El desalojo reúne tres elementos: un contrato de renta antigua de 1956, una empresa inmobiliaria que le planteó un alquiler más de tres veces superior al que pagaba, y sectores de la derecha que convirtieron a una anciana de 87 años en objeto de burla y descalificación moral. Cuando esos tres factores coincidieron, el cuerpo de Maricarmen dejó de poder tratarse como un asunto estrictamente privado y se convirtió en un símbolo de una crisis estructural. Mary Douglas sostuvo en Símbolos naturales (1970) que el cuerpo físico es un modelo del cuerpo social: lo que una sociedad piensa de sí misma se lee en cómo trata los cuerpos. Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock (1987) distinguieron tres cuerpos, el individual, el social y el político, y el de Maricarmen los reúne: una mujer de 87 años con movilidad reducida, un barrio que la rodeó y un debate de Estado que se libró sobre ella.

Maricarmen llegó al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, un sexto piso de unos 90 metros cuadrados en Retiro, cuando su padre firmó el contrato de alquiler, el 3 de septiembre de 1956. Su madre no pudo figurar como arrendataria: la ley franquista no se lo permitía. Maricarmen, nacida en noviembre de 1938, tenía 17 años. Allí vivió casi toda su vida. El contrato se subrogó a su madre tras la muerte del padre, en 1960 según El País y en 1961 según El Español, y a ella misma en 2005, cuando falleció la madre. Pagaba alrededor de 500 euros mensuales entre renta y gastos; las fuentes no coinciden en cuánto era la renta estricta, que aparece entre 200 y 440 euros. Era un contrato que todo el mundo —incluida ella, según su abogada, Beatriz Duro— daba por blindado.

El 28 de junio de 2018, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una empresa inmobiliaria con sedes en Madrid y Valladolid, adquirió el piso (no el edificio entero) y le ofreció venderlo a Maricarmen por unos 250.000 euros, que ella no tenía. Durante dos años nada cambió. En 2020, la empresa le comunicó que debía abandonar la vivienda: consideraba que la segunda subrogación solo había durado dos años, el límite que fija la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65%. A Maricarmen se le reconocía un 50%, quince puntos por debajo. El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid le dio la razón el 27 de enero de 2022. La Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia el 30 de junio de 2022 y declaró extinguido el contrato, y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación por auto de 13 de diciembre de 2023, que dejó firme la resolución. Setenta años después de que su madre no pudiera firmar el contrato, una ley democrática, la de 1994, volvía a decidir quién tenía derecho a quedarse.

Entre lo que dice la ley y lo que una comunidad considera justo existe una distancia que las ciencias sociales conocen como economía moral. E. P. Thompson la describió en las multitudes inglesas del siglo XVIII y James Scott en el campesinado del sudeste asiático: en ambos casos la gente defendía un derecho de subsistencia que ninguna norma escrita le reconocía. El derecho a quedarse en la casa donde se han vivido setenta años pertenece a esa familia, y por eso el fallo judicial no cerró el conflicto: lo llevó a la calle.

Lo que vino después fue un pulso de casi un año: cuatro intentos de desahucio. Los tres primeros, en otoño de 2025 y en dos ocasiones durante junio de 2026, se suspendieron por movilización vecinal y presión del Sindicato de Inquilinas; entre medias, la ONU pidió frenar los lanzamientos. En 2024, Urbagestión le había notificado una subida del 275% sobre su renta, hasta 1.650 euros mensuales, que presentó como una oferta por debajo de los 2.650 a los que, según la empresa, se alquilaban ya otros pisos reformados del bloque; según Público, llegó a plantear esos 2.650 euros una vez recuperada la vivienda. Urbagestión asegura que ofreció una renta bonificada entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado. La pensión de Maricarmen rondaba los 1.400 euros, aunque los medios la sitúan entre 1.300 y 1.450, de modo que incluso 1.650 euros la superaban.

El 23 de septiembre de 2026, hacia las 13:00, la comisión judicial ejecutó el desahucio. Cientos de personas habían pasado la noche en la calle para intentar frenarlo. A Maricarmen la sacaron del edificio en camilla y los sanitarios del Samur la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón, ante los cientos de personas concentradas frente al inmueble. Nunca volvió a casa. Sus pertenencias quedaron dentro del piso: no tuvo tiempo de recogerlas. Falleció el 7 de octubre.

Desde los días siguientes al desahucio, parte de la derecha la convirtió en diana. El concejal de Vivienda del PP en Benalmádena, José Luis Bergillos, la llamó puta sinvergüenza con miles de euros en el banco durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda. Ocurrió el mismo día en que Maricarmen murió. Bergillos pidió después sinceras disculpas, admitió un grave error y explicó que su intención era denunciar el uso partidista del problema. Lo de los miles de euros carece de pruebas: el bulo concreto hablaba de 250.000 euros en el banco y de acciones de BBVA, Santander y Telefónica; la abogada de Maricarmen lo calificó de mentiras ante Newtral, y Maldita.es advierte de que circula sin evidencia. Además, su patrimonio, su pensión, su pasado laboral, su trato con los vecinos y hasta un vídeo en el que aparecía caminando se usaron para cuestionar su relato; el vídeo era de octubre de 2025, según Newtral. Circularon bulos sobre una segunda residencia en la playa y sobre comidas en restaurantes caros. Un titular de Voz.us la presentó como la privilegiada anciana que el Gobierno utilizaba para intervenir el mercado de la vivienda. El 29 de septiembre, El Confidencial publicó una columna de opinión titulada Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo), que sostenía que se había aprovechado de otro sin tener derecho a ello; la propia Audiencia Provincial, sin embargo, constató que Maricarmen siguió pagando la renta y viviendo en el piso. El 25 de septiembre, el espacio Objetivo directo de The Objective se tituló La farsa de Maricarmen y se preguntó si había detrás una operación psicológica; según El Boletín, Roberto Vaquero sostuvo, sin pruebas, que a Maricarmen le han prometido algo.

No fue un episodio aislado. El 27 de septiembre, la cuenta oficial de Vox en X escribió: toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen tendría casa, y el 7 de octubre el portavoz de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, repitió la fórmula. El portavoz de IU en Benalmádena, Enrique Pablo Centella, que abandonó la reunión en protesta, dijo que no entiende cómo Bergillos ha podido comprar los bulos de la extrema derecha.

Un análisis publicado el 8 de octubre por Marcelino Madrigal sobre casi 13.500 publicaciones en X, TikTok, YouTube y Telegram concluye que hubo una ofensiva contra Maricarmen, pero sin plan detrás: ni granjas de bots ni mensajes copiados en masa, sino creadores con mucha audiencia que contaron la misma historia, cada uno en su red. A su juicio, pesaron más esos creadores que las declaraciones de los partidos. Según su recuento, el alcance se concentró en pocas manos: en X, tres tuits reunieron dos tercios de las visualizaciones hostiles.

Entre los argumentos que más se repitieron, según ese mismo análisis, estaba que Maricarmen pagaba poco, que vivía en un barrio caro y que debería haberse comprado una casa. La acusación da por hecho que el valor de un barrio pertenece a quien compra sus edificios. Los estudios urbanos y la antropología sostienen que ese valor lo produce en buena medida quien lo habita. Jane Jacobs mostró en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961) que lo que hace segura y deseable una calle, los ojos en la calle de vecinos y comerciantes que se conocen, lo sostienen quienes la habitan y la usan a diario. Henri Lefebvre distinguió en El derecho a la ciudad (1968) el valor de uso, el de quienes viven un lugar, del valor de cambio, el que fija el mercado. Neil Smith llamó en 1979 rent gap, brecha de renta, a la diferencia entre la renta del suelo que un solar rinde con su uso actual y la que rendiría con su mejor uso posible. Aplicada por analogía a este caso, la brecha separa un alquiler de unos 500 euros de los 2.650 a los que, según Urbagestión, se alquilaban otros pisos reformados del bloque, o de los entre 1.980 y 2.300 euros que estimaba Idealista para un piso equivalente, sin que haga falta atribuir intenciones a nadie. La ley de 1994 limitó las subrogaciones de las rentas antiguas con vistas a su extinción, y el argumento de la propiedad, que no tiene por qué subvencionar a un inquilino, tiene peso jurídico. La antropología pregunta otra cosa: de dónde sale el valor que se cobra. Mindy Fullilove, psiquiatra, llamó root shock al trauma de arrancar a una comunidad de su barrio, y el psicólogo Marc Fried describió en 1963 el duelo de los vecinos del West End de Boston realojados por una renovación urbana, comparable al de perder a una persona querida. Que tres intentos de desahucio se frenaran por movilización vecinal indica que ese tejido existía y tenía valor.

El ataque tiene una particularidad: apunta a la edad. La columna de El Confidencial lo formula sin rodeos: reconoce que tiene 87 años y que la sacan de su casa, pero sostiene que no siempre ha tenido 87 años. La vejez, que en algunas sociedades funciona como un escudo moral, se trata aquí como un dato que no cuenta. Simone de Beauvoir escribió en La vejez (1970) que la sociedad trata a los viejos como una especie extraña y consigue que nadie vea en ellos a sus semejantes, y escribió el libro para quebrar la conspiración del silencio. Susan Sontag mostró en 1972, en The Double Standard of Aging, que envejecer penaliza más a las mujeres que a los hombres; el insulto de Bergillos suma al desprecio por la edad un descrédito sexual.

La antropología encuentra respeto a los mayores en unas sociedades y abandono en otras, y esa variación ayuda a entender el ataque. Leo Simmons comparó en 1945 el trato a los ancianos en 71 sociedades y halló que su prestigio crecía donde conservaban derechos de propiedad e influencia en el gobierno, y caía con el clima duro. Igor Kopytoff sostuvo en 1971 que, en muchas sociedades africanas, los ancianos vivos y los ancestros muertos forman una misma categoría, de modo que el respeto al mayor y el culto al antepasado son una misma línea; la tesis ha sido discutida por otros africanistas. Una sociedad que corta esa línea y ve en los mayores un obstáculo vivo en lugar de futuros ancestros queda más libre para atacarlos.

La escasez hace el resto. Robert Binstock analizó en 1983, en The Aged as Scapegoat, cómo el discurso público pasa de ver a los mayores como un colectivo necesitado y merecedor de ayuda a señalarlos como responsables de las dificultades de otros grupos. René Girard explicó el mecanismo en El chivo expiatorio: una sociedad en crisis descarga su malestar sobre una víctima unánimemente señalada, a la que atribuye la culpa y que lleva marcas que la hacen parecer diferente, como la pertenencia a una minoría, la enfermedad o la debilidad. En un país donde la emancipación media llega a los 30 años, una anciana con un alquiler de 500 euros en Retiro resulta una figura útil: encarna el privilegio de quien llegó a tiempo y recibe un malestar que no encuentra otro destinatario. Aplicada entre generaciones, la lógica del don de Marcel Mauss (dar, recibir, devolver) convierte a los mayores en acreedores de una deuda que los jóvenes pueden preferir no reconocer. Maricarmen nació en plena guerra civil y pertenece a la generación que vivió la posguerra y el desarrollismo, la que suele decirse que levantó el país. Atacarla puede romper simbólicamente la cadena que permite a los jóvenes reclamar, a su vez, que se les devuelva algo; por eso importa que entre quienes salieron a defenderla hubiera tantos jóvenes.

La muerte de Maricarmen desencadenó una disputa sobre la vivienda y otra sobre cómo debía ser llorada. El 8 de octubre, el PP rechazó un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid con el argumento de que no iba a contribuir a su utilización política para hacer una campaña interesada; Más Madrid y PSOE lo guardaron en el atrio. En las Cortes de Aragón, PP y Vox votaron en contra de la propuesta, y en el pleno del Ayuntamiento de Madrid sus concejales permanecieron sentados mientras la oposición guardaba el minuto. La negativa puede leerse como una disputa sobre quién tiene derecho a definir qué significa esa muerte. En el marco del conflicto, un minuto de silencio podía interpretarse como el reconocimiento público de que aquella muerte no era un hecho privado, sino el desenlace de un conflicto político y social. Judith Butler preguntó en Marcos de guerra, a propósito de las guerras recientes, qué vidas merecen duelo público, y Katherine Verdery estudió en The Political Lives of Dead Bodies (1999), a propósito de las reinhumaciones postsocialistas, por qué los cuerpos muertos resultan símbolos políticos tan eficaces. El cuerpo de Maricarmen entró en esa disputa desde el día de su muerte.

Conviene mirar de frente un paralelismo, con los términos bien separados: el asesinato terrorista y un desahucio son hechos distintos, y lo que se compara es la operación política sobre la memoria de las víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA en 1995, ha construido su trayectoria pública sobre una premisa incómoda para todos: las víctimas no pertenecen a ningún partido. Ha criticado al PP por instrumentalizar el dolor de las suyas y ha dicho que todos los partidos las han usado, aunque unos más que otros; ha pedido que dejen en paz a las víctimas. Su argumento, tal como lo leo, sostiene que el homenaje que convierte a las víctimas en munición electoral las traiciona.

Aplicado a Maricarmen, la frontera exige distinguir tres operaciones. Una cosa es inventarle una biografía para destruirla —miles de euros en el banco— y otra insultarla: Morocarmen, puta sinvergüenza, jeta. La primera operación es una falsificación; la segunda, un descrédito moral que produce un efecto semejante: desplazar la atención desde las condiciones del desahucio hacia la conducta de la propia Maricarmen. Y otra muy distinta es recoger las palabras que ella misma dejó en un vídeo que el Sindicato de Inquilinas difundió desde el Gregorio Marañón: no he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. La tercera es una herencia. La frontera entre las dos primeras operaciones y la tercera la traza la verificación, y esa frontera es exactamente lo que está en juego cuando una sociedad decide cómo recordar a sus muertos.

Comprobar este caso es más difícil de lo que parece, y la dificultad forma parte de la historia. La renta estricta de Maricarmen aparece entre 200 y 440 euros según el medio; su pensión, entre 1.300 y 1.450; el padre murió en 1960 o en 1961; la subida que le notificó la empresa fue de 1.650 o de 2.650 euros, y no siempre en el mismo orden; y Urbagestión es un fondo inmobiliario para unos y una micropyme para otros. Algunas diferencias se explican por lo que se mide, como la renta con o sin gastos. Otras parecen simples errores de redacción. Otras vienen de la etiqueta, porque fondo buitre y micropyme describen dos relatos y no la misma empresa. Y unas pocas son bulos, como los 250.000 euros del banco. El análisis de Madrigal sugiere que ese ruido no necesita un plan: basta con que la atención se pueda convertir en dinero. No todos los medios participan en él; Newtral y Maldita.es dedicaron piezas enteras a desmontar los bulos sobre Maricarmen. Pero cuando cada cifra se usa como arma, comprobar cada dato es un acto político.

El ruido también cumple una función social. Max Gluckman sostuvo en 1963 que el chisme y el escándalo mantienen la unidad y los valores de un grupo, y que participar en ellos es un deber de pertenencia; Norbert Elias y John Scotson (1965) mostraron que el elogio de los establecidos y la deshonra de los forasteros se construyen con ese mismo material. Leída así, la ofensiva contra Maricarmen traza una frontera sobre quién forma parte de quienes merecen casa.

Ese descrédito tiene nombre en las ciencias sociales: culpabilizar a la víctima, como la popularizó William Ryan (1971). Convierte un problema estructural en una falta moral individual. Johan Galtung acuñó en 1969 el concepto de violencia estructural y Paul Farmer lo llevó a la antropología para nombrar lo que ese desplazamiento oculta, y Erving Goffman describió en Estigma (1963) el atributo profundamente desacreditador que deteriora la identidad social de quien lo lleva, algo que ya vimos en El rostro que se nos exige. Si Maricarmen era una jeta o una sinvergüenza, el desahucio deja de ser una violencia sistémica y pasa a ser una consecuencia justa de su conducta. El problema pasa a ser ella, y no el mercado de alquiler ni la especulación. Ese gesto se volvió contra quien lo practicó cuando Maricarmen murió: la insultaron el mismo día de su muerte, y la comparación entre el insulto y un cuerpo ya sin vida resultó demasiado obscena para pasar desapercibida.

El lunes 28 de septiembre, tras más de cuatro horas de reunión entre representantes de Maricarmen y de Urbagestión, con la mediación de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid, se alcanzó un acuerdo, a partir de una fórmula que la empresa había planteado el 25: un contrato de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. La cantidad exacta estaba pendiente de documentación, y su abogada la calculaba aproximadamente similar a la que pagaba antes; la calificó de histórico y lamentó que llegara tarde. Maricarmen, que no pudo participar en la reunión por seguir ingresada, lo aceptó el martes 29 desde el hospital y volvería a casa al recibir el alta. El programa municipal le ofrecía asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal, y aseguraba a la propiedad contra el impago. El Ayuntamiento sostiene que la había acompañado a través de servicios sociales y que le ofreció un alojamiento alternativo sin coste en una residencia municipal. El 2 de octubre Urbagestión firmó el contrato y entregó las llaves; Maricarmen debía firmar su parte el 8 de octubre, un día después de morir.

Mientras tanto, la movilización tenía vida propia. El sábado 26 de septiembre, una marcha desde la Puerta del Sol hasta el Congreso, bajo el lema Ni una Maricarmen más, dio paso a la acampada. El Sindicato de Inquilinas pedía la aprobación íntegra de lo que llamaba decreto Maricarmen, con renovación automática de los contratos, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. El 1 de octubre, el Congreso rechazó los dos reales decretos de vivienda del Gobierno, conocidos como decretos Maricarmen. El sábado 3, el Sindicato de Inquilinas convocó manifestaciones en más de cincuenta ciudades bajo el lema Hacia la huelga general por la vivienda. En Madrid, la Delegación del Gobierno contó 70.000 personas y los organizadores 500.000. En Valencia, la marcha terminó con disturbios ante el Palau de les Arts, donde se celebraba un congreso de inversión inmobiliaria: nueve policías nacionales heridos, una persona detenida y pelotas de goma lanzadas por los antidisturbios. La manifestación de Barcelona se aplazó por la lluvia y se celebró el lunes 5: la Guardia Urbana contó 20.000 personas, los organizadores 120.000, y acabó con cargas policiales y contenedores quemados. En Málaga, Granada, Zaragoza, Cádiz, Santander y Palma salieron a la calle miles de personas. Ese mismo sábado, unos 400 ultras, según la Delegación del Gobierno, convocados por el grupo Indignados por España, intentaron llegar a la acampada de Sol y la policía los frenó en la calle de Alcalá; en Oviedo, la acampada denunció agresiones verbales y un encontronazo con un grupúsculo fascista.

En las marchas convivieron personas de varias generaciones: junto a los acampados veinteañeros que no pueden emanciparse —la edad media de emancipación en España era de 30,0 años en 2024, según Eurostat, frente a 26,2 en la UE— estaban vecinos jubilados que llevan décadas en el mismo barrio. El cántico que el movimiento adoptó, Maricarmen no estás sola, funcionaba en ambas direcciones: la juventud defendía a la octogenaria, y la octogenaria se había convertido en el rostro de un problema que la juventud reconoce como propio. El marco de una guerra entre generaciones por los recursos públicos, pensiones frente a salarios y mayores frente a jóvenes, se topó con una acampada donde la reivindicación era compartida.

La frase de Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, resume el cambio de tono: ocho días de poder popular han hecho más que ocho años de Gobierno progresista. El movimiento dejó de pedir y empezó a exigir. La acampada de la Puerta del Sol se mantuvo, ya como espacio autónomo tras la retirada parcial del Sindicato. El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Y el 7 de octubre, CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos acordaron convocar una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre, la primera respaldada por CCOO y UGT desde 2012.

El Sindicato de Inquilinas anunció su muerte en un comunicado que firmaron también su familia y su abogada. Reconocía que se había logrado un acuerdo histórico para que volviera a su vivienda, pero que la solución llegó demasiado tarde: una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante. El texto sostiene que lo ocurrido supone un antes y un después y que el coste para llegar hasta ahí ha sido demasiado alto.

La frase de Maricarmen sobre luchar por la casa de los demás ya funciona como consigna. El Sindicato de Inquilinas citó además otra petición suya, que según el comunicado ella les repetía siempre: luchad, seguid luchando por lo que es vuestro.

Hay una ironía amarga en el arco de este caso. El acuerdo que le habría permitido volver a casa se cerró el 28 de septiembre y las llaves se entregaron el 2 de octubre. Ella murió el 7, un día antes de la fecha prevista para firmar. En medio, su cuerpo estuvo catorce días en una cama de hospital, separado del piso donde había vivido setenta años. Ese intervalo, entre la solución sobre el papel y la muerte real, es el espacio donde habita la crítica más dura: el sistema encontró una salida técnica, pero no llegó a tiempo para la persona. Y en ese desfase, la vivienda dejó de ser un problema de políticas públicas para convertirse en una cuestión de vida o muerte.

Para la antropología, el caso ofrece un objeto de estudio casi de laboratorio: cómo un cuerpo anciano, sacado en camilla y luego insultado, se convierte en el punto de condensación de una crisis estructural. Es lo que Victor Turner llamó un símbolo dominante, una categoría que formuló para los símbolos rituales y que aquí se extiende a un hecho político: un símbolo que condensa significados dispersos y une un polo sensorial, aquí un cuerpo anciano sacado en camilla, con un polo ideológico, el derecho a la vivienda. Turner describió también el drama social: una ruptura de la norma, una crisis que se extiende, un intento de reparación y, al final, una reintegración o una escisión. El caso sigue ese guion. La ruptura es el lanzamiento; la crisis, las acampadas, los decretos tumbados y las elecciones; la reparación, el acuerdo del 28 de septiembre, llegó tarde; y la reintegración o la escisión queda abierta. Maricarmen no eligió ser símbolo. La hicieron símbolo quienes la desahuciaron y quienes se burlaron de ella. Pero en el proceso, su biografía —setenta años en un sexto piso de Retiro, un contrato de 1956, una pensión de en torno a 1.400 euros frente a un alquiler que la empresa planteó, según las fuentes, entre 1.650 y 2.650 euros— se convirtió en el retrato de un país donde vivir donde siempre has vivido ya no está garantizado por nada.

La primera iniciativa que presenté y defendí como diputado ante el Parlamento de La Rioja en 1991 proponía combatir la estigmatización de quienes viven con el VIH. Y me indigna comprobar que, 35 años después, mientras la ciencia ha conseguido avances extraordinarios, nuestra sociedad siga siendo incapaz de desprenderse de esos miedos injustificados, estereotipos y comportamientos discriminatorios.

Cada 17 de octubre, la celebración del Pride+ nos ofrece una nueva oportunidad para reivindicar esa dignidad. Pero, sobre todo, nos obliga a preguntarnos por qué sigue siendo necesario hacerlo. No creo que sea una cuestión secundaria, ni una causa que deba defenderse únicamente en determinadas fechas. Es una cuestión de derechos humanos, de justicia y de decencia democrática. 

Vivimos tiempos preocupantes. El odio al diferente, la homofobia, el racismo y los discursos autoritarios y postfascistas que cuestionan derechos conquistados con mucho esfuerzo están ganando presencia en el debate público. Y no podemos ignorar que ese clima alimenta también viejos prejuicios contra las personas con VIH; prejuicios que vuelven a vincular el virus, de manera injusta y profundamente equivocada, con una determinada orientación sexual o con supuestos comportamientos moralmente reprobables para algunos sectores.

Digámoslo con claridad: el VIH no tiene orientación sexual, no entiende de ideologías y no es un juicio moral sobre nadie. Puede afectar a cualquier persona. Asociarlo a una identidad concreta no solo demuestra desconocimiento sino que perpetúa una discriminación que causa sufrimiento, alimenta el miedo y empuja a muchas personas a ocultar su situación por temor al rechazo.

Y lo más indignante es que ese estigma persiste cuando los avances científicos han cambiado radicalmente la realidad del VIH. Hoy, gracias a los tratamientos, las personas que viven con el virus pueden desarrollar una vida larga y plena. Sabemos, además, que una persona con carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmite sexualmente el VIH. Sin embargo, la desinformación sigue alimentando el rechazo y nos demuestra que la ciencia ha avanzado mucho más deprisa que determinados prejuicios sociales.

Por eso, no basta con disponer de buenos tratamientos. Necesitamos educación, información rigurosa y una sociedad que deje de señalar a quienes viven con el VIH. Necesitamos combatir la discriminación en el ámbito laboral, sanitario, afectivo y social. Y necesitamos que las instituciones asuman su responsabilidad, porque el silencio y la indiferencia también contribuyen a perpetuar el estigma.

La visibilidad es una herramienta poderosa para romper ese silencio, pero nunca puede convertirse en una obligación. Nadie debe sentirse forzado a revelar una circunstancia personal para demostrar nada a los demás. La responsabilidad no corresponde a quien teme ser rechazado, sino a quienes alimentan el rechazo y a quienes, pudiendo combatirlo, prefieren mirar hacia otro lado.

El Pride+, conocido también como “Orgullo positivo” que se celebra cada 17 de octubre debe ser una celebración de la dignidad, pero también una llamada de atención. Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que algunas personas pueden mostrarse sin miedo, sino aquella en la que nadie tiene que esconderse para evitar la discriminación.

No podemos permitir que el odio normalice de nuevo lo que tanto esfuerzo nos ha costado combatir. Ni aceptar que el diagnóstico de una persona se convierta en motivo de sospecha, aislamiento o exclusión. Convivir con el VIH no resta dignidad, no limita derechos y no hace a nadie menos merecedor de respeto.

Porque la lucha contra el estigma del VIH no pertenece únicamente a quienes conviven con el virus. Nos corresponde a todos. Y quienes creemos en una sociedad más justa, más libre y más igualitaria tenemos la obligación de seguir dando la cara por quienes siguen sufriendo el estigma y el rechazo de manera tan injusta.

2. Lejos de ser una cortina de humo, las protestas por el desahucio de Maricarmen son el estallido de un malestar que lleva tiempo gestándose y tiene raíces tan poco etéreas como los cimientos de las viviendas y la asfixia económica que sufren sus habitantes. Que el caso de Maricarmen no sea el más representativo del problema de la vivienda en España, por las circunstancias particulares de su contrato de alquiler, ni invalida las reivindicaciones —que son necesariamente generales— ni mucho menos justifica el escarnio y la falta de empatía a los que hemos asistido.

3. Por desgracia, no existe una varita mágica para resolver el problema actual de la vivienda: algunas de sus causas, como la escasez de oferta y el déficit histórico de vivienda pública de alquiler, no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Sin embargo, las vidas asfixiadas (o imposibilitadas) de quienes sufren las peores consecuencias de esta crisis exigen una respuesta en el corto plazo, y la política es el arte de lo posible y de la priorización y el equilibrio de intereses, no un diseño de políticas públicas perfectas en el vacío.

4. La discusión sobre las medidas más extraordinarias y coyunturales no debería eludir el necesario debate sobre el mercado hacia el que queremos avanzar: qué modelos sostenibles de participación pública y privada y con qué límites al uso de las viviendas —y por extensión de las ciudades— como si fueran un producto de inversión cualquiera. El problema es que, en una esfera pública cada vez más polarizada y dominada por imágenes y consignas, es difícil que haya espacio para un debate que incorpore matices y considere también los posibles efectos indeseados de políticas bienintencionadas. Además, la distribución de las competencias relevantes entre los distintos niveles de la administración diluye la asunción de responsabilidades y, como la opinión pública y la discusión política están menos descentralizadas que la estructura administrativa, el Gobierno central tiende a llevarse más parte de la culpa de la que le corresponde.

5. Aun así, la izquierda ha conseguido volver a conectar con el sentimiento de rebeldía, capturado cada vez más por fuerzas conservadoras, y el Gobierno intenta proyectar una promesa de futuro que va más allá de estirar el presente y evitar la temida llegada de la extrema derecha. Es, sin duda, el mejor marco posible para una cita electoral después del desgaste acumulado en ocho años de gobierno, pero, en estos tiempos de atención efímera e incandescente, no sabemos cuánto tiempo tardarán nuestras miradas en saltar a otra pantalla. Y, aunque permanezcan puestas en el problema de la vivienda, ¿es posible sortear un cambio de ciclo que parecía inevitable hace solo unos meses?, ¿puede haber un efecto Mamdani sin pasar antes por la pantalla previa de Trump —obviando a Ayuso—? Quizás el 29 de noviembre también averigüemos cuál es el límite de la aceleración de los tiempos.

Esta contradicción es solo el síntoma de una enfermedad más profunda. Bajo la retórica de la democratización y la soberanía cultural, los sucesivos gobiernos —también el actual— han profundizado una burocratización creciente y una canalización del acceso a la cultura. El resultado es una brecha perversa: o entras por los canales oficiales —y aceptas sus condiciones— o tu voz queda marginalizada.

El caso paradigmático es el libro y su DNI: el ISBN. No es obligatorio por ley, y ese es precisamente el señuelo. Lo que debería ser un mero trámite se ha convertido en un peaje económico —45 euros para el autor que autopublica un solo título, aunque las editoriales con prefijo lo diluyan hasta 3 o 5 euros por libro— que golpea con más dureza a quien publica solo, sin estructura. Y no siempre fue así: hasta 2010 el Estado lo gestionaba de forma gratuita; ese año se privatizó su gestión, que desde 2015 recae por completo en la Federación de Gremios de Editores, una patronal privada. Pero el efecto es el mismo: sin ISBN, tu libro no entra en el circuito comercial, no lo piden las librerías, no lo catalogan las bibliotecas, no lo lista Amazon. El sistema no nació para excluir: nació para coordinar un sector fragmentado, y en esa función es eficaz. Pero la eficiencia distributiva tiene un coste que nadie decidió explícitamente: no hace falta prohibir nada. Basta con que todo el sector funcione exclusivamente con ese código. Pero el cerco no termina ahí. Para ser visible, hay que subir los datos y metadatos de tus publicaciones a DILVE, la plaza mayor digital donde el sector entero —libreros, distribuidores, bibliotecas— consulta qué existe y qué no. No es una obligación legal; es algo más eficaz. Es el punto de paso de facto: lo que no está en DILVE es invisible para el circuito comercial. La distinción entre obligación legal y necesidad práctica es la coartada perfecta del sistema: nadie te obliga, pero si no pasas, desapareces. Libreros saturados la usan como radar. Lo que no está ahí es un fantasma sin código de barras. Se confunde deliberadamente la cultura con su comercio.

DILVE no vende ideas, vende ejemplares. Reduce el libro a una ficha técnica con precio y etiquetas. Es el triunfo de la logística sobre el contenido. Quien habla de soberanía cultural frente a los gigantes tecnológicos replica su modelo más perverso: crear un guardián único del acceso. Es el algoritmo rojo: una herramienta de presunta transparencia que, sin embargo, ejerce un monopolio de la visibilidad. La paradoja es perfecta: para resistirte al mercado global, debes someterte al catálogo del sistema.

Mientras, ese mismo Estado actúa hacia el exterior como un vendedor ambulante de clichés. La Marca España reduce siglos de historia compleja a iconos vacíos: sol y playa, jamón o flamenco de postín. Se cosifica lo propio para el consumo rápido del turista. Este relato mercantilizado rebota y empobrece la autopercepción nacional. Los proyectos culturales que no encajan en ese branding tienen más difícil conseguir apoyos. ¿Para qué subvencionar un teatro contemporáneo crítico si se puede financiar un tablao oficial? —dejando fuera, claro, el flamenco de riesgo que sobrevive en los márgenes—. Así, España actúa contra España: asfixia su presente creativo con burocracia y canoniza una caricatura de su pasado para exportación. Vende producto, no crea identidad.

Este doble movimiento —asfixia burocrática interna, mercantilización externa— no es una singularidad española. En Hungría o en Egipto el mecanismo cambia de forma —un oligopolio editorial afín, una autoridad religiosa con potestad de confiscación—, pero no de lógica: no hace falta prohibir, basta con decidir quién recibe ayudas, quién aparece en las listas de lecturas, quién tiene acceso a los canales de distribución. La tecnología del control se adapta al régimen político; el gesto de fondo es el mismo.

Frente a este doble cerco —burocrático por dentro, mercantil por fuera— la resistencia es subterránea y frágil, pero real. En los márgenes, centenares de fanzines al año circulan en fotocopias y PDFs, una economía de trueque y comunidad que rechaza entrar en ningún mercado. Editoriales independientes sobreviven con tiradas de 500 a 2000 ejemplares, gracias a suscripciones, ferias nicho y una red de librerías especializadas. Su viabilidad no se mide en beneficios, sino en influencia cultural y construcción de comunidad. Son un correctivo necesario al monopolio de los grandes grupos y a la canalización estatal. Demuestran que otra circulación es posible, aunque a escala humana y con enorme esfuerzo.

Pero el Estado sigue apostando por su modelo de ciudadano cultural ideal: aquel que consume en sus plataformas, asiste a eventos subvencionados y repite los eslóganes de la marca. La realidad, sin embargo, es plural: está quien piratea libros porque no puede pagarlos, quien solo puede leer en bibliotecas, el artista que organiza ferias alternativas, el youtuber que genera más debate que un canal público, el turista que huye de los lugares oficiales buscando autenticidad. Esta brecha entre el modelo impuesto y la realidad viva deslegitima por completo las políticas culturales. Se revelan como lo que son: instrumentos de control y propaganda.

Este patrón de control, sin embargo, no es exclusivo del libro. Se replica en la financiación de medios, donde la publicidad oficial traza un mapa de la lealtad; en los requisitos kafkianos para acceder a subvenciones públicas, que solo una industria cultural profesionalizada y bien conectada puede navegar; o en la patrimonialización de la cultura popular, que congela tradiciones vivas en espectáculos para folletos turísticos. En cada caso, el mecanismo es el mismo: se sustituye el ecosistema por el circuito oficial, y se confunde la vitalidad con la viabilidad administrativa. Detrás de ello hay una sustitución muy concreta: decisiones políticas —qué se financia y qué no— se toman con criterios de marketing, y se presentan como gestión neutral. La cultura, reducida a contenido, deja de ser un espacio de interrogación para convertirse en un activo de la Marca España. La pregunta ya no es ¿qué nos dice esto? sino ¿cómo lo vendemos?

Esta pulsión por controlar el flujo de las ideas es tan antigua como el poder organizado. Los emperadores Qin en la China del siglo III a.C. unificaron la escritura y ordenaron la quema de libros de escuelas de pensamiento rivales, enterrando vivos a sus estudiosos. El Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia Católica, vigente durante cuatro siglos, listaba títulos y, además, diseñó un sistema de permisos, censura previa y expurgación que moldeó el pensamiento europeo. Estos no eran actos de barbarie irracional, sino políticas de ingeniería cultural: la estandarización forzosa como herramienta de gobierno. La antropología nos recuerda que los primeros Estados recaudaban impuestos y estandarizaban pesos, medidas y, crucialmente, lenguas y relatos. Esta pulsión no es neutral culturalmente: la antropología política ha mostrado que la “legibilidad” —la capacidad de un Estado para ver y contar a su población— se perfeccionó primero en la administración colonial, con censos étnicos, catastros y lenguas francas impuestas sobre la diversidad local, antes de volverse hacia dentro. El ISBN y DILVE aplican esa misma lógica a la cultura propia: reducen la diversidad editorial a un código legible para el aparato administrativo, exactamente como el catastro colonial reducía la tierra comunal a parcela fiscal. Es un colonialismo interno que ya no distingue entre metrópoli y periferia, porque toda cultura no registrada es hoy la nueva periferia. El poder siempre ha buscado fijar el canon, convertir el flujo vivo de la cultura en un patrimonio administrable.

Pero este mecanismo de registro posee un reverso tenebroso que la historia conoce bien. Ahí está la Aktion wider den undeutschen Geist de los nazis, que usó listas de editores para alimentar sus hogueras con libros de Heine, Mann o Freud en 1933. Y ahí está también la quema de la biblioteca del Ateneo Riojano en Logroño en julio de 1936. La quema de libros no empieza con las llamas, sino con el registro. Primero se cataloga, se identifica, se localiza. Luego, se puede destruir. La inmensa mayoría de catálogos nunca se convierten en listas negras. Pero cuando un Estado centraliza el acceso y la visibilidad de la cultura, crea, sin buscarlo, el inventario que una lista negra necesitaría si algún día llegara a existir. La distancia entre un catálogo para libreros y una lista para la censura es, a veces, solo un cambio de gobierno, un pánico moral o un giro en la ortodoxia.

La pregunta, por tanto, ya no es solo si una cultura capaz de producir un Cervantes —es decir, una cultura de libertad imaginativa y crítica— puede existir sin esos márgenes. La pregunta es si alguna cultura viva —más allá de los eslóganes nacionales— puede florecer cuando el sistema secuestra los canales de circulación. Las bibliotecas de Alejandría, los scriptoria medievales, las editoriales clandestinas que desafiaron dictaduras, y los fanzines de hoy comparten un axioma: las ideas necesitan circuitos libres, no registros. El verdadero patrimonio cultural no es el canon fijado por un ministerio, sino la conversación incontrolable que sucede a su espalda. 

Un mundo donde solo se ve lo que el sistema decide registrar es un mundo donde, precisamente, nunca habrían encontrado editor los libros verdaderamente importantes. Allí, en ese peaje del ISBN y ese catálogo del que nadie te obliga a formar parte pero sin el cual no existes, los fantasmas son los libros que todavía creen en las ideas. Los demás ya tienen ficha técnica, precio y visibilidad homologada.

Los amigos de las redes sociales y de las tertulias vociferantes van a tener trabajo. Esos oyentes y espectadores acabarán empachados y sordos. ¿Qué haremos los amantes de la tranquilidad? Yo creo que me iré a un monasterio. 

El caso es que soy aficionada a leer artículos de opinión e incluso guardo los que me gustan. He conservado algunos de los que entresaco los siguientes párrafos: «Cuando encontrar una casa resulta demasiado difícil o costoso… Los jóvenes retrasan su emancipación, las familias tienen más dificultades para mudarse y algunos trabajadores pueden renunciar a empleos porque no pueden permitirse vivir cerca de ellos. La escasez de vivienda puede dificultar la movilidad laboral y, en última instancia, frenar la productividad. Por eso ampliar la oferta de alquiler es también una política de crecimiento y de igualdad de oportunidades».(Aida Caldera, EL PAÍS 2/10/26). 

“La crisis de la vivienda es un síntoma; la enfermedad es la ineficacia de las democracias…El fracaso de los sistemas democráticos para responder a los retos de esta época abre abismos en los que se hunden demasiados ciudadanos y de los que brotan monstruos políticos”. (Andrea Rizzi, EL PAÍS 3/10/26).

“Gran parte de la sociedad española, tanto los que votan a la derecha como a la izquierda, se encuentra a la espera de que ocurra algo; un algo de tal envergadura que trastoque la realidad hasta tal punto que, tras eso, nada vuelva a ser igual”. ( Felix Riera LA VANGUARDIA 3/10/26).

Y aunque soy de letras, y en los números flojeo, también leo las interpretaciones que otros hacen de las encuestas. Esta me ha gustado y aquí la dejo: “La clave de las elecciones de 2023 es que el PSOE y el PP quedaron empatados arriba, por encima del 30%, y Vox y Sumar abajo, rondando el 12%. Pero ahora la ultraderecha se va según las encuestas al 18% y la izquierda, que de momento va por separado, no  llega al 9% entre todos”. E. Cue, El Pais 5/10/26

En elDiario.es del 6/10/26, Joan Subirats se refiere a la posibilidad de crear cooperativas de viviendas, como una parte de la solución al problema. Pero, él mismo reconoce que los cooperativistas tienen que desembolsar “a priori”, una buena cantidad de dinero de la que no disponen por lo que , a su entender, tendrían que ser las administraciones públicas quienes pusieran ese dinero. También hay quienes insisten en que el mercado es la solución, aunque haya creado el problema y animan a construir, construir, construir, una experiencia demasiado bien conocida en España y con los resultados que estamos viendo. En estos días conocemos también las prácticas habitacionales en Austria, (un país gobernado por la extrema derecha) y en Copenhague donde el Ayuntamiento es el responsable de que sus vecinos tengan una vivienda digna. Lo mismo ocurren en Zurich, ciudad rica donde las haya, en un País tan rico como Suiza y que prefiere que los ricos más ricos se dediquen a otros negocios y dejen la vivienda para que hasta los vulnerables y las clases medias y bajas puedan/podamos vivir.

Solo en España nos vemos obligados a Votar para vivir.

Votad para que no haya más Mari Carmen. Descanse en paz.

Para la mayoría de ciudadanos posmodernos, metidos en la burbuja de hormigón y pantallas, la naturaleza ha quedado reducida al decorado idílico de los documentales de la 2 o al lujo dominical para senderistas equipados con ropa de Decathlon. Globalmente pensamos – si es que alguna vez lo hemos hecho- que las aves migratorias son más bien un asunto romántico, tal vez un poema de Bécquer o de Neruda, y nos evocan nostalgias, deseos de libertad y largos viajes a lejanas tierras. Craso error. El fenómeno de las migraciones intercontinentales (aquí podríamos incluir también a las de algunas mariposas, libélulas y murciélagos, o las transoceánicas de ciertas ballenas, tortugas, tiburones o atunes, entre otras muchas) no es un crucero de placer vacacional; es una maquinaria de precisión termodinámica refinada por miles de años de selección natural que sostiene buena parte de la base de nuestra economía real.

Mirando el asunto desde una perspectiva puramente egoísta y utilitaria -que es el único lenguaje que parecemos entender- las aves migratorias no viajan por turismo; viajan persiguiendo el motor termodinámico del planeta. Y, sin saberlo, no solo pueden portar enfermedades, también transportan nutrientes incrementando la productividad de los ecosistemas, polinizan flores y dispersan semillas durante sus desplazamientos, mantienen las cadenas alimenticias con sus depredadores, favorecen la diversidad genética, conectan ecosistemas muy separados y permiten a los animales sobrevivir a los cambios ambientales bruscos. Al hacerlo, actúan como una gran fuerza de intervención ecológica. Multiplicad eso por los miles de millones de aves que cruzan las fronteras invisibles del planeta cada primavera u otoño.

Uno tiene la impresión de que los animales han entendido algo que a nosotros todavía nos cuesta: el planeta es solo uno. Y las migraciones son una de sus grandes arterias. Por eso me resulta especialmente inquietante el último informe mundial de Naciones Unidas: el 22% de las especies migratorias evaluadas se encuentra amenazado de extinción y el 44% está disminuyendo en población (los peor parados son los peces migratorios como el salmón, con el 97% de caída). Y no es que los animales en general y las aves en particular hayan olvidado cómo migrar. Es que cada vez se lo ponemos más difícil. Construimos carreteras allí donde había corredores naturales, urbanizamos extensos territorios, desecamos humedales para la agricultura, contaminamos por tierra, mar y aire como si no hubiera un mañana, llenamos de luces las noches, levantamos infraestructuras energéticas en rutas de paso y alteramos el clima que determina cuándo aparecen los alimentos de los que dependen. Y encima nos sorprendemos de que disminuyen sus poblaciones.

Tengo claro que para proteger a una especie migratoria no basta con proteger el lugar donde se reproduce durante una parte del año. Hay que proteger también los lugares donde descansa, pasa o se alimenta el resto del tiempo, y mantenerlos conectados entre sí. Qué sería de nosotros sin las áreas de servicio de nuestras carreteras. Por eso, Naciones unidas ha identificado cerca de 10.000 áreas de importancia para las especies migratorias. Pero más de la mitad no dispone de la protección adecuada. En consecuencia, opino que las migraciones, de animales en general y de aves en particular, deberían ocupar un lugar mucho más importante en nuestra manera de ver la biodiversidad. Nos enseñan que conservar la naturaleza no consiste en solo salvar especies o lugares concretos, sino también mantener las conexiones que hacen posible su existencia.

Una especie puede desaparecer de un lugar porque hemos destruido un humedal que le servía de descanso a 3.000 kilómetros de distancia. Una población puede desplomarse en Europa porque las condiciones han cambiado en África. Las extinciones, en otras palabras, pueden empezar muy lejos de donde finalmente las observamos. Me gustaría que la próxima vez que veamos una bandada cruzar el cielo no viéramos bichos con plumas que, por necesidad, se marchan o regresan, sino una de las obras maestras de la evolución. Y por qué no también el delicado funcionamiento de un mundo que llevamos siglos tratando como si estuviera hecho de piezas independientes. Los animales no entienden de fronteras políticas y las aves migratorias mucho menos.

Hoy es 10 de octubre, Feliz día Mundial de las Aves Migratorias. Su lema este año es “Cada ave cuenta: ¡Tus observaciones importan!”. 

No ducharse para “maximizar feromonas” y ligar más: ¿reto viral pasajero o peligro misógino entre los jóvenes?

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja advierte de los riesgos de normalizar discursos machistas y falsas creencias científicas a través de los retos virales y reivindica la educación social como herramienta para construir relaciones saludables, pensamiento crítico y convivencia.

No ducharse para resultar más atractivo. Acumular olor corporal para conquistar a las chicas. “Maximizar las feromonas” como supuesto secreto del éxito sentimental. Lo que podría parecer una broma adolescente es la última tendencia viral que circula por Tik Tok y que nos invita a plantearnos una pregunta mucho más importante: ¿qué modelos de masculinidad, afectividad y relaciones personales estamos ofreciendo a nuestros jóvenes?

Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja (CEESRIOJA) queremos aprovechar la noticia publicada por elDiario.es sobre el denominado pheromone maxxing para abrir una reflexión que vaya más allá de la anécdota, del escándalo y de la tentación de ridiculizar a quienes participan en estas modas.

Porque el problema no es que un adolescente decida no ducharse un día. El problema comienza cuando aprende que para gustar debe obedecer una fórmula, que las mujeres son una conquista y que su valor personal depende de su capacidad para resultar deseable.

La masculinidad no debería aprenderse a golpe de algoritmo. La adolescencia es una etapa de exploración, búsqueda de identidad, inseguridades y necesidad de pertenencia. Las redes sociales forman parte de ese proceso y ofrecen oportunidades extraordinarias para compartir, crear y aprender.

Sin embargo, también pueden amplificar mensajes que presentan la masculinidad como una competición permanente basada en el físico, la testosterona, el dominio o la supuesta superioridad sobre las mujeres.

No toda persona que participa en un reto viral comparte esos planteamientos. En muchas ocasiones intervienen el humor, la curiosidad o la presión del grupo. Precisamente por eso debemos evitar las generalizaciones y las respuestas alarmistas.

Pero tampoco podemos ignorar que determinados discursos disfrazados de consejos para ligar reproducen prejuicios machistas, difunden afirmaciones sin respaldo científico y reducen las relaciones humanas a estrategias de seducción. Las mujeres no son premios que se consiguen. Los hombres no tienen que demostrar continuamente su virilidad. Y el afecto no se mide en conquistas, seguidores ni visualizaciones.

Educar también consiste en desmontar estas ideas antes de que se conviertan en referentes. No necesitamos jóvenes obedientes, sino jóvenes capaces de pensar. Desde CEESRIOJA consideramos que prohibir, ridiculizar o responder con sermones resulta insuficiente.

Necesitamos escuchar qué hay detrás de estas conductas: miedo al rechazo, necesidad de aceptación, inseguridades corporales, soledad, presión grupal o desconocimiento sobre las relaciones afectivas.

La solución no pasa por demonizar Tik Tok ni por culpabilizar a las familias. Pasa por asumir colectivamente nuestra responsabilidad educativa. Un reto puede desaparecer mañana, pero las creencias sobre el cuerpo, la autoestima, el consentimiento, la igualdad y la manera de relacionarnos pueden permanecer durante años.

Por eso reivindicamos una educación afectivo-sexual rigurosa, el desarrollo de la alfabetización mediática y digital y la incorporación efectiva de profesionales de la educación social en los espacios donde crecen y conviven niños, niñas y adolescentes: centros educativos, familias, servicios comunitarios, asociaciones juveniles y entornos digitales.

Cinco recomendaciones para adolescentes y jóvenes

1. No confundas popularidad con verdad. Que un vídeo tenga miles de visualizaciones no convierte sus afirmaciones en científicas. Pregunta, contrasta y aprende a reconocer los engaños.

2. Tu cuerpo no necesita superar ningún examen. La higiene, el descanso, la alimentación y el autocuidado son cuestiones de salud y bienestar, no fórmulas para conseguir aprobación.

3. No necesitas conquistar a nadie para demostrar lo que vales. Las relaciones saludables se construyen desde el respeto, la reciprocidad, la comunicación y el consentimiento, nunca desde la manipulación.

4. Atrévete a ser diferente del grupo. No participar en un reto que te incomoda también es una forma de autonomía, libertad y madurez.

5. Habla de tus inseguridades. Si te preocupa tu apariencia, tu aceptación social o tus relaciones, conversa con alguien de confianza. Pedir orientación demuestra capacidad para cuidarte.

Cinco recomendaciones para las familias

1. Pregunta antes de juzgar. Un “¿qué te llama la atención de ese vídeo?” puede generar más aprendizaje que una prohibición o una bronca.

2. Interésate por sus referentes digitales. Conoce a quienes siguen, qué mensajes transmiten y qué modelos de éxito, belleza y masculinidad promueven.

3. Habla de afectividad sin tabúes. Aborda con naturalidad el deseo, el consentimiento, las relaciones sanas, la igualdad y el respeto a la diversidad.

4. Evita las burlas y las humillaciones. Ridiculizar sus inquietudes o su cuerpo puede aumentar la inseguridad y dificultar que vuelvan a pedir ayuda.

5. Educa también con el ejemplo. La convivencia, los cuidados compartidos, el respeto entre mujeres y hombres y la expresión saludable de las emociones se aprenden en la vida cotidiana.

Educar antes de que el algoritmo decida

Desde CEESRIOJA reclamamos a las administraciones públicas una apuesta sostenida por la prevención socioeducativa, la formación y el acompañamiento a las familias, así como por la presencia de educadoras y educadores sociales en los centros educativos y en los programas comunitarios de infancia y juventud.

También resulta imprescindible que las plataformas digitales asuman su responsabilidad frente a la difusión de desinformación, discursos discriminatorios y modelos de relación perjudiciales.

No podemos exigir pensamiento crítico a nuestros adolescentes si no les ofrecemos espacios donde aprender a desarrollarlo. Ni pedirles relaciones respetuosas si dejamos su educación afectiva exclusivamente en manos de los algoritmos.

Quizá la verdadera alarma no sea que algunos jóvenes crean que dejar de ducharse les hará más atractivos. La verdadera alarma sería que las personas adultas dejáramos de preguntarnos por qué necesitan creerlo.

La educación social no pretende decidir cómo deben ser nuestros jóvenes, sino acompañarlos para que puedan descubrir quiénes quieren ser, sin miedo, sin imposiciones y sin reproducir desigualdades.

Porque la autoestima no se maximiza. Se cultiva. El respeto no se viraliza. Se practica. Y la convivencia no se improvisa. Se educa.

Francamente, me resultaría frustrante que los medios de comunicación, ávidos de convertir en mercancía las noticias, acertaran al asimilar la movilización lograda por el Sindicato de Inquilinas con el 15-M. Lo digo porque como persona de izquierdas debo confesar que el 15-M me pareció siempre un movimiento lastrado por un componente fantasmático, algo carente de una base sólida para garantizar su continuidad.

Desde su origen, me sorprendió su descarado adanismo. Daba la impresión de que llegaban haciendo tablarasa de todo precedente, rompiendo la continuidad de la lucha, despreciando cualquier logro, toda idea anterior.

Percibo ahora algo parecido, de verdad, me preocupa la absurda discontinuidad de la lucha por el derecho a la vivienda. Parecería que cada quince años, una juventud angustiada tuviera que movilizarse como si fuera la primera vez, como si se viera forzada a inventarlo todo, ignorando lo que fueron las luchas anteriores y, sobre todo, cómo se consiguieron los derechos o, mejor, las posiciones de ventaja en el disfuncional mercado de la vivienda.

Intentaré explicarme con un dato de mi experiencia. Hace solo quince años, Ada Colau saltaba a la fama como figura representativa de los movimientos antidesahucios surgidos tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la quiebra de Lehman Brothers. Ocupaba espacios en las tertulias televisivas y llenaba el aforo de las salas con sus charlas. Había una sociedad concienciada, enardecida, dispuesta a evitar, ya entonces, desahucios como el de Maricarmen.

En esas mismas fechas, sin apenas cobertura mediática, en Andalucía se producía un hito legislativo revolucionario: un gobierno del PSOE, sustentado por IU, elevaba a rango legal la posibilidad de expropiar el uso residencial de la viviendas en manos de los bancos y Fondos de Inversión, como consecuencia de los préstamos fallidos. Se intentaba con ello garantizar el derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución.

El Decreto-ley, primero, y después la Ley que contemplaban esta posibilidad, fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Se utilizó un argumento sibilino, propio de leguleyos. Desde luego, no el que cabría esperar del Intérprete Máximo de la Constitución.

Se dijo que el interés social alegado quedaba suficientemente garantizado con las medidas adoptadas por el Gobierno presidido por Rajoy para paliar las consecuencias más graves de los desahucios. Además, se afirmó, puesto que la vivienda era el bien sobre el que recaían los préstamos hipotecarios, constituía el elemento esencial para garantizar la “estabilidad del sistema financiero” (el bien jurídico realmente protegido) y la legislación andaluza lo ponía en riesgo, al devaluar el precio de la vivienda con la posibilidad de su expropiación.

Las viviendas serían enajenadas por su expectativa de valor en el mercado por la Sareb, ese engendro improvisado para salvar la cara de unos banqueros ineptos. Una estafa que nos ha costado mas de 55.000 millones de euros, quebrada en la actualidad, y que nadie sabe qué beneficio ha reportado a quienes costeamos su capitalización con nuestros impuestos.

Pero tan importante como ello fue la posición y la doctrina del TC. Para el Intérprete Máximo de la Constitución, la vivienda no era el bien cuya función social exigía que fuera destinada al uso habitacional para garantizar el derecho proclamado como principio en el artículo 47 de la Constitución; era, sin ambages, un “producto financiero” orientado a salvaguardar la estabilidad del sector bancario.

Dicho de otro modo: en el sistema capitalista, ante la situación de peligro del dinero, cuando la prima de riesgo llega a los índices que en esa época alcanzó, determinados principios se relegan a un segundo plano y la Constitución aparece con el sesgo con que la definió Lasalle: “la suma de factores reales de poder que rigen un país.” Y el económico es el factor de poder más real. Para el venerable Tribunal reconocerlo así era el verdadero “canon de constitucionalidad”.

Y lo terrible es que ese pronunciamiento no produjo ninguna movilización social, no mereció ni el más mínimo esfuerzo pedagógico por quienes entonces protagonizaban la lucha por el derecho a la vivienda.

Cuando pasó el efecto dramático de los desahucios, el movimiento se distendió, pero los efectos ya estaban allí. Habíamos perdido la batalla por las ideas y nuestras instituciones y conceptos jurídicos. Una batalla que no dimos, que nunca hemos sabido dar.

Hoy nuestros jóvenes exigen la aplicación del instituto expropiatorio y es como si pidieran la nacionalización de los medios de producción. Una medida comunista-bolivariana en el argot neoliberal del ayusismo. La expropiación no es, nunca ha sido, una privación del derecho de propiedad; es una venta impuesta por la comunidad por razones de utilidad pública o interés social. Una venta, no un robo o una confiscación.

Las Leyes del Suelo de 1956 y 1974, el Texto Refundido de 1976, una legislación procedente de época franquista, contemplaban con total normalidad la expropiación como uno de los sistemas de ejecución de los planes urbanísticos. Esto significaba que podía expropiarse la totalidad de un Sector. La expropiación del suelo exigido por el crecimiento de la ciudad, suponía un medio de captación directa de las plusvalías urbanísticas que la misma ciudad generaba, tal como dispone el artículo 47 de la Constitución.

Aquí en Logroño, que no es precisamente Marinaleda, a mediados de los años noventa se promovieron viviendas en régimen de cooperativa, sobre suelo público obtenido por expropiación. ¿Cómo se nos ha olvidado? ¿En qué momento nos asaltó esa suerte de amnesia de lo que significa la lucha y nuestro acervo cultural?

Me importa señalar este dato por una razón muy sencilla. En el debate suscitado por los decretos-ley 26 y 27/2026, ambos de 29 de septiembre, he oído en repetidas ocasiones invocar el marco de la realidad como el límite limitante de las propuestas. En la derecha, el mero intento de traspasar ese límite, se califica como un postulado de máximos que hace imposible el acuerdo. Obviamente, la expropiación rebasa esos límites y queda excluida. Pues bien, el marco de la realidad también lo definimos nosotros con nuestra lucha cultural. Hace solo treinta años la expropiación era un elemento perfectamente aceptable y no un postulado inasumible de máximos. Y lo mismo cabe decir de los contratos indefinidos hasta el decreto Boyer. Ha sido la derecha la que, poco a poco, ha estrechado el marco de lo posible, y en el futuro, si no la paramos, lo estrechará más.

Escuchaba el otro día a una joven portavoz del Sindicato de Inquilinas formular en tono crispado una pregunta retórica: ¿cuándo, decía, el derecho a especular se ha situado por encima del derecho a una vivienda? Me quedé sorprendido, con ganas de decirle a mi vez: compañera, ¿cuándo ha dejado de ser así?

Otra joven denunciaba airada que viviría peor que sus padres porque ni a una vivienda tendría acceso. No puedo consolarla, pero sí me hubiera gustado decirle que no tomara como referencia a sus padres, que se remontara a sus abuelos, los que conocieron el chabolismo horizontal y vertical, no para aceptar esa situación resignadamante, sino para hacerse heredara de su lucha, la que les permitió salir de la miseria impuesta.

Hoy, cuando escribo, se ha perdido una votación en el parlamento. Importa no engañarse; se ha perdido porque todavía una mayoría social, la que padece la situación, no ha sido capaz de articular adecuadamente una mayoría política y los referentes políticos, las formaciones de izquierda, tampoco han sabido encauzarla. Pero perder la votación parlamentaria no es perder la batalla social. Si se asume el verdadero significado de institutos tales como la prohibición de los desahucios a persona vulnerables cuando el ejecutor es un ente dedicado a la especulación; si se hace propia la idea de que en caso de que el titular de la vivienda ejecutada sea una persona física debe garantizarse al inquilino una solución habitacional y que el juez que suspenda el alzamiento puede y debe exigírsela a la Administración competente; si hacemos nuestros los principios básicos para la protección del arrendamiento; si nos comprometemos en una tarea pedagógica de esa legislación protectora, si no damos un paso atrás, estaremos definiendo un nuevo marco de realidad que la derecha tendrá que aceptar aunque no le guste.

Hubo un tempo en que la izquierda no pretendía solo intervenir en el mercado, quería sacar la vivienda del mercado para garantizar el derecho de los que no podían acceder a él.

Había medidas, racionales, rigurosas, factibles. Hay que recuperarlas, pero, ante todo, crear un movimiento que sea capaz de mantener una tensión continuada en el tiempo. Que no nos olvidemos del problema hasta que vuelva a visitarnos.

Empiezo por la primera máscara, la de la felicidad obligada. Edgar Cabanas y Eva Illouz, en Happycracia, describen cómo la felicidad se ha convertido en un mandato: una obligación que se exhibe, más que un estado al que se llega. Los autores critican una determinada concepción de la psicología positiva según la cual el bienestar aparece como responsabilidad individual. De ahí la presión constante por estar feliz y, sobre todo, por parecerlo. La careta de Julia responde a un mandato social que no admite excepciones. En casa no puede decir hoy no puedo: cuelga la careta y espera a que se le borre el gesto de la sonrisa.

Toda sociedad establece escalas, y esas escalas jerarquizan y excluyen. Erving Goffman lo describió en Estigma: la identidad deteriorada (1963). Ante un desconocido, la primera impresión nos permite anticipar a qué categoría pertenece y qué atributos tiene. Si descubrimos en él algo que lo vuelve distinto y menos deseable, dejamos de verlo como una persona entera y corriente y pasamos a verlo como alguien manchado y rebajado. Ese acto de reducción es la escala en funcionamiento. La apariencia física y los modales se miden con una vara invisible, y quien cae fuera del intervalo aceptable carga con lo que Goffman llama estigma: una identidad deteriorada que se le impone como condición permanente. A quien cae fuera se le clasifica antes de mirarlo. Lo que hace daño llega después de clasificar, con el sistema de premios y castigos.

Careta y rostro comparten origen. En latín, persona designaba la máscara del actor, y una hipótesis muy repetida la hace derivar del etrusco phersu. En el teatro clásico máscara y persona eran una misma cosa: te ponías la máscara y eras ese alguien. Goffman llevó la intuición a toda la vida social en La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959): cada espacio es un escenario y en él representamos un papel. Hay además un giro que suele pasarse por alto: se nos exige llevar una careta y también tener un rostro determinado. Judith Butler distingue entre las vidas que una sociedad reconoce como inteligibles y las que arroja al terreno de lo abyecto, aquello que no puede leerse. Butler desarrolla esta distinción a propósito de las normas de inteligibilidad de género; aquí utilizo esa lógica, de forma deliberadamente extensiva, para pensar otras formas de exclusión del ámbito de lo visible. De ahí una pregunta más cruel que la de la careta: si tu rostro mismo no cumple los requisitos, ni siquiera tienes derecho a una máscara digna.

Goffman y Butler describen el mecanismo de la exclusión, y las cifras del acoso escolar muestran cómo se aplica. El VIII informe de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña recoge las respuestas de 18.245 estudiantes de 236 centros de cinco comunidades autónomas durante el curso 2025-2026. El 14,1% del alumnado dice que él o algún compañero de su clase sufre acoso o ciberbullying, frente al 12,3% del curso anterior. El acoso presencial, medido aparte, sube del 6,5% al 7,9%. Entre los motivos, que el alumnado podía marcar en varias opciones, el aspecto físico ocupa el primer lugar (78,9%), seguido de la cultura, la raza o la religión (54,9%) y de las cosas que la víctima hace o dice (50,3%). La orientación sexual aparece en el 43%. Además, los motivos que más crecen respecto al curso anterior son el aspecto físico, la cultura, la raza o la religión, y la orientación sexual. El castigo cae sobre lo que se sale de la norma.

Las formas que adopta el castigo son reveladoras: insultos, motes y burlas (86,4%), aislamiento (43,5%), rumores (32,7%) y agresiones físicas (29,7%). El aislamiento y la burla son las sanciones típicas contra quien no encaja en la escala. El 27,6% de quienes sufren acoso presencial lo padece desde hace más de un año. Es una condición que se repite: tú eres así y mereces que te traten así. Los docentes encuestados señalan la presión del grupo de iguales (89,3%) como factor decisivo, y el 81,9% ve el sentimiento de superioridad como el rasgo más asociado al agresor. En el 33% de los casos presenciales participan dos o más agresores. El acoso es una ejecución colectiva de la norma: el grupo confirma su propia normalidad castigando al que se desvía.

Julia pedía mirar al otro lado: al que elige, al que jalea, al que mira. El estudio de Christina Salmivalli y sus colegas (1996) describió los roles que cada niño adopta en el acoso y los relacionó con su estatus en el grupo. En una muestra de 573 escolares finlandeses de sexto, identificó seis roles: víctima, agresor, reforzador del agresor, ayudante del agresor, defensor de la víctima y espectador. Los autores pudieron asignar un rol al 87% del alumnado y encontraron diferencias significativas en la distribución de esos roles según el sexo y el estatus social dentro del grupo. Un estudio con 441 adolescentes de dos institutos públicos de Castellón (Górriz y colaboradores, 2010), que asigna a cada alumno un único rol principal, reparte la clase así: 19% agresores, 20% seguidores del agresor, 32% defensores, 25% público y 4% víctimas. La conclusión de ambos trabajos es que el acoso funciona como fenómeno de grupo: la mayoría de la clase participa, de forma activa o pasiva, en el clima que lo hace posible. Los reforzadores agreden riendo o jaleando, y a veces impidiendo que la víctima escape para ver cómo la humillan. El público, según los autores del estudio de Castellón, suele quedarse quieto por miedo a ser la siguiente víctima o a enemistarse con los agresores. Pero esos roles no son fijos: en su muestra, cuando el público deja de ser pasivo, en el 81% de los casos pasa a defender a la víctima, y los defensores eran los compañeros más valorados por el grupo. El informe de ANAR apunta en la misma dirección: el 59,2% del alumnado cree que sus compañeros hacen algo ante un caso, 7,1 puntos más que el curso anterior. La clase puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro.

Sobre los suicidios hay que hablar con cuidado. En 2024 se quitaron la vida 90 menores de 20 años en España, frente a 76 el año anterior, según el INE. Es la cifra más alta de los últimos años, y llega mientras el total de suicidios descendía por segundo año consecutivo. El INE no registra causas, y el Ministerio de Sanidad describe el suicidio como un fenómeno multicausal. Por eso pongo estas cifras junto a las del acoso sin unirlas con una flecha. En algunos casos concretos consta, además, que hubo señales de acoso y que la respuesta llegó tarde. Sandra Peña tenía 14 años, vivía en Sevilla y se quitó la vida el 14 de octubre de 2025. Según la investigación judicial, el colegio supo del acoso en febrero de 2025, ocho meses antes, y su madre pidió que la cambiaran de clase por los insultos y las burlas que recibía. Un informe de la Inspección Educativa señala que no consta que el centro abriera un procedimiento corrector. En septiembre de 2026, la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa penal contra los responsables del colegio: no aprecia entre su actuación y la muerte la relación de causalidad directa que exige el derecho penal. El mismo auto describe esa actuación como “deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia” que un caso de acoso requiere, y reconoce que las medidas tomadas fueron tan leves que no surtieron efecto. Añade que el acoso influyó en el sentimiento de rechazo de Sandra hacia sí misma, aunque no de forma decisiva a efectos penales. Pide a la autoridad educativa más prontitud y contundencia, con supervisión de especialistas, y reclama la implicación del alumnado y de la comunidad educativa, porque dejar toda la responsabilidad en el equipo directivo se ha mostrado insuficiente. El archivo cierra la vía penal y deja abierta la civil para los padres. La justicia de menores investiga por separado, hasta donde consta, a las tres alumnas señaladas, y la Junta espera a la Fiscalía de Menores para decidir la sanción al colegio. En Jaén, dos adolescentes de 15 y 16 años aparecieron sin vida en un parque del centro. Se habló de acoso, y la Junta pidió prudencia hasta que concluyera la investigación policial: hay causas que tardan en conocerse. Detrás de cada cifra hay alguien que ya no está. Julia lo escribió así: los que sufrieron en silencio la tortura de ir al cole que era su campo de exterminio solapado y consentido a espaldas de los padres ajenos a su sufrimiento.

Eleanor Rigby recoge el arroz que queda tras las bodas en la iglesia y vuelve a casa a ponerse la cara, que según la canción guarda en un tarro junto a la puerta. La canción de los Beatles dura porque capta una forma de existir: la careta como estrategia de supervivencia cuando no hay otra. La soledad de Eleanor Rigby incluye no poder mostrar que está sola. La careta del tarro oculta una infelicidad que no está permitida, y en eso Eleanor Rigby y Julia Baigorri son la misma figura: la mujer que se pone la cara de felicidad al salir y la guarda al volver. En el espacio público la careta te permite pasar el examen. Si sonríes y pareces normal, cumples los indicadores que exige la escala y nadie te aísla ni se ríe de ti. El precio es que tú tampoco estás presente. La careta te protege y, al mismo tiempo, te cancela. En lugar de vivir, apruebas la inspección.

¿Y al llegar a casa? Goffman distinguió entre la región anterior (front region), donde se desarrolla la actuación ante los demás, y la región posterior (back region), donde los requisitos de esa actuación pueden relajarse. Añado una pregunta: ¿qué ocurre cuando la región posterior es el único lugar donde puedes quitarte la careta y descubres que debajo hay agotamiento? Los datos españoles de 2026 apuntan en esa dirección. El estudio de la Fundación ONCE y la Fundación AXA, con 4.100 adultos, sitúa en el 20,2% a quienes viven una soledad no deseada. La soledad llega al 49,1% entre quienes tienen problemas de salud mental, frente al 11% entre quienes no los tienen. Y el 77,6% de la población considera bastante o muy difícil reconocer ante los demás que tiene un problema de salud mental. Quitarse la careta y decir no estoy bien es en sí un acto estigmatizado. El círculo se cierra: el dolor no se muestra en público porque no se acepta, en privado sigue ahí, y llega la sospecha de que quizá no hay un yo real, solo capas de caretas desgastadas.

Marcel Mauss describió en Ensayo sobre el don (1925) el potlatch de los pueblos del noroeste del Pacífico: una forma de intercambio competitivo en la que el prestigio y el rango se ponían en juego mediante la exhibición, la entrega y, en determinados casos, la destrucción de riqueza. En algunos potlatch se quemaban grandes cantidades de bienes y se rompían o arrojaban al agua objetos de cobre para imponerse al rival. La máscara exigía un sacrificio real. Hoy la máscara se valida de otra manera: exige destruir la propia cara para sobrevivir. Allí se destruía riqueza para imponerse, y aquí se trata de borrarse hasta encajar.

Julia me sugirió que escribiera este artículo en memoria de los niños suicidados. No tengo capacidad de restituirles nada. Puedo decir lo que las cifras y los casos permiten decir: la crueldad se sostuvo entre muchos. Alguien eligió a la víctima, y a su alrededor otros rieron o miraron hacia otro lado. Y en casa, muchas veces, nadie lo sabía, porque el hijo se ponía cada mañana la careta de quien va al colegio como a un lugar normal. Esa careta decía que no pasaba nada. Debajo había un niño esperando que alguno de los que miraban hiciera algo.

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, el teléfono 024 de atención a la conducta suicida es gratuito y funciona las 24 horas.

¿Me gustó? ¡Qué pregunta tan insuficiente para una película tan grande! Sin embargo, yo no la recomendaría a todo el público. Incluso advertiría a los seguidores de los “torrentes” de Santiago Segura y similares que no acudan a verla. ¿Estoy diciendo que es una película de culto? Pues sí. Creo, ahora que lo escribo, que es una película de culto. 

Tiene un estilo narrativo diferente. Los protagonistas, tres actores hasta ahora de segunda fila o casi desconocidos, hacen una interpretación magistral. Los directores, tienen el mérito de conseguir que los actores se metan en la carne de sus personajes y eso llega al espectador.

Las actrices de reparto están soberbias: Lola Dueñas, no lo puede hacer mejor. Glen Closse está magnifica en su pequeño papel de historiadora e investigadora. Penélope Cruz es extraordinaria, canta, baila, provoca, reivindica, se defiende y defiende. Es una mujer luchadora, amante de la libertad en una época de represión. Hasta el pequeño papel de Antonio de La Torre, padre del joven Carlos, es bueno.

La música se hace imprescindible en todas las escenas. El pasodoble: “soldadito español” tiene dos interpretaciones. En la primera la voz dulce casi la de una niña se introduce en ese soldado joven que no tiene más mundo que el de su madre. Ese soldado tímido que toca la trompeta en la banda de su pueblo y que van a recibir a los nacionales, a los franquistas, porque creen que les traen la paz. Estamos en 1937 y no hay paz en España. Una guerra civil enfrenta a demócratas y fascistas. Los aviones italianos cargados de bombas destruyen pueblos enteros, matan a sus gentes y los soldados de Franco recogen a los heridos los cargan en camiones y les dan “el tiro de gracia” en las cunetas.

Ese pasodoble tan patriota, ese “soldadito español” pierde la ternura de la voz infantil y se transforma en el coro de recias voces masculinas que representan la fuerza bruta y el deseo irracional de matar. La trompeta es un elemento clave, simbólico y onírico en la película. El resto de los temas y canciones se adaptan al relato como un guante a los dedos de la mano.

Hay fotografías de belleza natural: la montaña nevada, el arroyo que cobija a Sebastián, la playa en la que, en sueños, ese deliciosamente ingenuo “soldadito español” ve los cuerpos atractivos de esos hombres desnudos, la cima del acantilado que anuncia el precipicio de todo, sobre todo de la guerra, de la muerte, del odio, de la intransigencia…  El bombardeo del casino, los restos del escombro tan blancos como la nieve que entra por la gran claraboya y la inmensa lámpara en el centro del salón destruido…

Y detrás de todo Lorca, Federico García Lorca, un poeta homosexual en un tiempo sin libertad. Por eso lo mataron. Un gay que plasmaba como nadie la sociedad en la que vivía: Yerma, la Casa de Bernarda Alba o Bodas de Sangre son ejemplos claros del autor dramático. Sus poemarios: El Romancero gitano, en el que sobresale: La Casada infiel y poeta en Nueva York son dos estilos tan distintos que resulta imposible creer que hayan salido de la misma pluma.

'La bola negra' es esa película que se vale de la belleza del arte para enseñar esa parte de nuestra historia a la que no llegan los estudiantes de Secundaria y Bachillerato y que no quieren admitir aquellos descendientes del odio porque como se dice en la película: “España tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que rascar la tierra para que salgan”. Gracias a los directores de “La Bola negra”: Javier Calvo y Javier Ambrossi y, de nuevo: ¡Viva el cine español!

Recuerdo cuando, hace ya algunos años, Apple y Facebook anunciaron la financiación del tratamiento de congelación de óvulos para sus empleadas como una iniciativa destinada a retener el talento. Se presentaba como un beneficio, sí, pero si profundizabas en el discurso que acompañaba esta medida, afloraba una idea inquietante: congelar durante tus años fértiles, para poder afrontar los años más productivos para la empresa. Todavía me permito utilizar este ejemplo en mis formaciones, para abrir un debate que sigue plenamente vigente.

La profesionalización del deporte femenino ha situado en el debate público la maternidad y sus obstáculos, y no son pocas las deportistas que han decidido alzar la voz. Ana Peleteiro, atleta, que decidió ser madre tras ser bronce olímpico en Tokio 2020, criticaba esta medida de la RFEF y recordaba que el verdadero desafío consiste en asegurar que ser madre no suponga una penalización profesional en tu carrera. Blanca Manchón, olímpica en windsurf en Tokio 2020, tiraba de ironía para señalar lo supuestamente idílico de financiar la congelación de óvulos de las futbolistas: las deportistas podrían esperar a ser madres al terminar sus carreras deportivas, no dar problemas durante su etapa competitiva, y después descongelar óvulos y quedarse embarazadas a los 40 años. Maravilloso.

Y es que lo preocupante es que hemos terminado adaptando los tiempos reproductivos a las exigencias de las estructuras laborales, en lugar de transformar estas estructuras para hacer posible la maternidad. Ahí reside el quid de la cuestión. 

Porque congelar óvulos no es conciliar. Congelar óvulos es, en gran medida, desplazar la mirada de lo verdaderamente importante. Es asumir que la maternidad y la trayectoria profesional son incompatibles, y que corresponde a las mujeres modificar sus proyectos vitales para encajar en un modelo organizativo que permanece inalterado. Es hacer oídos sordos a nuestros propios tiempos biológicos y sociales, convirtiendo maternidad y profesión en adversarias irreconciliables, cuando el verdadero reto debería ser abordar, de una vez por todas, las condiciones que hacen posible la (bendita) conciliación.

En el fondo, las madres, y también algunos padres, nos parecemos hoy a los funambulistas. No solo caminamos sobre la cuerda floja que supone compatibilizar las distintas esferas de la vida, sino que además nos vemos en la obligación de demostrar constantemente que somos capaces de hacerlo todo al mismo tiempo y sin perder el equilibrio.

Nota al pie:

Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a elaborar un plan específico de conciliación y corresponsabilidad con medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia, que deberán poner a disposición de las entidades deportivas integrantes de la federación (artículo 4 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre del Deporte).

Se consideran nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales tendentes a permitir o favorecer la rescisión unilateral del contrato por razón de embarazo o maternidad de las mujeres deportistas (Preámbulo de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre del Deporte).

He pensado mucho en esa imagen al salir del cine. La bola negra enlaza tres vidas de épocas diferentes atravesadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia, recuperando además una de las obras que Lorca dejó inacabadas. Tal vez por eso uno sale con la sensación de que algunas historias nunca terminan del todo. Permanecen debajo de nosotros, esperando que alguien vuelva a remover la tierra.

Porque cambian las leyes, las palabras, las ciudades y las generaciones. Cambian nuestras formas de relacionarnos. Pero hay algo profundamente humano que permanece: la necesidad de amar y ser amado, de sentirnos reconocidos y de poder vivir nuestra identidad sin miedo. Ahí la educación social tiene mucho que decir.

Educar también significa aprender a convivir con quien piensa, siente, ama o vive de manera diferente. Trabajar el disenso sin convertirlo en enemistad. Enseñar que cuidar no es controlar y que acompañar no consiste en decidir por la otra persona. Es construir comunidades en las que cada ser humano pueda llegar a ser quien quiera ser, respetando a los demás y sintiéndose también respetado.

No es una reflexión ajena al presente. Vivimos rodeados de ruido. Casos y acusaciones de corrupción ocupan titulares; Ceuta atraviesa una extraordinaria presión migratoria y humanitaria, reconocida oficialmente por el Estado, mientras el debate social se endurece. Solo durante agosto, el observatorio estatal OBERAXE detectó más de 101.000 contenidos reportables de odio y narrativas discriminatorias en redes, un 76 % más que el mes anterior; el 39 % estaba relacionado con la crisis de Ceuta.

Corremos el riesgo de acostumbrarnos a mirarnos como adversarios antes que como personas. Y, sin embargo, seguimos enamorándonos. Seguimos cuidando a nuestros padres, abrazando a nuestros hijos, echando de menos a quien se fue, esperando un mensaje, tomando una mano en un hospital, acogiendo a quien llega, reconciliándonos después de una discusión. Seguimos buscando a alguien con quien compartir la vida. Quizá ahí resida una de nuestras mayores esperanzas.

Por eso necesitamos volver a arar la tierra. No para borrar el pasado, sino para encontrar las historias que quedaron debajo. Las de quienes amaron a escondidas. Las de quienes tuvieron que marcharse. Las de quienes no pudieron decir «te quiero» en voz alta. Y también las historias que hoy estamos escribiendo y que deberíamos procurar que no tengan que ser desenterradas dentro de cien años para comprender cuánto sufrimiento provocaron nuestros silencios.

Honrar la vida y la convivencia no debería ser una consigna. Es una tarea cotidiana y un compromiso ciudadano. Tal vez el arado vuelva a detenerse muchas veces. Ojalá sepamos agacharnos, retirar la tierra con cuidado y mirar lo encontrado sin miedo.

Porque debajo de tantas capas de historia seguimos encontrando lo mismo: seres humanos intentando amar y ser amados. Y mientras haya amor, habrá esperanza. Porque, al final, quizá sea el amor lo que verdaderamente da sentido a la vida.

Eso me ha ocurrido con cada capítulo de Tip Toe, la serie de Russell T. Davies que están emitiendo en HBO. No porque cuente algo que no supiéramos ya, sino precisamente porque consigue convertir en una historia cotidiana algo que quizá llevamos demasiado tiempo contemplando con una cierta distancia como es el regreso de la intolerancia, la normalización del odio y el miedo entre quienes creíamos que ya habíamos aprendido a vivir en libertad.

“Ser queer en 2026 es un acto político”, esta es una frase que dice un personaje de la serie, que se me ha quedado grabada. Y es que, después de décadas de avances, de leyes que reconocen derechos, de una mayor visibilidad y de generaciones que han crecido viendo con mucha más naturalidad distintas formas de amar y de construir una familia, podríamos pensar que es una frase exagerada, que pertenece a otro tiempo, pero quizá hemos cometido un error llegando a pensar que, porque hemos conseguido derechos, también habíamos conseguido acabar con los prejuicios. Y no es así. 

Sería injusto y falso negar la transformación profunda que ha experimentado la sociedad española. Personas que durante buena parte de su vida tuvieron que esconder quiénes eran pudieron finalmente mostrarse como son. Muchas familias han podido vivir con normalidad una realidad que antes estaba marcada por el silencio. Miles de personas han podido besar a su pareja en público sin sentir que estaban cometiendo una provocación. Pero que hayamos avanzado no significa que el camino haya terminado. Las leyes pueden cambiar una sociedad, pero no consiguen eliminar de un plumazo todos sus prejuicios. 

Durante mucho tiempo hemos dado por supuesto que las nuevas generaciones serían necesariamente más tolerantes que las anteriores y, probablemente, en muchos aspectos, lo sean. Pero esa certeza empieza a necesitar muchos más matices porque las personas jóvenes también están expuestas a un ecosistema digital en el que conviven la información, la diversidad y la solidaridad con contenidos que convierten al diferente en una amenaza, que ridiculizan los derechos de las minorías o que presentan la igualdad como una imposición.

El odio ya no necesita una esquina oscura para mostrarse. Tiene un teléfono móvil, un algoritmo y miles de personas dispuestas a compartir una mentira antes de que nadie tenga tiempo de desmontarla. Y tiene algo todavía más peligroso que es la capacidad de hacer que determinados discursos parezcan normales.

Este último aspecto me parece esencial porque la homofobia no comienza necesariamente con una agresión. A veces comienza con una broma, con un insulto que vuelve a provocar risas; con la idea de que “ya no se puede decir nada”. Con la utilización sistemática de las personas LGTBIQ+ como objeto de provocación política. Con la insistencia en presentar nuestra visibilidad como adoctrinamiento o nuestra igualdad como un privilegio.

El salto entre una cosa y otra no es automático. Sería absurdo decir que cada chiste homófobo conduce a una agresión, pero también sería ingenuo pensar que el lenguaje no construye el clima social en el que determinadas conductas pueden llegar a considerarse aceptables.

El propio Russell T. Davies ha explicado que Tip Toe nace, en parte, de su preocupación por una sociedad cada vez más irritable e intolerante y por la manera en que las redes sociales favorecen una comunicación basada en mensajes breves, contundentes y cargados de confrontación. Y ahí es, precisamente, donde creo que la serie deja de ser solamente una serie sobre personas LGTBIQ+, porque lo que está describiendo puede aplicarse también a otros colectivos como el de los inmigrantes, los sintecho, los “invasores” de Ceuta…, o incluso las mujeres.

Cuando una sociedad empieza a acostumbrarse a señalar al diferente, todos deberíamos preocuparnos. Cuando el insulto deja de dar vergüenza y empieza a provocar aplausos, deberíamos preocuparnos. Cuando la mentira se convierte en un arma y la indignación permanente sustituye a la conversación, deberíamos preocuparnos. Y cuando gran parte de una generación empieza a recibir desde las redes sociales mensajes que cuestionan la dignidad o los derechos de otras personas, deberíamos preocuparnos todavía más, porque se está construyendo un relato en el que determinadas personas empiezan a sentirse moralmente legitimadas para despreciar a otras.

Y conste que no escribo esto desde el miedo, lo escribo precisamente desde la memoria de quien pertenece al colectivo LGTBIQ+. Y quizá por eso Tip Toe me ha golpeado de una manera especialmente profunda. 

Porque quienes hemos vivido determinados momentos de nuestra historia reciente, sabemos que los derechos que hoy parecen evidentes no aparecieron por generación espontánea. Otras personas tuvieron que enfrentarse antes a la incomprensión, al insulto, al rechazo, al silencio y, en muchos casos, a la violencia para que otros pudiéramos vivir de una manera más libre.

A estas alturas deberíamos saber que los avances no son para siempre y que los derechos que hoy tenemos también pueden perderse. Los derechos se conquistan, pero también hay que defenderlos. Porque lo que hoy parece garantizado puede dejar de estarlo mañana.

En España escuchamos a diario a dirigentes de VOX reclamar la derogación de las leyes trans y presentar estas normas como una amenaza para los menores o describir las políticas LGTBI como imposiciones ideológicas. Y en 2026, con el respaldo del PP en algunas comunicades autónomas, siguen calificando determinadas leyes LGTBI de “ideológicas”, “invasivas” o alejadas de la evidencia científica. En La Rioja, por ejemplo, VOX reclama expresamente la derogación de la ley autonómica de identidad y expresión de género, calificándola de “disparate” y vinculando su aplicación con el “adoctrinamiento” en las aulas. 

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con cualquiera de esas posiciones políticas porque, en democracia, todas las leyes pueden discutirse y reformarse, pero cuando se repite sistemáticamente que un colectivo representa una amenaza, que sus derechos son una imposición ideológica, que su visibilidad es adoctrinamiento o que sus reivindicaciones forman parte de una agenda que pretende destruir la familia o borrar a las mujeres, no estamos hablando simplemente de una discrepancia legislativa. Estamos construyendo un relato sobre quiénes somos y sobre qué lugar debemos ocupar en la sociedad.  

Y ese relato importa porque el retroceso no tiene que empezar necesariamente con una ley que elimina un derecho. Puede empezar mucho antes. Puede empezar cuando los ciudadanos dejamos de ejercer esos derechos. Cuando alguien decide no coger de la mano a su pareja por miedo. Cuando una chica o un chico evitan decir en clase que es gay. Cuando una familia decide no hablar de sus dos madres o de sus dos padres para evitar problemas. Cuando alguien escucha un insulto y prefiere callarse. Cuando una persona LGTBIQ+ empieza a pensar que quizá es mejor no llamar demasiado la atención. En definitiva, cuando volvemos a caminar de puntillas. 

Ese es, para mí, el verdadero significado del título de la serie. Uno de los personajes explica que antes entraba en una habitación diciendo “¡tachaaán!” y ahora camina de puntillas “por si acaso”. Esa frase resume una amenaza que no deberíamos despreciar.

Porque no hemos luchado durante décadas para que las personas LGTBIQ+ aprendamos de nuevo a escondernos. No hemos conquistado la libertad para vivir pendientes de quién nos mira. No hemos conseguido visibilidad para volver a pedir perdón por existir. 

Aunque también es cierto que tampoco deberíamos caer en el error contrario y pensar que todo está perdido, porque no lo está. Nuestra sociedad ha cambiado y lo ha hecho para mejor en muchísimos aspectos. Precisamente por eso tenemos algo muy valioso que proteger. Lo que necesitamos ahora no es miedo, sino vigilancia. No es enfrentamiento, sino firmeza. No es responder al odio con más odio, sino impedir que el odio vuelva a convertirse en una forma aceptable de relacionarse con los demás.

Necesitamos educación, instituciones que no miren hacia otro lado; combatir la discriminación allí donde aparezca; exigir responsabilidades cuando se cruza la línea entre la libertad de expresión y la agresión o la incitación al odio. Y necesitamos, sobre todo, recuperar la idea de que los derechos de una minoría no son solo un asunto de esa minoría. Son un asunto de todos porque son una cuestión de democracia.

Quizá por eso me ha dejado tan inquieto Tip Toe. Porque no quiero creer que sea una profecía ni que pretenda serlo. Pero sí creo que es una advertencia muy seria. Una llamada de atención sobre lo que puede ocurrir cuando una sociedad se acostumbra demasiado al ruido, al insulto, a la deshumanización y a la polarización. Y las advertencias solo sirven cuando todavía estamos a tiempo de actuar. Por eso creo que debemos estar alerta. No porque debamos vivir con miedo, sino porque conocemos demasiado bien el precio de bajar la guardia.

Hay una generación que luchó para poder salir de la oscuridad. Hay otra que ha crecido creyendo que esa libertad era algo natural. A ambas nos corresponde ahora la misma responsabilidad: negarnos a volver a entrar en una habitación de puntillas.

Las palabras pronunciadas hace unos días por el canciller alemán, Friedrich Merz, deberían invitarnos a una reflexión que va mucho más allá de Alemania. Merz recordó que Alemania es un país de inmigrantes y defendió que la xenofobia no tiene cabida en su sociedad, al tiempo que señalaba la importancia de la inmigración para sectores esenciales de su economía. Ojalá, Alberto Núñez Feijóo tomara ejemplo, en vez de copiar el discurso extremo de Santiago Abascal.

No se trata de negar que la inmigración plantee desafíos. Los plantea, y los Estados tienen la obligación de gestionar sus fronteras, garantizar la seguridad, ordenar los flujos migratorios y construir políticas de integración eficaces. Pero una cosa es gestionar un fenómeno complejo y otra muy distinta convertir el miedo, la pobreza o el origen de las personas en instrumentos de confrontación política. España debería ser capaz de mantener esa diferencia.

Lo que está ocurriendo en Ceuta nos obliga a mirar de frente una realidad que resulta incómoda. Ceuta no puede ser solamente una cuestión de cifras, de controles fronterizos o de titulares. Es también un drama humano. Y reconocerlo no significa ignorar las dificultades de los vecinos de Ceuta, ni minimizar la presión que soportan sus servicios públicos, ni desconocer la responsabilidad que corresponde al Estado y a la Unión Europea. Significa exigir una respuesta pública a la altura de la dimensión del problema. Una respuesta ordenada, firme cuando deba serlo, pero también humana.

Porque el humanismo no significa ausencia de normas. Significa que las normas no pueden hacernos perder de vista la dignidad de las personas.

Vivimos tiempos en los que parece que la política premia cada vez más la exageración, la desconfianza y la división. Hay quien encuentra rentabilidad electoral en señalar al diferente, en convertir al extranjero en amenaza o en presentar a quien tiene menos como responsable de los problemas de quien tiene algo más. Es una deriva peligrosa.

El racismo y la aporofobia no deberían encontrar acomodo en una sociedad democrática y solidaria como la española. Tampoco deberían convertirse en lenguaje habitual de la conversación pública. No son tiempos en los que esté especialmente de moda reivindicar una visión humanista de la política. Precisamente por eso resulta más importante hacerlo.

El papa León XIV, durante su visita a España en junio, habló en Tenerife de una sociedad y de una ciudad «sin murallas» y recordó que algunas de las barreras más difíciles de derribar no son de piedra, sino las que nacen de la mirada, del miedo o de la indiferencia.

Es una reflexión que trasciende las creencias religiosas y que debería interpelar también a quienes ejercemos responsabilidades públicas: ¿qué ocurre cuando dejamos de mirar a las personas como personas?

Una sociedad puede tener fronteras y, al mismo tiempo, tener conciencia. Puede defender la legalidad y, al mismo tiempo, defender la dignidad humana. Puede reclamar una inmigración ordenada y, al mismo tiempo, negarse a que quienes huyen del hambre, de la guerra o de la persecución sean utilizados como piezas de una estrategia electoral.

Hay algo especialmente irresponsable en dividir a una sociedad a la que después se pretende gobernar, y desde luego, en mi condición de candidato a presidir La Rioja, me niego a contribuir a la división, al ruido, a la crispación y al enfrentamiento entre riojanos y riojanas. Propongo al resto de candidatos sellar un acuerdo para una campaña limpia, centrada en los problemas de nuestros vecinos y vecinas, lejos de la crispación nacional.

La Rioja conoce bien el valor de la convivencia. Es una tierra tranquila, acogedora y amable. Una tierra de pueblos y ciudades donde durante generaciones hemos sabido que una comunidad no se construye preguntando permanentemente de dónde viene cada persona, sino procurando que todos puedan sentirse parte de ella. La política tiene una enorme capacidad para crear realidad. Puede alimentar el miedo o puede generar confianza. Puede levantar muros o construir puentes. Puede convertir las diferencias en trincheras o entenderlas como parte de una sociedad plural. Y esa elección importa.

No deberíamos aceptar que para obtener votos haya que sacrificar valores. No deberíamos asumir que para ganar una discusión política hay que perder un poco de humanidad. Y, sobre todo, no deberíamos acostumbrarnos a que el sufrimiento de otros se convierta en una herramienta para obtener réditos electorales. La política necesita resultados, naturalmente. Necesita gestión, presupuestos, leyes, servicios públicos y decisiones. Pero también necesita principios.

Porque gobernar no consiste únicamente en administrar una sociedad. Consiste, en buena medida, en decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y ante el drama de Ceuta, ante quienes llegan huyendo del horror y ante cualquier persona que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos no sea cuánto nos puede beneficiar políticamente su sufrimiento. Quizá debamos preguntarnos, sencillamente, qué haríamos si esa persona fuera uno de los nuestros.

La respuesta a esa pregunta dice mucho de una sociedad. Y también dice mucho de su política. Cuando llegué a la política autonómica me planteé un objetivo: convertir La Rioja en la excepción de diálogo, respeto y acuerdo que confirme la regla general de crispación, división y desacuerdo. Todavía no lo he conseguido, pero me niego a tirar la toalla. Lo merece la política, pero, sobre todo, lo merece la tierra a la que amo.

A esto los economistas lo llaman externalidad: un coste real que el precio no recoge porque quien lo sufre no es quien compra ni quien vende. Llamarlo fallo del mercado sugiere un error técnico, corregible con un ajuste. Es, en realidad, un límite de origen. El precio solo sabe contar lo que pasa entre dos partes que negocian. Todo lo que le pasa a un tercero —al río, a la generación siguiente, al pueblo que no participó en la transacción— queda, por diseño, fuera de la cuenta —y fuera del mapa—. Y hay cosas que no solo quedan fuera: no se dejan meter dentro.

Karl Polanyi ya había puesto el dedo ahí, aunque no hablara de clima. Llamó mercancías ficticias a la tierra, el trabajo y el dinero: cosas que el mercado trata como si se hubieran producido para la venta, cuando en realidad no se produjeron para eso. Nadie fabrica un río pensando en venderlo. Nadie cultiva una capa de ozono. Y sin embargo el mercado necesita tratarlos como si fueran mercancías cualquiera, con su precio y su curva, porque de otro modo no sabe qué hacer con ellos. El resultado, advertía Polanyi, es que esa ficción tiene un coste: tratar la tierra como mercancía acaba por agotarla, igual que tratar el trabajo como mercancía acaba por agotar a quien lo ejerce.

Y el tercero que queda fuera del precio no es solo humano, ni siquiera futuro humano. Un bosque talado no tiene manera de sentarse a negociar su propio precio, ni la tendrá nunca, y no porque el turno se demore, sino porque no hay lenguaje de mercado en el que un río o una especie puedan hablar por sí mismos. Cuando desaparece un anfibio o una variedad de trigo, no hay factura pendiente ni deuda que cobrar —hay, simplemente, un silencio que el precio nunca registró porque nunca estuvo diseñado para escucharlo—.

Durante décadas, la respuesta a este límite tuvo un nombre: la tragedia de los comunes. Garrett Hardin, en 1968, imaginó un pasto compartido donde cada pastor añade una oveja más porque el beneficio es suyo y el coste se reparte entre todos, hasta que el pasto se agota y todos pierden. La conclusión que se sacó de ahí, durante años, fue que lo compartido está condenado: o se privatiza, o lo gestiona el Estado, porque dejado autogestionarse a la gente se destruye solo.

Elinor Ostrom pasó buena parte de su carrera demostrando, con trabajo de campo, que eso no es verdad, o no siempre. Estudió sistemas de riego en España, bosques comunitarios en México, pesquerías en distintas partes del mundo, y encontró comunidades que llevaban siglos gestionando un recurso compartido sin privatizarlo y sin que nadie desde fuera se lo impusiera: con normas propias y sanciones que los mismos vecinos vigilaban. El propio Hardin, años después, reconoció que debería haber titulado su ensayo la tragedia de los comunes sin regular: el pasto se agota cuando nadie se conoce y nadie rinde cuentas a nadie. Cuando hay comunidad el recurso compartido puede sostenerse durante generaciones sin necesitar un precio que lo discipline.

Carlos Taibo lleva años insistiendo en un argumento más incómodo todavía: que ni siquiera arreglando el precio se arregla esto. Taibo desplaza la pregunta hacia la obsesión con que la cuenta, cualquier cuenta, tenga que crecer siempre. El decrecimiento que defiende no pide un capitalismo mejor calculado, con externalidades por fin internalizadas; pide producir y consumir menos en las sociedades ricas —y repartir de otro modo lo que queda: el trabajo, el tiempo, la energía—, deliberadamente, como condición para que el planeta —y quienes lo habitan sin voto en el mercado— tengan margen para seguir existiendo. Es una crítica que va un paso más allá de Polanyi: no basta con dejar de fingir que la tierra es una mercancía como otra cualquiera: hay que dejar de exigirle que rinda cada vez más. 

Ostrom y Taibo no hablan exactamente de lo mismo. Ella mostró que una comunidad pequeña puede gestionar bien lo que comparte, cara a cara, con reglas propias. Él pide algo más grande: que sociedades enteras dejen de exigir crecimiento. No está claro que lo primero baste sin lo segundo, ni que lo segundo funcione sin comunidades capaces de gestionar de cerca lo que les toca gestionar. Este ensayo no lo resuelve. Solo deja constancia de que ahí hay un salto de escala sin puente todavía. Puentes con nombre ya existen: cuencas hidrográficas, bioregiones, gobernanza multinivel; pero nombrarlos no es lo mismo que haberlos construido.

Los mercados de emisiones y los impuestos al carbono son, en el fondo, el intento contrario a Taibo: no salir del precio, sino estirarlo hasta que quepa lo que antes no cabía. Ponerle precio a la tonelada de carbono, decidir cuánto vale un bosque en pie frente a uno talado. Pero en cuanto alguien tiene que fijar ese número, vuelve la pregunta de siempre: ¿quién decide, y con qué criterio, que un bosque en Indonesia vale menos que una fábrica en Alemania? —y quien decide suele ser quien tiene más poder de negociación, no quien tiene mejor criterio. Antes de esa pregunta hay otras dos, más prosaicas y no menos decisivas: quién mide la tonelada de carbono que un bosque en pie evita emitir, y con qué margen de error; y si pagar por no talar un bosque que de todos modos no iba a talarse reduce algo, o solo mueve el dinero de un bolsillo a otro. Contar lo que antes no cabía extiende la misma curva, más ambiciosa, sin dejar de fingir que todo puede caber en una cuenta. Puede que el precio no cuente mal: puede que haya cosas que, sencillamente, no se dejan contar.

Ahí está el hilo que conecta todo esto con lo que ya habíamos visto: la escasez, decíamos ayer, no se descubre, se fabrica o se impone. El clima añade una vuelta de tuerca. Aquí ni siquiera hace falta fabricar la escasez: basta con no contarla. El coste climático del petróleo no está escondido por un cártel ni por un algoritmo; está simplemente fuera del marco, como si no existiera mientras nadie lo mire.

Y sin embargo alguien lo está pagando ya. No con dinero, con sequía, con cosecha perdida, con una isla que pierde metros de costa cada año. Y ese alguien casi nunca es quien más ha emitido: son los países del Sur Global, las comunidades que apenas participaron en la industrialización, quienes cargan primero con la factura de un precio que otros dejaron sin pagar. La cuenta existe, pero quien la generó no es quien la paga. Eso no convierte al Sur Global en mera víctima: también emite, y emitirá más a medida que se desarrolle. La justicia climática no puede ser solo que el Norte compense: tiene que dejar margen para que el Sur tenga también derecho a crecer dentro de los límites que quedan.

Aquí el mapa vuelve a encontrar una falla, esta vez de otra manera: dibuja solo lo que cabe en el papel y deja fuera lo que no cabe. Un boceto también decide, con su propio silencio, qué cuenta como paisaje y qué no.

Todo esto repercute especialmente en la renta de los agricultores que se dedican a los cultivos extensivos (cereales, leguminosas, alubia y guisante verde, patata). Pero no me olvido de otros sectores, como la ganadería, también afectada por el incremento del precio de los forrajes, ya que han tenido que aumentar las compras debido a las olas de calor que han achicharrado los pastos. Esto, mientras el precio de la carne desciende, por ejemplo la de vacuno, gracias a las importaciones de carne de Brasil tras la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur.

Ante todo este desmadre, desde la UAGR-COAG agradecemos las ayudas puestas en marcha, tanto por el gobierno estatal como por el riojano, pero vemos que, primero, son claramente insuficientes para compensar nuestras pérdidas; y además hay que tener en cuenta que las cobramos, si nos llegan, mucho después de sufrir los aumentos bestiales en los costes de producción.

¿Se puede hacer más para rescatar al sector agrario de la gravísima situación que atraviesa? Desde luego, y así se lo vamos planteando a la Consejería en las reuniones mensuales que tenemos, y al Ministerio, a través de COAG. No nos cansamos de repetirlo, pero ¡no queremos ayudas! Queremos que nos paguen claramente por encima de los costes de producción, como marca la Ley de la Cadena, Ley que se incumple impunemente, sin que las diferentes administraciones cumplan con su obligación de hacerla efectiva.

También venimos reclamando que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actúe firmemente contra las grandes petroleras, ya que es evidente su especulación con los precios de los carburantes, subiéndolos automáticamente ante cualquier rumor de conflicto internacional, se concrete o no la amenaza, pero que después aplican los descensos de los precios a menor velocidad que a la que cae una pluma perezosa en un día sin viento.

Otra cosa que las administraciones públicas deberían hacer, sobre todo la estatal y la europea, es controlar las importaciones que llegan a España de países terceros. Una competencia desleal que sufrimos los agricultores y ganaderos, ya que estos alimentos entran en nuestro circuito sin tener que haber cumplido las mil y una normas sanitarias, medioambientales, burocráticas o laborales que a nosotros nos asfixian. Así, por ejemplo, siendo como somos un país deficitario en cereales, no podemos consentir la entrada de grano a nuestros puertos sin los estándares de calidad y seguridad que tenemos que cumplir en la UE, lo que nos provoca unos costes de producción muy superiores a los que tienen en países terceros.

A este hilo de las importaciones, ¡basta ya de manipular a la opinión pública con la situación de los agricultores ucranianos! Nos indigna que se venda el apoyo a sus pequeños productores, cuando la realidad es que los grandes beneficiados de las ventajas que da la UE para importar cereal de Ucrania van a parar a los grandes fondos de inversión que acaparan millones de hectáreas de cultivo y tienen su sede social en países como Chipre, Luxemburgo, EE.UU, Países Bajos, Arabia Saudí... Claro que nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania, pero no es cierto que con esta política arancelaria se le beneficie, sino a fondos como Kernel Holding, que dispone de 360 000 hectáreas. Teniendo esto en cuenta, y dada la situación de guerra que sufre Ucrania, en la Unión nos preguntamos si realmente todo ese cereal que entra en los puertos españoles, propiedad de estos grandes fondos que invierten por todo el mundo, proviene realmente de campos ucranianos, o solo es la excusa para inundar con más facilidad el mercado español del grano.

Estamos en un momento clave para el futuro del sector agrario europeo, ya que se sigue en este momento discutiendo la PAC que tendremos a partir de 2028. Hago desde aquí un llamamiento a los parlamentarios europeos riojanos para que no abandonen a los agricultores y a los ganaderos de su tierra. El Parlamento Europeo puede evitar el hachazo presupuestario que planifica la Comisión, en un momento en el que es más necesario que nunca un presupuesto fuerte. Si además se aprueba la renacionalización y la cofinanciación, habrá Estados Miembros, o incluso Comunidades Autónomas, que apuesten más que el resto, generando desigualdad entre los profesionales del sector agrario europeo.

Si continúan así las cosas, con bajos precios, altos costes de producción, ayudas que no compensan y menos presupuesto, tenemos claro que donde se produzca por debajo de 3 500 kg/ha, el cereal no tiene ningún futuro. Y hay muchas zonas de España, y de La Rioja, donde conseguir esas producciones ya era difícil, por lo que si sumamos el cambio climático…. ¿Y qué se va a hacer con tantas y tantas hectáreas llecas? ¿Se van a abandonar? Porque no todo lo van a llenar de placas y molinos, digo yo. Y con fincas abandonadas y la desaparición de la ganadería extensiva, ¿quién va a dominar ese polvorín cada verano?

¿Qué somos catastrofistas? Pues cosas parecidas anunciábamos para el sector vitivinícola hace años, y ya vemos lo que está pasando: ya hay viñas abandonadas, los que reclamaban antes plantaciones, rogando ahora por arranque subvencionado, y lo que viene… Y esto pasa no solo debido a que las administraciones no velan porque se cumpla la Ley de la Cadena, sino también porque parte de las organizaciones que representan a los agricultores están permitiendo un claro abuso de la posición de dominio que tienen las grandes bodegas. No hay ningún club privado en el que todos los socios que aportan capital no reciban su parte correspondiente de los beneficios. Pero aquí parte de los socios se alían con las grandes bodegas para que pase esto, permitiéndoles como digo abusar de su posición de dominio.

Pero quiero concluir con un grito de esperanza: la alimentación es demasiado importante como para dejarla en manos de la especulación mercantil, de los acaparadores de tierras, de los empresarios sin corazón de los fondos de inversión. No se puede prescindir de las materias primas agrarias, que son la base de la alimentación. Los cereales, por ejemplo, que no solo sirven para el consumo humano (pan, pasta…), sino que son la base fundamental del pienso con el que los ganaderos crían sus animales. Por eso, confío en que tarde o temprano los gobernantes europeos, españoles y riojanos se darán cuenta y protegerán la agricultura y la ganadería. Porque ya lo están haciendo otros países, más o menos desarrollados, China, India…, que están protegiendo su sector agrario como esencial que es. Así pues, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja seguiremos peleando por un sector agrario fuerte, rentable y que provea a la sociedad de alimentos sanos, seguros y nutritivos. Nos va la vida en ello. Pero no solo a los agricultores y a los ganaderos. A todos, que todos-as comemos varias veces al día.

Termino animando a todos los agricultores y ganaderos y a sus familias a participar en las movilizaciones que las tres organizaciones profesionales agrarias riojanas vamos a convocar en breve: algunos dirán que no sirven para nada, pero que sepan que la devolución de los 20 céntimos/litro del gasóleo B es fruto de varias manifestaciones y la negociación posterior que COAG hizo con el Ministerio pertinente en 2005. Eso, y que quietos ya vemos a dónde nos están llevando…

El árbol urbano es o debe ser otra cosa. Su verdor anima el alma. Es sombra natural cuando aprieta el verano, refugio para pájaros e insectos, filtro para la contaminación atmosférica y acústica, regulador de la temperatura y la humedad y, sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. Cada árbol adulto proporciona unos beneficios que ninguna plantación recién inaugurada puede ofrecer en lustros. Por eso, cuando una ciudad pierde un árbol grande y frondoso y lo sustituye por otro pequeño, no ha ganado un árbol: ha perdido décadas, historia, bienestar ciudadano y dinero público.

La cuestión parece sencilla, pero algunas políticas municipales se empecinan en complicarla. Basta escuchar las quejas de muchos ciudadanos para comprobarlo. Vecinos y organizaciones ecologistas han denunciado en los últimos años podas que consideran excesivas, ejemplares eliminados en obras de reurbanización y alcorques que permanecen vacíos mientras se anuncian a bombo y platillo nuevas plantaciones. Tendría cierta gracia, si no fuera porque detrás de ellas hay una pérdida real: se anuncia que se plantarán tropecientos árboles, que a saber qué futuro les aguarda y, al mismo tiempo, se arrancan ejemplares que ya daban sombra.

Plantar árboles está bien. Conservar los que ya tenemos está mucho mejor. Podarlos en demasía impide que “paren” el ruido urbano y que den la sombra y el frescor cada vez más necesarios en esta caliente globalización. Desnudarlos tan severamente los deja como a mástiles varados en una playa de cemento. El cuidado ecológico del arbolado empieza precisamente por ahí: no hacerle daño innecesariamente. Una poda no debería ser una competición de motosierras. Tampoco debería utilizarse para conseguir que todos los ejemplares tengan la misma apariencia, como si la naturaleza necesitara pasar por una academia de peluquería municipal.

Un árbol sano tiene una estructura propia, una copa propia y una manera propia de crecer. La poda debe responder a necesidades concretas y altruistas: seguridad, ramas dañadas, interferencias inevitables o problemas fitosanitarios; no a la simple obsesión de unos cuantos por dejar su calle “limpia” y “uniforme”. Todo buen Ayuntamiento debería defender criterios de poda más naturales, alejados de los desmoches, de las viejas costumbres y de las formas artificiales; por cierto, muy caros de mantener.

Las cuadrillas de poda sistemática son gravosas y deberían estar mejor formadas para esa labor (por ejemplo, en desinfección de los útiles de poda para evitar propagar enfermedades), así como para otros trabajos de mantenimiento mucho más importantes y necesarios. Los técnicos funcionarios públicos que ordenan y presupuestan esas tareas también deberían aprender y ponerse al día. Además, no cualquier persona está capacitada para ejercer como concejal de parques y jardines. Parece que los eligieran a sorteo. Un modelo verdaderamente ecourbano debería ser bastante menos espectacular. Menos motosierra y más observación. Menos actuación por rutina y más diagnóstico. Antes de cortar, mirar. Antes de arrancar, preguntarse si existe otra alternativa. Antes de sustituir un árbol adulto, calcular qué se pierde realmente. La manía de plantar por todas partes, por ejemplo, abedules en ciudades mediterráneas es un error frecuente: su fronda amarilla es espectacular en otoño, sí, pero no están adaptados a tanto calor y, sobre todo, no dan la sombra que necesitamos ahora y en el futuro.

Y después está el suelo, ese gran olvidado. De poco sirve plantar árboles mientras se compacta la tierra a su alrededor, se impermeabiliza, se cubre cada centímetro de superficie con cemento o se deja el tronco atrapado en un alcorque diminuto. Las raíces necesitan espacio, agua, aire y un suelo vivo. El árbol no vive solamente por encima de la acera. Los pavimentos porosos, permeables o drenantes, que minoran inundaciones, rellenan acuíferos y reducen el calor, son frecuentes en las ciudades más sostenibles y las hacen más habitables en los días de mucho calor o de lluvias torrenciales.

También conviene abandonar otra vieja costumbre: tratar a cualquier insecto como una invasión enemiga. En una ciudad ecológica, las plagas se controlan mediante prevención y manejo integrado. Olvídense de una vez de los “glifosatos” y las “malas hierbas”. Son términos que debería pertenecer al pasado. Primero se identifica el problema; después se valora si realmente pone en peligro al árbol. Se favorecen los organismos beneficiosos, se mejora el riego y el suelo y se recurre a tratamientos específicos únicamente cuando son necesarios.

Y, sobre todo, los ciudadanos tenemos que aprender a convivir con los árboles. Con sus hojas. Con sus frutos. Con alguna rama que necesita vigilancia. Con la sombra que cambia de sitio según avanza el día. Una ciudad habitable no es solo cemento y asfalto, es aquella en la que todavía queda algo de naturaleza haciendo de las suyas. Señores alcaldes, deberían empezar a medir las políticas de arbolado de otra manera. No por cuántos árboles se plantan en una rueda de prensa, sino por cuántos llegan a viejos. No por la cantidad de alcorques inaugurados, sino por los que lucen una frondosa copa sobre nuestras cabezas. No por la cantidad de podas realizadas, sino por la salud de los árboles después de hacerlas.

Porque el árbol urbano no necesita que lo tratemos como un adorno verde. Necesita que dejemos de verlo como un estorbo. Y quizá esa sea la verdadera prueba ecológica de toda corporación local: comprobar qué hace cuando un árbol crece demasiado, cuando sus raíces levantan alguna baldosa, cuando sus ramas molestan a una fachada o cuando una obra exige cambiar el trazado. Si la primera respuesta es siempre “cortar”, todavía no hemos entendido nada. Si la primera pregunta es “¿cómo podemos conservarlo?”, entonces quizá estemos empezando a construir ciudades verdaderamente verdes, señores alcaldes.

In memoriam: Teresa Alonso fue una asidua paseante de su ciudad, de sus espacios verdes. Le encantaban los árboles y poco a poco aprendió a distinguir cada una de las especies. Seguro que aprobaría esta opinión. Va por ella.

Casualmente, unos días antes del comienzo de las clases escuché en un boletín informativo que el Gobierno de España había aprobado una inversión de 200 millones de euros, para que los centros públicos de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato de todo el territorio del Estado pusieran en marcha actuaciones de instalación o mejora de eficiencia energética, incluyendo la climatización. La noticia terminaba diciendo que únicamente Canarias había solicitado esas ayudas.

Como cada vez entiendo menos el mundo en el que vivo me pregunté: ¿Por qué las demás comunidades renuncian a esas ayudas?. Y sobre todo, ¿por qué la Comunidad autónoma de La Rioja, no ha solicitado esas aportaciones?. Creo que soy la única persona que se pregunta esas cosas. No lo entiendo.

Como mi condición de jubilada no me permite preguntar ni a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja; ni a la Delegación del Gobierno en esta Comunidad si los 200 millones de euros se tendrían que repartir en función del número de centros o de alumnos, o en definitiva, cuáles eran las condiciones para optar a la parte correspondiente de esa cantidad de dinero, seguiré sin conocer las causas. Lo lamento por los padres y abuelos que tienen a sus descendientes en las aulas asándose como pollos y mi pésame también para los maestros y profesores que soportan las mismas temperaturas que los menores y además tienen que reavivarlos de alguna manera.

Por cierto que también escuché, otro día en otro informativo, y refiriéndose al gran desembolso de las familias con hijos universitarios que el Gobierno de La Nación destinaba 100 millones de euros, para la creación de residencias universitarias…oye, yo aquí lo dejo, son temas que no me afectan, ni tengo hijos, ni tengo nietos…!Viva el individualismo! Y «el que venga atrás que arree».

No me dejan preocuparme por lo que tengo más cerca porque me siento como «la voz que clama en el desierto».

Entonces: ¿qué hago me preocupo por el estrecho de Ormuz?. ¿Y Gaza, qué hay de Gaza?; ¿y la Unión Europea, dónde está la Unión Europea?;

Alguien sabe algo de una señora que se llama Úrsula Von der Leyen?. ¿Y Ceuta?, ¿quién gana con todo lo que pasa en Ceuta?…ay perdón!, con lo de Ceuta gana VOX. Ando yo muy despistada.

Lo bueno, porque siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas es que todo esto pasará. Cosas peores han ocurrido y también han pasado. No me voy a preocupar ahora por estas tonterías. Ni tampoco por el precio de la gasolina, total con poner siempre la misma cantidad: 40 euros, por ejemplo.

Y si el verano se alarga mejor. Favor que nos hace el cambio climático porque dicen que el precio del gas está subiendo, de hecho la bombona de butano ya está más cara… A mí me da igual, como no tengo butano.

De los agricultores siempre se ha dicho que siempre se están quejando y la verdad es que llevan una temporada...

El caso es que estoy cambiando tanto que he terminado un libro de relatos: «Mujeres elegantes» de Milena Busquets. Al principio me costó, pero después dije esta escritora es de las mías: ¡Viva la ironía y el colmillo afilado!.

Y ahora estoy leyendo 'El olor de las almendras amargas', un paseo por la ciencia de los venenos y su presencia en el arte y la ficción, de Daniel Torregrosa. Es como asistir a un taller de toxicología, aprender la clasificación de los distintos venenos y entender que en el campo de los asesinatos hay venenos que no dejan huella… Depende de la cantidad y de la paciencia. No hay que matar de inmediato, hay que saber que los venenos se pueden tomar su tiempo. Los de nuestra era, (los venenos), tienen nombres como: individualismo, redes sociales, IA, Trump, Netanyahu, odio, polarización… Pero, no me hagan caso… Hay que ver el lado bueno de las cosas y para eso están las fiestas: !Viva San Mateo!.

La ley —lo jural— establece el marco formal. Es el conjunto de normas que, como ya señaló Émile Durkheim, se presenta como un hecho social exterior y coercitivo. Sin embargo, la sociología contemporánea demuestra que su eficacia real depende menos de su letra que de su incorporación en los cuerpos y las rutinas. Michel Foucault analizó este proceso al estudiar el panóptico de Jeremy Bentham, un dispositivo arquitectónico que produce disciplina mediante la sensación de una mirada siempre posible, sin necesidad de la fuerza. La sociedad actual es la heredera de ese modelo: vivimos en un régimen de visibilidad constante donde la principal obligación es parecer conforme.

Los datos revelan la consistencia de esta doble piel. Según el Eurobarómetro sobre corrupción de 2023, el 89% de los españoles cree que la corrupción está extendida en su país, mientras que solo en torno al 2% declara haber sufrido una solicitud de soborno en los últimos 12 meses. La grieta es evidente: se cree en un sistema viciado, pero se participa de él en una proporción declarada mínima. Esta disonancia encuentra su símbolo en casos donde el cuerpo mismo que debería encarnar la ley opera desde una posición de excepción. Juan Carlos I regularizó su situación fiscal con Hacienda mediante dos pagos voluntarios: 678.393,72 euros en diciembre de 2020 y 4.395.901,96 euros en febrero de 2021, un total superior a 5 millones de euros. En marzo de 2022, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó provisionalmente las investigaciones, aceptando la validez despenalizadora de esas regularizaciones. Sin embargo, desde noviembre de 2024, una querella de magistrados y fiscales retirados sostiene precisamente lo contrario: que los pagos se hicieron cuando el rey emérito ya conocía la existencia de diligencias judiciales, lo que anularía su efecto eximente. El Tribunal Supremo desestimó la querella en mayo de 2025, respaldando el archivo fiscal de 2022 y considerando que los querellantes no aportaban hechos ni pruebas nuevas que justificaran reabrir el caso. El gesto de regularización a posteriori —y la disputa sobre si fue una operación de apariencia o una reparación real— subraya cómo el privilegio puede habitar, temporalmente, un espacio efectivo al margen de la vigilancia ordinaria, mientras mantiene la apariencia jural de la institución que representa.

La psicología social ofrece experimentos clave. Entre 1961 y 1962, Stanley Milgram demostró que personas comunes estaban dispuestas a infligir supuesto dolor extremo a un tercero por obediencia a una autoridad revestida de legitimidad científica. En su versión original, el 65% de los participantes continuó administrando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios, a pesar de los gritos de protesta del supuesto aprendiz. Milgram había preguntado a psiquiatras y estudiantes cuál creían que sería el resultado: la estimación media era que apenas un 1% llegaría hasta el final. La brecha entre la predicción y la conducta real es, en sí misma, el hallazgo central: los sujetos no ignoraban el daño, pero la estructura de la situación —la bata blanca, el mandato institucional, la gradualidad de las órdenes— anulaba la reflexión moral.

Esta internalización es el núcleo de la ideología eficaz. Louis Althusser insistió en que la ideología es, ante todo, lo que se hace a través de los aparatos ideológicos de Estado —la escuela, la familia, los medios—, más que lo que se piensa. Estos aparatos no enseñan sólo doctrinas; moldean gestos, cortesías y silencios. La cara pública que exhibimos es, en gran medida, el producto de este entrenamiento. Según el Eurobarómetro sobre clima de 2021, el 93% de los europeos considera el cambio climático un problema grave y el 78% lo considera un problema muy grave. Sin embargo, solo el 64% de media europea declara haber tomado medidas concretas para combatirlo. La conciencia declarada choca con la inercia de lo cotidiano.

La paradoja contemporánea reside en que la vigilancia ya no es sólo externa. La llegada de las redes sociales y la economía de la reputación han hecho de cada individuo su propio guardián. Se construye un yo público meticulosamente editado —solidario, consciente, exitoso— que a menudo funciona como una segunda piel asfixiante. Como observó el sociólogo Erving Goffman en La presentación de la persona en la vida cotidiana, todo espacio social se convierte en un escenario donde interpretamos un papel. La diferencia hoy es que el backstage —ese lugar donde se relaja la actuación— se reduce cada vez más. En este contexto, la performatividad del discurso puede alcanzar su punto más cínico: la figura pública que construye su imagen sobre la defensa de los derechos de las mujeres mientras, en los espacios no vigilados del poder, ejerce comportamientos de abuso. El caso del productor Harvey Weinstein expone esta fractura en su grado más cínico. Weinstein fue condenado en Nueva York en 2020, una sentencia que fue anulada en 2024 por motivos procesales; en la repetición del juicio, en 2025, el jurado lo declaró culpable de la agresión a Miriam Haley, lo absolvió en otro cargo y no llegó a un veredicto en el cargo de violación, que la fiscalía neoyorquina retiró en junio de 2026 tras dos jurados sin acuerdo. Un día después, un tribunal de apelación de California confirmó su condena de 2022 por violación y agresión sexual, aunque anuló la pena de 16 años y ordenó que fuera sentenciado de nuevo; sigue a la espera de sentencia en Nueva York. Weinstein construyó meticulosamente una imagen pública de aliado del feminismo… Mientras tanto, ejercía un sistemático abuso sexual que, según las investigaciones periodísticas y judiciales, era conocido o sospechado por un número significativo de personas del sector.

Este proceso de autovigilancia y edición encuentra su motor y su mercado en la arquitectura de las plataformas digitales. Como explica la investigadora Shoshana Zuboff en La era del capitalismo de la vigilancia (2019), los comportamientos humanos —incluida nuestra performatividad social— son extraídos, analizados y convertidos en datos de predicción para venderse como seguros de comportamiento comercial. El like, el share, la corrección política exhibida, no son solo gestos de reconocimiento social; son la materia prima de un mercado que incentiva económicamente la construcción de la careta más rentable. La brecha entre lo que se es y lo que se muestra deja de ser un asunto moral para convertirse en un algoritmo: los algoritmos de recomendación amplifican las conductas que generan más interacción, con independencia de su correspondencia con una supuesta verdad privada. El efecto agregado puede describirse como un sesgo hacia la coherencia con la tendencia, aunque no haya un diseño intencional que lo persiga.

¿Qué conducta emerge, entonces, cuando la luz se apaga y la cámara se desconecta? Esta intimidad, sin embargo, quizás no esté del todo vacía. Lo que persiste en ella, lejos del vacío que cabría esperar, es el residuo más denso y automatizado de la actuación pública: el habitus internalizado que Bourdieu describió, ahora nutrido por décadas de guiones digitales. La verdadera paradoja consiste en descubrir que, en la supuesta soledad, seguimos interpretando —para un auditorio interno, para el fantasma de la mirada social—, porque la frontera entre el personaje y la persona se ha disuelto en el ejercicio constante. El yo que creemos auténtico puede ser la versión más gastada y privada de la careta. Los estudios sobre desviación señalan que, en ausencia de sanción social inmediata (vergüenza), el cumplimiento de normas se debilita. Harold G. Grasmick y Robert J. Bursik Jr. mostraron en 1990 que la vergüenza —el juicio que la propia conciencia impone al violar una norma internalizada— funciona como un mecanismo de control social análogo a la sanción estatal: inhibe conductas como la evasión fiscal, el hurto menor y la conducción bajo los efectos del alcohol. Lo relevante aquí es que la norma, una vez incorporada, actúa sin necesidad de vigilancia externa —el sujeto se castiga a sí mismo— más que el hecho de que la mirada externa sea más fuerte que la ley. Pero en un mundo donde la mirada es potencialmente total, ese cuando nadie nos vigila —como dice un estribillo de la banda gallega Vimbio—, se convierte en un instante cada vez más raro y psicológicamente cargado. La verdadera conducta efectiva quizás ya no sea la que ocurre en la oscuridad, sino la que persiste incluso en la intimidad vacía, automatizada por años de performatividad.

La noción de una verdad privada entendida como un núcleo auténtico previo a la socialización no encuentra respaldo empírico en la sociología ni en la psicología social contemporáneas. Desde Goffman, sabemos que incluso los espacios de retirada —el backstage— no suspenden la actuación, sino que activan otros guiones internalizados. Bourdieu mostró que el habitus opera de forma pre-reflexiva, reproduciendo disposiciones sociales incluso en ausencia de vigilancia externa. Los estudios sobre autocontrol y conformidad normativa indican que la conducta no se transforma radicalmente cuando cesa la observación, sino que varía en grado según la probabilidad percibida de evaluación. El rostro es aquello que se forma, se modifica y a veces se reconoce en la tensión entre las distintas máscaras que habitamos. Lo que llamamos intimidad es, en gran medida, el espacio donde la norma ya ha sido incorporada y actúa sin necesidad de ser representada.

El resultado es una sociedad de cinismo funcional, como describió Slavoj Žižek: sabemos que la careta es falsa, pero insistimos en llevarla porque el juego social lo exige. Los casos del privilegio fiscal y del abuso encubierto no son anomalías, sino la expresión lógica de un sistema que ha convertido la virtud en un activo de la marca personal y la ley en un decorado para la excepción. La hipocresía, por tanto, deja de ser un vicio individual para convertirse en una competencia sistémica: se premia la capacidad de gestionar la discrepancia entre el símbolo y la práctica, de mantener la apariencia intacta mientras la conducta efectiva opera en otra lógica. Esta doble piel es un rasgo funcional de un mercado donde la ética es susceptible de ser performada. Es una hipótesis interpretativa, no una conclusión empírica: los datos muestran la brecha, no su origen. Es, en definitiva, el lubricante estructural que permite que las contradicciones entre el ideal y lo real no sólo sean tolerables, sino también productivas para el sistema.

Frente a esta economía de la apariencia, la antropología nos devuelve un ritual que funciona con una lógica inversa. El potlatch, estudiado por Marcel Mauss entre los pueblos del Pacífico Noroeste, era una ceremonia en la que el prestigio y la autoridad se ganaban mediante un acto efectivo, tangible y observado por todos: la destrucción ritual de riqueza. Para validar su máscara de poder, el jefe debía quemar mantas, romper cobres, dar hasta la ruina. La máscara exigía un sacrificio real, no su simulación. Hoy, en cambio, el prestigio público se construye con frecuencia sobre la representación de virtud o poder, y el acto material que la respalda —cuando existe— suele ser menos visible y menos costoso que la destrucción ritual de riqueza. El potlatch también era una puesta en escena, sujeta a sus propias reglas. Lo que separa una época de otra es el tipo de acto que valida la máscara: allí, un sacrificio material público e irreversible; aquí, a menudo, basta una donación discreta, una fundación con nombre propio o una campaña bien gestionada. La hipótesis, de nuevo, es interpretativa: sugiere un cambio en el tipo de acto que valida la máscara, no la desaparición del acto.

Al final, la fotografía más reveladora de una época se encuentra en el desgaste entre la suela del zapato y el suelo de sus callejones vacíos, más que en su legislación o su propaganda. Es en ese roce silencioso, en lo que hacemos cuando creemos estar solos, donde se inscribe la textura real de este tiempo. Una textura que, cada vez más, tememos mirar a los ojos, porque sospechamos que no hay un rostro debajo de la careta, sino otra careta, y luego otra, y que el ritual que alguna vez unió ambas cosas era, sobre todo, un pacto con la mirada de los demás y no con la verdad.

Queda abierta, sin embargo, la pregunta de si esa sospecha es un hallazgo empírico o una hipótesis más. Los datos disponibles muestran brechas consistentes entre lo que se declara y lo que se hace; no muestran, en cambio, que el rostro haya desaparecido por completo. Lo que aquí se ha sostenido es una interpretación: que la máscara ha dejado de ser un instrumento para convertirse en un producto, y que la intimidad, más que un refugio de autenticidad, es el lugar donde la norma sigue actuando sin necesidad de ser representada.

Asistimos a una incomprensible contradicción institucional. Mientras los escenarios principales se abren a espectáculos internacionales y artistas que ni siquiera son españoles, financiados con el dinero de todos los contribuyentes, se arrincona y olvida a los grandes referentes en activo de nuestra tierra. ¿Dónde queda el espacio de honor para figuras de la talla de Chema Purón o Ángela Muro? ¿Por qué se prescinde del folk de Illo Gronio o Maladanza, o del pop-rock y punk local de bandas que arrastran masas como Los Mutagénicos, Error Fatal o Zapatrús? Incluso músicos tradicionales como Juancho Ruiz han tenido que alzar la voz ante este vacío.

El problema cultural y de relevo en nuestra región es profundo y estructural. Sirva como ejemplo alarmante el sector de las charangas, claves en la animación callejera y en nuestras peñas: la inmensa mayoría de sus músicos tienen que ser contratados y traídos de fuera de La Rioja porque aquí ya no hay relevo, no hay cantera o, simplemente, los músicos de la tierra no quieren participar ante la falta de incentivos y el nulo apoyo institucional durante el resto del año. Pero la crisis va más allá de la música; está afectando al tejido mismo de la fiesta popular. Hasta las tradicionales degustaciones en los barrios peligran por la falta de manos voluntarias, llegando al extremo de verse carteles pegados por las calles donde se buscan desesperadamente cuadrillas porque aquí ya no se encuentran.

¿Tan difícil es apostar por lo nuestro? Lanzo desde aquí una propuesta justa a los responsables del Ayuntamiento de Logroño: dediquen un solo día entero de la semana de San Mateo exclusivamente al talento riojano. Un día completo de orgullo regional donde joteros, cantautores, solistas y bandas de todos los estilos llenen cada rincón de la ciudad. Unas fiestas de la vendimia que dan la espalda a sus propios barrios, a sus mayores, a su tejido social y a sus creadores para priorizar lo extranjero, corren el peligro inminente de perder completamente su identidad, su memoria y su alma.