El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha salido al paso de los rechazos en bloque anunciados por la oposición al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027. Su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado de “enmiendas a la desesperada” las peticiones de devolución registradas esta semana por el PSOE y Unidas por Extremadura, asegurando que el proyecto elaborado por el Ejecutivo de María Guardiola permite a la ciudadanía “pagar menos y recibir más” a través de un modelo fiscal expansivo y social.

Ante las duras críticas vertidas por la izquierda, que tildó las cuentas de “propaganda, fracaso y subordinación a los poderosos”, la formación popular defiende que el proyecto presupuestario demuestra que “se pueden bajar los impuestos a todos los extremeños y fortalecer los servicios públicos”. Según Sánchez Juliá, el documento para 2027 consolida un esquema basado en el crecimiento económico, la justicia fiscal y el blindaje de la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, lo que a su juicio deja a las formaciones de la oposición totalmente “en fuera de juego” y carentes de un proyecto alternativo real para la región.

En el plano tributario, la portavocía del PP ha subrayado que Extremadura cuenta en la actualidad con el tramo autonómico del IRPF “más bajo de toda España”, reivindicando las deducciones fijadas para jóvenes, familias y acceso a la vivienda, así como los beneficios fiscales específicos para personas afectadas por la talidomida y la polio. Sánchez Juliá ha aseverado que “por primera vez, Extremadura cuenta con un gobierno que utiliza la política fiscal como una herramienta de justicia social”, al tiempo que ha cuestionado si la oposición tilda también de “inútiles o propaganda” las medidas orientadas al colectivo de autónomos y a la ampliación de coberturas públicas.

El portavoz parlamentario ha cargado de forma específica contra los escritos presentados por ambos grupos progresistas de cara al pleno de la próxima semana. Sobre la enmienda del PSOE, Sánchez Juliá la ha tildado de “prácticamente un corta y pega” de la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas al presupuesto del ejercicio anterior, mientras que ha afeado a Unidas por Extremadura estar instalada en una dinámica “del no por el no” frente a cualquier proyecto de desarrollo.

“Frente a la Extremadura del crecimiento, de la justicia económica, de la justicia social y de la justicia fiscal que ofrece María Guardiola, encontramos a una oposición que lo único que ofrece es un portazo a todos los extremeños”, ha dicho Sánchez Juliá.

El choque de modelos se resolverá el próximo miércoles 28 de octubre en el pleno de la Asamblea regional, donde PP y Vox harán valer su mayoría absoluta para rechazar ambas enmiendas a la totalidad y continuar con la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas.

El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2027. La formación autonómica considera que las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de María Guardiola suponen una senda de «propaganda y fracaso» sustentada en un ideario “neoliberal” mediante medidas tributarias que, según denuncian, “no resuelven ni de lejos” los problemas estructurales de la región en materia de vivienda, empleo y servicios sociales.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha tachado de “insulto” la decisión del Ejecutivo regional de “regalar” unos 28 millones de euros en beneficios fiscales a las compañías eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz. El parlamentario ha recordado que estas multinacionales ganan miles de millones de euros al año mientras aportan “una milésima parte de sus beneficios” en Extremadura, calificando la política fiscal de la Junta como una clara “subordinación a los poderosos”.

Desde la formación señalan que los que consideran los cuartos presupuestos de la derecha en el actual ciclo político presentan un crecimiento “insuficiente” al situarse por debajo de la subida interanual del IPC. Asimismo, sostienen que la mayor disponibilidad de fondos no responde a un impacto positivo de las políticas públicas autonómicas, sino a las mayores entregas a cuenta estatales, la llegada de transferencias de la Unión Europea y el recurso al endeudamiento público.

En su desglose por partidas, González Frutos ha ironizado sobre el grado de compromiso del Gobierno regional con el acceso a la vivienda —catalogado por el grupo como el principal problema social de la ciudadanía— al consignar un raquítico aumento del 0,8% en sus fondos específicos, algo que “indica lo que le preocupa este problema al Gobierno”. De igual forma, el grupo ha criticado que, pese al incremento global del 3,2% en la consejería de Sanidad, la inversión en atención primaria crece “únicamente” un 1,8%, manteniéndose aún “lejos” del compromiso del 25% del gasto sanitario total reivindicado por los profesionales del sector.

El grupo parlamentario ha censurado además lo que considera “un mensaje autoritario y disciplinario” tras aplicar un recorte del 48,6% en la financiación destinada al Consejo de la Juventud de Extremadura. Según González Frutos, este tijeretazo traslada el aviso de que “aquel que no sea afín y un poco crítico ya sabe el futuro que tiene”, dando continuidad a las reducciones presupuestarias ya aplicadas en ejercicios anteriores sobre las subvenciones a organizaciones sindicales y a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

Unidas por Extremadura formaliza su rechazo global proponiendo en su escrito una batería alternativa de diez ejes de actuación centrados en la reforma fiscal progresiva, el blindaje de la sanidad y la educación pública, el apoyo a pymes, autónomos y el campo, la equiparación salarial del personal público, el refuerzo de la atención a la dependencia y la protección social, y una adecuada financiación municipal. El diputado ha sentenciado que las cuentas del Ejecutivo regional no se pueden arreglar con enmiendas parciales porque «no están a la altura de los dolores de nuestra tierra».

El debate plenario de las dos enmiendas a la totalidad registradas contra los presupuestos de 2027 —presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE— tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre en la Asamblea regional, donde los partidos que sustentan al Gobierno, PP y Vox, harán valer su mayoría absoluta para superar el primer trámite parlamentario.

PP y Vox han cerrado la puerta a cualquier crítica a los centros de datos en Extremadura, a pesar de que cuatro megainfraestructuras se proyectan en la región, alguna con trámites muy avanzados. Los socios de gobierno han impedido la comparecencia en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea del científico del CSIC Manuel García Domínguez, propuesta por Unidas por Extremadura para que aportara “una visión científica acerca de los beneficios y los riesgos asociados a los proyectos de instalación de grandes centros de datos” en la comunidad.

El diputado de la coalición de izquierdas, Francisco Llera Cáceres, explicó que el investigador se encuentra elaborando su tesis doctoral precisamente sobre la gobernanza, los cuellos de botella, la sostenibilidad y el impacto socioeconómico real de los centros de datos en Aragón y Extremadura, pero pese a los argumentos académicos esgrimidos por Llera, el PP y Vox rechazaron de plano la solicitud. La portavoz del PP en la comisión, Isabel Cortés

Pese a los argumentos académicos esgrimidos, la bancada del Partido Popular rechazó de plano la solicitud. La diputada del PP Isabel Cortés, cargó con dureza contra el perfil del ponente, cuestionando que se convoque a “alguien de fuera”, pese a sus vínculos familiares con Extremadura, y que, a su juicio, mantiene “una visión muy negativa y un ecologismo chavista”.

Cortés defendió el interés empresarial suscitado en la región y cifró en unos 700 los empleos directos de operación que generarán estas plantas, reprochando a la izquierda estar instalada en el “no a todo” frente al crecimiento regional y contraponiendo esta postura con los 4.000 puestos vinculados a la central nuclear de Almaraz.

Por su parte, Vox justificó su negativa amparándose en motivos competenciales. La diputada Eva García Alegre sostuvo que los trabajos de la comisión parlamentaria deben ceñirse a un enfoque estrictamente técnico-industrial orientado al desarrollo económico, por lo que las valoraciones de carácter científico como las del investigador propuesto deben canalizarse a través de los trámites administrativos de información pública y alegaciones.

La iniciativa contó únicamente con el respaldo del bloque progresista de la Cámara. Desde las filas del PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo calificó la solicitud de “oportuna” y confirmó el voto favorable de su formación con el fin de evaluar tanto los riesgos como los potenciales beneficios de estos megaproyectos.

Ecologistas en Acción carga contra el “negacionismo ambiental”

El veto parlamentario ha provocado una contundente reacción de Ecologistas en Acción, que ha denunciado formalmente que PP y Vox “cierran las puertas de la Asamblea a la ciencia ambiental” al impedir la intervención del científico. Desde la organización ecologista inciden en que la intención del grupo proponente “no era paralizar ningún centro de datos, sino escuchar a un investigador antes de tomar decisiones que pueden condicionar el futuro de Extremadura durante décadas”.

Para el colectivo, resulta “preocupante” que la derecha relegue el conocimiento científico a meros expedientes administrativos de información pública, excluyéndolo del debate y la fiscalización parlamentaria. Ecologistas en Acción advierte de que el rechazo se produce en un contexto de “fuerte presión” por grandes inversiones industriales, energéticas, mineras y agroganaderas, donde las preguntas sobre el elevadísimo consumo de agua y energía, la ocupación de suelo o las emisiones “quedan relegadas frente al discurso triunfalista de los anuncios de inversión”. En este sentido, recuerdan que la propia Junta de Extremadura ha llegado a reclamar la retirada de propuestas estatales destinadas a fijar exigencias de eficiencia energética e hídrica a estas plantas informáticas.

“El negacionismo ambiental no consiste solo en negar el cambio climático; también se manifiesta cuando se ignoran las evidencias científicas, se minimizan los impactos económicos o se impide escuchar a quienes pueden explicarlos”, indica la organización. El colectivo subraya que la comunidad autónoma padece ya manifestaciones graves de degradación (embalses eutrofizados, acuíferos contaminados por nitratos, suelos degradados y dehesas amenazadas por la seca) que exigen rigurosidad técnica y evaluación de efectos acumulativos. “Cerrar las puertas de la Asamblea a la ciencia no hace desaparecer los impactos ambientales. Solo impide conocerlos y prevenirlos antes de que sean irreversibles”, concluyen.

Cuando las luces se apagan en el Teatro López de Ayala y la orquesta interpreta los primeros compases, el público asiste al desenlace de una historia que comenzó muchos meses antes. Detrás de cada función hay ensayos, talleres, viajes, escenografías que se levantan pieza a pieza y decenas de profesionales trabajando lejos de los focos. También hay escolares que han conocido la ópera en sus aulas antes de escucharla sobre un escenario, estudiantes que descubren oficios vinculados a las artes escénicas y autobuses que parten desde pequeñas localidades extremeñas rumbo al Teatro Real de Madrid. Porque lo que sucede cuando se abre el telón no es únicamente una representación lírica: es el resultado visible de un proyecto que acaba de cerrar una etapa decisiva y se prepara para comenzar otra.

Detrás de cada función de Ópera Joven hay mucho más que un espectáculo. Hay una iniciativa cultural que ha demostrado que la ópera no pertenece a las grandes ciudades ni a las élites culturales, sino que puede formar parte de la vida cotidiana de cualquier territorio. Ahora, tras consolidar una estructura propia de producción, formación y mediación cultural, el programa encara una nueva fase marcada por la continuidad de un modelo que ha logrado acercar la lírica a miles de extremeños.

Se quería demostrar que la ópera no está reservada a las clases eruditas, ni porque sea difícil ni porque quienes viven en el entorno rural tengan menos capacidad para producirla o comprenderla. Esa convicción, que acompañó el nacimiento del programa, resume mejor que ninguna otra el sentido de una iniciativa que acabaría transformando el panorama lírico extremeño. Y en pocos lugares esa idea parecía tan improbable como en Extremadura.

Durante décadas, la ópera fue percibida como una manifestación artística distante. Asociada a grandes capitales, a teatros históricos y a públicos especializados, parecía vivir en un universo paralelo al de las pequeñas ciudades y los pueblos. Cuando nació Ópera Joven, Extremadura carecía de una programación operística estable, de una estructura de producción propia y de una tradición continuada de formación de públicos. La iniciativa llegó para crear un ecosistema que nunca existió.

Precisamente contra esa convicción nació en 2019 Ópera Joven, impulsado por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. No para importar espectáculos de manera puntual ni para programar una sucesión de funciones aisladas, sino para construir desde cero una red de producción artística, formación y participación cultural. Una red que hoy afronta una nueva etapa tras haber demostrado que era posible producir ópera desde Extremadura.

La ópera como derecho cultural

La historia de Ópera Joven es también la historia de una pregunta incómoda: ¿por qué determinadas expresiones artísticas siguen considerándose patrimonio de unos pocos?

La iniciativa nació precisamente para combatir esa frontera invisible. Quería demostrar que la dificultad atribuida a la ópera tiene más que ver con la falta de oportunidades para conocerla que con una supuesta incapacidad de los públicos para comprenderla. Que el entorno rural no posee menos sensibilidad ni menos capacidad de creación que los grandes centros urbanos. Y que un vecino de cualquier localidad pacense puede emocionarse ante una aria de Donizetti o una partitura de Bizet exactamente igual que un espectador de Milán, Madrid o Viena.

Ese planteamiento ha atravesado todas las ediciones del programa. Porque Ópera Joven nunca se limitó a representar títulos. Su objetivo fue construir una relación duradera entre la ciudadanía y la cultura. De ahí que sus funciones formen parte de una estrategia más amplia donde conviven la creación artística, la mediación educativa y la cohesión territorial.

Cuando la lírica echó raíces

La primera piedra de esa aventura se colocó en 2019 con L'elisir d'amore, la célebre comedia romántica de Gaetano Donizetti. Aquella producción inaugural era toda una declaración de principios. No se trataba de contratar un montaje ya terminado, sino de levantar una producción propia desde Extremadura. La obra reunió a intérpretes de prestigio como Berna Perles, Guillén Munguía, Alberto Martínez, Ricardo Llamas y Nuria García, acompañados por la Orquesta Sem Fronteiras, el Coro de Cámara de Extremadura y la Banda de Música de Montijo.

La respuesta del público confirmó que existía un espacio para la lírica que llevaba demasiado tiempo esperando ser ocupado. Los estrenos en Badajoz registraron una acogida extraordinaria y dejaron una sensación que se repetiría en los años siguientes: la ópera no era un cuerpo extraño en Extremadura. Simplemente, había estado ausente hasta ese momento.

Aquella primera producción sembró una semilla cuyo crecimiento nadie podía prever entonces.

Crear espectadores antes que consumidores

Uno de los mayores aciertos de Ópera Joven ha sido comprender que un proyecto cultural de largo recorrido no puede depender únicamente de la programación artística. Necesita formar públicos. Por eso, desde sus inicios, la vertiente pedagógica ha ocupado un lugar central. Talleres, encuentros, actividades divulgativas, conferencias-concierto y acciones de mediación han acercado la lírica a miles de estudiantes extremeños. La ópera entró así en las aulas mucho antes de llegar a los escenarios.

El alumnado pudo conocer cómo funciona una producción, acercarse a los intérpretes, descubrir el lenguaje de la escena y comprender una disciplina que durante mucho tiempo había permanecido fuera de los circuitos educativos habituales.

Algunos de esos jóvenes asistieron después a representaciones en directo. Otros viajaron al Teatro Real de Madrid en actividades organizadas por el proyecto, una experiencia que para muchos supuso no solo el descubrimiento de la ópera, sino también el acceso por primera vez a uno de los grandes templos culturales europeos. La formación de espectadores dejó de ser un objetivo secundario para convertirse en una auténtica política cultural.

Un gato para abrir las puertas

Tras la pandemia, el programa regresó en 2021 con una decisión inteligente y profundamente coherente con su filosofía: El gato con botas, de Xavier Montsalvatge.

La elección hablaba por sí sola. Frente a la imagen solemne y distante que suele acompañar a la ópera, la propuesta apostaba por la fantasía, el humor y la accesibilidad. Dirigida musicalmente por Enrico Pagano y escénicamente por Cristina Silveira, la producción reunió a Yeraldín León, Gabriel Alonso, Tiago Matos, Mar Morán y Manuel Torrado en una propuesta especialmente pensada para conectar con familias y públicos jóvenes. Aquella apuesta confirmó que la renovación generacional era posible. No había que rebajar la exigencia artística para atraer nuevos espectadores. Bastaba con ofrecerles una puerta de entrada.

Una provincia como escenario

Sin embargo, la auténtica singularidad de Ópera Joven no reside únicamente en los espectáculos producidos, sino en su vocación itinerante. Mientras gran parte de la actividad cultural continúa concentrándose en las capitales, el programa asumió la provincia como espacio natural de exhibición y llevó la lírica a municipios donde jamás había existido una programación operística estable. Así, la ópera abandonó los circuitos tradicionales para instalarse en teatros municipales, auditorios y espacios culturales repartidos por toda la geografía pacense. En cierto modo, la provincia entera se convirtió en escenario. Era la cultura la que viajaba hasta los espectadores, guiada por una convicción sencilla, la de que el acceso a la excelencia artística no debe depender del código postal.

Cruzar la Raya

Ese compromiso territorial encontró una expresión especialmente significativa con Gianni Schicchi, la brillante comedia de Puccini inspirada en la Divina Comedia. La producción recorrió diversas localidades extremeñas antes de cruzar la frontera y llegar a Portalegre, fortaleciendo los vínculos culturales de la Raya. La imagen resumía perfectamente el espíritu del proyecto: una ópera creada en Extremadura viajando hasta Portugal para encontrarse con nuevos públicos.

Más allá del valor artístico del espectáculo, había un mensaje implícito. La cultura podía actuar como un espacio compartido entre territorios históricamente unidos por una geografía común.

El valor de arriesgar

Quizá la prueba más evidente de la madurez alcanzada por Ópera Joven llegó cuando decidió mirar no hacia el repertorio heredado, sino hacia la creación viva. En 2023 produjo el estreno absoluto de La Paz Perpetua, una ópera de cámara con música de José Río-Pareja y libreto de Juan Mayorga, una de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea española. La elección no era menor. Encargar y estrenar una nueva obra con la firma de Mayorga significaba situar a Extremadura en un espacio poco frecuentado por los circuitos de producción lírica periféricos: el de los territorios que no solo programan ópera, sino que contribuyen a crearla. Esta vez no se trataba de acercar al público una gran obra del pasado, sino de participar en el nacimiento de una nueva obra destinada a formar parte del presente de la lírica.

La obra, dirigida musicalmente por Jordi Francés y escénicamente por Susana Gómez, reunió al Ensemble Sonido Extremo y a solistas como Isabella Gaudí, Christian Gil-Borrelli, Juan Noval-Moro, Toni Marsol y Cristian Díaz. No era una apuesta sencilla. Programar una obra contemporánea implica asumir incertidumbres artísticas, económicas y de recepción. Precisamente por eso resultó tan importante. Porque demostraba que el proyecto ya no aspiraba únicamente a divulgar el repertorio histórico, sino también a formar parte activa del presente de la creación operística.

Una escuela detrás del telón

Toda trayectoria tiene un momento simbólico que permite medir el camino recorrido. Para Ópera Joven ese momento llegó con Carmen. La obra de Bizet supone uno de los mayores desafíos para cualquier compañía. Afrontarla exige recursos humanos, capacidad organizativa y una madurez artística considerable.

La producción dirigida por Pedro Luis López Bellot y Mauricio Sotelo-Romero asumió ese reto desde una estética contemporánea que reflexionaba sobre la libertad, el poder y la posición de la mujer en la sociedad. Al frente del reparto brilló la mezzosoprano ucraniana Olga Syniakova junto a Eduardo Pomares, Alejandro Von Büren, Irene González, Mar Morán, Laura Orueta y Luis Renas Pereira.

Pero, una vez más, lo más revelador sucedía también fuera del escenario.

Alumnos de sastrería, peluquería y caracterización participaron en la producción, incorporándose a un proceso profesional que convirtió la ópera en un espacio de formación y aprendizaje.

La función se transformaba así en algo más que una representación. Era también una escuela.

El efecto multiplicador

Hay otro legado menos visible que las críticas o los aplausos, pero quizás más importante: cuando Ópera Joven comenzó su andadura, la actividad lírica en Extremadura era escasa y dispersa. Cinco años después, la presencia de iniciativas relacionadas con la ópera, la mediación cultural y la formación de nuevos públicos resulta mucho más habitual.

La iniciativa ha actuado como catalizador. Ha generado interés, ha abierto caminos y ha contribuido a que la lírica forme parte de la conversación cultural de la región. Su influencia ya no se mide únicamente en las producciones estrenadas, sino en todo aquello que ha ayudado a poner en movimiento.

Una revolución cultural en voz baja

Durante décadas, la pregunta parecía ser si la ópera tenía cabida en Extremadura. Cinco años después, la cuestión ha cambiado por completo. Las producciones han recorrido la provincia, los teatros se han llenado, miles de estudiantes han descubierto el género a través de las aulas y centenares de jóvenes han conocido desde dentro los oficios que hacen posible un espectáculo lírico. Lo que comenzó como una apuesta cultural se ha convertido en algo más amplio: una demostración de que la excelencia artística no depende de la proximidad a una gran capital, sino de la voluntad de construir proyectos sólidos y sostenidos en el tiempo.

El verdadero legado de Ópera Joven no se mide únicamente en producciones, representaciones o escenarios conquistados. Está también en los públicos que ha contribuido a formar, en los jóvenes que han descubierto nuevas vocaciones y en los municipios que han encontrado en la lírica una forma más de participar en la vida cultural. En ese recorrido, Extremadura ha dejado de ser solo un lugar al que llegan espectáculos para convertirse en un territorio capaz de crearlos, producirlos y proyectarlos.

La próxima producción, La verbena de la Paloma, abre un nuevo capítulo en esa historia. No se trata solo de dar continuidad a un proyecto, sino de seguir ampliando las posibilidades de la ópera desde el territorio, con la ambición artística y la vocación pública que han marcado su trayectoria. Porque el mayor logro de Ópera Joven quizá sea haber demostrado que la distancia respecto a los grandes centros culturales no tiene por qué convertirse en una barrera. Y que, cuando existen voluntad, recursos y continuidad, la cultura no solo llega a los territorios: también puede nacer en ellos.

El voto conjunto de PP y Vox ha tumbado las tres propuestas de impulso presentadas por la oposición de Unidas y PSOE en el pleno de este jueves, dirigidas a impulsar la vivienda, el olivar tradicional de montaña de la variedad Manzanilla Cacereña y el primer ciclo de Educación Infantil.

En materia de vivienda, el PSOE ha reclamado a la Junta de Extremadura que impulse la firma antes de finalizar el año 2026 de un Pacto de Región en esta materia, que trascienda los ciclos electorales, con la participación de los grupos parlamentarios, ayuntamientos y diputaciones, agentes sociales y económicos, organizaciones del sector, Universidad de Extremadura, asociaciones juveniles y de consumidores, entidades sociales y tercer sector.

Elaborar un Mapa Regional de Necesidades de Vivienda, presentar un Decreto-ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda antes de acabar el año, impulsar un Plan Regional de Construcción y Rehabilitación de Vivienda Asequible y movilizar suelo público con el mismo fin son otras de las medidas de la propuesta de impulso socialista, que asimismo plantea la presentación anual ante la Asamblea de Extremadura de un balance público del cumplimiento del pacto y de las políticas de vivienda.

En el ámbito agrario, los socialistas han reclamado una línea específica de ayudas directas al olivar tradicional de montaña de la variedad Manzanilla Cacereña como compensación por la pérdida de rentabilidad y por los servicios ecosistémicos que presta, con un importe mínimo de 300 euros por hectárea, calculado según la metodología de costes evitados desarrollada por la Universidad de Extremadura.

También han pedido elaborar y publicar un nuevo estudio oficial de costes, con la participación de las organizaciones agrarias, de cooperativas agroalimentarias y de la UEx, que sirva de referencia para las inspecciones y para la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, siguiendo el modelo de Castilla y León para la uva, además de impulsar la creación de una Indicación Geográfica Protegida para la aceituna de mesa Manzanilla Cacereña y la aprobación de un Plan Integral de Protección del Olivar Tradicional de Montaña.

Por su parte, Unidas ha defendido la modificación de la normativa autonómica reguladora del primer ciclo de Educación Infantil para establecer los ratios máximos que demandan las Técnicas de Educación Infantil: de 0 a 1 año una ratio de uno a cuatro, de 1 a 2 años de uno a seis, y de 2 a 3 años de uno a nueve. Además, ha reclamado a la Junta de Extremadura que establezca que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas a efectos del cálculo de ratio en este primer ciclo, con el objetivo de garantizar los apoyos necesarios y la atención individualizada, así como elaborar y presentar ante la Asamblea de Extremadura, en el plazo de seis meses, un Plan de Implantación Progresiva de las nuevas ratios, con prioridad para los tramos de menor edad por ser los de mayor impacto en el desarrollo infantil.

Tanto PSOE como Unidas han respaldado de forma recíproca estas dos últimas propuestas, con la abstención de Unidas en la de vivienda, pero la mayoría conjunta de voto de PP y Vox las ha tumbado de forma definitiva en la Cámara regional.

Comienzan a ser excepcionales los plenos de la Asamblea de Extremadura que se desarrollan con normalidad. La sesión de este jueves ha vivido de nuevo momentos de bronca y de máxima tensión dialéctica que recuerdan al “me gusta la fruta” de Isabel Díaz Ayuso.

El detonante se ha producido durante el debate de una propuesta de pronunciamiento de Vox relativa a la seguridad y a la situación de los jóvenes en Ceuta. Durante su intervención, el diputado del PP, Hipólito Pacheco, ha arremetido contra el movimiento feminista y los partidos de la bancada de la izquierda al aludir a supuestas agresiones sexuales atribuidas a “invasores” en una tienda de campaña en Ceuta. Pacheco ha criticado lo que considera una respuesta tibia por parte de las formaciones progresistas.

“La mujer violada en una tienda de campaña en Ceuta... Las feministas de izquierda han escuchado ese audio, ¿han dicho algo las feministas de izquierda de la violación de esa mujer en una tienda de campaña por los invasores? No han dicho nada. Ustedes están calladas como puertas, igual que ante el catálogo de prostitutas de Ábalos, calladas como puertas las feministas de izquierda ante las violaciones en Ceuta”, ha dicho. Una expresión que en ese contexto recuerda a otra reconocida por la RAE: “callados como putas”.

El PSOE exige la retirada de las palabras

Ante estas afirmaciones, la portavoz del grupo socialista, Isabel Gil Rosiña, ha solicitado amparo a la Presidencia de la Asamblea para que revisara el reglamento y comprobara el contenido exacto de las declaraciones del diputado del PP.

“Señor vicepresidente (en funciones de presidente), en nombre del Partido Socialista le agradezco que, atendiendo a la aplicación del reglamento de la Cámara, no cele la palabra, porque tenemos una gran responsabilidad los 65 hombres y mujeres que aquí nos sentamos”, ha solicitado Gil Rosiña, que ha denunciado también que los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox, vulneran de forma sistemática el respeto a los adversarios políticos.

“El señor que acaba de bajarse de la tribuna ha dicho a las mujeres de esta bancada, a las mujeres socialistas, no sé si al resto de mujeres, que estamos calladas como puertas, y esto es como lo que me gusta la fruta, como las putas de Ábalos. Solicito, señor presidente, atendiendo al reglamento de la Cámara, como si se tiene que parar esta sesión plenaria, para comprobar que se ha dicho eso y se ha retirado y pedido disculpas el diputado. ¿A dónde vamos a llegar, señor vicepresidente?”.

El PP justifica la intervención

Ante la petición de los socialistas de frenar el plenario para constatar el exabrupto y exigir una rectificación, la bancada del PP ha salido en defensa de su compañero de filas. El portavoz del grupo, José Ángel Sánchez Juliá, ha argumentado que a los socialistas solo “les duele que les digan las verdades”.

Por su parte, Hipólito Pachecho ha asegurado que con sus palabras no quería decir lo que el PSOE le acusa.

El debate presupuestario en la Asamblea de Extremadura ha vivido este jueves un nuevo enfrentamiento a cuenta del reparto territorial de las inversiones previstas en las cuentas para 2027. Mientras la Junta ha defendido la equidad y el equilibrio de las cuentas, el PSOE ha acusado al Gobierno regional de incurrir en un supuesto “doping electoral” por beneficiar mayoritariamente a los ayuntamientos gobernados por el PP.

Durante la sesión de control, la diputada socialista María Curiel ha arremetido contra el desglose territorial del proyecto presupuestario, señalando que “el 80% de los proyectos se van a desarrollar en pueblos cuyo alcalde o alcaldesa es del PP”, a pesar de que el partido “solo gobierna en el 37% de los municipios”. Curiel ha ironizado con que, si destinar más de 22 millones de euros “a dedo” para que los alcaldes populares “empiecen a hacer campaña electoral” no es “doping electoral, poco les falta”.

La parlamentaria del PSOE ha ilustrado su denuncia con datos concretos de las cuentas, destacando que de las 110 viviendas protegidas del Plan Habita gestionadas a través de Urvipexsa, 100 se concentran en Cáceres. Asimismo, ha señalado que 23 nuevas ayudas nominativas de Cultura por valor de 2,5 millones de euros se dirigen íntegramente a consistorios del PP, al igual que las ayudas de patrimonio (560.000 euros), el 93% de las de deporte (53 de 57 ayudas por 5,5 millones) y casi la totalidad de los fondos de turismo (un 98,9% frente al 1% destinado a una localidad socialista).

“Los presupuestos de Extremadura no pueden elaborarse desde la sede del Partido Popular en Cáceres, se tienen que elaborar en Mérida desde la sede de la Consejería de Hacienda”, ha zanjado Curiel, recordando además varias sanciones previas a la presidenta autonómica por saltarse la ley electoral.

Hacienda defiende la cohesión

Por su parte, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha defendido que en los presupuestos de 2027 “hay equilibrio, igualdad, justicia y cohesión territorial”.

Manzano ha asegurado que su gobierno “no pone chincheta”, sino que utiliza “pegamento” para unir a toda la población, trabajando “cada día para el más de millón de habitantes, los 388 municipios, las 23 entidades locales menores y 55 pedanías”. En esta línea, ha recalcado que para el PP todos los ciudadanos son iguales al margen de su voto, y ha puesto como ejemplo la inversión de 200.000 euros destinada a reformar el centro de salud de Salorino, municipio gobernado por el líder del PSOE extremeño— para corregir las carencias que arrastraba desde hace años.

Finalmente, la consejera ha querido desviar el foco hacia el ámbito estatal criticando la “nula política igualitaria” del Gobierno de Pedro Sánchez, denunciando que de los 21.000 millones de euros adicionales del nuevo sistema de financiación autonómica, “Extremadura no percibe nada, cero euros”.

El debate sobre las pensiones en la Asamblea de Extremadura ha estado marcado este jueves por otro enfrentamiento entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Mientras el Ejecutivo regional ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, la formación de izquierdas ha centrado sus críticas en la precariedad de las ayudas autonómicas para los colectivos más vulnerables.

Durante su intervención, María Guardiola ha pedido a los pensionistas extremeños que “no se preocupen” y ha asegurado que su bienestar está garantizado gracias a un entorno de estabilidad y creación de empleo, restando credibilidad a las advertencias de los grupos parlamentarios. La jefa del Ejecutivo regional ha respondido de este modo a las dudas planteadas sobre la seguridad del sistema actual, defendiendo que Extremadura ha cumplido aprobando unos presupuestos que aportan certezas.

Por su parte, Irene de Miguel ha respondido poniendo el foco en las cifras concretas de los presupuestos autonómicos para los perceptores de rentas más bajas. La portavoz ha recordado que en la región hay 12.300 personas que reciben pensiones no contributivas y ha calificado de “absoluta vergüenza” que su complemento autonómico apenas haya experimentado un incremento de 5 euros en todo el año, pasando de 260 a 265 euros, lo que equivale a algo más de un céntimo diario.

“Usted humilla en estos presupuestos a estas personas, casi en su mayoría mujeres que han sostenido a las familias extremeñas, subiéndoles apenas un céntimo al día, lo que demuestra que no le importan lo más mínimo”, ha reprochado De Miguel a la presidenta. Asimismo, la líder de Unidas por Extremadura ha advertido sobre los riesgos de las políticas de las derechas y las dificultades que atraviesa una comunidad donde uno de cada tres ciudadanos se encuentra en riesgo de pobreza.

Los presupuestos y la rebaja fiscal que plantean PP y Vox para Iberdrola, Naturgy y Endesa ha llegado este jueves al pleno de la Asamblea de Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha defendido con firmeza la reducción en un 30% de la 'ecotasa' que pagan las empresas propietarias de la central nuclear Almaraz, una medida recogida en el proyecto de presupuestos para el año que viene, argumentando que ha sido “clave” para salvar las instalaciones y que responde a una “decisión responsable y no un capricho”.

Frente a esta postura, el secretario general del Grupo Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha arremetido contra el Ejecutivo autonómico. El dirigente del PSOE ha acusado a Guardiola de haber elegido “ayudar a las grandes compañías eléctricas antes que resolver los problemas de la gente”, criticando que se renuncien a 28 millones de euros de ingresos fiscales mientras sectores clave como la agricultura, la educación o los jóvenes que buscan una vivienda afrontan graves dificultades cotidianas.

Durante su intervención, la presidenta extremeña ha sostenido que la prioridad para Extremadura era garantizar la continuidad de la central y que la única forma de conseguirlo era rebajar los impuestos que soportan las compañías. Según ha explicado, en cuanto se anunció esta bonificación fiscal, las empresas propietarias solicitaron formalmente la prórroga. Asimismo, ha asegurado que con esta decisión se logró frenar un “plan maquiavélico” del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer inviable la planta mediante la presión fiscal.

Guardiola se ha mostrado “enormemente orgullosa” de la medida presupuestaria y ha advertido de que un hipotético “apagón nuclear” encarecería la factura eléctrica de los ciudadanos en más de 200 euros, según datos de la patronal, recordando que a partir del próximo 29 de noviembre se abrirá la puerta a ampliar la prórroga por muchos años más.

“Amenazas” para mantener el empleo y pérdida de autoridad

Por su parte, Sánchez Cotrina ha rechazado frontalmente los argumentos del Gobierno extremeño y ha reprochado a la presidenta que confunda “defender a Extremadura con defender la cuenta de resultados de las grandes empresas”. El portavoz socialista ha criticado que la Junta acepte presiones y “amenazas para mantener los empleos”, defendiendo que las corporaciones energéticas no necesitaban este alivio fiscal a costa de los extremeños.

Además, el líder socialista ha advertido de que, al renunciar a los recursos propios de una tasa aplicada de forma histórica desde 1997, el Ejecutivo autonómico pierde “autoridad moral” y capacidad de negociación para exigir una financiación autonómica justa al Gobierno central.

La adjudicación de las cinco plazas fijas de Angiología y Cirugía Vascular del Servicio Extremeño de Salud (SES) exclusivamente al área de Badajoz ha llevado a la Plataforma para la Reapertura del Servicio de Cirugía Vascular en Cáceres a denunciar que la Junta ha certificado el fracaso de la reapertura anunciada hace casi un año. Integrada por más de un centenar de familias afectadas, la plataforma sostiene que el Hospital Universitario de Cáceres mantiene tan solo una consulta semanal atendida por un especialista desplazado desde Madrid, sin capacidad para realizar cirugía vascular compleja ni atender urgencias, que continúan derivándose a Badajoz.

Y es que la prometida reapertura del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Cáceres (HUC) ha quedado en entredicho tras la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución que distribuye las plazas fijas de la especialidad derivadas de la última oferta pública de empleo del Servicio Extremeño de Salud. El documento adjudica las cinco vacantes convocadas en toda la región al área de salud de Badajoz, dejando sin ningún especialista fijo al hospital cacereño.

La resolución, firmada por el director general de Recursos Humanos del SES, José Antonio Bote Paz, consolida de facto la concentración de la especialidad en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Ni Cáceres ni el resto de áreas sanitarias de la comunidad reciben plazas de Angiología y Cirugía Vascular en este proceso selectivo.

Para la Plataforma para la Reapertura del Servicio de Cirugía Vascular en Cáceres el reparto supone la confirmación de que la Junta no tiene intención de dotar al Hospital Universitario de Cáceres de un servicio propio y estable.

“Va a hacer un año de la apertura de la consulta en Cáceres y ya sabíamos desde el principio que aquello era una manera de cubrir el expediente, de poner el cartel de que había consulta de vascular sin ser realmente lo que reclamábamos”, afirma Federico Gómez Recuero, uno de los portavoces del colectivo.

La plataforma recuerda que la reapertura anunciada por la Junta llegó después de años de reivindicaciones ciudadanas y se presentó como una solución a la desaparición del servicio en la provincia. Sin embargo, denuncian que la realidad asistencial actual dista mucho de la existencia de una unidad plenamente operativa.

Según explica Gómez Recuero, la actividad se sostiene actualmente gracias a un único cirujano vascular procedente de la sanidad privada madrileña que se desplaza a Cáceres una vez por semana para pasar consulta y realizar determinados procedimientos. El segundo facultativo que había reforzado temporalmente el servicio abandonó su puesto durante el verano y no ha sido sustituido, explica.

La entidad sostiene que muchas de las consultas realizadas durante estos meses han servido para revisar pacientes que llevaban tiempo pendientes de valoración, pero sin que ello haya supuesto la recuperación efectiva de la capacidad quirúrgica de la especialidad. “Hay muchas personas mayores con problemas vasculares que estaban perdidas en el sistema. Se les ha visto en consulta, pero cuando el caso requiere cirugía siguen teniendo que ir a Badajoz porque allí es donde están los quirófanos y los especialistas”, señala el portavoz.

La situación afecta especialmente a pacientes con patologías complejas. Gómez Recuero relata que su propia mujer padece un aneurisma de aorta abdominal y continúa pendiente de intervención quirúrgica. “En Badajoz nos dijeron que la operación tendría una espera de alrededor de año y medio. Mientras tanto, las personas siguen esperando con incertidumbre y con el riesgo que conllevan determinadas patologías vasculares, temiendo incluso por su vida”, afirma.

La plataforma denuncia además que el HUC carece de guardias de Angiología y Cirugía Vascular, por lo que cualquier urgencia relacionada con esta especialidad debe ser trasladada al hospital pacense. Según el colectivo, esta circunstancia supone un riesgo añadido para los pacientes que sufren aneurismas, isquemias agudas u otras patologías graves que requieren atención inmediata.

“Seguimos igual que antes. No hay un servicio real, no hay guardias y las urgencias continúan derivándose a Badajoz. Lo único que cambió fue que se abrió una consulta”, resume Gómez Recuero.

Reuniones fallidas

El portavoz también asegura que la plataforma ha intentado mantener reuniones de seguimiento con responsables sanitarios autonómicos para conocer la evolución del compromiso adquirido por la Junta, pero denuncia que las peticiones realizadas desde la pasada primavera no han obtenido respuesta. El colectivo tiene previsto continuar su ronda de contactos con representantes políticos y responsables sanitarios para exigir explicaciones sobre la ausencia de plazas estructurales en Cáceres.

La preocupación se ha incrementado tras comprobar que ninguna de las cinco nuevas plazas fijas de Cirugía Vascular convocadas por el SES se destinará al área cacereña. El reparto contrasta con la distribución de otras especialidades hospitalarias, en las que el Hospital Universitario de Cáceres sí recibe nuevas incorporaciones, como cinco plazas de Cirugía Ortopédica y Traumatología, tres de Cirugía Pediátrica, tres de Microbiología y una de Oncología Médica, entre otras.

Para la plataforma, la resolución publicada en el DOE desmonta definitivamente el discurso oficial sobre la recuperación de la especialidad. Por ello, reclama la creación de un servicio completo dotado de hospitalización propia, actividad quirúrgica programada, cobertura de urgencias las 24 horas y una plantilla suficiente para garantizar la atención de los pacientes de toda la provincia.

“Lo que comenzó como una promesa de reapertura se ha quedado en una consulta testimonial. Sin plazas, sin plantilla y sin guardias no existe un servicio de Cirugía Vascular en Cáceres y la vida de muchas personas siguen en máximo riesgo”, concluye Gómez Recuero.

La explicación del SES

El Servicio Extremeño de Salud, en respuesta a preguntas de elDiario.es, ha señalado que las dos plazas de Cirugía Vascular de Cáceres se crearon en octubre de 2025, después de que el servicio cerrara y sus plazas fueran amortizadas en 2020 y que su ausencia en la actual oferta para los profesionales que han superado la oposición responde a una cuestión “estrictamente procedimental”, ya que primero deben ofertarse en un concurso de traslados para el personal estatutario fijo. El último se convocó en marzo de 2025, antes de que existieran estas plazas.

El SES asegura que mantiene su compromiso con su cobertura y destaca que, desde la reapertura del servicio, se ha atendido a más de 2.000 pacientes de la provincia cacereña, reduciendo los desplazamientos al Hospital Universitario de Badajoz. El objetivo, añade, es “recuperar progresivamente la actividad completa con garantías de calidad y seguridad asistencial” pero en realidad es el propio SES el que debe convocar ese concurso de traslados para dotar al servicio, por fin, del personal necesario.

Las administraciones locales españolas han consolidado su apuesta por la cooperación internacional al desarrollo y la solidaridad en emergencias tras alcanzar los 100 millones de euros en aportaciones conjuntas, lo que supone un incremento de 10 millones respecto a los datos registradas hace cuatro años. Así lo ha subrayado este miércoles en Madrid el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante la celebración de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Morales, que ha presidido la sesión de trabajo, ha puesto en valor el papel determinante que juegan ayuntamientos y diputaciones en el engranaje de la ayuda oficial al desarrollo. A su juicio, el aumento presupuestario registrado refleja un compromiso firme del municipalismo español con la cooperación descentralizada y las actuaciones de auxilio humanitario ante contingencias globales.

En el marco de este balance, el dirigente cacereño ha resaltado la rápida respuesta articulada desde las entidades locales con la movilización de 500.000 euros destinados a paliar los efectos devastadores del reciente terremoto en Venezuela, una actuación que demuestra “un ánimo de solidaridad muy fuerte” por parte del tejido institucional municipalista.

Capacitación en ciudadanía global para responsables locales

Además de analizar las cifras financieras de cooperación, el encuentro de la FEMP ha abordado la puesta en marcha de planes formativos específicos en materia de ciudadanía global dirigidos a técnicos municipales, concejales y alcaldes. El objetivo principal de esta iniciativa pasa por dotar a los responsables públicos locales de un conocimiento más amplio sobre los mecanismos de respuesta ante emergencias y la gestión de proyectos de desarrollo.

El presidente de la comisión ha defendido la utilidad práctica de estos encuentros por su capacidad para generar un impacto directo tanto en la gestión inmediata de las crisis como en la transferencia de conocimiento hacia administraciones de países del sur global. La comisión de la FEMP sirve como punto de encuentro periódico para que los representantes locales coordinen iniciativas conjuntas alineadas con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El PP ha definido sus cabezas de lista para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Cristina Teniente y Teresa Tortonda serán las encargadas de liderar las candidaturas al Congreso de los Diputados por las provincias de Cáceres y Badajoz, respectivamente, según han informado este miércoles fuentes de la formación política.

En la circunscripción cacereña, el PP vuelve a apostar por Cristina Teniente, natural de Cáceres y licenciada en Derecho con especialización en materia tributaria, financiera y contable. Teniente, que ya encabezó la lista en los comicios de 2023 logrando el escaño en la Cámara Baja, cuenta con una sólida trayectoria institucional.

Entre sus responsabilidades previas destaca su labor como vicepresidenta y portavoz del Gobierno de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2015, etapa en la que también asumió las carteras de Empleo, Empresa e Innovación y de Economía, Comercio e Innovación, además de haber sido edil de Hacienda en el Ayuntamiento cacereño durante los años noventa.

Por su parte, la lista por la provincia de Badajoz estará encabezada por Teresa Tortonda en sustitución de Antonio Cavacasillas, quien lideró la candidatura en 2023. Tortonda es actual diputada del PP en la Asamblea de Extremadura, responsabilidad que ha desempeñado en varias legislaturas, y cuenta además con experiencia en la política nacional tras haber ejercido como senadora por Badajoz durante la XII legislatura.

Ignacio Hoces y Marcela Reigía encabezarán las listas de Vox al Congreso de los Diputados por las provincias de Badajoz y Cáceres, respectivamente, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La dirección del partido de extrema derecha vuelve a recurrir así a perfiles procedentes de Madrid y sin arraigo en el territorio regional para liderar sus candidaturas a la Cámara Baja.

En la circunscripción pacense, la formación repite la fórmula de 2023 al situar como número uno a Ignacio Hoces. Natural de Madrid, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y licenciado en Historia, Hoces ya logró el escaño por Badajoz en los pasados comicios generales. En esta ocasión, estará secundado por la diputada autonómica Eva María García Alegre como número dos y por Fermín Prieto Martínez en el tercer puesto.

Por su parte, la lista por Cáceres experimenta una renovación completa encabezada por la abogada Marcela Reigía, quien concurrió en el puesto número ocho de la lista de Vox en las elecciones europeas de 2024.

Tras la candidata afincada en la capital seguirán Daniel García y la diputada en la Asamblea de Extremadura Beatriz Muñoz, en una circunscripción donde la formación de extrema derecha busca obtener representación tras quedarse sin escaño en la anterior cita con las urnas.

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo en Monesterio con el objetivo de ultimar el proyecto de presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2027. La cita, celebrada en las instalaciones del Museo del Jamón del municipio, se enmarca en la dinámica habitual de la corporación de trasladar estas sesiones preparatorias a distintas comarcas del territorio para ajustar sobre el terreno los detalles financieros del próximo año.

Durante el encuentro, la presidenta provincial, Raquel del Puerto, junto a su equipo de diputados, ha sido recibida en el Ayuntamiento por la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas. La regidora ha agradecido la elección de su municipio para acoger esta jornada de trabajo y ha destacado el papel de la institución provincial como administración de referencia por su cercanía y por su apoyo continuo al desarrollo del entorno rural.

A falta de cerrar el documento definitivo que se presentará de forma oficial en noviembre, la presidenta de la Diputación ha avanzado que las nuevas cuentas experimentarán un ligero incremento en comparación con las del año anterior. Este aumento presupuestario responderá principalmente a la estimación de las aportaciones procedentes del Estado y a la recepción de fondos europeos articulados para la región.

Foco en el reto demográfico y la cohesión territorial

Desde la institución provincial han remarcado que el diseño de los presupuestos de 2027, en los que se viene trabajando desde hace meses, situará el área social en el centro de las prioridades políticas. Las cuentas irán orientadas a reforzar la calidad de los servicios públicos en los municipios pacenses y a consolidar la fijación de población en las zonas rurales para garantizar oportunidades de desarrollo en el territorio.

Asimismo, la propuesta presupuestaria mantendrá las líneas estratégicas centradas en la transformación digital, la sostenibilidad, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Tras esta ronda de ajustes, el proyecto de presupuestos se presentará públicamente el próximo mes de noviembre en rueda de prensa y se someterá a la aprobación provisional del pleno provincial previsiblemente el día 19 de ese mismo mes.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2027 con la exigencia de que sean devueltos a la Junta. Desde las filas socialistas se denuncia que las cuentas de PP y Vox carecen de la ambición política indispensable para transformar la realidad de la región.

Según la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, el incremento presupuestario responde al buen comportamiento de la economía española y al aumento de los recursos procedentes de la financiación estatal y de los fondos europeos, y no a una gestión propia de la presidenta María Guardiola. “Esta oportunidad que brinda la buena marcha de la economía española hace que este presupuesto crezca. Sin embargo, la parte que tenía que poner el Gobierno de la Junta de Extremadura no está escrita en el presupuesto”, ha señalado en referencia a los más de 9.000 millones de euros consolidados.

El PSOE advierte de que el proyecto está inflado debido a una elevada inejecución prevista y critica que el incremento de los ingresos no se traduzca en un impulso efectivo de las políticas económicas, de empleo o de vivienda, sector este último cuyo crecimiento se limita a un testimonial 0,8%.

“Abrazarse a los poderosos” y cesiones a Vox

Durante su intervención, Gil Rosiña ha acusado al Ejecutivo de coalición entre el PP y Vox de utilizar las cuentas públicas para favorecer a los grandes intereses económicos en detrimento del bienestar general. En este sentido, ha denunciado que los presupuestos contemplan “regalar” 28 millones de euros a las grandes compañías eléctricas que explotan la central nuclear de Almaraz, mientras se debilitan de manera paulatina servicios esenciales como la sanidad y la educación pública.

Asimismo, los socialistas han puesto el foco en la subordinación del Gobierno extremeño a la “agenda ultra y conservadora” de su socio de coalición, lo que a su juicio se traduce en recortes drásticos en áreas clave para la cohesión social. Como ejemplo, han destacado el desplome del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en más de un 52% y la reducción a la mitad de la partida destinada al Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), además del recorte a los sindicatos y patronal que debilita la concertación social.

Frente a ese modelo, la enmienda a la totalidad registrada por el Grupo Socialista plantea un modelo alternativo estructurado en torno a 12 ejes estratégicos orientados a relanzar la economía y blindar el estado del bienestar. Entre las prioridades reclamadas por el PSOE figuran la puesta en marcha de un plan extraordinario de vivienda protegida, el refuerzo de la atención primaria y de la educación pública, la implantación de una nueva estrategia de industrialización vinculada a la transición energética y el impulso de medidas efectivas contra la despoblación.

Si en los primeros presupuestos de la nueva coalición de PP y Vox en Extremadura, aprobados este verano, las principales daminificadas fueron la cooperación internacional al desarrollo y las ONG, en los segundos, los de 2027, el tijeretazo lo sufren los jóvenes extremeños y, en concreto, el Consejo de la Juventud regional (CJEx), una institución que lleva cuatro décadas defendiendo siendo el principal interlocutor válido de representación juvenil ante los poderes públicos y dando voz al tejido asociativo de la región, pero ahora ve amenazado su propio funcionamiento y viabilidad.

El CJEx ha instado de manera urgente a revisar la dotación económica contemplada en el proyecto de presupuestos autonómicos para el año que viene porque el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un drástico desplome, reduciéndose un 92% en comparación con el ejercicio anterior. Las cuentas en su conjunto se hunden casi a la mitad (de 763.380 a 392.635 euros, un 48,6 %).

Según los datos detallados por el propio Consejo, esta partida presupuestaria cuenta con una consignación de apenas 28.300 euros, una cifra que contrasta con los 352.703 euros asignados durante el ejercicio económico de 2026. Desde el organismo juvenil recuerdan que este fondo no se emplea de forma exclusiva para el diseño y desarrollo de proyectos orientados a la juventud, sino que constituye el soporte financiero indispensable para garantizar el funcionamiento ordinario y el sostenimiento físico de la sede del CJEx.

A juicio de la organización, un recorte de esta magnitud “reducirá considerablemente” la capacidad operativa de la entidad para impulsar iniciativas de participación juvenil y atender de manera eficaz las demandas y necesidades de la juventud extremeña.

A esta merma en los gastos corrientes se suma la completa eliminación del capítulo VI, una partida que estaba destinada específicamente a la inversión en investigación y recogida de datos. Desde la perspectiva del Consejo, esta supresión limita gravemente la posibilidad de analizar con rigor científico la realidad de los jóvenes en la comunidad y de generar un conocimiento útil que sirva de base para diseñar políticas públicas eficaces.

La postura del Ejecutivo autonómico: evitar duplicidades

De cualquier forma, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández (Vox), que asume las competencias de juventud, ya lo advirtió en un pleno el pasado mes de septiembre. Fernández defendió durante un debate con Unidas por Extremadura la necesidad de eliminar las actividades que se solapen con las competencias del Instituto de la Juventud —organismo que depende de su consejería— para atajar lo que considera “gasto superfluo”.

Según explicó, carece de sentido “que se estén pagando proyectos de unos cuando lo pueden hacer otros” y criticó que se incurra en una situación en la que “se multiplique por dos el gasto” público destinado a fines idénticos dentro de la administración autonómica.

Durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), el PP también aplicó una severa reducción presupuestaria al Consejo de la Juventud de Extremadura, del 21%, aunque en los capítulos de gasto corriente y de actividades de promoción del asociacionismo la rebaja alcanzó el 50%.

María Teresa Macías Mateos es la nueva delegada del Gobierno en Extremadura. Macías, que ha ejercido como senadora durante las tres últimas legislaturas, asume el cargo en sustitución de José Luis Quintana Álvarez, que dejará la Delegación para ser el candidato del PSOE al Senado por la provincia de Badajoz.

Nacida en Calamonte en 1975, Macías es funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde el año 2001. A lo largo de más de dos décadas ha desarrollado una extensa trayectoria política tanto en el ámbito local y autonómico como en la política nacional.

Sus inicios en la gestión institucional se remontan al Ayuntamiento de Calamonte, donde fue concejala entre 2003 y 2015. Posteriormente, dio el salto a la política regional tras ser elegida diputada de la Asamblea de Extremadura para el periodo 2015-2019. En esta etapa en el parlamento autonómico centraba su actividad parlamentaria principalmente en áreas como Políticas Agrarias y Rurales, Medio Ambiente, Administración Local y Territorio, además de formar parte de la Comisión Permanente de Asuntos Europeos, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas.

Amplia experiencia parlamentaria en materia agraria

En el ámbito nacional, María Teresa Macías ha sido senadora durante la XIII, XIV y XV legislatura en la Cámara Alta de las Cortes Generales, acumulando una sólida experiencia en la elaboración legislativa y el trabajo parlamentario.

Durante su paso por el Senado ha asumido responsabilidades clave, desempeñando la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y participando activamente en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, entre otras responsabilidades en la última etapa parlamentaria.

En el plano legislativo, ha actuado como ponente en diversas iniciativas relativas a la Política Agraria Común (PAC), la cadena alimentaria, el bienestar animal, la economía circular y las medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. Según ha destacado el Ejecutivo, su trayectoria viene marcada por un profundo conocimiento del territorio, el desarrollo rural y las políticas agrarias.

El Grupo Parlamentario Socialista ha movido ficha en la Asamblea de Extremadura para frenar el tono de los debates parlamentarios. Los socialistas han registrado un escrito dirigido al presidente de la cámara, Manuel Naharro, en el que le exigen que vele por el “normal funcionamiento” de la institución, ponga fin a las faltas de respeto y cortesía y promueva la creación de un código de conducta y ético.

“Ya está bien de convertir en un fango el debate y la conversación política en Extremadura”, ha sentenciado en rueda de prensa la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, quien ha advertido de que si el PP considera que su mayoría parlamentaria junto a Vox es “un instrumento para arrasar a los demás, nosotros no nos vamos a callar nunca”.

En el documento remitido a la Presidencia, el PSOE solicita que se dicte una resolución orientada a aplicar y hacer efectivo el régimen disciplinario durante las intervenciones, garantizando así los principios normativos de disciplina y cortesía parlamentaria. Los socialistas piden que esta exigencia de decoro no recaiga únicamente sobre los diputados de la cámara, sino que se extienda de forma expresa a los miembros del Consejo de Gobierno, a los altos cargos de la Administración autonómica y al resto de comparecientes en sede parlamentaria.

Asimismo, la formación ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión del Reglamento para poner en marcha una ponencia de trabajo centrada en actualizar el régimen disciplinario de la Asamblea y desarrollar un código ético y de conducta similar al que ya aplican otros parlamentos autonómicos. “El insulto no puede ser una parte del debate político en esta región”, ha zanjado la portavoz socialista.

Las primeras quejas llegaron apenas cinco días después de la entrega de las llaves. Han pasado casi cuarenta años y las humedades, las grietas y los problemas estructurales siguen formando parte del paisaje cotidiano de Río Vístula 1, un bloque de viviendas de protección oficial del barrio cacereño de Aldea Moret cuya historia ha terminado convertida en una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Las vecinas sostienen que el origen del conflicto no está solo en el deterioro del inmueble, sino en una anomalía institucional: el Ayuntamiento de Cáceres es, al mismo tiempo, promotor histórico de la promoción, propietario mayoritario y la autoridad encargada de fiscalizar el estado del edificio.

Para comprender la magnitud del conflicto es necesario remontarse a 1982, cuando se impulsó la construcción de 144 viviendas de protección oficial, promovidas directamente por el Ayuntamiento con financiación pública. Los archivos históricos revelan que la edificación nació marcada por importantes deficiencias técnicas: complicaciones geológicas, hundimientos del terreno por la presencia de antiguas galerías mineras y modificaciones de última hora en la cimentación.

Las viviendas fueron entregadas oficialmente en 1988. Menos de una semana después, los primeros adjudicatarios ya habían registrado denuncias por humedades, filtraciones e inundaciones. En 1989, ante la persistencia de grietas y fallos estructurales, numerosos adjudicatarios se negaron a formalizar la compraventa en escritura pública. En 2001, los servicios técnicos municipales redactaron un informe que documentaba el grave deterioro del Bloque III y señalaba patologías muy similares a las que se denuncian hoy, sin que ninguna corporación haya adoptado desde entonces una solución definitiva.

La doble cara municipal

El bloque en cuestión se compone de 48 viviendas, garaje comunitario y patio central. Sin embargo, la definición de su titularidad es el origen de un conflicto administrativo y contable que ha paralizado la gestión durante años. Según las certificaciones registrales, el Ayuntamiento figura como titular de aproximadamente 30 de las 48 viviendas, lo que equivale a un 62,23% de la cuota de participación. Por el contrario, el Inventario Municipal solo reconoce 20 viviendas bajo su titularidad pública. Esta discrepancia, causada por contratos privados no inscritos, escrituras no formalizadas y renuncias no tramitadas, ha impedido determinar con exactitud el reparto de las cargas económicas.

Según las quejas vecinales, a pesar de ostentar la mayoría absoluta de la propiedad, el Ayuntamiento ha operado con un doble rasero. Como propietario, acumula impagos sistemáticos de cuotas comunitarias. Aunque en los plenos municipales la Alcaldía actual llegó a afirmar que se encontraba “al corriente de pago”, la documentación revela que el consistorio no abonaba las cuotas regulares desde 2016–2020. “Como autoridad urbanística, dicta órdenes de ejecución duras, exige catas estructurales, reparaciones de fachada e inspecciones bajo amenaza de ejecución subsidiaria e imposición de hasta diez multas coercitivas mensuales”, se lamenta la representante vecinal Cristina Escarmena.

La comunidad califica este esquema como una perversión del sistema: la administración ahoga económicamente a la comunidad al no pagar sus cuotas y luego la sanciona por no ejecutar obras de mantenimiento que la propia falta de los ingresos municipales impide financiar.

La degradación del edificio alcanzó niveles de emergencia entre finales de 2025 y el verano de este año. En diciembre, Escarmena registró quejas por filtraciones masivas procedentes de los pisos superiores, todos de titularidad municipal, que habían calado los techos de cocina, baño y lavadero. Tras el derrumbe de la fachada del edificio colindante en la calle Río Tíber 6, Urbanismo amplió las inspecciones a Río Vístula 1 por compartir la misma arquitectura y el mismo riesgo de apoyo insuficiente del cerramiento.

A principios de año, el Ayuntamiento notificó a la comunidad el expediente disciplinario DIS‑MSG‑0002‑2026, que exigía perforaciones sistemáticas en toda la fachada en apenas un mes y bajo amenaza de multas coercitivas. Poco después, los días 7 y 8 de febrero, la Policía Local intervino de urgencia en el Tercero 12 (una vivienda municipal deshabitada) ante filtraciones constantes, caída de agua y riesgo inminente de desprendimiento. El falso techo se desplomó y el agua avanzó por el Segundo 12, también municipal, hasta inundar el Primero 12, propiedad de Escarmena, obligándola a abandonar su vivienda por riesgo eléctrico y acumulación de moho.

Además, el temor a un vicio de origen por el apoyo insuficiente de la hoja exterior de ladrillo llevó al consistorio a exigir una inspección técnica mediante taladros en cada paño y altura del cerramiento. La resolución advertía de ejecución subsidiaria (las obras se realizarían de oficio y se cargarían íntegramente a la comunidad) e imponía hasta diez multas coercitivas mensuales. La medida generó un profundo rechazo entre las familias: la comunidad carecía de recursos para costear las catas, asfixiada por la desaparición de su administrador y por los impagos del propio Ayuntamiento, y denunciaba que el consistorio utilizaba su brazo sancionador contra particulares mientras incumplía sus obligaciones como propietario mayoritario.

En plena emergencia estructural, el informe entregado al Defensor del Pueblo explica que técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales acudieron al edificio para adjudicar seis viviendas sociales. Solo pudieron entregar tres: una sin puerta de entrada, otra con ventanas tapiadas y ninguna con enganches básicos de luz, agua o gas. La entrega se produjo apenas doce días después de que Urbanismo notificara el expediente por riesgo de colapso.

Ya en febrero, informes técnicos confirmaron que la cubierta del edificio, formada por planchas de fibrocemento con amianto, se encuentra agrietada y ha superado su vida útil. La comunidad exige, por lo tanto, su retirada conforme al Real Decreto 396/2006.

La quiebra contable

La representante vecinal ha explicado también a este periódico que a la ruina física se sumó un colapso de gestión originado por el fraude privado y la inacción pública. A principios de 2024, la empresa administradora desapareció sin dejar rastro, apropiándose de toda la documentación comunitaria y dejando un agujero contable de entre 12.000 y 15.000 euros. La comunidad denunció el caso ante la Policía Nacional.

Sin recursos para contratar un nuevo administrador, un grupo de vecinas asumió la gestión: regularizaron el CIF comunitario, diligenciaron el libro de actas paralizado durante 40 años, obtuvieron el certificado digital y solicitaron notas simples de las 48 fincas para reconstruir la identidad jurídica del edificio.

Pero el episodio más grave para la supervivencia de las 48 familias estalló la pasada primavera. El edificio no dispone de contadores individuales: solo dos comunitarios, uno averiado desde 2015. La deuda acumulada asciende a 127.309,28 euros. La factura del agua incluye la tasa municipal de basuras; al no pagar el Ayuntamiento el recibo principal, la tasa se envía a Recaudación con recargos de demora ejecutivos contra los vecinos.

Según el informe, el Ayuntamiento pagaba la tasa de basuras mediante compensaciones unilaterales, cobrándose los tributos municipales a costa de las cuotas comunitarias que debía a la finca, mientras dejaba impagado el consumo de agua. En junio, publicó edictos exigiendo el pago en diez días bajo amenaza de corte de suministro y baja de oficio de los contratos. La medida afecta tanto a vecinos cumplidores como a inquilinos vulnerables.

El peregrinaje plenario y el rodillo administrativo

Entre enero y julio, la comunidad acudió a siete plenos consecutivos. La Alcaldía negó la titularidad municipal del bloque, afirmó estar al corriente de pago, intentó aplicar la prescripción a deudas anteriores a 2020, prometió órdenes de pago que luego rectificó y anunció informes técnicos a costa de la comunidad.

En agosto, la Resolución 2026006761 estimó parcialmente el recurso de reposición, reconoció la imposibilidad de los plazos iniciales y ordenó iniciar la ejecución subsidiaria para contratar un Proyecto Técnico de Actuaciones Prioritarias, repercutiendo su coste sobre la comunidad. El vecindario denuncia que la inspección en la que se fundamenta la resolución se realizó sin notificación previa y que la licitación del proyecto técnico vuelve a expropiar la voluntad de la Junta de Propietarios.

Mientras tanto, el grupo municipal de Podemos denunció públicamente el deterioro generalizado de las viviendas sociales en Aldea Moret —incluidas las de Río Vístula, Ródano y Primero de Mayo— y señaló que el estado del parque público evidencia un abandono prolongado. Según trasladó su portavoz, Consuelo López, el desprecio hacia la vivienda social es visible en el barrio: ventanas y puertas tapiadas, pisos entregados sin enganches de luz o agua y edificios sin mantenimiento. El grupo sostiene que Cáceres arrastra un grave problema habitacional y que “el equipo del alcalde, Rafael Mateos, lo agrava manteniendo el patrimonio municipal en condiciones lamentables y negándose a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría activar mecanismos de protección adicionales”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres sostiene que ya ha regularizado las cuotas comunitarias pendientes, (pero solo las correspondientes a recibos de 2022 y de los pisos que reconoce su titularidad), y que se encuentra al corriente de sus obligaciones como propietario. Afirma también que actúa como administración responsable de la conservación del inmueble: el 4 de septiembre aprobó iniciar la ejecución subsidiaria y encargar el proyecto técnico que determine las intervenciones en la fachada de Ródano, la cubierta y sus filtraciones, los sistemas de evacuación de aguas, los elementos estructurales con pérdida de revestimiento y la ventilación de la cámara inferior. Los informes municipales descartan un riesgo de colapso estructural, aunque reconocen deficiencias que requieren obras para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Defiende que cumple en los dos planos que le competen, como propietario y como autoridad urbanística, y recuerda que el coste de las obras será repercutido a la comunidad según normativa, sin perjuicio de su participación proporcional. La comunidad, entretanto, mantiene su reclamación ante el Defensor del Pueblo, convencida de que la raíz del conflicto no se resuelve con la regularización de cuotas ni con un proyecto técnico aislado, sino con una revisión integral de cuatro décadas de gestión pública.

El petitorio ante el Defensor del Pueblo

Ante el agotamiento de la vía administrativa y la imposibilidad económica de sufragar un pleito contencioso, el escrito solicita la intervención directa del Defensor del Pueblo bajo nueve peticiones fundamentales: investigación integral de la actuación municipal; aclaración registral definitiva; fiscalización económica; protección del suministro de agua; evaluación técnica independiente; límites a la ejecución subsidiaria; transparencia y derecho de defensa; evaluación del riesgo por amianto; y examen de esa doble condición municipal.

El texto concluye con una frase que resume el espíritu de la reclamación: “Cuando un problema permanece documentado durante más de cuarenta años sin resolverse, deja de ser únicamente un problema de conservación de un edificio para convertirse en una cuestión de buena administración, de responsabilidad pública y de confianza de la ciudadanía en sus instituciones porque esto no se trata de partidos políticos sino de una administración que es de todos”. La reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo aspira ahora a cerrar un conflicto que dura casi cuarenta años. Porque para quienes viven allí, la historia de Río Vístula 1 ya no es solo la de un bloque de viviendas en mal estado, sino la de una promesa pública que nunca llega a cumplirse.

Unidas por Extremadura no se rompe en la región. Las direcciones autonómicas de Podemos e Izquierda Unida han escenificado este lunes su cohesión en la Asamblea para trasladar un mensaje de tranquilidad a su militancia tras el fracaso de las negociaciones a nivel nacional de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel (Podemos), y la diputada regional Nerea Fernández (IU) han comparecido juntas en rueda de prensa para confirmar que los siete diputados de la coalición continuarán trabajando con normalidad en la Asamblea. Todo ello pese a que en los comicios generales del 29N el electorado progresista encontrará papeletas separadas: el PSOE se presentará al Senado junto al Frente Amplio, espacio en el que se integra IU, mientras que Podemos concurrirá en solitario tanto al Congreso como a la cámara alta.

Irene de Miguel ha remarcado que el grupo parlamentario autonómico no se disuelve ni desaparece, sino que trabajará “con más fuerza y más contundencia si cabe” para defender los intereses extremeños. Ambas dirigentes han querido dejar claro que la falta de entendimiento no responde a dinámicas de la región, asegurando que desde Extremadura se hizo todo lo posible por lograr una única papeleta de la izquierda transformadora.

“Nosotras hemos peleado por tener una papeleta conjunta, pero las estrategias estatales han hecho que no sea posible”, ha subrayado De Miguel, lamentando que las conversaciones en Madrid hayan girado en torno al reparto de “sillones” y de “puestos”. A su juicio, Extremadura merecía ser una “excepción” a ese desencuentro por haber demostrado ser un “ejemplo de unidad” y de trabajo desde “la generosidad, la lealtad y el respeto”.

Por su parte, Nerea Fernández ha reconocido que se trata de “un día triste”, pero ha insistido en que las fuerzas que integran Unidas tienen “muy claro quién es el enemigo”. “No somos nosotras, no son las marcas, no son los partidos de la izquierda transformadora”, ha aseverado la coordinadora regional de IU, señalando directamente a quienes amenazan con privatizar las pensiones, subir la sanidad o engordar la educación concertada mientras se cierran colegios públicos.

La vista puesta en las municipales de 2027 y la enmienda presupuestaria

Pese al impacto del escenario nacional, la coalición fija sus prioridades en la actividad parlamentaria regional y en el horizonte electoral autonómico. De Miguel ha anunciado que el grupo tiene ya decidida “en un 98 %” su enmienda a la totalidad contra el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 presentado por la Junta.

En cuanto al futuro político en los municipios, al ser preguntada sobre si la estrategia para las elecciones municipales de mayo de 2027 se va a decidir en Extremadura, la portavoz de Podemos ha sido tajante: “Por supuesto”. Fernández ha añadido que el objetivo de cara a las locales es abarcar a más grupos de la izquierda, confirmando además que la candidatura conjunta con el PSOE al Senado bajo las siglas del Frente Amplio permanece a la espera del “okey” definitivo de las direcciones nacionales.