ sin obtener resultado alguno”, ha insistido.

Ayuntamiento

Del mismo modo pero en sentido contrario, el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que recurrirá la orden de retirada del espacio público de la Cruz de los Caídos de la plaza de América emitida por el Gobierno central cuando la reciba y ha afirmado que defenderá en la calle este elemento “si es necesario”.

Así se ha pronunciado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, en redes sociales tras emitir el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática un comunicado este viernes en el que explica que ha incluido el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha dispuesto que sea retirada del espacio público.

A su juicio, entre otras cosas “no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

Para el alcalde de Cáceres, este símbolo es “un punto de referencia, que debe quedarse donde está”.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha afirmado este viernes que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la investidura de María Guardiola confirma que la dirigente popular “ha pasado por el aro” y conducirá a la región a un gobierno “inestable”.

Tras reunirse con el presidente del Parlamento autonómico, Manuel Naharro, en el marco de la ronda de contactos previa al debate de investidura, Álvarez ha asegurado que el pacto ratifica las advertencias de Vox, que ya había anticipado que habría gobierno en Extremadura “cuando le diera la gana”.

“Después de casi seis meses perdidos para Extremadura, volvemos a la casilla de salida”, ha señalado la portavoz socialista, quien ha lamentado además que la comunidad haya perdido autonomía en este periodo. “Si algo hemos aprendido es que Extremadura no cuenta ni para el Partido Popular ni muchísimo menos para Vox”, ha añadido.

Álvarez ha sostenido que el acuerdo responde a un “puro tacticismo electoral y político dirigido desde Madrid”, utilizando a Extremadura como “campo de prueba”. En este sentido, ha advertido de que lo ocurrido en la región podría anticipar pactos similares en otros territorios como Aragón, Castilla y León o incluso Andalucía.

Sin entrar en los detalles concretos del acuerdo, la dirigente socialista ha considerado “poderosamente llamativo” el reparto de áreas de gobierno. Así, ha criticado que la gestión de medio ambiente recaiga en una formación que “niega el cambio climático”, tras los incendios sufridos el pasado verano, o que servicios sociales quede en manos de quienes, según ha recordado, “deshumanizaban a los inmigrantes”.

También ha cuestionado la creación de una consejería de Familia —“y no de familias”, ha subrayado— y su posible orientación en materia educativa, en referencia a propuestas como el denominado pin parental. Asimismo, ha mostrado su sorpresa por la atribución de Agricultura a Vox, un partido que, según ha señalado, mantiene posiciones alineadas con políticas arancelarias que perjudicarían al campo español.

Por último, Álvarez ha denunciado la ausencia de referencias a la igualdad en el acuerdo, al considerar que “la igualdad de la señora Guardiola es la misma que la de Vox”, en línea —ha recordado— con declaraciones previas de la propia líder popular.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura pone fin a cuatro meses de bloqueo y parálisis, y a uno de los capítulos políticos más convulsos en la historia parlamentaria de Extremadura. Vox asumirá una vicepresidencia con competencias en servicios sociales, familia y desregulación (una nueva cartera que anuncia una de las líneas maestras del pacto). Además recibirá la Consejería de Agricultura y Ganadería. Pasadas las 20:15 de este jueves, la propia María Guardiola, presidenta en funciones, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, han anunciado el pacto.

Vox también le saca al PP el senador por designación autonómica, que será Ángel Pelayo Gordillo. “El acuerdo va a ser bueno para Extremadura”, ha dicho Guardiola; mientras que Fernández ha expresado su voluntad de que el pacto dure los cuatro años de la legislatura. En las próximas horas está previsto que ambas formaciones difundan un documento con las medidas acordadas.

Fuentes del PP han asegurado que Guardiola ha contado “con total autonomía”para negociar la configuración de su Ejecutivo. “El número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la Dirección nacional del Partido Popular”, aseguran . “Estamos muy satisfechos de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años”, añaden las fuentes de Génova.

También aseguran que “en los ultimos días” se ha avanzado “de manera significativa” en las negociaciones en Aragón: “Somos optimistas y donde esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días. Tras ganar las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el Partido Popular no sólo tiene ya las Presidencias de las tres Cámaras legislativas, sino que consigue un acuerdo para la primera de las investiduras. Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente”.

Investidura el 21 y 22 de abril, toma de posesión, el 24

Lo que comenzó el 21 de diciembre pasado, con una victoria insuficiente de la derecha, termina con un Ejecutivo de coalición forzado por el calendario, para evitar una repetición electoral, y por las directrices nacionales de ambos partidos. La investidura queda fijada para el martes 21 y el miércoles 22 de abril. La toma de posesión sería el viernes 24.

La falta de entendimiento, los reproches y los enfrentamientos han sido la tónica general entre PP y Vox en Extremadura, que, sin embargo, estaban condenados a entenderse para evitar que los extremeños volvieran a las urnas en junio. Hoy la sensación era de euforia. “Extremadura necesita estabilidad y crecimiento”, ha dicho Guardiola, y ha admitido “la parálisis” en la que ha vivido la región.

El acuerdo era necesario antes del 4 de mayo, pero en su contra jugaban las exigencias de la extrema derecha para hacer valer sus buenos resultados electorales, al pasar de cinco a 11 diputados; las presiones del PP para obligar a Vox a sentarse a negociar, acusándolos de cálculo electoral por estar pendientes de los comicios en Aragón y Castilla y León y no atreverse a sentarse en un Gobierno; y la constante supervisión nacional de la negociación extremeña, por ser la primera en la que se medía la temperatura de la relación entre la derecha y la extrema derecha tras la ruptura de todos los gobiernos autonómicos de coalición en 2024.

Abascal y Feijóo, para destensar la relación

Las conversaciones entre PP y Vox se rompieron en Extremadura al poco de empezar y no se retomaron hasta que celebraron las elecciones en Aragón y Castilla y León, cuando hablaron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para destensar la relación en los territorios. Desde entonces, el clima de entendimiento cambió en Extremadura y, aunque los avances para sellar el pacto se han sucedido a cuentagotas, ambas formaciones hicieron gala desde entonces de su voluntad negociadora y del “clima de colaboración”.

La lentitud para el acuerdo, a pesar de que las elecciones se celebraron en diciembre –y de que hubo por medio una investidura fallida de María Guardiola en la primera semana de marzo– ha estado motivada por el interés del PP de cerrar un pacto que garantizara de alguna manera cuatro años de legislatura completos y por las exigencias de Vox, tanto programáticas como de presupuesto y de poder en el organigrama de la Junta de Extremadura.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de “poco humanas” las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, y ha considerado que “debería arrepentirse” de las mismas.

García Espada había advertido de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud derivado de este proceso, que podría beneficiar a unas 3.000 personas en la región. Frente a ello, Quintana ha defendido que se trata de “ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar”, y ha criticado la “estigmatización” de este colectivo.

“Son ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar, y en este sentido la petición continua a la Delegación del Gobierno es que se precisan empleados para determinados sectores y estigmatizar humanamente a estas personas…”, ha señalado en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado además que el refuerzo de personal en las oficinas que atenderán a los beneficiarios de la regularización será “el número que haga falta”, y ha confiado en que Extremadura no sea una de las comunidades con mayores dificultades en este proceso. “Hay que poner el esfuerzo necesario para hacerlo todo bien”, ha añadido, al tiempo que ha destacado el papel de las ONG y asociaciones que trabajan con población migrante.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de asistir a un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en recuerdo de las últimas víctimas mortales por violencia de género en el país.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las palabras de la consejera y ha denunciado que suponen “un ejemplo más” del “desgobierno” que, a su juicio, impera en la comunidad autónoma. Los socialistas han recordado que Extremadura lleva meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre.

En una nota de prensa, el PSOE considera que de las declaraciones de García Espada “emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes”, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, critica que se traslade a la ciudadanía “una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud”.

Los socialistas sostienen además que estas manifestaciones buscan desviar la atención de los datos de listas de espera sanitaria publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y denuncian que se pretenda “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales”.

En este contexto, el PSOE se pregunta “qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola” si considera que la incorporación de unas 3.000 personas puede provocar el colapso del sistema sanitario. También plantea interrogantes sobre el impacto futuro de proyectos industriales como la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, que implicaría la llegada de unas 2.500 personas a la zona.

Frente a esta visión, los socialistas defienden que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en Extremadura. “No representan un problema, sino una oportunidad”, concluyen, al considerar que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir futuro en la región.

El Partido Popular y Vox están muy próximos a cerrar un acuerdo de Gobierno en Extremadura tras varias semanas de negociaciones desarrolladas, según ambas partes, en un clima de respeto y discreción. Las conversaciones continúan abiertas y se centran ahora en limar las últimas diferencias antes de anunciar un pacto definitivo.

Fuentes del PP señalan que las posiciones entre ambos partidos son “cercanas”, aunque todavía no definitivas, y confían en que en los próximos días se concreten los puntos pendientes. Desde la dirección nacional, en la sede de Génova, destacan que la discreción ha sido clave para avanzar en las conversaciones.

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo subrayan que el tono de las negociaciones ha sido constructivo, con la participación del secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Marta Varela. Además, apuntan que la tensión ha sido mayor en las declaraciones públicas de Vox que en las reuniones de trabajo.

Por su parte, desde Vox aseguran que las conversaciones avanzan “mucho”, aunque reconocen que aún quedan flecos por cerrar. Entre los principales puntos de discrepancia figuran cuestiones como la política de vivienda o la fiscalidad, donde persisten diferencias ideológicas entre ambas formaciones.

Fuentes del partido liderado por Santiago Abascal indican que el acuerdo final no responderá plenamente a las aspiraciones iniciales de ninguno de los dos partidos, ya que ambos están realizando concesiones en aras de garantizar la estabilidad institucional.

El calendario político añade presión a las negociaciones. El próximo 3 de mayo es la fecha límite para alcanzar un pacto que permita la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y evitar así una repetición electoral en la comunidad.