Cientos de neonazis del Patriot Front, una organización neonazi y supremacista blanca estadounidense, se pasearon impunemente por Washington DC el pasado sábado, día de la independencia de EEUU. Desfilaron por las calles con sus banderas, ocuparon vagones de metro con el rostro tapado y participaron en una concentración en la que su líder, Thomas Rousseau, pronunció un discurso en el que reivindicó la idea de que Estados Unidos fue fundado sobre una supuesta pureza racial.

Una vez terminaron su exhibición, se marcharon, habiendo sembrado el miedo entre las personas negras y latinas con las que se cruzaron a su paso.

Horas después, Trump agitaba el fantasma del enemigo interno y clamaba contra lo que ahora considera la principal amenaza para EEUU desde la independencia: el “comunismo”, que calificó como un “cáncer” que había que “extirpar lo antes posible”.

Todos sus terminales mediáticos aplaudieron sus palabras. Pero ninguno señaló lo que había pasado ese sábado por la mañana: que una banda de encapuchados con enseñas confederadas –el bando esclavista de la guerra de Secesión–; banderas Betsy Ross, de 1777, en alusión a las 13 colonias independizadas en 1776; símbolos del Patriot Front; y banderas estadounidenses al revés, en señal de que la nación se encuentra en grave peligro por la situación política, desfiló por la ciudad.

“Nuestra patria se ha convertido en un sórdido campo de especuladores e invasores, con un grupo de políticos traidores y sin carácter”, dijo Rousseau: “Anhelamos la soberanía y la libertad, que no pueden coexistir con las condiciones que se nos han impuesto. Nos encontramos en un punto de inflexión, en el momento decisivo para el destino de nuestra nación. Tan grave es nuestra situación, tan extremo es el peligro, que la única forma de asegurar nuestra existencia es convertirnos en todo aquello a lo que aspiramos”.

Además de glorificar ese pasado independentista anglosajón y de describir la situación actual como de peligro, Rousseau señalaba a los no blancos: “Nuestra libertad como estadounidenses se desperdicia en masas inasimilables. El Estado ha gastado años inestimables e innumerables fortunas intentando educar y civilizar a quienes pretenden sustituirnos étnicamente. A los verdaderos estadounidenses no solo se les ha dejado atrás, sino que se les ha sometido a un abuso interminable, indigno de los herederos de este continente. Podría enumerar a los enemigos de nuestro pueblo, desde las conspiraciones judías hasta los cárteles mexicanos, desde los delincuentes africanos hasta los homosexuales que trafican con el vicio y la explotación. Su conducta está decidida, sus destinos están escritos”.

“Este día es para los estadounidenses”, proseguía Rousseau: “El destino de la nación recae sobre nuestros hombros. Es nuestra identidad la que debemos recuperar. Somos estadounidenses, no por decreto ni por ideal, sino por sangre. Nuestra nación es nuestro credo. No deseamos nada más ni nada menos que una revolución, una época de grandes cambios y una perspectiva de valor inquebrantable de cara al futuro. El vicio que ha infestado nuestra tierra será erradicado. Los extranjeros que han invadido nuestra tierra serán expulsados. Y los estadounidenses que durante tanto tiempo han sufrido el destino de un pueblo derrotado serán salvados. En este día, una vez más, con más fuerza que nunca, declaramos nuestra resistencia como una promesa a nuestro pueblo y un desafío a nuestros enemigos”.

A escasa distancia de la Casa Blanca, un neonazi y supremacista blanco llamaba a la revolución. Pero su inquilino ni siquiera se inmutó. En lugar de condenarlo, pronunció un discurso en el que criminalizó a la izquierda y recurrió a una narrativa muy similar a la de Rousseau. Exaltó la recuperación de la supuesta grandeza estadounidense, arremetió contra las políticas de igualdad y diversidad y defendió la represión a los migrantes.

“El sistema comunista es lo contrario del sistema estadounidense”, dijo Trump en su discurso del sábado por la noche para señalar el avance de los socialistas democráticos en las primarias del Partido Demócrata: “El sistema comunista nunca ha funcionado. Nuestros soldados no lucharon contra el comunismo en los campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a asomar su horrible cabeza aquí mismo, en Estados Unidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Queremos detener una amenaza como esa de inmediato, y antes de que comience. Es como un cáncer: hay que extirparlo, hay que extirparlo rápido”.

Unos días antes, había definido el comunismo como “la mayor amenaza para EEUU desde la independencia, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor y el 11S”.

A la espera de saber qué hará el presidente de EEUU para responder a lo que él ha designado como la mayor amenaza para el país en 250 años, lo que resulta evidente es que la marcha neonazi por el centro de Washington no merece una palabra por parte de la Administración Trump.

La actitud de Trump es consistente con sus actos. Nada más regresar a la Casa Blanca, el presidente de EEUU indultó a 1.600 condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando las hordas trumpistas irrumpieron en el Legislativo, destrozaron despachos, atemorizaron a congresistas y golpearon a policías.

Asimismo, el presidente de EEUU ha designado Antifa como organización terrorista nacional, aunque ni siquiera es una organización.

Antifa no es más que una abreviatura de “antifascistas”, y no es una organización en particular, sino un término general para grupos militantes que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos.

Decenas de grupos, incluidas organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades de esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

El director del FBI durante el primer Gobierno de Trump, Christopher Wray, declaró en el Congreso de EEUU en septiembre de 2020 que Antifa es una ideología, no una organización, y que carece de la estructura jerárquica que normalmente permitiría que el gobierno federal la designara como grupo terrorista: “Consideramos que la mayor amenaza a nivel nacional no es una organización, y mucho menos una ideología, sino actores solitarios, en gran medida autorradicalizados online, que persiguen objetivos fáciles con armas fácilmente accesibles. Estos incluyen tanto extremistas violentos nacionales de diversos tipos como extremistas violentos locales motivados por entidades extranjeras de tipo yihadista. Consideramos a Antifa más como una ideología o un movimiento que como una organización”.

El diagnóstico del exdirector del FBI contrasta con el rumbo que ha tomado la Administración Trump durante su actual mandato. Hace justo una semana, un comandante de la Fuerza Aérea de EEUU, Jason Watson, fue detenido por protestar en las escaleras del Capitolio, donde exigió una moción de censura contra Trump. Watson, militar en servicio activo con una trayectoria de más de 20 años, subió hasta la mitad de las escaleras de la Cámara de Representantes para sostener un cartel en el que se leía Impeach, Convict, Remove (destitución, condena y destitución).

Watson fue acompañado hasta la base de la escalinata por el diputado Al Green, demócrata por Texas, antes de que los agentes detuvieran a Watson “cuando el miembro del Congreso abandonó la zona” por considerarse que se estaba produciendo “una manifestación” ilegal.

A escasos metros de ese lugar, tres días después de esa detención por protestar, desfilaban más de 400 neonazis encapuchados con total impunidad.

“Es comunismo en toda regla”. El presidente de Estados Unidos está recurriendo a una narrativa propia de la Guerra Fría para hacer frente al avance de los socialistas en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York –con las victorias de Claire Valdez, Brad Lander y Darializa Avila Chevalier–. Ese avance se traducirá en una mayor presencia en cargos institucionales apoyados por el DSA (Socialistas Democráticos de América), desde la Cámara de Representantes hasta la alcaldía de Washington DC –con Janeese Lewis George–, después de haber conquistado la alcaldía de la principal ciudad del país, Nueva York, con Zohran Mamdani al frente.

Sin embargo, la diferencia con respecto a la Guerra Fría es que ya no existe un bloque soviético que compita ideológicamente con el bloque occidental, ni lugares en el mundo en los que se dé esa disputa política por medio de las armas, desde Vietnam hasta América Latina o los procesos descolonizadores africanos. Y que el DSA no se reivindica como comunista ni sus programas electorales son marxistas-leninistas.

El mundo de 2026 es diferente: China está más interesada en generar influencia y dependencia económica que ideológica, EEUU parece más centrado en asaltar el continente americano que en lo que pasa en otras latitudes, y Rusia bastante tiene con aguantar las líneas en su estancada invasión de Ucrania.

Y como el mundo de 2026 es diferente, resulta de lo más estrambótico oír al presidente de EEUU tachar de comunistas a los candidatos del DSA en EEUU: sus programas se centran en medidas para aplacar el coste de la vida –transporte público, tope a los alquileres, educación infantil gratuita–, los impuestos a los ricos, la defensa de Palestina, la denuncia del genocidio israelí y las críticas al imperialismo de EEUU, básicamente.

En este sentido, Mamdani ha congelado recientemente los alquileres de casi un millón de viviendas en Nueva York, su principal promesa: la medida afecta a los contratos de alquiler de uno y dos años, lo que representa el 40% de todos los apartamentos de los cinco distritos.

Es verdad que, a diferencia del resto de candidatos republicanos y demócratas, no reciben dinero ni del lobby judío ni de grandes corporaciones, sino que hacen campaña con donaciones de voluntarios y un movimiento militante dedicado a hacer campaña puerta a puerta.

Pero también es verdad que no hacen campaña por la socialización de los medios de producción, ni por la lucha de clases o la nacionalización de sectores estratégicos, por mucho que pedir impuestos progresivos tenga un cierto eje de clase poco común en la política estadounidense, al igual que la apuesta por una sanidad para todos –que ni siquiera se atreven a decir que sea pública–, en un país donde las desigualdades nunca terminan de ser un motor político como en otros lugares del mundo.

Manolo de los Santos, del People's Forum de Nueva York, cuyo alcalde es Mamdani, socialista del DSA, explica: “Nueva York es la capital económica y financiera del país, es como el nexo financiero de Estados Unidos con el resto del mundo. Aquí se concentra tanto capital que es cuestionable realmente preguntar quién gobierna en Nueva York. ¿Es el alcalde o es el capital? Lo que sí ha generado la elección de Mamdani es un nivel de entusiasmo en la participación política que no se veía hace mucho tiempo, imaginarse cosas que para los pobres casi siempre nos están vedadas. Tenemos derecho a soñar. Y lo que vemos también es lo limitado que es todo a lo que se enfrenta, y que realmente nosotros, por ejemplo, desde nuestros espacios con otras organizaciones populares de la ciudad, lo que hemos dicho desde el principio es que Mamdani no puede gobernar solo. Si Mamdani no invita a la movilización política del pueblo, no va a avanzar ninguna agenda. Y yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la campaña a las generales y el impuesto a los ricos”.

De los Santos añade en relación con el proceso que llevó a Mamdani a la alcaldía: “Hubo decenas de miles de voluntarios en toda la ciudad, pero no ha habido continuidad política a ese proceso. Es lo típico de la política en Estados Unidos, no tiene capacidad nunca de moverse más allá de un proyecto electoralista, no busca movilizar nunca para una transformación política en la realidad”.

Frente a eso, Trump está centrado en el fiasco de su reforma del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y en el dineral desbordante de su salón de baile en la Casa Blanca. Y en el comunismo como la mayor amenaza para EEUU, como no podía ser de otra manera, ya sea una pequeña isla de 9 millones de habitantes a 90 millas de Florida o los candidatos apoyados por el DSA.

Y, en ambos casos, el argumento es el mismo: son una amenaza nacional. Con esa coartada, ha decretado un bloqueo de combustible asfixiante a Cuba, y sanciones secundarias para cualquier entidad pública o privada que trate con el Estado cubano o algunas de sus empresas.

¿Y qué prepara ante el avance de los socialistas democráticos en EEUU? Está por ver.

“Yo creo que, en realidad, supone una gran amenaza para nuestra nación, porque no es socialismo, sino comunismo en toda regla”, decía Trump este lunes en el Despacho Oval a los periodistas: “Utilizan el término socialistas democráticos porque suena muy bien, pero en realidad se trata de comunismo”.

Y añadió: “Creo que es la mayor amenaza que existe para nuestra nación. Quizá desde nuestra fundación, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el 11 de septiembre. Incluido el ataque a Pearl Harbor. Creo que esta es la mayor amenaza para nuestra nación. La gente sonreirá cuando diga esto, pero las personas inteligentes dirán: 'Probablemente tenga razón'. Básicamente, se trata de introducir el comunismo en los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada tan peligroso”.

Si tenemos en cuenta que la amenaza para la seguridad nacional le ha servido de coartada a Trump para asfixiar a Cuba, asesinar a 215 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental, secuestrar al presidente de Venezuela y matar a 100 personas en el ataque, amenazar con tomar Groenlandia unilateralmente y desatar una guerra comercial contra todo el mundo, está por ver en qué se traduce esa designación para los miembros del DSA y los candidatos apoyados por ellos, entre los cuales se encuentra una de las congresistas más odiadas por Trump: Ilhan Omar, de Minnesota.

Otro ejemplo. Acaban de conocerse las penas de hasta 100 años de cárcel por participar en una protesta ante un centro del ICE en Texas que derivó en un tiroteo. La fiscalía calificó el delito de acto de terrorismo, a raíz de las heridas que sufrió un agente, y afirmó que los ocho participantes estaban vinculados a Antifa, como si fuera una entidad organizada, y han recibido condenas a partir de 30 años de prisión.

Hasta tal punto llega el despropósito, que uno de los condenados, Daniel Sánchez Estrada, no se encontraba en Prairieland la noche del tiroteo ni participó en la planificación. Sánchez Estrada, que está casado con otra de las acusadas, fue condenado por los cargos de ocultación de documentos: movió una caja con sus propias pertenencias —obras de arte, poesía, diarios y fanzines— tras el tiroteo, y fue condenado a 30 años de prisión acusado de manipular documentación de Antifa.

Clay Risen, autor de 'Red Scare', explica sobre el macartismo unas características que ya se están viendo en EEUU: “El otro problema grave era que uno de los criterios para considerar a alguien sospechoso era una lista de organizaciones que el fiscal general había elaborado por orden de Truman y que se consideraban subversivas. Al principio eran unas pocas docenas, pero acabaron siendo un par de cientos. Y algunas de ellas eran inofensivas. Algunas de ellas no suponían, ni por asomo, una amenaza para la seguridad nacional. Pero si tenías alguna conexión, aunque fuera indirecta, con alguna de ellas, tu carrera corría peligro. Y la lista no era secreta. Se filtró. Así que el sector privado, los gobiernos estatales y locales empezaron a utilizarla. En ese sentido, se difundió como la pólvora. Y la lista se convirtió en el baremo con el que se juzgaba a millones de estadounidenses”.

Esa lista ya existe hoy en los EEUU de Trump. Más allá de los señalamientos de las personas afines al DSA, hace poco, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la infraestructura de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes a través de organizaciones y activistas”. ¿Y cuáles son? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

El contexto está creado. Y apenas lleva un año y medio Trump en la Casa Blanca. Ya ha decidido calificar el avance de candidatos socialistas en las primarias demócratas como “comunismo en toda regla” y la mayor “amenaza nacional desde la independencia”. Ya sólo falta ver qué va a hacer a partir de ahora.

¿Habría ganado las elecciones legislativas Javier Milei sin el apoyo político y económico de Donald Trump en la campaña electoral? ¿Habría ganado el mismo Milei que había sufrido poco antes una sonora derrota en la provincia de Buenos Aires? ¿Y Nasry Asfura? ¿Habría ganado en Honduras el candidato de la extrema derecha sin el apoyo explícito de Trump, incluso con el indulto de un miembro de su partido, Juan Orlando Hernández, expresidente del país condenado en un tribunal de EEUU por introducir 500 kilos de cocaína en el país? El presidente de EEUU no tuvo empacho en indultar a Hernández antes de las elecciones y apostar por Asfura, quien se impuso por poco en unas reñidas elecciones al liberal Salvador Nasralla, quien se veía vencedor hasta las injerencias de Trump.

¿Y Abelardo de la Espriella? ¿Qué habría sido del ultra colombiano sin el acoso de Trump al presidente colombiano, Gustavo Petro, y sin la repetida apuesta en campaña contra el rival de Iván Cepeda? ¿Qué habría sido sin esos palos a la Colombia de Petro y esas promesas a una futura Colombia presidida por De la Espriella?

La proximidad y las relaciones de dependencia en América Latina con respecto a Washington son fundamentales para entender el impacto del intervencionismo de Trump. Del mismo modo, ya no funciona igual en la distancia europea.

Por ejemplo, por mucho que se alineara con Viktor Orbán, el ultra húngaro acabó derrotado en las urnas. Igual que AfD, los ultras alemanes apoyados por JD Vance y Elon Musk: no lograron el sorpasso en las últimas elecciones generales alemanas.

Y es que de la misma manera que en América Latina Trump juega con su poder de coerción para moldear los Gobiernos a su imagen y semejanza, en Europa el trumpismo resta ya en muchos países. Por ejemplo, en Italia, donde Giorgia Meloni ha sido una persona cercana a Elon Musk y comparte la mayoría de las ideas de Trump, pero se ha abierto una brecha entre ellos a raíz de los ataques del presidente de EEUU al Papa.

Se puede ser muy trumpista, pero en Italia la Iglesia católica está por delante.

Pero esa misma distancia con Trump la están mostrando otros líderes europeos, como se ha visto con las negativas a ayudar a la Casa Blanca a salir del avispero en el que ella sola se metió el 28 de febrero pasado en Irán. Eso apunta a un cambio de paradigma que no ocurre en el área en la que el presidente de EEUU ejerce más su influencia: lo que la Casa Blanca llama el patio trasero o Hemisferio Occidental, que viene a ser América Latina.

Y todas estas maniobras quedan impunes y no reciben ni el más mínimo reproche por parte de las organizaciones observadoras de los procesos electorales, pero tampoco por organismos multilaterales como la ONU, la OEA o la UE, a pesar de que el derecho internacional preserva el principio de no intervención de agentes externos en procesos electorales.

De esta manera, la democracia representativa en América Latina se ve rebajada cuando el país con mayor poder del mundo se pone a amenazar a los ciudadanos con repercusiones negativas, más aún en países que tienen tanta dependencia de EEUU. En efecto, Trump, desde la impunidad que tiene, practica sin complejos la injerencia en países que dependen de EEUU, logrando gobiernos afines por pocos votos, como se está viendo en Colombia y Perú, donde la izquierda está cayendo derrotada por décimas.

¿Hacia dónde se habrían inclinado esas décimas sin las sanciones, las amenazas, las coacciones y las intervenciones de la Casa Blanca? Y todo eso en un contexto en el que los procesos electorales reflejan las desigualdades históricas entre izquierda y derecha, con campañas austeras para la izquierda frente a campañas millonarias de la derecha, apoyada siempre por las élites económicas y políticas del continente.

A todo ello hay que añadir el crecimiento del consumo de las redes sociales, incluso más entre la clase trabajadora latinoamericana, que bebe mucho de TikTok, lo que hace muy difícil poder rastrear la financiación de esas campañas, que en algunos casos nace en el exterior y va dirigida a llenar las redes sociales de anuncios de los candidatos de derechas: la financiación de anuncios en las redes sociales es costosa, la propia elaboración de esos anuncios también, y en un mundo tan mediado por las pantallas esto convierte a las campañas de poco presupuesto en una pelea profundamente desigual.

“Estados Unidos no solo tiene las herramientas de los aranceles o de la presión económica”, explica Francesca Emanuele sobre las presiones de Trump en América Latina. La analista del think tank CEPR (Center for Economic and Policy Research) argumenta: “En la región vemos una amenaza militar directa, vital, sin contar la retirada de visados y los congelamientos de cuentas, a través de las sanciones que EEUU puede imponer a políticos que les sean molestos, como lo ha hecho con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha sido uno de los pocos que se ha enfrentado públicamente a Trump. Cualquier país de América Latina puede convertirse hoy en un objetivo militar. Y eso también se refleja en las reacciones de los gobiernos de la región, incluso aquellos que antes denunciaban con claridad los abusos de Washington, ahora parece que optan por la cautela, la autocensura o incluso el silencio”.

Emanuele añade: “Estoy convencida de que el mundo necesita que gobiernos con mayor capacidad de influencia, con mayor poder, por ejemplo, los gobiernos de Europa que dependen menos de Estados Unidos, dejen de mirar hacia otro lado y comiencen no solo a denunciar las políticas imperialistas de Estados Unidos, sino también a construir mecanismos, conjuntos capaces de frenar esta deriva militarista, demencial, que está causando muchísimo daño y que tendrá consecuencias durísimas y multigeneracionales si no le ponemos coto ya mismo”.

¿Y qué hacen luego cuando ganan? La Argentina de Milei es un ejemplo de negacionismo de la dictadura y las torturas, del apoyo incondicional al genocidio israelí en Palestina y de contorsionismo político: tan pronto se declara ultraliberal como es capaz de defender el proteccionismo arancelario de Trump. Milei es un incondicional del presidente de EEUU, porque sabe que sin su rescate económico podría estar ya fuera de la Casa Rosada. Milei también es un ejemplo de recortes sociales, de dejar desamparados a los más vulnerables, de combatir el feminismo y lo que el presidente argentino ultra llama “la agenda woke”.

Ecuador, otro país afín a la Administración Trump, con Daniel Noboa al frente, sobre quien han pesado acusaciones que vinculaban empresas de su entorno con el narcotráfico, tiene el país con uno de los niveles de violencia más altos de la región. Pero, eso sí, es un aprendiz avanzado de trumpismo y está desde primera hora en el Escudo de las Américas deseando contentar a Trump con sus acciones militares conjuntas, que ni están ayudando a reducir los niveles de violencia ni a reducir el tráfico de cocaína. Al contrario, están sirviendo para que caigan bombas en Colombia y mueran personas inocentes en granjas.

En el caso de Honduras, uno de los acontecimientos más alarmantes durante los primeros 100 días del Gobierno de Asfura ha sido la masacre, el 21 de mayo, de 21 campesinos en el departamento de Colón. Los asesinatos tuvieron lugar en el contexto de un conflicto territorial en la región del Bajo Aguán, que se remonta a los años setenta y ochenta y en el que están implicados poderosos intereses económicos.

El prolongado conflicto del Bajo Aguán se ha centrado en la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas de aceite de palma, en particular Dinant y sus filiales, que consolidaron vastas extensiones de tierra a través de una red de entidades comerciales que, en última instancia, permanecieron bajo el control efectivo de la familia Facussé.

Según InSight Crime, a finales de junio Honduras había registrado su decimoctava masacre de 2026, lo que ha dejado más de 80 víctimas de matanzas masivas en lo que va de año.

Y en el punto de mira sigue Cuba, el Gobierno que han querido derrocar numerosos presidentes de EEUU durante siete décadas. Ahora, como nunca, se ejerce una presión asfixiante, literal, con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias aprobadas el 1 de mayo a cualquier empresa o gobierno que tenga algún trato con empresas públicas cubanas o con el Ejecutivo cubano. Y el hecho de que hoy Venezuela sea un país tutelado por EEUU ha terminado sirviendo para amenazar y buscar derrocar al gobierno de Cuba con un despliegue militar estadounidense en el Caribe sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Y ese despliegue sirve tanto para asfixiar a Cuba como para asesinar de forma extrajudicial a más de dos centenares de personas en supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

“Washington ha empezado además desde el año pasado a designar organizaciones criminales y cárteles como organizaciones terroristas, y esta es una estrategia que amplía el margen para justificar futuras acciones militares en la región”, explica Emanuele: “La lógica detrás de estas designaciones es absolutamente refutable. Los cárteles son organizaciones criminales cuyo objetivo principal es el lucro económico, no los fines políticos o ideológicos, que es precisamente lo que tradicionalmente distingue al terrorismo del crimen organizado. En Venezuela se designó como organización terrorista al Tren de Aragua y a una organización ficticia como el Cártel de los Soles. Y con estas designaciones artificiosas como terroristas, EEUU busca tener bajo amenaza a diversos países, entre ellos México, y lo mismo ocurre con Brasil, donde hace apenas unas semanas EEUU designó a dos organizaciones criminales como terroristas. Y estas designaciones funcionan como una justificación destinada a dar cobertura a posibles acciones militares futuras y a aumentar la capacidad de presión de Estados Unidos sobre los países de la región y, en la práctica, crear el marco para intervenir militarmente allí donde Washington considere que sus intereses están en juego”.

“No hay belleza sino en la lucha”, decía el Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909 en Le Figaro y que se considera precursor del fascismo, que conquistó el poder en Italia de la mano de Benito Mussolini en 1922.

Y proseguía: “Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra; queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer; queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”.

Aquel manifiesto que sembró las bases del fascismo en Europa hace un siglo representa a la perfección los valores que proyecta hacia el mundo este imperio bárbaro de Donald Trump durante la celebración del 250 aniversario de la independencia de EEUU.

La cara destrozada de Topuria, deformada por el estallido de los huesos propios, cegado por los golpes desde el segundo asalto, con un árbitro rehén del negocio, del festejo sangriento para mayor gloria del César Trump en el día de su 80 cumpleaños, que quiso mantenerlo en el octágono anteponiendo el grotesco espectáculo y el negocio por encima de una vida humana.

Ese es el legado de Trump, lo que proyecta al mundo, la glorificación de la violencia, de la lucha, de la guerra, como los futuristas que alumbraron el fascismo en Europa.

Y es el legado que abrazaba la multitud que se congregó el domingo por la tarde en el National Mall para ver en las pantallas gigantes el espectáculo salvaje. Incluso hubo quien llegó a pagar 400 dólares en la reventa por una de las 85.000 entradas que se sortearon para ver el espectáculo en el parque de la Ellipse, pegado al jardín sur de la Casa Blanca, donde estaban instaladas las gradas y el escenario. Vestidos con camisetas evocadoras del acontecimiento, siempre con barras y estrellas, casi siempre hombres en una exhibición de masculinidad colosal.

“Combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”, decía el Manifiesto Futurista, y es lo que se sentía en esa marea humana que se agolpaba a gritos para ver cómo dos hombres se destrozaban a puñetazos y así celebrar los 80 años de Trump y los 250 de independencia.

Mientras tanto, el centro de la ciudad permanecía cerrado, bloqueado por camiones, furgones policiales y autobuses militares de los cientos de soldados que habían sido convocados para asistir presencialmente al acto.

Y los que quisieran verlo en casa, tenían que estar abonados a Paramount +, la plataforma de David Ellison, hijo de Larry Ellison, dueño de Oracle y amigo y aliado de Trump.

La Casa Blanca, sede del Ejecutivo estadounidense, se convirtió en un circo romano el domingo por la noche, subcontratado a Dana White, presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship) y aliado de Trump: el presidente de EEUU ha apoyado a White y a su empresa durante décadas. Asimismo, Trump posee acciones de TKO Holdings, la empresa matriz de la UFC, según sus declaraciones financieras, y ha asistido con frecuencia a combates mientras realizaba campañas electorales.

Hasta tal punto fue subcontratado, que a Trump, quien afeó a Volodímir Zelenski haberse presentado en el Despacho Oval sin traje, le parecía sensacional que recorrieran los pasillos de la Casa Blanca, incluido su despacho, los luchadores en pantalón corto y chanclas, escoltados por el personal militar presidencial.

Y es que, efectivamente, la UFC no es más que un circo de gladiadores del siglo XXI que se destrozan la cara con artes marciales mixtas, montado por un empresario privado, amigo de Trump, en el que se presume de que el ring se llena de charcos de sangre, como si fuera un Club de la Lucha.

No en vano, EEUU ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, y su responsable, Pete Hegseth, uno de los principales representantes del ardor guerrero estadounidense, es muy aficionado a las exhibiciones físicas.

EEUU decidió abrir los festejos del 250 aniversario con la velada violenta por el cumpleaños de Trump, unos festejos que culminarán el próximo 4 de julio, día de la fiesta nacional de EEUU, con un desfile militar en el que participará España.

En efecto, el buque escuela Juan Sebastián Elcano llegará a Nueva York para el 4 de julio, día de la fiesta nacional. Y para el desfile de ese día España participará, de forma inusitada, con dos helicópteros Tigre y un Cougar, cuatro aviones Harrier, dos aviones Eurofighter, dos F-18, un A400 y otro A330 Tanker.

España quiere reivindicar su papel en la independencia de EEUU, si bien todos los fastos del 250 aniversario giran indefectiblemente en torno a Trump, su agenda ultra y sus valores, que tanto recuerdan a la Europa de Entreguerras.

Un Gobierno, un país, un imperio, un bloque político tiene capacidad para decidir qué valores muestra al mundo, con qué quiere asociar su nombre: puede ser la filosofía, la cultura, la arquitectura, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la libertad, la fraternidad... Pero el imperialismo trumpista prefiere apostar por la apología de la violencia.

Una violencia que no es solo física. También es verbal.

Como cuando el luchador Josh Hokit, después de derrotar a su compatriota estadounidense Derrick Lewis, cogió el micrófono y atacó a Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama. “Un saludo a Trump por tener las agallas de organizar algo así”, dijo Hokit, y añadió: “Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, América?”.

No hubo reproches de quien tenía el micrófono en la mano, el popular podcaster ultra Joe Rogan. Tampoco del público. Y, por supuesto, tampoco de su anfitrión, el presidente de EEUU, Donald Trump.

A ninguno de los allí presentes les pareció digno de censura acusar a la exprimera dama de ser un hombre, en un insulto que suma el sexismo con la misoginia y el racismo.

Eso era dentro. Pero fuera sí hubo quien protestó contra los fastos, en medio de la marea humana trumpista, con un picnic con bocadillos, en recuerdo del hombre que lanzó un sándwich a un agente federal en Washington en plena redada del ICE y que acabó declarado inocente del cargo de agresión.

El lema del 250 aniversario es 'libertad', Freedom 250: 250 años de libertad e independencia, dicen los documentos oficiales. Lo cual también es una declaración de intenciones, en tanto que no reivindican los derechos humanos o de democracia. Y lo que no dicen es que esa libertad de 1776 era más que censitaria, en tanto que el esclavismo se prolongó un siglo más; la segregación sexual, 150 años más, y la segregación racial, otros 200 años.

EEUU no lleva vividos 250 años de libertad, salvo para algunos. Y en el EEUU actual hay millones de personas perseguidas por el ICE, sin libertad para ir a comprar antibióticos porque no tienen un seguro que les cubra la cita, que, si tienen una urgencia, prefieren pedir un Uber antes que una ambulancia o que pasan el día en bibliotecas públicas porque no tienen un techo bajo el que cobijarse.

Otros, sí. Otros tienen la libertad de pagar hasta 1,5 millones de dólares por ver la Casa Blanca convertida en un circo romano, de hacer turismo espacial, de comprar Warner para así tomar el control de la CNN y silenciar su voz crítica contra Trump, como ya ha pasado con la CBS, y de ser el primer billonario del mundo gracias, entre otras cosas, a los estratosféricos contratos públicos de los que se beneficia su empresa.

“¡Comunista!”, insultaba este domingo una mujer fuera de sí a las puertas del colegio electoral en el que estaba votando Roberto Sánchez, en Lima. “¿Por qué comunista?”, se me ocurrió preguntar a la mujer que se desgañitaba con el teléfono en la mano mientras grababa orgullosa su colección de improperios contra el candidato progresista en las elecciones presidenciales de Perú. “¡Lleva sombrero!”, me respondió, como si hubiera prendas definitorias de la ideología política de cada uno. “¿Y los sombreros son comunistas?”, me atreví a repreguntar. “¡Es por Pedro Castillo!”, replicó, a pesar de que Castillo nunca fue comunista ni militó en el marxismo ni se presentó con un programa socialista cuando ganó en 2021.

Lo que sí representaban Castillo y su sombrero chotano –de Chota, Cajamarca–, el mismo que porta Sánchez, es su origen campesino. Es decir, evoca al trabajo manual, al interior del país, que por extensión se vincula con la población serrana e indígena, en oposición a Lima, la costa, donde se encuentran las élites políticas y económicas del país, esas élites adineradas que han controlado el país durante la mayor parte de su historia.

Los insultos a Sánchez son como los que recibió Castillo y, antes que él, Ollanta Humala. Y tienen que mucho que ver con su color, con el origen humilde de a quienes representan: a las clases trabajadoras, personas humildes, vulnerables, indios, serranos... Y por eso este domingo a Sánchez le gritaban “fuera mierda” en el colegio electoral.

Y también por eso a sus votantes les llaman “cholos” en las redes sociales los seguidores de Keiko Fujimor, quienes se desatan con insultos racistas y clasistas, como recogía este martes en su podcast La Encerrona, de Marco Sifuentes.

Este fin de semana he estado en Lima cubriendo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de una semana en La Habana. Y ya el lunes por la noche regresé a Washington DC, en una semana que culminará este domingo con el 80º cumpleaños de Donald Trump, que piensa celebrarlo con una jornada de lucha libre (UFC) en la Casa Blanca.

Era la primera vez que estaba en Perú, un país que me despierta gran interés político desde hace décadas, pero que resulta mucho más lejano para los españoles que otros países latinoamericanos.

Apenas he tenido tiempo de recorrer más que la capital, y de forma parcial, con lo que tendré que regresar lo antes posible para visitar lugares conocidos en todo el mundo, como Cusco, Machu Pichu o Ica.

Pero lo que sí que pude percibir es esa fractura social que evidenciaba la mujer que insultaba a Sánchez por su sombrero, o ese otro hombre que increpaba a la policía por impedir la entrada de más votantes al colegio electoral mientras se encontraba dentro el candidato de Juntos por el Perú para evitar aglomeraciones con la multitud de prensa allí concentrada, que estaba acordonada a las puertas del colegio electoral.

Los contrastes sociales son evidentes en Lima, incluso pasando pocas horas en la ciudad. Desde ese barrio adinerado, como Miraflores, con grandes restaurantes, y otras zonas de la ciudad, como la que rodeada la cárcel de Barbadillo, donde están encerrados Humala y Castillo, y donde se concentraron seguidores de Sánchez el domingo por la tarde para conocer los sondeos a boca de urna de las cinco de la tarde mientras su candidato estaba con el expresidente.

El viaje a Perú para cubrir las elecciones este fin de semana me hizo recordar un libro que compré hace tres décadas cuando viajé a Guatemala por primera vez. Se llamaba La patria del criollo, de Severo Martínez Peláez, centrado en las desigualdades, el racismo estructural y los privilegios de las élites heredado del régimen colonial español.

Así, los criollos perpetúan la explotación de la población indígena y de la tierra en las naciones independizadas latinoamericanas, constituyendo regímenes políticos basados en la herencia de sangre, porque el criollo no era solo un hijo de españoles nacido en América, era la encarnación de la élite política y económica que poseía las tierras y los recursos y controlaba el trabajo indígena, que prolonga el régimen de expropiación de las tierras y explotación de los indígenas, sometidos a trabajos forzados.

Así, el indio se consideraba, y se sigue considerando en muchos sectores, como el de los votantes de Keiko Fujimori en Perú, un ser inferior, por lo que puede ser explotado.

Y mientras en Miraflores, ese barrio adinerado de Lima casi el 90% de la población vota a Fujimori, quienes se concentraban el domingo por la noche en la plaza de San Martín, al grito de “libertad para Castillo”, no tenían nada que ver con aquellos, ni con los que coreaban a Fujimori e insultaban a los votantes de Sánchez con improperios racistas.

Los votantes de Sánchez, como los de Castillo, conocen de primera mano diversas formas de racismo, es su propia historia de opresión. Por eso, cuando se insultaba al expresidente Castillo “maestro rural elegido presidente” y se ataca a Sánchez con este tipo de insultos, se busca evitar “que otros peruanos de origen humilde y provinciano intenten tal travesía” a la política institucional, escribe Francesca Emanuele, socióloga y analista del thik tank estadounidense CEPR: “El temor a recibir el mismo trato alimentaría la ausencia de políticos de origen humilde y provinciano. Y sin ellos será menos probable romper con el centralismo limeño y con las condiciones de exclusión, características del Perú moderno”.

Para los millones de peruanos y peruanas que votaron por Castillo y por Sánchez, es natural “encontrarse en su reflejo”, dice Emanuele, “más aún cuando la oposición repetía la táctica manida de ligarlo al fantasma de Sendero Luminoso. Las clases populares llevan décadas siendo cruelmente demonizadas con ese argumento falaz. Por ello mismo, los parlamentarios conservadores repitieron hasta la saciedad que Castillo era 'comunista', acompañando estas afirmaciones con el correlato de una supuesta militancia terrorista. Poco importaba que el presidente se hubiera alejado tempranamente de un plan de gobierno progresista, dejando claro que ni siquiera era un socialdemócrata. [...] Un 'nosotros contra ellos' que retumbaba entre las clases marginadas, en la que les situaban como el enemigo”.

Hasta tal punto es así hoy en día, que uno de los argumentos de que pudieron moverse unas décimas los votos el domingo a favor de Fujimori tuvo que ver con las vinculaciones sin pruebas de Sánchez con Sendero Luminoso. En una entrevista de uno de los candidatos de la primera vuelta, Jorge Nieto, con un conocido youtuber, éste acusó a Sánchez por tener en su equipo personas de Sendero Luminoso, que lleva tres décadas desaparecido, a raíz de la detención de Abimael Guzmán en 1992.

El concepto tiene un nombre: “Terruquear”. Y tiene que ver con acusar de “terruco” o terrorista al otro, simplemente por ser de izquierdas u opuesto al estatu quo.

Y esas clases populares demonizadas se fueron a celebrar la noche electoral de la plaza de San Martín a la humilde sede central de Juntos por el Perú, en el cercado de Lima, en un viejo edificio de techos altos, paredes desencaladas y aseos comunitarios donde había un ordenado trasiego por los pasillos, con banderas que entraban y salían y personas que confiaban en dar la vuelta a los primeros recuentos. “Vamos a voltear seguro”, decía un militante, “no puede ser que gane Keiko Fujimori, es impensable”.

El agónico recuento encabezado por Sánchez, no obstante, mantiene aún las opciones de Fujimori, gracias a que queda mucho voto del exterior por contar, donde ella es más fuerte que el progresista.

Este miércoles puede que todo acabe, y sabremos si Perú puede tener un presidente en el que se sientan reflejadas las personas históricamente explotadas y excluidas o las élites que, desde la colonia, han hegemonizado la política y la economía del país.

Una de las cosas más valiosas de mi trabajo en elDiario.es es la realización profesional en una comunión con nuestras banderas editoriales. Hace poco más de un año que me mudé a Washington DC como primer corresponsal de nuestro medio en Estados Unidos. Y también he tenido la suerte de venir a La Habana, hace una semana, para contar de primera mano la situación cubana en un momento excepcional, de recrudecimiento del bloqueo y de asfixia energética por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Es, coinciden académicos, economistas, funcionarios y ciudadanos de a pie, el periodo más difícil que ha vivido Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Uno de los asuntos fundamentales que nos planteamos en elDiario.es desde el primer día es intentar aportar una mirada propia a la información, libre de intereses económicos y de condicionantes ajenos a nuestros principios editoriales.

Y pocos temas exigen tanto ese esfuerzo como Cuba, un país que despierta pasiones, prejuicios y debates que a menudo impiden comprender su complejidad.

“En Cuba vivimos en estado de shock”, me decía alguien estos días. Cuba no es un país cualquiera. Cuba es un símbolo revolucionario de la emancipación contra el colonialismo y el imperialismo estadounidense. Eso es algo que es difícil de percibir en Europa, entre otras cosas porque los países europeos también han sido imperialistas y genocidas con sus colonias.

Por otro lado, es cierto que Cuba también despierta controversia en España por su sistema de partido único y de planificación económica socialista. Pero no es sencillo de abordar y, cuando vienes aquí por primera vez, como me ocurre a mí, en un momento tan excepcional de su historia, cada vez que te sientas frente al ordenador a escribir lo que has vivido ese día, se funden inevitablemente las vivencias con la mochila personal y política que cada uno carga. Más aún en mi caso, porque me resulta imposible observar lo que veo sin filtrarlo a través de la realidad de un bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, de las recientes amenazas militares y del recrudecimiento del que he venido informando durante este último año desde Washington.

Yo siempre quise venir a conocer Cuba, pero no ha podido ser hasta este momento, de los más complicados para la isla. Es verdad que La Habana no es la isla, como me han dicho muchos amigos y fuentes, en tanto que La Habana siempre está mejor que el interior del país. Pero también es verdad que simples paseos por La Habana resultan desgarradores.

La víspera de venir a La Habana, una amiga de Washington DC me dijo: “Prepárate, la situación es muy triste”. Y tenía razón. Es tristísima. Imposible estar preparado. Yo estoy ya fundido emocionalmente por ver montones de basura acumulada en las calles porque el bloqueo petrolero de Trump imposibilita que haya combustible para recogerla. Y eso son malos olores, focos de enfermedades cuando estás a más de 30ºC en la calle, y también son lugares en los que personas se acercan a rebuscar si hay algo rescatable en esos restos.

Y eso pasa en casi todos los barrios. Mi hotel, uno de los últimos construidos por el grupo empresarial del Ejército puesto en el disparadero por EEUU, GAESA, se encuentra en el barrio del Vedado. Un barrio en el que a menudo se corta la luz, que da al malecón, donde antaño se juntaban los ciudadanos de La Habana.

Hoy, sin embargo, queda poco de aquella imagen: los cortes de luz por falta de combustible duran a veces más de 20 horas, no hay casi vehículos circulando por la ciudad, más allá de los taxis y los eléctricos, y la sensación es que todo el mundo está en modo reposo. Es como si la falta de energía eléctrica también se hubiera traducido en falta de energía humana.

Bien es verdad que la gente tiene dificultades para dormir: la falta de corriente hace que no funcionen los ventiladores, o que la luz llegue de madrugada y haya que levantarse para cocinar para el día siguiente: la alternativa es cocinar con carbón o leña, algo cada vez más habitual en Cuba.

Personas con las que he hablado afirman que la crisis cubana es previa a la vuelta de tuerca de las sanciones trumpistas, que hace un puñado de años podrían haber decidido construir menos hoteles, que a día de hoy, además, están vacíos por la ausencia de turismo, para dedicar recursos a la soberanía alimentaria, energética y a blindar los pilares de la Revolución: la sanidad y la educación.

Pero también hay quien dice que la coyuntura del Gobierno cubano es endiablada, caracterizada por gestionar crisis tras crisis, cada una peor que la anterior: después de la distensión con Barack Obama, llegó el desmantelamiento de buena parte de esa política de acercamiento durante el primer mandato de Trump; después vino la pandemia y, más tarde, un Joe Biden que no cambió una sola coma de la política de sanciones heredada de Trump hasta una semana antes de dejar el cargo. Después de eso, llegó la segunda presidencia de Trump, hablando directamente de “tomar Cuba” y lanzando una imputación contra Raúl Castro por un asunto de hace tres décadas y de forma bastante retorcida.

En Estados Unidos son muchos los que contemplan como una posibilidad real, e incluso inminente, una acción militar contra Cuba. En Cuba, sin embargo, parecen más escépticos, te dicen que el Mundial está a la vuelta de la esquina, que no hay alternativa al Gobierno actual, que el país podría lanzar ataques a Florida y la base de Guantánamo. Es verdad que siempre te encuentras con alguno que te dice que está deseando que lleguen los estadounidenses, pero también es verdad que te encuentras con mucha gente dispuesta a defender su país ante el invasor. No en vano, murieron 32 cubanos en el ataque a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

“Esto no es Venezuela”, te dicen muchos, decepcionados por el Gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, que no ha enviado una gota de petróleo en seis meses y que ha expulsado a las brigadas médicas de su país, donde llevaban lustros cooperando.

Pero hay una cuestión que aparece una y otra vez en las conversaciones con los cubanos estos días: la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrán los estadounidenses? ¿Está negociando el Gobierno cubano? ¿Qué conceptos? ¿Hay margen para un acuerdo?

Un amigo español que vive y trabaja en Cuba, me decía el otro día: “Esto se trata del gran reemplazo, de echar a los europeos para que EEUU se quede con sus empresas”. Y, de momento, eso está pasando. Una amiga apostillaba: “Lo que quieren es que el hotel Habana Libre vuelva a llamarse Habana Hilton”.

Lo cierto es que está habiendo presiones para salir del país. y que hay empresas de todos los países que lo están haciendo. Pero no es una cosa solo de hoteles. La minera canadiense Sherritt International Corp. ha firmado un acuerdo con Gillon Capital LLC, una sociedad vinculada a un exasesor de Trump, Ray Washburne, que permitiría a Gillon adquirir una participación mayoritaria en la empresa mientras esta afronta las sanciones impuestas a sus operaciones en Cuba.

Pero no solo eso, EEUU, el país que se negó a facilitar respiradores, oxígeno y jeringuillas a Cuba en lo peor de la pandemia, también impide que Cuba compre piezas para su termoeléctrica averiada, o que pueda acceder al crédito de instituciones internacionales como el FMI o Banco Mundial, bloquea las cuentas de residentes en Cuba que hagan pagos fuera de la isla a través de los bancos incluso.

Todo, desde alimentar una bomba de agua en un edificio para que se puedan lavar las familias, hasta tener combustible para cultivar los campos, o corriente para que no se caiga la conectividad de los móviles, es una carga que se vive de forma cotidiana.

Es verdad que te encuentras gente que anhela la invasión estadounidense. Me pasó con una mujer este lunes, camino de una visita a un hospital pediátrico en la que los médicos te cuentan que llegan al trabajo a primera hora de la mañana sin combustible para moverse y, a lo mejor, sin haber pegado ojo porque no les funcionaba el ventilador y entraban muchos mosquitos en la habitación, con el riesgo que eso hay ya en este país de contagiarse de enfermedades a través de los insectos.

También hay críticos al Gobierno desde dentro del sistema que reprochan al Gobierno la falta de un plan para lo que está por venir. Pero, en el fondo, el destino de Cuba está en buena parte en Washington DC: si el bloqueo y las sanciones se endurecen más o se relajan; si la Administración Trump renuncia a la aniquilación del sistema cubano o no; si decide una operación militar como el secuestro de Maduro, o si acaso le basta con instalar sus hoteles en los huecos que dejan las empresas europeas y canadienses.

Asimismo, es llamativa la paz social en Cuba. En países como Argentina, Francia o Grecia, por ejemplo, cinco meses de cortes de luz habrían desatado grandes revueltas. Pero, de momento, eso no pasa con Cuba. Hay quien dice que tiene que ver con las condenas tras las protestas del 11 de julio de 2021, también hay quien dice que el Gobierno goza de gran apoyo y recuerdan las movilizaciones del Primero de Mayo o las colas para despedir a los 32 soldados muertos por el ataque estadounidense a Caracas el 3 de enero pasado.

En Cuba he podido visitar hospitales, y te cuentan las dificultades de llegar al trabajo de los sanitarios, mientras los pacientes tienen que operarse en un quirófano sin climatización si hay cortes de luz, o cómo tienen que racionar las medicinas por las dificultades para comprarlas, o cómo tienen que subir a los enfermos por las escaleras cuando se va la luz.

¿Hasta dónde llegaba la responsabilidad del Gobierno y hasta dónde de las sanciones del bloqueo? Esa es una pregunta recurrente en los últimos tiempos. El problema, sin embargo, es que ahora las sanciones y el bloqueo de combustible son tan duras que afectan a los más vulnerables, desde los recién nacidos –pasando de 4 muertes por cada 1.000 nacidos en 2018 a 9,9 por cada 1.000 en 2025, según datos del Ministerio de Salud Pública– hasta los enfermos de cáncer, de hemodiálisis o incluso el enterramiento de muertos por no tener gasolina para el coche fúnebre.

Muchos miran al Gobierno cubano, lo tienen más cerca, y le piden cuentas por reformas económicas pendientes, o le piden un mayor liderazgo político, un plan de hacia dónde va el país. Otros te dicen que el Gobierno cubano sólo gestiona crisis y con escasos recursos, y aquí así es muy difícil gobernar. ¿Cómo juzgaríamos la gestión de cualquier gobierno si dirige un país sin combustible, sin poder comprar repuestos para sus equipos médicos, sin poder acceder a los mercados internacionales y tener el comercio limitado por la amenaza de sanciones a terceros?

Otro asunto recurrente es el de la pluralidad partidista del sistema político. ¿Puede ser un horizonte al que camine Cuba para quitarse de encima la presión de EEUU? No sabemos qué está pidiendo concretamente EEUU a Cuba, pero el objetivo político último de personas como Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, pasa por el fin de la Revolución cubana. Cuba, de momento, no está cediendo y sus señales son las de no ceder. EEUU, de momento, no deja de incrementar la presión. ¿Qué pasará? Es difícil hacer pronósticos, a corto plazo todo empeorará por la canícula veraniega que será durísima sin corriente eléctrica, y en Cuba históricamente las protestas se han dado en julio y agosto. ¿Habrá protestas este año? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cómo lidiará el Gobierno con la disidencia?

Las incógnitas son múltiples. En todo caso, aquí estaremos para contar cómo se van despejando.

“Soy culpable. Culpable de amar al pueblo cubano. Culpable de creer que los niños cubanos merecen medicinas en lugar de sanciones. Culpable de creer que intentar salvar vidas no debería ser tratado como un delito”. Así reaccionaba Medea Benjamin, cofundadora del colectivo pacifista estadounidense CodePink, a las informaciones sobre las citaciones en marcha contra ella y decenas de activistas implicados en el convoy a Cuba del pasado marzo. Las investigaciones parten de los departamentos de Justicia y del Tesoro.

A menudo contamos los periodistas que Donald Trump llama sleepy Joe [somnoliento Joe] al expresidente Biden; too late Powell [demasiado lento Powell], al expresidente de la Reserva Federal contra quien lanzó una investigación federal por parte del Departamento de Justicia que acabó cerrándose para que el candidato de Trump al frente de la Fed pudiera pasar la votación en el Senado.

Del mismo modo, los periodistas solemos contar cómo la Administración persigue a rivales políticos que le metieron en problemas judiciales, como James Comey, exdirector del FBI, o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los periodistas también contamos la represión migratoria, el acoso a la comunidad somalí en Minneapolis y los insultos diarios a los periodistas, con denuncias judiciales y amenazas de suspensión de licencias para las grandes cadenas de televisión.

En un artículo en The New York Times de hace unos meses, se explicaba que “la ofensiva autoritaria del gobierno ha tenido un impacto evidente. Ha transformado el comportamiento de los estadounidenses, obligándolos a pensárselo dos veces antes de participar en lo que debería ser una oposición protegida constitucionalmente. En consecuencia, muchos políticos y organizaciones sociales que deberían supervisar y controlar al ejecutivo se están silenciando o relegando a un segundo plano”.

Y esa es una de las claves de lo que está sucediendo estos días en Estados Unidas: la inoculación del virus del miedo a la persecución por parte de la Administración Trump si, como ciudadano de a pie, no haces lo que la Casa Blanca espera de ti.

Así, la muy afín al presidente de EEUU Fox News publicaba estos días que “funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro están investigando a organizaciones y grupos activistas estadounidenses por supuestamente coordinar actividades de lobby, difusión de mensajes, recaudación de fondos, envío de delegaciones y esfuerzos de organización política con funcionarios del Gobierno cubano, como parte de una posible campaña de influencia extranjera que opera dentro de los Estados Unidos”.

El mensaje es demoledor: la Justicia estadounidense te investiga por difundir mensajes y viajar a Cuba, con la acusación de formar parte de una “campaña de influencia extranjera”.

Fox News, así, afirmaba haber identificado a 145 organizaciones sin ánimo de lucro, grupos sindicales, organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos de activistas en todo Estados Unidos “que se están movilizando en apoyo al gobierno cubano y al Partido Comunista de Cuba”.

Es decir, la propia cadena amiga de Trump se remanga para señalar a quienes denuncian el bloqueo cubano. Y, lo que es mejor, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la campaña de mensajes de respuesta rápida ofrece un ejemplo contundente de la velocidad con la que la infraestructura nacional de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes políticos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas mediáticas, organizaciones sindicales y coaliciones de activistas”.

¿Y cuáles son las principales organizaciones señaladas? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

Ya hace unos meses, publicábamos aquí la campaña del Departamento de Estado contra estos colectivos. En aquel momento, la acusación era estar al servición del PCCh, ahora la investigación es por denunciar el bloqueo a Cuba.

Fuentes de la Embajada de Cuba en Washington niegan cualquier actividad indebida y afirman que los diplomáticos actúan dentro de los límites de la Convención de Viena, cuyo Artículo 41 establece que “tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos” de un país.

Según Fox, los investigadores están examinando las actividades de varios activistas vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba, entre ellos el streamer Hasan Piker, la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, y la coordinadora de CodePink en Washington DC, Olivia DiNucci.

En total, la investigación se extiende a cerca de 40 estadounidenses que, según Fox, “presuntamente se coordinaron con funcionarios del gobierno cubano para llevar bienes y suministros a Cuba en 'convoyes' y 'flotillas' a principios de este año”.

Ahora bien, en contra de lo publicado por Fox, de momento no se han entregado citaciones.

“Contrariamente a los rumores, no he recibido ninguna citación judicial del Gobierno de los Estados Unidos”, escribia Medea Benjamin en un comunicado hecho público: “Quizás esté en camino. Pero quiero ser clara: no hicimos nada malo durante nuestro viaje a Cuba en marzo de 2026. Por el contrario, actuamos como ciudadanos estadounidenses con principios morales, tratando de llevar algo de alivio a una población que está siendo deliberadamente sometida al hambre por las crueles políticas de nuestro propio Gobierno”.

En el centro de la diana de la Administración Trump y Fox está uno de los principales mecenas de estas organizaciones y colectivos, esposo de una fundadora de CodePink, con familia proviente de Sri Lanka, nacido en Connecticut en 1954, y con residencia en Shanghai.

Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie a Fox y a la Administración Trump para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh. Una tesis aplicada por el Departamento de Estado en febrero pasado.

Ahora, la carga del delito pasa por coordinar con Cuba la ayuda para Cuba.

Son como una secta. Los trumpistas rezan juntos, se encomiendan a su dios ante la guerra contra Irán impulsada por su líder, como si se tratara de una nueva Cruzada. Han creado una oficina de asuntos religiosos en la Casa Blanca, que básicamente es una oficina de propagación del cristianismo. Combaten la libertad religiosa; amparan las batallas legales para que haya escuelas cristianas concertadas; organizan oraciones en instalaciones gubernamentales, como las dirigidas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth –quien habla de “soldados en una causa espiritual” cuando se refiere a los ataques sobre Irán–; e incluso se arremolinan para orar en el Despacho Oval en torno a Donald Trump.

No en vano, según dijo el propio presidente de EEUU en su día, Dios evitó que fuera asesinado en Butler (Pensilvania), el 13 de julio de 2024, para poder volver a la Casa Blanca. Es decir, como los Blues Brothers, Trump piensa de sí mismo que está en una misión divina. “Sólo dios impidió lo impensable”, afirmó tras el atentado.

Esa conexión de raíz entre la presidencia de Trump y lo divino se evidencia en gestos como el que tuvo Javier Negre en septiembre pasado, cuando regaló, según él mismo dijo, un “Rosario de Tierra Santa” a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al final de una amistosa conversación de cinco minutos que grabaron en vídeo y de la que cada vez quedan menos rastros en las redes sociales.

En aquella charla, Leavitt le dijo a Negre: “Esta Administración defiende con orgullo los valores judeocristianos, de fe en Dios y Jesucristo, de familia y libertad”.

En un país que históricamente ha hecho gala de estar compuesto por personas de diferentes orígenes y credos, lo cierto es que la Administración Trump avanza a toda velocidad hacia un modelo de país marcado por la vieja hegemonía WASP –blanco, anglosajón y protestante– actualizada a 2026, en la que se prioriza a los evangélicos y caben los católicos siempre y cuando se enfrenten al papa –como movimientos integristas católicos estadounidenses–, y los latinos, pero siempre y cuando hagan un ejercicio de disociación mental hasta el punto de defender la represión migratoria sobre su comunidad.

Es decir, hasta el punto de abogar por renunciar a uno mismo, como hace el congresista republicano Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Bogotá, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para prohibir la doble nacionalidad.

Porque, en realidad, el verdadero culto que existe en Estados Unidos no es tanto a dios como al líder, Donald Trump. En torno a él rezan en la Casa Blanca, a él le hacen la pelota como ha aprendido a hacer el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y no hay un miembro de su Gabinete que abra la boca en público sin alabar previamente hasta la extenuación el “liderazgo” de su presidente.

El culto al líder se traduce en que todo lo que pasa en EEUU es gracias a Trump: ya sea atacar Irán como dejar de hacerlo; ya sea amenazar con aranceles como retirarlos; ya sea enfrentarse a China como ir a Pekín a regalarle el oído a Xi; o usar el Departamento de Justicia contra rivales políticos, desde el presidente de la Reserva Federal al director del FBI; o lo contrario, ayudando a Steve Bannon y a los agentes que asesinaron en Minneapolis a Renee Good y Alex Pretti.

Como rezan esas gorras que llevan los MAGA, “Trump tenía razón sobre todo [Trump was right about everything]”: ya sea para romper relaciones con aliados históricos de EEUU al tiempo que confraterniza con Vladímir Putin; o para encomendarse a los valores religiosos a la vez que intenta tapar los archivos de Epstein o asesinar a sangre fría a dos centenares de personas en el Caribe y el Pacífico, se asfixia a la población civil cubana o se bombardea una escuela en Irán sin consecuencias para nadie.

Para ellos, el líder, Trump, es infalible, como si de una monarquía absoluta, una teocracia o una dictadura clásica se tratase.

El domingo pasado miles de personas se dieron cita al lado de la Casa Blanca para un ejercicio de exaltación religiosa llamado Rededicate 250. Llegaron desde diferentes estados para agolparse frente a un escenario enorme, diseñado deliberadamente para parecer una mezcla entre templo cristiano y arquitectura imperial estadounidense, en ese estilo neoclásico rancio que tanto enamora al presidente de EEUU: grandes columnas blancas y arcos, que recordaban tanto a catedrales como a edificios oficiales de Washington. Vidrieras falsas, cruces, figuras de los padres fundadores para tejer ese hilo originario de EEUU con el nacionalismo cristiano.

La intención política y simbólica era clara, transmitir que el poder político estadounidense y el cristianismo forman parte de una misma tradición sagrada. De ahí que muchos críticos hablen de “nacionalismo cristiano” y de una puesta en escena casi teocrática.

El escenario, con el monolito del Monumento de Washington detrás, recordaba a películas clásicas como Los diez mandamientos, y estaba rodeado de casetas con la estética de las superproducciones bíblicas de Hollywood de los años 50 y 60, en las que se mezclan las estéticas antiguas, ya sea Egipto, Roma o la Jerusalén bíblica. Parecía más un decorado de epopeya bíblica que un acto político.Y no es casual: ese tipo de imaginería transmite grandeza, destino histórico y autoridad moral divina. Así, el nacionalismo cristiano trumpista intenta presentar la política casi como una misión religiosa o una batalla civilizatoria.

Y ante ese akelarre religioso en el centro de Washington DC el pasado domingo, al lado de la Casa Blanca, el líder supremo decidió participar a distancia, con un vídeo en el que aparecía leyendo un fragmento de la Biblia. Pero como los suyos lo consideran tan infalible, ni siquiera se quejan por que ese vídeo sea reciclado, y haya sido usado unas semanas antes para un acto similar llamado “EEUU lee la Biblia”.

El acto multitudinario del domingo en el National Mall, un interminable servicio evangélico cristiano, fue bautizado como Rededicate 250, para poder colarlo como un acto relacionado con las diferentes celebraciones del 250 aniversario de la independencia de EEUU, y así poder ser financiado con fondos públicos –a través de concesiones del Servicio de Parques Nacionales y partidas de la conmemoración histórica–, y respaldado por el presidente Trump.

“Rededicate 250 es una jornada nacional de oración, alabanza y acción de gracias que se celebra en el National Mall con motivo del 250º aniversario de los Estados Unidos”, se dice en su web: “Se trata de un encuentro histórico para dar gracias por la providencia de Dios, reflexionar sobre la historia de nuestra nación y volver a consagrar a Estados Unidos como una nación bajo Dios”.

Es decir, se trataba de “rededicar la nación a Dios”.

El programa, de ocho horas de duración, incluyó canciones, oraciones y discursos de altos cargos del Gobierno, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El acto contó con la participación de líderes religiosos como el evangelista Franklin Graham y el cardenal Timothy Dolan.

“No había nada de cristiano en lo que vimos”, decía el obispo evangélico William J. Barber II en Democracy Now: “Esto es idolatría. Esto es herejía. Esto es una forma de nacionalismo religioso. Esto es adoración a Trump. Esto es intentar convertir a alguien en una figura mesiánica”. Barber, presidente de Repairers of the Breach y director fundador del Centro de Teología Pública y Política Pública de Yale, participó el domingo en un acto paralelo llamado Redirect 250.

Sarah Posner, autora de Unholy: How White Christian Nationalists Powered the Trump Presidency, and the Devastating Legacy They Left Behind, afirmaba: “Esto es realmente una batalla por el alma de Estados Unidos. Los evangélicos, durante décadas, se han empapado de la teología e ideología sionista cristiana, que sostiene que Estados Unidos tiene el deber bíblico de defender a Israel y, en particular, de defender a Israel de una agresión, ya sea nuclear o de otro tipo, de Irán”.

“Vivimos bajo una Constitución laica cuyas únicas referencias a la religión son excluyentes”, afirma Annie Laurie Gaylor, copresidenta de la Freedom From Religion Foundation (FFRF): “Estados Unidos se fundó sobre los principios de la Ilustración, no sobre la autoridad bíblica. Ni por muchas concentraciones de oración ni por mucha historia revisionista se podrá borrar eso”.

Y las frases pronunciadas por alguno de los insignes participantes dejan poco lugar a dudas.

“Dios Todopoderoso, te pedimos que escuches estas solemnes súplicas. Así como al principio consagramos esta tierra a tu santísimo nombre, hoy, aquí, Señor, en este 250 aniversario de la independencia estadounidense, reafirmamos nuestra consagración de los Estados Unidos de América como una sola nación bajo Dios”, dijo Mike Johnson.

El locutor de radio ultra Eric Metaxas, terció con un razonamiento que seguro llenó de regocijo a Trump: “Cuesta creer que el Señor tardara dos siglos en crear a un gran hombre que, por fin, consiguiera que ese salón de gala ocupara el lugar que le corresponde. Es extraordinario. Solo hemos tenido que esperar 200 años”.

Posner, en Democracy Now, explicaba sobre el acto del domingo: “Es otro ejemplo de la agenda nacionalista cristiana del gobierno. Sus seguidores nacionalistas cristianos sostienen, falsamente, que Estados Unidos se fundó como una nación cristiana, que Dios quiso que se fundara como tal, y que la nación cristiana se ha alejado de esa fundación divinamente prevista, y que es su deber, tanto espiritual como políticamente, restaurarla. ¿Qué significa eso? Para ellos, el progreso político, social y legal de los siglos XX y XXI es lo que, según creen, ha provocado el declive de Estados Unidos y su caída en el pecado. Así que, en realidad, se trata de una batalla por el alma de Estados Unidos. ¿Nos convertiremos en una nación plural y laica, gobernada por leyes seculares que protejan la igualdad de derechos para todos, o en un país nacionalista cristiano, donde la religión de Mike Johnson y Paula White se imponga al resto?”

“Durante mucho tiempo en nuestro país, esto se habría considerado una grave violación de la separación entre la Iglesia y el Estado”, prosigue Posner, “que los contribuyentes financiaran un evento específicamente religioso, dirigido a un público en particular y que, además, busca proyectar el favoritismo del gobierno hacia una determinada orientación religiosa. En las últimas décadas, la Corte Suprema, que, cabe destacar, también ha sido moldeada por Donald Trump, ha erosionado la separación entre Iglesia y Estado. E incluso más allá de lo que pueda ser legal o ilegal según la jurisprudencia actual de la Corte Suprema, Trump ha pisoteado prácticamente todas las normas y valores que tenemos, incluyendo el gasto de dinero de los contribuyentes en sus propios proyectos, incluyendo su proyecto de nacionalismo cristiano en este caso”.

En todo caso, Trump prefirió enviar un vídeo reciclado mientras jugaba al golf el domingo, en una muestra de que el acto no le importa lo suficiente como para mezclarse con la multitud, pero sí le importa lo bastante como para buscar el apoyo de esa multitud. Como cuando ha hecho inaugurar una estatua dorada de 6,7 metros de altura de un Trump levantando el puño, conocida como Don Colossus, instalada recientemente en el Trump National Doral Miami en una ceremonia religiosa en la que uno de los pastores, Mark Burns, señaló que “no es un becerro de oro”, para aplacar las críticas de los católicos.

Como decía el obispo William Barber II, el acto del domingo, pretendidamente cristiano, no fue nada piadoso: no mencionaron hablaron de la pobreza, la privación de la atención médica, la guerra injusta y el maltrato a los inmigrantes o el sufrimiento de los más desfavorecidos.

Por todo eso surge la brecha entre el papa León XIV y Donald Trump, que se hace más evidente cada día que pasa, por mucho que la Casa Blanca enviara al católico cubanoamericano Marco Rubio a Roma. Una misión que mostró con elocuencia los mundos paralelos en los que viven el Vaticano y la Administración Trump. Mientras el papa regaló a Rubio una planta de la paz, el jefe de la diplomacia estadounidense entregó un pequeño balón de cristal como símbolo del Mundial de fútbol.

Las provocaciones de Trump son incontables, como aquel post de hace un mes en sus redes sociales con una imagen suya en el cuerpo de Jesucristo, y que tanto enfadó a los católicos hasta el punto de borrarlo.

El inicio de la gran tensión entre Trump y el papa nace cuando el presidente de EEUU amenazó con “destruir” Irán y su “civilización”, el pasado 7 de abril. Aquel día, el papa declaró: “Hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”. A partir de ahí, León ha realizado alegatos contra las guerras injustas, y Trump ha respondido llamando “débil” al pontífice, quien ha llegado a decir: “No tengo miedo a la Administración Trump, la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra. El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”.

En plena Semana Santa, la extelepredicadora Paula White, asesora espiritual principal de Trump, quien dirige la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca, afirmó: “Señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado y arrestado, y falsamente acusado. (...) El tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro”.

Paula White es la mujer que aparece a menudo dirigiendo grupos de oración, colocando las manos sobre el presidente en señal de oración y asistiendo a ceremonias de firma de leyes en el Despacho Oval.

Así, Trump ha creado la Oficina de Fe de la Casa Blanca para la participación de líderes religiosos en el diseño de políticas públicas, dirigida por la pastora evangelista White-Cain; ha fundado la Comisión de Libertad Religiosa, dentro del Departamento de Justicia para combatir el supuesto “sesgo anticristiano” en las normas federales; está combatiendo el aborto por todas las vías posibles, así como los derechos de identidad transgénero, al tiempo que flexibiliza las restricciones políticas en los púlpitos para permitir que los pastores y líderes religiosos respalden o critiquen abiertamente a candidatos políticos desde sus iglesias sin perder su estatus de exención fiscal.

Además, las comisiones gubernamentales y los oficiales están dominados de forma casi exclusiva por representantes evangélicos blancos, marginando a iglesias afroamericanas históricas, al protestantismo tradicional y a las minorías no cristianas como musulmanes, budistas o judíos reformistas.

El trumpismo se está entregando cada vez más al nacionalismo cristiano. Pero el verdadero culto sigue siendo al líder, a Donald Trump.

Donald Trump presume del boom de la bolsa, como si fuera un indicador de la salud de su economía y, en particular, de la de sus votantes. Lo ha vuelto a hacer este martes, antes de partir hacia China, hablando de los índices del Dow Jones y el S&P para oponerlo al peor dato de inflación en EEUU en tres años recién publicado: los precios se han disparado hasta el 3,8% por su guerra en Irán y el impacto que está teniendo en la energía y la gasolina.

Pero a Trump lo que le importa es que su corte de tecnoligarcas, con Larry Ellison (Oracle) al frente, junto a Mark Zuckerberg (Meta) y su exnuevo mejor amigo Elon Musk (X y Tesla), entre otros. Son a ellos a los que recibe en cenas, a quienes les pide que se hagan con la CNN y la CBS para convertirlas en cadenas afines, a quienes les ruega que se queden con la división estadounidense de TikTok, para así sortear la orden de cerrar la aplicación en EEUU. Pero a él le va bien en TikTok, y no quiere que desaparezca en EEUU.

Eso es lo que más le importa a Trump, y no que el galón –3,78 litros– de gasolina haya pasado de 3,1 dólares de media en EEUU hace un año a los 4,5 dólares de ahora, lo que supone una subida del 50%, y todo a raíz de su guerra en Irán, lanzada sin justificación ni amenaza.

Y es contra esos tecnoligarcas y sus centros de datos en ingentes terrenos repartidos por el país contra quienes se está generando un movimiento comunitario y vecinal creciente en Estados Unidos.

Saul Levin, participante del movimiento contra la concentración del poder de las grandes empresas tecnológicas y presentador del nuevo podcast The Hum, en el que comparte “historias de personas de todo Estados Unidos que luchan contra la incursión de la IA y los centros de datos en todos los aspectos de nuestras vidas”, me contaba este martes: “La lucha contra los centros de datos de IA en EEUU es una lucha por quién controla nuestro futuro. No se trata de estar a favor o en contra de la inteligencia artificial, sino de si los multimillonarios de Silicon Valley deben controlar nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra tierra y nuestra agua”.

Hace unos días hablé con ⁨⁨Matthew Rodríguez⁩⁩, miembro del colectivo Amanecer People’s Project en El Paso (Texas, 680.000 habitantes), y me contaba el caso que están viviendo en su comunidad. Actualmente, se están desarrollando tres gigantescos complejos de centros de datos en la región de El Paso: las instalaciones de Meta en el noreste de la ciudad; el Proyecto Júpiter, en Santa Teresa (Nuevo México) y, ahora, un complejo aún mayor proyectado en terrenos federales dentro de la base militar de Fort Bliss.

Rodríguez cuenta que en 2023 una empresa llamada Worldwide LLC se puso en contacto con el Gobierno municipal de El Paso para explicarles que iban a construir un centro de datos. No hace tanto de aquello, pero por aquel entonces no se sabía cómo ahora en qué consistían estos centros de datos, dedicados especialmente a la inteligencia artificial. “No explicaron que, en realidad, se dedicaría a la minería de datos, ni el enorme consumo de energía y agua que esto implicaría. Así que lo aprobaron y, al aprobarlo, concedieron una exención fiscal del 80% por un periodo de 25 años para ese proyecto en concreto. En aquel entonces, el proyecto estaba valorado en 800 millones de dólares”, explica Matthew Rodríguez⁩⁩.

Desde entonces, no hubo novedades significativas en ese proyecto hasta que se anunció otro, que técnicamente está en Nuevo México, pero se encuentra en el área metropolitana de El Paso: el Proyecto Júpiter (Santa Teresa, Nuevo México), un complejo de centros de datos con un presupuesto de 165.000 millones de dólares desarrollado por Stack Infrastructure, OpenAI y Oracle. Representa una de las mayores inversiones privadas de la historia de Estados Unidos, centrada en el entrenamiento de IA, la infraestructura de chips de alta tecnología y la capacidad energética a largo plazo.

“En cuanto se anunció ese proyecto, la gente empezó a interesarse más y a preguntarse: '¿Por qué se invierte tanto dinero en esto? ¿Por qué están solicitando todos estos permisos? ¿Qué son exactamente estas instalaciones?”, recuerda Rodríguez: “Y fue precisamente entonces cuando empezaron a confirmar que la empresa detrás del proyecto de El Paso era Meta, y se reveló que Meta tiene permiso para utilizar 1,5 millones de galones de agua al día”.

A partir de ahí, Meta redobló la apuesta y anunció que la inversión sería de 1.500 millones de dólares, manteniendo la exención fiscal. Así que ahora se trataba de una exención fiscal del 80% sobre un proyecto de 1.500 millones de dólares. “Fue en ese momento cuando realmente comenzamos a organizarnos”, explica Rodríguez: “Empezamos a celebrar reuniones comunitarias, asambleas ciudadanas, movilizamos a la gente y presionamos al Ayuntamiento en un momento en que la situación resultaba increíblemente impopular y en el que el alcalde y todos los miembros de la corporación municipal, salvo dos, son nuevos, por lo que reconocían que era un mal acuerdo pero añadían: 'Meta nos demandará y llevará a la ciudad a la bancarrota. Así que, básicamente, estamos siendo rehenes de Meta”.

“Personas de todos los ámbitos de la vida y de todas las tendencias políticas están alzando la voz porque las empresas, con sus propios beneficios en mente, están imponiendo la instalación de centros de datos de IA en sus ciudades”, explica Levin: “Las empresas tecnológicas se benefician, mientras que el resto de la población se queda con facturas de electricidad elevadas, escasez de agua, ruido de drones y tierras en barbecho. En este país es más fácil abrir un centro de datos de la IA del tamaño de Manhattan que abrir una cafetería”.

Levin llama a su podcast The Hum. Según el Instituto de Estudios Medioambientales y Energéticos (EESI), los centros de datos emiten sonidos en una amplia gama de frecuencias, tanto altas como bajas. Las frecuencias más bajas, especialmente aquellas por debajo del umbral de audición humana, son particularmente difíciles de detectar sin un equipo fiable, lo que complica especialmente la evaluación del ruido para las comunidades locales. Y a ese zumbido que no se oye casi se le llama en EEUU hum.

Según denuncian los activistas, las personas que viven cerca de los centros de datos de IA en Estados Unidos señalan que tienen con cada vez más frecuencia enfermedades provocadas por un zumbido casi imperceptible. El infrasonido, que en algunos casos se siente más que se oye, “está provocando que las personas que viven en las inmediaciones de varios centros de datos enfermen con síntomas como dolores de cabeza, insomnio, náuseas y ansiedad”, denuncian, y alertan de que quienes viven cerca de determinados centros de datos han informado de niveles de ruido que se acercan a los 100 dB, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Arrasando con el agua y la energía

Rodríguez, por su parte, cuenta que el centro de datos de El Paso consumiría más agua que todas las escuelas juntas y requeriría más energía que la totalidad de las viviendas y edificios residenciales de la ciudad: “Para alimentarlo energéticamente, están construyendo una central eléctrica privada a gas, con generadores convencionales funcionando de manera ininterrumpida, lo cual generaría más contaminación atmosférica que todo El Paso y Juárez combinados”.

¿Y cuánto empleo aportará a la ciudad? “En ese acuerdo fiscal que firmaron en 2023, parte de las obligaciones estipuladas se referían a los empleos, y lo único que se le exige a Meta —en el sentido de que sea legalmente vinculante— son 50 empleos a tiempo completo. Tiempo después, se comunicó que la inversión de Meta ascendería a 10.000 millones de dólares, en lugar de los 1.500 millones previstos inicialmente.

“Texas no tiene esa clase de agua, ni energía. Faltan ambas cosas. Simplemente, no hay suficiente; no tiene ningún sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Hemos escuchado a representantes de ambos partidos —tanto republicanos como demócratas— y nadie está contento con esto. Nadie está entusiasmado con los centros de datos”, argumenta Rodríguez: “La pregunta es: ¿para quién son? Lo siguiente que veremos, debido a la gran oposición por parte de la comunidad, es que intentarán ubicarlos en bases militares, para así no tener que someterlos a la aprobación de ningún organismo gubernamental. El Departamento de Defensa podría simplemente aprobarlos como proyectos militares e instalarlos en terrenos pertenecientes a las bases”.

La lucha contra los centros de datos se está extendiendo por todo EEUU. Un caso cercano a El Paso es el de Tucson, en Arizona, donde se paró un proyecto de Amazon valorado en 1.500 millones de dólares. En San Marcos, situada justo entre Austin y San Antonio, se ha cancelado otro proyecto. Y en Nuevo México, ante el Proyecto Júpiter, la comunidad ha interpuesto demandas.

“En esencia, un centro de datos no es más que una inmensa superficie de terreno, un espacio vacío, desprovisto de personas, ocupado únicamente por máquinas que consumen energía y agua. Eso es todo lo que hacen; es decir, no generan empleos. No aportan nada, solo necesitan mucho espacio”, señala Rodríguez: “Y por eso nadie está haciendo nada al respecto; ni siquiera los sindicatos, porque por lo general se trata de un centro de datos gigantesco, que tal vez genere cien empleos permanentes como máximo. La mayoría de los puestos son de construcción, pero esos no son permanentes. Una vez construido, quedan muy pocos empleos permanentes. Los llaman 'personal de mantenimiento'. Implica un gran consumo de agua, contaminación atmosférica y una cantidad de empleos insuficiente para elevar de manera significativa los salarios de los habitantes de El Paso”.

Según Rodríguez, estos centros generarán una demanda eléctrica de casi 6,5 gigavatios, cuando El Paso Electric cuenta con una capacidad de generación de unos 2,9 gigavatios, y la demanda máxima que la compañía eléctrica ha logrado satisfacer simultáneamente en toda su historia ha sido de aproximadamente 2,3 gigavatios. “Por lo tanto, para abastecer de energía a tan solo tres centros de datos, estamos hablando de suministrarles el doble de electricidad que la que consumen, en conjunto, todos los hogares y negocios que se extienden desde Hatch (Nuevo México) hasta Van Horn. Estas inversiones podrían poner en riesgo los recursos hídricos de la región y generan cantidades astronómicas de contaminación atmosférica; todo ello con el fin de dar soporte a una tecnología de inteligencia artificial que, muy probablemente, traerá consigo cambios trascendentales para nuestro mundo: cambios que a algunos les resultan inquietantes y a otros, prometedores”.

Bernie Sanders da la voz de alarma

Hace unas semanas estuve en un acto organizado por Bernie Sanders en el Senado de EEUU sobre las amenazas de la IA. Sanders, junto con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ha lanzado diversas iniciativas legislativas y políticas para alertar de los riesgos de la IA, reclamar su regulación y apostar por una transición que tenga en cuenta las repercusiones en el mercado laboral de su extensión.

La mesa redonda, sobre amenazas existenciales de la IA, contaba con la participación de expertos como Max Tegmark (MIT), David Krueger (Universidad de Montreal) y los investigadores chinos Xue Lan (Universidad de Tsinghua) y Zeng Yi (Instituto de Pekín para la Seguridad y la Gobernanza de la IA).

Allí, Sanders defendió la importancia de la cooperación internacional en la regulación de la IA. Mientras las startups y los gigantes tecnológicos, sobre todo en Silicon Valley y Pekín, compiten por avanzar y ampliar su inteligencia artificial, el senador por Vermont, referente progresista estadounidense, se ha situado entre quienes abogan por medidas de protección, expresando su preocupación por las posibles implicaciones derivadas del uso generalizado de la IA, entre ellas la desinformación, la pérdida de la privacidad de los datos y el aislamiento social entre los adolescentes que dependen de los chatbots.

Sanders, junto con Ocasio, también ha expresado su alarma por los riesgos que la automatización puede suponer para la sociedad estadounidense, como el posible aumento del desempleo si las empresas prefieren la mano de obra automatizada a los trabajadores humanos.

“Las personas más ricas y poderosas del mundo están construyendo ahora un tren descontrolado sin frenos. Reconocen que no entienden cómo funciona y que no saben hacia dónde se dirige”, dijo Sanders en el acto, donde abogó por un tratado internacional similar al pacto nuclear de la era de la Guerra Fría: “Necesitamos cooperar. Necesitamos diálogo”.

En marzo, Sanders y Ocasio anunciaron un proyecto de ley que, de aprobarse, detendría la construcción de nuevos centros de datos de IA: “La IA y la robótica están creando la revolución tecnológica más radical de la historia de la humanidad. La escala, el alcance y la velocidad de ese cambio no tienen precedentes. El Congreso está muy por detrás de donde debería estar en cuanto a la comprensión de la naturaleza de esta revolución y sus repercusiones”.

“En 2025, unos 48 proyectos de centros de datos, con un valor estimado de 156.000 millones de dólares, fueron bloqueados o paralizados por la oposición local. Todo apunta a que 2026 será un año aún más importante para la resistencia a la IA”, explica Saul Levin en un artículo publicado en The Guardian con Astra Taylor, escritora y documentalista, además de cofundadora de Debt Collective: “Desde las zonas rurales de Carolina del Norte hasta los suburbios de Virginia, pasando por las estribaciones y tierras de cultivo de Nuevo México y Oregón, la gente común se está uniendo, superando las divisiones partidistas, para decir no a un statu quo que permite a los grupos de presión tecnológicos aprobar acuerdos de centros de datos a un ritmo vertiginoso, a menudo amparados en el secretismo impuesto por acuerdos de confidencialidad. En Indiana, un estado tradicionalmente republicano, más de 10 condados han decretado moratorias o prohibiciones temporales a nuevos centros de datos de IA; la Nación Seminola en Oklahoma aprobó recientemente una moratoria para su territorio; y en todo Nueva Jersey, se han cancelado numerosos proyectos debido a la indignación local por los acuerdos abusivos que se ofrecen”.

“El movimiento contra los centros de datos gira en torno a un conjunto de preocupaciones compartidas”, escriben: “Facturas de servicios públicos exorbitantes, un consumo insostenible de energía y agua, contaminación acústica y lumínica, degradación del suelo, la escasez de empleos locales de calidad (por no mencionar la perspectiva de un apocalipsis laboral a escala social) y un poder corporativo sin control; todo ello sumado a los usos socialmente problemáticos de la IA generativa, que van desde los bots que intentan desnudar digitalmente a adolescentes hasta la basura que satura nuestros muros en las redes sociales”.

Y añaden Levin y Taylor: “El extraordinario crecimiento orgánico del movimiento de resistencia contra los centros de datos —que abarca diversas geografías, intereses económicos e ideologías— refleja las enormes dudas que conlleva la infraestructura de la IA, así como la creciente indignación hacia la élite tecnológica. El movimiento contra los centros de datos no trata únicamente sobre el futuro de una tecnología novedosa; trata sobre el futuro de la democracia. Trata sobre quién controla la economía y sobre si la gente común tiene voz y voto en las decisiones que le afectan. Dado que a todos se nos ha negado una voz en esta convulsión tecnológica, todo el mundo debería estar animando a este movimiento. O, mejor aún, sumándose a la lucha”.

¿Hasta dónde llegará esa lucha? ¿Se puede corregir este tsunami desde las comunidades? Con Donald Trump, el foco mediático siempre está puesto en todo lo que dice. Pero, en EEUU, como en cualquier país, hay mucho movimiento por debajo del radar que puede tener un recorrido de largo alcance.

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”. La frase, atribuida a George Orwell, aparecía en una pegatina en el ordenador de Amy Goodman en las escenas del documental sobre su carrera periodística. En un momento en el que cada vez hay menos medios de comunicación en Estados Unidos y en el que el presidente del país se dedica a perseguir a todo aquel que le lleve la contraria, el lema de esa pegatina de la creadora de Democracy Now! resuena de forma poderosa, al igual que uno de sus lemas: “No nos callaremos”.

Del mismo modo que resonaban las insistentes preguntas que le formulaba la periodista al representante de la Administración Trump en la cumbre del clima de Katowice, en 2018, Preston Wells Griffith III. Y así es como arranca el documental recién estrenado 'Steal This Story, Please!', con Goodman a la carrera, escaleras arriba y abajo, persiguiendo por toda la instalación al enviado de Estados Unidos, sin obtener respuesta alguna sobre el negacionismo climático de la Casa Blanca, hasta que éste se encerró en el despacho de la delegación estadounidense.

Esa perseverancia a la hora de hacer las preguntas incómodas y, más importante aún, las repreguntas necesarias, es uno de los elementos que definen la carrera de Goodman, y también la actual presidencia de Trump, donde la selección de los periodistas que forman parte del pool de la Casa Blanca por parte de la propia administración está favoreciendo que cada vez haya más pelotas haciendo preguntas que verdaderos periodistas. Un momento histórico, también, en el que las maniobras políticas han permitido la compra de CBS por parte de un estrecho aliado de Trump, Larry Ellison; y de Warner Bros (con la CNN incluida) por parte del hijo de Ellison, dueño de Paramount.

El sábado pasado me acerqué a Silver Spring, Maryland, para ver en el cine el documental sobre la figura de la periodista Amy Goodman y estos 30 años de Democracy Now!, desde sus inicios en una emisora independiente, Pacifica Radio, hasta el actual programa matinal diario en streaming que se emite en más de 1.500 emisoras de televisión, radio y plataformas de internet en todo el mundo. “No intentamos ganar dinero con esto”, dice Goodman sobre su documental, “intentamos hacer comunidad”.

A diferencia de los grandes medios, que desde la ley de 1996 de telecomunicaciones de Bill Clinton se han ido concentrando cada vez más en menos manos, Democracy Now! es un medio independiente que vive de las aportaciones de sus seguidores, de donaciones voluntarias que han logrado que se haya convertido en un medio de referencia para gran parte del mundo progresista estadounidense.

Después de la proyección del documental, se produjo un pequeño diálogo con Goodman en el que describió una de las claves de su programa, que describe en la cinta: abrir el foco de la atención a las personas omitidas por los medios tradicionales y las grandes corporaciones de la comunicación: “El valor es el de las personas a las que cubrimos. Esa es la inspiración”.

Tanto durante la proyección del documental como durante la conversación con Goodman, no pude evitar ver paralelismos –con todas las salvedades– entre su proyecto y algunas de las cosas que intentamos hacer en elDiario.es, como poner el foco en temas y enfoques que a veces han sido desdeñados u orillados por grandes medios. Asimismo, buscar el vínculo con una comunidad ante la que responder hasta el punto de considerar imprescindible publicar nuestras cuentas anuales y organizar actos con esa comunidad para escuchar lo que nos tiene que decir; unas socias y socios que, como los de Goodman, son garantes de nuestra independencia económica y editorial.

Así, Goodman explica que el “hilo conductor a lo largo de la película” tiene mucho que ver con “la consolidación de los medios corporativos” impulsada a partir de 1996. Y argumenta: “Cuando lo planteábamos hace 30 años, varios periodistas con muy buenas intenciones, que se incorporaron a las cadenas para tener una audiencia amplia con la que desafiar al poder, se encontraron con que los terminaban apartando. Y mucha gente de dentro decía: 'Dejad de criticar a los medios corporativos'. Y ahora son ellos los que dicen: 'Tenéis que decirlo cada vez más alto'. Hoy, en cambio, son esos mismos periodistas quienes advierten sobre los efectos de esa concentración, en parte porque también se han convertido en sus víctimas”.

Goodman lo ilustra con ejemplos recientes: “El Washington Post ha recortado un tercio de la plantilla, cientos de reporteros. Hace unas semanas tuvimos a un periodista del Washington Post que hizo un análisis increíble del primer día de los ataques aéreos de EEUU contra Irán, y hablaba del misil Tomahawk estadounidense que destruyó esa escuela primaria de niñas en el sur de Irán, en Minab, donde murieron al menos 175 personas. Pero ya no trabaja para el Washington Post. Unos días antes había recibido la notificación de despido”. Es decir, quienes intentaron resistir desde dentro acaban expulsados por las mismas dinámicas corporativas que, durante años, se les pidió no cuestionar.

El título del documental, Steal This Story, Please! —Roba esta historia, por favor— tiene que ver con el compromiso de Goodman de impulsar a la agenda pública historias de relevancia social; buscar que trasciendan el ámbito de los medios independientes y sean recogidas por los medios de comunicación convencionales. En este sentido, el lema de Goodman es que las historias lleguen a todo el mundo, a la mayor audiencia posible, como camino para mejorar el mundo.

Así, el documental recoge algunas de las grandes historias de Goodman que dieron la vuelta al mundo. Como cuando documentó el papel de Estados Unidos en el suministro de gran parte del armamento utilizado durante la ocupación represiva de Timor Oriental por parte de Indonesia. Tras viajar al país, Goodman fue testigo en primera persona y expuso la masacre de Santa Cruz de 1991, en la capital, Dili, cuando las tropas indonesias abrieron fuego contra manifestantes, causando la muerte de más de 270 personas. Tanto Goodman como su colega periodista Allan Nairn resultaron heridos, junto a miles de personas más.

Tras su reportaje, Timor Oriental, del que no se había hablado durante 17 años en los medios de comunicación mainstream en Estados Unidos se convirtió en objeto de numerosas protestas, y llevó a la suspensión de la venta de armas y la ayuda militar de Estados Unidos a Indonesia.

Años después, en 2016, Goodman grabó a guardias de seguridad privados del oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) utilizando perros y gas pimienta contra manifestantes nativos estadounidenses en Dakota del Norte: los perros, algunos con sangre en el hocico, mordieron a los manifestantes, lo que generó una gran repercusión en todo EEUU.

En julio de 2020, un juez federal ordenó el cierre y vaciado del oleoducto Dakota Access (DAPL) para realizar una nueva evaluación ambiental, marcando un hito tras años de protestas lideradas por la tribu Standing Rock Sioux. La orden exigía detener el flujo de petróleo mientras se completaba una Declaración de Impacto Ambiental, aunque posteriores apelaciones permitieron que el oleoducto continuara operando durante el proceso legal.

Pero otras historias recogidas en el documental, aun sin finales felices, contribuyeron a visibilizar realidades hasta entonces ocultas y a transformar la percepción pública. Una de ellas es la que llegó a los grandes medios cuando Goodman expuso la connivencia de la petrolera Chevron con las fuerzas de seguridad nigerianas en la represión de protestas en 1998, en el delta del Níger, que se saldó con varias personas asesinadas y afectó seriamente a la imagen internacional de la compañía.

Otra es cuando dio una sección al periodista encarcelado Mumia Abu-Jamal, quien pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte en Pensilvania (hasta que su condena a muerte fue anulada en 2011, aunque aún permanece en prisión). Su caso, marcado por denuncias persistentes de irregularidades judiciales, se convirtió en un símbolo global, y su voz, difundida desde la cárcel, en un testimonio de las condiciones y vulnerabilidades del sistema penitenciario estadounidense.

A mediados de los años noventa, varias emisoras afiliadas a la radio pública NPR tenían previsto emitir unos comentarios grabados por Abu-Jamal desde el corredor de la muerte, pero la iniciativa fue cancelada tras fuertes presiones políticas y mediáticas. En ese contexto, Goodman decidió darle espacio en su propio programa, apostando por dar voz a alguien que otros medios habían optado por silenciar con los riesgos que eso comportaba.

Goodman ha seguido el caso de Abu-Jamal durante décadas, como parte de su compromiso en mostrar la crueldad de la pena de muerte en el sistema penitenciario y judicial estadounidense. Así, un caso representativo es el de la puesta en libertad de Moreese Bickham en 1996, quien había sido condenado a cadena perpetua.

Bickham era un hombre negro de Luisiana, condenado por un doble homicidio en 1958 y sentenciado a cadena perpetua. El periodista David Isay, tras fracasar en sus intentos por conseguir la puesta en libertad del preso, recurrió a Amy Goodman. Tras una intensa cobertura, que incluyó una avalancha de llamadas de oyentes a la oficina del gobernador de Luisiana, Edwin Edwards, la condena de Bickham fue conmutada y fue puesto en libertad tras 37 años y fue recibido en los estudios de Goodman en 1996.