La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 30 de octubre, a las 15:00 horas, el dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, que permanecerá activo hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre. La previsión oficial contempla un total de 97.000 desplazamientos por la red viaria extremeña, de los cuales 58.200 corresponden a la provincia de Badajoz y 38.800 a la provincia de Cáceres. Este operativo de seguridad vial adquiere un cariz excepcional este año debido a la necesidad de vigilar de cerca los principales ejes viarios con origen o destino en Andalucía, a raíz de la suspensión del servicio ferroviario provocada por el accidente ocurrido en Urda y el previsible trasvase de viajeros al transporte por carretera.

Las arterias que registrarán una mayor concentración de vehículos durante todo el fin de semana largo serán la A-5, la A-66 y la N-430 en la provincia de Badajoz, mientras que en el territorio cacereño el flujo se centrará en la A-5, la A-66 y la EX-A1. En la provincia de Cáceres, Tráfico advierte de posibles retenciones en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, especialmente en sentido Madrid durante las horas de retorno, así como en la N-110 a su paso por Cabezuela del Valle.

La DGT recuerda la importancia de extremar la precaución en aquellos tramos que actualmente cuentan con trabajos de mantenimiento o acondicionamiento viario. En la provincia de Cáceres destacan las actuaciones en la A-66 en el término municipal de Baños de Montemayor, situadas entre los kilómetros 428 y 432. Por su parte, en la provincia de Badajoz se ha establecido circulación alterna debido a obras en las carreteras autonómicas EX-104, EX-105, EX-209 y EX-300.

Para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico, el dispositivo cuenta con la participación de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico y equipos de conservación y emergencia. La vigilancia se apoya en el despliegue de radares fijos y móviles, helicópteros, drones y cámaras de control de infracciones. Asimismo, ante momentos de gran densidad circulatoria, se prevé la posibilidad de habilitar carriles reversibles y adicionales o establecer itinerarios alternativos. Desde el organismo se insiste en la recomendación de consultar el estado de las carreteras y las incidencias en tiempo real a través de la plataforma oficial antes de iniciar cualquier trayecto.

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en el municipio pacense de Ribera del Fresno para tratar de localizar a un vecino de 59 años del que no se tienen noticias desde hace tres días.

La alerta saltaba este pasado martes, momento en el que la hermana del desaparecido formalizó la correspondiente denuncia ante las fuerzas de seguridad, según han confirmado fuentes del instituto armado. Desde ese instante, los agentes mantienen desplegadas las labores de rastro e inspección en el término municipal.

Aunque las actuaciones del operativo se concentran inicialmente en el entorno urbano y los parajes de Ribera del Fresno, la Guardia Civil contempla ampliar el radio de rastreo a otras zonas limítrofes o comarcas adyacentes a medida que avance la investigación y en función de los indicios que aporte el dispositivo de búsqueda.

Dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Cáceres se han sumado a los trabajos de autopsia e identificación de las víctimas mortales del grave accidente ferroviario registrado en la localidad toledana de Urda. La delegación extremeña forma parte del operativo de apoyo desplazado a la zona para acelerar la gestión forense tras el siniestro.

Según los datos facilitados por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido a raíz del accidente, las sedes del Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real han recibido hasta el momento 69 cadáveres. De ellos, los equipos médicos han completado ya 48 autopsias en unas jornadas en las que se trabaja de forma ininterrumpida para esclarecer la causa de los fallecimientos y verificar la identidad de los ocupantes del tren.

A este balance provisional de 69 víctimas mortales se suma el fallecimiento de una persona que ingresó en estado grave en el hospital de Ciudad Real y cuya autopsia ha sido practicada en esa misma sede judicial. Por el momento, la Guardia Civil ha notificado formalmente a las familias cinco identificaciones concluidas (tres mujeres y dos hombres), todas ellas practicadas mediante el cotejo de huellas dactilares a cargo del Servicio de Criminalística del instituto armado.

Las comandancias de la Guardia Civil de varias provincias —entre ellas Toledo, Madrid, Sevilla, Ciudad Real y Logroño— han recogido un total de 70 denuncias presentadas por familiares de personas desaparecidas tras el impacto. Del total de alertas formuladas, dos personas han podido ser localizadas con vida en las últimas horas.

El despliegue científico y sanitario en Toledo reúne a doce forenses del instituto local, seis de Ciudad Real, los dos profesionales trasladados desde Cáceres y dos asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El dispositivo se completa con técnicos en autopsias procedentes de Albacete y Guadalajara, personal del Instituto Nacional de Toxicología encargado de los análisis de ADN post mortem, así como un equipo de psicólogas de atención a las familias y el soporte logístico de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Una usuaria que reclamaba una indemnización de 143.964,13 euros al Servicio Extremeño de Salud (SES) se ha quedado sin compensación económica. La Comisión Jurídica de Extremadura ha emitido un dictamen desfavorable a su petición tras concluir que las lesiones que padece, como el desplazamiento de una prótesis de rodilla y la rotura de una costilla, no se debieron a una mala praxis del conductor de la ambulancia, tal como ella sostenía.

Los hechos se remontan a septiembre de 2022 en la zona de Consultas Externas del Hospital de Mérida. En su reclamación, la mujer aseguraba que el técnico realizó una maniobra incorrecta al bajar la silla de ruedas de un bordillo, provocando que volcara hacia adelante y cayera violentamente al suelo. Asimismo, recriminaba al profesional que no la hubiera derivado a urgencias tras el supuesto percance.

Sin embargo, el informe de la empresa concesionaria del transporte sanitario, Ambuvital, dio un vuelco total al relato al ser respaldado por varios testigos presenciales, entre ellos compañeros del chófer, una celadora del hospital y una auxiliar de enfermería. Según su versión, la paciente sufrió el percance de manera totalmente ajena al servicio: se le cayó el teléfono móvil al suelo y, al inclinarse bruscamente hacia delante para recuperarlo, se escurrió y cayó de lado.

Los testigos corroboraron que, tras el incidente, se le ofreció asistencia médica inmediata en el propio centro hospitalario, una opción que la afectada rechazó por encontrarse bien. Durante el trayecto a su vivienda mantuvo una conversación normal y el asunto quedó en manos de los servicios jurídicos, que ahora han zanjado el caso al no haberse acreditado negligencia alguna por parte de la administración sanitaria.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mérida al presunto autor de un ciberataque masivo contra los sistemas del Servicio Extremeño de Salud (SES). El arrestado logró vulnerar la seguridad del portal sanitario para acceder a la información confidencial de 18.416 pacientes, entre los que se encuentra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con la intención de comercializarla en foros ilícitos.

La investigación se puso en marcha a raíz de la denuncia presentada por el propio SES tras detectar el pasado 5 de octubre una intrusión no autorizada en sus infraestructuras informáticas. Según los análisis técnicos, el ciberdelincuente lanzó un ataque automatizado y masivo desde un servidor virtual anónimo alojado en el extranjero contra la plataforma Centro de Salud Online (CSOnline), logrando sustraer más de 334.000 registros médicos correspondientes a aproximadamente el 1% de los usuarios de la sanidad pública de la región.

Tras complejas indagaciones informáticas, los agentes especializados lograron rastrear las conexiones hasta dar con el presunto responsable en la capital extremeña. En el registro practicado en su domicilio, la Policía Nacional intervino equipos de altas prestaciones en los que halló las huellas digitales del ataque y la totalidad de la base de datos robada.

La información comprometida incluía fichas personales, documentos y una base de datos indexada en la que figuraba el historial clínico detallado de los afectados, con diagnósticos, enfermedades y tratamientos, todo ello minuciosamente clasificado por año de nacimiento y código de identificación. Entre los ciudadanos que han recibido la notificación oficial de que sus datos fueron vulnerados figura la propia jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola.

Refuerzo de la seguridad y avisos a los afectados

Desde la Administración autonómica se ha precisado que la vía de entrada empleada por el hacker ya ha sido identificada y se han aplicado de forma inmediata las medidas correctoras necesarias para blindar de nuevo las plataformas digitales del servicio de salud.

El incidente fue comunicado en su día a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), registrado a través de la herramienta LUCIA del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y denunciado formalmente ante la Policía Nacional. Paralelamente, el SES ha procedido a notificar de forma individualizada a todos los afectados a través de mensajes SMS, la propia plataforma online, correo electrónico y carta postal.

La intervención policial ha permitido recuperar la totalidad de las copias de seguridad de las bases de datos y bloquear su difusión o venta en redes clandestinas. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta la implicación del detenido en otros ciberataques contra distintas instituciones. Asimismo, la Junta de Extremadura ha habilitado el correo electrónico dpd@salud-juntaex.es para que los usuarios puedan resolver cualquier duda relacionada específicamente con la protección de sus datos.

La Guardia Civil investiga a una persona en la provincia de Cáceres como presunta autora de un delito de sustracción de 500 euros en el cajero automático de una entidad bancaria. El investigado aprovechó que el usuario anterior, un vecino que acudió a comprobar el cobro de su pensión, abandonó el terminal sin haber cerrado la sesión de manera correcta.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Garrovillas de Alconétar. Según el relato del afectado, acudió a la sucursal para consultar el saldo de su cuenta y verificar si se le había ingresado la pensión. Tras realizar la comprobación, abandonó el lugar sin percatarse de que presuntamente no había finalizado la operativa. Esta circunstancia fue aprovechada por la persona que accedió inmediatamente después al cajero para realizar una extracción de 500 euros a cargo de la cuenta del pensionista.

El afectado no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta la mañana siguiente, cuando regresó a la misma oficina bancaria con la intención de retirar efectivo y detectó en sus movimientos un reintegro de 500 euros que no reconocía. Tras trasladar la incidencia a la dirección de la sucursal, la entidad realizó las comprobaciones internas oportunas y puso el caso en conocimiento de la Guardia Civil.

Identificado por las cámaras de seguridad

Los agentes encargados de la investigación solicitaron las grabaciones del sistema de videovigilancia de la entidad bancaria. El análisis de las imágenes permitió identificar con claridad al presunto responsable de la extracción indebida.

Tras ser localizado por la Guardia Civil, el investigado colaboró con los agentes e hizo entrega voluntaria de los 500 euros sustraídos, que ya han sido recuperados y devueltos a su legítimo propietario.

Consejos de prevención al operar en cajeros

A raíz de este suceso, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones al utilizar cajeros automáticos, con especial énfasis en el colectivo de personas mayores. Entre las principales recomendaciones del instituto armado se insiste en verificar siempre que la sesión se ha cerrado correctamente antes de abandonar la terminal, asegurándose de que la pantalla ha vuelto al menú inicial y de que no queda ningún proceso abierto.

Asimismo, se aconseja revisar con frecuencia los extractos y movimientos de las cuentas bancarias para detectar cualquier transacción no autorizada con la mayor celeridad posible.

Por último, los agentes recuerdan que no se debe aceptar ayuda de personas desconocidas durante el uso del cajero y que, ante cualquier incidencia técnica o duda, se debe acudir únicamente al personal de la sucursal o contactar con la entidad a través de sus canales oficiales.

Los hospitales de la provincia de Cáceres ya no cuentan con ningún paciente ingresado por legionelosis tras confirmarse la salida del último afectado que permanecía en el Complejo Hospitalario Universitario de la capital cacereña. Así lo ha notificado este jueves el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha confirmado el alta de este paciente y ha señalado que no se han detectado nuevos positivos en las últimas horas.

La situación asistencial se da así por estabilizada tras la alarma generada el pasado martes, cuando las autoridades sanitarias hicieron pública la existencia de 16 casos de legionela en la provincia. En ese momento, seis de los afectados precisaban atención en planta (cinco en el hospital de Cáceres y uno en el Hospital de Coria). Sin embargo, a lo largo de esa misma jornada de martes, la evolución favorable de los pacientes permitió dar el alta progresiva a cinco de ellos, dejando la cifra en un único ingresado hasta esta mañana.

Sin fuente común de infección

El departamento autonómico de Salud Pública ha reiterado que esta agrupación de contagios no se puede considerar técnicamente un brote epidémico, al no haberse confirmado una fuente o vector común de infección entre las personas afectadas.

Las autoridades sanitarias consideran lo sucedido como una “agregación de casos” diseminados geográficamente en la provincia. No obstante, y pese a la ausencia de nuevos diagnósticos y la liberación de las camas hospitalarias, los protocolos de vigilancia epidemiológica y ambiental se mantendrán activos en las zonas afectadas para analizar las redes de suministro y otras instalaciones de riesgo.

La sociedad extremeña se ha volcado este miércoles en muestras de dolor, solidaridad y pésame hacia las víctimas y heridos del grave accidente ferroviario acontecido en las proximidades de la estación de Urda (Toledo), tras la colisión entre un tren AVE y una unidad de Iryo. La magnitud de la tragedia, que se ha cobrado la vida de 64 personas, según la última cifra del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha paralizado por completo la agenda institucional, cultural y deportiva en la comunidad autónoma.

A lo largo de toda la jornada, las llamadas al duelo y las manifestaciones de condolencia se han multiplicado desde todos los estamentos de la región. El Gobierno autonómico, la Asamblea de Extremadura, consistorios de ambas provincias, formaciones políticas, organizaciones sindicales, empresariales y estamentos religiosos han hecho público su profundo pesar por el siniestro.

Minutos de silencio en ayuntamientos y el pleno de la Asamblea

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha realizado un llamamiento oficial para celebrar concentraciones silenciosas a las 20:00 horas de este miércoles a las puertas de las casas consistoriales de todo el país. La práctica totalidad de los municipios de Badajoz y Cáceres, incluyendo las cabeceras autonómicas y provinciales como Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Almendralejo, han llamado a la ciudadanía a sumarse a estos actos de homenaje a las víctimas.

Por su parte, la Asamblea de Extremadura, que ha desarrollado desde primera hora de la mañana la sesión plenaria dedicada al debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos para 2027, ha anunciado que guardará un minuto de silencio oficial a la conclusión del pleno en señal de luto.

Suspensiones institucionales, culturales y deportivas

La gravedad de los acontecimientos ha obligado a suspender numerosos actos públicos programados para la tarde de este miércoles en la región. La Delegación del Gobierno ha cancelado toda su actividad oficial, lo que ha pospuesto el acto formal de toma de posesión de la nueva delegada del Ejecutivo central en Extremadura, María Teresa Macías, fijado inicialmente para las 17:00 horas en la ciudad de Badajoz.

En el ámbito deportivo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado el aplazamiento sine die de los encuentros coperos previstos para este miércoles. La medida afecta directamente a la eliminatoria entre el CD Badajoz y el CD Tenerife, que iba a disputarse esta tarde en el estadio Nuevo Vivero.

Por su parte, en el terreno social y cultural, la Diputación de Cáceres ha suspendido la entrega de los Premios PIE Plus 2026 al Emprendimiento en el Complejo Cultural San Francisco. Asimismo, UGT Extremadura ha pospuesto la inauguración de la exposición ‘Mujer y Trabajo en España’, prevista en el Museo del Movimiento Obrero de la capital cacereña.

En el ámbito eclesiástico, la Diócesis de Coria-Cáceres ha remitido un comunicado oficial donde expresa su “profundo dolor” ante la tragedia, sumándose a las plegarias y mensajes de consuelo trasladados por las distintas entidades sociales y representativas de la comunidad extremeña.

Una mujer de 38 años ha perdido la vida este martes por la tarde tras registrarse un grave accidente de tráfico en la carretera N-432, en las inmediaciones de la localidad pacense de Usagre. Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro ha consistido en una colisión frontal entre un turismo y un vehículo articulado.

El choque ha tenido lugar sobre las 15:30 horas del martes a la altura del kilómetro 98,350 de la citada vía. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de urgencia una unidad medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud, dotaciones de bomberos del Consorcio de la Diputación de Badajoz y equipos de mantenimiento de carreteras del Centro de Urgencias y Emergencias 112. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios, no se ha podido hacer nada por salvar la vida de la conductora.

Por otro lado, la red viaria extremeña ha registrado esta misma tarde un segundo percance en la autovía A-66, dentro del término municipal de Cáceres. El accidente ha ocurrido en el punto kilométrico 556 en sentido norte y ha consistido en la salida de vía por el margen derecho de un turismo.

Como consecuencia de este segundo impacto, el único ocupante del vehículo, un hombre de 60 años, ha resultado herido y ha tenido que ser evacuado por los servicios de emergencia al Hospital Universitario de Cáceres. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la regulación del tráfico y del atestado de ambos siniestros.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado el alta hospitalaria de cinco de los seis pacientes que permanecían ingresados en centros de la provincia, por lo que únicamente una persona continúa hospitalizada en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

Sanidad había informado en la mañana del martes de que la cifra total de personas afectadas ascendía a 16. De ellas, seis requerían cuidados en planta (cinco en la capital cacereña y una en el Hospital de Coria). La buena evolución clínica de los ingresados, a pesar de contar con patologías previas, ha permitido tramitar las altas previstas a lo largo de la tarde.

Respecto a la naturaleza de los contagios, el SES precisa que el escenario actual no se considera técnicamente un brote, al no haberse certificado un punto de origen o fuente de infección compartida. Las autoridades lo definen como una “agregación de casos comunitaria”, que engloba a dos o más personas conectadas geográficamente por residencia, trabajo o desplazamientos en la zona con síntomas aparecidos en un plazo de tres meses.

Los técnicos de salud pública mantienen abiertos los protocolos de vigilancia epidemiológica y ambiental para determinar si el origen de las bacterias se encuentra en entornos privados o en instalaciones de uso comunitario. Hasta el momento, se han inspeccionado todos los puntos e instalaciones identificados como posibles focos de exposición para descartar riesgos adicionales.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado de forma íntegra las penas de prisión que suman 76 años de cárcel para el propietario del Gran Circo África y dos de sus hijos. La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado tanto los recursos planteados por las defensas como el presentado por la Fiscalía, validando punto por punto el fallo que dictó la Audiencia Provincial de Cáceres en mayo.

La resolución judicial da por probada la pesadilla que vivió una familia compuesta por una pareja y sus dos hijos menores de edad desde su llegada al circo el último día de 2019. El dueño del espectáculo atrajo a los padres con la promesa de alojamiento, manutención, trabajo e ingresos mensuales de 300 euros. Las condiciones pactadas jamás se cumplieron: los adultos terminaron hacinados en una caravana sin suministro de agua ni electricidad, sometidos a jornadas de trabajo abusivas, sin descanso y sin cobrar la cuantía fijada.

Durante su estancia en Cáceres, los cuatro miembros de la familia sufrieron agresiones físicas, amenazas, insultos y humillaciones constantes por parte de los tres condenados. El relato de hechos constatado por la justicia detalla además agresiones sexuales continuadas a los dos menores a manos de los dos hijos del dueño, que llegaron a grabar algunos de los episodios con sus teléfonos móviles.

Las mayores penas recaen sobre los hijos del propietario. A uno de ellos le corresponden 40 años y nueve meses de cárcel por delitos de agresión sexual a menores de 16 años, elaboración de pornografía, trato contra la integridad moral y vulneración de los derechos de los trabajadores. Su hermano cumplirá una condena acumulada de 30 años y tres meses por agresiones sexuales y vejaciones. Con todo, la ley fija que el tiempo máximo de cumplimiento efectivo en prisión no rebasará los 20 años. Ambos afrontan también ocho años de libertad vigilada, inhabilitación y la prohibición expresa de acercarse o comunicarse con las víctimas.

Por su parte, el patriarca y dueño de la carpa ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad moral, además del pago de una multa. Las víctimas recibirán indemnizaciones que suman 180.000 euros, repartidos en 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 para cada uno de los dos menores.

En su apelación, la Fiscalía solicitaba incorporar condenas por delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual. Sin embargo, el TSJEx concluye que la descripción de los hechos probados no permite añadir esos tipos penales sin alterar el relato que fijó la Audiencia de Cáceres. Los magistrados sostienen que los abusos laborales ya quedan encajados en el delito contra los derechos de los trabajadores y que la grabación del material pornográfico responde a un hecho puntual sin prueba de difusión comercial ni red de explotación. La sentencia absuelve definitivamente a una cuarta investigada al no haber sido recurrida su situación.

Un vecino de la localidad pacense de Montijo con un amplio historial delictivo ha sido detenido por la Guardia Civil tras ser sorprendido con una importante cantidad de droga oculta en su vehículo. La intervención tuvo lugar el pasado viernes durante un operativo rutinario de vigilancia y prevención de la seguridad ciudadana desplegado en el municipio, cuando los agentes de patrulla detectaron maniobras e imprecisiones en la circulación de un turismo que despertaron de inmediato sus sospechas.

Tras darle el alto e identificar al conductor, los efectivos del Instituto Armado procedieron al registro del habitáculo, donde hallaron una bolsa de plástico que contenía 39 gramos de cocaína en polvo. Según los cálculos de los investigadores, esta partida habría permitido la elaboración y puesta en circulación de unas 180 dosis en el mercado ilícito. Junto a la sustancia estupefaciente, la patrulla requisó un total de 820 euros en billetes fraccionados cuya procedencia, según las primeras hipótesis policiales, guarda relación directa con la venta previa de droga.

El sospechoso fue arrestado en el acto como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias en las dependencias policiales, el detenido y el material incautado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en los juzgados de instrucción de Montijo.

La Diputación de Cáceres pondrá en marcha durante los meses de noviembre y diciembre la octava edición del programa 'Senior y Saludable', una iniciativa que permitirá a cerca de 1.620 personas mayores de la provincia disfrutar de jornadas de relax, turismo de salud y convivencia en cuatro balnearios cacereños. La diputada de Turismo, Elisabeth Martín, acompañada por la directora del Balneario de Baños de Montemayor, Elisa Cruz, ha presentado este proyecto que busca dinamizar la economía de los municipios rurales durante los meses de otoño al tiempo que fomenta el bienestar entre la población sénior.

El programa se desarrollará en los recintos termales de Baños de Montemayor, El Salugral en Hervás, Fuentes del Trampal en Montánchez y el Balneario del Valle del Jerte en Valdastillas. Cada participante podrá disfrutar de un circuito termal de 90 minutos adaptado a su estado de salud tras una valoración previa, además de participar en charlas divulgativas, talleres lúdicos, visitas culturales por los entornos de cada comarca y un almuerzo saludable compartido con el resto de asistentes.

Más allá del beneficio físico del termalismo, desde la institución provincial destacan el impacto que tienen estas jornadas para combatir la soledad no deseada y afianzar los lazos sociales entre vecinos de distintas comarcas. Por su parte, la representación de los centros termales ha remarcado la importancia de esta iniciativa para dar a conocer los recursos turísticos y de salud de la provincia en una época de menor afluencia, logrando además consolidar a muchos de los usuarios como clientes habituales.

La iniciativa, financiada con 105.000 euros por la Diputación, está dirigida a residentes de las 16 mancomunidades de la provincia cacereña, así como de los municipios de Coria, Moraleja, Navalmoral de la Mata y Malpartida de Plasencia. Las inscripciones y la logística para los desplazamientos se canalizan directamente a través de los respectivos ayuntamientos y mancomunidades que colaboran en la organización de los viajes desde cada localidad.

El área de salud de Cáceres concentra en estos momentos un foco de preocupación sanitaria tras confirmarse ocho de los 12 casos de legionelosis notificados en la región durante la semana 42 de este año. Cuatro de los pacientes afectados permanecen ingresados en el Hospital San Pedro de Alcántara, aunque desde la administración sanitaria se precisa que presentan patologías previas de base. En el conjunto de la comunidad autónoma, el balance de esa misma semana se completa con un caso en Badajoz, otro en Coria, uno en Don Benito-Villanueva de la Serena y otro en Navalmoral de la Mata.

La difusión de estos datos se produce después de que varios profesionales sanitarios alertaran a este periódico sobre la presencia de pacientes con sospecha clínica de legionelosis en el área cacereña. Ante estas informaciones, elDiario.es Extremadura se dirigió el pasado 20 de octubre al Servicio Extremeño de Salud (SES) para indagar sobre la existencia de posibles contagios. En aquel momento, la administración argumentó que los expedientes aún no estaban validados formalmente.

Sin embargo, tras la confirmación posterior de los diagnósticos, el SES tampoco informó, pese a haber manifestado que comunicaría cualquier novedad. La trascendencia de estos contagios ha aflorado finalmente tras la actualización del boletín epidemiológico semanal de Salud Pública.

Desde la administración sanitaria subrayan que la situación actual no está catalogada como un brote epidémico, sino que se trata de una “agregación comunitaria de casos”. Esta clasificación se aplica cuando existen dos o más afectados vinculados geográficamente por su lugar de residencia o actividad, pero sin que los equipos de inspección hayan podido certificar todavía una fuente común de infección ambiental.

Para abordar este escenario, el SES mantiene activo e intensificado el Plan Especial de Vigilancia en Cáceres, un programa implantado tras los episodios de legionelosis sufridos en la ciudad en 2016, 2022 y 2023. Este dispositivo refuerza el control ambiental e incluye la revisión exhaustiva de instalaciones susceptibles de generar aerosoles, como torres de refrigeración, redes de distribución de agua o fuentes ornamentales, así como la toma de muestras y el rastreo epidemiológico. Por el momento, la Junta de Extremadura reconoce que no se ha establecido ninguna vinculación concluyente entre los afectados, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

El repunte registrado en la semana 42 sitúa la incidencia semanal de la región en 1,14 casos por cada 100.000 habitantes, con disparidades territoriales muy acusadas: el área de Cáceres alcanza una tasa de 4,28 y Coria de 2,47, ambas muy por encima de la media regional. La cifra global de 12 casos contrasta con el único contagio registrado en la misma semana del año anterior y supera la media histórica de los últimos cinco años para estas fechas (0,72 casos).

Con esta última actualización, Cáceres encabeza el acumulado anual de 2026 en Extremadura con 19 diagnósticos. Le siguen Badajoz, Don Benito-Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata con seis casos cada una, Plasencia con cinco, Mérida con cuatro, Llerena-Zafra con dos y Coria con un único positivo en lo que va de ejercicio.

La brecha entre la urgencia de los cuidados y la lentitud de la administración vuelve a dejar un balance trágico en Extremadura. Un total de 1.131 personas murieron atrapadas en la burocracia de la Ley de Dependencia durante los nueve primeros meses de 2026, según refleja el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia.

El dato más sangrante de este balance recae sobre la fase inicial del procedimiento: de la cifra total de fallecidos, 485 extremeños murieron sin haber llegado a recibir siquiera la valoración técnica de su grado de dependencia. Los 646 restantes fallecieron con el expediente ya resuelto y el derecho reconocido, pero a la espera de que se materializase la prestación o el servicio correspondiente.

Con estos registros, Extremadura se sitúa como la quinta comunidad autónoma de España con mayor número de fallecimientos en lista de espera en lo que va de año.

Un colapso administrativo que supera los plazos legales

A cierre del tercer trimestre, el 'limbo' de la dependencia en la región alcanza a 8.134 personas, quienes aguardan desde que registraron su solicitud hasta la efectividad de la ayuda. Esto supone que el 13,1% de los solicitantes extremeños permanece pendiente de algún trámite, una cifra sensiblemente superior a la media nacional, fijada en el 9,8%.

Aunque la lista de espera global se redujo un 3,4% en la comunidad entre enero y septiembre, el ritmo de tramitación regional se queda a más de cinco puntos del promedio español, donde el recorte fue del 8,3%.

La legislación estatal fija en seis meses (180 días) el plazo máximo para tramitar y resolver las solicitudes. Sin embargo, el tiempo medio de espera en Extremadura ha ascendido a 277 días, lo que representa 13 días más que a comienzos de año. Mientras el conjunto de España ha logrado acortar sus plazos de tramitación en 48 días en lo que va de 2026, en el sistema autonómico los tiempos de tramitación continúan al alza.

Lejos de las autonomías cumplidoras

Los datos del Observatorio sitúan a Extremadura lejos de las seis comunidades autónomas que logran resolver los expedientes dentro del margen legal de 180 días: Aragón (109 días de demora media), Castilla y León (120), País Vasco (130), La Rioja (130), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (169).

Esta dilatación en los trámites sigue obligando a cientos de familias extremeñas a asumir de manera privada o con recursos propios los costes y cuidados de sus familiares vulnerables, en muchos casos sin que la ayuda pública llegue a tiempo.

Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la comunidad autonómica registraron un fuerte repunte de la actividad penal durante el segundo trimestre del año. Según los datos oficiales del informe trimestral elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las denuncias por violencia machista en Extremadura se dispararon un 27,9% entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando un total de 1.019 procedimientos iniciados.

El balance judicial revela que los órganos judiciales extremeños atendieron en este periodo a un total de 834 mujeres víctimas de violencia de género, lo que representa un incremento del 11,3% respecto a las 750 contabilizadas entre abril y junio de 2025. Del conjunto de víctimas registradas en la región, 748 tenían nacionalidad española y 67 eran ciudadanas extranjeras, sin que se haya contabilizado ninguna víctima menor de edad en este tramo del año. La tasa autonómica se sitúa en 15,6 víctimas por cada 10.000 mujeres, un indicador que, pese a subir ocho décimas respecto al año pasado, se mantiene por debajo de la media nacional, fijada en 20 víctimas.

A pesar del notable incremento en las denuncias tramitadas, el informe refleja una preocupante caída en las medidas cautelares de protección. Las secciones judiciales con competencia en violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia de la región registraron un total de 164 solicitudes de órdenes de protección, cifra que supone un desplome del 26% en comparación con el segundo trimestre de 2025. De esas solicitudes presentadas por las víctimas o por la Fiscalía, los jueces acordaron finalmente 58 órdenes, lo que equivale al 64,6% de las peticiones analizadas.

El análisis de la actividad procesal muestra asimismo un marcado aumento en el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar contra su agresor. Un total de 67 víctimas decidieron no prestar declaración ante el juez, más del triple de las 21 que recurrieron a este derecho en el mismo trimestre del año pasado. En el ámbito penal, los juzgados dictaron 231 sentencias en la región, de las cuales 220 resultaron condenatorias (un 95,2% de efectividad punitiva) y 11 fueron absolutorias, mientras que la sección de menores de los Tribunales de Instancia enjuició a un único menor por delitos machistas, frente a los ocho juzgados un año antes.

A nivel estatal, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su profunda preocupación ante el incremento generalizado de los casos en toda España, donde las denuncias han crecido cerca de un 10%. Rojo ha hecho un llamamiento directo a todas las administraciones públicas y formaciones políticas para evitar retrocesos, reforzar los recursos humanos y materiales en la administración de justicia y mantener la alerta social en el entorno familiar, laboral y educativo para denunciar a tiempo y salvar vidas.

Cáceres pone el broche este viernes a una formación pionera y de alta demanda orientada a impulsar la participación de la mujer en un sector tradicionalmente masculinizado como es la construcción. Un grupo de 18 participantes ha concluido el curso presencial de construcción de bóvedas de ladrillo, una iniciativa desarrollada a lo largo de esta semana, que busca rescatar un valioso legado artesanal para aplicarlo a la edificación contemporánea dentro de la Eurorregión EUROACE.

El gran interés suscitado por la convocatoria se tradujo en más de ochenta solicitudes para las dieciséis plazas iniciales, lo que obligó a la organización a ampliar el cupo final hasta las dieciocho alumnas.

Las sesiones presenciales se han prolongado durante 30 horas repartidas en cinco días entre el Centro de Innovación y Calidad de la Edificación y la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. La enseñanza ha combinado el rigor teórico con una intensa carga práctica en la que las alumnas han trabajado directamente al aire libre, levantando arcos y estructuras en miniatura de tipo gausa con unos 140 ladrillos, reproduciendo los saberes empleados históricamente por los maestros albañiles de Extremadura y Portugal.

El programa ha estado dirigido por expertos y formadores como Máximo Portal, Manuel Fortea y José Carlos Salcedo, e incluyó visitas guiadas a distintos edificios patrimoniales de Cáceres para examinar sobre el terreno ejemplos reales de esta arquitectura popular, además de jornadas abiertas a la participación ciudadana.

Entre las asistentes figuran perfiles muy diversos que reflejan el atractivo transversal de la iniciativa, desde profesionales de la albañilería con empresa propia enfocada en la rehabilitación rural hasta arquitectas procedentes de otros países.

Desde la organización, impulsada por la fundadora de la empresa de impacto social Ella Construye, Laura Vaquero, se subraya la necesidad de dotar a las mujeres de competencias prácticas que rara vez se enseñan en las aulas convencionales, contribuyendo a recortar la brecha de género en un ámbito donde apenas un uno por ciento de los profesionales dedicados a la albañilería son mujeres.

El propósito central de este itinerario formativo reside en recuperar y preservar el conocimiento de la bóveda tabicada para evitar su desaparición, ofreciendo nuevas vías para la conservación patrimonial y la descarbonización del sector. Tal como señalan desde el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, entidad que coordina el proyecto, el uso de técnicas tradicionales con yeso de fraguado rápido y materiales locales reduce notablemente la huella de carbono embebida frente a los forjados convencionales de hormigón, aunando sostenibilidad y eficiencia energética.

Esta actuación se enmarca dentro de las actividades del proyecto transfronterizo FEENERT, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, y del Convenio EDEA CICE, y ha contado con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y PYMECON.

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cáceres a un hombre de 44 años tras protagonizar una peligrosa huida por la autovía A-5 en la que embistió de forma violenta a dos vehículos oficiales del cuerpo y a otro turismo particular. Los hechos ocurrieron el 20 de octubre, jornada en la que el arrestado acababa de abandonar las dependencias judiciales de la capital cacereña. Había acudido a los juzgados por su presunta implicación inicial en el hurto de un vehículo en la ciudad, pero, tras las medidas judiciales acordadas, presuntamente optó por sustraer otro turismo que se encontraba aparcado en la vía pública.

En cuanto la Guardia Civil tuvo constancia de este segundo robo, la Central 062 activó un dispositivo de coordinación para localizar e interceptar tanto el automóvil como a su conductor, transmitiendo toda la información en tiempo real a las distintas patrullas en servicio. Lejos de acatar las órdenes de alto de los agentes, el sospechoso aceleró la marcha e inició una huida caracterizada por una conducción calificada de extremadamente peligrosa. En el tramo final de la persecución, el conductor no dudó en embestir directamente a los dos coches patrulla y al vehículo particular, provocando importantes daños materiales, aunque sin dejar daños personales.

Gracias al seguimiento coordinado a través de varias vías de comunicación y al cierre operativo establecido por los agentes, el turismo fue interceptado de manera definitiva a la altura del municipio cacereño de Almaraz, concretamente en la autovía A-5 en sentido Madrid. La intervención policial puso fin a una huida que supuso un riesgo muy elevado tanto para la seguridad vial como para el resto de usuarios.

Al arrestado se le imputan los presuntos delitos de hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria y desobediencia grave a agentes de la autoridad, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que puedan derivarse de los daños ocasionados durante su escapada.

El detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente en el municipio de Navalmoral de la Mata para la continuación de las diligencias oportunas.

La investigación judicial por la muerte del joven cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado mes de junio descuartizado en varias bolsas de plástico en Badajoz entra en su recta decisiva. La práctica de la autopsia definitiva y el análisis de un teléfono móvil, entre otras diligencias técnicas, cerrarán la fase de instrucción, previsiblemente antes de que concluya el año.

Las bolsas con los restos mortales fueron localizadas en un paraje situado entre el barrio del Tulio y la barriada de Llera, después de que el único detenido por los hechos facilitara la ubicación exacta de las mismas. El sospechoso, responsable de una tienda ubicada en el barrio de Suerte de Saavedra, fue detenido por la Policía Nacional y confesó posteriormente el episodio en su declaración ante el juez, un suceso que en principio estaría relacionado con una deuda económica.

Fuentes judiciales han señalado a EFE que el Juzgado de Instrucción número 2 ultima las pruebas técnicas pendientes, centradas principalmente en el cotejo de un teléfono móvil perteneciente al entorno de la víctima que aún está por analizar. Asimismo, se considera fundamental conocer los resultados definitivos del informe forense de la autopsia, ya que este documento permitirá determinar con precisión el lugar del impacto mortal que acabó con la vida del joven.

En el plano testifical, la causa no prevé la incorporación de más declaraciones tras haberse escuchado en los últimos días los testimonios de familiares y conocidos. Además, la instrucción no incluirá finalmente una reconstrucción del crimen. Aunque la acusación había solicitado esta prueba, el auto judicial la ha desestimado por completo al considerarla “innecesaria” para el desarrollo de la investigación.

Más allá de las indiscutibles ventajas que aportan la tecnología, las redes sociales o la inteligencia artificial (IA), todas estas herramientas albergan un evidente “lado oscuro”. Un escenario donde proliferan las estafas, la suplantación de identidad o el aislamiento social, y ante el cual la población joven se sitúa en una posición de especial vulnerabilidad.

Luchar contra estas amenazas en el entorno digital no resulta nada sencillo, empañado por el anonimato y la dificultad para rastrear el origen de los infractores. Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en Badajoz durante la inauguración de las jornadas 'Jóvenes, Salud Mental y Nuevos Riesgos: Uso y Abuso de Internet, Redes Sociales, Inteligencia Artificial y Conducta Suicida'.

Antes del inicio del acto, el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández Salguero, ha explicado a los medios de comunicación que la institución académica ha reforzado el impulso de actividades deportivas, culturales, de ocio y convivencia dentro de los campus. Esta decisión responde a que se había detectado una progresiva disminución de la “vida universitaria” más allá de las aulas.

Esta circunstancia —vinculada directamente al incremento de horas que el alumnado pasa frente a las pantallas del ordenador, el teléfono móvil o la tablet— ha comenzado a revertirse en los últimos tiempos. Según ha indicado el rector, se percibe “una vuelta de los estudiantes a la vida de la Universidad”, una tendencia en la que considera imprescindible seguir incidiendo.

Además, la UEx ha potenciado sus estructuras internas de apoyo para que la propia comunidad estudiantil pueda activar las alarmas e intervenir en caso de detectar a algún compañero o compañera que se haya aislado o esté sufriendo una pérdida de autoestima.

Ardua labor policial ante el anonimato digital

Por su parte, el jefe del Gabinete de Psicología de la Guardia Civil en Extremadura, el coronel Jesús Gonzalo, ha puesto el foco en la vertiente delictiva ligada a las nuevas tecnologías, que abarca desde el ciberacoso hasta fraudes y estafas de diversa índole. Gonzalo ha advertido de que el esclarecimiento de estos delitos es casi siempre “una tarea ardua y extensa en el tiempo” debido a la opacidad que ofrecen las redes y al origen difícilmente detectable de los ciberdelincuentes.

En esta misma línea, el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Extremadura, Andrés Manuel Velarde, ha destacado la importancia vital de la colaboración estrecha entre la Benemérita y la Universidad de Extremadura para prevenir, detectar y esclarecer conductas o delitos que atentan directamente contra el bienestar de la juventud.

La preocupación entre las aulas es también palpable desde la perspectiva de los propios alumnos. Silvia Suárez, una joven participante en el encuentro, ha señalado a la agencia EFE que una de las cuestiones que más inquietud genera entre los estudiantes es “la alteración de imágenes o la suplantación de identidad que se puede lograr a través de la inteligencia artificial”, una herramienta cuyo uso indebido supone un nuevo reto de seguridad y privacidad.