“¿Qué crees que pasará esta noche, Andrés?”. Era una pregunta recurrente que me hacían amigos desde España este martes. “¿Qué va a pasar hoy? ¿Te ha contado Donald sus planes?”, preguntaba otro. “¿Sensaciones, my friend?”, me decía uno más.

“Yo creo que ampliará el plazo con la excusa de la propuesta paquistaní”, contestaba a unos y otros. Y más o menos eso terminó pasando: Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, algo a lo que siempre se había negado, e Irán afirmó que permitiría el “paso seguro” por el estrecho de Ormuz.

En realidad, uno nunca sabe qué puede decidir el presidente de EEUU, porque Trump se desenvuelve sin límites; a diferencia de los demás, juega sin reglas, lo que hace que sea más difícil de predecir para quien aún mantiene cierta confianza en los equilibrios de poderes y en la condición humana.

Pero con Trump hemos terminado aprendiendo que es aficionado al plazo de “dos semanas”, aunque pueda ser prorrogado indefinidamente, y que a menudo no cumple con sus amenazas, como se ha podido comprobar, sobre todo, en las negociaciones comerciales y los ultimátums sobre aranceles. Por eso, muchos lo han bautizado como TACO, es decir, Trump Always Chickens Out —Trump siempre se raja—, un mote que no gusta nada al presidente de EEUU.

El TACO se cocinó inicialmente el 2 de mayo de 2025. Aquel día, el columnista del Financial Times Robert Armstrong escribía: “El reciente repunte económico tiene mucho que ver con que los mercados han llegado a la conclusión de que la administración estadounidense no tiene un umbral muy alto de tolerancia al dolor económico y de los mercados, y que se echará atrás rápidamente cuando los aranceles empiecen a causar estragos. A esto se le ha llamado la teoría del TACO: Trump Always Chickens Out —Trump siempre se acobarda—”.

El concepto, escondido en medio de un análisis sobre la coyuntura económica, comenzó a crecer hasta estallar en la Casa Blanca días después, cuando la periodista de CNBC, Megan Cassella, le preguntó a Trump por ello. “¿Que me echo atrás? ¿Que me acobardo? Nunca había oído eso —responde Trump enfurecido—. Y tú vienes con una pregunta tan desagradable como esa... Se llama negociar. No vuelvas a decir eso. Es una pregunta muy desagradable. Es de las más desagradables que me han hecho”, respondió un Trump enfurecido.

Pero lo cierto es que a menudo ocurre que Trump se sube tanto al monte que nadie le sigue, y luego busca la manera de desandar la escalada y encontrar una salida a la desesperada.

Trump, dos días después de llamar a los gobernantes iraníes “malditos bastardos” y decir que pronto estarían “viviendo en el infierno”, este martes los elogió como “una clase diferente, más inteligente y menos radicalizada”.

En este caso, Trump recula durante dos semanas en sus amenazas apocalípticas, que pasaban por aniquilar “una civilización”, lo que habría supuesto cometer un genocidio en Irán. Y es mejor que así haya ocurrido, pero vuelve a ser una muestra de cómo ejerce el poder y del modo caótico de negociación.

Mientras, Washington DC ha vivido el día en que el presidente de EEUU se disponía a cometer un genocidio sin grandes sobresaltos, más allá de que ese era un asunto de conversación habitual. Apenas había convocada una concentración frente a la Casa Blanca a partir de las seis de la tarde, media hora antes de que Trump publicara su anuncio de alto el fuego.

Más allá de eso, televisiones como el canal LiveNow, de Fox, tenían sobreimpresionada en sus pantallas una cuenta atrás para ver si, al final, el presidente de EEUU cumplía su amenaza de matar “una civilización entera”.

Numerosos congresistas demócratas se fueron manifestando públicamente a lo largo del martes sobre la falta de idoneidad de Trump para ocupar el Despacho Oval y la necesidad de que las órdenes ilegales sean desoídas.

La progresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, ha afirmado: “Esto constituye una amenaza de genocidio y justifica la destitución del cargo. Las facultades mentales del presidente se están deteriorando y no se puede confiar en él. A todas las personas que forman parte de la cadena de mando del presidente: tienen el deber de desobedecer las órdenes ilegales. Esto incluye llevar a cabo esta amenaza”.

La amenaza de un Trump fuera de sí muestra la desesperación del presidente de EEUU por encontrar una salida. El Washington Post explicaba este domingo que Amazon está aplicando un recargo por combustible a sus entregas de comercio electrónico, mientras los intereses hipotecarios están alcanzando su nivel más alto en siete meses, al tiempo que los consumidores se preparan para ver cómo se encarecen los precios de las botellas de refrescos y de los detergentes.

En efecto, el impacto de la guerra en Irán sobre la economía estadounidense ya se está notando en los bolsillos de la ciudadanía estadounidense, a pesar de que el Departamento de Trabajo informó el viernes pasado de la creación de 178.000 puestos de trabajo en el mes de marzo.

Sin embargo, el incremento de las facturas energéticas, los tipos de interés y la escasez de suministros son señales de que se avecinan tiempos peores. En este sentido, los estadounidenses, por un margen del 56% frente a un 7%, prevén que la guerra tenga un “impacto principalmente negativo” en su situación económica personal, según una encuesta de Ipsos realizada el 31 de marzo.

Un conflicto en Oriente Medio que se prolongue varios meses más extendería el alza de precios y las interrupciones en las cadenas de suministro más allá de Asia y Europa, llegando hasta las costas de Estados Unidos.

Una interrupción de tres meses en el comercio marítimo habitual elevaría los precios del petróleo a 170 dólares por barril, según Bloomberg. Si la guerra se prolonga durante seis meses, la economía mundial —privada de 13 millones de barriles de petróleo diarios— caería en una recesión, según Oxford Economics.

Ya están paseando los agentes del ICE por los aeropuertos de Estados Unidos. Responden a la orden del presidente, Donald Trump, de suplir las disfunciones que está ocasionando el bloqueo a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional por la negativa de los congresistas demócratas a financiar una institución con agentes que ejecutan una cruel represión migratoria en las ciudades estadounidenses. El mismo cuerpo responsable del asesinato de dos personas en las calles de Minneapolis ahora se ocupa, supuestamente, de ayudar en los controles de los aeropuertos. Pero, en realidad, siguen haciendo lo que hacen en la calle: perseguir personas.

El ICE se ha terminado convirtiendo en una fuerza armada federal al servicio del presidente de EEUU: los usa para su represión migratoria, elige en qué bastión demócrata los despliega o repliega –como ha pasado en Minnesota tras los dos asesinatos– y ahora los quiere para interferir en el pulso político que tiene abierto con los demócratas en el Capitolio.

Este fin de semana me acerqué al Museo Nacional de Historia de EEUU, aquí en Washington DC. Y me encontré con un detalle en la exposición que me llamó la atención: un debate abierto a finales del siglo XIX en Estados Unidos entre los conceptos de república e imperio. Eran los años en los que EEUU, tras su guerra civil, había iniciado una expansión colonial en Filipinas, Cuba, Hawái y Puerto Rico, entre otros, y se debatía el papel de EEUU en el mundo.

Y, de manera incipiente, surge esa dicotomía entre imperio y república –que tanto juego ha dado a la saga Star Wars, en otro orden de cosas–. Y surge en una sociedad de representación política censitaria –el voto femenino llegó en 1920–; levantada sobre el genocidio de la población indígena –de la mano del supremacismo blanco–; y sustentada en la segregación de la población afroamericana, que se prolongó hasta los años sesenta.

En ese contexto, y en pleno debate en la primera mitad del siglo XX sobre el imperialismo y la descolonización, el sociólogo, historiador y activista por los derechos civiles estadounidense W. E. B. Du Bois (1868-1963) teoriza hasta qué punto EEUU puede ser un imperio en el extranjero y una democracia en casa; hasta qué punto las formas imperiales autoritarias se replican dentro: y concluía que no puede haber democracia en un país que actúa como un imperio. En este sentido, frenar el imperialismo estadounidense no solo beneficiaría a las naciones dominadas o potencialmente sometidas, sino también a la ciudadanía estadounidense.

En efecto, si por república entendemos no sólo un modelo político sin monarquía, sino un sistema político sustentado en la radicalidad democrática y en la participación ciudadana, más allá de una formulación de reglas, la república estadounidense con Trump es cada vez más estrecha y más autoritaria: se persigue, insulta y deshumaniza a los rivales políticos internos; se reprime a la población migrante; se amenaza a los medios de comunicación que no aplauden a la Casa Blanca; se retiran fondos y se multa a las universidades que quieren ser independientes; se castiga a los despachos de abogados que defienden causas no compartidas por la Administración Trump; y se margina a quienes aplican políticas de diversidad e igualdad en sus entornos laborales.

Prueba de esos recortes democráticos es la decisión que acaba de tomar el departamento de Guerra en relación con la prensa acreditada en el Pentágono.

Como un juez ha considerado ilegales las normas restrictivas de censura previa que aprobó el departamento de Guerra para conceder acreditaciones de prensa, ha anunciado que las dependencias para la prensa ya no estarían en el Pentágono sino en otro lugar. En efecto, el área del Pentágono conocida como el pasillo de los corresponsales, que los reporteros han utilizado durante décadas para cubrir las actividades de las fuerzas armadas estadounidenses, se cerrará de inmediato y los periodistas podrán trabajar, llegado el momento, desde un “anexo” fuera del edificio, el cual “estará disponible cuando esté listo”.

“Negociamos con bombas”, afirmaba este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una frase que dice tanto con tan solo tres palabras: evidencia el desprecio por el diálogo; la exhibición de la ley del más fuerte por encima del derecho y las normas; y una pulsión por la agresividad que recuerda al manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909 en Le Figaro y que se considera precursor del fascismo, que conquistó el poder en Italia de la mano de Benito Mussolini en 1922.

Aquel manifiesto que sembró las bases del fascismo presentaba una serie de puntos –11 en total– que encajan muy bien con la Administración Trump y con los valores que preconiza cada día Hegseth.

“No hay belleza sino en la lucha”, decía el manifiesto: “Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra; queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer; queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”.

En efecto, como Marinetti, como los precursores del fascismo hace un siglo, Donald Trump glorifica la guerra, el militarismo y el patriotismo, combate el feminismo y muestra un total desprecio por el arte y la cultura.

Y en esa glorificación de la guerra, Trump desarrolla su lado más imperialista: ha bombardeado siete países en un año –Irán, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Venezuela y Nigeria–; ha secuestrado un presidente de Gobierno –Nicolás Maduro–; ha colaborado en el asesinato de la cúpula dirigente iraní mientras lleva más de tres semanas bombardeando el país; se encuentra inmerso en una operación de acoso y derribo del Gobierno cubano a través de la asfixia económica, alimentaria y energética de la ciudadanía del país; y lleva 159 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico Sur.

En definitiva, ese “negociamos con bombas” de Hegseth es una suerte de síntesis futurista del trumpismo en su deriva imperial frente a los valores republicanos y democráticos.

Cuba no es Venezuela. No tiene petróleo, ni grandes recursos naturales. Es una pequeña isla, de menos de 10 millones de habitantes, en medio del Caribe. Cuba tampoco es Irán, nunca imaginó ni acarició tener armas nucleares. Si acaso, algún misil para tener a tiro a EEUU de la misma manera que EEUU siempre ha tenido a tiro a Cuba, y como mecanismo disuasorio tras la fracasada invasión de Playa Girón, de abril de 1961, hace ahora 65 años.

Pero aquel intento de Fidel Castro de reforzar su armamento se frustró en 1962 durante la llamada crisis de los misiles, que representó uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Terminó sin misiles en Cuba, pero EEUU también tuvo que retirar los suyos de Turquía.

Hay un museo curioso en Washington DC, el International Spy Museum, que recoge y recrea diferentes operaciones de espionaje a lo largo de la historia. Y una de las que se relatan es precisamente la de Playa Girón, gestada, ideada y financiada desde EEUU por la CIA para tumbar al Gobierno de Fidel Castro.

El Gobierno de Castro fue atacado desde el primer día por EEUU, mucho antes incluso de que fundara el Partido Comunista de Cuba, en 1965. Y tiene que ver con que fue un gobierno nacido de la victoria de una revolución, en 1959, tras seis años de lucha contra la dictadura, y sus banderas tenían mucho que ver con la emancipación de la tutela que ejercía EEUU sobre la isla a través del dictador Fulgencio Batista y de la explotación de sus recursos a través de empresas estadounidenses de forma directa o indirecta.

Cuba ya había sido un protectorado de EEUU entre 1898, cuando dejó de ser colonia española, y 1902. Y Washington nunca ha dejado de querer tutelar una isla que se encuentra a 90 millas náuticas –unos 150 kilómetros–, y nunca aceptó que Cuba adoptara un camino independiente de EEUU: desde los primeros meses decretaron medidas de bloqueo que no han hecho más que endurecerse con el paso del tiempo: primero, con JFK en 1962 con un embargo comercial total; después, en 1996, con la ley Helms-Burton, que codifica el embargo en ley de manera que sólo pueda ser revertido por el Congreso y no el presidente; y ahora, con Donald Trump, un bloqueo energético que impide que el Estado cubano pueda recibir una sola gota de petróleo, abocando a sus casi 10 millones de habitantes a padecer una catástrofe humanitaria.

“Gracias por playa Girón”, le dijo el Che Guevara a John Fitzgerald Kennedy en 1961: “Antes de la invasión, la revolución era débil. Ahora es más fuerte que nunca”.

Después de 65 años de aquella invasión fracasada, planificada y financiada por la CIA, Cuba sigue siendo un objeto de deseo para la Administración estadounidense. La diferencia es que ahora Cuba no cuenta con la capacidad disuasoria de la URSS, ni con el petróleo barato venezolano, porque el Gobierno de Delcy Rodríguez, tutelado por Washington, no envía una sola gota de petróleo a Cuba, cuando Venezuela ha sido el principal suministrador de crudo de la isla.

Pero tampoco envía una gota de petróleo México, el segundo suministrador, por miedo al castigo comercial de Trump después de amenazar con aranceles extraordinarios a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. A pesar de que esa amenaza está contenida en una orden ejecutiva vacía por la sentencia del Tribunal Supremo contra los atajos arancelarios del presidente de EEUU, Claudia Sheinbaum no se atreve a enviar petróleo. Lo que sí hace México es mantener los envíos de ayuda humanitaria a un país que, sin petróleo, tiene el tejido productivo parado y no puede ni vender ni comprar nada.

Cuba no puede ni vender ni comprar nada. Pero tampoco puede recoger las basuras, porque no hay combustible para los camiones, con lo que eso supone de enfermedades fruto de la insalubridad; ni realizar operaciones en los hospitales, porque no hay energía, quedando los quirófanos inservibles; o cocinar con otra cosa que no sea leña, con lo que eso supone para las enfermedades respiratorias. Tampoco puede facilitar combustible a los aviones que aterricen en la isla ni mantener los hoteles abiertos con ciertas condiciones, lo que hace que una de sus principales vías de ingresos, el turismo, haya desaparecido.

De la misma manera, la presión estadounidense está llegando a extremos de que países latinoamericanos estén cortando los programas de cooperación con médicos cubanos, algo que también suponía una vía de ingresos para La Habana.

“Sabemos lo que significa este embargo petrolero y lo que siempre ha significado, lo que siempre han significado las sanciones. Se trata de un cambio de régimen mediante el hambre. Eso es lo que intentan hacer”, decía este martes en Democracy Now Daniel Montero, periodista cubano de Belly of The Beast: “Y ahora mismo, con el bloqueo petrolero, la situación es peor que nunca. Como cubano, como residente de este país, donde vive toda mi familia, me resulta absolutamente indignante escuchar a Donald Trump y a la Administración estadounidense decir que intentan ayudar a Cuba, que intentan liberarla, porque no explican el precio que exigen. El camino para lograrlo es el sufrimiento del pueblo cubano, la muerte del pueblo cubano”.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de un “colapso humanitario” en Cuba hace un mes. Y más tarde ha hablado de “riesgos humanitarios agudos”, e incluso está en conversaciones con EEUU para que entre en Cuba “combustible con fines humanitarios”.

Pero la Casa Blanca es inflexible. Y más aún cuando quien habla es el cubanoamericano que más lejos ha llegado en la Administración estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado de Trump: “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no pueden arreglar. Así que tienen que cambiar drásticamente. Tienen que tomar decisiones importantes allí”. Y cuando se le pregunta por la responsabilidad del bloqueo estadounidense en la crisis humanitaria en Cuba, contesta: “El embargo está ligado al cambio político en la isla. El embargo está codificado. Pero la conclusión es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional, que ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. Y los responsables no saben cómo solucionarlo. Así que tienen que poner a gente nueva al mando”.

Es decir, EEUU mantendrá la presión hasta que caiga el Gobierno cubano. Llevan 67 años así, pero la situación ahora parece más crítica que nunca. Y así lo transmite Trump, quien este lunes afirmaba: “Creo que voy a tener el gran honor de ser quien tome el control de Cuba”.

En efecto, porque Cuba es un símbolo, un fetiche de los presidentes estadounidenses desde hace 67 años, pero también un elemento fundamental de las batallas políticas y culturales que ha emprendido Trump en este mandato: Trump quiere pasar a la historia como el presidente que tumbó el chavismo y el castrismo. Y lo sabe, y le encanta.

Esta Administración ha teorizado desde que llegó a la Casa Blanca hace poco más de un año que Donald Trump está actualizando la doctrina Monroe, rebautizada como Donroe, que viene a trasladar al siglo XXI las tesis de control teorizadas a principios del siglo XIX por el presidente Monroe de lo que ellos llaman el Hemisferio Occidental, conocido como continente americano por el resto del mundo.

La doctina Monroe, reforzada por la teoría del Destino Manifiesto de finales del siglo XIX, aderezada con las ansias neoimperialistas de Donald Trump hasta el punto de amenazar con tomar Groenlandia, conduce a que el presidente de EEUU quiera intervenir en todos los procesos políticos posibles en Latinoamérica: desde soltar a un ex presidente hondureño condenado por narcotráfico para interferir en las elecciones del país, hasta condicionar un rescate a Argentina a un buen resultado de Javier Milei en las legislativas, hasta incluir en la lista de sancionados por narcoterrorismo al presidente colombiano, Gustavo Petro; o a secuestrar al venezolano, Nicolás Maduro; y asfixiar hasta lo imposible al pueblo cubano hasta que tenga que ceder, también, a la tutela estadounidense a cambio de una relajación del bloqueo... O crear una alianza militar con gobiernos afines, al margen de la OEA y cualquier organización multilateral existente para supuestas operaciones conjuntas contra el narcotráfico en América Latina.

Así, por ejemplo, ya han empezado hace unas semanas con operaciones militares en Ecuador, y este martes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciaba bombardeos en suelo colombiano provenientes de Ecuador. Y todo esto a escasas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia –31 de mayo–, a las que acude como favorito el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, después de haber sido la principal fuerza en las legislativas recién celebradas.

Trump asume que América Latina es su “patio trasero”, como dijo una vez su portavoz, Karoline Leavitt, quiere quedarse con Cuba y no va a parar hasta acabar con el último símbolo comunista de América Latina. “Sería un gran honor”, ha dicho esta semana. Y eso lo dice todo.

Buena parte de la historia de Estados Unidos está mediada por la guerra fuera de sus fronteras. No en vano es el país que ha protagonizado más intervenciones en países extranjeros en los últimos 100 años, una tradición que encaja muy bien en esa forma que tiene Donald Trump de hacer política buscando imponerse por la fuerza y saltándose todas las reglas.

Hace unos días, después de que Trump iniciara sus ataques sobre Irán de la mano de Israel, me di una vuelta por el National Mall, una explanada en Washington donde se concentran varios de los principales memoriales militares del país.

En concreto, quise ver más de cerca los de las guerras de Vietnam y de Corea. De alguna manera, sentía que había cierto paralelismo entre aquellas guerras y la actual en Irán: una misma potencia hegemónica, EEUU, queriendo intervenir por la fuerza en el designio de otros países, lejanos, que ni siquiera suponen una amenaza real para ella.

Y del mismo modo que EEUU entró en aquellas guerras movido por sus ambiciones geopolíticas, los bombardeos que arrancaron en la madrugada del 28 de febrero comparten esas motivaciones de reconducir políticamente, por la fuerza y saltándose el derecho internacional a un país de 91 millones de habitantes como Irán.

Para ello, EEUU e Israel han matado a la cúpula política del país, están arrasando con bombas zonas civiles y han asesinado a 175 personas en una escuela, la mayoría niñas. En total, la cifra de civiles muertos en Irán supera ya los 1.300, según el embajador ante Naciones Unidas. Entre las filas estadounidenses, por su parte, se han registrado siete víctimas mortales y unos 140 heridos.

Los memoriales –como llaman aquí a los monumentos conmemorativos– de Vietnam y Corea dicen mucho de cómo se vive la guerra en este país, y de cómo esa visión se transmite a lo largo de la historia.

El monumento de Vietnam recoge los nombres de los casi 60.000 soldados que fallecieron en la década en que EEUU desplegó tropas en el país –1963-1973–, si bien EEUU llevaba ya muchos años implicado en la zona, desde la guerra francesa de Indochina contra la independencia del país.

En la guerra de Vietnam, que duró dos décadas, entre otras cosas por la participación de EEUU en apoyo a Vietnam del Sur, murieron entre 1 y 3 millones de vietnamitas, según los cálculos, y entre 200.000 y 300.000 camboyanos. Es decir, fue una masacre prolongada en el tiempo por el imperialismo de la Casa Blanca, que incluso engañó a su población y al Congreso de EEUU sobre lo mal que le iba en el frente, como desvelaron los Pentagon Papers.

Los Papeles del Pentágono eran un estudio secreto del Departamento de Defensa filtrado en 1971 por Daniel Ellsberg. El informe demostraba que varias administraciones (desde Harry Truman hasta Lyndon Johnson) sabían que la guerra en Vietnam era muy difícil de ganar, pero siguieron escalándola mientras decían al público que iban hacia la victoria.

Pero nada de eso aparece en el monumento: ni una sola mención a lo que llevó a EEUU a desplegar tropas allí –impedir la unificación entre el Sur y el Norte comunista–; ni a los millones de civiles muertos en esa guerra alimentada por Washington; ni al daño del napalm del que huía la niña llamada Kim Phuc corriendo desnuda por una carretera; ni a la manipulación política que se realizó; ni al contexto histórico en el que se produjo; ni a las protestas civiles que se produjeron en EEUU contra la guerra y que movilizaron a una sociedad que sufrió una gran represión policial.

Uno de los ejemplos que queda en el recuerdo, recientemente relatados en una película que se puede ver en Netflix –El juicio de los 7 de Chicago–, tiene que ver con uno de los procesos judiciales más polémicos de la historia política reciente de EEUU tras las protestas contra la guerra de Vietnam durante la convención demócrata de 1968 en Chicago. El juicio se volvió simbólico porque muchos vieron el proceso como un intento del gobierno de castigar y disuadir la protesta contra la guerra de Vietnam.

Las protestas en Chicago fueron violentamente reprimidas por la policía. Una investigación posterior —la National Commission on the Causes and Prevention of Violence— concluyó que hubo un “riot policial”, es decir, disturbios provocados por la policía.

El caso se convirtió en un debate nacional sobre la libertad de expresión, el derecho a protestar y el abuso del sistema judicial contra activistas. En 1972, una corte de apelaciones anuló las condenas, señalando irregularidades en el juicio. El juicio fue importante porque mostró hasta qué punto el gobierno estaba dispuesto a usar el sistema judicial para controlar la oposición política durante un momento de enorme oposición a la guerra de Vietnam.

Pero nada de eso aparece en el memorial. EEUU llena su memoria de recuerdos de guerras en las que intervino, muchas de ellas a miles de kilómetros y por sus propios intereses, y en las que murieron civiles, víctimas inocentes. –miles, cientos de miles o millones– que no son tenidos en cuenta.

El monumento de la Guerra de Corea, en la que EEUU participó al frente de un ejército aprobado por el Consejo de Naciones Unidas en ausencia del embajador ruso (1950-1953), recuerda a los 33.600 soldados muertos en combate, pero no al millón de personas que murió en esa guerra, que supuso el primer pulso bélico entre el área de influencia de EEUU y el de las potencias comunistas –Rusia y, sobre todo en este caso, China–.

De momento, la narrativa en el caso de la guerra en Irán está siendo la misma: Donald Trump culpa de la matanza de la escuela iraní a los propios iraníes, a pesar de que todos los indicios apuntan a EEUU al haber sido causada por un Tomahawk; no tiene ningún recuerdo para los más de 1.200 muertos en el lado iraní, al tiempo que rinde homenaje solo a los siete soldados propios; y justifica la guerra a miles de kilómetros de EEUU por una amenaza no demostrada.

Si bien en este caso las movilizaciones sociales no son comparables con las que terminaron produciéndose con Vietnam, entre otras cosas porque aquella guerra duró una década e implicó soldados en el frente que no solo murieron, sino que muchos resultaron heridos –300.000–, mutilados o con secuelas mentales para siempre.

Sin embargo, según las encuestas que se han publicado, la guerra en Irán es la que menos apoyo tiene entre los estadounidenses desde el inicio de las acciones militares. De acuerdo con una recopilación hecha por medios estadounidenses, la actual guerra cuenta con un apoyo del 41%, lejos del 97% de la Segunda Guerra Mundial; el 92% de la invasión de Afganistán tras el 11S y el 76% de la invasión de Irak, por ejemplo.

El apoyo a las guerras suele disminuir con el paso del tiempo, a medida que aumentan las bajas y los estadounidenses empiezan a sentir los costes de la guerra. Uno de los casos paradigmáticos es la guerra de Vietnam: cerca de su inicio, el 60% de los estadounidenses no consideraba la guerra un error. Pero, a medida que aumentaba el número de bajas, también lo hacían las dudas de la ciudadanía.

En 1969, la mayoría afirmaba que la guerra había sido un error. Esa cifra siguió aumentando a medida que avanzaba la guerra.

No existen encuestas sobre la aprobación pública de la guerra de Vietnam al inicio del conflicto, explica The New York Times.

De alguna manera, todas estas guerras recientes, algunas desatadas con mentiras flagrantes, como la de Irak, han ido consolidando la oposición actual a las intervenciones militares en el extranjero, tanto entre demócratas como en buena parte del trumpismo. A pesar de eso, el actual presidente de EEUU, que llegó a la Casa Blanca prometiendo la paz en el mundo y el “final de las guerras interminables”, ya lleva bombardeados siete países desde que juró el cargo –Somalia, Venezuela, Irán, Yemen, Nigeria, Siria, Irak–.

Me pasa muchas veces en Estados Unidos. Las personas progresistas o de izquierdas con las que hablo me preguntan siempre por el Gobierno de España. Desde aquí, se ve como uno de los pocos referentes progresistas del mundo occidental, como uno de los pocos países que planta cara a Donald Trump en asuntos fundamentales, como el genocidio en Gaza, la migración, el gasto militar en la OTAN y los ataques a Venezuela e Irán.

Hay incluso alguno que te recuerda la intervención de Pedro Sánchez en un homenaje a José Mujica en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre pasado. En aquellos días, el presidente del Gobierno se convirtió en un antagonista del trumpismo por su denuncia del genocidio israelí, el apoyo a la flotilla a Gaza y la defensa de un mundo basado en las reglas que Trump se salta cada día.

En un contexto internacional en el que la Unión Europea se muestra paralizada ante los desmanes de Donald Trump y en el que las voces discordantes progresistas hay que buscarlas en Sudáfrica, Brasil o Colombia, la voz de España resuena fuerte entre la izquierda estadounidense.

La izquierda estadounidense no hila tan fino como para tener presente que se necesitaron varias repeticiones electorales y cuatro años –desde diciembre de 2015 a noviembre de 2019– para que Sánchez dejara de mirar a su derecha –ahí está el acuerdo con Albert Rivera de febrero de 2016– y se comprometiera a cogobernar con su izquierda, en aquel momento liderada por Pablo Iglesias y Unidas Podemos, para inaugurar en enero de 2020 el primer gobierno de coalición desde la restauración democrática en España.

Las personas de izquierdas en EEUU tampoco están en el detalle de que el Gobierno español no aprobó el embargo formal de armas a Israel hasta septiembre de 2025, cuando se cumplían dos años de genocidio, por las resistencias de la parte socialista, presionada por los movimientos sociales y los socios de gobierno –Sumar– y de investidura –Podemos, Bildu, ERC, BNG–.

Del mismo modo, tampoco saben que hasta ese embargo formal se han registrado transacciones comerciales relacionadas con armas mientras se producía el genocidio, y que tiene excepciones, como la concedida a Airbus a finales de diciembre pasado.

Pero también es cierto que el presidente del Gobierno español, consciente de sus socios de Gobierno y de investidura –como sabía el propio secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio–, se negó a comprometer el 5% del PIB en gasto en defensa como se pedía en la cumbre de la OTAN de junio de 2025. De la misma manera que el Gobierno español ha censurado el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, y ahora ha prohibido el uso de sus bases militares para el ataque ilegal a Irán de la mano de Israel.

En efecto, ningún otro país se opuso frontalmente a Trump en la cumbre de la OTAN, si bien quedó sin resolverse el debate sobre si es realista o no el plan español de poder satisfacer los compromisos de los aliados con el 2% del PIB, cosa que no se cree la Alianza Atlántica.

En aquellos días, el Gobierno español se llevó la ira de Donald Trump, quien ya amenazó por primera vez con sanciones comerciales a España por no obedecer a sus exigencias.

No en vano, lo que está haciendo Trump es caja: exige un aumento del gasto militar en Europa para vender las armas que se suministran a Ucrania. Es decir, factura las armas, incentiva su industria y refuerza su mercado laboral, al tiempo que se lucra de la guerra de Ucrania.

Lo que tampoco le gusta a Trump es que España se presente como modelo de acogida de migrantes. A pesar de los asesinatos en la valla de Melilla en junio de 2022, que nunca tuvieron consecuencias políticas para Fernando Grande-Marlaska, es verdad que España acaba de aprobar una regularización de migrantes impulsada por las organizaciones sociales y la izquierda que sostiene al presidente Sánchez. Y que el discurso del Gobierno español no tiene nada que ver con la narrativa criminalizadora de la Administración Trump.

En efecto, el presidente de EEUU ha desatado una ola de represión migratoria que se ha traducido en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en enero pasado en las calles de Minneapolis y que ha ido tan lejos que hasta sus bases republicanas no la apoyan en las encuestas.

Trump se desquicia con España. Hasta por las medidas anunciadas por el Gobierno para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y combatir los contenidos ilegales online y la desinformación, abriendo la puerta a la persecución penal de los CEO de las plataformas digitales que los permitan e instando a la Fiscalía a investigar los delitos cometidos por Grok (la Inteligencia Artificial de X), Tik Tok y Meta. Una serie de decisiones que llevaron al aliado de Trump y dueño de X, Elon Musk, a atacar a Sánchez: “Es un traidor al pueblo de España”.

Pero lo de Irán ha sido la reacción más furibunda hasta el momento. A Trump le molestó mucho el gasto militar, pero ahí había mucho de resentimiento hacia quien no lo obedece, con lo que le gusta la gente que le hace la pelota hasta la vergüenza ajena, como Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Y ahora con Irán ha desatado su furia, amenazando incluso con “embargos” a España.

“España ha sido terrible”, ha dicho Trump: “De hecho, le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España. España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos”.

“Puedo decidir parar hoy todo lo que hacemos con España, podemos hacerlo ahora mismo. Nos lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Podría detener mañana, hoy mejor aún, todo lo que tenga que ver con España. Embargos. Podemos hacerlo con España”, ha dicho Trump. Bessent ha dicho que el Supremo “reafirmó su capacidad para aplicar un embargo”.

¿Lo hará Trump? ¿Aterrizará por primera vez todas las amenazas que lleva acumuladas contra España, aunque eso suponga un conflicto general con la UE porque la política comercial europea está transferida a la Comisión Europea?

Pues eso es algo que iremos viendo en los próximos días. Pero lo que está claro es que Trump se desquicia con España.

El poder de Trump tiene mucho de absoluto. Cuando paseas por las calles de Washington de vez en cuando te encuentras con carteles gigantes colgando en edificios públicos con la cara del presidente de Estados Unidos. Cualquiera diría que se trata de un gesto propio de regímenes autoritarios, y, en efecto, a veces se encuentran ciertas concomitancias.

El viernes pasado el Tribunal Supremo de EEUU paró los pies a Trump. Es la principal consecuencia de una sentencia que dice que hay formas de sortear a través de legislaciones pensadas para poner aranceles, a diferencia de la ley de emergencia internacional que usó el presidente de EEUU como un atajo.

Pero los jueces le dijeron a Donald Trump lo que muchos venían diciendo desde hacía meses sin que el presidente de EEUU atendiera a razones: que el mecanismo que estaba eligiendo no era el correcto.

Lo que ocurre con Trump es que nunca escucha a quien le lleva la contraria, y le encanta rodearse de personas que le aplauden y pelotean sin rubor. Lo podemos ver cada día en cada acto en el que participa. Es obligatorio dedicar varios minutos a halagar al presidente de EEUU que se quiere tanto a sí mismo que no para de nombrar cosas con su apellido, desde instituciones culturales hasta cuentas corrientes, golden visas o aeropuertos y puentes si la oposición no lo impide.

Con Trump, todo va de Trump, hasta el punto de que la Nobel de la Paz, María Corina Machado, le ha regalado la medalla del premio para congraciarse con el presidente de EEUU y tener un papel en la transición venezolana. Pero no lo tiene fácil, porque Trump está encantado con Delcy Rodríguez. Y lo ha vuelto a expresar este martes en su discurso sobre el estado de la Unión.

La decisión del Supremo sobre los aranceles no es la única que preocupa al presidente de EEUU.

Este lunes publicó en sus redes sociales un comentario insultante contra el Supremo porque teme perder otra de sus grandes apuestas: la eliminación de la nacionalidad por nacimiento por medio de un decreto, cuando resulta que está consagrada en la Constitución. Seguramente sea verdad que aquella decisión del siglo XIX tenía que ver con un contexto histórico diferente al actual. Pero eso ya es un juicio político, y lo que dice la enmienda 14 de la Constitución es clarísimo.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residan”, afirma la sección 1 de la 14 enmienda de la Constitución de EEUU, redactada en 1868, estableciendo el ius soli.

La Enmienda 14 fue adoptada después de la Guerra Civil para garantizar ciudadanía a las personas anteriormente esclavizadas y evitar decisiones –como la de Dred Scott contra Sandford–, que había negado la ciudadanía a personas afrodescendientes.

“ ¿Qué más se puede pedir?”, dice Trump  en su post en Truth Social, desafiando el texto de la Constitución de EEUU: “Pero este tribunal supremo encontrará la manera de llegar a una conclusión errónea, que volverá a hacer felices y ricos a China y a otras naciones. Que nuestro tribunal supremo siga tomando decisiones malas y perjudiciales para el futuro de nuestra nación: yo tengo un trabajo que hacer”.

Pero no solo. Donald Trump es un presidente que tiene una aprobación en las encuestas en torno al 40% después de su primer año del segundo mandato, lo que puede suponer un retroceso grande en las legislativas de mitad de mandato el próximo noviembre. Y eso sí que puede afectar a la agenda de uno de los presidentes con más y mejor control del Senado y la Cámara de Representantes. Trump logró sacar su megaley fiscal a pesar de las múltiples voces en contra, y solo fue posible por su control total de los republicanos en el Capitolio.

Seguramente nunca un Congreso de EEUU fue tan complaciente con el poder legislativo como lo está siendo el actual. Y eso se puede acabar en nueve meses, poco después, además, de que venzan los 150 días con los que puede decretar aranceles globales sin pasar por el voto del Congreso. A partir de esos 150 días, Trump va a necesitar un voto en el Congreso que no se prevé nada fácil. Entre otras cosas, por lo poco populares que son los aranceles para la población general estadounidense.

En definitiva, si el Supremo sigue haciendo su trabajo con independencia y si la Casa Blanca pierde el control de alguna de las dos Cámaras del Congreso, el frenazo para las políticas del presidente de EEUU puede ser elocuente. Y Trump lo sabe.

Este martes ha fallecido el reverendo Jesse Jackson, histórico activista por los derechos civiles. Y al pensar en las luchas y movilizaciones en momentos difíciles de la historia reciente de EEUU, he recordado un titular de hace unos días que me llamó la atención en The New York Post. La noticia ilustraba, precisamente, la persecución del activismo por los derechos humanos en el país y apuntaba contra varias organizaciones, entre ellas CodePink, una de las agrupaciones pacifistas y antiimperialistas más veteranas y activas de Estados Unidos. The New York Post es un tabloide MAGA, aprendiz de los británicos, pero con buenas fuentes en la Administración Trump. La noticia era que “el Departamento de Estado identifica a CodePink y a otros grupos de extrema izquierda como vectores de operaciones de influencia china”. Y el periódico citaba una fuente del departamento de Marco Rubio.

Bajo la persecución política alentada por Trump, ya desde su primera presidencia, las luchas y los activismos se entrelazan, como muestra un hecho de 2019 que conecta directamente a Jackson con CodePink.

Hace seis años, en mayo de 2019, el reverendo Jesse Jackson acudió a la embajada de Venezuela en Washington DC para llevar alimentos a un grupo de activistas que había ocupado el edificio durante semanas con el fin de impedir que Estados Unidos entregara la legación diplomática al equipo del autoproclamado Juan Guaidó. La ocupación —autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro tras la ruptura de relaciones con EEUU— buscaba preservar la sede como propiedad del Estado venezolano frente al reconocimiento de Guaidó por parte de Washington, una situación sin precedentes en la práctica diplomática moderna.

Fueras de la embajada, Jackson fue recibido y agradecido por activistas de CodePink, que habían apoyado la ocupación desde el inicio y defendían que la sede seguía perteneciendo al gobierno venezolano; también se concentraban allí simpatizantes de la oposición antichavista, en un clima de confrontación permanente.

Pero para la Administración Trump poco importa que se trate de organizaciones con décadas de trayectoria en la defensa del pacifismo y la oposición al intervencionismo estadounidense, incluso de la mano de referentes históricos del país como el reverendo Jesse Jackson. La justificación que a la que ha recurrido la Administración para perseguirlas es la acusación —sin pruebas— de recibir financiación desde China. En esa línea, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de EEUU, Sarah Rogers, declaraba en The New York Post: “Organizaciones como CodePink y The People’s Forum denigran a Estados Unidos, encubren la violencia de los regímenes marxistas y protegen a China, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con conexiones con el Partido Comunista Chino. El Departamento de Estado buscará la total transparencia de las redes de donantes y ONG que presionan a favor de nuestros adversarios y tratan de debilitar la determinación de Estados Unidos”.

En todo caso, lo que no aportaban la fuente ni el periódico era ninguna prueba de que estas entidades defensoras de los derechos humanos tuvieran ninguna obediencia al Partido Comunista Chino. Y lo que ni el periódico ni el Departamento de Estado recogen son los múltiples piropos de Donald Trump al presidente chino, Xi Jinping, ni el hecho de que pospusiera el cierre de TikTok meses y meses hasta que llegó a un acuerdo con Pekín para crear una filial en EEUU con accionariado estadounidense.

La supuesta prueba de cargo definitiva de la obediencia al PCCh de estas entidades es que el esposo de una fundadora de CodePink y mecenas de ambas organizaciones, natural de Sri Lanka, vive en Shanghai. Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie al medio y al Departamento de Estado para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh.

Unos días después de la noticia de The New York Post, es el propio Departamento de Estado, a través de su cuenta de X, el que carga abiertamente contra CodePink y The People's Forum: “Denigran a Estados Unidos, lavan la violencia de los regímenes marxistas y encubren a narcoterroristas como Maduro, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con vínculos con el Partido Comunista Chino”.

De nuevo, el Departamento de Estado no acompaña su publicación con un informe de esos supuestos vínculos con el PCCh. Le basta con un pantallazo del titular fabricado por ellos mismos en The New York Post.

Pero a esta Administración nunca le ha supuesto un problema no aportar pruebas de acusaciones gravísimas o incluso la comisión de asesinatos por sus agentes o soldados.

Por ejemplo, cuando llamaron a Alex Pretti y Renee Good “terroristas internos”. Nunca hubo una prueba de eso, pero lo hicieron para justificar sus asesinatos en operaciones de represión migratoria. Y no han pedido perdón por ello.

Tampoco han aportado nunca una sola prueba de los supuestos vínculos narcoterroristas de los 136 asesinados extrajudicialmente en 40 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. Como tampoco nunca se aportaron pruebas de que las organizaciones de izquierdas estuvieran detrás del asesinato del comentarista ultra Charlie Kirk. Del mismo modo que jamás han explicado a qué se referían cuando designaban organización terrorista a Antifa, y en qué se ha traducido eso.

Entre otras cosas, porque Antifa no existe como organización. Pero eso a la Administración Trump no le importa, en realidad, le sirve para crear enemigos externos con los que mantener la tensión de su base, alimentada por los abundantes comentaristas MAGA.

Medea Benjamin, cofundadora de CodePink en 2002 y activista pacifista y contra el imperialismo estadounidense, ha sido nominada en varias ocasiones para el premio Nobel de la Paz. Y explica a elDiario.es: “No tiene ningún fundamento la acusación de que CodePink esté financiada, o incluso influenciada, por el Partido Comunista Chino. Y la acusación de que 'encubrimos a narcoterroristas' es igualmente absurda. Lo cierto es que nos persiguen porque nos oponemos al apoyo estadounidense a Israel, no creemos en el secuestro de líderes extranjeros y no queremos que la gente en Cuba muera de hambre como quiere Marco Rubio”.

En efecto, es muy habitual ver a Medea y sus compañeras de CodePink habitualmente en el Capitolio protestando contra altos dirigentes de la Administración Trump por la represión migratoria, el ataque a Venezuela, el bloqueo a Cuba o el genocidio israelí. Lleva décadas haciéndolo.

La persecución de la crítica y la disidencia es un hecho diario en los Estados Unidos de Trump. Hemos hablado a menudo de los ataques a los periodistas. Pero va mucho más allá.

Al calor del asesinato de Charlie Kirk, cuando Trump aprovechó para apretar las tuercas a los medios de comunicación, a donantes demócratas como George Soros y para acelerar en la criminalización hasta del humor, como la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, el presidente de EEUU aprobó un llamado Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) en el que el presidente de EEUU establecía “una estrategia integral para investigar, desarticular y desmantelar todas las etapas de la violencia política organizada y el terrorismo interno. [...] Para investigar, enjuiciar y desarticular las entidades y personas que participan en actos de violencia política e intimidación destinados a impedir actividades legales u obstruir el estado de derecho. Este enfoque se centrará en todos los aspectos de la estrategia organizada que da lugar a la violencia política y la intimidación, incluyendo la radicalización, el reclutamiento, los mecanismos de financiación, la participación de organizaciones no gubernamentales, los delitos financieros relacionados y los actos definitivos de violencia política e intimidación en sí mismos, utilizando las autoridades de todo el Gobierno federal y un enfoque de investigación más amplio”.

El memorándum terminaba recordando que “el presidente Trump designó a Antifa como organización terrorista interna, ordenando al Gobierno federal que investigue, desarticule y desmantele todas las operaciones ilegales llevadas a cabo por Antifa o cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa”.

A día de hoy, cinco meses después, no hay noticias de grandes redadas llevadas a cabo contra Antifa en EEUU.

El New York Post cita –sin enlace– un informe –que no pone a disposición del lector– del Departamento de Estado llamado Contrarrestar la manipulación y la interferencia de la información extranjera, en el que se alega que China “difunde propaganda a través de campañas llevadas a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro como CodePink, People's Forum y grupos vinculados a la famosa red Singham”.

The People's Forum, organización con sede en Nueva York, también ha difundido un comunicado en respuesta a las acusaciones del Departamento de Estado: “Como parte de la guerra contra la libertad de expresión, el Departamento de Estado de EEUU ha publicado una declaración que ataca abiertamente a The People's Forum y otras organizaciones. Esta declaración, compartida por la Casa Blanca de Trump, está diseñada para silenciar las voces de quienes se atreven a criticar las políticas del gobierno estadounidense. Las acusaciones contra nosotros, que nos acusan de ser 'vectores de influencia extranjera', son tácticas recicladas de un capítulo no muy lejano del macartismo en la historia estadounidense. Al etiquetar a nuestras organizaciones como 'agentes' de 'manipulación extranjera', el gobierno estadounidense busca demonizar y reprimir las legítimas quejas de quienes están indignados por las violentas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la deportación de migrantes, el despliegue de fuerzas militares y agentes federales en ciudades y pueblos de Estados Unidos, la persecución de estudiantes que protestan contra el genocidio en Gaza y las interminables intervenciones militares y el uso de bloqueos y sanciones para generar hambrunas en el extranjero”.

El comunicado prosigue: “Las acusaciones infundadas de que 'encubrimos a narcoterroristas' y otras acusaciones igualmente absurdas son un esfuerzo descarado y transparente para intimidar a quienes nos apoyan y deslegitimar los movimientos de base. [...] Seguiremos defendiendo a los inmigrantes en nuestro país y dialogando con otros movimientos en el mundo, desafiando las políticas de guerra y agresión, y defendiendo el derecho a organizarse y expresar su disidencia. [Esto es] Un intento desesperado de generar consenso para una nueva ronda de represión. No nos silenciarán”.

Una de las últimas campañas de The People's Forum tiene que ver con la denuncia de la asfixia a la que está sometiendo la Administración Trump al pueblo cubano.

La práctica no es nueva: se usa una parte real –el esposo de una activista que reside en China por sus negocios y es donante de las organizaciones– para, de ahí, realizar sucesivas yuxtaposiciones ilegítimas hasta concluir, sin prueba alguna, que los comunistas chinos teledirigen los movimientos sociales contra las políticas de Trump. A partir de ahí, se busca deslegitimar esas causas, ensuciar los nombres de las organizaciones y sus integrantes y apretar las filas de la tropa en año de elecciones legislativas.

Es verdad que Estados Unidos es una suerte de continente en sí mismo de más 350 millones de habitantes. Las costas no se parecen al interior, del mismo modo que el sur y el norte son diferentes. Pero lo que sí es una constante en este país es que desde sus inicios fundacionales se caracterizó por ser una tierra de aluvión de migrantes y colonos. Unos inicios marcados también por un genocidio continuado contra los nativos para apropiarse del territorio y de sus fuentes de riqueza, ya fuera por parte de la metrópoli como por parte de las autoridades del nuevo Estado que este 4 de julio cumple 250 años.

Los migrantes nunca han dejado de llegar y se han convertido en una seña de identidad de EEUU.

Cuando salgo de mi casa, en Washington DC, que es una burbuja dentro de una burbuja, es imposible no cruzarse con operarios quitando nieve que no sean de origen hispano, como lo son la mayoría de los camareros, los cocineros, los jardineros, los obreros manuales y los repartidores. En Washington DC vive una de las principales colonias de salvadoreños en el exterior, por ejemplo, y en la mayoría de los espacios públicos los letreros están en inglés y español. Es más, en Washington se puede hacer el examen teórico de conducir en castellano.

Los ejemplos son infinitos, y no se trata de una ciudad con tanta migración latina como Nueva York, Florida, California o Texas, muchos de cuyos representantes en el Congreso son bilingües.

Esta diversidad de orígenes atraviesa incluso a las más altas esferas del poder político estadounidense y desmiente cualquier pretensión de homogeneidad nacional. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, es nieto de un cubano. Y el mismo Donald Trump es estadounidense de segunda generación, con raíces europeas directas: su madre nació en Escocia y sus abuelos paternos en Alemania. Además, su esposa, Melania Trump, es migrante nacida en Eslovenia. Y su primera esposa, Ivana, era de la República Checa.

Pero la clave del odio MAGA está en el sesgo racial, que es uno de los ejes de la represión migratoria de la Casa Blanca. Por eso persiguen tanto a la comunidad latina, y por eso Donald Trump y los suyos odian tanto a Bad Bunny, como odian a la congresista de origen somalí Ilhan Omar, como odian a todo aquel con capacidad para poner en evidencia las políticas autoritarias y racistas de la actual Administración estadounidense.

Y el mayor desafío para quienes luchan contra estas políticas es que ese odio racial viene de la persona más poderosa del mundo, el presidente de EEUU.

“Le duele tremendamente que un hombre puertorriqueño tenga el valor de pararse frente al mundo”, explica la congresista progresista demócrata por Nueva York Nydia Velázquez, a elDiario.es, sobre las reacciones de Trump y los suyos: “Hay que entender el alcance de la figura de Bad Bunny, es global. Y la reacción está enmarcada en el racismo por parte de la base MAGA, frente a un hombre que tiene ese impacto a través del idioma español. Es algo que definitivamente los enfurece”.

¿Y qué dijo Trump? “El espectáculo del descanso de la Super Bowl es absolutamente terrible. ¡Uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y todo el mundo”.

La congresista Velázquez argumenta: “Es la ignorancia de creer que EEUU y los estadounidenses son solo la gente de tez blanca y ojos verdes y azules”.

En efecto, Puerto Rico es un estado asociado de EEUU y sus ciudadanos son estadounidenses –si bien no tienen derechos políticos plenos y no pueden votar en las elecciones presidenciales–, como Donald Trump y Laura Loomer, una destacada comentarista MAGA que llegó a pedir deportaciones de las personas participantes en el espectáculo: “Inmigrantes ilegales y prostitutas latinas perreando en la Super Bowl. Ni una sola persona blanca ni traducción al inglés en el Super Bowl. Esto no es lo suficientemente blanco para mí. Ya ni siquiera puedo ver una Super Bowl porque los inmigrantes literalmente lo han arruinado todo”.

Pero, claro, resulta que los puertorriqueños no son migrantes, y resulta que EEUU no tiene declarado un idioma oficial en su Constitución, y su regulación como tal solo tiene rango de decreto presidencial, unilateral, desde marzo pasado. Es decir, nunca hasta la segunda presidencia de Donald Trump el idioma había sido un problema político relevante en EEUU.

La furia no sólo llegó de los comentaristas MAGA, como Loomer, sino que el hecho de que Trump fuera el primero en lanzarse en las redes sociales contra Bad Bunny ha generado una onda expansiva de ataques entre sus congresistas más pelotas.

Por ejemplo, la congresista republicana de Florida María Elvira Salazar, cuyo nombre no podría ser más hispano –es de origen cubano–, decía: “La Super Bowl es el partido más importante del deporte más emblemático de Estados Unidos. Es un momento nacional para unir a todo el país. Y, seamos sinceros, no debería ser una feria multicultural. Su público es mayoritariamente angloparlante, y se merecen un espectáculo que puedan entender y disfrutar. Tener un espectáculo completamente en español, sin subtítulos, no es inclusivo. Es excluyente. En Miami escuchamos música en español, pero priorizamos a Estados Unidos. Desafortunadamente, hoy, en lugar de hablar de las grandes contribuciones de los hispanos a nuestro país —tanto los legales como los indocumentados—, estamos debatiendo lo mal que estuvo este evento”.

Pero no ha quedado solo en comentarios en redes sociales. Ha habido un congresista que ha escrito al regulador de las telecomunicaciones, que se ha destacado por ser más trumpista que Trump a la hora de amenazar a las cadenas de televisión, para pedir multas contra la liga NFL y la cadena NBC que retransmitió el acontecimiento.

Así, el congresista republicano por Florida Randy Fine, ha afirmado: “No se puede decir la palabra que empieza con la ”F“ [fuck] en televisión en directo. El repugnante espectáculo de ”Bad Bunny“ fue ilegal. Si hubiera dicho esta letra, y toda la demás porquería pornográfica y repugnante en inglés en televisión en directo, la transmisión habría sido cancelada y las multas habrían sido enormes. Los puertorriqueños somos estadounidenses y todos vivimos bajo las mismas reglas. Le enviamos a Brendan Carr una carta exigiendo medidas drásticas, incluyendo multas y la revisión de las licencias de transmisión, contra la NFL, la NBC y Bad Bunny. ¡Que los encierren!”.

Y ha añadido: “Hoy sería un gran día para detener y deportar a los indocumentados. Sobre todo a aquellos a quienes les gusta la porquería de Bad Bunny. TODOS. SIN EXCEPCIONES”.

Andy Ogles, congresista republicano por Tennessee, también ha pedido sanciones, pero por otra vía: “El espectáculo fue pura obscenidad, transmitido descaradamente por una cadena nacional para que todas las familias estadounidenses lo presenciaran. Los niños fueron obligados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose provocativamente y Bad Bunny agarrándose la entrepierna sin pudor. Y, por si fuera poco, la letra de la actuación glorificaba abiertamente la sodomía y otras innumerables depravaciones atroces. Es ilegal exhibir estos actos flagrantes e indecentes en la televisión. Por eso solicito que el Comité de Energía y Comercio inicie de inmediato una investigación formal del Congreso sobre la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la NBC por su conocimiento previo, aprobación deliberada y facilitación de esta transmisión indecente. La cultura estadounidense no será objeto de burla ni corrupción sin consecuencias”.

Ogles también fue uno de los cruzados enfurecidos que pidió la retirada de la nacionalidad estadounidense y la deportación de la congresista Delia Ramírez, quien dijo sentirse “orgullosa guatemalteca” antes que “estadounidense” durante un congreso en México en agosto pasado.

La exigencia de Ogles es ilegal, pero va en la línea del proyecto MAGA de acabar con la nacionalidad por nacimiento, así como de prohibir dobles nacionalidades en EEUU, algo que defiende apasionadamente el congresista republicano por Ohio y nacido en Bogotá Bernie Moreno.

“Repugnante”, “ilegal”, “depravado”, “pornográfico”, “sodomita”... Y todo ello “en español”. Trump y los MAGA odian a Bad Bunny, como odian a la congresista somalí Ilhan Omar, por su color, porque son influyentes, porque no pueden doblegarlos y porque su mensaje penetra. En el caso de Bad Bunny, en todo el mundo.

A mí no suele gustarme hablar de nosotros mismos, los periodistas. A menudo nos consideramos importantes por pasar muchos días cerca de personas que realmente son importantes. Pero ocurre, siempre ha ocurrido, que hay perfiles más conocidos que otros para la ciudadanía. Cuando yo empezaba en esto como becario en el diario El País hace tres décadas, algunos veteranos decían que había quien compraba el periódico solo para leer las críticas de cine de Ángel Fernández Santos; las de toros de Joaquín Vidal, aunque ni siquiera le gustaran los toros; o las columnas de Manuel Vázquez Montalbán; Eduardo Haro Tecglen; Rosa Montero o Maruja Torres.

Es decir, siempre ha habido periodistas que han marcado la diferencia, que han trascendido. Y hoy sigue habiéndolos. Pero, al margen de ese puñado de referentes que nunca dejarán de existir, a mí suele gustarme muy poco la conversación sobre periodistas y la prensa.

Sin embargo, cuando ves que el Ejército israelí prohíbe la entrada de periodistas en Gaza y asesina por cientos a los que ya están allí, tenemos la obligación de denunciar unos crímenes que persiguen silenciar las informaciones sobre el genocidio cometido contra los palestinos.

Del mismo modo, cuando el presidente más poderoso del mundo se permite el lujo de insultar a una periodista de la CNN en el Despacho Oval, el mensaje es poderoso: persigue amedrentar, disciplinar, que el siguiente que pregunte cambie de tema para evitar las invectivas.

Y es algo que el presidente de EEUU hace a menudo, y con quienes más se recrea en sus ataques es con las mujeres, en un claro síntoma de su machismo y afán de censura.

El machismo viene de lejos. No en vano, Donald Trump fue condenado por intentar comprar el silencio de Stormy Daniels y, también, a pagar 5 millones de dólares por haber sido encontrado culpable de abuso sexual contra la columnista E. Jean Carroll. Del mismo modo, y se ha seguido comprobando estos días en los que el Departamento de Justicia ha publicado más de tres millones de documentos del depredador sexual Jeffrey Epstein, es evidente la presencia de Trump en las fiestas del financiero.

Pero no solo eso. A Nancy Cordes, cuando cuestionaba al presidente de EEUU acerca de su interpretación del tiroteo cometido por un ciudadano afgano que trabajó en su país para la CIA, ocurrido en Washington DC, cerca de la Casa Blanca, contra dos soldados de la Guardia Nacional y que se cobró una muerte, Trump le dijo: “¿Eres estúpida?”

El furioso ataque de Trump a la periodista llegó después de que ella le preguntara: “El inspector general del Departamento de Justicia ha informado que el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI llevaron a cabo una investigación exhaustiva de los afganos que fueron traídos a Estados Unidos, entonces, ¿por qué culpa a la administración Biden?”.

“Porque los dejaron entrar”, contestó, Trump: “¿Eres estúpida? Eres una persona estúpida, porque llegaron en avión, junto con miles de otras personas que no deberían estar aquí, y solo haces preguntas porque eres una persona estúpida”.

Del mismo modo, el insulto que lanzó a Catherine Lucey, de Bloomberg, en el Air Force One fue algo que no ocurriría con un hombre. “Quiet, quiet, piggy [cállate, cerdita]!”, le dijo a Lucey cuando preguntaba en el avión que llevaba a Trump el viernes por la tarde a jugar al golf a Florida.

Días después, atacó a la corresponsal de la televisión ABC en la Casa Blanca, Mary Bruce, tras una pregunta considerada “vergonzosa” por Trump que tenía que ver con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Y el invitado avergonzado era el príncipe saudí Mohammed bin Salman, sobre quien pesa la acusación internacional de haber estado detrás de la muerte de Kashoggi en el consulado saudí de Estambul en 2018.

“Hablas de alguien que fue muy polémico”, justificó Trump: “A mucha gente no le gustaba ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, son cosas que pasan, pero él no sabía nada al respecto. Y podemos dejarlo así. No tienes por qué avergonzar a nuestro invitado con esa pregunta”.

“Creo que deberían revocarle la licencia a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas”, ha amenazado el presidente de EEUU.

La amenaza de revocar licencias no es la primera vez que sale de Trump. También lo dijo varias veces en septiembre, después de presionar a la CBS para no renovar a Stephen Colbert y a la ABC con Jimmy Kimmel.

Los insultos de este martes a Kaitlan Collins siguen el mismo patrón de recrearse en los ataques a las mujeres, pero, también, muestran lo nervioso que se pone Trump cuando le preguntan por Jeffrey Epstein, con quien tuvo una relación estrecha durante un tiempo.

“¿Qué les diría a las víctimas que sienten que no han obtenido justicia?”, ha preguntado este martes Kaitlan Collins, de la CNN, a Donald Trump en el Despacho Oval. Y ha respondido: “Eres la peor periodista. No me extraña que la CNN no tenga audiencia por culpa de gente como tú. Es una mujer joven. Creo que nunca te he visto sonreír. Te conozco desde hace diez años y creo que nunca te he visto sonreír”.

Ataques, censura y autocensura

Cuando alguien recibe un ataque directo del presidente más poderoso del mundo lo normal es que haya consecuencias. En este caso, la siguiente periodista ya cambió de tema. No insistió sobre las víctimas de Epstein, ni sobre la censura excesiva que denuncian de los archivos publicados, y, por supuesto, tampoco defendió a la compañera atacada.

En estos días, el presidente de EEUU ha anunciado un cierre de dos años del Kennedy Center por unas obras de remodelación. Lo que no ha dicho Trump es que su asalto al centro artístico –hasta el punto de incluir su apellido en el nombre de la institución– está teniendo como consecuencia una oleada de anulaciones por parte de los artistas y del público.

Del mismo modo que atacar a periodistas disciplina al resto que quieren preguntar, la censura y la autocensura exceden el ámbito de la prensa.

Este fin de semana me he dado una vuelta por la National Portrait Gallery, un museo centrado en los retratos y que reúne los realizados para los 47 presidentes de Estados Unidos. La National Portrait Gallery, además es un ejemplo de la censura y la autocensura que se vive en el país gobernado por Donald Trump.

Por ejemplo, Amy Sherald, la artista que saltó a la fama con su retrato de Michelle Obama en 2018, retiró su exposición de la National Portrait Gallery en septiembre pasado porque el museo, en un acto claro de autocensura, no quería exhibir Transforming Liberty, su obra de la Estatua de la Libertad trans para evitar provocar al presidente Trump.

Pero no es el único caso de censura y autocensura de uno de los museos más importantes de la capital de EEUU.

Nada más regresar a la Casa Blanca, Donald Trump publicó en Truth Social: “A petición y recomendación de muchas personas, por la presente doy por terminado el contrato de Kim Sajet como directora de la National Portrait Gallery”. Según el post, Sajet era “una persona muy partidista” y una “firme defensora” de los programas de diversidad e inclusión. “Su reemplazo será nombrado en breve”, continuaba el mensaje.

Sajet es una historiadora del arte de unos 60 años, neerlandesa y criada en Australia.

El 27 de marzo, Trump firmó un decreto que afirmaba que los museos del Smithsonian, uno de los cuales es la National Portrait Gallery, habían “caído bajo la influencia de una ideología divisiva y centrada en la raza” que “promovía narrativas que presentan los valores estadounidenses y occidentales como intrínsecamente dañinos y opresivos”. La orden ejecutiva se titulaba “Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense”.

La consecuencia de esta ofensiva censora está haciendo mella. Un ejemplo elocuente de ello es que la galería borró hace tres semanas la pequeña descripción que acompaña al retrato de Trump. ¿El motivo? Que al presidente de EEUU no le gustaba el texto porque mencionaba sus dos juicios políticos –impeachment–.

La nota del retrato de Trump mencionaba las nominaciones de Trump al Tribunal Supremo, el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 y que fue sometido a un juicio político dos veces “por cargos de abuso de poder e incitación a la insurrección” antes de ser absuelto por el Senado en ambos casos.

En cambio, el escueto texto que hoy lo acompaña sólo identifica el año de nacimiento de Trump, que es el 45º y 47º presidente, las fechas de su presidencia e información sobre el fotógrafo y la fotografía.

Afán de censura, insultos a periodistas y machismo. La Administración Trump profundiza su agenda ultra y autoritaria en todos los rincones de EEUU.

Me fui el jueves a Minneapolis para cubrir una movilización el viernes que se preveía potente por el reciente asesinato de Renee Good y la represión trumpista de la migración con 3.000 agentes federales desplegados desde el 1 de diciembre. El ambiente en Minneapolis estaba muy caliente, hasta el punto de que se había convocado una huelga general de unas dimensiones inéditas en ocho décadas. El mensaje era claro: la ciudadanía de Minnesota no quiere al ICE en sus calles, no quiere el terror a que se lleven a un niño de 5 años o a una persona que sale a pasear al perro; tienen pánico a esa cacería humana de aquellos que hablan con acento o tienen un color de piel más oscuro de lo que deberían.

Ante ese terror, la sociedad de Minneapolis reactivó las redes solidarias tejidas tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. Unas redes que tienen mucho de solidaridad, cuidados, vigilancia, autoorganización, fundamentales para proteger a los migrantes que no se atreven a salir de su casa para nada, lo que tiene una traducción instantánea en sus condiciones materiales de vida.

El viernes, a 30 grados centígrados bajo cero, se desarrolló una manifestación masiva por el centro de la ciudad. Durante horas, a la intemperie, circuló una marcha que exigía el fin del ICE.

Fue un éxito reconocido por todos los medios de comunicación: el mensaje estaba claro. El brazo policial antimigración de Trump no era querido en Minneapolis ni en Minnesota.

Mientras se desarrollaba la manifestación, había personas que te ofrecían agua, para hidratarte; café, para entrar en calor; y también parches de calor contra el frío para las manos o los pies. Había incluso quien ofrecía caldo y comida.

La movilización terminó con un gran acto en el pabellón de la ciudad, el Target Center. Los miles de participantes se marchaban a casa contentos por la convocatoria, cantando, bailando, haciendo sonar el claxon de sus coches en calles vacías por el frío.

De repente, la tristeza por el asesinato de Renee Good el 7 de enero pasado se estaba transformando en una pulsión de resistencia y respuesta con dosis de rabia pero también de alegría por la acumulación de fuerzas ante la agresión trumpista.

Cuando los últimos abandonaban el Target Center a eso de las siete de la tarde, nadie podía imaginar que a las nueve de la mañana del día siguiente habría otro asesinato.

A mí me llegó un mensaje de Signal a las 9.33 de la mañana con el vídeo del asesinato y el siguiente texto: “This is south Minneapolis, about 30 minute ago”. Es decir, hacía media hora que se había producido otro asesinato.

De repente, todo lo acumulado el día anterior se convirtió inmediatamente en una nube pesada de frustración, de lucha contra un muro infranqueable.

Cuando me entra el mensaje a las 9.33 de la mañana, me encontraba en el aeropuerto de Minneapolis, a 12 minutos de comenzar el embarque para mi vuelo de regreso a Washington DC. ¿Qué hacer? Por un lado, me sentía agotado después de tantas horas a la intemperie a 30 grados bajo cero el día anterior. Por otro, acababa de producirse otro asesinato por parte de agentes federales en la ciudad en la que me encontraba.

Tenía que publicar la noticia, de la cual aún no había más que un vídeo en un reel de Facebook, y tenía que decidir si subía a ese avión o me bajaba de él. Todo eso había que hacerlo en cuestión de minutos.

Mientras voy avanzando en la cola de la puerta de embarque pienso en que el aeropuerto de Washington DC se iba a cerrar el domingo por una gran nevada, y no estaba claro cuándo podría reabrirse, lo cual me podría dejar atrapado en el gélido corazón de EEUU. ¿Qué hacer? Al final, cuando llego a mi turno para pasar el control de la tarjeta de embarque antes de entrar en el avión, decido darme la vuelta, cancelar el vuelo en la aplicación del móvil y me siento en una silla del aeropuerto para escribir.

Una vez publicada la noticia, camino para salir del aeropuerto mientras busco un hotel para alojarme esa noche y la siguiente.

“Me dan ganas de llorar”, me escribe en esos momentos una compañera. ¿Cómo es posible que no hayan aprendido nada? ¿Cómo es posible que vuelva a ocurrir lo mismo dos semanas después del asesinato de Renee Good? ¿Cómo es posible que vuelvan a asesinar?

Pero así fue. La policía particular de Trump asesinó a un hombre porque les estaba grabando cometer un atropello. Y menos mal que había otras personas grabando el asesinato de Alex Pretti.

Sin los vecinos que grabaron cómo el ICE mató a Renee Good y los vecinos que grabaron cómo el CBP mató a Alex Pretti, hoy en día estaría prevaleciendo la tesis de la Administración Trump de que eran “terroristas”, que querían matar a los agentes, que tuvieron que defenderse al ver sus vidas “en peligro”.

Pero la colaboración ciudadana ha desnudado a la Administración Trump y sus mentiras. Sin la colaboración ciudadana esas mentiras no serían cuestionadas. Pero la implicación de los barrios en defenderse y protegerse de las agresiones ha hecho posible que Donald Trump tenga que moverse, cosa que nunca hace por gusto.

Es decir: la organización comunitaria no sólo sirve para ayudar a los más vulnerables, también sirve para ofrecer herramientas contra las injusticias cometidas por el hombre más poderoso del mundo.

Y el asesinato, unido a las mentiras para encubrirlo por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; su mano derecha sobre el terreno, Greg Bovino –posteriormente relevado por Trump–, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller; e incluso las del presidente de EEUU llamando pistolero a Pretti, están dejando a la Administración en una posición insostenible.

Hasta tal punto es así, que se les ve intentando buscar una salida: primero, con el relevo de Bovino; luego con el envío de Tom Homan con el mandato de rebajar el tono; y por último con las buenas palabras con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey.

Y todos esos movimientos, que aún presentan muchas dudas, solo han sido posibles gracias a que ahí había alguien implicado jugándose la vida y grabando a los agentes cometiendo un asesinato.

Falta por saber hasta dónde llegará la rendición de cuentas, si caerá Noem, si Bovino y sus hombres serán juzgados, si las investigaciones de los asesinatos de Good y Pretti serán independientes y llegarán hasta el final.

Porque, en el fondo, Bovino y los suyos sólo cumplían las órdenes de Trump, un presidente que hasta hace 24 horas insultaba a los dirigentes de Minnesota, llamaba “basura” a los somalís que viven allí y pedía la cárcel para la congresista Ilhan Omar. Ese odio y racismo, asociando permanentemente la migración con la delincuencia y poniendo a agentes de fronteras a desarrollar su trabajo en el centro de las ciudades, era como poner un lanzallamas junto a un bidón de gasolina.

Y es lo que ha hecho Trump. Y lo ha visto todo el país. Y quién sabe si las muertes de Renee Good y Alex Pretti sirvan para desnudar las mentiras y los abusos de la Administración Trump, para que los republicanos se pongan del lado de la ley y pidan cuentas a un gobierno cada vez más autoritario y, también, para que la oposición se movilice con vistas al próximo ciclo electoral, que comienza el próximo noviembre con las elecciones legislativas de mitad de mandato.