La Guardia Civil ha aclarado el origen del incendio forestal registrado el pasado 15 de agosto en las inmediaciones de la carretera EX-316, dentro del término municipal de Valdecaballeros. Según han determinado los agentes encargados de la investigación, el fuego se desencadenó de forma directa tras la colisión de un buitre contra un tendido eléctrico de alta tensión.

A causa del impacto, el ave sufrió una fuerte descarga eléctrica y cayó sobre el terreno seco envuelta en llamas, actuando como una auténtica “bola de fuego” que provocó la combustión instantánea de la vegetación. Las llamas terminaron afectando a un total de tres hectáreas de encinas, pasto y jaras antes de que los equipos del Plan INFOEX, apoyados por medios aéreos, camiones motobomba, maquinaria pesada y patrullas del instituto armado, lograran sofocar el incendio.

Una vez confirmada la causa física del fuego, los investigadores centran ahora sus pesquisas en el lugar del impacto para verificar si la línea eléctrica cumple con la normativa vigente en materia de protección de la avifauna. En concreto, se analiza si el tendido contaba con los dispositivos obligatorios para minimizar el riesgo de colisión y electrocución de aves.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil ya han sido puestas a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque. Esta actuación se enmarca dentro de los operativos que mantiene la Guardia Civil a nivel nacional para velar por la protección de las aves frente a los riesgos que suponen las infraestructuras eléctricas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso amarillo por altas temperaturas en varias comarcas de la región. La alerta comenzará a las 13:00 horas y se mantendrá vigente hasta las 21:00 horas, tramo del día en el que se prevé que los termómetros registren los valores más elevados.

En la provincia de Badajoz, la comarca de las Vegas del Guadiana, junto con la zona cacereña de Tajo y Alagón, prevé alcanzar los 38 grados centígrados. Por su parte, en el norte de Cáceres y en las áreas de Villuercas y Montánchez las temperaturas máximas situarán los mercurios en los 36 grados.

Ante esta situación, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recomendado a las alcaldías de las localidades afectadas que mantengan en situación de alerta a sus servicios de Policía Local y a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil.

Para la población en general, el 112 aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber agua y zumos refrigerados de forma continuada sin esperar a tener sed, evitar comidas copiosas y no abusar de las bebidas alcohólicas.

También se sugiere reducir la actividad física, utilizar ropa clara y ligera, protegerse con sombreros, gafas de sol y crema fotoprotectora, y mantener las viviendas frescas bajando persianas por el día y ventilando por la noche. Asimismo, se pide prestar especial atención al grado de hidratación de niños y mayores, y llamar al 112 en caso de necesidad.

Francisco Javier Fernández ha denunciado ante la Policía Nacional y ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Mérida la “mala gestión” del 112 Extremadura en la atención a su madre, de 81 años, que sufrió un fuerte dolor de cabeza y cayó inconsciente en su domicilio el 17 de abril de 2026. Según su testimonio, la ambulancia tardó una hora y diez minutos en llegar y la mujer falleció posteriormente en el hospital.

El denunciante, que padece secuelas de un infarto cerebral y tiene movilidad reducida en una mano y una pierna, asegura que durante la llamada al 112 informó de que su madre estaba “inconsciente por completo”. Afirma que, ante las preguntas sobre medicación y enfermedades previas, insistió en que enviaran una ambulancia urgente. Según su versión, la médica que atendía la llamada le respondió que “si no contestaba a las preguntas no podía seguir atendiéndole” y colgó el teléfono.

La Policía llegó en tres minutos y reanimó a la mujer

Tras el corte de la llamada, Fernández contactó con la Policía Nacional, que llegó en “tres minutos” con cuatro dotaciones. Los agentes, según relata, atendieron y reanimaron a su madre, que entró “dos veces en parada”. Fueron ellos quienes solicitaron una ambulancia medicalizada, pero el 112 les informó de que la única unidad disponible estaba “averiada en el taller”.

El hijo de la fallecida sostiene que la ambulancia tardó más de una hora en llegar y que, además, se produjo una segunda llamada para confirmar la dirección porque “no les había dado tiempo a apuntarla”. También denuncia que el traslado al hospital se realizó “en una furgoneta con sirena”, un vehículo que, según afirma, la propia médica reconoció que “no era adecuado” para una paciente en ese estado. La mujer ingresó en la UCI, donde falleció tres horas después.

Fernández lamenta que su madre “no tuvo la oportunidad de saber si podía haber sido operada o atendida de otra forma” y asegura estar a la espera de que el juzgado solicite las pruebas pertinentes. Afirma además que la grabación de la llamada en la que la médica cuelga “está manipulada” y que inicialmente se le dijo que se trataba de “un fallo por los nervios”.

El 112 niega irregularidades y defiende su actuación

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha negado cualquier actuación irregular. Según la Consejería de Presidencia, la reclamación fue presentada el 23 de junio de 2026, más de dos meses después de los hechos. Tras analizar la documentación, el 112 emitió un informe en el que desestimó la queja y ofreció al reclamante escuchar las grabaciones de las llamadas, algo que finalmente hizo.

La Junta asegura que distintos departamentos han contactado con él “al menos cinco veces por escrito o teléfono” y “dos veces de forma presencial” desde mayo. “La administración ha estado, está y estará a disposición de atender cualquier demanda o reclamación, dando la respuesta que proceda en derecho”, señalan.

Este lunes, Francisco Javier Fernández ha trasladado su denuncia frente a la Presidencia de la Junta, en Mérida, para reclamar responsabilidades y visibilizar lo que considera una “negligencia grave” en la atención a su madre.

El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados casi nueve años después en el patio de unos vecinos, se ha negado a colaborar en la reconstrucción de los hechos realizada este lunes por la Guardia Civil y la autoridad judicial.

Julián, que residía junto a su hermano Manuel en la vivienda donde el pasado 11 de marzo fueron localizados los restos de Francisca, ha optado por no aportar información durante la diligencia, ejerciendo su derecho a no declarar contra sí mismo. Aun así, ha estado presente en la reconstrucción, que se ha prolongado durante casi dos horas en el interior de la casa.

Por el contrario, Manuel, que mantiene su inocencia, sí ha colaborado con los investigadores, según han informado a EFE fuentes del caso. Su participación ha sido más extensa, cercana a las tres horas.

Reconstrucción en la vivienda y tensión vecinal

La reconstrucción se ha llevado a cabo en la vivienda de los dos hermanos, situada a escasos metros del domicilio de la familia de Francisca Cadenas, con la presencia de efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) y la autoridad judicial.

La llegada de los acusados, pasadas las 9:30 horas, ha provocado momentos de tensión. Algunos vecinos han recibido el furgón policial con gritos de “asesinos” e “hijos de puta”, golpeando el vehículo y también increpando a los abogados defensores, a quienes han llamado “cobardes” y “sinvergüenzas”.

Tras la diligencia, los hermanos han abandonado Hornachos en un furgón policial rumbo a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanecen en prisión provisional desde hace seis meses por presuntos delitos de asesinato y detención ilegal, en el marco de las actuaciones del Juzgado de Villafranca de los Barros.

La reconstrucción no ha concluido. Ahora será el turno de familiares de Francisca, varios vecinos y un temporero que la vio la noche de su desaparición, para aclarar itinerarios y horarios.

Más de ocho años de búsqueda

Los restos de Francisca Cadenas fueron hallados enterrados bajo el suelo enlosado del patio de la vivienda de los hermanos, cuya fachada apareció con pintadas de “asesinos” tras su detención. La localización se produjo el 11 de marzo, en una operación conjunta de la UCO, la Comandancia de Badajoz y el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO).

Dos días antes, ambos habían declarado como investigados después de que la Guardia Civil realizara una nueva reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca, desaparecida desde el 9 de mayo de 2017.

Durante estos ocho años y cuatro meses, la familia de Francisca y la localidad han vivido en un estado permanente de desesperación y conmoción, con concentraciones vecinales para reclamar más medios y numerosas diligencias judiciales y policiales.

La reconstrucción de este lunes supone un nuevo paso en una investigación que, tras años de incertidumbre, avanza ahora con la presencia de los dos principales acusados y la confirmación de que los restos de Francisca estaban ocultos en la vivienda contigua a la suya.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado la condena a las empresas ISS Facility Services y Gelim Extremadura, encargadas del servicio de limpieza en los hospitales de Mérida y Tierra de Barros, por vulnerar de forma continuada el derecho a los descansos diarios y semanales de sus empleadas.

La resolución desestima el recurso presentado por las contratas y confirma íntegramente la sentencia dictada previamente en marzo de 2026 por el Tribunal de Instancia de Badajoz.

Como consecuencia de este fallo, las empresas deberán abonar una compensación económica de 1.500 euros a cada una de las 29 trabajadoras representadas en la demanda promovida por CCOO del Hábitat de Extremadura, con el objetivo de resarcir los perjuicios ocasionados por la privación de sus derechos laborales.

Solapamiento de turnos e indemnización

El procedimiento del conflicto colectivo se originó tras constatar que la gestión de turnos aplicada por las adjudicatarias provocaba un solapamiento sistemático entre el descanso diario y el semanal. Esta práctica neutralizaba el disfrute real y efectivo del día y medio de libranza continuada fijado por la ley y el convenio colectivo de la actividad.

El alto tribunal extremeño ha rechazado los argumentos de las contratas, que cuestionaban el procedimiento colectivo y la cuantía indemnizatoria. Para fijar el importe de 1.500 euros por empleada, los magistrados han tomado como referencia los criterios de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), situando la sanción en el grado máximo del tramo de infracciones graves.

La resolución exige además a las empresas adaptar y redistribuir de inmediato la jornada de la plantilla para garantizar el cumplimiento estricto de los descansos legales.

Extremadura afrontará este martes una jornada crítica en lo que respecta al riesgo de incendios forestales. La combinación de las condiciones meteorológicas y el estado de la vegetación situará a amplias zonas de la comunidad autónoma en nivel extremo, según refleja el Índice de Peligro elaborado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Plan Infoex).

Los mapas de previsión muestran un empeoramiento notable en comparación con la situación de este lunes, jornada en la que han predominado los valores moderados junto a focos dispersos de peligro alto y muy alto. Para este martes, la alerta máxima se concentrará de forma especial en el sur y el oeste de la región, mientras que el nivel muy alto se extenderá por gran parte del territorio autonómico.

La situación tenderá a estabilizarse el miércoles, 16 de septiembre, día en el que se espera una disminución generalizada del riesgo hacia niveles moderados, aunque se mantendrán sectores concretos con peligro alto y muy alto.

En plena época de peligro alto

Este repunte del riesgo coincide con la fase final de la época de peligro alto de incendios forestales, activa en Extremadura desde el pasado 1 de junio y cuya finalización está prevista, con carácter general, para el próximo 15 de octubre. El Índice de Peligro, actualizado a diario por el Infoex y la Aemet, sirve como herramienta fundamental para calibrar la facilidad de propagación del fuego y coordinar los recursos de extinción.

La intensificación del peligro llega tras una semana de intensa actividad para los retenes del Infoex. Durante los últimos siete días, los efectivos regionales han intervenido en 33 incidentes, de los cuales 15 han sido incendios forestales.

A la espera de los peritajes definitivos, las llamas han afectado a una superficie estimada de unas 75 hectáreas. El reparto de los fuegos ha sido prácticamente simétrico en la región, con ocho incendios registrados en la provincia de Badajoz y siete en la de Cáceres.

La Guardia Civil ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser detectado a 242 kilómetros por hora en la autovía EX-A1, a la altura de la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre durante un control de velocidad desplegado por los agentes en esta vía, que conecta Navalmoral de la Mata con la frontera de Portugal. Los dispositivos de captación registraron la velocidad del turismo, lo que motivó su inmediata interceptación e identificación del conductor por parte de la Benemérita.

Tras las comprobaciones pertinentes, se instruyeron diligencias al constatar que el vehículo rebasaba en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida para las vías interurbanas, umbral a partir del cual el exceso de velocidad pasa a considerarse infracción penal.

Desde la Guardia Civil recuerdan que el exceso de velocidad se mantiene como uno de los principales factores de riesgo en la carretera, ya que incrementa de forma severa la distancia de detención y reduce drásticamente el tiempo de reacción ante cualquier eventualidad en el tráfico.

El extremeño Fran Serrano llegó a Ceuta después de una trayectoria marcada por el periodismo y por una enfermedad que le obligó a apartarse de la profesión durante más de una década. Estudió Historia en Cáceres y posteriormente Periodismo, trabajó en Granada, Salamanca, Asturias, Andalucía y Melilla, y conoce bien las fronteras y sus silencios. Ya como periodista, en Melilla cubrió la visita del rey Juan Carlos I y episodios relacionados con la frontera que, asegura, “nunca tuvieron la repercusión que merecían”. Después perdió la visión durante años. “Perdí diez años”, recuerda. Cuando pudo volver a leer, su vida profesional tomó otro rumbo.

La enseñanza lo llevó a Ceuta. Lleva cuatro cursos en la ciudad y siete como docente. Es un profesor itinerante, acostumbrado a cambiar de especialidad y de destino, y reconoce que nunca había permanecido tanto tiempo en un mismo lugar desde aquella década en Badajoz. Ahora trabaja en un programa de FP Básica Adaptada, con alumnado con discapacidad, en talleres de reprografía, impresión, encuadernación y tipografía. Nunca había trabajado con jóvenes con autismo y la experiencia, dice, le ha sorprendido. “Voy a divertirme, a pasármelo bien y a disfrutar aprendiendo. Por las mañanas no doy voces, solamente recibo abrazos, estoy chocando manos”.

El instituto funciona como un refugio de normalidad. Es un centro pequeño, donde todos se conocen y donde el alumnado con mayores necesidades de apoyo está integrado en un instituto convencional. Serrano destaca la forma de trabajar de la dirección, la relación con las familias y la libertad que se concede al profesorado. Para él, esa organización tiene un valor que va más allá de la enseñanza: sus alumnos y alumnas necesitan aprender, pero también relacionarse, tener amigos, salir, practicar deporte y sentirse parte de un grupo. Necesitan una vida cotidiana que no esté determinada por la tensión que atraviesa la ciudad. “Hay chavales que fuera no tienen esa cercanía, esa amistad”. Por eso la escuela ha adquirido ahora un significado especial. “Es un lugar para volver a tener libertad”.

Antes organizaba salidas, actividades culturales, deporte, visitas al teatro. Este curso prevé reducirlas casi por completo. No quiere exponer a los jóvenes a situaciones difíciles de controlar. Aun así, la vuelta a clase ha sido normal. Desde agosto, familias, docentes y alumnado mantienen un grupo de WhatsApp ante el temor de que el programa no pudiera comenzar. Las clases arrancaron el 8 de septiembre y apenas hay absentismo, salvo por motivos médicos. En una ciudad donde muchos jóvenes han reducido sus salidas y algunas familias han cambiado sus hábitos por miedo, acudir al instituto significa seguir teniendo un horario, compañeros y compañeras, profesorado y un espacio propio.

El centro está situado entre el núcleo urbano y los primeros barrios con mayor presencia de población musulmana. Serrano calcula que alrededor del 95% de su alumnado es musulmán, aunque es una estimación personal. Para él, el instituto demuestra que la convivencia no es un lema. Habla de Ceuta como una “sociedad de las cuatro culturas” y cree que esa realidad se aprecia especialmente en las aulas. Los niños, sostiene, todavía tienen una capacidad de integración que después puede verse condicionada por otras desigualdades. Cuando sean más mayores la principal diferencia no tendrá que ver con la religión, sino con la situación económica. Por eso defiende que los centros educativos deben protegerse de la tensión exterior. “Si queremos saber cómo puede ser la convivencia en Ceuta, hay que mirar también a los colegios y a los institutos”.

Pero la tensión ha entrado de alguna manera también en los centros. En el IES Puertas del Campo hay un vigilante de seguridad permanente, cinco profesionales que se relevan. Durante las entradas y salidas hay presencia militar. Para Serrano, la imagen es difícil de asumir. “Parece una situación de guerra”. Se ha creado un aula matinal y vespertina para facilitar la conciliación y, también, para gestionar los desplazamientos escolares, que están provocando problemas de tráfico. Él esperaba que se pusiera en marcha un programa de recursos para atender la salud mental de alumnado, familias y profesorado. Algunas medidas anunciadas, explica, aún no se han materializado. Le preocupa que la respuesta institucional llegue siempre después de que el problema se agrave.

Dentro del instituto, otro episodio resume hasta qué punto la situación ha alterado la ciudad. El pabellón deportivo llevaba cuatro años inutilizado por su estado. Durante esta entrevista estaba a punto de terminar su rehabilitación. Pero llegó a plantearse utilizarlo para alojar a personas migrantes. El problema es que el pabellón está integrado en el recinto educativo y no constituye un espacio independiente. La propuesta generó malestar. Para Serrano, el episodio muestra la dificultad de improvisar soluciones sin tener en cuenta cómo afectan a los servicios públicos y, especialmente, a los centros educativos.

La presencia de seguridad ha aumentado desde finales de agosto en la ciudad. Serrano asegura que eso ha permitido recuperar algunos espacios. Al principio los militares patrullaban sin armas de fuego; después de algunos incidentes, comenzaron a portarlas. Se desplazan en grupos y no todos llevan el arma cargada. La seguridad es especialmente visible en zonas con colegios, institutos y supermercados. En el entorno del IES Puertas del Campo, la situación ha mejorado. Pero no es homogénea. “Hay islas de seguridad”. Al caer la noche, la sensación cambia. Ceuta, dice, se ha convertido en una ciudad dentro de otra. “No es lo mismo la acera de acá que la acera de allá”. Él mismo lo vivió antes de que la situación se agravara: vivía en un portal “chungo” mientras una conocida residía justo enfrente, en un edificio donde “vale mucho más dinero tener una casa”. Ahora esas diferencias se han multiplicado.

El cambio también lo ha experimentado él. Antes nadaba, hacía ejercicio y practicaba calistenia en espacios públicos. Ahora ha dejado de hacerlo. Algunos alumnos le han contado experiencias que les han generado preocupación. No presenta esas situaciones como una realidad homogénea, sino como parte de una sensación de inseguridad que ha cambiado el comportamiento de mucha gente. Antes se caminaba mirando el móvil. Ahora se mira hacia los lados, se comprueba quién viene detrás, se permanece en alerta. Él mismo se dio cuenta de hasta qué punto había interiorizado ese comportamiento cuando viajó a Cádiz recientemente: seguía mirando hacia atrás. Al día siguiente, al caminar relajado, entendió que la tensión había modificado incluso sus reflejos. “En cuanto no hay luz, la gente de Ceuta desaparece”.

Serrano vive en una zona que considera privilegiada. Aparca junto a vehículos militares y reconoce que esa presencia le proporciona sensación de protección. Pero esa misma protección le plantea una pregunta: qué ocurre con quienes viven donde no existe. “Vivimos raro, mal, con miedo, pero muchísimo mejor que en las barriadas”. Le llama la atención que las quejas sean diferentes según la zona. “Canta mucho cómo no se queja la gente del centro y cómo se quejan los de la barriada”. En esos barrios hay familias que llevan tiempo sufriendo una situación especialmente complicada. Y, sin embargo, son también algunos de esos vecinos quienes están ayudando a las personas que llegan.

Solidaridad

Para entender esa solidaridad, dice, hay que tener en cuenta los vínculos familiares y culturales con Marruecos. Algunas familias tienen allí sus raíces desde hace generaciones. Otras, más cerca en el tiempo. Pero él insiste en una distinción: son ceutíes y son españoles. “No quieren ser marroquíes. Son ceutíes y son españoles”. Precisamente porque conocen la pobreza, porque tienen familiares al otro lado de la frontera o porque mantienen vínculos con pueblos de origen, algunas familias están ofreciendo comida, ropa, mantas o cualquier ayuda a quienes llegan. Lo hacen aunque sus propias condiciones de vida también se estén deteriorando: “Hay muchísima gente pasándolo fatal”.

Serrano insiste en que no todos los migrantes son iguales. Habla de jóvenes trabajadores, chavales que intentan salir adelante, y también de comportamientos que están generando inseguridad. Pero se resiste a convertir a todo un colectivo en una sola categoría. “Una persona, una vida, una historia y una realidad”. Para él, la única forma de evitar la generalización es que las instituciones identifiquen los casos, conozcan quién está en la ciudad y actúen cuando corresponda. Si una persona comete un delito, debe responder por ello. Pero ese comportamiento no puede atribuirse a miles de personas. La falta de información, considera, alimenta el prejuicio.

La ciudad ha cambiado sus hábitos. Algunas familias han reducido sus salidas. Algunos propietarios de segundas residencias, según su percepción, se han marchado. Él mismo esperó más de una semana para recibir un pedido de supermercado. También ha visto escenas difíciles de asimilar en espacios públicos. Pero insiste en que Ceuta no puede describirse solo desde esas imágenes. Porque al mismo tiempo hay barrios donde vecinos humildes están ayudando a quienes llegan. Hay alumnos que acuden cada mañana a clase. Hay familias que siguen llevando a sus hijos al instituto. Hay profesores que continúan enseñando. Y hay una sociedad que, pese al desgaste, sigue intentando funcionar.

Instrumentalización política

Una de las cosas que más irritan a Serrano es la instrumentalización política de lo que ocurre. Como periodista, ha visto cómo políticos, medios y creadores de contenido llegan a las ciudades fronterizas para contar su propio relato. Considera que Ceuta se ha convertido en un escenario demasiado fácil para la confrontación. “Basta ya de instrumentalizarlo todo, por favor, que han muerto muchísimas personas”. La situación insiste, exige una respuesta coordinada del Estado: seguridad, educación, servicios públicos, atención social y convivencia.

Su temor es que una situación prolongada de miedo, desigualdad y falta de esperanza termine generando una reacción difícil de controlar. No habla solo de quienes han llegado a Ceuta. Habla también de quienes viven allí. “Cuando la gente no tiene nada que perder, la puedes liar”. Reclama que las instituciones actúen antes de que llegue ese punto. Teme que ocurra algo especialmente grave y que después ya no haya vuelta atrás. Por eso considera que Ceuta debe abordarse como una cuestión de Estado y reclama responsabilidad política a todas las partes.

Serrano menciona también otra realidad: fenómenos relacionados con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada que forman parte de determinados espacios de la ciudad, aunque no siempre sean visibles. Son cuestiones que requieren datos y fuentes oficiales para ser dimensionadas. Su conclusión es otra: “En el día a día la ciudad podrá tener eso en sitios escondidos, pero la ciudad es un ejemplo de convivencia, de integración, de bienestar”. Esa convivencia es lo que más le preocupa perder y desea fervientemente que toda vuelva a ser como antes sobre todo porque la escuela ofrece algo que fuera resulta cada vez más difícil: previsibilidad. Un horario. Una rutina. Un lugar seguro. Una oportunidad para relacionarse. Y, sobre todo, una posibilidad de no vivir permanentemente pendiente del miedo. Para Serrano, esa es una de las grandes responsabilidades de la educación en un momento como este. Un centro educativo no puede resolver la desigualdad ni acabar con la inseguridad, pero puede evitar que los jóvenes queden atrapados por ellas. Puede ofrecerles herramientas para entender el mundo y convivir con quienes son diferentes. Y puede demostrar, cada mañana, que la convivencia no es una teoría.

Permanecer en Ceuta

Fran Serrano podría marcharse de Ceuta. Ha vivido en muchas ciudades y sabe que podría empezar de nuevo en cualquier otra. Pero no lo hace. Le gusta la ciudad, el clima, su alumnado y el instituto. Los fines de semana cruza a la península para recuperar la vida al aire libre que la tensión ha ido limitando, pero vuelve. Y vuelve porque su relación con Ceuta ya no es solo profesional: la conoce como periodista, como profesor y como vecino. Ha visto cómo crecía la presencia de las fuerzas de seguridad, cómo algunos barrios quedaban más expuestos y cómo sus alumnos llegaban a clase con miedo. También ha visto la solidaridad de familias humildes y la rutina que cada mañana sostiene la convivencia dentro del centro.

En medio de una ciudad fragmentada, el instituto sigue siendo un lugar donde la vida funciona. Allí los y las jóvenes aprenden, se relacionan y recuperan una libertad que la calle empieza a negarles. Ese contraste explica por qué Serrano permanece: porque sabe que, mientras fuera la ciudad se divide entre miedo y desigualdad, dentro aún existe un espacio capaz de enseñar algo distinto. Y porque entiende que lo que está en juego no es solo la seguridad, sino que una ciudad no termine educando a sus jóvenes en el miedo, sino en la convivencia. De lo que Ceuta y sus gentes han dado ya buena cuenta.

El norte de Cáceres, la zona de Villuercas y Montánchez y las Vegas del Guadiana estarán este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los termómetros puedan alcanzar los 38 grados en la provincia de Badajoz y hasta 36 en las comarcas cacereñas afectadas. La alerta se activará a las 13.00 horas y permanecerá en vigor hasta las 21.00.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recomendado a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a los servicios de Policía Local ante el episodio de calor.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber líquidos con frecuencia, preferiblemente agua o zumos refrigerados, y evitar comidas copiosas y bebidas alcohólicas. También se recomienda reducir la actividad física, permanecer en lugares ventilados o acondicionados y utilizar ropa ligera, de colores claros, además de sombrero, gafas de sol y protección solar.

En el ámbito doméstico, se aconseja utilizar las estancias más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas durante el día y abrirlas por la noche para ventilar. El 112 recuerda la importancia de mantener los alimentos en el frigorífico y extremar las medidas de conservación.

Las autoridades piden prestar especial atención a menores y personas mayores, vigilar su hidratación y, ante cualquier síntoma relacionado con el calor, contactar con el 112.

Seis meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desenterrara sus restos óseos bajo el suelo enlosado de un patio, el caso de Francisca Cadenas afronta un paso crucial en la instrucción judicial. Los dos hermanos investigados por el crimen, Julián y Manuel González, regresan este lunes a Hornachos (Badajoz) trasladados desde la prisión provisional de Morón de la Frontera (Sevilla) para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juzgado de instrucción.

La diligencia judicial no se limitará a la reconstrucción dentro del inmueble donde residían los acusados. La comitiva judicial también grabará el recorrido que realizó el hijo menor de Francisca, José Antonio, la noche que desapareció el 9 de mayo de 2017, una inspección pormenorizada de la vivienda y el trazado de los itinerarios que realizaron los dos hermanos antes y después de que se le perdiera la pista a la mujer de 59 años.

El regreso de los acusados a la pequeña localidad pacense vuelve a poner sobre la mesa la conmoción sufrida durante casi nueve años de incertidumbre, pero también evidencia el abierto choque de estrategias entre la representación legal de la familia de la víctima y la defensa de los encarcelados.

Prisión permanente revisable

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha avanzado que solicitará la pena de prisión permanente revisable para los dos investigados. Esta petición se fundamenta en la posibilidad de que se cometiera una agresión sexual previa al asesinato, un móvil que la letrada subraya que no es una hipótesis aislada, sino una de las líneas maestras recogidas expresamente en los informes elaborados por la UCO. Guerrero ha descartado además dar credibilidad a las declaraciones de Julián en las que intentaba exculpar a su hermano Manuel.

En el extremo opuesto, la representación letrada de los detenidos, ejercida por el abogado José Duarte, ha buscado restar trascendencia al resultado de la diligencia programada para este lunes. La defensa argumenta que el margen de seis meses transcurrido desde el hallazgo del cuerpo, sumado a la abrumadora exposición mediática y las múltiples declaraciones recogidas a lo largo de los años, diluye la validez probatoria de este paso sobre el terreno.

“Cuando este trámite se realiza muy próximo a los hechos posee un gran valor, pero cuando se hace después de tanto tiempo y con tantas diligencias previas, testimonios y contaminación pública, todo ello tiene una relevancia relativa”, sostiene el letrado Duarte en declaraciones a EFE, quien no obstante ha aconsejado a sus defendidos colaborar en la sesión. La defensa insiste además en que no existen indicios objetivos incriminatorios contra Manuel y apunta a que las inspecciones oculares realizadas hasta la fecha no han arrojado datos en su contra.

Un hallazgo que resolvió un enigma de casi nueve años

El hallazgo de los restos el pasado 11 de marzo puso fin a casi nueve años de infructuosa búsqueda e incansables movilizaciones vecinales en Hornachos. La localización del cadáver fue el resultado de un minucioso operativo de la UCO y la Comandancia de Badajoz, respaldados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Apenas dos días antes del hallazgo bajo las losas del patio, la Guardia Civil ya había tomado declaración como investigados a ambos hermanos tras rehacer paso a paso las últimas horas en las que se vio con vida a la vecina. Desde el descubrimiento de los restos, la causa ha sumado las declaraciones de los dos acusados, de los tres hijos y el marido de la víctima, de un agente de la Guardia Civil que accedió al domicilio en las horas posteriores a la desaparición, de varios vecinos y de un compañero de trabajo de uno de los encarcelados.

Un ganadero ha fallecido este sábado en una finca de Berzocana (Cáceres) al quedar atrapado bajo varias alpacas de hierba seca durante las labores de descarga de un camión.

El suceso se produjo a primera hora de la mañana en una explotación ganadera de la localidad, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El camión había transportado las alpacas hasta la finca para su descarga.

En pleno proceso de descarga, el ganadero observó que parte del ganado había salido del recinto y se acercó al vehículo para retirarlo de la zona donde se estaban realizando los trabajos.

Fue entonces cuando varias alpacas cayeron sobre él. Además, durante el incidente sufrió un golpe contra la pala de un tractor que se encontraba junto al camión.

Los servicios sanitarios desplazados hasta la finca determinaron el fallecimiento del hombre en el lugar.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, así como al pago de una multa de 1.082,40 euros, a un hombre que regentaba una peluquería en la capital cacereña y utilizaba el propio establecimiento comercial para la venta de cocaína a terceros.

La sentencia ha sido dictada por conformidad entre la Fiscalía y la defensa del procesado tras el reconocimiento explícito de los hechos.

Según declara probado la resolución de la Sección Segunda del tribunal, la actividad ilícita en el local se prolongó desde principios de 2025 hasta el 19 de agosto de ese mismo año, momento en el que efectivos de la Policía Nacional procedieron a su detención en el establecimiento.

Durante el registro de la peluquería, los agentes intervinieron un botín compuesto por un envoltorio con 4,51 gramos de cocaína, una balanza de precisión con restos de esta misma sustancia, bolsas de plástico con recortes destinadas a la preparación de las dosis, una libreta con anotaciones contables de las transacciones y 405 euros en efectivo repartidos en billetes.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de siete años y seis meses de prisión. Sin embargo, la pena final se redujo tras aplicarse dos circunstancias atenuantes: la analógica de confesión, por haber admitido los hechos en su primera comparecencia judicial, y la de drogadicción, al acreditarse que el acusado padece una adicción de larga duración al consumo de sustancias estupefacientes.

El fallo acuerda también el decomiso definitivo de la droga, el teléfono móvil y el dinero incautado.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha estimado el recurso de un director de agencias de seguros y lo ha declarado en situación de incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual, derivada de enfermedad común. La resolución revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz y la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había denegado inicialmente la prestación.

El proceso administrativo arrancó de oficio en julio de 2024 tras agotar el trabajador el periodo máximo de 545 días de baja laboral por incapacidad temporal. El cuadro clínico acreditado determinaba un trastorno adaptativo con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, con dictámenes psiquiátricos que advertían de que la exposición a su entorno laboral previo provocaría con alta probabilidad un “claro empeoramiento de la sintomatología y un retroceso en su proceso evolutivo”. Pese a ello, la entidad gestora rechazó la invalidez y el juzgado de instancia desestimó posteriormente la demanda del afectado.

Al evaluar el recurso de suplicación, el TSJEx ha analizado la disparidad entre las limitaciones psíquicas del trabajador y los requerimientos funcionales de su puesto de trabajo. La sentencia enfatiza que la profesión de director de seguros lleva aparejada una alta exigencia de carga mental, comunicación y toma de decisiones (calificadas con un nivel 4 sobre 4 en profesiograma), unida a una constante atención al público (nivel 3 sobre 4).

Bajo estas premisas, los magistrados han concluido que el demandante no se encuentra capacitado para desarrollar las tareas fundamentales de su empleo con los requerimientos mínimos de eficacia, dedicación y continuidad que exige el mercado laboral.

El fallo del TSJEx declara la incapacidad permanente total con derecho al cobro de la pensión mensual correspondiente, matizando que la decisión se adopta sin perjuicio de que la entidad gestora pueda incoar un expediente de revisión por mejoría si el paciente experimentara una evolución clínica favorable en el futuro.

La resolución judicial no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado seis nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, correspondientes a cuatro varones y dos mujeres de entre 29 y 80 años de los municipios de Don Benito, Medellín y Miajadas.

Con estos nuevos positivos, Extremadura acumula 40 casos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026, con dos fallecidos.

En estos momentos, cuatro pacientes permanecen ingresados en hospitales extremeños: dos en el Hospital Don Benito-Villanueva, uno en el Hospital de Mérida y otro en el Hospital Universitario de Cáceres. Uno de los seis nuevos casos confirmados se encuentra ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Ante la evolución de los contagios, el SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para mantener la vigilancia ante posibles casos con síntomas compatibles con la enfermedad. Esta situación permitirá reforzar la capacidad diagnóstica ante nuevas sospechas. El SES recuerda, no obstante, que alrededor del 80% de las infecciones por virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas.

Recomendaciones para evitar las picaduras

El SES recomienda extremar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos y protegerse de sus picaduras. Entre ellas, aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas y evitar que se acumule agua en recipientes y objetos situados en el exterior, como platos de macetas, cubos, juguetes, recipientes para animales domésticos o neumáticos.

También recomienda tapar los recipientes que contengan agua, mantener limpios los canalones de los tejados y los desagües de los patios y utilizar ropa de colores claros que cubra la mayor parte posible del cuerpo, con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

El SES aconseja asimismo evitar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer a los insectos, y utilizar repelentes e insecticidas autorizados para uso por el público en general.

La instalación de mosquiteras en puertas y ventanas es otra de las medidas recomendadas para impedir la entrada de mosquitos en las viviendas.

La conexión ferroviaria directa entre Plasencia, Cáceres y Sevilla ha vuelto a quedar operativa este fin de semana tras varias semanas de interrupción por obras. Con la reapertura de este tramo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe dan por normalizada la circulación habitual en la línea, lo que permite también recuperar el servicio regular en la C3 de Cercanías de Sevilla.

Sin embargo, la vuelta a la normalidad no será total para todos los trayectos. Según han confirmado fuentes de Adif y recoge Renfe en su canal oficial, la compañía mantendrá en vigor un plan alternativo de transporte para la conexión Madrid-Mérida-Sevilla (un tren por sentido al día). La medida responde a la incompatibilidad de estos trayectos de pasajeros con el intenso incremento del tráfico de mercancías que absorbe actualmente esta línea.

Este repunte de trenes de carga se debe a los trabajos que Adif ejecuta para adaptar la infraestructura del corredor Madrid-Algeciras a los futuros servicios de la denominada 'Autopista Ferroviaria'. Estas obras han obligado a redirigir de forma provisional por rutas alternativas los transportes de mercancías con origen o destino en Andalucía.

Desde el operador ferroviario señalan que el dispositivo especial de transbordos por carretera se mantendrá activado mientras el administrador de la infraestructura lo considere necesario. Asimismo, Adif ha recordado que la programación de estas obras se planificó durante un periodo del año de menor actividad académica y laboral para reducir el impacto sobre los desplazamientos habituales de estudiantes y trabajadores.

Plataformas y localidades integradas en STOP BiometaNO Extremadura se concentrarán el próximo lunes ante el Teatro Romano de Mérida para reclamar la paralización de los proyectos de plantas de biometano y biogás previstos en la comunidad. La protesta, convocada a las 19.00 horas, coincidirá con uno de los principales actos institucionales del Día de Extremadura, la entrega de las Medallas de Extremadura.

La organización asegura que la movilización será pacífica y pretende visibilizar el rechazo de estos colectivos a lo que consideran una implantación indiscriminada de macroplantas en distintos puntos de la región. “El verdadero orgullo de Extremadura no se cuelga al pecho; se defiende cuidando nuestra tierra y a quienes la habitamos”, señala STOP BiometaNO en la convocatoria.

El colectivo sostiene que este tipo de instalaciones pueden generar malos olores y emisiones contaminantes y plantea también posibles riesgos para los acuíferos y las tierras de cultivo por el tratamiento de purines, lodos de depuradora y otros residuos agrícolas, ganaderos e industriales.

STOP BiometaNO cuestiona asimismo el destino de los digestatos, los residuos que resultan del proceso de producción de biogás y biometano, y advierte de que este modelo puede favorecer, a su juicio, la expansión de la ganadería intensiva. También considera que podría perjudicar a actividades como la agricultura tradicional y el turismo rural.

Ante esta situación, la plataforma reclama a las administraciones una moratoria que suspenda las licencias y autorizaciones de estos proyectos hasta que se lleve a cabo una evaluación técnica que considera necesario que sea “exhaustiva e independiente”.

Además, pide que se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones y que la Junta de Extremadura apruebe un plan estratégico regional que ordene la implantación de estas instalaciones y determine cuáles son las necesidades reales de la comunidad.

La concentración cuenta con el respaldo de plataformas y vecinos de La Coronada, Oliva de Plasencia, Casas del Monte, Segura de Toro, Hervás, Granja de Torrehermosa, Miajadas, Vivares, Plasencia, Carcaboso, Monterrubio de la Serena, Valdehornillos, Hernán Cortés y Santa Amalia.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado este viernes el fallecimiento de un hombre de 88 años, que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva (Badajoz), a consecuencia de la fiebre del Nilo Occidental, lo que supone el segundo caso mortal por esta causa en la región en 2026.

La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Extremadura acumula ya 34 casos. El SES haya confirmado este viernes el último de ellos, el de un varón de 47 años de Don Benito, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En este momento, un paciente continúa ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, otro en el de Mérida y otro en el Universitario de Cáceres. También se ha notificado el alta de uno de los ingresados en Don Benito.

En el año 2025 se contabilizaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, correspondientes a una mujer de 36 años de Santa Amalia y un hombre de 68 años de Don Benito, ambas localidades pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Con estos dos nuevos contagios, Extremadura acumula ya 33 casos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026, con un fallecimiento registrado.

La situación mantiene a varios pacientes hospitalizados. En estos momentos, tres personas permanecen ingresadas en el Hospital Don Benito-Villanueva, otra en el Hospital de Mérida y una quinta en el Hospital Universitario de Cáceres.

El número de casos acumulados este año se aproxima ya al registrado durante todo 2025, cuando se notificaron 39 contagios y cinco fallecimientos en la región.

Vigilancia en las ocho áreas de salud

Ante la aparición de nuevos casos, la Dirección del SES ha comunicado la situación a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura, a las que ha pedido que mantengan la vigilancia ante cualquier sospecha de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

El objetivo es mantener una actitud de alerta que permita incrementar la capacidad diagnóstica ante posibles nuevos contagios.

El SES recuerda, no obstante, que alrededor del 80% de las infecciones por virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas, por lo que una parte de las personas infectadas no desarrolla síntomas.

La enfermedad se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados. La vigilancia sanitaria se mantiene activa en Extremadura ante la evolución de los casos detectados durante esta temporada.

Una actuación de la Guardia Civil y la Policía Local de Navalmoral de la Mata (Cáceres) por una posible agresión en un domicilio ha terminado con la intervención de unos 27 kilos de hachís y diversa munición, y con un hombre detenido y una mujer investigada por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos comenzaron cuando los agentes recibieron un aviso por una posible agresión en el interior de una vivienda de la localidad. Al llegar al domicilio, encontraron a una mujer en un “estado de nerviosismo” que manifestó haber sufrido una supuesta agresión. Los servicios sanitarios se desplazaron hasta el inmueble y atendieron a la mujer en el propio domicilio, según ha informado la Guardia Civil.

Mientras se desarrollaba esta intervención, los agentes establecieron un dispositivo para localizar al supuesto agresor, que inicialmente no se encontraba en la vivienda.

La mujer manifestó posteriormente que no estaba segura de que el hombre hubiera abandonado el domicilio. Ante esta circunstancia, los efectivos procedieron a comprobar las distintas dependencias del inmueble para garantizar la seguridad de las personas que pudieran encontrarse en su interior.

Dos cajas con 27 kilos de hachís

Fue durante esta comprobación cuando los agentes localizaron en el interior de un armario dos grandes cajas que contenían numerosos paquetes con una sustancia de color marrón. Las pruebas realizadas posteriormente determinaron que se trataba de hachís, con un peso total aproximado de 27 kilogramos.

Además de la droga, los agentes encontraron en la vivienda una caja que contenía numerosos cartuchos de escopeta del calibre 12, así como munición del calibre 9 milímetros destinada a armas cortas. El hallazgo llevó a los investigadores a ampliar las actuaciones y a iniciar diligencias por un posible delito contra la salud pública.

Tras localizar la droga y la munición, la mujer pasó a quedar investigada por un presunto delito contra la salud pública.

Los agentes continuaron con las labores para localizar al hombre señalado inicialmente como supuesto agresor. Una vez localizado, procedieron a su detención.

A ambos se les atribuye un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, al hombre se le atribuye un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, en el contexto de violencia de género.

La investigación se inició, por tanto, a raíz de una actuación relacionada inicialmente con una posible agresión y permitió descubrir en el domicilio una cantidad de droga y munición cuya presencia no estaba relacionada con el motivo inicial del aviso.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Navalmoral de la Mata.

La Asociación de Padres de Niños con Autismo de Extremadura (Apnasurex) ha denunciado la sanción de 9.000 euros, que es “la máxima prevista en el orden social”, impuesta por la Inspección de Trabajo a raíz de la caseta solidaria que la entidad instaló en la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro de Salvatierra de los Barros. Pese a no reconocer infracción alguna, la entidad pagará finalmente 5.400 euros al acogerse a la reducción del 40% por pronto pago para evitar derivar fondos a procesos judiciales.

Los hechos se remontan al pasado 30 de mayo, cuando la Inspección de Trabajo, acompañada por la Guardia Civil, se personó en la caseta e identificó a varios de los 14 voluntarios presentes. A partir de las declaraciones de dos de ellos, la autoridad laboral concluyó la existencia de una relación laboral encubierta.

Apnasurex considera esta interpretación “radicalmente errónea” y recalca que aportó documentación probatoria: los 15.010 euros recaudados se ingresaron íntegramente en la cuenta bancaria de la entidad, los pagos realizados correspondían de forma exclusiva a proveedores y se presentaron tanto los estatutos como cartas de apoyo del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros y de la Federación Autismo Extremadura.

La organización ha explicado que la decisión de asumir el pago responde únicamente a la responsabilidad con los 30 niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) a los que presta servicio. Según destacan, “cada euro destinado a un procedimiento administrativo o judicial es un euro que se le resta a ellos”. La iniciativa de la Caseta Solidaria echó a andar en 2008 con el objetivo de recaudar fondos para su Escuela de Verano, una actividad que permite a los menores mantener sus rutinas durante el periodo estival y ayuda a las familias en la conciliación laboral y personal.

Desde la entidad lamentan que una asociación que lleva 18 años “supliendo con voluntariado y solidaridad lo que la Administración no hace, termine siendo sancionada precisamente por ejercer ese voluntariado”.

Por su parte, la Federación de Autismo de Extremadura ha mostrado su respaldo explícito a Apnasurex y ha exigido el archivo del expediente. Su presidente, Rafael Hernández Fernández, ha insistido en que las personas identificadas “eran voluntarios, no trabajadores”, remarcando que la caseta es una iniciativa benéfica y no un negocio. A pesar del varapalo económico, Apnasurex ha confirmado que mantendrá la iniciativa en marcha: “La injusticia puede doler, pero no puede detenernos”.