El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de Concordia de Extremadura, elaborada por PP y Vox, al considerar el Ejecutivo que la norma autonómica invade competencias estatales y rebaja la protección reconocida a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil por la ley estatal de memoria democrática.

La decisión se ha adoptado por unanimidad en el pleno del Constitucional celebrado este martes, según han informado a EFE fuentes jurídicas, en la sesión que ha abierto el nuevo curso judicial del tribunal de garantías.

El recurso del Gobierno sostiene que la ley extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias que están reservadas constitucionalmente al Estado.

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que la denominada ley de Concordia reduce la protección de derechos reconocidos por la legislación estatal de memoria democrática, entre ellos los derechos a la verdad, a la reparación material y moral y a las garantías de no repetición.

El Gobierno defiende en su recurso que la concordia no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y que la reconciliación social debe construirse precisamente sobre esa reparación, y no limitarla.

La impugnación también cuestiona la regulación de la colaboración entre las instituciones extremeñas y el Estado. Según el Ejecutivo, la norma autonómica restringe la cooperación prevista en la ley estatal de memoria democrática y la supedita a su propia legislación de concordia, lo que podría dificultar la aplicación uniforme de la normativa estatal.

A ello se suma la denuncia de una invasión de competencias estatales en determinados aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado.

La admisión a trámite no supone todavía que el Constitucional se haya pronunciado sobre el fondo del recurso. El tribunal deberá ahora estudiar los argumentos planteados por el Gobierno y determinar si los preceptos impugnados de la ley extremeña se ajustan a la Constitución.

Plataformas y localidades integradas en STOP BiometaNO Extremadura se han concentrado este lunes ante el Teatro Romano de Mérida, coincidiendo con la entrega de las Medallas de Extremadura, para reclamar la paralización de los proyectos de biometano y biogás previstos en la comunidad.

La protesta ha buscado trasladar el rechazo de estos colectivos a lo que consideran una implantación indiscriminada de macroplantas y hacer visible su reivindicación durante uno de los principales actos institucionales del Día de Extremadura. “El verdadero orgullo de Extremadura no se cuelga al pecho; se defiende cuidando nuestra tierra y a quienes la habitamos”, han señalado desde la organización convocante.

STOP BiometaNO Extremadura sostiene que este tipo de instalaciones puede generar malos olores y emisiones contaminantes y advierte de posibles riesgos para los acuíferos y las tierras de cultivo por el tratamiento de purines, lodos de depuradora y otros residuos agrícolas, ganaderos e industriales.

El colectivo también cuestiona el destino de los digestatos resultantes del proceso y alerta de que este modelo energético puede favorecer la expansión de la ganadería intensiva y perjudicar a actividades como la agricultura tradicional y el turismo rural.

Ante esta situación, las plataformas reclaman a las administraciones una moratoria que suspenda las licencias y autorizaciones de estos proyectos hasta que se realice una evaluación técnica “exhaustiva e independiente”.

También solicitan que se garantice la participación de los ciudadanos y que se apruebe un plan estratégico regional que ordene la implantación de estas instalaciones y determine cuáles son las necesidades reales de Extremadura.

La concentración ha contado con la participación de plataformas y vecinos procedentes de La Coronada, Oliva de Plasencia, Casas del Monte, Segura de Toro, Hervás, Granja de Torrehermosa, Miajadas, Vivares, Plasencia, Carcaboso, Monterrubio de la Serena, Valdehornillos, Hernán Cortés y Santa Amalia.

Irene de Miguel: “Extremadura no puede convertirse en el vertedero de Europa”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha participado en la concentración y ha trasladado el apoyo de su formación a las plataformas contrarias a los proyectos de biometano. “Estamos con la Extremadura que no se resigna, que se organiza y que pelea por un futuro mejor aquí”, ha afirmado De Miguel, que ha contrapuesto esa región con la que, en su opinión, representa el Gobierno autonómico: “la Extremadura de postureo, de escaparate”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha reclamado “un gobierno valiente” y ha afirmado que la comunidad “no puede convertirse en el vertedero de Europa”.

De Miguel también ha acusado al Ejecutivo extremeño de estar convirtiendo la región en “tierra de sacrificio” y ha criticado que se favorezca a grandes proyectos mientras, a su juicio, los servicios públicos básicos “penden de un hilo”.

Durante su intervención, ha arremetido además contra la gestión del Gobierno de María Guardiola y ha relacionado sus críticas con otras cuestiones de la actualidad política extremeña, entre ellas la posición de la Junta sobre la acogida de menores migrantes.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha definido al Ejecutivo autonómico como “fariseo” y ha acusado a sus integrantes de defender determinados valores mientras mantienen posiciones que, según ha señalado, contradicen esos principios. Frente a ello, De Miguel ha reivindicado a “la gente decente de Extremadura” que, a su juicio, está reclamando “un futuro aquí” y una región convertida en “una tierra de oportunidades”.

“La Extremadura del postureo, la Extremadura de los grandes discursos está ahí, pero la Extremadura real, la que levanta esta tierra día a día, la que madruga, es la que está hoy aquí”, ha afirmado.

La portavoz también ha felicitado a los galardonados con las Medallas de Extremadura: José María Núñez, Guillermo Gracia, el Museo Nacional de Arte Romano y Pedro Porro, a los que ha definido como “un orgullo para esta tierra”.

Por último, ha advertido de que detrás de las Medallas existe también, en su opinión, un Gobierno que “niega los derechos más fundamentales” y “está poniendo en peligro las libertades”. De Miguel ha terminado reivindicando una Extremadura “que no se resigna” y que seguirá organizándose y movilizándose para defender “una tierra de oportunidades y un futuro aquí”.

La escritora pacense Inma Rubiales ha reivindicado con motivo del acto de entrega de las Medallas de Extremadura, la necesidad de cuidar y apoyar a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en la región. La autora, encargada este año de pronunciar el discurso ciudadano durante el acto con motivo del Día de Extremadura, ha centrado su intervención en la falta de oportunidades para los jóvenes y en la importancia de contar con referentes.

“Se habla de nosotros como futuro, pero nosotros tenemos un presente”, ha afirmado Rubiales, una de las autoras de literatura juvenil más reconocidas de la región.

La escritora ha reclamado a las administraciones que generen “espacios” para que los jóvenes puedan emprender su propio camino y ha defendido que necesitan el respaldo del conjunto de la sociedad para poder aprovechar sus oportunidades.

Pero Rubiales también ha puesto el foco en la necesidad de contar con referentes. En este sentido, ha reivindicado el propio desarrollo de Extremadura como ejemplo de una tierra en la que se generan ideas, proyectos y realidades.

Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, la escritora almendralejense publicó su primera novela cuando tenía solo 17 años. Su propia trayectoria le ha servido para reivindicar la necesidad de que los jóvenes puedan encontrar en Extremadura las condiciones necesarias para desarrollar sus capacidades.

Entre esas condiciones, ha destacado especialmente la mejora de las conexiones de la comunidad. Para Rubiales, las comunicaciones son también el marco de “las libertades para crecer” y un elemento necesario para que los jóvenes puedan construir su futuro sin tener que marcharse de la región.

Su intervención se ha producido durante la gala de entrega de las Medallas de Extremadura 2026, celebrada en el Teatro Romano de Mérida. Este año, la máxima distinción de la comunidad ha recaído en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR), el nadador Guillermo Gracia, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, y el futbolista Pedro Porro, que no ha podido asistir al acto por sus compromisos deportivos.

La defensa y puesta en valor del patrimonio, la superación de las barreras de la discapacidad y la lucha por los derechos y la diversidad han marcado el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2026, celebrado en el Teatro Romano de Mérida en la noche del lunes.

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), el nadador Guillermo Gracia, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, y el futbolista Pedro Porro han recibido la máxima distinción de la comunidad autónoma en una gala en la que los protagonistas han reivindicado, desde ámbitos muy diferentes, el papel de Extremadura y de quienes contribuyen a hacerla avanzar.

Guillermo Gracia: “Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”

El nadador cacereño Guillermo Gracia, nacido en 2004, ha recibido una de las Medallas de Extremadura por una trayectoria deportiva que incluye 27 títulos mundiales y diez récords del mundo en natación adaptada.

Gracia ha recogido la distinción de manos de Carlos Corcho, uno de sus entrenadores y director técnico del Club Natación Cáceres Los Delfines.

En su intervención, el deportista ha lanzado un mensaje de superación: “Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”. Gracia ha defendido que “todas las barreras” pueden superarse “cuando creemos en nosotros mismos”, unas palabras que han sido recibidas con numerosos aplausos por el público.

José María Núñez: de los insultos a recibir la Medalla

El presidente nacional de Fundación Triángulo, José María Núñez, ha recogido de manos de la presidenta de la Junta, María Guardiola, la Medalla de Extremadura, concedida por iniciativa de la propia jefa del Ejecutivo regional. Economista y profesor de la Universidad de Extremadura, Núñez nació en Barcarrota (Badajoz) y es uno de los pioneros del activismo LGTBI en Extremadura.

Su intervención ha tenido un marcado componente personal. Ha recordado los insultos que sufrió por su orientación sexual e incluso el “miedo” que llegó a sentir, hasta el punto de reconocer que también tuvo reparos a la hora de recibir la propia Medalla.

Núñez ha recordado a las personas que tuvieron que marcharse de Extremadura para poder ser quienes eran y a quienes decidieron quedarse para intentar vivir con dignidad. “Hemos tenido que convencer a mucha gente para llegar hasta aquí”, ha afirmado, en referencia a los derechos conquistados durante las últimas décadas, también en el ámbito de la cooperación internacional.

Para Núñez, la Medalla representa “un mensaje nítido de que la diversidad forma parte de la realidad democrática”. El presidente de Fundación Triángulo también ha expresado su rechazo a quienes continúan difundiendo mensajes de odio.

40 años del Museo Nacional de Arte Romano

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida también ha recibido la máxima distinción de Extremadura coincidiendo con sus 40 años de historia. La institución tiene, sin embargo, unos antecedentes mucho más antiguos, ya que su origen se remonta a 1838, con la creación del Museo Arqueológico.

Su directora, Trinidad Nogales, ha recogido la Medalla de manos de Chelo López, trabajadora recientemente jubilada que durante años ejerció como portera mayor del museo.

Nogales ha reivindicado el papel de estas instituciones en la sociedad actual y ha afirmado que “los museos son más necesarios que nunca”. También ha animado a las administraciones públicas a colaborar con mayor profundidad para conseguir que “las pequeñas cosas se hagan grandes”.

Pedro Porro, ausente por sus compromisos deportivos

El futbolista Pedro Porro no ha podido asistir a la gala celebrada en el Teatro Romano de Mérida debido a sus compromisos deportivos. El jugador ha agradecido la concesión de la Medalla de Extremadura a través de un vídeo y ha mostrado su orgullo por sus raíces extremeñas.

La presidenta de la Junta ha destacado de Porro su “talento, dedicación, sacrificio y renuncias” y ha puesto en valor su trayectoria deportiva.

El acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2026 finalizó con un concierto del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana.

El Teatro Romano de Mérida ha vuelto a convertirse en el escenario institucional del Día de Extremadura con la entrega de las Medallas de la comunidad 2026. En un discurso marcado por el contexto político actual, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha hecho un llamamiento explícito a la convivencia, la serenidad y la cohesión social, situando la responsabilidad pública lejos del ruido y la crispación.

“El verdadero avance no se mide por lo alto que gritemos, sino por lo hondo que somos capaces de comprender”, ha aseverado la jefa del Ejecutivo extremeño, quien ha pedido construir la región desde “el ejemplo, el respeto y el amor” frente al “camino fácil: el del odio, el enfrentamiento y el hastío”.

En su intervención, Guardiola ha subrayado que los tiempos actuales exigen madurez en la gestión de lo público. “No estamos para romper ni para dividir y tampoco para polarizar”, ha afirmado, recordando que los representantes políticos deben actuar como “sencillos servidores” y que ningún interés particular “está nunca por encima del interés general”.

Advertencia contra el odio y la división

La presidenta ha incidido en que las causas justas o los derechos sociales pierden su razón de ser si se defienden desde la agresividad. “No podemos defender avances en igualdad o en diversidad señalando con odio. El que lo hace, al final, se convierte en lo mismo que combate”, ha advertido, asegurando que “de poco sirve defender una causa si la forma en la que se defiende la desdibuja o la bloquea”.

Haciendo referencia al afán de superación regional y con guiños a la cultura extremeña, Guardiola ha afirmado que la comunidad ha decidido posicionarse en el mapa nacional con “responsabilidad, buena gestión y naturalidad democrática”.

En el plano socioeconómico, ha citado como logros compartidos por trabajadores, autónomos y empresas la reducción del desempleo por debajo de los 60.000 parados y la cifra histórica de 430.000 afiliados a la Seguridad Social.

Compromiso con Las Hurdes y la comarca de Almaraz

El discurso ha tenido un recuerdo especial para las situaciones críticas vividas en la región durante los últimos meses. Guardiola ha trasladado su agradecimiento a los equipos de extinción de incendios forestales y su apoyo directo a los vecinos de comarcas afectadas como Las Hurdes, garantizando el compromiso de la Junta en la reforestación, la ayuda a las explotaciones y la recuperación de los municipios dañados.

Asimismo, se ha referido al mantenimiento de la actividad en la central nuclear de Almaraz tras prorrogarse su vida útil, calificándolo como un triunfo de la unidad de la comarca de Campo Arañuelo y de las administraciones: “Hemos podido cambiar una historia que algunos daban por zanjada. Sucede que juntos lo hemos conseguido”.

Un alegato por la diversidad y la memoria institucional

Guardiola también ha tenido palabras para los galardonados en esta edición, entre ellos, el futbolista, Pedro Porro, cuyos compromisos deportivos le han impedido estar en la gala. “Talento, dedicación, sacrificio y renuncias” han sido algunas de las expresiones de la presidenta para perfilar al campeón del mundo. Sobre otro deportista, el nadador Guillermo Gracia, con numerosos títulos mundiales y europeos en natación adaptada, ha dicho que nos recuerda “que su capacidad es mayor que su discapacidad”.

Con respecto al Museo Nacional de Arte Romano, la presidenta ha subrayado la labor de su directora, Trinidad Nogales, y de su predecesor José María Álvarez, “por investigar para toda la sociedad y por hacer que los extremeños sintamos el Museo como algo nuestro”.

Guardiola se ha extendido algo más a la hora de hablar de José María Núñez, quien lleva más de 30 años defendiendo “el derecho de cada persona a vivir con libertad en todos nuestros municipios” desde la Fundación Triángulo, otro de los galardones.

“Combatió ese exilio terrible que obligaba a tantos jóvenes a marcharse para poder ser quienes eran”, ha recordado. A su juicio, esta Medalla habla de “una Extremadura diversa y libre”, en la que “cabemos todos y en la que nadie tiene que explicar ni esconder su identidad, su amor o su vida”. “La pluralidad no debilita la convivencia; la hace más sólida”, ha dicho.

El alcalde de Mérida alerta contra los retrocesos sociales

Por su parte, el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, ha intervenido en el acto con una llamada firme a proteger los consensos democráticos alcanzados en la región frente a “quienes pretenden imponer mordazas ideológicas y retrocesos sociales”.

En clara consonancia con el galardón concedido a la Fundación Triángulo, el regidor emeritense ha garantizado “que ninguna sordina va a acallar el orgullo de esta tierra”, a la que ha definido como una comunidad “libre, profundamente solidaria y comprometida con los derechos conquistados”.

Finalmente, Rodríguez Osuna ha reivindicado proyectos clave pendientes para la capital autonómica, instando a dotar presupuestariamente el futuro Museo Nacional de Arte Visigodo.

El Tribunal de Cuentas ha dado cinco días a la Diputación de Badajoz para que decida si reclama a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, las cantidades que percibió por su contratación en la institución provincial.

La decisión llega después de la sentencia que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por hechos relacionados con su contratación en la Diputación pacense. El procedimiento del Tribunal de Cuentas analiza ahora si de esos hechos puede derivarse una posible responsabilidad contable.

La Diputación deberá pronunciarse en su condición de entidad que podría haber resultado perjudicada y tendrá que decidir entre impulsar un procedimiento para reclamar las cantidades o proponer el archivo de las actuaciones.

La diligencia ha sido remitida por el consejero del Tribunal de Cuentas encargado de tramitar el caso, según consta en el documento al que ha tenido acceso EFE.

Vox, Iustitia Europa, PP y HazteOír pidieron actuar

El trámite se inició después de que los letrados de Vox e Iustitia Europa solicitaran ejercer la acción pública ante una posible responsabilidad contable derivada de la sentencia, en relación con la creación de los puestos ocupados por David Sánchez y Luis Carrero, amigo del hermano del presidente del Gobierno y también contratado por la Diputación. Posteriormente presentaron escritos similares los abogados del PP y de la asociación HazteOír. Ahora corresponde a la Diputación fijar su posición. El plazo es de cinco días, tras los cuales el procedimiento continuará con la intervención del Ministerio Fiscal.

Una vez que la Diputación haya presentado sus alegaciones, o haya dejado transcurrir el plazo sin hacerlo, el Ministerio Público dispondrá del mismo plazo para pronunciarse. Después, el Tribunal de Cuentas dará audiencia a los actores públicos que han promovido las actuaciones para que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas.

Por tanto, David Sánchez no está obligado en este momento a devolver sus nóminas. El Tribunal de Cuentas ha abierto un trámite para determinar si existe una posible responsabilidad contable que justifique reclamar esas cantidades. En concreto, el hermano del presidente del Gobierno percibió por su trabajo en la Diputación 340.572,36 euros brutos entre 2017, cuando fue contratado, y 2025, cuando renunció a su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) concederá su Medalla de Honor, conocida como Cruz de la Dignidad, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en reconocimiento a su compromiso con la defensa, el reconocimiento y el acompañamiento a las víctimas del terrorismo.

La entrega tendrá lugar el próximo 22 de octubre, durante el acto ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’, organizado por la AVT como homenaje a las víctimas y para distinguir a personas e instituciones que han destacado por su defensa de su memoria y dignidad.

Guardiola será una de las personalidades que recibirán este reconocimiento, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández; el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez, y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que recibirá la distinción a título póstumo, entre otros galardonados.

La AVT explica que la Medalla de Honor se concede a quienes, desde sus respectivos ámbitos, han contribuido de forma destacada a la defensa y reconocimiento de las víctimas del terrorismo, así como a su acompañamiento.

La UCO, Premio ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’

Durante el mismo acto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibirá el XIV Premio de la AVT ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’.

La asociación reconoce con este galardón la trayectoria de la unidad, su labor en defensa del Estado de Derecho y su compromiso en la lucha contra el terrorismo.

La ceremonia se celebrará bajo el lema ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’ y servirá también para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y reivindicar su memoria.

Con estos reconocimientos, la AVT pretende distinguir tanto la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la de aquellas personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, han mantenido un compromiso con las víctimas y con la defensa de su dignidad y memoria.

El PP de Extremadura ha denunciado que el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central supondría para la comunidad disponer de 517 euros menos por habitante y una pérdida de alrededor de 600 millones de euros.

El portavoz del PP extremeño, Luis Miguel Núñez, ha advertido este lunes de que el sistema “perjudica directamente a los extremeños” y ha anunciado que su partido utilizará “todos los mecanismos jurídicos” a su alcance para defender los intereses de la región.

Núñez ha puesto el foco especialmente en los recursos adicionales que contempla la propuesta. Según ha señalado, el nuevo modelo prevé 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, pero Extremadura no recibiría ninguna cantidad de ese fondo. “Extremadura recibe cero euros. Cero euros”, ha afirmado durante una rueda de prensa.

El portavoz popular ha vinculado la financiación autonómica con los recursos disponibles para los servicios públicos y ha advertido de que el impacto acabaría afectando a ámbitos como la sanidad, la educación o la universidad. “Estamos hablando de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, de nuestros colegios, de la universidad, del empleo, de la riqueza y de las oportunidades”, ha señalado.

El PP extremeño sostiene que el sistema de financiación debe garantizar que los ciudadanos tengan “las mismas oportunidades” independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. Núñez ha rechazado un modelo que, a su juicio, “aumenta las diferencias entre territorios en lugar de garantizar la igualdad entre españoles”.

La financiación autonómica se ha convertido así en uno de los principales argumentos de confrontación política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, en un debate sobre cómo se distribuyen los recursos para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El PP destaca las Medallas de Extremadura

En su comparecencia, Núñez también se ha referido al acto de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebra este lunes por la noche en el Teatro Romano de Mérida con motivo del Día de Extremadura.

El portavoz popular ha destacado a los cuatro galardonados de este año: Pedro Porro, José María Núñez, Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano, de quienes ha destacado que representan “historias muy diferentes”, pero comparten “el talento, el esfuerzo, la superación y el compromiso con Extremadura”.

Núñez ha defendido que las Medallas constituyen también una oportunidad para reconocer “la Extremadura que queremos”, una comunidad que, según ha señalado, apuesta por “la inclusión, la igualdad y las oportunidades”.

El PSOE de Extremadura ha exigido este lunes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que comparezca “inmediatamente” en la Asamblea de Extremadura para explicar la situación de la sanidad pública y asumir responsabilidades por los problemas que, según los socialistas, se están acumulando en el sistema sanitario extremeño.

El portavoz del PSOE en la región, Manuel González Andrade, ha reclamado también el cese de la consejera de Salud si Guardiola no es capaz de ofrecer explicaciones sobre la situación. “Si la presidenta no puede dar explicaciones, debe cesar inmediatamente a la consejera de Salud”, ha señalado.

González Andrade ha recordado que el PSOE registró el pasado jueves la petición de comparecencia de Guardiola y ha criticado que hasta ahora la respuesta del Ejecutivo autonómico haya sido, a su juicio, “el silencio”.

El dirigente socialista ha cuestionado que los problemas denunciados por su partido puedan atribuirse a dificultades administrativas o técnicas y ha puesto como ejemplos los incidentes registrados en centros hospitalarios y las demoras en la atención primaria.

“Un quirófano no se inunda por un problema administrativo. Un techo de un hospital con pacientes dentro no se cae por un problema administrativo. Un paciente no espera 18 días para ser atendido por su médico de familia por un problema administrativo”, ha afirmado.

También ha citado las movilizaciones de los trabajadores de la limpieza de los hospitales de Badajoz y los recientes movimientos en los equipos directivos sanitarios. Según González Andrade, “la semana pasada hubo tres ceses” y existen profesionales “al borde del colapso”, mientras el Gobierno autonómico no estaría asumiendo responsabilidades.

“Menos propaganda y más gestión”

El portavoz socialista ha extendido sus críticas más allá de la sanidad y ha presentado los problemas de este ámbito como parte de una situación más amplia de los servicios públicos extremeños.

“Menos propaganda y más gobierno. Menos propaganda y más gestión. Menos propaganda y más trabajo”, ha reclamado, antes de afirmar que mientras el Ejecutivo autonómico realiza anuncios, “la Extremadura real está sufriendo”.

Entre los asuntos que ha señalado figuran los problemas del transporte escolar a pocos días del inicio del curso, las esperas para las valoraciones de dependencia, la situación salarial de los profesionales sanitarios y docentes y el coste del Gobierno autonómico.

También ha cuestionado la gestión de la prevención frente a los incendios, la existencia de trabajadores pendientes de cobrar, la marcha de jóvenes por falta de oportunidades y el incremento del precio de la vivienda.

En materia de infraestructuras, González Andrade ha asegurado que “no se ha construido un solo kilómetro de carretera” desde la llegada de Guardiola al Gobierno regional, mientras que también ha criticado el abandono escolar y la situación del sector agrario.

El portavoz socialista ha incorporado además a su discurso la situación sanitaria de la cabaña ganadera ante la aparición de dos focos de lengua azul y ha asegurado que los ganaderos no pueden vacunar a sus animales “como necesitan”.

“Extremadura no es un eslogan”

En vísperas del Día de Extremadura, González Andrade ha reivindicado el orgullo por la comunidad y ha contrapuesto esa idea a la estrategia de comunicación que atribuye al Ejecutivo de Guardiola.

“Extremadura no es un eslogan. No es un cartel. No es un vídeo institucional. No es una campaña de comunicación. Extremadura es lo que le pasa cada día a la gente”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha acusado al Gobierno autonómico de haber “sustituido la gestión por propaganda” y ha reprochado a Guardiola que, a su juicio, trate de trasladar las responsabilidades al anterior Ejecutivo socialista.

Frente a ello, ha reclamado a la presidenta que asuma directamente la gestión del Gobierno regional. “Puede seguir escondiéndose, puede seguir mandando a otros a dar explicaciones y puede seguir diciendo que todo es culpa del PSOE”, ha señalado.

“Pero hay algo mucho más sencillo que puede hacer: gobernar. Para eso la eligieron”, ha concluido.

El caos del transporte escolar en Extremadura está lejos de haber terminado. 25 rutas continúan sin adjudicatario después de la última ronda puesta en marcha por la Junta, mientras el sector afronta ahora una nueva fase decisiva: 265 rutas salen a concurso y las empresas tienen hasta el 9 de septiembre, a las 23.59 horas, para presentar la documentación. Estas rutas que serán prestadas mediante contratos de emergencia tienen ahora que incorporarse al nuevo sistema del acuerdo marco, un procedimiento que puede volver a modificar quién presta el servicio y en qué condiciones económicas.

La cifra procede de la última actualización del proceso. De las 27 rutas que se habían vuelto a sacar para intentar cubrirlas, únicamente cuatro han encontrado transportista, por lo que 23 continúan desiertas. Posteriormente se incorporaron otras cinco rutas, de las que tres han sido adjudicadas y dos han quedado nuevamente sin cubrir. En total, 25 rutas siguen pendientes.

Pero el escenario puede experimentar nuevos cambios en los próximos días. Las 265 rutas que no habían salido a concurso, se licitan ahora y tendrán que recibir ofertas de las empresas antes de que finalice el plazo establecido, y en el sector se da por hecho que no todas las rutas necesariamente resultarán atractivas para los transportistas.

El motivo está, en algunos casos, en la diferencia entre las cantidades que se están pagando mediante los contratos de emergencia y los precios máximos establecidos ahora en las licitaciones.

La pregunta es ¿para qué presentarse si el contrato de emergencia paga más?

Un transportista consultado explica que existe una situación paradójica. Según su testimonio, una ruta de microbús que mediante un contrato de emergencia puede alcanzar los 49.000 euros por curso escolar sale ahora a concurso con un importe máximo de 41.700 euros.

La diferencia puede hacer que algunos operadores se planteen no presentarse al concurso. La estrategia, según explica este transportista, sería asumir el riesgo de no concurrir y esperar a que la ruta vuelva a quedar desierta para continuar prestando el servicio mediante una adjudicación de emergencia en unas condiciones económicas más favorables: “Si tengo suerte y nadie la concursa, me sigo quedando en emergencia”, explica.

Pero se trata de una estrategia con un riesgo evidente: si otra empresa presenta una oferta y consigue la ruta por el procedimiento ordinario, el actual operador puede perderla. “Es un arma de doble filo”, resume el transportista.

El mismo problema se estaría produciendo en otras rutas. Como ejemplo, cita un itinerario para un vehículo de nueve plazas con capacidad para dos sillas de ruedas que actualmente se estaría prestando por unos 45.500 euros, mientras que el precio máximo fijado para el concurso sería de 41.700 euros.

Un sistema que sigue generando críticas

La nueva convocatoria se produce después de un proceso especialmente accidentado. Una parte de las rutas que se han conseguido cubrir durante estas semanas no habían salido a una licitación pública abierta en las mismas condiciones para todas las empresas. La Junta ha recurrido también a fórmulas de adjudicación directa o procedimientos de emergencia para intentar garantizar itinerarios que habían quedado desiertos.

Este sistema está siendo cuestionado por profesionales del sector, que denuncian que la forma de ofrecer las rutas puede favorecer la concentración en determinadas empresas y generar situaciones de facto de monopolio.

El procedimiento también añade incertidumbre sobre la duración de algunas de las soluciones adoptadas. Los contratos de emergencia tienen una naturaleza temporal y la sucesión de adjudicaciones, renuncias y nuevas convocatorias hace que empresas y familias no siempre tengan claro cuánto tiempo se mantendrá una determinada solución.

Ahora, además, se abre el concurso de las 265 rutas dentro del acuerdo marco y habrá que esperar al cierre del plazo, el 9 de septiembre a las 23.59 horas, para conocer cuántas reciben ofertas y cuántas pueden volver a quedar desiertas. El resultado puede alterar nuevamente el mapa del transporte escolar extremeño apenas unos días antes del inicio del curso. Porque el problema ya no es únicamente cuántas rutas quedan sin cubrir. También está en juego si las condiciones económicas de las nuevas licitaciones son suficientemente atractivas para que las empresas quieran concurrir, qué ocurrirá con las que no reciban ofertas y cuánto tiempo podrán mantenerse las soluciones de emergencia.

Mientras tanto, 25 rutas siguen sin adjudicatario y otras 265 afrontan ahora una nueva prueba de fuego.

El curso escolar, que comienza en tres días, continúa con el transporte pendiente de otra ronda de adjudicaciones y con un sector que cuestiona tanto el procedimiento como las condiciones económicas de una contratación que, lejos de estabilizarse, sigue acumulando incertidumbres.

La consejera asegura el transporte escolar

Por su parte, la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha afirmado este lunes que el 10 septiembre, cuando comienza el nuevo curso escolar, todos los alumnos extremeños “van a tener el transporte escolar asegurado” y se trabajará en los días que restan para que así sea. Según ha precisado, el 99% de las rutas de transporte escolar se van a adjudicar y el 100% de las 605 rutas tienen oferta, por lo que “quedarían muy poquitas” de las que se está esperando a revisar la documentación necesaria.

Valencia ha querido mandar “un mensaje de tranquilidad a las familias” y ha incidido en que se está trabajando desde el primer momento para que todos los alumnos estén en sus centros educativos“ el día que comienza el curso. Ha incidido en que se trata de ”un proceso muy tedioso y lento“, en el que hay que presentar las ofertas, las empresas tienen que presentar la documentación, luego hay que comprobar que esa documentación está correcta y hacer una adjudicación provisional.

No obstante, ha indicado que es “un proceso vivo”, en el que surgen nuevas rutas, dependiendo de las fluctuaciones de alumnos, ya que se está todavía con un periodo de matriculación abierto.

“Es probable que el día 10 alguna a lo mejor no esté, pero no porque no se haya planeado, sino porque ha salido nueva o hay cambios en el alumnado, pero estamos en ello y seguiremos trabajando para que sea una realidad”.

La Diputación de Cáceres plantea extender al conjunto de las comarcas cacereñas el proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura), una iniciativa orientada a atraer trabajadores y familias a municipios con demanda de mano de obra sin cubrir y facilitar su asentamiento en el entorno rural.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha planteado esta posibilidad tras reunirse con representantes del tejido empresarial de Campo Arañuelo, Coria y Sierra de Gata para diagnosticar las necesidades laborales y las posibilidades residenciales de cada territorio.

En el encuentro han participado Ramón Barbado, del Círculo Empresarial Moralo (CEM); Casto Pereira, de la Asociación Rivera de Gata; y Raúl Trapote, de la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (ASECOC). El objetivo de esta alianza es analizar las vacantes en los sectores productivos locales e identificar las viviendas y recursos disponibles en los municipios para garantizar la llegada e instalación de las familias.

“No queremos que se sigan cerrando bares o comercios, no queremos que haya un pueblo sin panadero, cuando tenemos a gente que estaría encantada de venir si se les da facilidades”, ha subrayado Barbado a la salida de la reunión.

Incentivos y balance del programa

El proyecto TRAE suma actualmente más de un millar de solicitudes recibidas y una veintena de expedientes de personas que llegarán en los próximos meses a la provincia. Para facilitar su arraigo, la iniciativa ofrece un paquete de medidas que incluye un contrato de trabajo indefinido desde el primer momento, un año de vivienda gratuita durante el periodo inicial de adaptación y acompañamiento personalizado en el proceso de instalación e inserción comunitaria.

Hasta la fecha, la iniciativa ha trabajado de manera prioritaria con personas procedentes de países como Chile o Perú, aunque el nuevo impulso busca captar también a trabajadores y familias procedentes de otros puntos de España.

Para materializar esta extensión comarcal, la Diputación de Cáceres estudiará la firma de un convenio de colaboración enfocado en identificar oportunidades de empleo y emprendimiento, así como en articular el proceso de acogida. Morales ha defendido la necesidad de “profundizar de forma activa en la revitalización de nuestros pueblos” para consolidar la actividad económica y combatir la despoblación en la provincia.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha cerrado la transferencia de 149,67 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar las plantillas docentes de los campus públicos a través del programa María Goyri. De esta partida, la Universidad de Extremadura (UEx) recibirá dos millones de euros destinados a financiar la contratación de profesores ayudantes doctores, un paso clave para reducir la precariedad y renovar el personal docente e investigador en la región.

La aprobación del presupuesto en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria supone el desbloqueo definitivo de unos fondos paralizados desde el pasado mes de julio. En aquella ocasión, la ausencia en bloque de las autonomías gobernadas por el PP impidió celebrar la sesión aduciendo la crisis de los incendios forestales, un plante que retrasó la llegada del dinero a las aulas públicas.

En la sesión telemática celebrada este viernes, la distribución salió adelante con el respaldo de todas las comunidades autónomas a excepción de Illes Balears, que votó en contra. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, celebró el acuerdo recordando que “el bloqueo queda atrás” y que apoyar la universidad pública requiere “poner recursos y cuidar a quienes enseñan e investigan”. Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró el desbloqueo para garantizar la estabilidad institucional.

El acuerdo sienta además un precedente en la gestión presupuestaria educativa, al ser la primera vez que el Gobierno de España asume directamente el pago de salarios del profesorado universitario, una competencia totalmente transferida a las comunidades autónomas.

El plan María Goyri busca incorporar de forma progresiva a 5.638 profesores ayudantes doctores en toda España hasta 2028, lo que representa un incremento del 70 % respecto al curso 2023-2024. El Ejecutivo central asumirá el coste de 3.400 plazas durante seis años con una inversión de 900 millones de euros, mientras que las administraciones autonómicas cofinanciarán las 2.236 plazas restantes para completar el plan.

El Tribunal Constitucional tiene previsto admitir a trámite esta próxima semana el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que la norma autonómica reduce la protección reconocida a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e invade competencias que corresponden al Estado.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías abordará previsiblemente la admisión del recurso en el pleno que comienza este martes, con el que el Constitucional abre el nuevo curso judicial.

El Gobierno cuestiona varios aspectos de la legislación extremeña y sostiene que no se limita a desarrollar competencias propias de la comunidad autónoma. En su recurso argumenta que la norma incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente a la Administración estatal.

Afecta a los derechos de las víctimas

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que la Ley de Concordia rebaja la protección que establece la Ley estatal de Memoria Democrática. En concreto, señala que quedan afectados derechos como el de las víctimas a la verdad, a la reparación material y moral y a las garantías de no repetición.

El recurso rechaza además que la denominada “concordia” pueda sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas. El Gobierno sostiene que la reconciliación social debe construirse sobre el reconocimiento y la reparación de quienes sufrieron la Guerra Civil y la dictadura, y no limitar los derechos que les reconoce la legislación estatal.

Otro de los puntos cuestionados es la colaboración entre las distintas administraciones. Según el Ejecutivo, la ley extremeña restringe la cooperación institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática al supeditarla a lo establecido en la propia normativa autonómica. A juicio del Gobierno, esta previsión puede dificultar la aplicación uniforme de la legislación estatal en Extremadura y condicionar la colaboración de la Junta con la Administración General del Estado en materia de memoria democrática.

El recurso plantea asimismo una posible invasión de competencias estatales en ámbitos procesales y educativos, al entender que la norma extremeña entra en materias cuya regulación corresponde al Estado en virtud de la Constitución.

La admisión a trámite del recurso no supone todavía que el Constitucional haya declarado inconstitucional la Ley de Concordia. El tribunal deberá estudiar ahora el fondo de las cuestiones planteadas por el Gobierno y determinar si los preceptos recurridos se ajustan al marco constitucional.

El pleno del Constitucional tiene previsto abordar también la admisión del recurso presentado por el Gobierno contra la ley de la Comunidad de Madrid que habilita a esta autonomía para ejercer la acción popular en determinados ámbitos.

La Junta de Extremadura acudirá a la vía judicial si el Gobierno central convierte en ley su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha anunciado la decisión este viernes a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras calificar la propuesta del Ministerio de “auténtica aberración” y calcular que la región perderá alrededor de 600 millones de euros en 2027, lo que supone un recortes de 517 euros por habitante.

“Nos sientan en una mesa en la que Extremadura tiene delante un plato vacío”, ha denunciado Manzano, quien ha criticado que la comunidad vaya a recibir “cero euros” de los 21.000 millones de fondos adicionales puestos sobre la mesa, limitando el ingreso regional a solo 72 millones a través del mecanismo de statu quo. A juicio de la consejera, el borrador deja un panorama de “Extremadura congelada y Catalunya inflada”.

La responsable de las arcas regionales ha acusado directamente al Ejecutivo central de haber “cocinado” esta propuesta con el independentismo catalán con el objetivo de “mantener a Pedro Sánchez en el poder”. Manzano ha advertido de que este quebranto económico afectará de lleno a la financiación de los hospitales, centros de salud, colegios y a la universidad regional, además de a las políticas de generación de empleo.

La consejera de Hacienda extremeña ha resaltado que la representación de Extremadura cae de un 2,78% en el total de los ingresos a un 2,51%. “Esto se va a traducir en el año 2027 en que perdemos 600 millones de euros, 517 euros menos por habitante, ¿esto es justicia, esto es igualdad?”, ha cuestionado.

“Vamos a utilizar todas las vías jurídicas para combatir lo que sin duda es una aberración y una discriminación con el pueblo extremeño”, ha concluido la consejera.

Hay fotografías que tienen un detalle que merece una segunda mirada. En la de Elena Manzano durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes, ese detalle está sobre la mesa: un ejemplar de 'La ciudad de los prodigios', la novela de Eduardo Mendoza sobre Barcelona.

El libro forma parte del gesto del Ministerio de Hacienda con los representantes de las comunidades autónomas que han acudido a la reunión. Cada consejero ha recibido una obra literaria como una forma de reivindicar la diversidad territorial y cultural de España.

A Manzano le ha correspondido una de las novelas más conocidas de Mendoza. Publicada en 1986, 'La ciudad de los prodigios' recorre la transformación de Barcelona entre las exposiciones universales de 1888 y 1929 a través de la historia de Onofre Bouvila, un joven de origen humilde que llega a la ciudad y acaba convertido en un poderoso empresario.

La Barcelona que retrata Mendoza es una ciudad en plena transformación, marcada por el crecimiento económico, las grandes obras, los cambios sociales y las tensiones políticas. La novela utiliza esa evolución para contar también cómo se construye una ciudad moderna y cómo se mueven los intereses económicos y políticos a su alrededor.

Ahí es donde la elección resulta especialmente llamativa este viernes. El CPFF se ha celebrado con el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno como principal asunto de discusión. Extremadura ha participado para rechazar la propuesta de Hacienda, al igual que las comunidades gobernadas por el PP. También han votado en contra Castilla-La Mancha y Asturias. Catalunya y Canarias fueron las únicas autonomías que respaldaron el nuevo sistema.

En medio de ese debate sobre cómo se reparten los recursos entre territorios, con Catalunya como uno de los principales focos de la discusión, Manzano ha tenido delante una novela que tiene precisamente a Barcelona como protagonista.

Pero la imagen tiene su propia lectura. La consejera extremeña que acudía al Consejo para rechazar el modelo de financiación propuesto por el Gobierno tenía sobre la mesa una novela sobre la transformación de Barcelona, escrita por uno de sus autores más reconocidos. No deja de ser un detalle. Pero, en una reunión como la de este viernes, es un detalle con bastante contexto detrás.

Las víctimas del terrorismo en Extremadura han exigido este viernes que los condenados por esta “barbarie” cumplan íntegramente sus penas de prisión y han reclamado al conjunto de la sociedad firmeza para evitar que se “reescriba” el relato de los atentados. La demanda ha centrado el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo Extremeñas, un homenaje institucional al que han asistido representantes políticos, sociales, de asociaciones de afectados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El rechazo a las medidas que flexibilizan la estancia en prisión de los condenados ha sido compartido de forma explícita por el Gobierno regional. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha suscrito la crítica hacia la legislación penitenciaria y ha dejado clara la posición autonómica: “Las condenas deben cumplirse íntegramente. Desde Extremadura queremos decirlo con toda claridad: no aceptamos atajos”.

Bautista ha defendido que el homenaje no es “un acto más de la agenda”, sino una obligación de la conciencia colectiva para impedir que el paso del tiempo relegue a las víctimas al olvido. En este sentido, ha advertido de que, cuando los hechos del pasado se desdibujan, “se abre la puerta a que otros intenten construir un relato diferente”, destacando iniciativas regionales como el programa 'Educar para la convivencia' para llevar el testimonio directo de las víctimas a las aulas.

Críticas a los beneficios penitenciarios y apelación a la unidad

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz García, ha censurado que la normativa penitenciaria conceda “beneficios” a los reos por encima de los derechos de los afectados. Ruiz ha detallado que, de los 120 presos de ETA en la actualidad, solo 32 permanecen en régimen ordinario, mientras que el resto cuenta con medidas flexibilizadas, una circunstancia que, según ha denunciado, “genera dolor e incomprensión”. Asimismo, ha lamentado que los sectores políticos herederos de la violencia sean tratados como “socios preferentes” en el ámbito estatal.

Desde una perspectiva de cohesión, el presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite), José María Antón, ha pedido a la clase política trabajar para “apaciguar” el clima de crispación y ha solicitado expresamente que la memoria de los fallecidos no sea empleada como un arma o instrumento de confrontación partidista.

La lacra terrorista se ha cobrado a lo largo de la historia la vida de 63 extremeños: 55 de ellos víctimas de la banda ETA, 5 del GRAPO, dos del terrorismo yihadista y una a manos de la extrema derecha.

Durante la ceremonia se ha procedido también a la entrega de las Medallas a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura, otorgadas este año al magistrado Ángel Juanes Peces, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, la entidad Cocemfe Cáceres y la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres. Asimismo, Ainara López Frías ha recogido la Medalla a las Víctimas en representación del legado y la entereza de las familias que no llegaron a conocer a sus allegados arrebatados por la violencia.

PP y Vox han sacado adelante en la Asamblea de Extremadura la convalidación del decreto-ley de urbanismo aprobado por la Junta el pasado 28 de julio, una reforma que busca aumentar la capacidad para construir viviendas y acortar los trámites urbanísticos. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra y han reclamado que la norma se tramite como proyecto de ley para poder modificarla, entre otras cosas porque consideran que algunas de sus medidas reducen controles públicos y dan más margen a los promotores privados.

Una de las novedades con mayor impacto sobre la capacidad constructiva afecta a las terrazas cubiertas. El decreto establece que las que no superen el 30% de la superficie total de una vivienda no computarán a efectos de edificabilidad. En la práctica, esa superficie deja de consumir parte de la capacidad edificatoria de la parcela, lo que puede permitir aprovecharla para construir más superficie residencial y, cuando el resto de parámetros urbanísticos lo permita, más viviendas.

La medida no se limita a la vivienda protegida. El decreto establece además una prima específica para este tipo de vivienda: la edificabilidad podrá incrementarse excepcionalmente hasta un 20% en determinadas parcelas privadas y hasta un 30% cuando sean de titularidad pública, siempre que el incremento se destine íntegramente a vivienda protegida.

Es precisamente esta combinación de más capacidad constructiva y menos trámites la que la oposición cuestiona. El socialista Juan Ramón Ferreira ha acusado al Gobierno autonómico de “desregularizar el planeamiento urbanístico” para dejar los municipios “en manos de los promotores” y ha reclamado que se escuche a los alcaldes antes de modificar las reglas con las que se desarrollan sus ciudades y pueblos.

Más suelo y cambios de uso

El decreto introduce también los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una nueva vía para desarrollar con mayor rapidez suelo destinado a vivienda protegida. La herramienta concentra en un mismo procedimiento distintos instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística con el objetivo de reducir los plazos necesarios para poner esos terrenos en el mercado.

La reforma permite asimismo que determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios puedan pasar a acoger vivienda protegida cuando se den las circunstancias previstas por la norma. El objetivo es aprovechar terrenos o inmuebles para los que no existe demanda suficiente para el uso terciario y evitar, en determinados casos, que sea necesario modificar previamente el planeamiento urbanístico.

En el caso de los edificios de vivienda colectiva, la norma contempla también el cambio de uso residencial de determinados locales u otros elementos privativos que tenían uso terciario, siempre que las viviendas resultantes cumplan las condiciones urbanísticas y técnicas exigidas. No supone, por tanto, que cualquier local comercial pueda convertirse automáticamente en vivienda.

La oposición ha puesto el foco en la forma de acreditar esa falta de demanda de uso terciario y en el riesgo de que decisiones que afectan al planeamiento municipal queden condicionadas por las necesidades de quienes promueven vivienda.

Menos licencia y más certificación privada

Otro de los cambios más relevantes afecta a la primera ocupación de los edificios. El decreto sustituye la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Esto permite que el inmueble pueda utilizarse desde la presentación de la documentación exigida, aunque el ayuntamiento mantiene después la obligación de comprobar que se cumplen las condiciones y puede realizar las inspecciones correspondientes.

Para Unidas por Extremadura, esta fórmula plantea dudas sobre hasta dónde llega la reducción de controles. Su diputada Alba Soto ha advertido de que “agilizar” no puede significar reducir el control público y ha reclamado distinguir entre eliminar burocracia innecesaria y rebajar las garantías administrativas.

El decreto crea además las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), entidades privadas autorizadas para comprobar determinados proyectos y documentos y certificar su adecuación a la normativa. La Junta sostiene que servirán como apoyo técnico para acelerar expedientes sin sustituir las competencias de los ayuntamientos.

La oposición ve, sin embargo, el riesgo de que se genere una doble velocidad en la tramitación urbanística. Ferreira ha cuestionado que un promotor con capacidad económica pueda recurrir a una entidad privada para acelerar sus expedientes mientras otros tengan que esperar a unos servicios públicos que, según ha denunciado, están “saturados y faltos de personal”. Soto ha planteado una crítica similar y ha reclamado que la reforma se tramite como proyecto de ley para poder debatir y modificar sus medidas.

PP y Vox defienden que hay que construir más

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido el decreto como una respuesta a una situación que considera evidente: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, y los municipios se encuentran con procedimientos urbanísticos demasiado lentos para poner suelo en el mercado.

El Gobierno extremeño sitúa por ello la simplificación urbanística como eje de la reforma y sostiene que la reducción de plazos y trámites permitirá aumentar la oferta residencial.

El PP ha respaldado esta argumentación. Su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha acusado al PSOE de hacer una «pirueta» para justificar su rechazo a una norma que, según ha defendido, responde también a demandas planteadas por alcaldes socialistas para poder aprobar planeamiento y poner suelo a disposición de los ciudadanos con mayor rapidez.

Vox, por su parte, ha defendido una reforma más profunda del modelo de vivienda. Ángel Pelayo ha responsabilizado a «años de equivocadas políticas de izquierda» de las dificultades para acceder a una vivienda y ha reclamado la derogación de la Ley estatal de Vivienda.

El diputado de Vox ha defendido que para solucionar el problema es necesario disponer de suelo, hacer viables las promociones y reducir los tiempos administrativos, pero también garantizar «márgenes suficientes» para que administraciones, cooperativas, promotores y particulares puedan tomar decisiones que hagan posible la construcción de nuevas viviendas.

PSOE y Unidas han coincidido en que la necesidad de aumentar la oferta de vivienda no justifica, a su juicio, aprobar por decreto y sin tramitación parlamentaria ordinaria cambios que afectan al planeamiento de los municipios. Por ello han pedido que el texto se tramite como proyecto de ley, una petición que PP y Vox han rechazado junto con la convalidación de la norma.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha cargado este viernes contra la gestión del Gobierno de María Guardiola durante el pleno de la Asamblea y ha asegurado que el Ejecutivo de PP y Vox es “mucho peor que el anterior”.

Cotrina ha sostenido que el “cambio” que Guardiola prometió al llegar a la Junta no se está traduciendo en una mejora para los extremeños y ha señalado como ejemplos los problemas de la sanidad, el transporte escolar y la prevención de incendios. “El cambio debe estar asociado siempre a la gestión y su gestión hoy es pobre”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha criticado especialmente la situación de la sanidad extremeña, aludiendo a las demoras para acceder a pruebas diagnósticas, los problemas registrados en las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres y las dimisiones de responsables sanitarios.

También ha cuestionado la gestión de las rutas de transporte escolar a pocos días del inicio del curso y ha reprochado a la Junta que siga recurriendo a la “herencia recibida” para explicar los problemas de la comunidad. “Ya son casi cuatro años de gobierno del PP”, ha señalado.

Cotrina ha reclamado además a Guardiola que escuche a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios y ha cuestionado que las medidas anunciadas por la Junta tras los incendios se estén ejecutando. Además, como informó elDiario.es Extremadura, en 2024 quedaron sin ejecutar 44 millones de euros de los 90 presupuestados para prevención de incendios, ha recordado.

Guardiola reivindica su gestión

La presidenta de la Junta ha respondido defendiendo la actuación de su Gobierno y ha recurrido al resultado de las elecciones autonómicas del pasado diciembre como respaldo a su gestión. Guardiola ha recordado que los extremeños decidieron entonces que continuara al frente del Ejecutivo regional.

“Han dicho que querían que siguiera siendo la presidenta de todos”, ha señalado, antes de acusar al PSOE de dibujar una Extremadura “apocalíptica” y de repetir “el discurso de Madrid”.

Guardiola también ha defendido la evolución de la sanidad y ha asegurado que actualmente cuenta con 1.167 profesionales más y 700 millones de euros adicionales respecto a hace tres años. En materia de empleo, ha reivindicado igualmente la reducción del paro y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social.

La presidenta ha rechazado las críticas sobre la prevención de incendios y ha asegurado que su Gobierno dedica “más recursos y más inversión que nunca” a la prevención y extinción.

El debate entre ambos dirigentes ha derivado también hacia la polémica por las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, de Vox, sobre las movilizaciones de apoyo a Ceuta. Cotrina ha pedido a Guardiola que lo desautorice por haber hablado de una “mafia socialista”.

Guardiola, por su parte, ha reprochado al líder socialista que no acudiera a las concentraciones celebradas el miércoles en apoyo a Ceuta y le ha preguntado: “¿Dónde estaba usted el miércoles a las ocho de la tarde?”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este viernes en la Asamblea que la comunidad autónoma “va a apoyar a Ceuta dentro de sus competencias” ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Guardiola ha defendido que su Gobierno “no da la espalda ni mira para otro lado ante el sufrimiento de los ceutíes”, aunque ha rechazado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilice la solidaridad de las comunidades autónomas para “eludir su responsabilidad”.

La cuestión ha surgido durante una pregunta de Unidas por Extremadura sobre la respuesta de la Junta ante la situación de Ceuta. La diputada Nerea Fernández Cordero ha reprochado a Guardiola que Extremadura votara en contra del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia que contemplaba la movilización de 25 millones de euros para la ciudad autónoma.

Fernández Cordero ha confrontado esta posición con las declaraciones realizadas por Guardiola el pasado 27 de agosto, cuando la presidenta aseguró que su Gobierno no había rechazado recursos para Ceuta. La diputada ha sostenido que una comunicación remitida por el Ejecutivo extremeño al Ministerio recoge, sin embargo, el rechazo de la comunidad al acuerdo. “Una, usted miente. Dos, su vicepresidente tomó la decisión sin consultarla. O tres, todas las opciones son correctas”, ha planteado Fernández Cordero a la presidenta.

La diputada de Unidas por Extremadura también ha cuestionado que la Junta no haya ofrecido acogida a menores procedentes de Ceuta y ha reclamado a Guardiola que actúe ante lo que ha definido como una “crisis humanitaria”.

Guardiola: “Extremadura va a aportar todo aquello que sea necesario”

La presidenta ha respondido que Extremadura ya ha puesto recursos a disposición de Ceuta y ha señalado que la Junta envió cerca de un millar de vacunas a la ciudad autónoma, por lo que su Gobierno está dispuesto a aportar “todo aquello que sea necesario y esté en nuestra mano”.

La dirigente extremeña ha insistido, no obstante, en que las principales competencias sobre inmigración corresponden al Gobierno central. “Quien tiene la competencia en materia migratoria, quien tiene la información, aunque nos engañen como bellacos, y quien tiene la responsabilidad y los recursos para hacer frente a esta invasión, a este ataque a la soberanía nacional, es el Gobierno de España”, ha afirmado.

Guardiola ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe asumir el coste de la situación en Ceuta y ha señalado que el Gobierno central no necesita recurrir a una Conferencia Sectorial para proporcionar a la ciudad autónoma los recursos que necesite para aliviar el colapso de sus servicios públicos. “No pueden señalarme a mí ni señalar a Extremadura, que no es importante en este asunto”, ha añadido.

La presidenta extremeña ha acusado además a Unidas por Extremadura de formar parte de “esa izquierda de caviar que lo único que sabe hacer es juzgar” y ha reprochado a la formación que reclame solidaridad con Ceuta mientras mantiene, a su juicio, una posición distinta respecto a otros conflictos internacionales.

Un pleno marcado por el enfrentamiento por Ceuta

El debate sobre la situación de Ceuta ha elevado la tensión en el pleno de la Asamblea, donde Gobierno y oposición se han cruzado acusaciones sobre la falta de solidaridad con la ciudad autónoma.

El enfrentamiento entre Guardiola y Fernández Cordero ha subido especialmente de tono cuando la diputada de Unidas por Extremadura ha acusado a la presidenta de “mirar hacia otro lado mientras el Mediterráneo se convierte en el cementerio más grande que tenemos ahora mismo”. “A ustedes siempre les han gustado las fosas comunes”, ha asegurado la diputada de la coalición de izquierdas dirigiéndose a Guardiola.

La presidenta ha pedido que se retiraran esas palabras y ha acusado a Fernández Cordero de no conocer el respeto institucional ni personal, al tiempo que ha afirmado que ella y su grupo son “los únicos que supuran odio”.

El debate sobre la crisis migratoria en Ceuta ha terminado este viernes en la Asamblea de Extremadura con un duro enfrentamiento entre la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero y la presidenta de la Junta, María Guardiola, después de que la parlamentaria de izquierdas relacionara al PP con las fosas comunes.

Fernández Cordero ha acusado al Gobierno extremeño de mirar hacia otro lado ante la situación de las personas migrantes y ha comparado el Mediterráneo con “la mayor fosa común que tenemos en Europa”. “Aunque a ustedes ya sabemos que las fosas comunes siempre les han gustado”, ha añadido dirigiéndose a Guardiola.

La frase ha provocado la reacción inmediata de la presidenta extremeña, que ha reclamado a Fernández Cordero que retirase sus palabras. “Lo primero que voy a pedir, señor presidente [de la Asamblea], es que retire la acusación de que me gustan las fosas comunes”, ha exigido Guardiola. La presidenta ha reprochado a la diputada que no conociera “el respeto, ni el institucional ni el personal” y ha añadido: “Lo primero que tendría que hacer, si tuviera algo de dignidad y de vergüenza, sería retirarlo”.

Guardiola ha acusado además a Unidas por Extremadura de ser el único grupo que “insufla odio” y ha situado la responsabilidad del enfrentamiento político en la propia formación de izquierdas.

El choque ha obligado a intervenir al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, que ha pedido a Fernández Cordero que retirase la afirmación. Finalmente, la Presidencia de la Cámara ha anunciado que la expresión sería retirada del diario de sesiones.

El encontronazo se ha producido en el marco de una pregunta de Unidas por Extremadura a Guardiola sobre la situación de Ceuta y la respuesta de la Junta ante la llegada de personas migrantes. Fernández Cordero ha comenzado su intervención apelando a la responsabilidad ante lo que ha definido como una “crisis humanitaria” y ha criticado el discurso que presenta la llegada de migrantes como una amenaza.

La diputada también ha cuestionado la posición de la Junta ante el acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Juventud e Infancia para movilizar 25 millones de euros destinados a Ceuta, y ha reprochado a Guardiola que Extremadura rechazara el acuerdo.