Los parecidos son asombrosos. Y muy reales. El domingo por la noche, Donald Trump publicó en Truth Social: “125 millones de personas han votado hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se dieron a conocer poco después del cierre de las urnas, el MISMO DÍA! En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de EEUU, los resultados, con cifras mucho menores, suelen tardar semanas en ser 'amañados', quiero decir, en ser calculados. ¡¡¡Las elecciones en Estados Unidos son CORRUPTAS!!!”

¿En qué cabeza cabe que el presidente electo de EEUU afirme con rotundidad que las elecciones en su país, las mismas que acaba de ganar, están “amañadas” y son “corruptas”? En la de un presidente al que le interesa mantener siempre en circulación la carta del fraude para sacarla cuando pierde. Esa misma carta le sirve, además, para cuestionar o tratar de restringir aquellos mecanismos del sistema electoral que amplían el acceso al voto y facilitan la participación de sectores que tienden a votar por el Partido Demócrata.

Por ejemplo, la posibilidad de votar sin presentar una identificación oficial con fotografía, una práctica histórica en EEUU, un país que carece de un DNI oficial y obligatorio. A diferencia de España, EEUU no cuenta con un carné identificativo que todos los ciudadanos estén obligados a tener. Y eso es lo que quiere imponer Trump con su Save America Act que se encuentra varada en el Senado por falta de apoyos.

En efecto, millones de estadounidenses carecen de un documento con fotografía, e históricamente han podido ejercer su voto sin presentarlo. Sin embargo, obtenerlo puede requerir dinero, documentación adicional y tiempo, obstáculos que afectan especialmente a personas de bajos ingresos.

Algo parecido ocurre con el voto por correo y el voto anticipado. En EEUU, el día oficial de las elecciones cae en martes, un día laborable, y no existe un festivo federal que garantice a todos los trabajadores tiempo libre para acudir a las urnas. Poder votar antes o enviar la papeleta por correo facilita, por tanto, la participación de quienes tienen más dificultades para ausentarse del trabajo sin perder horas de salario.

La paradoja es que las restricciones de identificación se justifican habitualmente como una forma de combatir el fraude, sin pruebas de que ese fraude exista. Además, el tipo de fraude que podrían prevenir esas medidas (que una persona acuda a las urnas haciéndose pasar por otra) es extraordinariamente raro en EEUU. Y los estados donde no se exige presentar un documento siguen verificando la identidad de los votantes mediante otros mecanismos.

El argumento del fraude termina, así, sirviendo no solo para justificar nuevas barreras al ejercicio del voto, sino también para cuestionar resultados electorales adversos.

Esto es lo que pasa de forma cotidiana en EEUU desde hace seis años, con el asalto al Capitolio incluido y alentado por el presidente saliente entonces, Donald Trump, quien lleva hablando desde entonces de pucherazo sin pruebas. Por no mencionar que el sistema electoral brasileño alabado por Trump cuenta con urnas electrónicas similares a las denostadas por él mismo y sus seguidores MAGA. Eso sí, cuando luego volvió al cargo en enero de 2025, lo primero que hizo fue indultar a 1.600 condenados por el asalto al poder Legislativo estadounidense.

Pocas horas después de que Trump alabara el recuento del voto brasileño al tiempo que denostaba el estadounidense, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía este lunes, siguiendo el manual del presidente de EEUU: “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”. Y añadía, comparando a Pedro Sánchez con el expresidente venezolano: “Maduro también convoca elecciones”.

La música suena muy parecida: deslegitimación del proceso electoral, deshumanización del adversario y, si las elecciones no salen como estaban previstas, el camino de la insurrección ya habrá sido abonado. Como ocurrió en EEUU en enero de 2021; y en Brasil en enero de 2023 con el asalto al Palacio del Planalto –poder Legislativo–, en Brasilia antes de que jurara Lula: la ultraderecha abonó el camino al golpismo con la deslegitimación previa del proceso electoral. Algo parecido hizo también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de las elecciones del 23J de 2023: “Le pido a los carteros que trabajen mañana, tarde y noche, y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo sagrado”. Y añadió, dando a entender que los directivos de la empresa pública promueven algún tipo de boicot a las opciones del voto por correo: “Les pido, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos”. 

El guion es el mismo cuando el PP critica la llamada Ley de Nietos sobre un supuesto intento de “alterar los censos” por parte del Gobierno central.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado: “La Ley de Nietos y el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez están alterando significativamente los censos electorales. Son millones de personas que aparecen en determinados municipios y pueden cambiar artificialmente el resultado de unas elecciones”.

Los marcos de Trump y el PP son calcados: deslegitimación de los procesos electorales, sombras y sospechas sin una sola prueba que avale esas teorías de la conspiración sobre supuestos fraudes.

Junto a la conspiranoia sin evidencias sobre los procesos electorales, las derechas europeas, y también españolas, asumen algunos ejes fundamentales de la agenda ultra trumpista: el llamado America First se convierte en “prioridad nacional” –abrazada por el PP en sus gobiernos con Vox– para justificar la represión de la migración y la criminalización del diferente como se ha visto recientemente en Ceuta en España o en Italia con Giorgia Meloni y Matteo Salvini, o en los programas de la ultraderecha alemana de AfD, que gana posiciones en las regiones del Este de Alemania.

De la misma manera, el combate político y cultural contra la transición energética y las políticas de diversidad y LGTBIQ+ en todos los ámbitos de la Administración Trump tiene su espejo en el negacionismo sobre los valores de la Agenda 2030, el cambio climático y las políticas machistas, homófobas y tránsfobas que defienden las derechas inspiradas por la presidencia estadounidense.

Y lo cierto es que el trumpismo gana posiciones en todo el mundo. Sobre todo en América Latina, donde este domingo Flávio Bolsonaro, hijo del condenado por golpismo Jair Bolsonaro, quedó primero en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. Y donde Trump ya ha ganado para su causa a Colombia (Abelardo De la Espriella), Honduras (Nasry Asfura), Perú (Keiko Fujimori), Chile (José Antonio Kast) y Bolivia (Rodrigo Paz Pereira), además de Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro. Además, Daniel Noboa y Javier Milei han consolidado su poder en Ecuador y Argentina, respectivamente. Y todo ello mientras mantiene el bloqueo energético a Cuba desde hace diez meses.

Y en todos los cambios de Gobierno, la Administración Trump no solo no ha sido neutral, sino que en muchos casos ha tenido un papel activo para extender el trumpismo en el continente. El recurso utilizado ha sido la bautizada como Doctrina Donroe, que es una adaptación a los tiempos de la teoría decimonónica de Monroe que ampara el neoimperialismo de Washington en lo que denomina Hemisferio Occidental.

¿Y cuál es una consecuencia inmediata de eso? La incorporación de los países a su Escudo de las Américas, para extender la presencia militar de EEUU en la región con la excusa de la “guerra contra el narcoterrorismo”.

Pero no solo eso: EEUU anunció la semana pasada “una nueva política de restricción de visados a los ciudadanos extranjeros, y a sus familiares directos, que socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o de narcotráfico”. Y añadía el Departamento de Estado: “Socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado. El Departamento de Estado está tomando medidas de inmediato para imponer restricciones de visado en virtud de esta política, en apoyo de los países participantes en la iniciativa Escudo de las Américas: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”.

Horas después de publicarse ese anuncio del Departamento de Estado de Marco Rubio, el Gobierno boliviano detuvo al Fiscal General del país, Roger Mariaca, por supuestamente liderar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público que, según EEUU, protegía al “narcoterrorismo” en el país.

Injerencias, inspiración ideológica, temor o admiración. Las causas son variadas. Pero lo cierto es que el trumpismo está cruzando fronteras, y se extiende, como se está viendo estos días en España, azuzando teorías de la conspiración sin fundamento, cuestionamientos electorales sin pruebas y una difusa “prioridad nacional” que ampara la criminalización del diferente y la represión migratoria.

Hay un fantasma que recorre EEUU: el fantasma del affordability [asequibilidad]. Más allá de la broma de parafrasear el arranque del Manifiesto Comunista, de Friedrich Engels y Karl Marx, lo cierto es que el concepto affordability se ha convertido en una poderosa herramienta electoral para los demócratas y en un talón de Aquiles para Donald Trump, al tiempo que conecta las luchas en EEUU y las del resto del mundo, incluida España, por una vivienda digna.

Hace poco menos de un año, fui a Nueva York a un acto de Zohran Mamdani en la recta final de su campaña a la alcaldía de la ciudad. Se celebró en Queens, un domingo en el que aún tirito al recordar cómo, a medida que se ponía el sol, aumentaba el frío.

Aquel 26 de octubre de 2025 se abarrotó el centenario estadio de Forest Hills, donde han jugado al tenis Arthur Ashe, Ilie Năstase y Guillermo Vilas, entre otros; y donde han cantado Frank Sinatra, Bob Dylan y The Beatles, por ejemplo. A ese histórico escenario de Queens, repleto, Mamdani llegó impulsado por los 100.000 voluntarios que visitaron más de tres millones de viviendas en aquella campaña, en un puerta a puerta interminable para conducir a la alcaldía de la principal ciudad de Nueva York al primer musulmán, a un socialista de 34 años en un país criado en la Guerra Fría contra el socialismo; a un país que se encuentra presidido por un ultra sin complejos y con el Partido Demócrata con pocas respuestas.

Un año después, el manual de aquel joven militante del DSA (Democratic Socialists of America) se ha convertido en un modelo para el avance de posiciones progresistas en EEUU en general y en el Partido Demócrata en particular, con sonoras victorias en primarias en Nueva York, Michigan, Texas, Nueva Jersey, Providence, Washington DC... Y sus ejes programáticos están lejos de una revolución bolchevique, por mucho que Trump los llame comunistas cada día.

Los principales elementos del programa de Mamdani y del resto de progresistas, incluido el veterano e incansable Bernie Sanders, pasan por rebajar el coste de la vida a los estadounidenses, es decir, por el concepto de affordability que desde entonces domina la agenda política en EEUU, en particular entre las familias trabajadoras y vulnerables. Y eso pasa por la gratuidad del autobús, poner en marcha economatos municipales, limitar los alquileres para los más necesitados, construir vivienda pública y financiar escuelas infantiles gratuitas.

Y para que sea creíble la affordability, esta debe ir de la mano de políticas que supongan un reequilibrio económico; es decir, de intervención en los mercados y de mordiscos al capitalismo. En este sentido, Sanders y el resto de progresistas se esfuerzan por introducir en las campañas políticas el eje de clase –como la gira por todo EEUU bajo el lema “contra la oligarquía”–, que no cultiva el establishment demócrata, mientras el Partido Republicano se reivindica como la organización de la clase trabajadora estadounidense, por mucho que las políticas de la Casa Blanca aumenten la desigualdad y el presidente se reúna cotidianamente con tecnoligarcas.

Como explica un ex colaborador de Biden, Tim Wu, “se supone que las tiendas de alimentación gestionadas por el Gobierno de Mamdani abaratarán la leche, sí, pero también reducirán el poder de los grandes conglomerados alimentarios. La tasa de servicios públicos propuesta por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, para los centros de datos está diseñada para reducir los precios de la energía para los consumidores, sí, pero también para obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar por su propia infraestructura. Rob Sand, candidato a gobernador de Iowa, espera reducir los precios de la vivienda, sí, pero en parte impidiendo que los fondos de capital riesgo adquieran viviendas unifamiliares como inversión. Lo que estamos viendo es el resurgimiento de una ideología estadounidense ancestral basada en el equilibrio económico. Aunque carece de un nombre oficial, bien podría ser la ideología más popular del país”.

Es decir, la affordability no es un concepto revolucionario, y puede que sea uno de esos significantes flotantes que teorizó Ernesto Laclau; símbolos o nombres, términos o expresiones, que significan una cosa u otra en función de quién los lea o escuche. Salvo que se les empiece a poner apellidos, y entonces, sí, el concepto pueda ser más o menos reformista, o más o menos transformador.

Quizá por eso está teniendo tracción electoral en EEUU, y justo por eso molesta profundamente a la Casa Blanca.

Todas las fuerzas de la vieja América se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma, empezando por Donald Trump, podríamos decir, si queremos seguir parafraseando el Manifiesto Comunista, de Engels y Marx. De hecho, Trump despotrica del concepto de affordability diariamente, lo que supone un síntoma evidente de que le molesta profundamente.

“Hay algunas cosas que han hecho los demócratas que han sido muy perjudiciales para nuestro país”, decía este lunes Trump en un acto en Iowa: “Los precios estaban por las nubes. Yo he bajado los precios, pero a ellos les gusta hablar de affordability. Sin embargo, son ellos los que han provocado el problema de la asequibilidad. Son ellos los que han causado todos estos problemas”.

Pero, a pesar de sus palabras, la realidad es tozuda, y una gran parte de los estadounidenses afirma que el presidente Trump es el responsable de la situación económica actual a la que se enfrenta el país, incluyendo la elevada inflación y las preocupaciones sobre la capacidad de compra. La encuesta de Politico/Public First, publicada el jueves pasado, revela que el 43% de los encuestados cree que el presidente es en gran parte o totalmente responsable de la situación económica. La encuesta, además, pone de manifiesto una profunda división sobre el tema, ya que el 19% de los republicanos y el 70% de los demócratas atribuyen la culpa a Trump.

La mayoría de los estadounidenses encuestados considera que la preocupación por el coste de la vida es el principal problema al que se enfrenta Estados Unidos en este momento. Alrededor del 27% señala el “mal estado” de la economía y el 22% marca los altos impuestos como el principal problema del país.

Esta semana, el precio medio del galón –3,8 litros– de la gasolina sin plomo normal está en 4,45 dólares, según la American Automobile Association (AAA). El precio medio del gasóleo subió 40 céntimos durante el último mes. El diésel está en 6,43, lo que supone 80 céntimos más que hace un mes.

Al mismo tiempo, el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, sigue alrededor de los 100 dólares, frente a los poco más de 70 dólares de julio.

Además, los compradores de vivienda se encuentran con que la tasa media de los préstamos hipotecarios a tipo fijo a 30 años lleva meses subiendo y está en torno al 7%, su nivel más alto en más de 19 meses. El tipo medio no alcanzaba este nivel desde el 30 de enero de 2025.

“Hoy en día, más de 20 millones de hogares destinan más de la mitad de sus limitados ingresos a la vivienda y casi 800 000 personas carecen de hogar”, denuncia Bernie Sanders. En efecto, más de 43 millones de hogares estadounidenses destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda, incluidos 21,6 millones que gastan más de la mitad, mientras que casi 800 000 personas carecen de hogar.

Es decir, los costes de la vida siguen disparados para los estadounidenses, y, en este contexto, la affordability se ha convertido en ese fantasma que recorre todo el país y conecta las luchas por la vivienda digna con el resto del mundo.

Hace un año, cada día que entraba en la sede de la ONU para cubrir la Asamblea General, tenía que atravesar una concentración propalestina. Este año no hay ninguna. Hace un año, se produjo una cascada de reconocimientos del Estado palestino y se convirtió en el asunto central de la Asamblea. Este año, la Administración Trump ha vuelto a negar el visado a las autoridades palestinas para intervenir, por lo que han tenido que hacerlo con un mensaje enviado en vídeo, pero ya no ha sido un escándalo.

Mientras las víctimas del genocidio hablan a través de un vídeo, el responsable de ese genocidio, Benjamín Netanyahu, se paseará esta semana por las calles de Nueva York sin temer ser detenido por las órdenes de La Haya, cuyo tribunal quiere destruir Washington.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sí ha dicho que habría que detener a Netanyahu, pero no tiene competencias. Y el primer ministro israelí ha decidido que era buena idea amenazarle antes de aterrizar en la ciudad: “Voy a dirigirme a la ONU. Voy a decir la verdad sobre nuestros heroicos soldados... y voy a decir la verdad sobre usted [Mamdani]”.

El Grupo de La Haya, impulsado por Suráfrica –otro de los gobiernos más detestados por Donald Trump–, ha convocado un par de actos esta semana para seguir visibilizando el genocidio israelí. El lunes, con Bernie Sanders; y este viernes, con ministros de los países integrantes de la iniciativa.

Hace un año, en Nueva York estaba Gustavo Petro, que llegó a pedir una suerte de Brigadas Internacionales para defender a los palestinos, y llamó a los policías a no obedecer órdenes ilegales de la Administración Trump durante una gran manifestación propalestina en las calles de Nueva York, lo cual le valió la retirada del visado por parte de EEUU.

Este año no está Petro, ni nadie ha ido tan lejos en los discursos ni tampoco se prevé una manifestación masiva: el mundo ahora parece mirar hacia otro lado. Como ha dicho António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas en la Asamblea General, “los mal llamados 'alto el fuego' no han sido más que 'menos fuego', y son los civiles quienes siguen pagando el precio. Ya basta. Los combates deben parar; la ayuda humanitaria tiene que fluir; y hay que restablecer por completo los derechos y las libertades de navegación de conformidad con el derecho internacional. No debemos perder de vista la devastadora situación que impera en el Territorio Palestino Ocupado. Han pasado casi tres años desde los abominables atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre. Lo que siguió fue una acometida contra la población palestina de Gaza cuyo grado de matanza y destrucción no vi nunca en todos mis años como secretario general”.

Mientras Guterres habla de “un grado de matanza y destrucción” nunca visto en la historia reciente del mundo, EEUU trabaja para acabar con el organismo que persigue esos crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional.

Naciones Unidas, ese instrumento multilateral para la resolución de los conflictos creado tras la Segunda Guerra Mundial, esta semana se convierte en una sucesión de monólogos, una multitud de actos y actividades paralelas y en los márgenes, que se solapan unas con otras, en las que este periodista se multiplica para poder llegar a contar una mínima parte que pueda interesar a los lectores, en este caso.

Y te quedas con la sensación de no haber terminado de explicar bien las cosas, el contexto en el que ocurren, el significado, las implicaciones. Trump ha llegado exhibiendo su fuerza, la coacción con la que logra acuerdos que muchas veces ni se cumplen, apretando para quedarse con Groenlandia, y consiguiendo expandir su presencia militar allí. Y amenazando, de nuevo, con “aniquilar” Irán, un país de 90 millones de habitantes.

¿Cómo alguien puede hablar de aniquilar un país de 90 millones de habitantes y quedarse tan tranquilo? ¿Y cómo pueden oírlo 200 países con total normalidad?

Quizá no huela a azufre, recordando lo que dijo Hugo Chávez una vez aquí hace exactamente 20 años, pero la crueldad de los poderosos se respira en cada rincón de Naciones Unidas. Trump se pasea exhibiendo su diplomacia de la fuerza.

Para Guterres, la cuestión fundamental es la siguiente: “¿Haremos algo para que el poder se rija por el derecho en vez de la fuerza? ¿Por la cooperación en vez de la coacción? ¿Por el sentido de responsabilidad hacia la juventud y las generaciones futuras en vez de la indiferencia ante su destino? Porque los retos decisivos de nuestra época no son ajenos a la cuestión del poder: son más bien manifestaciones de ese poder. Y serán esos retos los que determinen si nos dejamos arrastrar cada vez más hacia la división y la inestabilidad o si nos encaminamos hacia la cooperación, la justicia y la seguridad colectiva”.

Este lunes, la noche previa a la inauguración de la Asamblea General, me acerqué a la iglesia de Riverside, un símbolo progresista de Nueva York, que ha acogido discursos históricos de Martin Luther King (1967) y Nelson Mandela (1990). Allí se reunió más de un millar de personas para escuchar a oradores hablar sobre el genocidio en Palestina y la deriva autoritaria en EEUU.

Y Bernie Sanders, referente progresista de EEUU, afirmó: “Nos dirigimos rápidamente hacia una oligarquía mundial extremadamente peligrosa. Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocas personas habían concentrado tanta riqueza y tanto poder. Nunca antes habíamos visto una concentración de la propiedad tan enorme, ni un nivel tan sin precedentes de codicia, arrogancia e irresponsabilidad por parte de la clase dirigente mundial. En muchos sentidos, hoy asistimos a un retorno a la ideología de los monarcas, reyes, reinas y zares del siglo XIX, quienes creían, y creían sinceramente, que Dios les había otorgado el derecho a gobernar”.

La semana pasada estuve en el akelarre trumpista de Dallas. Era la primera vez que acudía a una convención de un partido estadounidense. Y fue bastante agotador: una sucesión de intervenciones durante dos días, cada uno de los cuales termina con un discurso de Trump y una actuación de un personaje con uno de los apelativos más singulares del mundo: Christopher Macchio, tenor presidencial.

¿Se imaginan qué pasaría si hubiera un tenor presidencial en España? Pues Donald Trump tiene uno y se lleva sin ningún tipo de polémica en Estados Unidos.

Al final del segundo día, cuando me disponía a salir del American Airlines Center de Dallas, dos señoras me preguntaron cómo había logrado entrar con una mochila. Les respondí que era periodista, y replicaron: “¡Fake news, fake news!” A su pregunta de a qué medio pertenecía, les dije: “Soy corresponsal español”. Y se lanzaron en español: “Pedro Sánchez a prisión, Pedro Sánchez a prisión”.

Ellas no sabían ni de lo que hablaban, pero les daba igual: repetían el mensaje de sus referentes políticos y mediáticos: los periodistas somos “fake news” y Pedro Sánchez debería estar en la cárcel, y eso que no tiene ni una acusación en los tribunales ni una causa abierta, ni una imputación, ni un suplicatorio, ni un juicio ni nada de nada.

Esa es una de las principales lecciones que aprendí en Dallas: el trumpismo tiene mucho que ver con una secta, y el culto al líder hace que Trump aparezca como infalible. Y cuando no dice la verdad de forma evidente, como cuando insistía en que el aforo estaba repleto, sus seguidores se ríen mientras miran las gradas vacías, pero no se sienten decepcionados. Al revés, les hace gracia.

En las pantallas, además, no paraban de poner un vídeo alucinante en el que explicaban cómo “Dios dio al mundo a Trump”, de forma totalmente mesiánica, mientras el eje de los discursos era persistente: Trump y los republicanos representan el “sentido común” mientras los demócratas están cooptados por “comunistas e islamistas”.

Y todo el mundo aplaudía, incluso cuando los ponentes prometían prohibir la ley sharía, como si en EEUU fuera esa una amenaza, como si alguien en alguna institución de EEUU defendiera la ley islámica, como si los únicos que en EEUU quieren llenar de religión la vida pública no fueran los cristianos. Pero ante eso no dicen nada, al revés, invitan a pastores evangélicos a dar discursos en la convención republicana. Y esta es otra lección: cómo el evangelismo cultural y político está penetrando en el Partido Republicano y el trumpismo.

Junto a la reivindicación de un supuesto sentido común frente al supuesto comunismo, prácticamente todos los intervinientes celebraron la represión migratoria y fronteriza.

Eso sí, ninguno tuvo un pensamiento para los miles de inocentes maltratados, los ciudadanos estadounidenses asesinados por el ICE ni los abusos a los derechos humanos cometidos.

Unos días después de concluir la fiesta del trumpismo en la que el presidente se permitió ofrecer 5.000 dólares a cambio de la victoria en noviembre, en lo que supone una evidente forma de comprar votos, un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional constata las torturas en Alligator Alcatraz, que en lugar de ser un centro de detención temporal de inmigrantes, se constituyó en un lugar de castigo y tortura, en el que, además, se forzaba a los migrantes a ser recluidos en jaulas individuales como castigo.

Aquel centro se levantó como espectáculo de sus crueldades, y por eso lo llamaron Alligator Alcatraz, fantaseando con caimanes acechando a los migrantes.

El propio Donald Trump visitó el centro antes de su inauguración hace un año, y se presentó como un ejemplo de lo que había que hacer y de la cooperación entre el Gobierno federal y los estados, en este caso de Florida, en materia de represión migratoria en EEUU.

Pero el centro fue demasiado lejos hasta para algunos en la propia Administración Trump, y un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional concluye que el centro no cumplía con las normas de salud y seguridad ambiental; con las normas médicas; las normas de servicio de alimentos; las de higiene personal y las de recreo. Es decir, no cumplía con nada.

El centro ha terminado siendo clausurado a finales de junio, pero nadie ha rendido cuentas por ello. Al revés, el concepto de la represión de la migración y del avance del autoritarismo siguen siendo fundamentales en los EEUU de Donald Trump.

Este mismo fin de semana, el zar de la migración de Trump, Tom Homan, confirmaba que hay un proceso abierto contra la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí y una de las personas más odiadas por el presidente de EEUU, para intentar expulsarla del país por supuesto fraude migratorio: esto es lo que ocurre cuando el Gobierno del país más potente del mundo te tiene en el punto de mira.

El enemigo interno está presente en el día a día del trumpismo. En Dallas se veía claramente: el candidato demócrata por Michigan Abdul El Sayed era sistemáticamente insultado, por socialista y musulmán; el texano James Talarico, por encarnar una Texas diferente a la que mostraban los viejos anuncios de Winston; y por supuesto los progresistas Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez. El mensaje era burdo: el Partido Demócrata ha sido abducido por el comunismo y el islamismo, como decía el senador Ted Cruz, una de las personas más entregadas a Israel, junto con el senador supuestamente demócrata John Fetterman.

Pero no es verdad, ni los progresistas estadounidenses son comunistas ni habrá ningún cargo institucional comunista, y, aunque lo hubiera, poco margen de maniobra iba a tener para socializar los medios de producción, como se está evidenciando en la alcaldía de Nueva York, cuyos principales objetivos programáticos pasan por poner un tope al alquiler, abrir un puñado de supermercados públicos, avanzar en la gratuidad de los autobuses y en la de las escuelas infantiles.

Pero a las personas que no les importa que Trump mienta con algo tan irrelevante como el aforo de un estadio, poco les importa la brocha gorda sobre la oposición. Y, menos aún, si las personas a las que aplauden meten en jaulas de 1,7 metros cuadrados a otro ser humano solo por venir de otro país, que es lo que llevan haciendo siglos los antepasados de los estadounidenses. Incluso los de los presentes en el auditorio de Dallas, en tanto que Texas es frontera con México.

Y no solo hacen eso: criminalizan al rival político, abren investigaciones contra activistas, persiguen la disidencia, insultan a periodistas, niegan los riesgos de la inteligencia artificial, desprecian el cambio climático, interfieren en los procesos electorales de todos los países en los que pueden hacerlo, amparan el genocidio israelí en Palestina, no rinden cuentas por asesinar a dos centenares de niñas en una escuela en Irán, acechan a cargos públicos por motivaciones políticas, arremeten contra los jueces del Supremo y afirman estar cumpliendo una misión divina –como los Blues Brothers–.

Y, así, los discursos incendiarios de Dallas se traducen en políticas tangibles, como las que llevan a encerrar en jaulas metálicas de unos 1,7 m² a seres humanos durante casi dos horas sin que pase nada.

Este viernes me reincorporé al trabajo. Me levanté temprano para correr un poco por la ciudad, después de una noche en la que se vivió una fuerte tormenta en Washington DC. Al llegar a la glorieta de Dupont Circle, en una zona relativamente céntrica de la ciudad, me topé con un enorme árbol caído en medio de la plaza. La tormenta había podido con él. Este martes, el árbol seguía en el mismo lugar, pero tenía ya numerosas notas pegadas al tronco, escritas por vecinos consternados por la pérdida del árbol.

“Eras muy querido y se te echará de menos”, decía una nota; “muchas gracias por tantos años de sombra”, decía otra. “Fuiste un árbol hermoso y muy querido. Durante muchísimos años, custodiaste la esquina de Dupont Circle. Aportaste belleza, sombra y refugio para la fauna, además de ayudar a oxigenar nuestro aire. Estabas aquí cuando yo era joven; aunque no nos conocimos entonces, ahora se nota tu ausencia. Dupont Circle ya no es lo mismo sin ti. Descansa en paz, noble árbol”, terciaba otro.

Lo que no decía ninguna nota es que los servicios públicos de la ciudad estaban tardando días y días en limpiar las calles tras la tormenta, como tardaron semanas en hacerlo tras las grandes nevadas de principio de año. Tampoco las notas se acordaban de las personas sin hogar que frecuentan el lugar y otros muchos lugares de la ciudad, como las bibliotecas públicas, ni de la falta de atención hacia ellas.

En estos últimos días he podido conocer de primera mano las complicaciones del sistema de salud estadounidense. Y he recordado la reflexión del senador Bernie Sanders: “¿Por qué Estados Unidos es el país más rico de la historia del mundo [y] la única gran nación que no garantiza la atención médica a todas las personas como un derecho humano?”

En efecto, las escuelas públicas de Washington DC, que son gratuitas, exigen un informe pediátrico y otro dental para formalizar la inscripción. Y esos informes requieren una visita pediátrica que puede alcanzar precios de 1.500 dólares, y puede que el seguro cubra solo una parte. Lo mismo ocurre con el dentista, que no está cubierto por el seguro médico, porque el seguro dental va por otro lado.

Y por eso hay algunas clínicas recomendadas por los servicios de atención a las personas migrantes del departamento escolar de la ciudad, en las que ayudan a las personas sin seguro médico. Y un empaste, que cuesta unos 250 dólares, puede tener diferentes descuentos si puedes demostrar unos determinados ingresos y un determinado número de personas a tu cargo.

¿Y dónde queda lo público? ¿Y qué pasa con quien no puede pagar una visita al médico para lograr una receta con la que poder comprar un antibiótico, que a lo mejor tampoco puede pagar?

Estos días, precisamente, estaba viendo la segunda temporada de la serie 'The Pitt', en HBO, que muestra con toda crudeza las dificultades del hospital para prestar los servicios necesarios por la falta de fondos, pero también las complicaciones de las personas necesitadas para poder pagar facturas de hasta 100.000 dólares por una breve estancia en Urgencias. Incluso se ve cómo las tablas de los descuentos para las personas necesitadas a menudo dejan desamparadas a quienes no ganan lo suficiente para tener un seguro ni ganan lo suficientemente poco para entrar en la horquilla de las personas de menores recursos.

Y en ese limbo están millones de personas en EEUU, como se vio en el cierre gubernamental tan largo del año pasado, cuando empleados públicos hacían cola para recoger alimentos porque no tenían ahorros suficientes para afrontar las facturas durante más de dos semanas sin cobrar.

“Las brechas de desigualdad en este país no suponen un gran debate: se considera que la redistribución no es una función del Estado, sino del mercado de trabajo a través de la creación de empleo”, afirmaba en elDiario.es Federico Steinberg, catedrático en la Universidad de Georgetown e investigador del Real Instituto Elcano.

Sanders decía en elDiario.es: “La razón por la que no se ha hablado mucho aquí en el Congreso sobre la desigualdad de ingresos y riqueza es que los multimillonarios desempeñan un papel enormemente importante en ambos partidos políticos. Y esos son temas que ellos no quieren tratar”.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), el aumento de la desigualdad de ingresos es la razón principal por la que la asequibilidad parece inalcanzable para demasiadas familias estadounidenses. Durante más de cuatro décadas, la mayor parte del crecimiento de los ingresos en la economía de EEUU se ha concentrado en los sectores de mayores ingresos. Si los ingresos de los hogares de clase media hubieran seguido el ritmo del crecimiento promedio de los ingresos desde 1979, hoy percibirían unos 30.000 dólares más, según el Economic Policy Institute.

“Hay más desigualdad de ingresos y riqueza que nunca en la historia de este país”, decía Bernie Sanders: “La Gilded Age (Edad Dorada) es la época de las décadas de 1870 y 1880, la de Rockefeller, J.P. Morgan, Jay Gould y todos esos hombres inmensamente ricos. La situación hoy es mucho, mucho peor. El 1% más rico posee más riqueza que el 93% restante. El propio Elon Musk posee ahora tres veces más riqueza que la mitad más pobre de los hogares estadounidenses. Es una locura”.

EEUU se encamina a unas elecciones legislativas de mitad de mandato muy relevantes, porque pueden suponer un freno al poder total que ha exhibido Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca en enero pasado. Y el debate sobre la desigualdad, como decía el veterano senador por Vermont, básicamente está presente entre los candidatos más progresistas, afines a Sanders y al DSA de Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez.

Y se da la paradoja de que la Casa Blanca reivindica al Partido Republicano como el partido de la “clase trabajadora”, a pesar de que Trump esté gobernando para su propio bolsillo, para el de los tecnoligarcas y para el de otros multimillonarios del mundo, incluidos los de las criptomonedas.

Mientras tanto, como dice Sanders, “hay personas que no pueden pagar la compra ni la vivienda, ya que los precios están por las nubes. En cuanto a la atención sanitaria, somos el único país importante que no cuenta con un sistema nacional de salud. La gente no puede permitirse la atención médica, ni enviar a sus hijos a la universidad, ni costearse la jubilación. Las familias trabajadoras pasan apuros mientras los ricos se hacen cada vez más ricos”.

La Administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano este año, según cálculos del Financial Times. El Ejército de EEUU ha desplegado un millar de soldados en Venezuela a raíz de los terremotos. La Asamblea Nacional venezolana ha ido aprobando diversas leyes a petición de Washington, desde la liberalización del petróleo hasta amnistías. Incluso Venezuela ha extraditado a EEUU a Álex Saab, ex ministro y hombre confianza de Nicolás Maduro, quien le representaba en muchos acuerdos económicos a causa de las sanciones impuestas por EEUU al presidente venezolano. Y la extradición se ha producido sin haber comunicado la detención en su momento ni explicado en virtud de qué elementos se produce esa extradición.

EEUU ha asumido el control de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es la principal vía de ingresos del país, y suspendió algunas sanciones tras secuestrar al presidente del país, Nicolás Maduro, en enero e instalar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del país.

Se esperaba que el alivio de las sanciones impulsara considerablemente la economía, la cual ya atravesaba una crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado. Sin embargo, explica FT, seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas señalan que las señales de recuperación en Venezuela son relativamente tenues, lo que podría indicar que EEUU no ha transferido la totalidad de los ingresos a Caracas.

Este lunes ha sido preguntado Trump por el dinero del petróleo venezolano:

“Hay informaciones de que EEUU ha recibido 13.000 millones de dólares procedentes de Venezuela. ¿A dónde va ese dinero?”, pregunta el periodista.

“Creo que incluso más que eso”, ha dicho Trump.

“Pero ¿a dónde va ese dinero?”, insiste el reportero.

“A gestionar el país”.

“No, el dinero que recibe EEUU: ¿a dónde va?”

“A gestionar el país”.

“Hay un acuerdo implícito de supervivencia que tiene como contrapartida la sumisión a Estados Unidos”, explica Francesca Emanuele, analista senior del think tank Center of Policy and Economic Research (CEPR), con sede en Washington DC: “El actual Gobierno venezolano opera con una pistola estadounidense apuntándole a la cabeza. La captura ilegal de Maduro en territorio venezolano, tras una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, es un recordatorio constante de cuál puede ser el destino de los dirigentes actuales de Venezuela si dejaran de obedecer a Washington”.

Según ha publicado recientemente The New York Times, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dirige a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, mediante mensajes de texto y controla el acceso de su Gobierno a sus ingresos petroleros. Ella le informa de a quién desea incorporar, y él le indica qué funcionarios del aparato de Maduro debe purgar. Bajo la tutela de Rubio, afirma NYT, Rodríguez abrió el país a las empresas estadounidenses. En efecto, Delcy Rodríguez ha cedido un grado considerable de autonomía nacional a cambio de conservar el poder, o, al menos, la apariencia de este, por medio de un acuerdo opaco y beneficioso para gobernantes de ambos países.

“Hay una evidente pérdida del control económico. Los datos sugieren que EEUU podría estar reteniendo los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de depósito, sin desembolsarlos al gobierno venezolano. Al mismo tiempo, la economía venezolana se desaceleró hasta crecer apenas un 2,5% anual en el primer trimestre de 2026 (su ritmo más bajo desde 2021), a pesar de que los ingresos por exportaciones petroleras aumentaron un 25%”, añade la analista de CEPR.

La difusa respuesta de Trump no deja de dar pistas de lo que Venezuela supone ahora mismo para la Administración Trump: un país teledirigido del que sacar petróleo y quedarse con el dinero.

“El dinero será controlado por mí”, ya dijo Trump el 6 de enero pasado, tres días después del ataque a Venezuela. Y eso es lo que está ocurriendo, pero no solo con el dinero.

“Puede destinarse al Ejército [de EEUU”, ha dicho este lunes el presidente de EEUU: “El Congreso tiene que aprobarlo, y al Congreso no le gusta aprobar fondos para el Ejército; prefieren destinarlos a cosas que no deberían hacerse. Pero estamos recibiendo mucho dinero, miles y miles de millones de dólares de Venezuela. Lo mismo ocurrirá con Irán”.

Hace unos días, el Departamento de Estado lanzó una campaña para acabar con la Corte Penal Internacional. En los últimos días, Venezuela anunció su salida, celebrada por el propio Departamento de Estado: “EEUU celebra la decisión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por EEUU para desmantelar la corrupta e inútil CPI”.

Y continúa: “La denominada corte lleva 'investigando' a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. [...] Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”.

Pero no sólo: Venezuela, principal suministrador de petróleo para Cuba, no ha hecho ni amago de mandar un barco en lo que va de año, ni de combustible ni de ayuda humanitaria, en la línea de lo exigido por la Administración Trump.

“Si bien no existe un tratado ni un reconocimiento vigente en el derecho internacional que permita calificar jurídicamente a Venezuela como un protectorado de EEUU”, argumenta Emanuele, “es posible identificar una serie de elementos que apuntan a que el país funciona, en la práctica, como un protectorado de facto de EEUU. Por un lado, existe un condicionamiento de la política exterior. Venezuela ya no decide libremente aspectos fundamentales de sus relaciones diplomáticas y comerciales. Existe también una tutela militar y de seguridad, reflejada en la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano y en la realización de operaciones militares directas dentro del país. Así ocurrió con el bombardeo contra el presunto líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, una operación anunciada primero por Donald Trump, quien reivindicó públicamente haber ordenado personalmente el ataque y afirmó que este fue ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos. Solo después las autoridades venezolanas confirmaron que la operación había tenido lugar”.

Y todo esto ocurre ante el silencio de la comunidad internacional que, en pleno siglo XXI, no denuncia la apropiación de soberanía realizada por parte de EEUU sobre un país independiente y el nacimiento de una seudocolonia en América Latina; pero también ante el silencio de la oposición venezolana de la extrema derecha que quiere aupar a María Corina Machado, ante el desdén de Donald Trump, por mucho que la líder opositora le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz. Pero también de la oposición más moderada con la que está negociando el Gobierno de Delcy Rodríguez, empujado por EEUU.

Hace unos días, decía Trump sobre la posibilidad de elecciones en el país: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente aún no están listos para ellas, pero vaya, se ha avanzado muchísimo. Delcy ha hecho un trabajo fantástico”.

Y tampoco pone el grito en el cielo el chavismo, para el que ya queda lejos el “aquí huele a azufre” de Hugo Chávez en la ONU, que resume dos décadas de discurso abiertamente antiimperialista frente a EEUU en el continente.

En aquel discurso de 2006, Chávez llamaba “diablo” a George W. Bush, y denunciaba que hablaba “como dueño del mundo”.

Ahora, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no sólo no habla en esos términos sobre Donald Trump: recibe con honores a sus representantes en el mismo palacio de Miraflores en el que murieron más de 100 personas en el ataque de EEUU el pasado 3 de enero, entre ellos una treintena de soldados cubanos. Y mientras los recibe con honores, habla de reconstruir las relaciones bilaterales, y no dice nada del secuestro de Maduro.

Como tampoco lo dice en la entrevista reciente concedida a Javier Negre, uno de los periodistas extranjeros más afines a la Administración Trump y al mundo MAGA.

En esa entrevista, Rodríguez evita condenar los ataques de EEUU del 3 de enero, que enmarca en un proceso de cambio político en el país, y, si bien afirma que el presidente es Nicolás Maduro, no condena su secuestro ni su juicio en EEUU. “Todo procesado tiene derecho a mostrar la verdad, y yo confío en que el presidente demuestre la verdad”, afirma Rodríguez.

“Independientemente de la gravedad que supone que, en pleno siglo XXI y ante los ojos de la comunidad internacional, se haya configurado un protectorado de facto en América Latina, lo que hoy necesitan los venezolanos es cubrir sus necesidades más urgentes y reconstruir el país”, señala Emanuele: “Por ello, si el gobierno de EEUU empatizara con el sufrimiento del pueblo venezolano, la medida más importante que podría adoptar sería levantar las sanciones económicas y financieras. Del mismo modo, si los gobiernos europeos empatizaran con el sufrimiento de la población venezolana, instarían a EEUU a poner fin a esas sanciones y promoverían que el Reino Unido liberara los cerca de 5.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela que permanecen retenidos en el Banco de Inglaterra. Igualmente, presionarían a Portugal para que facilite la devolución de los aproximadamente 1.200 millones del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y a filiales de PDVSA que están bloqueados en Novo Banco”.

En ese mismo sentido se expresó un grupo de 14 congresistas demócratas tras los terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, que han causado más de 5.500 muertos, en una carta dirigida al presidente de EEUU, Donald Trump; a su secretario de Estado, Marco Rubio; y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Les escribimos para instarles a que levanten de inmediato las sanciones económicas y hagan todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”, afirma la carta, que se redactó después de que un centenar de economistas escribieran otra similar al Gobierno estadounidense y al FMI para pedir retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela (BCV), a la petrolera estatal PDVSA y a otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción.

“Lo que existe hoy en Venezuela es una autoridad interina cuya legitimidad jurídica descansa en una decisión extraordinaria del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, emitida tras el secuestro de Nicolás Maduro”, explica Emanuele: “No es un gobierno interino que emane de los mecanismos ordinarios de sucesión previstos en la Constitución, sino un arreglo excepcional nacido en un contexto de intervención extranjera que continúa, y que ha convertido a Venezuela en una suerte de protectorado o pseudo colonia. Mientras esa situación persista, es un contrasentido hablar de una transición democrática genuina. Para que haya una transición a la democracia, Venezuela necesita primero recuperar su soberanía”.

Mientras tanto, Trump ha convertido Venezuela en un país teledirigido desde su Departamento de Estado, ante el silencio de una comunidad internacional que prefiere mirar a otro lado.

Este martes he estado en la Casa Blanca, mientras recibía en el Despacho Oval el presidente de Líbano, Joseph Aoun, Donald Trump. En la comparecencia ante los periodistas se habló de nuevos ataques contra Irán, del diálogo roto y de las posibilidades de que se mantenga la tregua de Israel, que mantiene ocupado el sur de Líbano.

Pero nadie ha preguntado al presidente de EEUU por ese informe sobre el asesinato de dos centenares de personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní el 28 de febrero, día en que empezó la guerra de Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán.

De eso se habla muy poco, de ese misil estadounidense Tomahawk que destrozó una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab. Casi cinco meses después, la Administración Trump dice seguir investigando los hechos. Eso sí, hace un año, cuando EEUU bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Trump y todo su equipo afirmaron inmediatamente que el bombardeo había sido un éxito y que las instalaciones iraníes habían sido “destrozadas”. Es más, trató de sediciosos a los medios que publicaron que los informes preliminares no eran tan concluyentes como las afirmaciones de los dirigentes estadounidenses.

Ahora, sin embargo, ni Trump ni su secretario de Guerra, Pete Hegseth, hablan del asunto y, si lo hacen ante las esporádicas preguntas de los periodistas, tratan de quitarse el asunto de encima en lugar de asumir la responsabilidad.

De lo que tampoco se suele hablar en Washington D. C. es de los 221 asesinatos extrajudiciales en 66 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental reconocidos por la Administración estadounidense desde el 2 de septiembre hasta el 21 de junio, fecha del último ataque a una supuesta narcolancha reconocido por el Pentágono, con el resultado de ocho personas muertas.

Y si se habla poco de los 221 muertos, menos se habla de los pescadores desaparecidos, y de por qué ni la Administración Trump ni el Gobierno de Ecuador, en este caso, son capaces de dar ninguna respuesta.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y congresistas demócratas están preguntando por las desapariciones y detenciones de pescadores en Ecuador y, por los testimonios de los supervivientes, sospechan que pueden estar participando contratistas militares privados en las operaciones del Pentágono en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Un grupo de pescadores ecuatorianos ha relatado cómo fueron atacados en un doble ataque con drones y posteriormente detenidos a punta de pistola por personal militar estadounidense.

El Don Maca, un barco pesquero de 35 toneladas que operaba con seis embarcaciones más pequeñas, se encontraba a unas 200 millas (320 km) al noroeste de las Islas Galápagos cuando desapareció el 26 de marzo. Sus 20 tripulantes insisten en que estaban pescando cuando fueron atacados y luego conducidos a El Salvador.

Uno de ellos, Erick Coello, ha perdido el 90% de la visión a causa del bombardeo de los drones de “embarcaciones americanas”.

Además, familiares de pescadores ecuatorianos han denunciado que el Fiorella, un barco pesquero ecuatoriano, desapareció en enero tras haber sido visto en llamas. Asimismo, las organizaciones humanitarias y los demócratas en el Congreso informan de que el 23 de marzo, 16 pescadores ecuatorianos de otro barco, el La Negra Francisca Duarte II, encontrados por la Guardia Costera de El Salvador, con las extremidades destrozadas y la espalda marcada por quemaduras.

Los pescadores contaron a Drop Site News que cinco días antes habían sido alcanzados por un dron con un cilindro amarillo, que se vieron obligados a saltar por la borda para escapar del fuego provocado por la explosión y que, posteriormente, fueron capturados por un barco estadounidense.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica: “El Departamento de Justicia y las autoridades de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no solo en relación con el Fiorella, sino con todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación sobre este grave incidente, con vistas a elaborar informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”.

“Si Estados Unidos no estuvo involucrado en estos incidentes”, dicen los congresistas demócratas de distintas comisiones en una carta solicitando información a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Seguridad Nacional, “solicitamos cualquier información que posean sobre las personas o entidades que estuvieron detrás de ellos y que respondan a las siguientes preguntas: ¿Participaron ciudadanos o entidades estadounidenses, incluidos contratistas de seguridad privada o militares privados, en los incidentes descritos? De ser así, por favor, proporcionen información sobre dichas personas o entidades. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de EEUU de las acciones de estas entidades antes, durante o después de los incidentes? ¿Ha proporcionado el Gobierno de EEUU algún tipo de apoyo, incluidos equipos o servicios de defensa o de inteligencia, para estas operaciones? ¿Está EEUU trabajando, coordinándose, manteniendo enlaces o interactuando de cualquier otra forma con organizaciones de seguridad privada o militares privados que operen en el Pacífico Oriental o frente a la costa de Venezuela y que pudieran haber estado involucradas en alguno de los incidentes? ¿Qué información tienen sobre la participación del Gobierno de El Salvador o de entidades salvadoreñas en estos incidentes?”.

Human Rights Watch también ha llevado a cabo una investigación para identificar el barco en el que varios pescadores de La Negra Francisca Duarte II dijeron haber sido detenidos, “y evaluar el mando y las operaciones. Human Rights Watch ha enviado solicitudes de información a dos empresas privadas que podrían operar barcos con características similares a las descritas por algunos tripulantes”. De momento, dice la organización, ninguna había respondido antes de la publicación de un informe al respecto, este martes, sobre los abusos y las preguntas sin respuesta en relación con la cooperación militar entre EEUU y Ecuador.

¿Hay contratistas militares, soldados privados o mercenarios pagados por la Administración Trump en operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, en las que han sido asesinadas 221 personas y hay numerosos pescadores ecuatorianos desaparecidos? De momento, ni el Pentágono ni el Gobierno de Daniel Noboa se dignan a responder ni a arrojar ninguna luz sobre los ataques contra, al menos, tres barcos pesqueros en lo que va de año.

Uno de mis primeros recuerdos políticos es la película ‘La Batalla de Chile’. No sé bien cuánto vi de sus tres partes, pero conservo la imagen de haber visto el documental de Patricio Guzmán en casa de mis padres, cuando era niño. Me faltan detalles; quizá incluso esa imagen esté parcialmente construida. La memoria, al fin y al cabo, suele tomar derroteros propios cuando se trata de evocaciones tan lejanas. Pero el caso es que me siguen viniendo a la memoria las imágenes de ese golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973. Yo nací tres meses después de la muerte del expresidente chileno y del inicio de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos, que dos años más tarde impulsaría la Operación Cóndor para construir un verdadero eje criminal entre las dictaduras latinoamericanas al servicio de los intereses de Washington.

El exsecretario de Estado de EEUU Henry Kissinger tuvo mucho que ver con aquello, al igual que la Escuela de las Américas (primero en Panamá y luego en Georgia), en la que el Ejército de EEUU formó a los torturadores de todo el continente latinoamericano.

Los que nacimos en el 73 hemos crecido con la sombra de las dictaduras latinoamericanas patrocinadas por EEUU, pero también con las luchas emancipadoras en algunos de esos países. Y parte de todo eso ha vuelto a la actualidad estadounidense en estos días, en los que la renacida doctrina Monroe de Donald Trump se traduce en injerencias electorales, el secuestro de Nicolás Maduro y el establecimiento de un protectorado de facto en Venezuela desde la metrópoli, así como la asfixia de Cuba.

Pero no solo eso. El ICE siempre presume de detener a “lo peor de lo peor”, si bien, en la mayoría de los casos, las personas detenidas no han sido condenadas por ningún delito, ni siquiera grave, sino que simplemente presentan irregularidades en su estatus migratorio. Entretanto, desde el inicio de la actual presidencia de Trump, ya van 12 personas muertas en operaciones del ICE..

Sin embargo, en octubre pasado, el ICE sí detuvo a alguien que encajaba en su lema de “lo peor de lo peor”: Armando Fernández Larios.

Fernández Larios formaba parte de la Caravana de la Muerte, una operación criminal dependiente del Gobierno de Pinochet creada justo después del golpe y a la que se le atribuye alrededor de un centenar de asesinatos. Además de estos asesinatos, Fernández Larios participó en la operación para asesinar a Orlando Letelier (44 años) y su asistente, Ronni Moffitt (25 años), el 21 de septiembre de 1976 en Washington DC con un coche bomba.

El atentado se cometió en Sheridan Circle, en una zona elegante, de embajadas, y en su lugar ahora hay una solitaria placa que recuerda el crimen de aquel día.

El 27 de octubre de 2025, agentes del ICE trasladaron a Fernández a un centro de detención en Miami. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que era responsable de “homicidio” por el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976 que acabó con la vida del exministro chileno Orlando Letelier y de Ronni Moffitt, quien viajaba junto a su esposo, Michael Moffitt, en el automóvil de Letelier cuando se dirigían al Institute for Policy Studies, donde trabajaban.

En la plaza de Sheridan Circle, a 20 minutos andando de mi casa, frente a los jardines de la embajada de Irlanda, una bomba fue activada bajo el asiento de Letelier. En 1978, dos años después del atentado, un gran jurado de Washington imputó a Fernández por su participación en el asesinato, junto con el jefe de los servicios de inteligencia chilenos, Manuel Contreras, y otras cinco personas. The New York Times recuerda que ese mismo año el Gobierno chileno accedió a extraditar a Michael Townley, un agente de inteligencia chileno nacido en Estados Unidos que se había reunido con Fernández en un aeropuerto estadounidense, donde este le entregó un croquis con los movimientos de Letelier para facilitar la planificación del atentado. Sin embargo, Chile se negó a extraditar tanto a Fernández como a Contreras, entonces jefe de la DINA.

Con el tiempo, en enero de 1987, Fernández se marchó de Chile y se declaró culpable en EEUU de “complicidad a posteriori” en el asesinato de un funcionario extranjero. Fernández fue sentenciado a entre 27 y 84 meses de prisión, señala el NYT, que cuenta cómo en julio de ese año altos funcionarios del Departamento de Estado escribieron a la comisión de libertad condicional con el fin de pedir clemencia para Fernández, quien finalmente solo cumplió cinco meses de condena y comenzó a vivir en EEUU bajo protección del Gobierno federal.

En 1999, los familiares de Winston Cabello, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte en 1973, presentaron una demanda civil contra Fernández ante un tribunal federal de Florida. El caso llegó a juicio en septiembre de 2003 y, tres semanas después, un jurado lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, tortura y crímenes de lesa humanidad. El tribunal concedió a la familia Cabello una indemnización de cuatro millones de dólares, una indemnización que Fernández nunca pagó.

Durante el juicio, Henry Kissinger, exsecretario de Estado, envió una carta al tribunal en defensa de Fernández, informa el NYT.

A raíz de la detención en octubre por parte de agentes del ICE, Fernández defendía que en 1987 Estados Unidos había acordado no deportarlo, y presentó un recurso de habeas corpus para obligar al gobierno de EEUU a cumplir su palabra. Según el diario neoyorquino, el gobierno nunca respondió a la demanda de Fernández: en su lugar, el gobierno liberó a Fernández, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso el National Security Archive.

Fernández tiene otra vista programada para el 5 de agosto ante un juez de inmigración.

Peter Kornbluh, investigador del National Security Archive, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado para lograr la divulgación pública de documentos relacionados con el caso, explica: “En su demanda contra el ICE, Fernández Larios presentó 'una demanda por incumplimiento de contrato', alegando que el Gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal alcanzado a principios de 1987, cuando intentó ir a Estados Unidos durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de 'complicidad posterior al hecho de asesinato' y testificaría sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en la misma. A cambio, el Departamento de Justicia de EEUU recomendó una reducción de la pena y prometió que 'no solicitaría [su] deportación a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se produjera un incumplimiento del acuerdo'. Y, según la demanda de Fernández Larios, el Gobierno de Estados Unidos había 'incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un procedimiento de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.

Entre los documentos publicados por el National Security Archive, figura uno en el que recoge cómo, en 2016, el juez de derechos humanos chileno Mario Carroza intentó reactivar el proceso judicial por los asesinatos de la Caravana de la Muerte.

En la solicitud de extradición autorizada por el Tribunal Supremo de Chile, el juez Carroza identificó a Fernández Larios como miembro de la Caravana de la Muerte que llegó a La Serena (capital de la región de Coquimbo en la costa de Chile) el 16 de octubre de 1973 y asesinó, uno por uno, a 15 funcionarios locales partidarios de Allende.

Las víctimas fueron posteriormente enterradas en una fosa común, según el resumen de los hechos que figura en la solicitud.

Esta solicitud de extradición fue una de las cinco enviadas desde Chile en relación con Fernández Larios, mientras las autoridades judiciales chilenas investigaban las atrocidades contra los derechos humanos en las que estuvo implicado.

El Gobierno de EEUU devolvió, rechazó o no respondió a esas solicitudes formales de extradición, entre las que se incluía una petición para que Fernández Larios fuera devuelto a Chile para ser juzgado.

Fernández Larios ayudó a matar en la capital de EEUU a Letelier y a la estadounidense Moffitt hace 50 años. Pero el ICE, que está deteniendo a 2.000 migrantes al día y ya ha causado la muerte de 12 personas, lo ha dejado libre.

Cientos de neonazis del Patriot Front, una organización neonazi y supremacista blanca estadounidense, se pasearon impunemente por Washington DC el pasado sábado, día de la independencia de EEUU. Desfilaron por las calles con sus banderas, ocuparon vagones de metro con el rostro tapado y participaron en una concentración en la que su líder, Thomas Rousseau, pronunció un discurso en el que reivindicó la idea de que Estados Unidos fue fundado sobre una supuesta pureza racial.

Una vez terminaron su exhibición, se marcharon, habiendo sembrado el miedo entre las personas negras y latinas con las que se cruzaron a su paso.

Horas después, Trump agitaba el fantasma del enemigo interno y clamaba contra lo que ahora considera la principal amenaza para EEUU desde la independencia: el “comunismo”, que calificó como un “cáncer” que había que “extirpar lo antes posible”.

Todos sus terminales mediáticos aplaudieron sus palabras. Pero ninguno señaló lo que había pasado ese sábado por la mañana: que una banda de encapuchados con enseñas confederadas –el bando esclavista de la guerra de Secesión–; banderas Betsy Ross, de 1777, en alusión a las 13 colonias independizadas en 1776; símbolos del Patriot Front; y banderas estadounidenses al revés, en señal de que la nación se encuentra en grave peligro por la situación política, desfiló por la ciudad.

“Nuestra patria se ha convertido en un sórdido campo de especuladores e invasores, con un grupo de políticos traidores y sin carácter”, dijo Rousseau: “Anhelamos la soberanía y la libertad, que no pueden coexistir con las condiciones que se nos han impuesto. Nos encontramos en un punto de inflexión, en el momento decisivo para el destino de nuestra nación. Tan grave es nuestra situación, tan extremo es el peligro, que la única forma de asegurar nuestra existencia es convertirnos en todo aquello a lo que aspiramos”.

Además de glorificar ese pasado independentista anglosajón y de describir la situación actual como de peligro, Rousseau señalaba a los no blancos: “Nuestra libertad como estadounidenses se desperdicia en masas inasimilables. El Estado ha gastado años inestimables e innumerables fortunas intentando educar y civilizar a quienes pretenden sustituirnos étnicamente. A los verdaderos estadounidenses no solo se les ha dejado atrás, sino que se les ha sometido a un abuso interminable, indigno de los herederos de este continente. Podría enumerar a los enemigos de nuestro pueblo, desde las conspiraciones judías hasta los cárteles mexicanos, desde los delincuentes africanos hasta los homosexuales que trafican con el vicio y la explotación. Su conducta está decidida, sus destinos están escritos”.

“Este día es para los estadounidenses”, proseguía Rousseau: “El destino de la nación recae sobre nuestros hombros. Es nuestra identidad la que debemos recuperar. Somos estadounidenses, no por decreto ni por ideal, sino por sangre. Nuestra nación es nuestro credo. No deseamos nada más ni nada menos que una revolución, una época de grandes cambios y una perspectiva de valor inquebrantable de cara al futuro. El vicio que ha infestado nuestra tierra será erradicado. Los extranjeros que han invadido nuestra tierra serán expulsados. Y los estadounidenses que durante tanto tiempo han sufrido el destino de un pueblo derrotado serán salvados. En este día, una vez más, con más fuerza que nunca, declaramos nuestra resistencia como una promesa a nuestro pueblo y un desafío a nuestros enemigos”.

A escasa distancia de la Casa Blanca, un neonazi y supremacista blanco llamaba a la revolución. Pero su inquilino ni siquiera se inmutó. En lugar de condenarlo, pronunció un discurso en el que criminalizó a la izquierda y recurrió a una narrativa muy similar a la de Rousseau. Exaltó la recuperación de la supuesta grandeza estadounidense, arremetió contra las políticas de igualdad y diversidad y defendió la represión a los migrantes.

“El sistema comunista es lo contrario del sistema estadounidense”, dijo Trump en su discurso del sábado por la noche para señalar el avance de los socialistas democráticos en las primarias del Partido Demócrata: “El sistema comunista nunca ha funcionado. Nuestros soldados no lucharon contra el comunismo en los campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a asomar su horrible cabeza aquí mismo, en Estados Unidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Queremos detener una amenaza como esa de inmediato, y antes de que comience. Es como un cáncer: hay que extirparlo, hay que extirparlo rápido”.

Unos días antes, había definido el comunismo como “la mayor amenaza para EEUU desde la independencia, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor y el 11S”.

A la espera de saber qué hará el presidente de EEUU para responder a lo que él ha designado como la mayor amenaza para el país en 250 años, lo que resulta evidente es que la marcha neonazi por el centro de Washington no merece una palabra por parte de la Administración Trump.

La actitud de Trump es consistente con sus actos. Nada más regresar a la Casa Blanca, el presidente de EEUU indultó a 1.600 condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando las hordas trumpistas irrumpieron en el Legislativo, destrozaron despachos, atemorizaron a congresistas y golpearon a policías.

Asimismo, el presidente de EEUU ha designado Antifa como organización terrorista nacional, aunque ni siquiera es una organización.

Antifa no es más que una abreviatura de “antifascistas”, y no es una organización en particular, sino un término general para grupos militantes que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos.

Decenas de grupos, incluidas organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades de esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

El director del FBI durante el primer Gobierno de Trump, Christopher Wray, declaró en el Congreso de EEUU en septiembre de 2020 que Antifa es una ideología, no una organización, y que carece de la estructura jerárquica que normalmente permitiría que el gobierno federal la designara como grupo terrorista: “Consideramos que la mayor amenaza a nivel nacional no es una organización, y mucho menos una ideología, sino actores solitarios, en gran medida autorradicalizados online, que persiguen objetivos fáciles con armas fácilmente accesibles. Estos incluyen tanto extremistas violentos nacionales de diversos tipos como extremistas violentos locales motivados por entidades extranjeras de tipo yihadista. Consideramos a Antifa más como una ideología o un movimiento que como una organización”.

El diagnóstico del exdirector del FBI contrasta con el rumbo que ha tomado la Administración Trump durante su actual mandato. Hace justo una semana, un comandante de la Fuerza Aérea de EEUU, Jason Watson, fue detenido por protestar en las escaleras del Capitolio, donde exigió una moción de censura contra Trump. Watson, militar en servicio activo con una trayectoria de más de 20 años, subió hasta la mitad de las escaleras de la Cámara de Representantes para sostener un cartel en el que se leía Impeach, Convict, Remove (destitución, condena y destitución).

Watson fue acompañado hasta la base de la escalinata por el diputado Al Green, demócrata por Texas, antes de que los agentes detuvieran a Watson “cuando el miembro del Congreso abandonó la zona” por considerarse que se estaba produciendo “una manifestación” ilegal.

A escasos metros de ese lugar, tres días después de esa detención por protestar, desfilaban más de 400 neonazis encapuchados con total impunidad.

“Es comunismo en toda regla”. El presidente de Estados Unidos está recurriendo a una narrativa propia de la Guerra Fría para hacer frente al avance de los socialistas en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York –con las victorias de Claire Valdez, Brad Lander y Darializa Avila Chevalier–. Ese avance se traducirá en una mayor presencia en cargos institucionales apoyados por el DSA (Socialistas Democráticos de América), desde la Cámara de Representantes hasta la alcaldía de Washington DC –con Janeese Lewis George–, después de haber conquistado la alcaldía de la principal ciudad del país, Nueva York, con Zohran Mamdani al frente.

Sin embargo, la diferencia con respecto a la Guerra Fría es que ya no existe un bloque soviético que compita ideológicamente con el bloque occidental, ni lugares en el mundo en los que se dé esa disputa política por medio de las armas, desde Vietnam hasta América Latina o los procesos descolonizadores africanos. Y que el DSA no se reivindica como comunista ni sus programas electorales son marxistas-leninistas.

El mundo de 2026 es diferente: China está más interesada en generar influencia y dependencia económica que ideológica, EEUU parece más centrado en asaltar el continente americano que en lo que pasa en otras latitudes, y Rusia bastante tiene con aguantar las líneas en su estancada invasión de Ucrania.

Y como el mundo de 2026 es diferente, resulta de lo más estrambótico oír al presidente de EEUU tachar de comunistas a los candidatos del DSA en EEUU: sus programas se centran en medidas para aplacar el coste de la vida –transporte público, tope a los alquileres, educación infantil gratuita–, los impuestos a los ricos, la defensa de Palestina, la denuncia del genocidio israelí y las críticas al imperialismo de EEUU, básicamente.

En este sentido, Mamdani ha congelado recientemente los alquileres de casi un millón de viviendas en Nueva York, su principal promesa: la medida afecta a los contratos de alquiler de uno y dos años, lo que representa el 40% de todos los apartamentos de los cinco distritos.

Es verdad que, a diferencia del resto de candidatos republicanos y demócratas, no reciben dinero ni del lobby judío ni de grandes corporaciones, sino que hacen campaña con donaciones de voluntarios y un movimiento militante dedicado a hacer campaña puerta a puerta.

Pero también es verdad que no hacen campaña por la socialización de los medios de producción, ni por la lucha de clases o la nacionalización de sectores estratégicos, por mucho que pedir impuestos progresivos tenga un cierto eje de clase poco común en la política estadounidense, al igual que la apuesta por una sanidad para todos –que ni siquiera se atreven a decir que sea pública–, en un país donde las desigualdades nunca terminan de ser un motor político como en otros lugares del mundo.

Manolo de los Santos, del People's Forum de Nueva York, cuyo alcalde es Mamdani, socialista del DSA, explica: “Nueva York es la capital económica y financiera del país, es como el nexo financiero de Estados Unidos con el resto del mundo. Aquí se concentra tanto capital que es cuestionable realmente preguntar quién gobierna en Nueva York. ¿Es el alcalde o es el capital? Lo que sí ha generado la elección de Mamdani es un nivel de entusiasmo en la participación política que no se veía hace mucho tiempo, imaginarse cosas que para los pobres casi siempre nos están vedadas. Tenemos derecho a soñar. Y lo que vemos también es lo limitado que es todo a lo que se enfrenta, y que realmente nosotros, por ejemplo, desde nuestros espacios con otras organizaciones populares de la ciudad, lo que hemos dicho desde el principio es que Mamdani no puede gobernar solo. Si Mamdani no invita a la movilización política del pueblo, no va a avanzar ninguna agenda. Y yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la campaña a las generales y el impuesto a los ricos”.

De los Santos añade en relación con el proceso que llevó a Mamdani a la alcaldía: “Hubo decenas de miles de voluntarios en toda la ciudad, pero no ha habido continuidad política a ese proceso. Es lo típico de la política en Estados Unidos, no tiene capacidad nunca de moverse más allá de un proyecto electoralista, no busca movilizar nunca para una transformación política en la realidad”.

Frente a eso, Trump está centrado en el fiasco de su reforma del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y en el dineral desbordante de su salón de baile en la Casa Blanca. Y en el comunismo como la mayor amenaza para EEUU, como no podía ser de otra manera, ya sea una pequeña isla de 9 millones de habitantes a 90 millas de Florida o los candidatos apoyados por el DSA.

Y, en ambos casos, el argumento es el mismo: son una amenaza nacional. Con esa coartada, ha decretado un bloqueo de combustible asfixiante a Cuba, y sanciones secundarias para cualquier entidad pública o privada que trate con el Estado cubano o algunas de sus empresas.

¿Y qué prepara ante el avance de los socialistas democráticos en EEUU? Está por ver.

“Yo creo que, en realidad, supone una gran amenaza para nuestra nación, porque no es socialismo, sino comunismo en toda regla”, decía Trump este lunes en el Despacho Oval a los periodistas: “Utilizan el término socialistas democráticos porque suena muy bien, pero en realidad se trata de comunismo”.

Y añadió: “Creo que es la mayor amenaza que existe para nuestra nación. Quizá desde nuestra fundación, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el 11 de septiembre. Incluido el ataque a Pearl Harbor. Creo que esta es la mayor amenaza para nuestra nación. La gente sonreirá cuando diga esto, pero las personas inteligentes dirán: 'Probablemente tenga razón'. Básicamente, se trata de introducir el comunismo en los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada tan peligroso”.

Si tenemos en cuenta que la amenaza para la seguridad nacional le ha servido de coartada a Trump para asfixiar a Cuba, asesinar a 215 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental, secuestrar al presidente de Venezuela y matar a 100 personas en el ataque, amenazar con tomar Groenlandia unilateralmente y desatar una guerra comercial contra todo el mundo, está por ver en qué se traduce esa designación para los miembros del DSA y los candidatos apoyados por ellos, entre los cuales se encuentra una de las congresistas más odiadas por Trump: Ilhan Omar, de Minnesota.

Otro ejemplo. Acaban de conocerse las penas de hasta 100 años de cárcel por participar en una protesta ante un centro del ICE en Texas que derivó en un tiroteo. La fiscalía calificó el delito de acto de terrorismo, a raíz de las heridas que sufrió un agente, y afirmó que los ocho participantes estaban vinculados a Antifa, como si fuera una entidad organizada, y han recibido condenas a partir de 30 años de prisión.

Hasta tal punto llega el despropósito, que uno de los condenados, Daniel Sánchez Estrada, no se encontraba en Prairieland la noche del tiroteo ni participó en la planificación. Sánchez Estrada, que está casado con otra de las acusadas, fue condenado por los cargos de ocultación de documentos: movió una caja con sus propias pertenencias —obras de arte, poesía, diarios y fanzines— tras el tiroteo, y fue condenado a 30 años de prisión acusado de manipular documentación de Antifa.

Clay Risen, autor de 'Red Scare', explica sobre el macartismo unas características que ya se están viendo en EEUU: “El otro problema grave era que uno de los criterios para considerar a alguien sospechoso era una lista de organizaciones que el fiscal general había elaborado por orden de Truman y que se consideraban subversivas. Al principio eran unas pocas docenas, pero acabaron siendo un par de cientos. Y algunas de ellas eran inofensivas. Algunas de ellas no suponían, ni por asomo, una amenaza para la seguridad nacional. Pero si tenías alguna conexión, aunque fuera indirecta, con alguna de ellas, tu carrera corría peligro. Y la lista no era secreta. Se filtró. Así que el sector privado, los gobiernos estatales y locales empezaron a utilizarla. En ese sentido, se difundió como la pólvora. Y la lista se convirtió en el baremo con el que se juzgaba a millones de estadounidenses”.

Esa lista ya existe hoy en los EEUU de Trump. Más allá de los señalamientos de las personas afines al DSA, hace poco, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la infraestructura de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes a través de organizaciones y activistas”. ¿Y cuáles son? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

El contexto está creado. Y apenas lleva un año y medio Trump en la Casa Blanca. Ya ha decidido calificar el avance de candidatos socialistas en las primarias demócratas como “comunismo en toda regla” y la mayor “amenaza nacional desde la independencia”. Ya sólo falta ver qué va a hacer a partir de ahora.