La Administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano este año, según cálculos del Financial Times. El Ejército de EEUU ha desplegado un millar de soldados en Venezuela a raíz de los terremotos. La Asamblea Nacional venezolana ha ido aprobando diversas leyes a petición de Washington, desde la liberalización del petróleo hasta amnistías. Incluso Venezuela ha extraditado a EEUU a Álex Saab, ex ministro y hombre confianza de Nicolás Maduro, quien le representaba en muchos acuerdos económicos a causa de las sanciones impuestas por EEUU al presidente venezolano. Y la extradición se ha producido sin haber comunicado la detención en su momento ni explicado en virtud de qué elementos se produce esa extradición.

EEUU ha asumido el control de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es la principal vía de ingresos del país, y suspendió algunas sanciones tras secuestrar al presidente del país, Nicolás Maduro, en enero e instalar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del país.

Se esperaba que el alivio de las sanciones impulsara considerablemente la economía, la cual ya atravesaba una crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado. Sin embargo, explica FT, seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas señalan que las señales de recuperación en Venezuela son relativamente tenues, lo que podría indicar que EEUU no ha transferido la totalidad de los ingresos a Caracas.

Este lunes ha sido preguntado Trump por el dinero del petróleo venezolano:

“Hay informaciones de que EEUU ha recibido 13.000 millones de dólares procedentes de Venezuela. ¿A dónde va ese dinero?”, pregunta el periodista.

“Creo que incluso más que eso”, ha dicho Trump.

“Pero ¿a dónde va ese dinero?”, insiste el reportero.

“A gestionar el país”.

“No, el dinero que recibe EEUU: ¿a dónde va?”

“A gestionar el país”.

“Hay un acuerdo implícito de supervivencia que tiene como contrapartida la sumisión a Estados Unidos”, explica Francesca Emanuele, analista senior del think tank Center of Policy and Economic Research (CEPR), con sede en Washington DC: “El actual Gobierno venezolano opera con una pistola estadounidense apuntándole a la cabeza. La captura ilegal de Maduro en territorio venezolano, tras una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, es un recordatorio constante de cuál puede ser el destino de los dirigentes actuales de Venezuela si dejaran de obedecer a Washington”.

Según ha publicado recientemente The New York Times, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dirige a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, mediante mensajes de texto y controla el acceso de su Gobierno a sus ingresos petroleros. Ella le informa de a quién desea incorporar, y él le indica qué funcionarios del aparato de Maduro debe purgar. Bajo la tutela de Rubio, afirma NYT, Rodríguez abrió el país a las empresas estadounidenses. En efecto, Delcy Rodríguez ha cedido un grado considerable de autonomía nacional a cambio de conservar el poder, o, al menos, la apariencia de este, por medio de un acuerdo opaco y beneficioso para gobernantes de ambos países.

“Hay una evidente pérdida del control económico. Los datos sugieren que EEUU podría estar reteniendo los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de depósito, sin desembolsarlos al gobierno venezolano. Al mismo tiempo, la economía venezolana se desaceleró hasta crecer apenas un 2,5% anual en el primer trimestre de 2026 (su ritmo más bajo desde 2021), a pesar de que los ingresos por exportaciones petroleras aumentaron un 25%”, añade la analista de CEPR.

La difusa respuesta de Trump no deja de dar pistas de lo que Venezuela supone ahora mismo para la Administración Trump: un país teledirigido del que sacar petróleo y quedarse con el dinero.

“El dinero será controlado por mí”, ya dijo Trump el 6 de enero pasado, tres días después del ataque a Venezuela. Y eso es lo que está ocurriendo, pero no solo con el dinero.

“Puede destinarse al Ejército [de EEUU”, ha dicho este lunes el presidente de EEUU: “El Congreso tiene que aprobarlo, y al Congreso no le gusta aprobar fondos para el Ejército; prefieren destinarlos a cosas que no deberían hacerse. Pero estamos recibiendo mucho dinero, miles y miles de millones de dólares de Venezuela. Lo mismo ocurrirá con Irán”.

Hace unos días, el Departamento de Estado lanzó una campaña para acabar con la Corte Penal Internacional. En los últimos días, Venezuela anunció su salida, celebrada por el propio Departamento de Estado: “EEUU celebra la decisión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por EEUU para desmantelar la corrupta e inútil CPI”.

Y continúa: “La denominada corte lleva 'investigando' a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. [...] Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”.

Pero no sólo: Venezuela, principal suministrador de petróleo para Cuba, no ha hecho ni amago de mandar un barco en lo que va de año, ni de combustible ni de ayuda humanitaria, en la línea de lo exigido por la Administración Trump.

“Si bien no existe un tratado ni un reconocimiento vigente en el derecho internacional que permita calificar jurídicamente a Venezuela como un protectorado de EEUU”, argumenta Emanuele, “es posible identificar una serie de elementos que apuntan a que el país funciona, en la práctica, como un protectorado de facto de EEUU. Por un lado, existe un condicionamiento de la política exterior. Venezuela ya no decide libremente aspectos fundamentales de sus relaciones diplomáticas y comerciales. Existe también una tutela militar y de seguridad, reflejada en la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano y en la realización de operaciones militares directas dentro del país. Así ocurrió con el bombardeo contra el presunto líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, una operación anunciada primero por Donald Trump, quien reivindicó públicamente haber ordenado personalmente el ataque y afirmó que este fue ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos. Solo después las autoridades venezolanas confirmaron que la operación había tenido lugar”.

Y todo esto ocurre ante el silencio de la comunidad internacional que, en pleno siglo XXI, no denuncia la apropiación de soberanía realizada por parte de EEUU sobre un país independiente y el nacimiento de una seudocolonia en América Latina; pero también ante el silencio de la oposición venezolana de la extrema derecha que quiere aupar a María Corina Machado, ante el desdén de Donald Trump, por mucho que la líder opositora le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz. Pero también de la oposición más moderada con la que está negociando el Gobierno de Delcy Rodríguez, empujado por EEUU.

Hace unos días, decía Trump sobre la posibilidad de elecciones en el país: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente aún no están listos para ellas, pero vaya, se ha avanzado muchísimo. Delcy ha hecho un trabajo fantástico”.

Y tampoco pone el grito en el cielo el chavismo, para el que ya queda lejos el “aquí huele a azufre” de Hugo Chávez en la ONU, que resume dos décadas de discurso abiertamente antiimperialista frente a EEUU en el continente.

En aquel discurso de 2006, Chávez llamaba “diablo” a George W. Bush, y denunciaba que hablaba “como dueño del mundo”.

Ahora, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no sólo no habla en esos términos sobre Donald Trump: recibe con honores a sus representantes en el mismo palacio de Miraflores en el que murieron más de 100 personas en el ataque de EEUU el pasado 3 de enero, entre ellos una treintena de soldados cubanos. Y mientras los recibe con honores, habla de reconstruir las relaciones bilaterales, y no dice nada del secuestro de Maduro.

Como tampoco lo dice en la entrevista reciente concedida a Javier Negre, uno de los periodistas extranjeros más afines a la Administración Trump y al mundo MAGA.

En esa entrevista, Rodríguez evita condenar los ataques de EEUU del 3 de enero, que enmarca en un proceso de cambio político en el país, y, si bien afirma que el presidente es Nicolás Maduro, no condena su secuestro ni su juicio en EEUU. “Todo procesado tiene derecho a mostrar la verdad, y yo confío en que el presidente demuestre la verdad”, afirma Rodríguez.

“Independientemente de la gravedad que supone que, en pleno siglo XXI y ante los ojos de la comunidad internacional, se haya configurado un protectorado de facto en América Latina, lo que hoy necesitan los venezolanos es cubrir sus necesidades más urgentes y reconstruir el país”, señala Emanuele: “Por ello, si el gobierno de EEUU empatizara con el sufrimiento del pueblo venezolano, la medida más importante que podría adoptar sería levantar las sanciones económicas y financieras. Del mismo modo, si los gobiernos europeos empatizaran con el sufrimiento de la población venezolana, instarían a EEUU a poner fin a esas sanciones y promoverían que el Reino Unido liberara los cerca de 5.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela que permanecen retenidos en el Banco de Inglaterra. Igualmente, presionarían a Portugal para que facilite la devolución de los aproximadamente 1.200 millones del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y a filiales de PDVSA que están bloqueados en Novo Banco”.

En ese mismo sentido se expresó un grupo de 14 congresistas demócratas tras los terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, que han causado más de 5.500 muertos, en una carta dirigida al presidente de EEUU, Donald Trump; a su secretario de Estado, Marco Rubio; y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Les escribimos para instarles a que levanten de inmediato las sanciones económicas y hagan todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”, afirma la carta, que se redactó después de que un centenar de economistas escribieran otra similar al Gobierno estadounidense y al FMI para pedir retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela (BCV), a la petrolera estatal PDVSA y a otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción.

“Lo que existe hoy en Venezuela es una autoridad interina cuya legitimidad jurídica descansa en una decisión extraordinaria del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, emitida tras el secuestro de Nicolás Maduro”, explica Emanuele: “No es un gobierno interino que emane de los mecanismos ordinarios de sucesión previstos en la Constitución, sino un arreglo excepcional nacido en un contexto de intervención extranjera que continúa, y que ha convertido a Venezuela en una suerte de protectorado o pseudo colonia. Mientras esa situación persista, es un contrasentido hablar de una transición democrática genuina. Para que haya una transición a la democracia, Venezuela necesita primero recuperar su soberanía”.

Mientras tanto, Trump ha convertido Venezuela en un país teledirigido desde su Departamento de Estado, ante el silencio de una comunidad internacional que prefiere mirar a otro lado.

Este martes he estado en la Casa Blanca, mientras recibía en el Despacho Oval el presidente de Líbano, Joseph Aoun, Donald Trump. En la comparecencia ante los periodistas se habló de nuevos ataques contra Irán, del diálogo roto y de las posibilidades de que se mantenga la tregua de Israel, que mantiene ocupado el sur de Líbano.

Pero nadie ha preguntado al presidente de EEUU por ese informe sobre el asesinato de dos centenares de personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní el 28 de febrero, día en que empezó la guerra de Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán.

De eso se habla muy poco, de ese misil estadounidense Tomahawk que destrozó una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab. Casi cinco meses después, la Administración Trump dice seguir investigando los hechos. Eso sí, hace un año, cuando EEUU bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Trump y todo su equipo afirmaron inmediatamente que el bombardeo había sido un éxito y que las instalaciones iraníes habían sido “destrozadas”. Es más, trató de sediciosos a los medios que publicaron que los informes preliminares no eran tan concluyentes como las afirmaciones de los dirigentes estadounidenses.

Ahora, sin embargo, ni Trump ni su secretario de Guerra, Pete Hegseth, hablan del asunto y, si lo hacen ante las esporádicas preguntas de los periodistas, tratan de quitarse el asunto de encima en lugar de asumir la responsabilidad.

De lo que tampoco se suele hablar en Washington D. C. es de los 221 asesinatos extrajudiciales en 66 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental reconocidos por la Administración estadounidense desde el 2 de septiembre hasta el 21 de junio, fecha del último ataque a una supuesta narcolancha reconocido por el Pentágono, con el resultado de ocho personas muertas.

Y si se habla poco de los 221 muertos, menos se habla de los pescadores desaparecidos, y de por qué ni la Administración Trump ni el Gobierno de Ecuador, en este caso, son capaces de dar ninguna respuesta.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y congresistas demócratas están preguntando por las desapariciones y detenciones de pescadores en Ecuador y, por los testimonios de los supervivientes, sospechan que pueden estar participando contratistas militares privados en las operaciones del Pentágono en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Un grupo de pescadores ecuatorianos ha relatado cómo fueron atacados en un doble ataque con drones y posteriormente detenidos a punta de pistola por personal militar estadounidense.

El Don Maca, un barco pesquero de 35 toneladas que operaba con seis embarcaciones más pequeñas, se encontraba a unas 200 millas (320 km) al noroeste de las Islas Galápagos cuando desapareció el 26 de marzo. Sus 20 tripulantes insisten en que estaban pescando cuando fueron atacados y luego conducidos a El Salvador.

Uno de ellos, Erick Coello, ha perdido el 90% de la visión a causa del bombardeo de los drones de “embarcaciones americanas”.

Además, familiares de pescadores ecuatorianos han denunciado que el Fiorella, un barco pesquero ecuatoriano, desapareció en enero tras haber sido visto en llamas. Asimismo, las organizaciones humanitarias y los demócratas en el Congreso informan de que el 23 de marzo, 16 pescadores ecuatorianos de otro barco, el La Negra Francisca Duarte II, encontrados por la Guardia Costera de El Salvador, con las extremidades destrozadas y la espalda marcada por quemaduras.

Los pescadores contaron a Drop Site News que cinco días antes habían sido alcanzados por un dron con un cilindro amarillo, que se vieron obligados a saltar por la borda para escapar del fuego provocado por la explosión y que, posteriormente, fueron capturados por un barco estadounidense.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica: “El Departamento de Justicia y las autoridades de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no solo en relación con el Fiorella, sino con todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación sobre este grave incidente, con vistas a elaborar informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”.

“Si Estados Unidos no estuvo involucrado en estos incidentes”, dicen los congresistas demócratas de distintas comisiones en una carta solicitando información a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Seguridad Nacional, “solicitamos cualquier información que posean sobre las personas o entidades que estuvieron detrás de ellos y que respondan a las siguientes preguntas: ¿Participaron ciudadanos o entidades estadounidenses, incluidos contratistas de seguridad privada o militares privados, en los incidentes descritos? De ser así, por favor, proporcionen información sobre dichas personas o entidades. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de EEUU de las acciones de estas entidades antes, durante o después de los incidentes? ¿Ha proporcionado el Gobierno de EEUU algún tipo de apoyo, incluidos equipos o servicios de defensa o de inteligencia, para estas operaciones? ¿Está EEUU trabajando, coordinándose, manteniendo enlaces o interactuando de cualquier otra forma con organizaciones de seguridad privada o militares privados que operen en el Pacífico Oriental o frente a la costa de Venezuela y que pudieran haber estado involucradas en alguno de los incidentes? ¿Qué información tienen sobre la participación del Gobierno de El Salvador o de entidades salvadoreñas en estos incidentes?”.

Human Rights Watch también ha llevado a cabo una investigación para identificar el barco en el que varios pescadores de La Negra Francisca Duarte II dijeron haber sido detenidos, “y evaluar el mando y las operaciones. Human Rights Watch ha enviado solicitudes de información a dos empresas privadas que podrían operar barcos con características similares a las descritas por algunos tripulantes”. De momento, dice la organización, ninguna había respondido antes de la publicación de un informe al respecto, este martes, sobre los abusos y las preguntas sin respuesta en relación con la cooperación militar entre EEUU y Ecuador.

¿Hay contratistas militares, soldados privados o mercenarios pagados por la Administración Trump en operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, en las que han sido asesinadas 221 personas y hay numerosos pescadores ecuatorianos desaparecidos? De momento, ni el Pentágono ni el Gobierno de Daniel Noboa se dignan a responder ni a arrojar ninguna luz sobre los ataques contra, al menos, tres barcos pesqueros en lo que va de año.

Uno de mis primeros recuerdos políticos es la película ‘La Batalla de Chile’. No sé bien cuánto vi de sus tres partes, pero conservo la imagen de haber visto el documental de Patricio Guzmán en casa de mis padres, cuando era niño. Me faltan detalles; quizá incluso esa imagen esté parcialmente construida. La memoria, al fin y al cabo, suele tomar derroteros propios cuando se trata de evocaciones tan lejanas. Pero el caso es que me siguen viniendo a la memoria las imágenes de ese golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973. Yo nací tres meses después de la muerte del expresidente chileno y del inicio de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos, que dos años más tarde impulsaría la Operación Cóndor para construir un verdadero eje criminal entre las dictaduras latinoamericanas al servicio de los intereses de Washington.

El exsecretario de Estado de EEUU Henry Kissinger tuvo mucho que ver con aquello, al igual que la Escuela de las Américas (primero en Panamá y luego en Georgia), en la que el Ejército de EEUU formó a los torturadores de todo el continente latinoamericano.

Los que nacimos en el 73 hemos crecido con la sombra de las dictaduras latinoamericanas patrocinadas por EEUU, pero también con las luchas emancipadoras en algunos de esos países. Y parte de todo eso ha vuelto a la actualidad estadounidense en estos días, en los que la renacida doctrina Monroe de Donald Trump se traduce en injerencias electorales, el secuestro de Nicolás Maduro y el establecimiento de un protectorado de facto en Venezuela desde la metrópoli, así como la asfixia de Cuba.

Pero no solo eso. El ICE siempre presume de detener a “lo peor de lo peor”, si bien, en la mayoría de los casos, las personas detenidas no han sido condenadas por ningún delito, ni siquiera grave, sino que simplemente presentan irregularidades en su estatus migratorio. Entretanto, desde el inicio de la actual presidencia de Trump, ya van 12 personas muertas en operaciones del ICE..

Sin embargo, en octubre pasado, el ICE sí detuvo a alguien que encajaba en su lema de “lo peor de lo peor”: Armando Fernández Larios.

Fernández Larios formaba parte de la Caravana de la Muerte, una operación criminal dependiente del Gobierno de Pinochet creada justo después del golpe y a la que se le atribuye alrededor de un centenar de asesinatos. Además de estos asesinatos, Fernández Larios participó en la operación para asesinar a Orlando Letelier (44 años) y su asistente, Ronni Moffitt (25 años), el 21 de septiembre de 1976 en Washington DC con un coche bomba.

El atentado se cometió en Sheridan Circle, en una zona elegante, de embajadas, y en su lugar ahora hay una solitaria placa que recuerda el crimen de aquel día.

El 27 de octubre de 2025, agentes del ICE trasladaron a Fernández a un centro de detención en Miami. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que era responsable de “homicidio” por el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976 que acabó con la vida del exministro chileno Orlando Letelier y de Ronni Moffitt, quien viajaba junto a su esposo, Michael Moffitt, en el automóvil de Letelier cuando se dirigían al Institute for Policy Studies, donde trabajaban.

En la plaza de Sheridan Circle, a 20 minutos andando de mi casa, frente a los jardines de la embajada de Irlanda, una bomba fue activada bajo el asiento de Letelier. En 1978, dos años después del atentado, un gran jurado de Washington imputó a Fernández por su participación en el asesinato, junto con el jefe de los servicios de inteligencia chilenos, Manuel Contreras, y otras cinco personas. The New York Times recuerda que ese mismo año el Gobierno chileno accedió a extraditar a Michael Townley, un agente de inteligencia chileno nacido en Estados Unidos que se había reunido con Fernández en un aeropuerto estadounidense, donde este le entregó un croquis con los movimientos de Letelier para facilitar la planificación del atentado. Sin embargo, Chile se negó a extraditar tanto a Fernández como a Contreras, entonces jefe de la DINA.

Con el tiempo, en enero de 1987, Fernández se marchó de Chile y se declaró culpable en EEUU de “complicidad a posteriori” en el asesinato de un funcionario extranjero. Fernández fue sentenciado a entre 27 y 84 meses de prisión, señala el NYT, que cuenta cómo en julio de ese año altos funcionarios del Departamento de Estado escribieron a la comisión de libertad condicional con el fin de pedir clemencia para Fernández, quien finalmente solo cumplió cinco meses de condena y comenzó a vivir en EEUU bajo protección del Gobierno federal.

En 1999, los familiares de Winston Cabello, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte en 1973, presentaron una demanda civil contra Fernández ante un tribunal federal de Florida. El caso llegó a juicio en septiembre de 2003 y, tres semanas después, un jurado lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, tortura y crímenes de lesa humanidad. El tribunal concedió a la familia Cabello una indemnización de cuatro millones de dólares, una indemnización que Fernández nunca pagó.

Durante el juicio, Henry Kissinger, exsecretario de Estado, envió una carta al tribunal en defensa de Fernández, informa el NYT.

A raíz de la detención en octubre por parte de agentes del ICE, Fernández defendía que en 1987 Estados Unidos había acordado no deportarlo, y presentó un recurso de habeas corpus para obligar al gobierno de EEUU a cumplir su palabra. Según el diario neoyorquino, el gobierno nunca respondió a la demanda de Fernández: en su lugar, el gobierno liberó a Fernández, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso el National Security Archive.

Fernández tiene otra vista programada para el 5 de agosto ante un juez de inmigración.

Peter Kornbluh, investigador del National Security Archive, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado para lograr la divulgación pública de documentos relacionados con el caso, explica: “En su demanda contra el ICE, Fernández Larios presentó 'una demanda por incumplimiento de contrato', alegando que el Gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal alcanzado a principios de 1987, cuando intentó ir a Estados Unidos durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de 'complicidad posterior al hecho de asesinato' y testificaría sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en la misma. A cambio, el Departamento de Justicia de EEUU recomendó una reducción de la pena y prometió que 'no solicitaría [su] deportación a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se produjera un incumplimiento del acuerdo'. Y, según la demanda de Fernández Larios, el Gobierno de Estados Unidos había 'incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un procedimiento de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.

Entre los documentos publicados por el National Security Archive, figura uno en el que recoge cómo, en 2016, el juez de derechos humanos chileno Mario Carroza intentó reactivar el proceso judicial por los asesinatos de la Caravana de la Muerte.

En la solicitud de extradición autorizada por el Tribunal Supremo de Chile, el juez Carroza identificó a Fernández Larios como miembro de la Caravana de la Muerte que llegó a La Serena (capital de la región de Coquimbo en la costa de Chile) el 16 de octubre de 1973 y asesinó, uno por uno, a 15 funcionarios locales partidarios de Allende.

Las víctimas fueron posteriormente enterradas en una fosa común, según el resumen de los hechos que figura en la solicitud.

Esta solicitud de extradición fue una de las cinco enviadas desde Chile en relación con Fernández Larios, mientras las autoridades judiciales chilenas investigaban las atrocidades contra los derechos humanos en las que estuvo implicado.

El Gobierno de EEUU devolvió, rechazó o no respondió a esas solicitudes formales de extradición, entre las que se incluía una petición para que Fernández Larios fuera devuelto a Chile para ser juzgado.

Fernández Larios ayudó a matar en la capital de EEUU a Letelier y a la estadounidense Moffitt hace 50 años. Pero el ICE, que está deteniendo a 2.000 migrantes al día y ya ha causado la muerte de 12 personas, lo ha dejado libre.

Cientos de neonazis del Patriot Front, una organización neonazi y supremacista blanca estadounidense, se pasearon impunemente por Washington DC el pasado sábado, día de la independencia de EEUU. Desfilaron por las calles con sus banderas, ocuparon vagones de metro con el rostro tapado y participaron en una concentración en la que su líder, Thomas Rousseau, pronunció un discurso en el que reivindicó la idea de que Estados Unidos fue fundado sobre una supuesta pureza racial.

Una vez terminaron su exhibición, se marcharon, habiendo sembrado el miedo entre las personas negras y latinas con las que se cruzaron a su paso.

Horas después, Trump agitaba el fantasma del enemigo interno y clamaba contra lo que ahora considera la principal amenaza para EEUU desde la independencia: el “comunismo”, que calificó como un “cáncer” que había que “extirpar lo antes posible”.

Todos sus terminales mediáticos aplaudieron sus palabras. Pero ninguno señaló lo que había pasado ese sábado por la mañana: que una banda de encapuchados con enseñas confederadas –el bando esclavista de la guerra de Secesión–; banderas Betsy Ross, de 1777, en alusión a las 13 colonias independizadas en 1776; símbolos del Patriot Front; y banderas estadounidenses al revés, en señal de que la nación se encuentra en grave peligro por la situación política, desfiló por la ciudad.

“Nuestra patria se ha convertido en un sórdido campo de especuladores e invasores, con un grupo de políticos traidores y sin carácter”, dijo Rousseau: “Anhelamos la soberanía y la libertad, que no pueden coexistir con las condiciones que se nos han impuesto. Nos encontramos en un punto de inflexión, en el momento decisivo para el destino de nuestra nación. Tan grave es nuestra situación, tan extremo es el peligro, que la única forma de asegurar nuestra existencia es convertirnos en todo aquello a lo que aspiramos”.

Además de glorificar ese pasado independentista anglosajón y de describir la situación actual como de peligro, Rousseau señalaba a los no blancos: “Nuestra libertad como estadounidenses se desperdicia en masas inasimilables. El Estado ha gastado años inestimables e innumerables fortunas intentando educar y civilizar a quienes pretenden sustituirnos étnicamente. A los verdaderos estadounidenses no solo se les ha dejado atrás, sino que se les ha sometido a un abuso interminable, indigno de los herederos de este continente. Podría enumerar a los enemigos de nuestro pueblo, desde las conspiraciones judías hasta los cárteles mexicanos, desde los delincuentes africanos hasta los homosexuales que trafican con el vicio y la explotación. Su conducta está decidida, sus destinos están escritos”.

“Este día es para los estadounidenses”, proseguía Rousseau: “El destino de la nación recae sobre nuestros hombros. Es nuestra identidad la que debemos recuperar. Somos estadounidenses, no por decreto ni por ideal, sino por sangre. Nuestra nación es nuestro credo. No deseamos nada más ni nada menos que una revolución, una época de grandes cambios y una perspectiva de valor inquebrantable de cara al futuro. El vicio que ha infestado nuestra tierra será erradicado. Los extranjeros que han invadido nuestra tierra serán expulsados. Y los estadounidenses que durante tanto tiempo han sufrido el destino de un pueblo derrotado serán salvados. En este día, una vez más, con más fuerza que nunca, declaramos nuestra resistencia como una promesa a nuestro pueblo y un desafío a nuestros enemigos”.

A escasa distancia de la Casa Blanca, un neonazi y supremacista blanco llamaba a la revolución. Pero su inquilino ni siquiera se inmutó. En lugar de condenarlo, pronunció un discurso en el que criminalizó a la izquierda y recurrió a una narrativa muy similar a la de Rousseau. Exaltó la recuperación de la supuesta grandeza estadounidense, arremetió contra las políticas de igualdad y diversidad y defendió la represión a los migrantes.

“El sistema comunista es lo contrario del sistema estadounidense”, dijo Trump en su discurso del sábado por la noche para señalar el avance de los socialistas democráticos en las primarias del Partido Demócrata: “El sistema comunista nunca ha funcionado. Nuestros soldados no lucharon contra el comunismo en los campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a asomar su horrible cabeza aquí mismo, en Estados Unidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Queremos detener una amenaza como esa de inmediato, y antes de que comience. Es como un cáncer: hay que extirparlo, hay que extirparlo rápido”.

Unos días antes, había definido el comunismo como “la mayor amenaza para EEUU desde la independencia, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor y el 11S”.

A la espera de saber qué hará el presidente de EEUU para responder a lo que él ha designado como la mayor amenaza para el país en 250 años, lo que resulta evidente es que la marcha neonazi por el centro de Washington no merece una palabra por parte de la Administración Trump.

La actitud de Trump es consistente con sus actos. Nada más regresar a la Casa Blanca, el presidente de EEUU indultó a 1.600 condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando las hordas trumpistas irrumpieron en el Legislativo, destrozaron despachos, atemorizaron a congresistas y golpearon a policías.

Asimismo, el presidente de EEUU ha designado Antifa como organización terrorista nacional, aunque ni siquiera es una organización.

Antifa no es más que una abreviatura de “antifascistas”, y no es una organización en particular, sino un término general para grupos militantes que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos.

Decenas de grupos, incluidas organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades de esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

El director del FBI durante el primer Gobierno de Trump, Christopher Wray, declaró en el Congreso de EEUU en septiembre de 2020 que Antifa es una ideología, no una organización, y que carece de la estructura jerárquica que normalmente permitiría que el gobierno federal la designara como grupo terrorista: “Consideramos que la mayor amenaza a nivel nacional no es una organización, y mucho menos una ideología, sino actores solitarios, en gran medida autorradicalizados online, que persiguen objetivos fáciles con armas fácilmente accesibles. Estos incluyen tanto extremistas violentos nacionales de diversos tipos como extremistas violentos locales motivados por entidades extranjeras de tipo yihadista. Consideramos a Antifa más como una ideología o un movimiento que como una organización”.

El diagnóstico del exdirector del FBI contrasta con el rumbo que ha tomado la Administración Trump durante su actual mandato. Hace justo una semana, un comandante de la Fuerza Aérea de EEUU, Jason Watson, fue detenido por protestar en las escaleras del Capitolio, donde exigió una moción de censura contra Trump. Watson, militar en servicio activo con una trayectoria de más de 20 años, subió hasta la mitad de las escaleras de la Cámara de Representantes para sostener un cartel en el que se leía Impeach, Convict, Remove (destitución, condena y destitución).

Watson fue acompañado hasta la base de la escalinata por el diputado Al Green, demócrata por Texas, antes de que los agentes detuvieran a Watson “cuando el miembro del Congreso abandonó la zona” por considerarse que se estaba produciendo “una manifestación” ilegal.

A escasos metros de ese lugar, tres días después de esa detención por protestar, desfilaban más de 400 neonazis encapuchados con total impunidad.

“Es comunismo en toda regla”. El presidente de Estados Unidos está recurriendo a una narrativa propia de la Guerra Fría para hacer frente al avance de los socialistas en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York –con las victorias de Claire Valdez, Brad Lander y Darializa Avila Chevalier–. Ese avance se traducirá en una mayor presencia en cargos institucionales apoyados por el DSA (Socialistas Democráticos de América), desde la Cámara de Representantes hasta la alcaldía de Washington DC –con Janeese Lewis George–, después de haber conquistado la alcaldía de la principal ciudad del país, Nueva York, con Zohran Mamdani al frente.

Sin embargo, la diferencia con respecto a la Guerra Fría es que ya no existe un bloque soviético que compita ideológicamente con el bloque occidental, ni lugares en el mundo en los que se dé esa disputa política por medio de las armas, desde Vietnam hasta América Latina o los procesos descolonizadores africanos. Y que el DSA no se reivindica como comunista ni sus programas electorales son marxistas-leninistas.

El mundo de 2026 es diferente: China está más interesada en generar influencia y dependencia económica que ideológica, EEUU parece más centrado en asaltar el continente americano que en lo que pasa en otras latitudes, y Rusia bastante tiene con aguantar las líneas en su estancada invasión de Ucrania.

Y como el mundo de 2026 es diferente, resulta de lo más estrambótico oír al presidente de EEUU tachar de comunistas a los candidatos del DSA en EEUU: sus programas se centran en medidas para aplacar el coste de la vida –transporte público, tope a los alquileres, educación infantil gratuita–, los impuestos a los ricos, la defensa de Palestina, la denuncia del genocidio israelí y las críticas al imperialismo de EEUU, básicamente.

En este sentido, Mamdani ha congelado recientemente los alquileres de casi un millón de viviendas en Nueva York, su principal promesa: la medida afecta a los contratos de alquiler de uno y dos años, lo que representa el 40% de todos los apartamentos de los cinco distritos.

Es verdad que, a diferencia del resto de candidatos republicanos y demócratas, no reciben dinero ni del lobby judío ni de grandes corporaciones, sino que hacen campaña con donaciones de voluntarios y un movimiento militante dedicado a hacer campaña puerta a puerta.

Pero también es verdad que no hacen campaña por la socialización de los medios de producción, ni por la lucha de clases o la nacionalización de sectores estratégicos, por mucho que pedir impuestos progresivos tenga un cierto eje de clase poco común en la política estadounidense, al igual que la apuesta por una sanidad para todos –que ni siquiera se atreven a decir que sea pública–, en un país donde las desigualdades nunca terminan de ser un motor político como en otros lugares del mundo.

Manolo de los Santos, del People's Forum de Nueva York, cuyo alcalde es Mamdani, socialista del DSA, explica: “Nueva York es la capital económica y financiera del país, es como el nexo financiero de Estados Unidos con el resto del mundo. Aquí se concentra tanto capital que es cuestionable realmente preguntar quién gobierna en Nueva York. ¿Es el alcalde o es el capital? Lo que sí ha generado la elección de Mamdani es un nivel de entusiasmo en la participación política que no se veía hace mucho tiempo, imaginarse cosas que para los pobres casi siempre nos están vedadas. Tenemos derecho a soñar. Y lo que vemos también es lo limitado que es todo a lo que se enfrenta, y que realmente nosotros, por ejemplo, desde nuestros espacios con otras organizaciones populares de la ciudad, lo que hemos dicho desde el principio es que Mamdani no puede gobernar solo. Si Mamdani no invita a la movilización política del pueblo, no va a avanzar ninguna agenda. Y yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la campaña a las generales y el impuesto a los ricos”.

De los Santos añade en relación con el proceso que llevó a Mamdani a la alcaldía: “Hubo decenas de miles de voluntarios en toda la ciudad, pero no ha habido continuidad política a ese proceso. Es lo típico de la política en Estados Unidos, no tiene capacidad nunca de moverse más allá de un proyecto electoralista, no busca movilizar nunca para una transformación política en la realidad”.

Frente a eso, Trump está centrado en el fiasco de su reforma del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y en el dineral desbordante de su salón de baile en la Casa Blanca. Y en el comunismo como la mayor amenaza para EEUU, como no podía ser de otra manera, ya sea una pequeña isla de 9 millones de habitantes a 90 millas de Florida o los candidatos apoyados por el DSA.

Y, en ambos casos, el argumento es el mismo: son una amenaza nacional. Con esa coartada, ha decretado un bloqueo de combustible asfixiante a Cuba, y sanciones secundarias para cualquier entidad pública o privada que trate con el Estado cubano o algunas de sus empresas.

¿Y qué prepara ante el avance de los socialistas democráticos en EEUU? Está por ver.

“Yo creo que, en realidad, supone una gran amenaza para nuestra nación, porque no es socialismo, sino comunismo en toda regla”, decía Trump este lunes en el Despacho Oval a los periodistas: “Utilizan el término socialistas democráticos porque suena muy bien, pero en realidad se trata de comunismo”.

Y añadió: “Creo que es la mayor amenaza que existe para nuestra nación. Quizá desde nuestra fundación, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el 11 de septiembre. Incluido el ataque a Pearl Harbor. Creo que esta es la mayor amenaza para nuestra nación. La gente sonreirá cuando diga esto, pero las personas inteligentes dirán: 'Probablemente tenga razón'. Básicamente, se trata de introducir el comunismo en los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada tan peligroso”.

Si tenemos en cuenta que la amenaza para la seguridad nacional le ha servido de coartada a Trump para asfixiar a Cuba, asesinar a 215 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental, secuestrar al presidente de Venezuela y matar a 100 personas en el ataque, amenazar con tomar Groenlandia unilateralmente y desatar una guerra comercial contra todo el mundo, está por ver en qué se traduce esa designación para los miembros del DSA y los candidatos apoyados por ellos, entre los cuales se encuentra una de las congresistas más odiadas por Trump: Ilhan Omar, de Minnesota.

Otro ejemplo. Acaban de conocerse las penas de hasta 100 años de cárcel por participar en una protesta ante un centro del ICE en Texas que derivó en un tiroteo. La fiscalía calificó el delito de acto de terrorismo, a raíz de las heridas que sufrió un agente, y afirmó que los ocho participantes estaban vinculados a Antifa, como si fuera una entidad organizada, y han recibido condenas a partir de 30 años de prisión.

Hasta tal punto llega el despropósito, que uno de los condenados, Daniel Sánchez Estrada, no se encontraba en Prairieland la noche del tiroteo ni participó en la planificación. Sánchez Estrada, que está casado con otra de las acusadas, fue condenado por los cargos de ocultación de documentos: movió una caja con sus propias pertenencias —obras de arte, poesía, diarios y fanzines— tras el tiroteo, y fue condenado a 30 años de prisión acusado de manipular documentación de Antifa.

Clay Risen, autor de 'Red Scare', explica sobre el macartismo unas características que ya se están viendo en EEUU: “El otro problema grave era que uno de los criterios para considerar a alguien sospechoso era una lista de organizaciones que el fiscal general había elaborado por orden de Truman y que se consideraban subversivas. Al principio eran unas pocas docenas, pero acabaron siendo un par de cientos. Y algunas de ellas eran inofensivas. Algunas de ellas no suponían, ni por asomo, una amenaza para la seguridad nacional. Pero si tenías alguna conexión, aunque fuera indirecta, con alguna de ellas, tu carrera corría peligro. Y la lista no era secreta. Se filtró. Así que el sector privado, los gobiernos estatales y locales empezaron a utilizarla. En ese sentido, se difundió como la pólvora. Y la lista se convirtió en el baremo con el que se juzgaba a millones de estadounidenses”.

Esa lista ya existe hoy en los EEUU de Trump. Más allá de los señalamientos de las personas afines al DSA, hace poco, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la infraestructura de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes a través de organizaciones y activistas”. ¿Y cuáles son? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

El contexto está creado. Y apenas lleva un año y medio Trump en la Casa Blanca. Ya ha decidido calificar el avance de candidatos socialistas en las primarias demócratas como “comunismo en toda regla” y la mayor “amenaza nacional desde la independencia”. Ya sólo falta ver qué va a hacer a partir de ahora.

¿Habría ganado las elecciones legislativas Javier Milei sin el apoyo político y económico de Donald Trump en la campaña electoral? ¿Habría ganado el mismo Milei que había sufrido poco antes una sonora derrota en la provincia de Buenos Aires? ¿Y Nasry Asfura? ¿Habría ganado en Honduras el candidato de la extrema derecha sin el apoyo explícito de Trump, incluso con el indulto de un miembro de su partido, Juan Orlando Hernández, expresidente del país condenado en un tribunal de EEUU por introducir 500 kilos de cocaína en el país? El presidente de EEUU no tuvo empacho en indultar a Hernández antes de las elecciones y apostar por Asfura, quien se impuso por poco en unas reñidas elecciones al liberal Salvador Nasralla, quien se veía vencedor hasta las injerencias de Trump.

¿Y Abelardo de la Espriella? ¿Qué habría sido del ultra colombiano sin el acoso de Trump al presidente colombiano, Gustavo Petro, y sin la repetida apuesta en campaña contra el rival de Iván Cepeda? ¿Qué habría sido sin esos palos a la Colombia de Petro y esas promesas a una futura Colombia presidida por De la Espriella?

La proximidad y las relaciones de dependencia en América Latina con respecto a Washington son fundamentales para entender el impacto del intervencionismo de Trump. Del mismo modo, ya no funciona igual en la distancia europea.

Por ejemplo, por mucho que se alineara con Viktor Orbán, el ultra húngaro acabó derrotado en las urnas. Igual que AfD, los ultras alemanes apoyados por JD Vance y Elon Musk: no lograron el sorpasso en las últimas elecciones generales alemanas.

Y es que de la misma manera que en América Latina Trump juega con su poder de coerción para moldear los Gobiernos a su imagen y semejanza, en Europa el trumpismo resta ya en muchos países. Por ejemplo, en Italia, donde Giorgia Meloni ha sido una persona cercana a Elon Musk y comparte la mayoría de las ideas de Trump, pero se ha abierto una brecha entre ellos a raíz de los ataques del presidente de EEUU al Papa.

Se puede ser muy trumpista, pero en Italia la Iglesia católica está por delante.

Pero esa misma distancia con Trump la están mostrando otros líderes europeos, como se ha visto con las negativas a ayudar a la Casa Blanca a salir del avispero en el que ella sola se metió el 28 de febrero pasado en Irán. Eso apunta a un cambio de paradigma que no ocurre en el área en la que el presidente de EEUU ejerce más su influencia: lo que la Casa Blanca llama el patio trasero o Hemisferio Occidental, que viene a ser América Latina.

Y todas estas maniobras quedan impunes y no reciben ni el más mínimo reproche por parte de las organizaciones observadoras de los procesos electorales, pero tampoco por organismos multilaterales como la ONU, la OEA o la UE, a pesar de que el derecho internacional preserva el principio de no intervención de agentes externos en procesos electorales.

De esta manera, la democracia representativa en América Latina se ve rebajada cuando el país con mayor poder del mundo se pone a amenazar a los ciudadanos con repercusiones negativas, más aún en países que tienen tanta dependencia de EEUU. En efecto, Trump, desde la impunidad que tiene, practica sin complejos la injerencia en países que dependen de EEUU, logrando gobiernos afines por pocos votos, como se está viendo en Colombia y Perú, donde la izquierda está cayendo derrotada por décimas.

¿Hacia dónde se habrían inclinado esas décimas sin las sanciones, las amenazas, las coacciones y las intervenciones de la Casa Blanca? Y todo eso en un contexto en el que los procesos electorales reflejan las desigualdades históricas entre izquierda y derecha, con campañas austeras para la izquierda frente a campañas millonarias de la derecha, apoyada siempre por las élites económicas y políticas del continente.

A todo ello hay que añadir el crecimiento del consumo de las redes sociales, incluso más entre la clase trabajadora latinoamericana, que bebe mucho de TikTok, lo que hace muy difícil poder rastrear la financiación de esas campañas, que en algunos casos nace en el exterior y va dirigida a llenar las redes sociales de anuncios de los candidatos de derechas: la financiación de anuncios en las redes sociales es costosa, la propia elaboración de esos anuncios también, y en un mundo tan mediado por las pantallas esto convierte a las campañas de poco presupuesto en una pelea profundamente desigual.

“Estados Unidos no solo tiene las herramientas de los aranceles o de la presión económica”, explica Francesca Emanuele sobre las presiones de Trump en América Latina. La analista del think tank CEPR (Center for Economic and Policy Research) argumenta: “En la región vemos una amenaza militar directa, vital, sin contar la retirada de visados y los congelamientos de cuentas, a través de las sanciones que EEUU puede imponer a políticos que les sean molestos, como lo ha hecho con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha sido uno de los pocos que se ha enfrentado públicamente a Trump. Cualquier país de América Latina puede convertirse hoy en un objetivo militar. Y eso también se refleja en las reacciones de los gobiernos de la región, incluso aquellos que antes denunciaban con claridad los abusos de Washington, ahora parece que optan por la cautela, la autocensura o incluso el silencio”.

Emanuele añade: “Estoy convencida de que el mundo necesita que gobiernos con mayor capacidad de influencia, con mayor poder, por ejemplo, los gobiernos de Europa que dependen menos de Estados Unidos, dejen de mirar hacia otro lado y comiencen no solo a denunciar las políticas imperialistas de Estados Unidos, sino también a construir mecanismos, conjuntos capaces de frenar esta deriva militarista, demencial, que está causando muchísimo daño y que tendrá consecuencias durísimas y multigeneracionales si no le ponemos coto ya mismo”.

¿Y qué hacen luego cuando ganan? La Argentina de Milei es un ejemplo de negacionismo de la dictadura y las torturas, del apoyo incondicional al genocidio israelí en Palestina y de contorsionismo político: tan pronto se declara ultraliberal como es capaz de defender el proteccionismo arancelario de Trump. Milei es un incondicional del presidente de EEUU, porque sabe que sin su rescate económico podría estar ya fuera de la Casa Rosada. Milei también es un ejemplo de recortes sociales, de dejar desamparados a los más vulnerables, de combatir el feminismo y lo que el presidente argentino ultra llama “la agenda woke”.

Ecuador, otro país afín a la Administración Trump, con Daniel Noboa al frente, sobre quien han pesado acusaciones que vinculaban empresas de su entorno con el narcotráfico, tiene el país con uno de los niveles de violencia más altos de la región. Pero, eso sí, es un aprendiz avanzado de trumpismo y está desde primera hora en el Escudo de las Américas deseando contentar a Trump con sus acciones militares conjuntas, que ni están ayudando a reducir los niveles de violencia ni a reducir el tráfico de cocaína. Al contrario, están sirviendo para que caigan bombas en Colombia y mueran personas inocentes en granjas.

En el caso de Honduras, uno de los acontecimientos más alarmantes durante los primeros 100 días del Gobierno de Asfura ha sido la masacre, el 21 de mayo, de 21 campesinos en el departamento de Colón. Los asesinatos tuvieron lugar en el contexto de un conflicto territorial en la región del Bajo Aguán, que se remonta a los años setenta y ochenta y en el que están implicados poderosos intereses económicos.

El prolongado conflicto del Bajo Aguán se ha centrado en la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas de aceite de palma, en particular Dinant y sus filiales, que consolidaron vastas extensiones de tierra a través de una red de entidades comerciales que, en última instancia, permanecieron bajo el control efectivo de la familia Facussé.

Según InSight Crime, a finales de junio Honduras había registrado su decimoctava masacre de 2026, lo que ha dejado más de 80 víctimas de matanzas masivas en lo que va de año.

Y en el punto de mira sigue Cuba, el Gobierno que han querido derrocar numerosos presidentes de EEUU durante siete décadas. Ahora, como nunca, se ejerce una presión asfixiante, literal, con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias aprobadas el 1 de mayo a cualquier empresa o gobierno que tenga algún trato con empresas públicas cubanas o con el Ejecutivo cubano. Y el hecho de que hoy Venezuela sea un país tutelado por EEUU ha terminado sirviendo para amenazar y buscar derrocar al gobierno de Cuba con un despliegue militar estadounidense en el Caribe sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Y ese despliegue sirve tanto para asfixiar a Cuba como para asesinar de forma extrajudicial a más de dos centenares de personas en supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

“Washington ha empezado además desde el año pasado a designar organizaciones criminales y cárteles como organizaciones terroristas, y esta es una estrategia que amplía el margen para justificar futuras acciones militares en la región”, explica Emanuele: “La lógica detrás de estas designaciones es absolutamente refutable. Los cárteles son organizaciones criminales cuyo objetivo principal es el lucro económico, no los fines políticos o ideológicos, que es precisamente lo que tradicionalmente distingue al terrorismo del crimen organizado. En Venezuela se designó como organización terrorista al Tren de Aragua y a una organización ficticia como el Cártel de los Soles. Y con estas designaciones artificiosas como terroristas, EEUU busca tener bajo amenaza a diversos países, entre ellos México, y lo mismo ocurre con Brasil, donde hace apenas unas semanas EEUU designó a dos organizaciones criminales como terroristas. Y estas designaciones funcionan como una justificación destinada a dar cobertura a posibles acciones militares futuras y a aumentar la capacidad de presión de Estados Unidos sobre los países de la región y, en la práctica, crear el marco para intervenir militarmente allí donde Washington considere que sus intereses están en juego”.

“No hay belleza sino en la lucha”, decía el Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909 en Le Figaro y que se considera precursor del fascismo, que conquistó el poder en Italia de la mano de Benito Mussolini en 1922.

Y proseguía: “Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra; queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer; queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”.

Aquel manifiesto que sembró las bases del fascismo en Europa hace un siglo representa a la perfección los valores que proyecta hacia el mundo este imperio bárbaro de Donald Trump durante la celebración del 250 aniversario de la independencia de EEUU.

La cara destrozada de Topuria, deformada por el estallido de los huesos propios, cegado por los golpes desde el segundo asalto, con un árbitro rehén del negocio, del festejo sangriento para mayor gloria del César Trump en el día de su 80 cumpleaños, que quiso mantenerlo en el octágono anteponiendo el grotesco espectáculo y el negocio por encima de una vida humana.

Ese es el legado de Trump, lo que proyecta al mundo, la glorificación de la violencia, de la lucha, de la guerra, como los futuristas que alumbraron el fascismo en Europa.

Y es el legado que abrazaba la multitud que se congregó el domingo por la tarde en el National Mall para ver en las pantallas gigantes el espectáculo salvaje. Incluso hubo quien llegó a pagar 400 dólares en la reventa por una de las 85.000 entradas que se sortearon para ver el espectáculo en el parque de la Ellipse, pegado al jardín sur de la Casa Blanca, donde estaban instaladas las gradas y el escenario. Vestidos con camisetas evocadoras del acontecimiento, siempre con barras y estrellas, casi siempre hombres en una exhibición de masculinidad colosal.

“Combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”, decía el Manifiesto Futurista, y es lo que se sentía en esa marea humana que se agolpaba a gritos para ver cómo dos hombres se destrozaban a puñetazos y así celebrar los 80 años de Trump y los 250 de independencia.

Mientras tanto, el centro de la ciudad permanecía cerrado, bloqueado por camiones, furgones policiales y autobuses militares de los cientos de soldados que habían sido convocados para asistir presencialmente al acto.

Y los que quisieran verlo en casa, tenían que estar abonados a Paramount +, la plataforma de David Ellison, hijo de Larry Ellison, dueño de Oracle y amigo y aliado de Trump.

La Casa Blanca, sede del Ejecutivo estadounidense, se convirtió en un circo romano el domingo por la noche, subcontratado a Dana White, presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship) y aliado de Trump: el presidente de EEUU ha apoyado a White y a su empresa durante décadas. Asimismo, Trump posee acciones de TKO Holdings, la empresa matriz de la UFC, según sus declaraciones financieras, y ha asistido con frecuencia a combates mientras realizaba campañas electorales.

Hasta tal punto fue subcontratado, que a Trump, quien afeó a Volodímir Zelenski haberse presentado en el Despacho Oval sin traje, le parecía sensacional que recorrieran los pasillos de la Casa Blanca, incluido su despacho, los luchadores en pantalón corto y chanclas, escoltados por el personal militar presidencial.

Y es que, efectivamente, la UFC no es más que un circo de gladiadores del siglo XXI que se destrozan la cara con artes marciales mixtas, montado por un empresario privado, amigo de Trump, en el que se presume de que el ring se llena de charcos de sangre, como si fuera un Club de la Lucha.

No en vano, EEUU ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, y su responsable, Pete Hegseth, uno de los principales representantes del ardor guerrero estadounidense, es muy aficionado a las exhibiciones físicas.

EEUU decidió abrir los festejos del 250 aniversario con la velada violenta por el cumpleaños de Trump, unos festejos que culminarán el próximo 4 de julio, día de la fiesta nacional de EEUU, con un desfile militar en el que participará España.

En efecto, el buque escuela Juan Sebastián Elcano llegará a Nueva York para el 4 de julio, día de la fiesta nacional. Y para el desfile de ese día España participará, de forma inusitada, con dos helicópteros Tigre y un Cougar, cuatro aviones Harrier, dos aviones Eurofighter, dos F-18, un A400 y otro A330 Tanker.

España quiere reivindicar su papel en la independencia de EEUU, si bien todos los fastos del 250 aniversario giran indefectiblemente en torno a Trump, su agenda ultra y sus valores, que tanto recuerdan a la Europa de Entreguerras.

Un Gobierno, un país, un imperio, un bloque político tiene capacidad para decidir qué valores muestra al mundo, con qué quiere asociar su nombre: puede ser la filosofía, la cultura, la arquitectura, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la libertad, la fraternidad... Pero el imperialismo trumpista prefiere apostar por la apología de la violencia.

Una violencia que no es solo física. También es verbal.

Como cuando el luchador Josh Hokit, después de derrotar a su compatriota estadounidense Derrick Lewis, cogió el micrófono y atacó a Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama. “Un saludo a Trump por tener las agallas de organizar algo así”, dijo Hokit, y añadió: “Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, América?”.

No hubo reproches de quien tenía el micrófono en la mano, el popular podcaster ultra Joe Rogan. Tampoco del público. Y, por supuesto, tampoco de su anfitrión, el presidente de EEUU, Donald Trump.

A ninguno de los allí presentes les pareció digno de censura acusar a la exprimera dama de ser un hombre, en un insulto que suma el sexismo con la misoginia y el racismo.

Eso era dentro. Pero fuera sí hubo quien protestó contra los fastos, en medio de la marea humana trumpista, con un picnic con bocadillos, en recuerdo del hombre que lanzó un sándwich a un agente federal en Washington en plena redada del ICE y que acabó declarado inocente del cargo de agresión.

El lema del 250 aniversario es 'libertad', Freedom 250: 250 años de libertad e independencia, dicen los documentos oficiales. Lo cual también es una declaración de intenciones, en tanto que no reivindican los derechos humanos o de democracia. Y lo que no dicen es que esa libertad de 1776 era más que censitaria, en tanto que el esclavismo se prolongó un siglo más; la segregación sexual, 150 años más, y la segregación racial, otros 200 años.

EEUU no lleva vividos 250 años de libertad, salvo para algunos. Y en el EEUU actual hay millones de personas perseguidas por el ICE, sin libertad para ir a comprar antibióticos porque no tienen un seguro que les cubra la cita, que, si tienen una urgencia, prefieren pedir un Uber antes que una ambulancia o que pasan el día en bibliotecas públicas porque no tienen un techo bajo el que cobijarse.

Otros, sí. Otros tienen la libertad de pagar hasta 1,5 millones de dólares por ver la Casa Blanca convertida en un circo romano, de hacer turismo espacial, de comprar Warner para así tomar el control de la CNN y silenciar su voz crítica contra Trump, como ya ha pasado con la CBS, y de ser el primer billonario del mundo gracias, entre otras cosas, a los estratosféricos contratos públicos de los que se beneficia su empresa.

“¡Comunista!”, insultaba este domingo una mujer fuera de sí a las puertas del colegio electoral en el que estaba votando Roberto Sánchez, en Lima. “¿Por qué comunista?”, se me ocurrió preguntar a la mujer que se desgañitaba con el teléfono en la mano mientras grababa orgullosa su colección de improperios contra el candidato progresista en las elecciones presidenciales de Perú. “¡Lleva sombrero!”, me respondió, como si hubiera prendas definitorias de la ideología política de cada uno. “¿Y los sombreros son comunistas?”, me atreví a repreguntar. “¡Es por Pedro Castillo!”, replicó, a pesar de que Castillo nunca fue comunista ni militó en el marxismo ni se presentó con un programa socialista cuando ganó en 2021.

Lo que sí representaban Castillo y su sombrero chotano –de Chota, Cajamarca–, el mismo que porta Sánchez, es su origen campesino. Es decir, evoca al trabajo manual, al interior del país, que por extensión se vincula con la población serrana e indígena, en oposición a Lima, la costa, donde se encuentran las élites políticas y económicas del país, esas élites adineradas que han controlado el país durante la mayor parte de su historia.

Los insultos a Sánchez son como los que recibió Castillo y, antes que él, Ollanta Humala. Y tienen que mucho que ver con su color, con el origen humilde de a quienes representan: a las clases trabajadoras, personas humildes, vulnerables, indios, serranos... Y por eso este domingo a Sánchez le gritaban “fuera mierda” en el colegio electoral.

Y también por eso a sus votantes les llaman “cholos” en las redes sociales los seguidores de Keiko Fujimor, quienes se desatan con insultos racistas y clasistas, como recogía este martes en su podcast La Encerrona, de Marco Sifuentes.

Este fin de semana he estado en Lima cubriendo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de una semana en La Habana. Y ya el lunes por la noche regresé a Washington DC, en una semana que culminará este domingo con el 80º cumpleaños de Donald Trump, que piensa celebrarlo con una jornada de lucha libre (UFC) en la Casa Blanca.

Era la primera vez que estaba en Perú, un país que me despierta gran interés político desde hace décadas, pero que resulta mucho más lejano para los españoles que otros países latinoamericanos.

Apenas he tenido tiempo de recorrer más que la capital, y de forma parcial, con lo que tendré que regresar lo antes posible para visitar lugares conocidos en todo el mundo, como Cusco, Machu Pichu o Ica.

Pero lo que sí que pude percibir es esa fractura social que evidenciaba la mujer que insultaba a Sánchez por su sombrero, o ese otro hombre que increpaba a la policía por impedir la entrada de más votantes al colegio electoral mientras se encontraba dentro el candidato de Juntos por el Perú para evitar aglomeraciones con la multitud de prensa allí concentrada, que estaba acordonada a las puertas del colegio electoral.

Los contrastes sociales son evidentes en Lima, incluso pasando pocas horas en la ciudad. Desde ese barrio adinerado, como Miraflores, con grandes restaurantes, y otras zonas de la ciudad, como la que rodeada la cárcel de Barbadillo, donde están encerrados Humala y Castillo, y donde se concentraron seguidores de Sánchez el domingo por la tarde para conocer los sondeos a boca de urna de las cinco de la tarde mientras su candidato estaba con el expresidente.

El viaje a Perú para cubrir las elecciones este fin de semana me hizo recordar un libro que compré hace tres décadas cuando viajé a Guatemala por primera vez. Se llamaba La patria del criollo, de Severo Martínez Peláez, centrado en las desigualdades, el racismo estructural y los privilegios de las élites heredado del régimen colonial español.

Así, los criollos perpetúan la explotación de la población indígena y de la tierra en las naciones independizadas latinoamericanas, constituyendo regímenes políticos basados en la herencia de sangre, porque el criollo no era solo un hijo de españoles nacido en América, era la encarnación de la élite política y económica que poseía las tierras y los recursos y controlaba el trabajo indígena, que prolonga el régimen de expropiación de las tierras y explotación de los indígenas, sometidos a trabajos forzados.

Así, el indio se consideraba, y se sigue considerando en muchos sectores, como el de los votantes de Keiko Fujimori en Perú, un ser inferior, por lo que puede ser explotado.

Y mientras en Miraflores, ese barrio adinerado de Lima casi el 90% de la población vota a Fujimori, quienes se concentraban el domingo por la noche en la plaza de San Martín, al grito de “libertad para Castillo”, no tenían nada que ver con aquellos, ni con los que coreaban a Fujimori e insultaban a los votantes de Sánchez con improperios racistas.

Los votantes de Sánchez, como los de Castillo, conocen de primera mano diversas formas de racismo, es su propia historia de opresión. Por eso, cuando se insultaba al expresidente Castillo “maestro rural elegido presidente” y se ataca a Sánchez con este tipo de insultos, se busca evitar “que otros peruanos de origen humilde y provinciano intenten tal travesía” a la política institucional, escribe Francesca Emanuele, socióloga y analista del thik tank estadounidense CEPR: “El temor a recibir el mismo trato alimentaría la ausencia de políticos de origen humilde y provinciano. Y sin ellos será menos probable romper con el centralismo limeño y con las condiciones de exclusión, características del Perú moderno”.

Para los millones de peruanos y peruanas que votaron por Castillo y por Sánchez, es natural “encontrarse en su reflejo”, dice Emanuele, “más aún cuando la oposición repetía la táctica manida de ligarlo al fantasma de Sendero Luminoso. Las clases populares llevan décadas siendo cruelmente demonizadas con ese argumento falaz. Por ello mismo, los parlamentarios conservadores repitieron hasta la saciedad que Castillo era 'comunista', acompañando estas afirmaciones con el correlato de una supuesta militancia terrorista. Poco importaba que el presidente se hubiera alejado tempranamente de un plan de gobierno progresista, dejando claro que ni siquiera era un socialdemócrata. [...] Un 'nosotros contra ellos' que retumbaba entre las clases marginadas, en la que les situaban como el enemigo”.

Hasta tal punto es así hoy en día, que uno de los argumentos de que pudieron moverse unas décimas los votos el domingo a favor de Fujimori tuvo que ver con las vinculaciones sin pruebas de Sánchez con Sendero Luminoso. En una entrevista de uno de los candidatos de la primera vuelta, Jorge Nieto, con un conocido youtuber, éste acusó a Sánchez por tener en su equipo personas de Sendero Luminoso, que lleva tres décadas desaparecido, a raíz de la detención de Abimael Guzmán en 1992.

El concepto tiene un nombre: “Terruquear”. Y tiene que ver con acusar de “terruco” o terrorista al otro, simplemente por ser de izquierdas u opuesto al estatu quo.

Y esas clases populares demonizadas se fueron a celebrar la noche electoral de la plaza de San Martín a la humilde sede central de Juntos por el Perú, en el cercado de Lima, en un viejo edificio de techos altos, paredes desencaladas y aseos comunitarios donde había un ordenado trasiego por los pasillos, con banderas que entraban y salían y personas que confiaban en dar la vuelta a los primeros recuentos. “Vamos a voltear seguro”, decía un militante, “no puede ser que gane Keiko Fujimori, es impensable”.

El agónico recuento encabezado por Sánchez, no obstante, mantiene aún las opciones de Fujimori, gracias a que queda mucho voto del exterior por contar, donde ella es más fuerte que el progresista.

Este miércoles puede que todo acabe, y sabremos si Perú puede tener un presidente en el que se sientan reflejadas las personas históricamente explotadas y excluidas o las élites que, desde la colonia, han hegemonizado la política y la economía del país.

Una de las cosas más valiosas de mi trabajo en elDiario.es es la realización profesional en una comunión con nuestras banderas editoriales. Hace poco más de un año que me mudé a Washington DC como primer corresponsal de nuestro medio en Estados Unidos. Y también he tenido la suerte de venir a La Habana, hace una semana, para contar de primera mano la situación cubana en un momento excepcional, de recrudecimiento del bloqueo y de asfixia energética por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Es, coinciden académicos, economistas, funcionarios y ciudadanos de a pie, el periodo más difícil que ha vivido Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Uno de los asuntos fundamentales que nos planteamos en elDiario.es desde el primer día es intentar aportar una mirada propia a la información, libre de intereses económicos y de condicionantes ajenos a nuestros principios editoriales.

Y pocos temas exigen tanto ese esfuerzo como Cuba, un país que despierta pasiones, prejuicios y debates que a menudo impiden comprender su complejidad.

“En Cuba vivimos en estado de shock”, me decía alguien estos días. Cuba no es un país cualquiera. Cuba es un símbolo revolucionario de la emancipación contra el colonialismo y el imperialismo estadounidense. Eso es algo que es difícil de percibir en Europa, entre otras cosas porque los países europeos también han sido imperialistas y genocidas con sus colonias.

Por otro lado, es cierto que Cuba también despierta controversia en España por su sistema de partido único y de planificación económica socialista. Pero no es sencillo de abordar y, cuando vienes aquí por primera vez, como me ocurre a mí, en un momento tan excepcional de su historia, cada vez que te sientas frente al ordenador a escribir lo que has vivido ese día, se funden inevitablemente las vivencias con la mochila personal y política que cada uno carga. Más aún en mi caso, porque me resulta imposible observar lo que veo sin filtrarlo a través de la realidad de un bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, de las recientes amenazas militares y del recrudecimiento del que he venido informando durante este último año desde Washington.

Yo siempre quise venir a conocer Cuba, pero no ha podido ser hasta este momento, de los más complicados para la isla. Es verdad que La Habana no es la isla, como me han dicho muchos amigos y fuentes, en tanto que La Habana siempre está mejor que el interior del país. Pero también es verdad que simples paseos por La Habana resultan desgarradores.

La víspera de venir a La Habana, una amiga de Washington DC me dijo: “Prepárate, la situación es muy triste”. Y tenía razón. Es tristísima. Imposible estar preparado. Yo estoy ya fundido emocionalmente por ver montones de basura acumulada en las calles porque el bloqueo petrolero de Trump imposibilita que haya combustible para recogerla. Y eso son malos olores, focos de enfermedades cuando estás a más de 30ºC en la calle, y también son lugares en los que personas se acercan a rebuscar si hay algo rescatable en esos restos.

Y eso pasa en casi todos los barrios. Mi hotel, uno de los últimos construidos por el grupo empresarial del Ejército puesto en el disparadero por EEUU, GAESA, se encuentra en el barrio del Vedado. Un barrio en el que a menudo se corta la luz, que da al malecón, donde antaño se juntaban los ciudadanos de La Habana.

Hoy, sin embargo, queda poco de aquella imagen: los cortes de luz por falta de combustible duran a veces más de 20 horas, no hay casi vehículos circulando por la ciudad, más allá de los taxis y los eléctricos, y la sensación es que todo el mundo está en modo reposo. Es como si la falta de energía eléctrica también se hubiera traducido en falta de energía humana.

Bien es verdad que la gente tiene dificultades para dormir: la falta de corriente hace que no funcionen los ventiladores, o que la luz llegue de madrugada y haya que levantarse para cocinar para el día siguiente: la alternativa es cocinar con carbón o leña, algo cada vez más habitual en Cuba.

Personas con las que he hablado afirman que la crisis cubana es previa a la vuelta de tuerca de las sanciones trumpistas, que hace un puñado de años podrían haber decidido construir menos hoteles, que a día de hoy, además, están vacíos por la ausencia de turismo, para dedicar recursos a la soberanía alimentaria, energética y a blindar los pilares de la Revolución: la sanidad y la educación.

Pero también hay quien dice que la coyuntura del Gobierno cubano es endiablada, caracterizada por gestionar crisis tras crisis, cada una peor que la anterior: después de la distensión con Barack Obama, llegó el desmantelamiento de buena parte de esa política de acercamiento durante el primer mandato de Trump; después vino la pandemia y, más tarde, un Joe Biden que no cambió una sola coma de la política de sanciones heredada de Trump hasta una semana antes de dejar el cargo. Después de eso, llegó la segunda presidencia de Trump, hablando directamente de “tomar Cuba” y lanzando una imputación contra Raúl Castro por un asunto de hace tres décadas y de forma bastante retorcida.

En Estados Unidos son muchos los que contemplan como una posibilidad real, e incluso inminente, una acción militar contra Cuba. En Cuba, sin embargo, parecen más escépticos, te dicen que el Mundial está a la vuelta de la esquina, que no hay alternativa al Gobierno actual, que el país podría lanzar ataques a Florida y la base de Guantánamo. Es verdad que siempre te encuentras con alguno que te dice que está deseando que lleguen los estadounidenses, pero también es verdad que te encuentras con mucha gente dispuesta a defender su país ante el invasor. No en vano, murieron 32 cubanos en el ataque a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

“Esto no es Venezuela”, te dicen muchos, decepcionados por el Gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, que no ha enviado una gota de petróleo en seis meses y que ha expulsado a las brigadas médicas de su país, donde llevaban lustros cooperando.

Pero hay una cuestión que aparece una y otra vez en las conversaciones con los cubanos estos días: la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrán los estadounidenses? ¿Está negociando el Gobierno cubano? ¿Qué conceptos? ¿Hay margen para un acuerdo?

Un amigo español que vive y trabaja en Cuba, me decía el otro día: “Esto se trata del gran reemplazo, de echar a los europeos para que EEUU se quede con sus empresas”. Y, de momento, eso está pasando. Una amiga apostillaba: “Lo que quieren es que el hotel Habana Libre vuelva a llamarse Habana Hilton”.

Lo cierto es que está habiendo presiones para salir del país. y que hay empresas de todos los países que lo están haciendo. Pero no es una cosa solo de hoteles. La minera canadiense Sherritt International Corp. ha firmado un acuerdo con Gillon Capital LLC, una sociedad vinculada a un exasesor de Trump, Ray Washburne, que permitiría a Gillon adquirir una participación mayoritaria en la empresa mientras esta afronta las sanciones impuestas a sus operaciones en Cuba.

Pero no solo eso, EEUU, el país que se negó a facilitar respiradores, oxígeno y jeringuillas a Cuba en lo peor de la pandemia, también impide que Cuba compre piezas para su termoeléctrica averiada, o que pueda acceder al crédito de instituciones internacionales como el FMI o Banco Mundial, bloquea las cuentas de residentes en Cuba que hagan pagos fuera de la isla a través de los bancos incluso.

Todo, desde alimentar una bomba de agua en un edificio para que se puedan lavar las familias, hasta tener combustible para cultivar los campos, o corriente para que no se caiga la conectividad de los móviles, es una carga que se vive de forma cotidiana.

Es verdad que te encuentras gente que anhela la invasión estadounidense. Me pasó con una mujer este lunes, camino de una visita a un hospital pediátrico en la que los médicos te cuentan que llegan al trabajo a primera hora de la mañana sin combustible para moverse y, a lo mejor, sin haber pegado ojo porque no les funcionaba el ventilador y entraban muchos mosquitos en la habitación, con el riesgo que eso hay ya en este país de contagiarse de enfermedades a través de los insectos.

También hay críticos al Gobierno desde dentro del sistema que reprochan al Gobierno la falta de un plan para lo que está por venir. Pero, en el fondo, el destino de Cuba está en buena parte en Washington DC: si el bloqueo y las sanciones se endurecen más o se relajan; si la Administración Trump renuncia a la aniquilación del sistema cubano o no; si decide una operación militar como el secuestro de Maduro, o si acaso le basta con instalar sus hoteles en los huecos que dejan las empresas europeas y canadienses.

Asimismo, es llamativa la paz social en Cuba. En países como Argentina, Francia o Grecia, por ejemplo, cinco meses de cortes de luz habrían desatado grandes revueltas. Pero, de momento, eso no pasa con Cuba. Hay quien dice que tiene que ver con las condenas tras las protestas del 11 de julio de 2021, también hay quien dice que el Gobierno goza de gran apoyo y recuerdan las movilizaciones del Primero de Mayo o las colas para despedir a los 32 soldados muertos por el ataque estadounidense a Caracas el 3 de enero pasado.

En Cuba he podido visitar hospitales, y te cuentan las dificultades de llegar al trabajo de los sanitarios, mientras los pacientes tienen que operarse en un quirófano sin climatización si hay cortes de luz, o cómo tienen que racionar las medicinas por las dificultades para comprarlas, o cómo tienen que subir a los enfermos por las escaleras cuando se va la luz.

¿Hasta dónde llegaba la responsabilidad del Gobierno y hasta dónde de las sanciones del bloqueo? Esa es una pregunta recurrente en los últimos tiempos. El problema, sin embargo, es que ahora las sanciones y el bloqueo de combustible son tan duras que afectan a los más vulnerables, desde los recién nacidos –pasando de 4 muertes por cada 1.000 nacidos en 2018 a 9,9 por cada 1.000 en 2025, según datos del Ministerio de Salud Pública– hasta los enfermos de cáncer, de hemodiálisis o incluso el enterramiento de muertos por no tener gasolina para el coche fúnebre.

Muchos miran al Gobierno cubano, lo tienen más cerca, y le piden cuentas por reformas económicas pendientes, o le piden un mayor liderazgo político, un plan de hacia dónde va el país. Otros te dicen que el Gobierno cubano sólo gestiona crisis y con escasos recursos, y aquí así es muy difícil gobernar. ¿Cómo juzgaríamos la gestión de cualquier gobierno si dirige un país sin combustible, sin poder comprar repuestos para sus equipos médicos, sin poder acceder a los mercados internacionales y tener el comercio limitado por la amenaza de sanciones a terceros?

Otro asunto recurrente es el de la pluralidad partidista del sistema político. ¿Puede ser un horizonte al que camine Cuba para quitarse de encima la presión de EEUU? No sabemos qué está pidiendo concretamente EEUU a Cuba, pero el objetivo político último de personas como Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, pasa por el fin de la Revolución cubana. Cuba, de momento, no está cediendo y sus señales son las de no ceder. EEUU, de momento, no deja de incrementar la presión. ¿Qué pasará? Es difícil hacer pronósticos, a corto plazo todo empeorará por la canícula veraniega que será durísima sin corriente eléctrica, y en Cuba históricamente las protestas se han dado en julio y agosto. ¿Habrá protestas este año? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cómo lidiará el Gobierno con la disidencia?

Las incógnitas son múltiples. En todo caso, aquí estaremos para contar cómo se van despejando.

“Soy culpable. Culpable de amar al pueblo cubano. Culpable de creer que los niños cubanos merecen medicinas en lugar de sanciones. Culpable de creer que intentar salvar vidas no debería ser tratado como un delito”. Así reaccionaba Medea Benjamin, cofundadora del colectivo pacifista estadounidense CodePink, a las informaciones sobre las citaciones en marcha contra ella y decenas de activistas implicados en el convoy a Cuba del pasado marzo. Las investigaciones parten de los departamentos de Justicia y del Tesoro.

A menudo contamos los periodistas que Donald Trump llama sleepy Joe [somnoliento Joe] al expresidente Biden; too late Powell [demasiado lento Powell], al expresidente de la Reserva Federal contra quien lanzó una investigación federal por parte del Departamento de Justicia que acabó cerrándose para que el candidato de Trump al frente de la Fed pudiera pasar la votación en el Senado.

Del mismo modo, los periodistas solemos contar cómo la Administración persigue a rivales políticos que le metieron en problemas judiciales, como James Comey, exdirector del FBI, o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los periodistas también contamos la represión migratoria, el acoso a la comunidad somalí en Minneapolis y los insultos diarios a los periodistas, con denuncias judiciales y amenazas de suspensión de licencias para las grandes cadenas de televisión.

En un artículo en The New York Times de hace unos meses, se explicaba que “la ofensiva autoritaria del gobierno ha tenido un impacto evidente. Ha transformado el comportamiento de los estadounidenses, obligándolos a pensárselo dos veces antes de participar en lo que debería ser una oposición protegida constitucionalmente. En consecuencia, muchos políticos y organizaciones sociales que deberían supervisar y controlar al ejecutivo se están silenciando o relegando a un segundo plano”.

Y esa es una de las claves de lo que está sucediendo estos días en Estados Unidas: la inoculación del virus del miedo a la persecución por parte de la Administración Trump si, como ciudadano de a pie, no haces lo que la Casa Blanca espera de ti.

Así, la muy afín al presidente de EEUU Fox News publicaba estos días que “funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro están investigando a organizaciones y grupos activistas estadounidenses por supuestamente coordinar actividades de lobby, difusión de mensajes, recaudación de fondos, envío de delegaciones y esfuerzos de organización política con funcionarios del Gobierno cubano, como parte de una posible campaña de influencia extranjera que opera dentro de los Estados Unidos”.

El mensaje es demoledor: la Justicia estadounidense te investiga por difundir mensajes y viajar a Cuba, con la acusación de formar parte de una “campaña de influencia extranjera”.

Fox News, así, afirmaba haber identificado a 145 organizaciones sin ánimo de lucro, grupos sindicales, organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos de activistas en todo Estados Unidos “que se están movilizando en apoyo al gobierno cubano y al Partido Comunista de Cuba”.

Es decir, la propia cadena amiga de Trump se remanga para señalar a quienes denuncian el bloqueo cubano. Y, lo que es mejor, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la campaña de mensajes de respuesta rápida ofrece un ejemplo contundente de la velocidad con la que la infraestructura nacional de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes políticos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas mediáticas, organizaciones sindicales y coaliciones de activistas”.

¿Y cuáles son las principales organizaciones señaladas? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

Ya hace unos meses, publicábamos aquí la campaña del Departamento de Estado contra estos colectivos. En aquel momento, la acusación era estar al servición del PCCh, ahora la investigación es por denunciar el bloqueo a Cuba.

Fuentes de la Embajada de Cuba en Washington niegan cualquier actividad indebida y afirman que los diplomáticos actúan dentro de los límites de la Convención de Viena, cuyo Artículo 41 establece que “tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos” de un país.

Según Fox, los investigadores están examinando las actividades de varios activistas vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba, entre ellos el streamer Hasan Piker, la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, y la coordinadora de CodePink en Washington DC, Olivia DiNucci.

En total, la investigación se extiende a cerca de 40 estadounidenses que, según Fox, “presuntamente se coordinaron con funcionarios del gobierno cubano para llevar bienes y suministros a Cuba en 'convoyes' y 'flotillas' a principios de este año”.

Ahora bien, en contra de lo publicado por Fox, de momento no se han entregado citaciones.

“Contrariamente a los rumores, no he recibido ninguna citación judicial del Gobierno de los Estados Unidos”, escribia Medea Benjamin en un comunicado hecho público: “Quizás esté en camino. Pero quiero ser clara: no hicimos nada malo durante nuestro viaje a Cuba en marzo de 2026. Por el contrario, actuamos como ciudadanos estadounidenses con principios morales, tratando de llevar algo de alivio a una población que está siendo deliberadamente sometida al hambre por las crueles políticas de nuestro propio Gobierno”.

En el centro de la diana de la Administración Trump y Fox está uno de los principales mecenas de estas organizaciones y colectivos, esposo de una fundadora de CodePink, con familia proviente de Sri Lanka, nacido en Connecticut en 1954, y con residencia en Shanghai.

Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie a Fox y a la Administración Trump para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh. Una tesis aplicada por el Departamento de Estado en febrero pasado.

Ahora, la carga del delito pasa por coordinar con Cuba la ayuda para Cuba.