A unos trescientos kilómetros de ese metro, en Logroño, una alumna de diecisiete años llamada Eman Akram llegó el 15 de septiembre de 2025 al IES Práxedes Mateo Sagasta con su hiyab. Un profesor, luego el jefe de estudios, luego la directora le pidieron que se lo quitara. El Reglamento del centro, aprobado por el Consejo Escolar, prohibía cubrirse la cabeza. Eman no se lo quitó. Y no volvió a clase hasta que lo hizo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño falló el 26 de enero de 2026: la prohibición vulneraba su derecho fundamental a la libertad religiosa, reconocido en el artículo 16 de la Constitución. La sentencia describía la equiparación del hiyab a gorros y viseras como excesivamente simplista y frívola. La Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja lleva meses sin enviar instrucción alguna a los centros educativos de la comunidad. El 1 de mayo, veintiuna asociaciones riojanas firmaron una instancia exigiendo que lo hiciera. No han recibido respuesta.

Lo que separa el gesto de la alumna de Lavapiés y el caso de Eman Akram no es solo la escala. Es la naturaleza del mecanismo. En el metro hubo odio espontáneo, rabia de otro respondida con generosidad. En el Sagasta hubo algo más frío y peligroso: una institución convirtiendo la diferencia religiosa en norma de exclusión, y otra institución, la Consejería, avalándola con su silencio. El odio no siempre grita. A veces firma actas en el Consejo Escolar.

Según el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigaron ese año un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio, un 21,3 por ciento más que el año anterior. Los delitos por racismo y xenofobia fueron los más numerosos, con 856 hechos, el 41,8 por ciento del total.

La distinción entre la rabia que moviliza y el odio que paraliza es un camino explorado por quienes enfrentaron opresiones monumentales. Nelson Mandela, tras veintisiete años de prisión, insistió en luchar contra el sistema del apartheid, no contra las personas blancas. Su estrategia evitó una guerra racial y permitió una transición política. La poeta y activista Audre Lorde trazó una línea clara entre la ira —legítima respuesta a la injusticia— y el odio, que es el deseo de aniquilar al otro. En las montañas del sureste mexicano, el movimiento zapatista no busca la destrucción del Estado mexicano, sino la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, una rebeldía que es, sobre todo, afirmación.

La antropología ha documentado durante más de un siglo cómo las sociedades humanas gestionan el conflicto sin necesidad de odio. En las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, el pueblo Enga practica durante generaciones un sistema ritual de guerra llamado tee. Los combates, aunque violentos, están estrictamente reglamentados: se anuncia el lugar y la hora, hay treguas para recoger a los heridos y, tras un número acordado de bajas, se inician complejas negociaciones de paz con intercambio de cerdos y conchas. El conflicto existe, es sangriento, pero no está impulsado por el odio, sino por una lógica de competencia y reparación que la comunidad entiende y controla. Es una rabia canalizada, no un odio desbocado.

Como señala la antropóloga Mary Douglas en Pureza y peligro, el odio suele surgir de sistemas de clasificación rígidos que separan lo puro de lo impuro, lo nuestro de lo otro, protegiendo esos límites simbólicos. En contraste, rituales como el tee regulan la violencia sin recurrir a esas categorías de exclusión absoluta, gestionando el conflicto como un mecanismo social integrado.

El odio moderno es una tecnología de despersonalización. Un estudio de la Universidad de Varsovia publicado en Scientific Reports en 2023 analizó, mediante resonancia magnética funcional, la actividad cerebral de personas expuestas a discursos de odio. Los resultados mostraron una reducción significativa de la actividad en la unión temporoparietal derecha, una región asociada a la capacidad de adoptar la perspectiva del otro y de procesar su sufrimiento como real. El discurso del odio deteriora literalmente nuestra capacidad de ver al otro como humano. No es solo una metáfora moral: es un efecto fisiológico medible. Esta dinámica refleja y se nutre de lo que el teórico René Girard, en La violencia y lo sagrado, describió como el carácter mimético del odio: un sentimiento que rara vez es espontáneo, sino que se propaga por imitación dentro del grupo, cohesionándolo frente a un chivo expiatorio común. La neurociencia y la teoría social convergen así en una explicación del odio como proceso que anula la empatía individual para servir a una función grupal de desahogo y simplificación de conflictos complejos.

La historia del arte ofrece ejemplos ambiguos de esa línea tenue. Los grabados de Goya en Los desastres de la guerra o en Los caprichos están empapados de una rabia feroz contra la estupidez, la crueldad y el poder clerical. Su sátira es un ácido que carcome los cimientos de la hipocresía. Siglos después, la tradición de la sátira política, en publicaciones como Charlie Hebdo, Mongolia o El Jueves, sigue usando la provocación y a veces el desprecio como herramienta. Crea conciencia, golpea ídolos, pero también puede herir profundamente y alimentar la polarización que pretende denunciar. En otro registro, la poesía de Miguel Hernández durante la guerra civil española arde con un fuego difícil de clasificar: ¿es odio al fascismo o amor al pueblo traducido en combate? Vientos del pueblo me llevan / vientos del pueblo me arrastran / me esparcen el corazón / y me aventan la garganta. Sus versos son un arma, pero el proyectil está hecho de un material distinto.

La eficacia política de la rabia organizada frente a la inercia del odio la demuestran datos contemporáneos. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, iniciada en 1992 por un puñado de ONG y supervivientes de conflictos, canalizó la rabia de miles de mutilados y familiares en una estrategia de diplomacia ciudadana, presión mediática y alianzas improbables. Su rabia, focalizada y persistente, logró en 1997 el Tratado de Ottawa, firmado por más de ciento sesenta países. Desde entonces se han destruido más de cincuenta millones de minas almacenadas. La rabia convertida en proyecto cambió el derecho internacional.

En el otro extremo, el odio como estrategia política muestra su fracaso histórico incluso cuando gana batallas. El apartheid sudafricano se construyó sobre un odio racial meticulosamente legislado. Su derrota final no llegó solo por la lucha armada, sino porque la rabia del Congreso Nacional Africano supo evolucionar hacia un proyecto de nación multirracial. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu, fue un experimento imperfecto, criticado por sus concesiones, pero mostró una vía para procesar la rabia histórica sin convertirla en odio institucionalizado.

En el ámbito digital, las plataformas son hoy el laboratorio donde se mide la diferencia. La investigadora Molly Crockett, de la Universidad de Yale, argumentó en Nature Human Behaviour que las plataformas digitales amplifican la indignación moral al seleccionar el contenido que activa con más fuerza nuestros resortes emocionales, aumentando la expresión de la rabia pero no necesariamente su traducción en acción. Los mensajes basados en la indignación por políticas concretas —recortes sanitarios, corrupción— pueden movilizar tanto como los mensajes de odio identitario, pero con una diferencia crucial: los primeros tienden a conducir hacia acciones reales —firmas, donaciones, voluntariado—, mientras que el odio identitario queda atrapado en el circuito de la reacción. El odio inflama los comentarios, pero tiende a paralizar la acción constructiva. Es fuego que calienta la pantalla pero no cocina nada.

Este mecanismo digital no opera en un vacío psicológico. Los algoritmos explotan sesgos cognitivos profundos —la aversión a la pérdida, la búsqueda de confirmación— para maximizar el engagement. La ira moral y el desprecio identitario son commodities digitales altamente rentables. La arquitectura de las plataformas no solo refleja, sino que activamente cultiva, lo que la sociología de las emociones llama regímenes emocionales: marcos que transforman la rabia circunstancial en odio identitario, un producto de consumo en la economía de la atención.

La distinción final, quizás la más importante, es antropológica. El odio necesita un enemigo eterno, una categoría rígida. La rabia, en cambio, puede extinguirse cuando se resuelve la injusticia que la provocó. Un barrio se organiza contra una gran propietaria que acumula viviendas vacías, logra limitar la especulación y construir vivienda pública, y su rabia se disuelve en la gestión cotidiana de lo conquistado. El odio, si se hubiera instalado, habría buscado un nuevo objetivo: el político que no fue bastante rápido, el vecino que no secundó la huelga. El odio es adictivo porque ofrece una identidad simple en un mundo complejo. La rabia es un instrumento que, una vez cumplida su tarea, puede cesar.

Esta distinción se pone a prueba en los escenarios más crudos. El músico y escritor Nacho Vegas reflexionaba recientemente en El País sobre la violencia: no hay otra manera de combatir a la violencia que no sea con violencia autodefensiva. Y eso es algo para lo que tenemos que prepararnos. Su afirmación plantea el desafío último: ¿cómo gestionar la rabia legítima ante una agresión sin que se transforme en el odio que perpetúa el ciclo? La respuesta parece residir en la precisión del objetivo y en la naturaleza del proyecto posterior. La violencia autodefensiva puede ser un recurso reactivo y limitado dirigido a detener una agresión concreta. El odio, en cambio, es proactivo y expansivo: tras la defensa, buscaría nuevos objetivos, convirtiendo la legítima protección en una identidad basada en la hostilidad perpetua.

La historia de los movimientos de liberación exitosos sugiere que su triunfo no radicó solo en la capacidad de confrontación, sino en la habilidad de transitar de la resistencia a la propuesta, de la hostilidad a la reconstrucción. Necesitamos energía combativa sin duda, pero sobre todo la capacidad de construir con lo que el odio solo sabe destruir. Esta reconstrucción exige desmontar no solo las retóricas del resentimiento, sino también las arquitecturas —digitales, sociales, educativas— que lo hacen rentable y replicable. Requiere reconocer que el odio es con frecuencia el síntoma de un malestar manipulado, un régimen emocional que simplifica conflictos complejos en una guerra de identidades.

Frente a esa maquinaria, el gesto de la estudiante de Lavapiés y la firmeza de Eman Akram ante el Juzgado operan en el mismo sentido inverso: no como algoritmos que explotan un sesgo, sino como actos humanos que restituyen la complejidad y el rostro del otro. Veintiuna asociaciones riojanas llevan meses haciendo lo mismo: rabia organizada, proyecto concreto, conflicto sin odio. La alternativa no es la ausencia de conflicto, sino su gestión consciente. Empieza, simplemente, con un bizcocho compartido.

Tal vez el Papa, desde su autoridad moral, reprenda al Consejo y al Parlamento europeo y les haga ver que las deportaciones de extranjeros a terceros países fuera de la UE, incluidas familias con menores no está bien visto por la Iglesia Católica y no es lo que Jesucristo hizo en sus 33 años de vida. Los curas y obispos de 2026 tal vez tendrían que repasar nuestros catecismos y recordar aquello de «dar de comer al que tiene hambre, agua al que tiene sed, vestido al que está desnudo…». Es posible que les fuera mejor si en sus homilías religiosas, se acercaran a los humildes de corazón y pusieran distancia de aquellos que siembran el odio y la discordia, provocan las guerras, se olvidan de los demás y sólo piensan en ellos mismos y en su enriquecimiento personal.

Escribo esto y no me reconozco. Quién me iba a decir a mi, que desde esta columna, me iba a atrever a decir a los representantes de la Iglesia de Cristo, lo que tienen que decir a sus fieles. Si me atrevo, si lo escribo es porque en este mundo al revés, no me cabe en la cabeza que sean las personas más tradicionales y católicas las que menos consideración tienen con sus hermanos los más desfavorecidos. Esa no es la «palabra de Dios». 

La «palabra de Dios» en la Iglesia Católica española (la que más conocemos las muy sesentonas) está más cerca de los principios social demócratas que vienen a ser muy parecidos a los del humanismo cristiano o la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, como el mundo está al revés, ahora son las llamadas izquierdas las que aplauden al Papa y las derechas tradicionalistas y de las JONS, las que le critican por lo que dice y por cómo lo dice. 

Cuando esta columna se publique, el Papa ya estará en España.

Que se preparen los políticos católicos de derechas y los empresarios que no cumplen las leyes y no tratan a sus empleados con arreglo a la legislación vigente. Que se preparen porque tal vez acaben con dolor de oidos. Y que se vacune el Presidente de Canarias, de hantavirus, de ébola y de lo que necesite porque no creo que León XIV comulgue con los hechos de Fernando Clavijo. 

El Papa en España puede repartir a diestra y siniestra. A diestra por lo que hemos dicho y por la presunta corrupción. En algunos casos ya probada y sentenciada y en otros juzgándose ahora mismo. A siniestra porque León XIV le podría decir a Pedro Sánchez: bien por el no a Trump y a sus guerras, mal por la falta de información, por el «silencio sospechoso» a ese caos interno y presuntamente corrupto que vive el Partido Socialista y que huele muy mal. 

El Papa que parece saber extender la doctrina social de la Iglesia católica, bien le pudiera decir al Presidente Sánchez que dos secretarios de organización imputados y una fontanera que va de periodista también imputada es tan «chusco» que los españoles no se lo pueden creer. Si a esto añadimos el «caso Zapatero» seguro que hay algún pasaje evangélico del tipo: «La mujer del César, no sólo ha de ser honrada, sino que también ha de parecerlo».

Si la visita de León XIV a España sirviera para que izquierdas, derechas, constructores, grandes empresarios, poderosos del País, y otros bendecidos por el poder económico, financiero, político y judicial, decidieran ceder tan solo un pequeño porcentaje de sus millonarios beneficios a mejorar la vida de los sin techo, de los que pasan hambre, de los que tienen sed, de las que tienen hijos y no tienen pan, de las maltratadas y víctimas de violencia…

En este país hablaríamos de un antes y después del Papa. 

La Organización de Naciones Unidas tiene manyos síntomas donde escoger, y supongo que por eso retocan tanto el parte médico, pero, leídos uno tras otro los signos, el pronóstico es de gravedad: existe una mayoría apabullante de ciudadanos que vive enfrentada a su propio diagnóstico clínico. Y a pesar de que desde hace más de medio siglo la naturaleza manda comunicados cada vez más alarmantes, preferimos deambular entre los negacionismos, eufemismos, remedios cosméticos y la amnesia social.

Lo más irónico es que, gracias a esta y otras iniciativas divulgadoras y de décadas de educación ambiental, nunca habíamos sabido tanto del malestar de nuestro planeta. Los modelos climáticos son cada vez más precisos. La ciencia ciudadana ha abierto un nuevo paradigma para estar al tanto de las cuantiosas pérdidas de biodiversidad. Los satélites vigilan la deforestación en tiempo real. Podemos calcular prácticamente con un par de clics nuestra huella ecológica, la de nuestros pueblos y ciudades o la de nuestros países. Sabemos que los mares se están tropicalizando, acidificando, subiendo de nivel y acumulando montañas de plásticos (como nuestros cuerpos). Expertos economistas siguen diciéndonos que no invertir en la recuperación de los ecosistemas nos sale mucho más caro que poner los remedios necesarios. Y sin embargo los cambios de hábitos tanto personales, como empresariales, como sociales y políticos no llegan o llegan tarde y con cuentagotas.

No soy neurocientífico, pero tengo la impresión de que el cerebro humano nace con una gran incapacidad: entiende mejor los peligros inmediatos que la catátrofe global. Un gato doméstico abandonado moviliza más neuronas a favor que toda la fauna silvestre que se carga diariamente. Cada ola de calor suscita más preocupación que dos grados de aumento de la temperatura planetaria. Una gran nevada infunde más inquietud que toda la contaminación atmospheric anual soportada. La separación de una gran placa de hielo en el polo engendra más interés que las causas que la producen.

Nuestras contradicciones quedan todavía más claras cuando se observan las encuestas sociológicas. Tanto los datos del CIS como del Eurobarómetro muestran que la preocupación ambiental ha tenido un comportamiento inconstante y olvidadizo durante, al menos, las dos últimas décadas. Normalmente en zona moderada de la escala, cuando subió el paro o la inflación por la gran recesión económica, el medio ambiente perdió muchos puestos en la lista de prioridades ciudadanas, aunque el planeta seguía deteriorándose al mismo o mayor ritmo. Mientras que los eventos climatológicos extremos de la última década (sequías, olas de calor, inundaciones, incendios forestales) han aupado al medio ambiente entre los problemas prioritarios de los europeos, principalmente en los países mediterráneos.

Y a pesar de que, en las encuestas más recientes, alrededor del 80% los ciudadanos verbalizamos que los problemas medioambientales afectan directamente a nuestra salud, nuestra economía y nuestra calidad de vida, continuamos reaccionando con una despreocupación muy poco recomendable. Seguimos atrapados en la cultura del usar y tirar, del consumismo, de la prisa y la inmediatez. La política piensa en ganar elecciones; los mercados, en las cuentas de resultados; los ricos en hacerse más ricos, y nosotros en llegar a final de mes o -si tienes dinero- en las próximas vacaciones. Lo cual demuestra que los humanos no estamos tan preocupados por el medio ambiente como aparentamos en las encuestas.

Entretanto, la naturaleza con la que hemos llegado hasta aquí desaparece, y sigue trabajando con calendarios mucho más largos a los que no damos la transcendencia debida porque, ante lo urgente o próximo, pasamos de lo importante. Pero la Tierra lleva demasiado tiempo enviándonos síntomas claros de nuestra enfermedad (que es la suya) y nosotros seguimos comportándonos como pacientes que cambian de conversación para no escuchar al médico. Ponemos la crucecita en la casilla del cuestionario de preocupaciones, pero nada más. Da lo mismo el enunciado con el que la ONU cada año quiera despertar nuestras conciencias.

Que una presidenta autonómica del siglo XXI repita sin saberlo el argumentario del encomendero ilustrado no es solo una torpeza histórica. Es un síntoma. Un fantasma, otro, que recorre la España contemporánea: la lógica de la encomienda. Aquel sistema colonial por el cual la Corona española encomendaba grupos de indígenas a colonizadores para su protección y evangelización a cambio de tributo y trabajo no desapareció con los decretos de abolición. Se transformó, se adaptó al lenguaje de la democracia liberal y hoy opera en el corazón mismo de nuestras políticas migratorias y de integración. Lo que llamamos integración, en demasiadas ocasiones, no es más que la versión secularizada de aquel pacto desigual: una encomienda perpetua que exige a la población inmigrante un tributo constante de asimilación cultural, laboral e identitaria, sin concederle jamás la plena pertenencia. El paralelismo que sigue tiene sus límites: la encomienda histórica era esclavitud codificada en ley; lo que opera hoy es más difuso, más negable, institucionalizado en procedimientos que se presentan como neutros. Precisamente por eso es más difícil de combatir.

Ese núcleo perverso —la oferta de una protección condicional a cambio de la sumisión integral— es el que ha reaparecido, con ropajes modernos, en la gestión contemporánea de la diversidad. El nuevo tributo ya no se paga en oro, sino en trabajo precario y esencial. Los datos son fríos y reveladores: según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a mediados de 2025 había 258.525 personas extranjeras afiliadas al Sistema Especial Agrario —uno de cada cuatro trabajadores del campo español—, con un incremento del 10,5% interanual que duplica el ritmo del conjunto de la economía. En el sector del hogar y los cuidados, el 69% de las trabajadoras son de origen extranjero y el 95% son mujeres, según datos del Ministerio y Oxfam Intermón (2024-2025). Son ellos quienes sostienen sectores estratégicos en condiciones de alta precariedad: los trabajadores jóvenes migrantes concentran una parte desproporcionada del empleo temporal que subsiste en España tras la reforma laboral. Es la actualización perfecta del tributo colonial: la asignación sistemática de los cuerpos racializados a los trabajos que la sociedad autóctona rechaza, pero de los que depende su bienestar. Como antaño el indígena en la mina, el jornalero migrante en el invernadero paga con su esfuerzo el derecho a una presencia siempre provisional.

Paralelamente, se ha instaurado una nueva evangelización, secular y cultural. Si la encomienda exigía el bautismo, la encomienda perpetua exige la asimilación como prueba de lealtad suprema. La frontera ya no se traza en los ríos, sino en las costumbres y en los símbolos visibles de identidad, el trato diferencial que reciben los signos religiosos: mientras el velo de las monjas es percibido como parte del paisaje cultural, el hiyab de una mujer musulmana se convierte a menudo en objeto de debate público y sospecha. Este doble rasero revela cómo ciertos marcadores identitarios son tolerados o rechazados en función de quién los porta, operando como rituales de pertenencia condicional. La escena más precisa no ocurre en un debate político sino en un patio de colegio: un niño nacido en Zaragoza, con DNI español, al que sus compañeros preguntan “pero de dónde eres de verdad”. Ahí está el mecanismo en su forma más desnuda: la pertenencia no se adquiere por derecho, se negocia cada día, y siempre la negocia quien ya pertenece. Esta exigencia se enmarca en un contexto social más amplio: el Eurobarómetro especial sobre integración de 2022 mostró que el 41% de los españoles considera muy importante que los inmigrantes se adapten al estilo de vida local, uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea. La integración se reduce así a una serie de performances culturales —desde lo que se viste hasta cómo se habla— que hay que ejecutar a la perfección, mientras se ignora que la propia identidad española es un producto de mezclas, conquistas y sincretismos nunca del todo estables.

La misma operación se repite cuando se trata de la memoria de los propios. En un país con decenas de miles de personas enterradas en cunetas sin nombre, la exigencia de reparación y justicia es reencuadrada sistemáticamente como despertar el odio o reabrir heridas. El mecanismo es idéntico: quien reclama que se reconozca el daño es acusado de no querer pasar página, de vivir del rencor, de no estar a la altura del presente. La indignidad no es que estén enterrados ahí; la indignidad, según esa lógica, es nombrarlo. Es la encomienda aplicada a la memoria: una parte decide qué se recuerda y en qué términos, y llama odio a la negativa de la otra a aceptar ese contrato.

La objeción más honesta a este argumento merece ser formulada bien: cualquier Estado democrático tiene derecho a pedir a quienes llegan que respeten un marco común de convivencia. No es colonialismo exigir que se cumplan las leyes, que se aprenda la lengua, que se acepten las reglas del juego colectivo. Es gestión legítima de la diversidad. La respuesta no es negar esa necesidad sino señalar dónde se cruza la línea: cuando el marco común deja de ser un suelo mínimo compartido y se convierte en techo cultural —cuando ya no basta con respetar la ley sino que hay que vestir, rezar, llamarse y comportarse de una manera determinada para ser considerado de los nuestros—, la integración ha dejado de ser un contrato y se ha convertido en una rendición. Esa es la encomienda perpetua: no el derecho a pedir convivencia, sino la exigencia de que el otro desaparezca para poder convivir con él.

No es un detalle menor que Ayuso protagonizara este episodio el mismo mes en que su comunidad gestiona una de las mayores poblaciones inmigrantes de España, con más de 1,3 millones de personas extranjeras empadronadas en Madrid según el INE. La misma presidenta que celebra en México la evangelización como regalo civilizatorio exige, de vuelta en la Puerta del Sol, que esa misma población rinda el tributo de la asimilación como prueba de lealtad. La coherencia ideológica es perfecta: quien cree que España le hizo un favor a América hace quinientos años cree también que le hace un favor al inmigrante que le limpia la casa. La encomienda, en ambos casos, se presenta como un acto de amor.

Esta presión asimilacionista convive con un régimen de derechos condicionales y sospecha permanente. La protección que ofrece el Estado es selectiva y revocable. El informe Parar el racismo, no a las personas, elaborado por Rights International Spain, documentó la sistematicidad del perfil racial en las identificaciones policiales en Madrid. Estas prácticas persisten y se han agravado: la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, 2024) constató que el 34% de los hombres afrodescendientes en España fueron identificados policialmente en los cinco años anteriores al estudio, y que España es el segundo país europeo con mayor tasa de percepción de discriminación racial en las identificaciones, con un 66% de los afectados. La Ley de Extranjería permite la detención administrativa en Centros de Internamiento de Extranjeros hasta 60 días por una mera irregularidad migratoria, un trato que no tiene equivalente para la población nacional. Los derechos fundamentales dejan de ser universales para convertirse en un premio condicionado al comportamiento correcto, a la discreción y a la renuncia a la diferencia visible.

El resultado es la recreación de la condición suspendida del indígena encomendado. A pesar de que en España residen 2,5 millones de musulmanes —según el estudio demográfico del Observatorio Andalusí referido a 31 de diciembre de 2024, en torno al 5% de la población, casi la mitad de ellos ya ciudadanos españoles de pleno derecho—, la retórica pública y política los sitúa en un estatus de provisionalidad perpetua. Su pertenencia está sujeta a una conversión cultural que nunca se considera suficiente. Incluso sus hijos, nacidos y educados aquí, siguen cargando con la hipoteca identitaria de un origen siempre cuestionado. Son, en el imaginario colectivo, inmigrantes perpetuos, nunca del todo de aquí, siempre a un paso de ser declarados inadaptados o desleales. Esta dinámica tiene un nombre sencillo: se puede tener el pasaporte y seguir siendo extranjero en el imaginario de quienes te rodean.

Para desmontar este mecanismo no bastan ajustes cosméticos en las leyes de extranjería. Lo que la interculturalidad crítica propone —y que Stuart Hall o Aníbal Quijano teorizan desde ángulos distintos— es más radical: desvincular irrevocablemente los derechos fundamentales de toda condición migratoria; reconocer la pluralidad cultural como valor constitutivo y no como problema a gestionar; abandonar la prueba de asimilación como condición de pertenencia. No es un programa político, es una dirección. La diferencia con el modelo actual es la misma que hay entre un contrato y una deuda.

El viaje de Ayuso a México terminó en retirada anticipada, convertida en agravio épico para consumo interno. Pero lo más revelador del episodio no fue el boicot ni el escándalo diplomático: fue que nadie en el debate público español conectó lo que Ayuso decía en el Zócalo con lo que su modelo de integración hace en Lavapiés. Ese punto ciego es el síntoma más preciso de la encomienda perpetua: la incapacidad de reconocer que el paternalismo colonial y la exigencia de asimilación hablan el mismo idioma, solo que en acentos distintos.

La encomienda histórica comenzó a resquebrajarse cuando su inhumanidad resultó insostenible para la propia conciencia imperial. La encomienda perpetua del siglo XXI aguarda un destino similar. Su abolición no llegará por decreto, sino por el reconocimiento colectivo de otra verdad incómoda: que la verdadera fortaleza de una sociedad no se mide por su homogeneidad, sino por su capacidad para construir un nosotros lo suficientemente amplio y complejo como para albergar, en igualdad de condiciones, todas las trayectorias, todos los acentos y todos los platos que la habitan. La tarea, aquí y ahora, es aprender a dejar de ser encomenderos.

Salvo el CEIP Ana María Matute, los otros 32 entornos escolares analizados en la ciudad incumplen los valores indicados por la OMS al superar el máximo de 10 microgramos por metro cúbico (μg/m3) de dióxido de nitrógeno indicados para un aire seguro. No solamente los rebasan, sino que 15 de esos 33 centros han registrado más del doble de dicho índice con una concentración superior a los 20 μg/m3, límite anual establecido en la normativa europea de calidad del aire cuya entrada en vigor está prevista para 2030. Las cifras más peligrosas pertenecen al IES Duques de Nájera, el CEIP Caballero de la Rosa, el CEIP Vuelo Madrid Manila y, especialmente, al CPC Agustinas con 32,9 μg/m3.

El trabajo de campo, realizado con medidores durante tres semanas para recabar los datos de la muestra representativa, deja como evidencia en el informe la clara relación entre la intensidad del tráfico y la contaminación atmosférica. La exposición elevada al NO2 conlleva graves consecuencias para la salud como la potenciación de afecciones en el sistema respiratorio y cardiovascular y en el neurodesarrollo infantil debido a que las partículas invaden y dañan procesos críticos del desarrollo.

Con un diagnóstico de este calibre, la pregunta es qué se va a hacer para proteger de manera especial al espectro infanto-juvenil de la población. Para ello hay que poner sobre la mesa elementos señalados en el estudio como el diseño de los entornos escolares, la implantación de zonas de bajas emisiones, la pacificación del tráfico, la potenciación del arbolado o intervenciones, sobre todo en la zona centro y sur, como las llevadas a cabo en los entornos del CEIP Madre de Dios, el CEIP Siete Infantes de Lara o el CEIP Vicente Ochoa para reducir la contaminación y fomentar los espacios peatonales.

Sin embargo, la respuesta que se pudo ver en el último pleno del Ayuntamiento de Logroño fue muy elocuente. Antes del debate sobre la creación de un plan estratégico de calles escolares a propuesta del PSOE, se expusieron los datos del informe, presentados de manera gráfica por Amaya Menchaca, bióloga ambiental e integrante de FAPA Rioja. Estos son apoyados por colectivos diversos como la Asociación Riojana de Pediatría de Atención Primaria, la Asociación de Ambientólogos de La Rioja, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de La Rioja o la Plataforma de Movilidad de La Rioja.

A pesar de ello, fueron cuestionados por la portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, argumentando sin rubor que carecían de “rigor científico”. Al contrario, destacó que la calidad del aire de Logroño se sitúa como una de las mejores de las ciudades de España. Lo hizo anclándose en los registros de la estación medidora de la calle Cigüeña, cuyo emplazamiento dificulta la medición total de la polución urbana vinculada al tránsito rodado al estar situada en un ámbito peatonal y una zona verde del campus de la Universidad de La Rioja en lugar de un punto más crítico.

Logroño no dispone más que de dicha estación, por lo que no cuenta con un sistema público de medición más efectivo en los entornos escolares. De este modo, cuando la sociedad civil actúa ante un problema colectivo, lo que el Gobierno debía haber hecho es escuchar a la otra parte en lugar de encerrarse en su torre de marfil, mostrar su disposición a ir de la mano en lugar de parapetarse en la reafirmación de su labor y tomarse la molestia de contrastar esos datos en lugar de echar por tierra una investigación de peso.

Para ello alegó que las mediciones no eran estandarizadas ni profesionalizadas y que deberían llevarse a cabo de manera horaria o anual como si los colectivos sociales pudieran permitirse ese desembolso. También incidió en que se trataba de un método orientativo con datos indicativos. En el propio informe se señalan las limitaciones presupuestarias y operativas, por lo que las referencias obtenidas tendrían que ir acompañadas con un estudio posterior más amplio para cotejar los resultados.

Diversos actores institucionales como la Agencia Europea del Medio Ambiente o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconocen el valor de estas campañas como herramientas para la concienciación, pero desde el Ayuntamiento de Logroño se optó por dudar de su método científico. A ello se añadieron afirmaciones tales como “están intentando implantar discursos derrotistas” por parte del PP o “respeto su opinión, pero no la comparto”, donde Vox elevó el objeto de su negacionismo y desplazó su crítica a la estrategia Calles Abiertas de la anterior legislatura.

Resulta necesario reflexionar sobre lo que subyace al respecto. Nos hemos acostumbrado a normalizar que todo es relativo y que hasta la facticidad de los hechos es cuestionable y opinable. El rigor no es debatible. Se tiene o no se tiene. Lo que no puede hacer una formación política es desacreditar sin datos efectivos que lo refuten un informe que alerta de la calidad del aire en los entornos escolares de Logroño.

Por supuesto, la iniciativa no salió adelante, donde se evidenciaron dos bloques: el compuesto por PP y VOX por un lado y el del PSOE (Álvaro Foncea precisó que el Gobierno de La Rioja está tramitando un cambio de modificación técnica para una mejor medición del aire), el grupo mixto (Unidas Podemos y PR+) y no adscritos no por otro.

Más allá de la moción, si de verdad se quiere tomar en consideración la contaminación atmosférica, es necesario hablar en profundidad del modelo estructural de ciudad y actuar en consecuencia respecto a la movilidad urbana sostenible y la seguridad del aire en espacios con población vulnerable como los entornos escolares. Nos va la salud en ello.

No sé ustedes, pero uno de mis mayores vicios es sentarme en un bar con un café y un periódico encima de la mesa. El placer de leer las noticias cada mañana, sin prisa, es uno de los lujos que más disfruto. En esos momentos, la lectura se convierte en el vínculo con la actualidad, en un espacio que no solo informa, sino que también invita a pensar.

A estas alturas ya sabrán que una de las cuestiones que me preocupa (y me ocupa) son las políticas públicas, concretamente en materia de igualdad. Lo cierto es que siempre encuentro algo en mi lectura diaria, que me lleva a preguntarme, a detenerme, o a reflexionar sobre ello.

Estos días leo que, al sur de Logroño, se proyecta “el mayor desarrollo urbanístico del siglo XXI”. Se habla de edificaciones de distinta altura, del mayor o menor número de viviendas protegidas o de un nuevo paseo verde, mientras se debaten cuestiones jurídicas de calado con las “observaciones” de unos y otros. Y es entonces cuando me pregunto si alguien ha mencionado el informe de impacto de género, necesario o conveniente en la elaboración de planes urbanísticos. No se trata de un informe “más”, sino de una invitación a hacer una pausa y pensar la ciudad con otra mirada.

La verdad que no es una cuestión de ponerme quisquillosa. Sé que estos temas a veces se ignoran, otras ni siquiera se nombran y, en la mayoría de las ocasiones, se desconocen o no se tienen en cuenta. ¿Para qué? Sin embargo, la jurisprudencia en nuestro país ha señalado con meridiana claridad, por un lado, que el principio de igualdad de género no resulta una cuestión neutral en materia de urbanismo, y por otro, que no es necesario el sometimiento del plan a un trámite específico como el informe de impacto de género, para que este enfoque deba estar presente.

Hablar del impacto de género es hablar de la ciudad a la que aspiramos; una ciudad que debiera estar vinculada a las (distintas) necesidades de mujeres y hombres en aspectos como la accesibilidad, la movilidad, la seguridad o el uso del espacio urbano; una ciudad en cuyo diseño, también, estén presentes ellas. 

Porque no habrá “desarrollo” si no salimos de nuestra zona de confort y al menos nos hacemos algunas preguntas como estas: ¿se va a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a las personas con más dificultades?, ¿se plantea el alquiler social, o incluso proyectos de cohousing?, ¿se han contemplado infraestructuras que favorezcan el cuidado de las personas?, ¿y baños públicos?, ¿se ha planteado la ubicación de la parada de autobús evitando los llamados “puntos negros”?, ¿hay bancos para sentarse o, por el contrario, elementos diseñados para impedir el descanso?, ¿y aparcamientos para bicicletas?, ¿existen porches para la lluvia o sombras para los días calurosos?, etc.

No es fácil “desmantelar” lo que ya sabemos, y preguntarnos qué perdemos cuando la ciudad no está pensada para cuidarnos. No es fácil, pero quizás es necesario. 

Pensemos en el impacto. Para vivir mejor. Para cambiarlo todo 

Nota al pie:

Las mujeres, en promedio, tienen ingresos más bajos y trayectorias laborales más discontinuas que los hombres, por lo que tienen más dificultades a la hora de acceder a una vivienda (Observatorio Vivienda Asequible, 2025).

Las mujeres necesitan 2,3 veces más tiempo de media para usar los baños públicos que los hombres (Caroline Criado-Pérez en “La mujer invisible”).

Un estudio en Madrid identifica 800 lugares de la ciudad donde adolescentes y jóvenes han sufrido acoso (ONG Plan International, 2018).

El pasado lunes 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas, el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, escribió en la red social ‘X’: “Favorecer el inicio de una legislatura para condicionarla puntualmente con medidas progresistas no es pactar con la derecha ni renunciar a tus principios. Evitar un secuestro a millones de personas es una tarea digna y con honor. También es querer a tu tierra”. Un usuario anónimo, de los muchos que pululan en las redes cada vez menos sociales, le espetó: “Siempre tiene que haber colaboracionistas en las filas de la izquierda para que la estrategia de la derecha triunfe. Nunca pasa al revés”.

Se supone que la estrategia de la izquierda pasa por resistir en el Gobierno central como dique de contención frente al auge de la extrema derecha, con la esperanza de que ese ascenso se frene en algún momento y se produzca un punto de inflexión, gracias en parte a la constatación práctica de las consecuencias del auge de la ultraderecha. Bajo este prisma, la creciente influencia de Vox en muchos gobiernos autonómicos se observa como un mal menor, una suerte de castigo ejemplificador que puede contribuir a evitar el mal mayor que supondría la llegada de la ultraderecha o sus postulados al Gobierno central.

Sin embargo, la esperanza de que se produzca ese punto de inflexión que evite el mal mayor hace tiempo que ha ido desvaneciéndose, y la izquierda parece haberse instalado en un carpe diem en el que el objetivo es resistir y estirar el presente frente a un futuro tenebroso que se vislumbra como inevitable.

Así, el miedo a la ultraderecha se convierte en el principal reclamo electoral, al tiempo que no se pone todo el foco necesario en cuáles son las políticas y las promesas de futuro que pueden ayudar a frenarla de forma sostenible. La polarización contribuye a alimentar esta dinámica, al presentar la ola reaccionaria como una fuerza exógena, y soslaya además el debate sobre los riesgos de estirar un presente político cada vez más precario en el que aumenta la desafección.

Huir hacia delante y, al mismo tiempo, de un porvenir temible que se acepta como inevitable no parece que sea precisamente una estrategia de futuro. Cuestionar este marco mental, y pensar en el futuro de un proyecto político más allá del presente inmediato, debería formar parte de la sana y necesaria autocrítica.

Sin embargo, el miedo es el conocimiento de los prudentes. No tener miedo es propio de analfabetos. No tener miedo es creer en la magia. No tener miedo es amputar el progreso. Y es que, si se analizan radical y honestamente, sin embellecimientos románticos o épicos, en su más recóndito y desnudo origen, cualquiera de nuestras decisiones (personales, sociales, profesionales o económicas) parten de un miedo fundante. Por ejemplo, y para no entrar en otros anhelos más íntimos que demandarían una exégesis más intrincada, si usted gasta ahora, se debe a su temor de perderse oportunidades de gozo presente; mientras que, si usted aplaza ese consumo y ahorra, se debe al pavor de renunciar a oportunidades de inversión futura. Ese miedo primigenio sólo puede evolucionar a expectativa cuando, mediante un cálculo de preferencias y probabilidades, se le reconoce su carácter profundamente consciente, pues el miedo no es salvaje, sino moral. Lo intuitivo es el miedo, lo racional es la audacia. Pero para que pueda completarse esa transición, no hay que esquivar la alarma o la inquietud, ni tratarlas con condescendencia, ni desde luego burlarse de ellas (de quienes las expresan), sino que hay que comprenderlas y explicarlas. Por tanto, y es de lo que me quejo, la ciencia no debería usarse para escarmentar al miedo, sino para transformarlo. Por tanto, y es lo que reivindico, lo políticamente responsable no es decir “¡No tengan miedo!”, sino “¡Tengan miedo! Pero no se queden en el miedo.”

Claro que no atravesamos una época particularmente caracterizada por la responsabilidad política (o, dicho con más precisión, no parece que la galería de políticos más representativos de España imbrique sus decisiones en una previa y verosímil reflexión ética). Por eso, aunque la crisis del hantavirus me haya brindado un último o inmediato argumento para este artículo, el miedo subyace, de manera muy prevalente, en cómo los diversos agentes involucrados, de uno y otro signo, han gestionado su participación en la cosa pública durante las últimas semanas desde que publiqué mi anterior columna en este medio (disculpen el silencio, pero no siempre es fácil encontrar ideas en el acelerado ritmo de la vida profesional y familiar). Es más, podría afirmarse que el miedo es el estado o ánimo político de la contemporaneidad, acusadamente desde la pandemia, tal vez desde unos años antes. Si bien el miedo siempre ha sido una víctima propicia para los sacrificios del poder, percibo ahora un matiz peligroso: en tanto que esa reacción emocional se desprecia como absurda e infantil (como un bulo, vaya), se aborta la conversación que permitiría convertir ese desasosiego inmanente en una sensata intrepidez para afrontar el futuro. Quien teme necesita razones para dejar de temer, y por eso las busca: no niega el debate. Pero quien quiere rentabilizar la zozobra, en beneficio de algún interés, se obstinará en que no dejes de sentirla: le sobra el debate. Y así se configura este panorama asfixiantemente conservador (el miedo inaugura o impulsa el progreso, pero no lo produce por sí mismo), conservadurismo de izquierdas y derechas, en el que posiciones en apariencia enfrentadas comparten, cada vez con menos disimulo o sofisticación, el mismo axioma: los ciudadanos no deben salir del miedo.

Para contrastar esta tesis, sirvan dos ejemplos que atraviesan estructuralmente el modelo socioeconómico post-COVID que se está (estamos) edificando. ¿No es natural, siquiera por espontáneo, que el fenómeno migratorio, y la regularización extraordinaria que está en curso, provoquen recelos debido a sus implicaciones de primerísima magnitud en todos los órdenes (demográfico, convivencial o económico)? Pues bien, el discurso dominante de la izquierda ha replicado a ese recelo, que sobresale entre la clase trabajadora, con una tajante altanería: si la inmigración te asusta es porque eres un inculto, si no un racista (“¡No tengan miedo!”). Por su parte, los mensajes más sonoros de la derecha han espoleado ese miedo, y muchas de sus soluciones tan sólo prometen inyectar una sensación de seguridad narcotizada (“Tengan miedo. Y quédense en el miedo.”), en lugar de mudarlo en un modelo alternativo de gobierno. 

¿Y no es natural, siquiera por espontáneo, que los shocks de oferta que ha instigado la Guerra de Irán enciendan la ansiedad de la población? No obstante, en este caso, ha sido unánime la respuesta de todo el espectro ideológico a sus nocivas repercusiones (puesto que nuestros partidos políticos, puesto que los españoles sociológicamente, coinciden en propugnar el intervencionismo, bien de izquierdas, bien de derechas, sólo difieren en algunas elecciones para redistribuir la recaudación): el Estado compensará esos daños (“¡No tengan miedo!”). ¿Acaso no nos percatamos del incentivo perverso que conlleva canjear la libertad individual, sin que obvie sus riesgos, por esa ilusoria protección? Como un condicionamiento estímulo-respuesta, esa unanimidad (la unanimidad, que no el consenso, debería estremecer a cualquier demócrata) realimenta el deseo del poder de propagar miedos y su convicción para tornarlos, como mucho, en expectativas insatisfechas: así concebido el poder (como necesidad y no como apoyo), y así tolerado, el desasosiego deviene en su presupuesto existencial (“Tengan miedo. Y quédense en el miedo.”).   

No llamen idiotas a los ciudadanos que tienen miedo: compréndanlos. Tampoco paralicen a los ciudadanos con y en el miedo: razonen y debatan para llegar a la audacia. Y, después, cumplan. El miedo no es la repuesta, pero sí abre el camino. 

La prevención funciona. Esto no es una intuición ideológica ni un eslogan institucional. En España, miles de casos de cáncer de mama se detectan cada año gracias a los programas de cribado y todos sabemos ya, que detectar antes significa tratar antes y tratar antes significa, en muchos casos, salvar vidas o evitar tratamientos mucho más agresivos.  

Indiscutiblemente, este anuncio es importante y la ampliación del programa merece el aplauso de todos y creo que es bueno no ocultar la satisfacción por la noticia, porque demasiadas veces parece que vivimos instalados en una crítica permanente incapaz de reconocer los pasos positivos de nuestra sanidad pública.

 Pero avanzando más allá del titular de la noticia, descubro, no sin cierta decepción, que las comunidades autónomas van a disponer de hasta tres años para iniciar la adaptación y de seis para alcanzar una cobertura cercana al cien por cien en los nuevos grupos de edad. Soy consciente de que ampliar un programa poblacional de este tipo exige planificación, recursos y reorganización asistencial, pero me cuesta entender que un sistema sanitario tan avanzado como el nuestro, necesite plazos tan largos para incorporar una mejora preventiva de este calibre. Por eso no puedo dejar de preguntarme: ¿de verdad necesitamos hasta seis años para implantar completamente una medida cuya utilidad nadie discute ya?  

Porque una cosa es actuar con rigor técnico y otra muy distinta resignarse a una lentitud estructural que el Sistema Nacional de Salud parece haber normalizado. No hablamos de ciencia ficción ni de la implantación de una nueva tecnología experimental. Hablamos de ampliar los rangos de edad en un modelo preventivo que ya existe, que ya funciona con eficacia y cuyos beneficios están sobradamente acreditados.

Siempre defiendo con firmeza la fortaleza de nuestro sistema público de salud, pero defenderlo no puede significar conformarse con este tipo de inercias. La sanidad pública necesita financiación, profesionales y estabilidad, sí. Pero también necesita capacidad de adaptación, agilidad organizativa y menos cultura burocrática. Porque mientras la Administración avanza lentamente entre informes, procedimientos y calendarios interminables, la innovación sanitaria evoluciona a una velocidad completamente distinta. Nuevas herramientas diagnósticas, inteligencia artificial aplicada a imagen médica o nuevos sistemas predictivos empiezan ya a transformar la manera de detectar enfermedades. Y el riesgo evidente que corremos es que el sistema público llegue siempre tarde. Porque ese retraso tiene consecuencias.

Cuando la innovación tarda demasiado en incorporarse al sistema público, quienes pueden permitírselo buscan alternativas privadas. Y así empieza a consolidarse una sanidad a dos velocidades: una para quien puede pagar anticipación diagnóstica y otra para quien depende exclusivamente de los tiempos de la Administración.

Ese debería ser precisamente el gran motivo para acelerar. No para debilitar la sanidad pública, sino para preservarla. Porque el problema no es que el Sistema Nacional de Salud quiera hacer las cosas bien. El problema es que demasiadas veces parece incapaz de hacerlas a tiempo. Y los ciudadanos tenemos derecho a exigir ambas cosas: rigor y rapidez.

La ampliación del cribado de cáncer de mama es un avance importante. Merece reconocimiento. Pero también debería servir como advertencia de algo más profundo: necesitamos una sanidad pública capaz no solo de garantizar derechos, sino también de adaptarse al ritmo de las necesidades reales de la sociedad. Y para conseguirlo sigue siendo imprescindible que los recursos públicos no se desvíen sistemáticamente a la sanidad privada.

Porque en prevención, muchas veces, el tiempo también salva vidas.

Los primeros vivirán -quiero decir sobrevivirán- como han sobrevivido siempre, hacinados en viviendas insalubres, estarán mal alimentados porque el dinero no llegará para comprar lo básico, para comer se recurrirá a la beneficencia, los niños estarán en la calle sucios, con los mocos colgando y sin escuela… En Logroño, la cocina económica será la única entidad benéfica que ampliará instalaciones y elevará geométricamente sus servicios. Esos pobres serán esclavos de los ricos, como toda la vida. 

Entre los ricos habrá dos clases: los de siempre, los de cuna, los que conservan las costumbres de toda la vida. En este primer grupo incluiremos a profesionales liberales: abogados, arquitectos, ingenieros, jueces, médicos, funcionarios nivel A y algunos otros pertenecientes a profesiones que se irán creando. El segundo grupo de ricos estará formado por “seres carroñeros” con aspecto de hombres y mujeres y comportamiento de animales de rapiña, salvajes que con tal de aumentar su poder económico harán todo aquello que a los boomer se nos ha dicho que hacen los seres humanos cuando pierden el segundo nombre.

En ese futuro, alguien se preguntará -porque las preguntas seguirán formulándose, aunque sólo sea en el cerebro de algunas personas- qué pasó con el estado de bienestar, con los derechos y libertades de las democracias, con la educación universal para todas las niñas y niños, con la sanidad universal para todos los enfermos, con el derecho a un abogado de oficio. 

Ténganse en cuenta que la mayoría de los que lleguen al futuro, el poco tiempo libre que le dejen los amos, se dedicarán a jugar con el sustituo del móvil y a decir que a “ellos no les pagan por pensar, los milenials (1981-1996) y la generación Z (1997-2012), que hoy creen estar en la cresta de la ola, serán unos ancianos como los que hoy pasan la noche en los cajeros de las entidades bancarias de Logroño.

Efectivamente el futuro será distinto. Esos milenials y generación Z, incluso los Alpha (2013 a la actualidad), no entenderán la razón por la que los boomers y la generación X (1965-1980), llegamos a un grado de decepción tan alto. Les costará comprender por qué todo nos parecía imposible, por qué los fondos carroñeros, los fabricantes de cohetes espaciales, los dueños de la IA, los fabricantes de armas, los grandes armadores que controlaban el tráfico de buques contenedores gigantes con mercancias de todo tipo, que se fabricaban en países deprimidos y los transportaban a los puertos europeos y estadounidenses, junto con políticos y otras castas de aparente bien vivir y de avaricia descomunal eran monstruos poderosos que aplastaban a los humanos, como un elefante puede aplastar a una hormiga.

Esos milenials, generación X y alpha se sorprenderán cuando en algún momento dado, algún amante de la «Memoria y del Pasado, de la Historia», en definitiva, les hable de la democracia, de la división de poderes, de la corrupción política y judicial, de los jueces que querían ser más que nadie y tener su momento de gloria, de los que nunca llegaron a ser demócratas, porque “de casta les venía la toga” y porque su consigna era: “el que pueda hacer que haga”.

En el futuro, cuando los viajes a la luna sean frecuentes para cuatro grandes magnates que no sabrán ni qué hacer con tanto y las mansiones enormes se las construyan en el espacio sideral, para que las distancias entre unos y otros sea mayor; algún iluso estudioso despistado encontrará en la nube que existía una red de economía alternativa y social (REAS) y que algunas organizaciones promovían el comercio justo, la igualdad y el cumplimiento de los derechos humanos, que otras organizaciones defendían la paz y la protección a los menores y niños.

Cuando la energía de los boomers se haya transformado en otro tipo de energía el mundo será distinto, pero no será mejor. Aunque ahora, no nos importe porque eso será en el futuro.

El antropólogo Clifford Geertz observó en sus estudios en Bali que el Estado tradicional no se organizaba generalmente mediante la coerción, sino a través de teatro político: rituales, procesiones y jerarquías visibles que naturalizaban el orden social haciéndolo parecer parte del cosmos. Este mecanismo no es exclusivo de las sociedades tradicionales. El sociólogo alemán Max Weber definió el Estado moderno por su monopolio legítimo de la violencia física, pero también por su capacidad de producir orden administrativo mediante la burocracia racional. Según Weber, esta burocracia crea una jaula de hierro de reglas y procedimientos que ordena la vida social de manera predecible y apolítica.

El filósofo francés Michel Foucault profundizó en esta genealogía. En Vigilar y castigar (1975), analizó cómo, entre los siglos XVII y XIX, el castigo espectacular del cuerpo (torturas públicas) fue sustituido por un sistema de disciplinas que buscaba ordenar las almas. La prisión panóptica, donde cada preso puede ser observado en cualquier momento sin saberlo, se convirtió en el modelo de una sociedad disciplinaria que produce orden mediante la interiorización de la vigilancia. Según Foucault, hospitales, escuelas, cuarteles y fábricas replicaron esta lógica, creando cuerpos dóciles adaptados al orden industrial y estatal. Esta producción de orden no se detiene en las instituciones del siglo XIX; encuentra en la democracia contemporánea sus propias métricas de obediencia. El anarquismo lleva dos siglos señalando que el problema no es la ausencia de orden sino su monopolio: que cuando una sola instancia —el Estado, el mercado, el algoritmo— se arroga el derecho a definirlo, el orden deja de ser convivencia y se convierte en dominación.

La atracción por el orden en contextos de crisis no es una simple metáfora. Tiene expresiones cuantificables. El informe Democracia bajo presión (Varieties of Democracy Institute, 2023) muestra que entre 2012 y 2022, el porcentaje de ciudadanos en democracias establecidas que creen que un líder fuerte que no tenga que molestarse con el parlamento ni las elecciones es bueno o muy bueno aumentó del 24% al 32%. Este aumento es más pronunciado en países con mayor desigualdad económica y polarización política. El informe V-Dem 2025 confirma la tendencia: la democracia se deteriora ya en 27 países y mejora solo en 8, con una caída especialmente pronunciada en los mecanismos deliberativos —la disposición de los gobiernos a escuchar la oposición y el pluralismo—. Este anhelo encuentra eco en figuras como Donald Trump, cuyas declaraciones apelan directamente a esta lógica de líder fuerte por encima de instituciones.

En España, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, Barómetro de marzo de 2024), el 67,3% de los ciudadanos considera que la seguridad ciudadana es un problema muy o bastante importante, superado solo por los problemas económicos. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que la tasa de criminalidad en España (50,9 delitos por cada 1.000 habitantes en 2023, según el INE) sigue siendo de las más bajas de la Unión Europea. Además, ese repunte respecto a años anteriores se debe casi íntegramente al cibercrimen —que se ha quintuplicado y ya representa el 17% del total—, mientras que la criminalidad convencional ha continuado descendiendo: de 4,9 delitos por cada 100 habitantes en 2019 a 4,24 en 2023. Esta divergencia entre percepción y estadística sugiere que el orden funciona como significante político más que como descripción empírica. La psicología social lleva décadas explicando por qué esa brecha no sorprende.

Estudios pioneros de Jost (2003) y meta-análisis posteriores (Burke, 2013) demuestran que la incertidumbre existencial —económica, identitaria, pandémica— aumenta la preferencia por sistemas que ofrezcan orden y certidumbre, incluso a costa de libertades. Estos estudios, centrados en la motivación de epistemologías de cierre (need for cognitive closure), muestran que en condiciones de incertidumbre las personas tienden a buscar sistemas de creencias que ofrezcan respuestas claras y definitivas. En una línea similar, la Teoría de la Gestión del Terror (Terror Management Theory) explica cómo la conciencia de la mortalidad puede aumentar la adhesión a visiones culturales que prometen orden y permanencia simbólica. Este fenómeno, llamado compensación del terror, explica parcialmente el atractivo de discursos que prometen restaurar un orden perdido o defenderse de amenazas caóticas.

La erótica del orden tiene una dimensión estética y material. El urbanismo ha sido históricamente un campo de batalla. El barón Haussmann, al reformar París entre 1853 y 1870 bajo el mandato del emperador Napoleón III, no solo buscaba embellecer la ciudad. Sus bulevares rectos y anchos permitían el flujo de mercancías y, crucialmente, el rápido despliegue de tropas para controlar revueltas populares. El orden urbano era orden social y político. Hoy, la gentrificación sigue una lógica similar: se presenta como regeneración, saneamiento o puesta en valor, pero suele implicar la expulsión de poblaciones vulnerables y la homogeneización socioeconómica, cuando no la transformación de los barrios en centros comerciales etílico gastronómicos al aire libre, los logroñeses saben muy bien de lo que hablo. En Madrid, según el Observatorio de la Sostenibilidad, el precio de la vivienda en el centro histórico aumentó un 156% entre 2014 y 2023, mientras que la población con rentas bajas disminuyó un 22%.

La tecnología digital ha llevado la lógica del orden a una escala sin precedentes. Los algoritmos de las plataformas digitales clasifican, predicen y, en última instancia, ordenan la realidad social. Un estudio del MIT Media Lab (2021) sobre el algoritmo de YouTube encontró que, en contextos de alta polarización política, la recomendación de videos tendía a priorizar contenido emocionalmente intenso y maniqueo, creando burbujas de orden ideológico cerradas. Este orden no es estático, sino adaptativo: se personaliza para cada usuario, creando la ilusión de un mundo coherente y a medida.

Esta lógica de orden algorítmico, cuando es adoptada por el Estado, alcanza su expresión más radical en sistemas como el de Crédito Social chino (SCS) y tiene consecuencias materiales. El SCS, implementado progresivamente desde 2014, clasifica a ciudadanos y empresas mediante algoritmos que evalúan comportamiento social y lo penaliza, desde delitos graves hasta cruzar indebidamente una carretera (Merics, 2022). Estimaciones oficiales hablan de 17 millones de desacreditados en 2018. Las sanciones son materiales: restricciones para comprar billetes de tren o avión, denegación de acceso a créditos bancarios, o exclusión de escuelas y empleos públicos. Este sistema, presentado como herramienta para construir un orden social basado en la confianza, externaliza el caos de la gobernanza a los ciudadanos: la presión por autorregularse bajo la amenaza de exclusión sistémica genera ansiedad e incertidumbre vital, mientras el Estado mantiene una fachada de armonía y eficiencia algorítmica.

La ultraderecha global ha sabido capitalizar esta erótica del orden. Su discurso une la promesa de seguridad física con la de integridad identitaria. En España, el término ley y orden aparece en el 43% de los discursos parlamentarios de Vox analizados entre 2019 y 2023 (Análisis del Laboratorio de la Fundación Alternativas). Este orden se presenta como defensa contra amenazas internas (independentismo, feminismo radical, inmigración) y externas (globalismo, Unión Europea). Este discurso, que vincula orden con identidad y soberanía, no es nuevo ni exclusivo de España. La historiadora Anne Applebaum y el politólogo Ivan Krastev han analizado cómo, en países de Europa del Este como Bulgaria, movimientos similares construyen su atractivo sobre una nostalgia por un pasado mitificado y estable (ya sea comunista o pre-comunista), y sobre la defensa de una identidad nacional homogénea frente a cambios demográficos rápidos y élites globalizadas percibidas como caóticas. Patrón que Applebaum resume en orden como retorno a fronteras nítidas y jerarquías claras. 

La DANA de Valencia (octubre de 2024) lo ilustra con brutal precisión doméstica. No hay que irse a las distopías algorítmicas del SCS chino para encontrar la paradoja: un gobierno regional que había hecho de la autoridad, el orden y la gestión eficiente su capital político central no fue capaz de emitir una alerta a tiempo. Murieron más de doscientas personas. La lluvia de fango que recibió la comitiva institucional en Paiporta era algo más que rabia: era el momento en que el significante “orden” perdía su función de promesa y quedaba reducido a lo que siempre fue, un relato.

El orden no es en sí mismo el problema. Sin cierto grado de orden compartido —normas, instituciones, marcos de convivencia— no hay vida social posible, sino solo la ley del más fuerte. La cuestión no es el orden frente al caos, sino qué tipo de orden, construido por quién y a costa de quién. 

¿Qué tipo de orden estamos dispuestos a aceptar —y a cambio de qué libertades, de qué cuerpos, de qué vidas? La paradoja final es que la búsqueda obsesiva de un orden esencializado y excluyente suele generar las mismas fuerzas caóticas que pretende dominar. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en Modernidad líquida (2000), argumentó que la búsqueda de soluciones sólidas a los problemas líquidos de la globalización —como construir muros frente a flujos migratorios o reafirmar identidades cerradas frente a la diversidad— es contraproducente. Genera más fricción, más conflicto y, en última instancia, más incertidumbre.

Esta paradoja —la búsqueda de un orden excluyente generando caos— se materializa de forma cruda en los datos sobre delitos de odio. En España, el Ministerio del Interior registró en 2023 un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio, un 21,3% más que en 2022. Los delitos por racismo y xenofobia son los más numerosos (856 hechos, el 41,8% del total), mientras que el antisemitismo creció un 77% y el antigitanismo un 68% respecto al año anterior. Es decir: los mismos grupos que el discurso del orden sitúa como amenaza —migrantes, minorías étnicas— son los que acaban soportando la violencia que ese discurso genera.

La plomada de Tutankamón medía la verticalidad, pero también simbolizaba un equilibrio: el orden como armonía, no como imposición. La diferencia entre ambos conceptos es fundamental. Un orden que se construye sobre la exclusión, la vigilancia y el miedo puede parecer estable, pero su base es frágil. Genera resentimiento, resistencia y, finalmente, su propia erosión. La erótica del orden siempre ha ofrecido un espejismo: que es posible domesticar el caos inherente a la existencia colectiva. Pero ese espejismo tiene un coste tangible, medible en exclusiones, en ansiedad internalizada y en la reducción de la complejidad humana a variables gobernables. El verdadero orden, sugiere la antropología, no es la ausencia de conflicto, sino el marco dentro del cual el conflicto puede desarrollarse sin destruir la trama común. Cuando un sistema promete lo primero, suele producir lo segundo. La plomada, al final, solo mide la verticalidad de un muro; no dice quién queda fuera ni qué mundo se construye dentro.

Hace mucho que escribí mi última columna. Espero no haberme oxidado demasiado entre los avatares de la vida porque el tema de hoy es complejo (nota: otro día podemos hablar sobre la historia del concepto de “carga mental”, pero será cuando yo misma la sufra en menor medida). 

El pasado 15 de mayo se cumplieron 78 años de la Nakba, la catástrofe, la salida y desplazamiento forzados de miles de palestinos y palestinas de sus lugares de origen y su reubicación en campos de refugiados que a estas alturas son más una especie de simulacro de ciudades caóticas. Ese caos no es fruto de la violencia interna entre sus pobladores, como podrían pensar a simple vista, sino de la ausencia de planificación real: al fin y al cabo, se trataba de un lugar de paso, un espacio intermedio entre el desalojo forzoso y la vuelta al hogar. El problema es que después de tanto tiempo, aunque la esperanza del retorno siga viva, hay que vivir. Y para eso se necesita ocupar el espacio de otra forma. 

Por eso cuando vemos imágenes de las casas en las que las familias palestinas viven en estos campos vemos desorden, casas con pisos altos a medio construir, que estarán destinados a alojar a una parte de la familia cuando esta crezca. Por eso vemos calles sinuosas, estrechas o anchas, sin una planificación urbanística clara. En estas condiciones es difícil mantener la dignidad intacta, y aun así lo están consiguiendo. 

Esa dignidad y resiliencia tiene, por supuesto, nombre de mujer. Porque la historia nos demuestra, una vez más, cómo las mujeres hemos sido las transmisoras de memoria, de identidad, de ese otro ADN que nos conecta con la tierra, con nuestros espacios (los que ocupamos y los que tenemos derecho a ocupar). No es algo que yo me esté inventando: cada vez más estudios señalan cómo, desde la antigüedad, las mujeres de todo el mundo han desarrollado un papel fundamental en el desarrollo de sociedades y civilizaciones y que demasiado a menudo este ha quedado en un segundo plano.

A estas alturas ya ha debido quedar claro que hoy voy a hablarles de la historia de las mujeres palestinas. Una historia muy larga y compleja que espero ser capaz de sintetizar en unos pocos párrafos. Para ello, comenzaré por el principio. Desde la antigüedad y la Edad Media, la presencia y la acción de las mujeres fue fundamental en un mundo cambiante, que vivió el desarrollo de civilizaciones, la invasión y ocupación romana, la cristianización bizantina y la expansión del Islam. 

En este contexto de cambios, ellas ejercieron como transmisoras de la cultura ancestral, dibujando poco a poco los rasgos fundamentales de la identidad cultural palestina. Y lo hicieron desde posiciones muy diversas: desde las sacerdotisas cananeas identificadas a través del registro arqueológico hasta las mujeres que transmitieron sus saberes y genealogías familiares a través de la matrilinealidad presente en varias comunidades palestinas (ojo, no confundir con un matriarcado). 

Si damos un tremendo salto en el tiempo llegaremos al periodo otomano, en pleno siglo XIX. Para este momento histórico, contamos con un cada vez mayor número de estudios que señalan la frenética actividad que desarrollaron las mujeres de Palestina. Estas, especialmente las procedentes de las élites urbanas, fundaron asociaciones de carácter benéfico, crearon escuelas femeninas e instituciones que serán la base del activismo posterior, ligado estrechamente al movimiento nacional palestino. De hecho, mientras en occidente las sufragistas se organizaban para reclamar derechos que el patriarcado nos había ido negando, en Palestina vemos el paralelo de las primeras muestras organizadas de un activismo femenino en estos grupos. 

Si avanzamos un poco más en el tiempo, el nacimiento del sionismo como ideología política de corte imperialista, colonialista y racista y el establecimiento del pseudoestado israelí desembocaron en esa expulsión masiva de la que hablaba al inicio de este texto. Llegamos por tanto a la Nakba de 1948, el fundamento histórico de una injusticia que aún sigue sin resolverse. 

Por supuesto, estos movimientos de ocupación, desplazamiento y agresión hacia el pueblo palestino encontraron una respuesta, y en ella las mujeres también desempeñaron un papel fundamental. Sabemos, por ejemplo, que durante las dos intifadas ellas desempeñaron roles de vital importancia organizando la resistencia civil, proporcionando servicios sociales alternativos, promoviendo la autosuficiencia económica, participando activamente en los enfrentamientos… Todo ello desafiando los roles de género institucionales, aunque, por desgracia y tal y como nos sucede en occidente, sin llegar a transformar estructuralmente las relaciones patriarcales. 

Por su parte, la diáspora palestina también nos ha dado voces de mujeres que ha transformado la narrativa nacional. Intelectuales, escritoras y activistas han articulado una crítica anticolonial que desafía tanto las representaciones orientalistas occidentales como las limitaciones internas a las que ellas mismas se enfrentan. Su trabajo, al final, es una muestra importantísima de una resistencia cultural que preserva y renueva constantemente el proyecto nacional palestino. Esto lo observamos también en la Palestina ocupada: las mujeres siguen siendo las transmisoras de la historia oral, las tradiciones y los elementos identitarios de Palestina. 

En otras palabras: al igual que sus ancestras del mundo antiguo y medieval, las mujeres palestinas de nuestros días se han erigido como defensoras de una identidad que se resiste a ser borrada. La dignidad y existencia de todo un pueblo recae especialmente en sus manos, y pocas veces tenemos la capacidad desde nuestro Occidente actual de reconocer esa labor que llevan siglos desarrollando. Porque, reconozcámoslo, aquí tendemos a ver a las mujeres palestinas casi exclusivamente en su faceta de víctimas cuando, en realidad, son las herederas de una tierra robada que se mantienen en pie a pesar de todo (y de todos).

Son las herederas de una tierra que es algo más que tierra. Su lucha, pasada y presente, nos demuestra que la liberación nacional palestina no será completa hasta que aborde las múltiples dimensiones de la opresión. En cada acto de resistencia, en cada gesto de solidaridad, las mujeres palestinas continúan escribiendo la historia de un pueblo que se niega a desaparecer. Y por ello heredarán la tierra a la que tienen derecho. 

Se trata de un texto con un estilo muy similar al tono que empleó cuando vaticinó la imputación de otros altos cargos como Zapatero o Alvaro García Ortiz, el que fuera Fiscal General del Estado, quien acabó siendo condenado con el hecho probado de que el autor de revelación de secretos fue el propio García Ortiz “o una persona de su entorno y con su conocimiento”. Y MAR lo hace en un contexto en el que la imputación de Zapatero ha supuesto un golpe moral a los principios éticos en los que se sustentan los proyectos asentados en la equidad social frente a los basados en la diferenciación particular.

Podemos refugiarnos en que, como afirma Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, por ahora todo lo que se sabe son conjeturas, no hechos probados. E incluso considerar que el juez hace una afirmación impropia de un momento procesal embrionario que sitúa al expresidente como el líder de una trama de tráfico de influencias, y además lo afirma de manera innecesariamente reiterada. 

Pero incluso creyendo en su inocencia y deseando que todo pueda ser aclarado delante del juez instructor el próximo 2 de junio, debemos preguntarnos qué extraña seducción arrastra a la mayoría de los exjefes de gobierno a cambiar su tranquilidad moral por un puñado de euros, por mucho que el puñado sea abundante, legal y declarado.

 El precio que tiene que pagar un líder político a cambio de mantener su imprescindible ejemplaridad moral es no tener ninguna relación con ciertos negocios cuando ya se dispone de ingresos más que suficientes que se pueden engrosar con conferencias u otro tipo de actividades más estimulantes y menos dañinas. Y, además, tener tiempo para correr, ir al monte y orientar a sus descendientes hacia las ocupaciones que quieran intentando alejarlos de los negocios que los requieran. O, por qué no, dedicar un tiempo a leer a Aristóteles y su Ética a Nicómaco en la que afirma que la virtud es un hábito selectivo, una disposición adquirida a través de la repetición de actos buenos que nos permite alcanzar la excelencia y, en última instancia, la felicidad. Porque no debemos olvidar que para los antiguos griegos ejercer la magistratura y dirigir la polis no podía tener un equivalente pecuniario, como lo acredita la propuesta platónica de que en el Estado ideal sus representantes tenían prohibido acumular oro o plata ya que el dinero corrompía el alma y desviaba a los líderes de su deber. Evidentemente, con una vida digna asegurada que permitiría que los honores de representar a los ciudadanos no fuesen anulados por los honorarios de representarse a uno mismo.

  Resulta fundamental esa resistencia ética, sobre todo en un contexto en el que la fragilidad de la democracia nos dice que no hay simetría jurídica, social ni económica entre los lados de la balanza ideológica. Parece que existen unos pocos seres superiores que nunca tendrán ningún problema, porque la justicia divina ya se hizo terrenal para ellos, mientras que otros muchos seres deberán esperar al más allá para que se les compense la injusticia humana del más acá.

Pero incluso aceptando este escenario, no podemos vivir en un estado de matonismo constante en el que un señor por el hecho de tener canas puede mentir, reírse, amenazar, insultar y presumir de tener hilo directo con el poder judicial que le transmite información y le concede una obscena inmunidad. El MARtonismo, ese matonismo de ironía gruesa que practica MAR es una forma de insoportable autoritarismo, tan de moda, que lo mismo amenaza a periodistas con arruinarles la vida o meterlos en la cárcel que intimida a un presidente del Gobierno con ir p´alante porque él, como un Charles Bronson de Valladolid, es la justicia. 

A veces la borrachera de poder impide distinguir entre el beodo y el beocio. O alguien le da una taza de café al matón o él y otros como él terminarán por querer darnos café, mucho café. Y eso ya sabemos lo que significa. Lo supo bien Lorca, un verdadero antídoto contra el odio: “Esta luz, este fuego que devora/Este paisaje gris que me rodea/Este dolor por una sola idea/Esta angustia de cielo, mundo y hora”.

Por desgracia, las colonias felinas legales se han consolidado en España y en parte de Europa como modelo habitual de gestión de los gatos callejeros, y no es que lo desee, pero la ley y las administraciones no son tan permisivas con los perros vagabundos, los mini-pigs, las tortuguitas o con cualquier otra mascota que quisiéramos cuidar entre “todos” con toda nuestra buena intención, al lado de casa, para regocijo de ciudadanos piadosos y entretenimiento de la infancia. Veamos por qué me parece un dislate la excepción gatuna.

Aunque a menudo los consideramos mascotas inofensivas (dentro de casa normalmente lo son), los gatos domésticos (Felis catus) son depredadores muy eficientes. Cuando los concentramos en colonias al aire libre se incrementa artificialmente el número de depredadores en la zona, lo que no es bueno para la vida silvestre. Un solo gato doméstico en libertad puede cazar de dos a cuatro presas al día: principalmente pequeñas aves, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos.

La historia y los estudios científicos han demostrado que los gatos domésticos son una de las especies invasoras más perjudiciales y, a nivel mundial, responsables directos de la eliminación de millones de animalillos silvestres, de alrededor del 20% de los pequeños vertebrados recientemente extintos, además del descenso de las poblaciones de cerca del 10% de aves, mamíferos y reptiles en Peligro Crítico.

En entornos urbanos, esto se sustancia en una reducción drástica de la biodiversidad local, ya de por sí sometida a la merma poblacional consecuente con nuestra vida urbanita. Estoy hablando, entre otros muchos ejemplos, de los pajarillos que en nuestras latitudes tanto alegran la ciudad. También de otros animalillos no tan vistosos pero no menos necesarios desde le punto vista ecológico.

Existe la creencia errónea de que un gato bien alimentado por ciudadanos no caza. Sin embargo, investigaciones, alejadas como es normal del eufemismo y la sensiblería, muestran que su instinto cazador es independiente del hambre. Aunque la alimentación controlada puede reducir la presión depredadora al no depender el gato doméstico exclusivamente de ella, no la elimina. Además, los puntos de alimentación, si no se gestionan correctamente, pueden atraer a otros animales no deseados, creando focos de insalubridad.

Para minimizar el impacto, asociaciones y ayuntamientos suelen recurrir al método CER (Captura, Esterilización y Retorno/Suelta), cuyo teórico objetivo es estabilizar y reducir progresivamente las poblaciones de los mininos abandonados sin herir las susceptibilidades de algunos ciudadanos, puesto que el gato doméstico se devuelve a su territorio y evita (es un suponer) que nuevos gatos abandonados ocupen ese espacio.

Pero su gestión correcta implica no solo la esterilización en porcentaje suficiente para que surta efecto (cota que no se consigue habitualmente), sino también el control veterinario adecuado por los riesgos de transmisión de patógenos y la reubicación de colonias, que habitualmente no cuentan con una evaluación previa de su impacto ecológico ni con el benéplácito de los residentes disconformes, con frecuencia quejosos de los malos olores, presencia de excrementos o suciedad.

Y, oh sorpresa, a pesar de todo, la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, aprobada en 2023, trata de regular esta reality reconociendo la necesidad de proteger a los gatos domésticos abandonados mientras se respete el entorno natural, lo que supone conseguir algo así como la cuadratura del círculo. Para lograr este utópico equilibrio, la ley ignora los principios ecológicos y confía en una estrecha colaboración entre ayuntamientos, veterinarios y gestores de colonias, engranaje difícil de hacer funcionar y que no evita la depredación de otros animalillos silvestres mucho más necesarios.

Todo ello plantea una colisión evidente entre la protección de la diversidad biológica de la ciudad y las colonias de mininos domésticos abandonados. Desafío que adquiere mayor contradicción en el contexto del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (Nature Restoration Law), aprobado en 2024, que quiere impulsar la renaturalización de los entornos urbanos y su reconexión con los ecosistemas rurales. Dándose así la paradoja de que la administración termina gastando dinero para apoyar una causa y su contraria.

En este marco, resulta necesario reconocer a los gatos domésticos en libertad como una especie exótica invasora y, por decirlo finamente, gestionar a la baja tendente a cero su presencia en colonias, como así ocurre en otros países. Es un caso claro en el que la evidencia científica debe prevalecer sobre las creencias si queremos que la biodiversidad pueda ser restaurada con cierto éxito en nuestras ciudades.

Hoy es 22 de mayo. Feliz Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Las cifras no mienten, pero pueden contar historias distintas. Según el World Inequality Report 2026 —el informe de referencia elaborado por más de doscientos investigadores del World Inequality Lab—, el 10 por ciento más rico de la población mundial captura el 53 por ciento de la renta global, mientras que la mitad más pobre se queda con solo el 8 por ciento. En la OCDE, el ingreso disponible del 10 por ciento más rico es 9,6 veces superior al del 10 por ciento más pobre —la mayor brecha registrada en treinta años—, una distancia que se ha ensanchado sin pausa desde los años ochenta. Estos datos no hablan de una sola línea que divida a capitalistas y trabajadores, sino de una pendiente empinada donde la posición define el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la esperanza de vida. La clase, como estructura de desigualdad material, no solo existe, sino que se ha hecho más compleja y, en muchos aspectos, más profunda.

Sin embargo, el lenguaje público para describir esta realidad se ha vuelto borroso. El sociólogo estadounidense C. Wright Mills ya advertía en 1951, en White Collar, sobre la nueva columna vertebral del capitalismo: una masa de empleados administrativos, vendedores y gerentes que no se identificaban ni con los capitalistas ni con el proletariado industrial. ¿Existe, por cierto, un proletariado digital? Su identidad se construyó alrededor del consumo, la educación y el estatus, no de la relación con los medios de producción. Aquí surge un dilema estratégico persistente: ¿cómo combatir un relato poderoso, el del ascenso individual y la clase media, sin caer en la mera nostalgia de un lenguaje crítico que ya no conmueve, ni en la adopción acrítica de las mismas herramientas de marketing que fabricaron el mito? 

Hace treinta años este debate ya estaba abierto; hoy es más urgente. Adoptar el lenguaje del coaching o la marca personal para denunciar la precariedad puede significar, sin una crítica férrea al marco individualista, reforzar la misma lógica que se pretende desmontar. Este fue el caldo de cultivo perfecto para que el término clase media trascendiera lo descriptivo para volverse un proyecto ideológico. Durante la Guerra Fría, en Occidente se promovió activamente la narrativa de la sociedad de clases medias como antídoto frente al discurso de lucha de clases del bloque soviético. Ser de clase media equivalía a ser moderno, democrático y apolítico en el sentido conflictivo.

El éxito de este relato fue tal que reconfiguró el campo político. Los partidos tradicionales de izquierda obrera, como la socialdemocracia europea, viraron gradualmente su discurso para representar a las amplias clases medias. El conflicto abierto entre capital y trabajo fue sustituido por el pacto del Estado del bienestar: a cambio de paz social, se garantizaban derechos sociales y un ascenso material continuado. Pero este pacto tenía una cláusula oculta: para mantenerlo, el crecimiento económico debía ser perpetuo y sus frutos, repartidos. Cuando esa premisa falló —con las crisis del petróleo de los 70, la financiarización y la globalización desregulada—, la base material de esa clase media comenzó a erosionarse.

Lo que siguió no fue un regreso a la conciencia de clase, sino una gran confusión. El trabajador industrial precarizado, el becario sobrecualificado y el autónomo al borde de la quiebra seguían llamándose a sí mismos clase media, aunque su realidad se asemejara más a la de sus abuelos proletarios. Como señala el filósofo Emmanuel Todd, esta inconsciencia de clase es un rasgo definitorio de nuestro tiempo. La identidad se aferra a un estatus simbólico —el de no ser pobre— incluso cuando las condiciones materiales se degradan. 

Esto genera un llamativo efecto Rashomon: la misma realidad social se describe de forma radicalmente distinta dependiendo de quién —y desde qué posición— la narre. En España, el 55,5 por ciento se autopercibe como clase media en alguna de sus variantes —alta, media o baja— (CIS Barómetro, septiembre de 2025), pero según el criterio objetivo de la OCDE —renta entre el 75 por ciento y el 200 por ciento de la media nacional—, el 61,5 por ciento de los hogares lo es técnicamente (CaixaBank Research, basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, 2023). La paradoja opera en sentido inverso al esperado: más gente es clase media según los ingresos de la que se siente clase media. Lo que el dato estadístico no captura es la experiencia de esa inconsciencia de clase: aferrarse al estatus simbólico de no ser pobre aunque, como ya hemos dicho, la realidad material se degrade.

Este divorcio entre símbolo y sustento se materializa en el urbanismo de la desigualdad. Tomemos un barrio cualquiera, uno como en el que yo vivo, crecido al albur de la burbuja inmobiliaria, donde el alquiler se sitúa hoy entre los más altos de la ciudad. Carece de centro de salud público y de colegio, pero cuenta con un centro comercial. Sus habitantes, con dificultad, se considerarían clase trabajadora; el código postal, el escaparate de la tienda y la fachada les susurran otra historia. Sin embargo, la ecuación es puramente proletaria: se necesitan dos sueldos, a menudo precarios, bajo ese mismo techo para llegar a fin de mes. El estatus es un decorado que ocupa el lugar de los servicios públicos, y la hipoteca o el alquiler estrangulador cumplen la función disciplinaria que antaño tenía la fábrica. Este fenómeno subyace a paradojas políticas clave: por qué sectores vulnerables votan a menudo contra sus intereses económicos inmediatos, privilegiando agendas identitarias o nacionalistas. 

En ese vacío de lenguaje de clase se cuela la segunda operación: el desgaste deliberado del eje izquierda-derecha. Declarar esta división obsoleta ha sido un caballo de Troya de primer orden. Cuando un think tank neoliberal o un político de nuevo cuño proclama que las soluciones no son de izquierda o derecha, sino sensatas o insensatas, o aquello de solo veo personas, está realizando un acto de enorme violencia simbólica. Declara que la distribución de la riqueza, el peso de los impuestos, la fuerza de los sindicatos o el alcance de lo público no son decisiones políticas con visiones opuestas del mundo, sino meras cuestiones técnicas de eficiencia.

Este discurso beneficia abiertamente al poder financiero y a las élites concentradas. Si el debate público se desplaza desde ¿quién paga? hacia ¿cómo hacemos esto más eficiente?, el resultado predecible es que la carga recaiga sobre los eslabones más débiles. La austeridad poscrisis de 2008 no se vendió como una opción ideológica de derechas, sino como una necesidad técnica. Las reformas laborales se presentan no como un trasvase de poder del trabajo al capital, sino como modernización para la competitividad. Al evaporarse el lenguaje de la lucha de clases, se disuelve también el marco para oponer resistencia coherente.

No es casualidad que, paralelamente, hayan surgido con fuerza nuevos ejes de división, a menudo más viscerales: globalistas vs. patriotas, metropolitanos vs. periféricos, woke vs. tradicionalistas. Estos nuevos frentes, amplificados por algoritmos y redes sociales, son funcionales al statu quo económico porque desvían la atención del conflicto material. Mientras se debate acaloradamente sobre cultura, símbolos e identidad, se aprueban en silencio presupuestos regresivos o tratados comerciales que benefician a unos pocos.

Pero la realidad, tozuda, acaba imponiéndose. La pandemia de COVID-19 fue un revelador social masivo. Puso en primer plano quiénes eran los trabajadores esenciales: repartidores, cajeras, enfermeras, personal de limpieza. En ellos se encarna la paradoja del proletariado digital, la farsa laboral del siglo XXI. Es la materialización de lo que el antropólogo David Graeber llamó trabajos de mierda: empleos que hasta quienes los desempeñan perciben como carentes de sentido, pero que perpetúan un sistema de vigilancia y explotación disfrazado de oportunidad. Mientras las plataformas promueven la narrativa del socio o el creador de contenido, la realidad es la de un trabajador hipervigilado y desposeído. En España, la Ley Rider (2021) desmontó la ficción del falso autónomo estableciendo la presunción de laboralidad. Más de dos años después, los propios repartidores calculan que deben trabajar unas diez horas diarias para aproximarse al Salario Mínimo Interprofesional, asumiendo de su bolsillo las cotizaciones a la Seguridad Social, el IVA y el mantenimiento del vehículo: la app es de la empresa; los costes son suyos. Este es el núcleo de la nueva condición obrera: no poseer los medios de producción (la app es de la empresa), su trabajo enajenado por un algoritmo y su estatus de permanente inseguridad, a menudo enmascarado bajo las autodenominaciones de CEO, CIO, CTO, CDO, CMO... —o cualquier otro, por supuesto, en inglés— en un perfil de LinkedIn. 

Es la internalización patológica de la precariedad como un proyecto heroico de autoexplotación. Esta es la esencia del nuevo proletariado: gente sin grandes patrimonios, cuya subsistencia depende enteramente de un salario incierto y cuya exposición al riesgo es máxima. No eran clase media en el sentido idílico del término; eran la clase trabajadora del siglo XXI, diversa, precaria en muchos casos y absolutamente fundamental. Ese contable de Detroit, ese profesor de Lyon y ese comerciante de Stuttgart nunca dejaron de ser trabajadores. Hoy lo son el rider vigilado por el algoritmo, la cajera del súper, la enfermera de planta. El desafío no es negar la complejidad moderna ni resucitar dogmatismos del XIX. Es reencontrar un lenguaje honesto que nombre la nueva explotación digital, la concentración obscena de riqueza en fondos y tecnológicas, la vulnerabilidad común de quienes viven del salario. La clase media como mito disolvente tuvo su día. El futuro pertenece a quien describa el mundo no como sueño de ascenso individual, sino como lo que realmente es: una lucha cotidiana por quién se lleva el fruto del esfuerzo colectivo.

En la Comisión Europea tuve la oportunidad de mantener una reunión con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Con Ribera pude conversar sobre la importancia de los fondos europeos, ya que a La Rioja se le han asignado ya 555 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Son recursos que se están desplegando en diversos ámbitos. Y son fondos que el presidente Pedro Sánchez logró en Europa y que el PP trató de boicotear. ¿Alguien se imagina hoy como hubiera resistido la Unión Europea, España o La Rioja el impacto brutal de la pandemia sin estos fondos?. 

En este encuentro con Teresa Ribera también expuse la situación de La Rioja con respecto a País Vasco y Navarra, y las consecuencias de ese efecto frontera. La vicepresidenta también gestiona la cartera de Competencia y quise tratar con ella este asunto. Le ha recordado que esta cuestión tiene que abordarse desde las instituciones europeas. Aquí, tendríamos que trabajar como comunidad autónoma para que Europa reconozca una realidad singular para La Rioja en términos similares a los que recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Estoy convencido de que el objetivo que tenemos que afrontar como comunidad autónoma debe ser que se autorice un régimen de excepciones en el ámbito del régimen de ayudas de Estado con el fin de poder impulsar nuestro desarrollo económico e industrial. En definitiva, lograr que la Comisión Europea autorice excepciones en las Ayudas de Estado para La Rioja. Es una reivindicación justa y en la que el PSOE de La Rioja no va a escatimar ni un gramo de esfuerzo.

Otro de los hitos que abordamos en esta reunión tuvo que ver con el próximo presupuesto de la Unión Europea, que abarcará el periodo 2028/2034. En este terreno le he trasladado a Teresa Ribera que las regiones no pueden perder protagonismo en este marco financiero, y que debeos evitar la recentralización de los fondos europeos. Y es que hay corrientes en Bruselas que proponen que los fondos europeos los gestionen directamente los Estados miembros, restando peso a las regiones. En el PSOE de La Rioja tenemos muy claro que vamos a defender el Principio de Subsidiariedad. Lo que queremos es que el nuevo presupuesto mantenga la gestión regionalizada de los fondos de cohesión, y que estos no se vean recortados por las nuevas prioridades de defensa o seguridad europea.

Con la vicepresidenta y, también, con el gabinete del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen, quise abordar la situación del sector primario, un sector imprescindible para La Rioja, que crea riqueza y valor añadido y que asienta población en el medio rural. En este sentido me preocupa que, en sus primeros borradores, la Comisión, donde el Grupo Popular Europeo tiene la mayoría, se haya sugerido un presupuesto que podría implicar un recorte técnico de la PAC. Hay estimaciones que apuntan que, para La Rioja, todo esto podría suponer un recorte del 20% de los fondos, lo que supondría que los 4.200 perceptores riojanos perdieran unos 6 millones de euros anuales, que en el periodo total entre 2028 y 2034 superarían los 40 millones. 

Al equipo del Comisario Hansen le dejé muy claro que en el PSOE de La Rioja vamos a rechazar cualquier intento de recorte en la PAC por parte del Partido Popular Europeo. Quiero recordar, además, que el ministro Luis Planas ya ha fijado como línea roja que el presupuesto debe mantenerse, al menos, en los 387.000 millones de euros actuales. 

Desde mi punto de vista, la PAC tiene que incentivar no solo la producción, sino los servicios ecosistémicos que prestan nuestros agricultores riojanos. Por eso, vamos a defender es que la rentabilidad de las explotaciones no puede ser un objetivo secundario frente a la sostenibilidad, sino que ambas deben avanzar de forma simétrica. En definitiva, queremos que se garantice una renta justa y suficiente para los productores mediante la continuidad de las ayudas directas y el refuerzo de herramientas como los seguros agrarios. 

En este viaje a Bruselas también tuve la ocasión de mantener encuentros de trabajo con responsables del Comité de las Regiones, con la presidenta del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y con el eurodiputado riojano César Luena. En todos estos foros pude destacar que La Rioja es una comunidad profundamente europeísta y que comparte todos y cada uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Principios que se asientan en la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho o los derechos humanos. 

Y ante la importancia que Europa tiene en nuestras vidas y en La Rioja como región, también he defendido que necesitamos una Ley de relaciones con la Unión Europea y de acción exterior. Se trata de poner bajo el paraguas de un texto legal todo aquello que afecta a nuestras relaciones y vínculos con la Unión. 

Vivimos momentos complejos, con un escenario global volátil y en el que algunos quieren anteponer la ley del más fuerte al derecho internacional. Y esta es, quizá, la principal razón de muchas por las que hoy necesitamos más Europa. Más integración, más políticas comunes y más autonomía en aspectos como el energético. Como región, nos va mucho en ello. 

Este podría ser el argumento de una nueva serie escrita por los guionistas Abascal-Clavijo con la inestimable colaboración de Ayuso en su papel de mártir evangelizadora. Pero, últimamente, la realidad supera con creces a la imaginación y Santiago Abascal, líder de Vox e ilustre epidemiólogo que intenta contener algunos virus en su propio partido, acusó a Pedro Sánchez de haber provocado el brote de hantavirus que afectó al crucero  Mv Hondius. Sumándose a la corriente de disparates Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, quiso abortar la operación de rescate de los enfermos a bordo del barco por temor a que una rata pudiese saltar desde el barco y llegar nadando hasta la isla. Y lo hizo esgrimiendo una respuesta de la inteligencia artificial que le aseguraba que las ratas podían alcanzar a nado la costa. Sin embargo, la inteligencia artificial no le mostró las diferencias entre ratas y ratones, ni que las ratas no transmiten esta enfermedad porque solo un tipo de ratón, llamado ratón colilargo patagónico, puede ser portador de este virus, y no se trata precisamente de un gran nadador de mar. 

 La inteligencia artificial también nos dice que el Ratoncito Pérez y la Ratita Presumida podrían nadar desde un barco a un puerto. Aunque la Ratita Presumida seguro que prefiere quedarse en la cubierta del barco para no encontrase con ningún gato en el puerto. Y el Ratoncito Pérez probablemente desee permanecer tranquilo en el mar, cerca de las perlas blancas en las que quiere transformar los dientes de los niños. Hasta el padre Coloma tuvo mucha más calidad imaginativa cuando en 1894 escribió el cuento del Ratón Pérez para consolar al rey Alfonso XIII, quien por entonces había empezado a perder sus primeros dientes de leche. 

Muchas veces, el indudable potencial de la verdad digital reside en su inmensa capacidad para situarnos en la mentira puesto que, gracias a su celeridad, puede reinventar los datos y, por tanto, la realidad que se asienta sobre ellos. Un caldo de cultivo extraordinario en unos momentos en los que no existe una cohesión de la ciudadanía y el individualismo de las redes sociales marca nuestra vida social.

Con tal de enfrentar a toda costa las decisiones de nuestro adversario político somos capaces no solo de negar al adversario sino de negar lo que nosotros mismos evidenciamos e inventar el absurdo como criterio de verdad. Y eso conduce a la falta de solidaridad y de sentido humanitario de quienes no querían que el barco se detuviese en la costa canaria, ni siquiera por la prioridad nacional de que en su interior viajasen 14 españoles.

En la novela De ratones y hombres publicada en 1937, el Premio Nobel John Steinbeck describe de forma magistral aquella sociedad americana de la época inmersa en la Gran Depresión y llena de prejuicios expresados en el enquistado racismo y en el habitual maltrato machista. Todo esto lo hace Steinbeck de la mano de los protagonistas principales, dos hombres que juntos recorren los Estados Unidos en busca de un rancho donde trabajar. Uno es el líder sensato, inteligente y extrovertido mientras el otro es físicamente muy fuerte, pero de una gran dependencia afectiva, siempre subsidiario de los consejos de su fiel amigo.

La obra, que fue sensacionalmente interpretada en la pantalla por los actores John Malkovich y Gary Sinise, representa un canto a la amistad y al amor incondicional en un mundo lleno de odio, así como una dura crítica a una sociedad individualista que entiende al otro como un medio o como un estorbo.

Tras los ratones hay hombres que nadan en el suelo de la soberbia obviando el conocimiento científico como antitóxico contra la arrogancia que la estrategia de los intereses personales exige. Ojalá todo este sainete nos haga reflexionar acerca de la importancia de la ciencia para nuestra salud física, mental y social puesto que vivimos en un clima político histérico y eso quiere decir que necesitamos con apremio el sosiego del pensamiento crítico y de la racionalidad de la ciencia. Sin duda, nos encontramos ante una disyuntiva tan difícil de percibir como fácil de resolver: o nos subimos a la ola del miedo y los bulos de las redes o navegamos sin temor por el mar de la verdad.

Cuando le preguntaron al escritor Manuel Vázquez Montalbán la razón por la que, a pesar de ser famoso, seguía afiliado al Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), él respondió con su firmeza habitual: “Por respeto al militante de base”. Algunos de nuestros dirigentes deberían respetar la inteligencia de los ciudadanos de base y los ciudadanos deberíamos respetarnos a nosotros mismos acudiendo a las fuentes para evitar los charcos. Que un 40 % de nuestros compatriotas se haya creído el bulo de que la regularización dará la nacionalidad a los extranjeros, no resulta muy alentador. Solo el armónico festival del conocimiento científico puede acallar el horrísono festival de la estupidez insolidaria. Es urgente, ya que la lucha por la libertad existe y la autocracia va ganando. Y lo hace tomando el camino más corto. Y el más absurdo: el de la necedad voluntaria.

Mi implicación con la organización no es nueva, ya que entré en la Comisión Permanente en el XV Congreso (marzo de 2018), mientras que a partir del XVI Congreso (octubre de 2022) asumí el cargo de responsable de vitivinicultura del sindicato, siendo además vocal por la Unión en el Consejo Regulador y en la Interprofesional de Vino de Rioja.

Asumo la presidencia de la UAGR con responsabilidad, ya que soy consciente del pésimo momento que viven la agricultura y la ganadería riojanas, sumidas en una falta de rentabilidad que hace casi imposible el relevo generacional y aboca a un futuro sombrío la noble actividad de producir alimentos de calidad para la sociedad. Porque, aunque carguemos con el sambenito de que los agricultores estemos siempre quejándonos, es que la situación que atravesamos en casi todos los sectores agrícolas o ganaderos es para poner el grito en el cielo.

Cojo las riendas de mi sindicato consciente de que el envejecimiento del sector tiene su fiel reflejo en nuestra propia casa, por eso tenemos que animar a los jóvenes a que se comprometan con el sindicato. Que está muy bien, es necesario y es consustancial a la juventud, ser críticos, también con los tuyos. Pero que no vale con quejarse, hay que contribuir a que la cosa cambie con trabajo y apoyo. Por eso hago desde aquí un llamamiento a la juventud que forma parte de la Unión, que los hay y muy válidos, a que se integren y participen en los órganos internos de nuestra organización. Les esperamos con los brazos abiertos.

Pero, claro, si no hay rentabilidad, no va a haber futuro ni relevo generacional, ni va a quedar ningún agricultor o ganadero. Y es una pena, porque somos los que fijamos la población en los pueblos, además de realizar la actividad económica más importante en el medio rural. Que sí, que está muy bien el turismo rural, los fines de semana, verano y demás fiestas de guardar. Pero que en los pueblos, vivimos y trabajamos entre semana y cuando no es fiesta, así que entre todos, tenemos que conseguir que los pueblos se mantengan vivos, económica y socialmente hablando.

Me gustaría pensar que ya hemos tocado fondo, porque peor no puede estar la cosa. Es asombroso, porque ahora parece que todos los sectores estamos pasándolo mal, el vitivinícola, los cereales, los frutales, los hortelanos… En lo mío, en la viña, todavía no acabamos de superar las malas cifras de la campaña pasada, cuando ya estamos aplicando tratamientos sistémicos, de los caros, ¡desde el mes de abril! Y a esto se suma, en el viñedo y en los demás sectores, las consecuencias de la inconsciencia de unos dirigentes internacionales que no nos merecemos, y que han vuelto a meternos en una guerra injusta e ilegal, tras la que nos han subido el gasóleo y los fertilizantes sin comerlo ni beberlo. Lo que nos faltaba, ¿verdad?

Pero ni yo, ni mis compañeros en la Comisión Permanente, vamos a caer en el desánimo, sino que vamos a seguir luchando por defender a los agricultores y ganaderos y recuperar la rentabilidad, que es nuestra principal meta ahora mismo. Porque, como decía el presidente saliente, Óscar Salazar. “aquí no hay tregua”. Sé lo que me espera, y ya en estas intensas semanas que llevo de presidente estoy viendo que nuestro trabajo es muy necesario, tanto en nuestra casa la Unión, como en las diferentes mesas en las que participamos (Consejería, Consejo Regulador, COAG…)

Termino diciendo que es muy importante seguir la línea sindical trazada hasta el momento por los compañeros y compañeras que han estado antes que nosotros en la Comisión Permanente. A eso nos comprometemos para los próximos años. Lucharemos para que la cosa cambie, que por nosotros no va a ser. ¡Viva la Unión!

Previsiblemente en los próximos doce meses los gritos en este país serán todavía más ensordecedores, si es que ello es posible. Doce meses es el tiempo que queda para que en todo el territorio nacional haya elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades: La Rioja entre ellas y quién sabe si las generales coincidirán o no, con ese último domingo de mayo electoral en toda España, si bien es cierto que las generales podrán retrasarse hasta el otoño del 27. 

Menudo calvario parlamentario que nos espera a los españoles y menudo guirigay en las tertulias televisivas. Si en este mayo del 26 son muchos los que afirman no seguir la actualidad, porque no hay quien soporte a nuestros representantes, lo suyo es que en los próximos meses el lenguaje se empobrezca tanto que quede reducido a insultos, tacos y otras expresiones y términos ofensivos. 

No se puede hacer nada. Dicen que es el devenir de los tiempos y hace mucho que alguien me dijo que la lucha de una hormiga contra un elefante está perdida de antemano para la hormiga. 

Llevo las de perder -soy muy hormiga-, pero me queda esta columna para expresar mis utopías creo: que tenemos tiempo para revertir la situación, para conseguir que quienes se presenten a las elecciones de 2027 sean locales, autonómicas o generales, sean del partido que sean, o de las agrupaciones que se puedan llegar a constituir, lo hagan pensando en el bienestar general, en el bien de esa mayoría plural que habita esta parte de la península Ibérica y que junto con la de las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, queremos prosperar porque la vida tanto individual, como colectivamente es eso: caminar hacia adelante.

Me gustaría que el camino a recorrer en los próximos meses fuese un tiempo de debate, de conversación, de intercambio de opiniones, de conocer las necesidades y planificar las soluciones.  Un año para que la sociedad organizada traslade a los políticos sus anhelos y hasta sus posibles formas de conseguirlos.

Me parece imposible que un grupo de personas, tanto a nivel individual como colectivo, no se pronuncien pacificamente y por escrito, (un manifiesto estaría bien), reclamando el cumplimiento de los derechos constitucionales y humanos que tan necesarios son y cuya amplitud es tal que pueden suscribir todo el amplio abanico de organizaciones e individuos. (Abstenerse los malvados patológicos). 

Un manifiesto estaría muy bien y una serie de debates en los que los ciudadanos hablen y se expresen, mientras que los políticos escuchan y toman nota para llevar las propuestas a la práctica estaría tan bien o mejor.

Los dos se pueden hacer. Ninguno es incompatible, solo hace falta voluntad y mucha sinceridad, tanta que habrá que pedir explicaciones por lo prometido y no realizado, por el dinero no invertido y devuelto, por las obras empezadas y no terminadas, por las «chapuzas» mil que vemos todos los días. Por los comercios cerrados para los que las ayudas y subvenciones no han llegado. Por el retraso en la realización de oposiciones y en la publicación de listas con los resultados. Por la tardanza en la resolución de expedientes administrativos de los que muchos hombres y mujeres están pendientes. Por el incumplimento impune de casos, sin consecuencia alguna. Por el desahucio a familias y madres con hijos pequeños, porque ese fondo de nombre impronunciable y con sede social en las islas Caimán, (entiéndase la ironía), ese «fondo buitre», digo, quiere hacerse con las viviendas de todo un inmueble para obtener mayor rentabilidad, de la que se beneficiarán señoras y señores sin cara y sin cuerpo que constituyen la élite mundial y residen en paraísos fiscales, mientras que los vecinos del pueblo o del barrio, son expulsados cual vulgares delincuentes. 

La organización de estos debates me parece relativamente fácil. Por ejemplo: la asociaciones deportivas son muy capaces de convocar a responsables de partidos políticos, por un lado y asociados por otro, para hablar de la realidad más palmaria y hacer una lista de soluciones, por oden de prioridad. Los colectivos de mayores pueden y hasta deben decir a los candidatos que se sienten con ellos y les escuchen porque las grandes residencias con cientos de personas envejecidas por las habitaciones y los pasillos, no es lo que quieren para la etapa final de sus vidas. Los mayores deben decir a los políticos que los «guetos» han de erradicarse y los pequeños ambientes familiares han de promoverse.

También es obligatorio que los votantes sean en las asociaciones de padres, de jóvenes, de mujeres... expliquen, debatan y saquen conclusiones para que los políticos las hagan realidad, porque son los que administran nuestro dinero. Somos los vecinos los poseedores de la Soberanía Nacional, (está en la Constitución), los que decidimos qué queremos y cómo lo queremos.

No nos conviene regalar el voto, entregarlo a cambio de nada y después lamentar el estado de la sanidad pública, el incumplimiento de la Ley de Dependencia, la imposibilidad de acceder al alquiler de una vivienda, el abandono de los pueblos, el cierre de los comercios, el maltrato al medio ambiente, la falta de trabajadores y de profesionales, el retraso infinito de la administración de justicia, los inapetecibles y menos saludables menús escolares y hasta de hospitales y residencias, la falta de mantenimiento de edificios, puentes, calles, alumbrado, redes de saneamiento y el visible despilfarro en eventos sin contenido y otras muchas actuaciones incomprensibles. Somos nosotros, los vecinos, ciudadanos, votantes, los que tenemos el deber de controlar y vigilar, porque se trata de la defensa de lo de todos o, si lo prefieren, de la defensa de lo nuestro, para seguir caminando hacia adelante.

Escribo en mi nombre y en el de varios padres y madres de atletas del Club de Atletismo Laguna Sport de Arnedo, con el fin de dar visibilidad a una situación que consideramos injusta y difícilmente comprensible para una ciudad como la nuestra.

El Club de Atletismo Laguna Sport de Arnedo está registrado oficialmente desde el año 2009 y dado de alta en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Arnedo desde 2010. En la actualidad cuenta con 85 atletas en activo, de los cuales 81 están federados y en competición, representando a Arnedo en citas autonómicas y nacionales. Año tras año, atletas del club participan en Campeonatos de España, llevando el nombre de nuestra ciudad fuera de La Rioja.

Pese a esta realidad, el club no dispone de ninguna instalación adecuada para la práctica de las distintas disciplinas del atletismo. No existe un foso de arena para los saltos, ni espacios habilitados y seguros para lanzamientos de peso, jabalina o disco, ni infraestructuras mínimamente reglamentarias para entrenar con normalidad. Todo ello obliga a nuestros hijos a entrenar en condiciones claramente precarias y, en ocasiones, a desplazarse fuera de Arnedo para poder practicar determinadas disciplinas.

Queremos dejar claro que no se trata de una crítica al conjunto de inversiones deportivas realizadas por el Ayuntamiento. Muy al contrario, somos conscientes y valoramos positivamente actuaciones recientes y otras que están a punto de inaugurarse, como el nuevo pabellón deportivo con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros, los gimnasios al aire libre y zonas de calistenia con un coste aproximado de 25.000 euros, las instalaciones de skate, que supusieron alrededor de 65.000 euros, o el pump track que se encuentra actualmente en construcción con un presupuesto de 180.000 euros, entre otras muchas inversiones bien dotadas, modernas y acertadas.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que, uno tras otro, estos proyectos nunca hayan incluido al atletismo, un deporte base, formativo y transversal, practicado por niños y jóvenes de todas las edades. Cuando se habla de atletismo, siempre se mira hacia otro lado.

Es cierto que hace ya varios años se proyectó la construcción de una recta de tartán, pero como se indicó entonces desde el propio club, una recta aislada, sin foso de saltos ni zonas para lanzamientos, no resuelve absolutamente nada, ni permite una práctica real ni segura del atletismo. Aquella propuesta quedó incompleta y, finalmente, sin utilidad práctica.

Como padres, no podemos evitar sentir envidia sana al comprobar cómo municipios cercanos, algunos incluso con menor población que Arnedo, sí han apostado por dotarse de instalaciones básicas para el atletismo. Localidades como Calahorra, a la que nos vemos obligados a desplazarnos en ocasiones, o pueblos como Alfaro, Santo Domingo de la Calzada, Haro o Autol, por citar solo algunos ejemplos, cuentan con espacios que permiten practicar o iniciarse en este deporte con dignidad.

Resulta aún más difícil de entender si se tiene en cuenta que, desde la creación del club, por el Ayuntamiento han pasado equipos de gobierno de todos los signos políticos y, aun así, el gasto municipal directo en atletismo ha sido cero. No estamos, por tanto, ante una cuestión ideológica, sino ante una falta de voluntad sostenida en el tiempo.

No pedimos privilegios ni grandes infraestructuras, sino instalaciones mínimas y funcionales para que nuestros hijos e hijas puedan entrenar en su propia ciudad en condiciones similares a las de otros municipios. Creemos sinceramente que Arnedo no puede permitirse seguir dando la espalda a decenas de jóvenes deportistas que, con esfuerzo y compromiso, representan a la ciudad allí donde compiten.

Por todo ello, consideramos necesario que esta situación sea conocida por la ciudadanía y, especialmente, por quienes tienen la responsabilidad de corregirla.