El caso Pujol ha convertido de un plumazo a uno de los grandes referentes de la transición en un icono de la corrupción. El expresidente de la Generalitat aparece ahora, a sus 84 años, en el imaginario colectivo en el patriarca de un clan mafioso que lleva expoliando las arcas públicas de Cataluña durante las últimas tres décadas. Pero lo cierto es que no hay un solo caso Pujol.

De hecho, se mezclan especulaciones, filtraciones interesadas y rumores con hechos contrastados en el gran escándalo que azota la vida política de Cataluña. Pero, en realidad, los resultados de las investigaciones judiciales pueden acabar decepcionando a la población.

El caso está compuesto de un conjunto de escándalos que ya han condenado al clan Pujol ante el tribunal de la opinión pública, pero sólo algunos de ellos tienen posibilidades de prosperar en la Administración de Justicia. Entre otras cosas porque cada nueva revelación sobre las actividades ilegales de los Pujol apunta a que La Moncloa, fuera quien fuera su inquilino, estaba al corriente de muchas de esas corruptelas y las ignoró por dos razones: porque CiU ha sido en los últimos 30 años un elemento esencial para que los dos grandes partidos se alternen en el poder, y por la decisión de los diferentes gobiernos de administrar la información en el caso de necesitar un golpe fatal a la formación fundada por Jordi Pujol en 1974.

Cuando se habla del caso Pujol se manejan cifras estratosféricas atribuidas a todo el clan como si fuera una organización criminal. Se les ha atribuido una fortuna en el extranjero que oscila entre los 600 millones de euros en Andorra, a los 1.800 millones repartidos en diferentes paraísos fiscales. Pero lo cierto es que las investigaciones judiciales arrojan cifras que, a pesar de ser igualmente escandalosas, son mucho más limitadas. Los escándalos de corrupción son al menos cinco:

Jordi Pujol Ferrusola

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional interrogará al primogénito de Jordi Pujol en calidad de imputado. Ruz ha relacionado a Jordi Pujol Ferrusola con las siguientes cinco empresas: Inter Rosario Port Services, SA; Iniciatives Marketing i Inversions SA; Iberoamericana de Business and Marketing; Project Marketing Cat, SL y Active Translation SA. Según el informe de la Agencia Tributaria aportado a la instrucción judicial, las rentas entre el 30 de marzo de 2004 a 28 de noviembre de 2012 fueron 118 movimientos de tráfico de divisas por valor de 32.407.658 euros desde los bancos BBVA, Mediolanum y Credit Suisse. Los países de destino de estas transferencias en divisas fueron Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.

Las actividades empresariales del primogénito del expresidente de la Generalitat siempre han estado bajo sospecha. Sin embargo, tras una serie de informaciones aparecidas durante la primera mitad de los años 90, Jordi Pujol Ferrusola pareció haber aprendido una importantísima lección: podía hacer negocios, pero siempre debía permanecer en la sombra, su nombre jamás podía ser relacionado con sus operaciones empresariales. Aquella obsesión llegó al extremo de que cuando el mayor de los hijos de Jordi Pujol adquirió la lujosa vivienda en la que reside, la mantuvo a nombre del anterior propietario, incluidos los contratos de suministros.

A partir de 2003, cuando su padre abandonó la política activa y CiU fue desalojada del Gobierno de la Generalitat, Pujol Ferrusola relajó su obsesión por la discreción. Además, tras divorciarse de su esposa, Mercè Gironès, ha tenido diversas parejas, y a algunas de ellas las implicó en sus actividades.

La que fue su pareja sentimental entre 2008 y 2010 ha acabado por convertirse en la principal prueba de cargo del primogénito de los Pujol-Ferrusola. Inició una relación sentimental con María Victoria Álvarez Martín, nada menos que compañera de pupitre y amiga personal de Jorge Moragas, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La pareja rompió en 2010. Álvarez retuvo abundante documentación y material informático sobre las actividades supuestamente ilícitas de Pujol Ferrusola.

Victoria Álvarez puso en conocimiento del PP, durante un almuerzo con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, las supuestas actividades ilícitas de Pujol Ferrusola y las pruebas de las que disponía. La reunión se celebró el 7 de julio de 2010. Durante los dos años siguientes, las denuncias de la exnovia del primogénito del clan Pujol no tuvieron consecuencia alguna, a pesar de las promesas realizadas por Sánchez-Camacho, que aseguró tener “un fiscal de confianza en el caso Palau” [de la Música Catalana] tras recomendarle que no acudiera a la policía. La reunión no trascendió hasta junio de 2013, cuando las denuncias de Álvarez ya estaban en manos del juez. Entre las pruebas que aportó figuraba un teléfono móvil que contenía SMS cruzados entre Álvarez y Jorge Moragas.

Oleguer Pujol Ferrusola

La Fiscalía investiga al menor de los hijos de los Pujol-Ferrusola por presuntamente haber blanqueado 2.000 millones de euros en una compraventa de oficinas para el banco Santander. Oleguer abandonó sus veleidades independentistas de joven y se trasladó a vivir a Madrid. Allí se dedicó al sector inmobiliario y a la banca de inversión, por lo que aprovechó los años de la burbuja de la construcción en España. Según algunas fuentes, llegó a acumular cargos en una veintena de empresas.

Según la denuncia de Victoria Álvarez, era en la capital de España donde los hermanos mayor y menor se reunían. Cuando se estrechó el círculo sobre los negocios de los hijos del expresidente, Oleguer abandonó la empresa Drago Capital, en la que participaba al 50% y que se dedica a administrar bienes inmuebles que son propiedad de otras sociedades.

Ferrusola e hijos

Es el pecado original. Marta Ferrusola abrió a principios de los años 80 una cuenta a su propio nombre y al de sus siete hijos en Andorra con dinero procedente de Suiza, el equivalente a unos ocho millones de euros. El descubrimiento de esa cuenta, que fue publicada por el diario El Mundo el 7 de julio, parece ser la razón real de la confesión que realizó Jordi Pujol el 25 de julio en la que reconocía haber mantenido dinero no declarado en el extranjero durante 34 años.

Aunque Pujol nunca fue titular de la cuenta y afirmó que el dinero procedía de una herencia, todo apunta a que procede de la venta de buena parte de sus acciones en Banca Catalana en 1977, en la que se simuló una donación de la participación a una fundación vinculada a la entidad, y de la compensación que le pagó el antiguo Banco de Vizcaya cuando se adjudicó la marca después de que el banco quebrara y fuera intervenido por el Banco de España.

Cuando la cuenta fue descubierta, el saldo había descendido a cuatro millones de euros, porque tres de los hijos de Ferrusola, Jordi, Josep y Oriol, habían retirado su parte y se habían dado de baja del depósito. El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona abrió diligencias contra Jordi Pujol y Marta Ferrusola tras la confesión. Pero para entonces, la esposa del expresidente y sus cuatro hijos ya habían regularizado el dinero ante Hacienda. Expertos en Derecho consultados por eldiario.es aseguran que es muy posible que la regularización voluntaria antes de que se abrieran las diligencias judiciales y las leyes de prescripción podrían acabar con el caso penal.

El 3% denunciado por Maragall

Cuando se habla erróneamente de la fortuna conjunta de los Pujol, se atribuye una buena parte a las comisiones pagadas por las adjudicatarias de la Generalitat a cambio de concesiones. Lo cierto es que buena parte de esas comisiones llegarán pronto a juicio en el marco del caso del expolio del Palau de la Música Catalana a manos de su expresidente, Félix Millet, y de su exdirector general, Jordi Montull.

Ambos acusados utilizaron el Palau como intermediario para que Convergència Democràtica recibiera comisiones del 4% de la constructora Ferrovial a cambio de concesiones públicas. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, considera que fueron a parar al partido un total de 14 millones de euros y por esa razón mantiene embargada la sede central de CDC.

Existe la sospecha de que esas comisiones del 4% eran habituales y no todas fueron a parar al partido sino a los bolsillos de Jordi Pujol Ferrusola. En la última etapa de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, el consejero de Obras Públicas era Felip Puig, actual titular de Empresa y Empleo. Puig es amigo personal del primogénito del clan Pujol y su hermano Jordi es socio de Jordi Pujol Ferrusola. El juez Ruz investiga ahora dos transferencias sospechosas de 500.000 euros al propio Jordi Puig y a otro hermano del consejero, Oriol Puig.

El caso Nóos ha entrado en fase de negociación de las penas para los principales imputados antes incluso de que se cierre la instrucción de la causa. La Fiscalía Anticorrupción, representada en el procedimiento por el fiscal Pedro Horrach, acaba de oponerse a que Iñaki Urdangarin sea imputado por blanqueo de capitales. Fuentes judiciales apuntan que Horrach ha rechazado imputar nuevos delitos al duque de Palma porque las partes ya han iniciado los contactos para evitar el juicio con un acuerdo de conformidad.

Horrach ya tiene preparado el escrito de acusación contra la mitad de los 41 imputados en elcaso. El fiscal Anticorrupción de Palma tiene previsto pedir hasta 19 años de prisión para Urdangarin y 15 años para su socio Diego Torres.

La oferta inicial que se barajaba, cuatro años de prisión para los principales responsables del gigantesco fraude a las administraciones públicas, está descartada. En este momento, el estado de las negociaciones apuntan a una oferta menos atractiva: siete años de prisión para Urdangarin y cuatro para Torres, siempre que devuelvan las cantidades defraudadas y las multas correspondientes.

El acicate que la Fiscalía ofrece a los imputados es la situación de las esposas de ambos. Y, en ese sentido, la imputación de la infanta Cristina está jugando un papel fundamental. El fiscal mantiene su decisión de evitar que la infanta se siente en el banquillo, aunque está decidido a exigirle 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Diego Torres, que durante la mayor parte del proceso ha mantenido posiciones enfrentadas a Urdangarin a causa de lo que consideraba un trato discriminatorio hacia su esposa, Ana María Tejeiro, también imputada en el procedimiento, comparado con el de la infanta, podría modificar su actitud si su mujer no quedaría incriminada. Tejeiro tampoco se sentará en el banquillo de los acusados si prosperan las negociaciones, aunque, como la infanta, deberá responder de las responsabilidades civiles.

Si finalmente las partes llegan a un acuerdo, será imposible evitar el ingreso en prisión de Urdangarin, ya que la pena ofrecida supera con creces los dos años de condena que implican el encarcelamiento.

Las fuentes consultadas afirman que la Casa del Rey ve con buenos ojos el acuerdo, a pesar de que supone el encarcelamiento del duque de Palma. Consideran que lograrían así el primer objetivo, evitar que la infanta se siente en el banquillo. Y ya no ven el ingreso en prisión de Urdangarin como un drama. Al contrario, consideran que podrían beneficiar a la Corona porque garantizaría una “sucesión limpia”.

El fantasma de Luis Bárcenas aparece en los más inesperados procesos políticos que impulsa el PP. La privatización de la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid no es una excepción. HIMA San Pablo, la sociedad portorriqueña que se ha adjudicado la gestión de los hospitales Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina, en Parla, y Tajo, en Aranjuez, comparte vínculos financieros con el extesorero y exsenador del PP ahora encarcelado en el Centro Penitenciario de Soto del Real.

El nexo entre Bárcenas e HIMA San Pablo es el banco portorriqueño Eurobank. En una de sus múltiples versiones sobre el origen de su fortuna en Suiza ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP aseguró haber recibido 900.000 euros de Eurobank como comisión por colocar un 15% del capital de la entidad, sin dar más explicaciones.

Pues bien, Eurobank quebró en 2010 y, la versión estadounidense del Fondo de Garantía de Depósitos, FDIC en sus siglas en inglés, ha llevado a HIMA San Pablo a los tribunales portorriqueños como responsable del hundimiento de la entidad bancaria. Eurobank financió con cinco millones de dólares la expansión por el Caribe de una de las filiales del grupo HIMA, Nova Infusión.

HIMA no devolvió el dinero comprometido con Eurobank, y como el crédito se había avalado con garantías insuficientes o ficticias, el impago llevó a la entidad bancaria portorriqueña a la quiebra. La demanda presentada por la FDIC obligó a la Comunidad de Madrid a exigir avales por valor de 12 millones de euros para poder optar a la privatización de los tres hospitales que al final se ha adjudicado.

Bárcenas confesó haber recibido los 900.000 euros de Eurobank en su declaración ante el juez Ruz del 25 defebrero de 2013, cuando aún no había decidido admitir que los fondos que la Justicia le ha localizado en Suiza y en otros paraísos fiscales corresponden en realidad a la contabilidad B del PP y justificaba su fortuna por su condición de as de las inversiones bursátiles, sus actividades en el mercado del arte y su papel como mediador en operaciones empresariales.

La declaración de Bárcenas estuvo a punto de costarle un disgusto, porque Eurobank es una marca más habitual de lo que parece. Existen más bancos denominados Eurobank y que no tienen relación alguna entre sí. Hay un Eurobank en Luxemburgo, otro en Grecia y otro en España, y no existe vínculo alguno entre ellos.

Pero el testimonio de Bárcenas causó revuelo en España porque también existía un Eurobank español, el catalán Eurobank del Mediterráneo, cuya quiebra fraudulenta investiga precisamente el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el del juez Ruz, desde 2003.

Como quiera que Bárcenas no precisó a qué entidad se refería durante su declaración ante el juez Ruz, los accionistas de Eurobank del Mediterráneo que ejercen la acusación particular en el proceso por la descapitalización del banco presentaron inmediatamente un escrito al magistrado en el que exigían que el extesorero del PP prestara nuevamente declaración, en este caso en la causa por la quiebra del banco catalán, ya que, de confirmarse que cobró 900.000 euros de la entidad bancaria, se habría hecho con una cuarta parte de los recursos propios de la entidad quebrada.

Así que los representantes de Bárcenas tuvieron que salir inmediatamente al paso de las exigencias de los accionistas de Eurobank del Mediterráneo para dejar claro que el extesorero del PP se refería en su declaración ante Ruz al Eurobank portorriqueño y que no tenía relación alguna con la entidad catalana.

Sin licencia

Pero si es cierto que Bárcenas medió entre el banco portorriqueño y el propietario del 15% del capital de la entidad, es evidente el ascendente que tenía el extesorero sobre las decisiones de Eurobank y que su relación con la entidad es muy anterior a la aparición de HIMA San Pablo como candidata a la privatización de parte de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid.

Aún así, no consta que Bárcenas tenga licencia de la SEC, la Comisión del Mercado de Valores Estadounidense, para operar como broker, que es lo que hizo cuando se encargó de buscar un inversor dispuesto a quedarse con el 15% del capital de Eurobank, porque aunque Puerto Rico es un Estado libre asociado de Estados Unidos no tiene regulador propio y sus instituciones están supervisadas por la SEC, la Reserva Federal y la FDIC.

¿Pudieron tener algún papel las relaciones de Bárcenas con Eurobank con la selección de HIMA San Pablo como una de las compañías candidatas a adjudicarse parte de los hospitales públicos madrileños? Es algo que tendrán que determinar no sólo el juez Ruz, sino los tribunales portorriqueños que investigan en qué medida HIMA San Pablo es responsable de la quiebra del banco portorriqueño.

Desde luego, su selección no ha tenido que ver con el nivel de satisfacción de los pacientes, porque los responsables de HIMA ya han dejado claro que uno de los principales objetivos en la gestión de los tres hospitales madrileños que se ha adjudicado es atraer turismo sanitario.

Ya no es una garantía. Hasta hace poco más de un año, cuando la Fiscalía Anticorrupción intervenía como acusación en cualquier procedimiento, sólo cabían dos lecturas: el procesado había perdido el favor del aparato del Estado que, además, necesitaba que las diligencias llegaran hasta el final. No siempre recibía autorización para intervenir, pero cuando lo hacía asumía la condición de implacable perro de presa.

Eso empezó a cambiar cuando la instrucción del caso Nóos, en el que se acusa al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de enriquecerse a costa de las administraciones públicas a cambio de servicios ficticios, dejó claro que más pronto que tarde habría que tomar una decisión sobre la imputación de la esposa del investigado, nada menos de la infanta Cristina.

Fue entonces cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidieron hacer uso del escalafón y aprovechar que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico para tirar de galones y hacer que el fiscal anticorrupción personado en el caso Nóos, Pedro Horrach, un funcionario de trayectoria intachable y cuyo compromiso contra la corrupción se había probado con creces, centrara todos sus esfuerzos en lograr que el juez instructor de la causa, José Castro, no imputara a la infanta Cristina.

En el primer escándalo de corrupción política que salpicaba directamente a la Corona, la Fiscalía Anticorrupción perdió por primera vez su condición de azote de los oligarcas, al menos de aquellos que las instituciones ya no podían defender. Y lo que parecía ser la excepción pareció convertirse en la regla. El aparato del Estado decidió entonces fagocitar a Anticorrupción y usar la Fiscalía especial como instrumento al servicio de la defensa de aquellos poderosos a los que al Gobierno le convenía defender.

Tanto es así que en el último año cuando Anticorrupción ha protagonizado titulares de prensa ha sido por convertirse en herramienta del Ejecutivo para sabotear a los jueces responsables de instruir procedimientos contra aliados del Gobierno del PP oponiéndose a la imputación de personalidades de renombre a pesar de las pruebas o incluso recurriendo autos de ingreso en prisión.

La situación, según fuentes judiciales, está generando tensiones no sólo entre magistrados y fiscales, sino también entre los miembros de Anticorrupción más comprometidos con el objeto de la institución. Y también incomoda a los cuerpos de seguridad que, en funciones de policía judicial, han tenido que asumir en el último año el papel de acusadores sin cobertura alguna, como la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El malestar, sin embargo, no ha llegado al Consejo Fiscal, que el pasado día 16 ratificó a Antonio Salinas como fiscal jefe Anticorrupción por cinco años más, con lo que su mandato se prolongará 15 años.

Estos son los principales casos en los que la Fiscalía Anticorrupción, en lugar de alinearse con el magistrado responsable de la instrucción ha procedido, en realidad, como defensa de los sujetos investigados:

La infanta Cristina y Nóos. Hasta en tres ocasiones el fiscal Pedro Horrach se ha opuesto a las intenciones del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de imputar a la infanta Cristina de Borbón en la causa que se sigue contra su marido y contra Diego Torres. Nóos es una fundación que se declaraba sin ánimo de lucro. Sin embargo todo el dinero que llegaba de las administraciones públicas se lo repartían Urdangarin y Torres. Urdangarin utilizaba para desviar el dinero de Nóos a sus cuentas la sociedad patrimonial que preside la infanta, Aizóon. De los cinco miembros del consejo de Nóos, la infanta es la única que no está imputada, mientras sí lo están la esposa de Torres o el propio secretario de la infanta, Carlos García Revenga.

A primeros de abril, el juez Castro decidió citar a la infanta en calidad de imputada. Inmediatamente, el fiscal Horrach, que junto a Castro había sido uno de los principales impulsores de la investigación, recurrió la decisión del magistrado. La Audiencia de Palma dejó sin efecto la decisión del juez Castro, aunque le dejó un resquicio para volver a citar a la infanta como imputada si se cargaba de razones. Los indicios acumulados por el juez Castro empezaron a apuntar de nuevo una eventual imputación de la infanta ya en noviembre. Sin que nadie se lo pidiera, el fiscal Horrach presentó un escrito en el que se oponía de forma preventiva a la imputación de la infanta. Y, cuando la segunda semana de noviembre el juez Castro pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma, Horrach volvió a oponerse.

Miguel Blesa. Aunque no fue propiamente la Fiscalía Anticorrupción, sino la de Madrid, las dos veces que el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, envió a prisión al expresidente de Cajamadrid y excompañero de pupitre de José María Aznar, Miguel Blesa, por algunas de las irregularidades en la gestión de la entidad financiera que acabaron por provocar su intervención se han encontrado con la oposición del ministerio público. Y no sólo eso, sino que, además, la Fiscalía de Madrid acabó querellándose contra el juez Silva por las decisiones que tomó respecto a Blesa. Es decir, Silva ha acabado imputado por encarcelar a Blesa, aunque el expresidente de Cajamadrid sólo pasó una noche en prisión.

Los correos electrónicos de Blesa conocidos estas semanas evidencian que había motivos más que sobrados para adoptar medidas cautelares contra el expresidente de Cajamadrid. Silva se lamentaba amargamente de que ningún fiscal se hubiera interesado por los correos. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que forman parte exclusivamente de las comunicaciones privadas del antiguo máximo responsable de la caja y que no pueden ser objeto de investigación.

El PP, Bárcenas y la Gürtel. En el caso Gürtel y su principal derivada, el caso Bárcenas, Anticorrupción ha llegado aún más lejos en su intento de proteger a los investigados del juez instructor. Si el responsable de la investigación, el juez Pablo Ruz, expulsó en su día al PP de la causa, en la que estaba presente como acusación particular, por razones obvias, en las últimas semanas, la Fiscalía se ha puesto al servicio del partido del Gobierno para que pudiera acceder a la causa. Fue Anticorrupción quien presentó al juez Ruz un escrito, que previamente había recibido de la formación de Mariano Rajoy, y que criticaba duramente el informe de la Policía sobre los supuestos pagos en negro de las obras en la sede de Génova.

El abogado del PP, Alberto Durán, registró el pasado 2 de diciembre en la Fiscalía Anticorrupción un escrito paraque ésta se sirviera “de darle el curso que en Derecho proceda”. Anticorrupción lo entregó a Ruz como si lo hiciera en nombre del partido de Rajoy. Y es un contrainforme sobre los pagos de las obras en Génova que intenta rebatir punto por punto las conclusiones provisionales a las que llegó la Policía. Fue con el contenido del informe de la UDEF y otro de la Agencia Tributaria, que Ruz dictó un auto el pasado 22 de noviembre en el que aseguraba que los datos en su poder permitían “confirmar a nivel indiciario la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.

La utilización de la Fiscalía Anticorrupción acabó por volverse en contra del PP porque Ruz descubrió que el partido había entregado documentos al ministerio público que él mismo no poseía. Eso motivó que el juez ordenara por primera vez en la historia de la democracia el registro de la sede del partido de Gobierno. Un registro que se prolongó durante más de 14 horas y en el que se incautaron cerca de 5.000 documentos sobre la presunta contabilidad B del PP.

La esposa de Ignacio González. En el caso del polémico ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, posee en Estepona, las contradicciones en las que ha incurrido Anticorrupción evidencian cómo la jerarquía del cuerpo está obligando a fiscales de prestigio a situarse en posiciones que rozan el bochorno. El 29 de noviembre el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, remitía un escrito a la titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, en el que se oponía al archivo de la causa porque el inmueble fue adquirido a través de una sociedad instrumental domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware, Coast Investments, que el representante del ministerio público considera “ciertamente opaca” por 1.150.000 euros de los que, presuntamente, 400.000 fueron pagados en B.

Fue el propio Ignacio González quien pidió el archivo de las diligencias por estar siendo investigado sin haber sido llamado a declarar. Pero López Caballero consideraba en su escrito imprescindible aclarar quién está detrás de Coast Investments para proceder a una eventual imputación de los compradores del ático, Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero. Sin embargo, cuando la juez ha decidido imputar a la esposa de González por blanqueo de capitales y delito fiscal, remitir la causa a la Audiencia Nacional porque la operación tuvo lugar en el extranjero, y, en la parte que afecta al presidente madrileño, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid po rsu condición de aforado, el fiscal ha cambiado diametralmente de criterio.

López Caballero ha recurrido la imputación de Lourdes Cavero directamente ante la Audiencia de Málaga con el argumento de que “únicamente se alude a la existencia de una ”sociedad extranjera ad hoc, con una estructura organizada y para cuya comisión se han podido utilizar sociedades fiduciarias opacas pero sin aclarar cuál sea el delito antecedente de ese blanqueo de capitales ni la modalidad comisiva ni sus posibles responsables“. A juicio del fiscal, ”en este momento procesal“ no se ha acreditado la participación de Cavero en ningún delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo. No parece que López Caballero haya decidido fundamentar así su recurso por voluntad propia.

El Palau de la Música y CiU. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, parece haber dado prioridad a la velocidad a la hora de cerrar la investigación del expolio del Palau de la Música Catalana a manos del expresidente de la institución, FélixMillet, y de su mano derecha y exdirector general Jordi Montull. Millet y Montull, además, desviaron, según el auto emitido por Pijuan el pasado 12 de julio, más de 6,6 millones de euros para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en diversas operaciones, sin que el juez Pijuan haya sentado a alto responsable alguno del partido.

De hecho no consta que hayan sido investigadas dos de las personalidades a las que se señalaba como responsables últimos de la financiación de CDC: el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, que hasta 2003 era al mismo tiempo secretario de organización de Convergència y consejero de Obras Públicas; y el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, en aquel entonces gerente del partido con unas atribuciones muy superiores a las del tesorero. Pijuan se jubila a fina lde año y no parece que los fiscales anticorrupción asignados al caso, Pedro Ariche y Emilio Sánchez Ulled tengan intención de pedir que se reabra la instrucción para esclarecer si las responsabilidades en Convergència van másallá del tesorero.

Controlar a la población parece haberse convertido en la obsesión del Gobierno de la Generalitat, en manos de CiU. La clase política catalana está embarcada en el agitado debate sobre el derecho a decidir y el eventual referéndum sobre la independencia de Catalunya. Pero para el Ejecutivo catalán hay otra prioridad: recopilar por cualquier medio el máximo de información de las autoridades y de los ciudadanos. El Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), un organismo nacido en 2010 para prevenir ataques informáticos contra la Administración catalana, junto con la brigada de información de los Mossos d’Esquadra, han pasado a ser los principales instrumentos para servir a ese objetivo, pero no son los únicos.

Los acontecimientos de las últimas semanas evidencian que la paranoia se ha instalado entre los dirigentes políticos catalanes y no siempre en relación con el proceso soberanista. Todo empezó a finales de octubre, cuando Anonymus, gracias a la documentación aportada por un exempleado del organismo, filtró que el Cesicat, concebido como un cortafuegos, se había dedicado a elaborar informes sobre activistas y periodistas de izquierdas en colaboración con los Mossos d'Esquadra.

El último episodio ha sido la difusión por parte de Ciutadans de un informe atribuido al Cesicat que propone invertir 28 millones de euros y desplegar 300 mossos durante los próximos cinco años para la creación de una Agencia Nacional de Seguridad destinada a espiar las comunicaciones y las actividades en Internet de los ciudadanos en las redes sociales. Un proyecto que evidencia que CiU concibe un futuro Estado catalán como un Estado vigilado. Vigilar a la población es más importante para ellos que preparar un proceso constituyente en el que se establezcan los derechos y libertades de los catalanes.

Cabría pensar que el Govern de la Generalitat se protege de los ataques que puede sufrir a causa del proceso soberanista que ha puesto en marcha para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya. Pero, a la vista de las personalidades que han sido objeto de vigilancia por el Cesicat, el Ejectutivo de CiU está más preocupado por sus adversarios políticos, no en relación con el soberanismo sino con sus políticas sociales.

Documentos filtrados por el colectivo Anonymous sobre el Cesicat muestran cómo los informes de seguimiento de activistas en las redes sociales que salieron a la luz a finales de octubre los elaboró ​​este organismo conjuntamente con los Mossos d'Esquadra. Esta filtración revela cómo en el procedimiento de vigilancia hay un contacto constante entre el Cesicat y los Mossos, hasta el punto de que la propia policía podía encargar informes sobre perfiles de activistas o publicaciones que considerara destacables, como es el caso del perfil del fotógrafo Jordi Borràs.

Los documentos recogen, además, cuáles serían los responsables de los seguimientos que se llevaron a cabo en 2012 en relación con las protestas del Primero de mayo, la Cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona y el aniversario del 15M. Por parte del Cesicat, los encargados fueron su director, Tomàs Roy; el gerente, Josep Verdura, y los técnicos Carles Fragoso y Xavier Panadero, cuyos nombres ya aparecían en los primeros informes filtrados. Por parte de los Mossos, los responsables fueron los altos cargos Miquel Bertran y Fran Galera.

Relevo en Interior

De hecho, Felip Puig, consejero de Empresa y Empleo –departamento del que depende el Cesicat–, ya confirmó que el organismo actúa “en coordinación con la policía del país” y bajo los criterios de ésta. Lo explicó en sede parlamentaria. Puig, que antes de ocupar la cartera de Empresa y Empleo fue consejero de Interior, ya tuvo problemas por expresar públicamente su concepción de los Mossos d’Esquadra como una fuerza de choque preparada para repeler agresiones en el caso de que Catalunya se independice. Esa, sin embargo, no fue la razón de que Puig abandonara la cartera de Interior. Fueron los excesos de los mossos en manifestaciones pacíficas, como los que causaron que Esther Quintana perdiera un ojo a causa del impacto de una pelota de goma durante una concentración contra los recortes en la Plaza de Catalunya de Barcelona.

El relevo de Puig por el actual titular de Interior no ha suavizado la actitud de la Policía autonómica catalana. Durante su mandato han muerto tres personas a manos de los Mossos en circunstancias que se están investigando por presunta brutalidad policial.

El objetivo de los informes, según queda recogido, es la “identificación temprana de amenazas tales como llamadas o convocatorias de protesta”, el “seguimiento de actividad e impacto de las comunicaciones realizadas en las redes sociales” y la “investigación específica de información publicada o personas de interés”.

Las filtraciones muestran también que el Cesicat habría hecho informes sobre otros colectivos. En una presentación firmada por Carles Fragoso donde se explica cómo monitorizar actividad en la red, aparecen como ejemplos un seguimiento del Casal Tramuntana, una entidad de Barcelona vinculada a la extrema derecha, y, sobre todo, a la organización juvenil de la izquierda independentista Arran, desde el momento en que se fundó. Los informes incluyen datos personales y varias fotografías de Adrià Fontcuberta, el militante de Arran que registró el dominio de la web del colectivo.

Las principales amenazas parecen ser, pues, para el Cesicat, los movimientos de protesta contra los recortes y contra las políticas sociales del Govern. Y es que los responsables del Ejecutivo parecen no comprender cómo han cambiado la capacidad de movilización las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Con anterioridad, el Gobierno catalán se planteó un sistema espía de teléfonos móviles “indetectable para el usuario”, no rastreable y con “monitorización directa del Whatsapp”, según los documentos oficiales difundidos por Anonymus. Así consta en un documento realizado por el Cesicat destinado a los Mossos al que identifica como UMT y que está directamente relacionada con las telecomunicaciones. Estos teléfonos, igual que ocurría con los distribuidos entre altos cargos de la Consejería de Interior y escoltas, podían convertirse en micrófonos ambiente o en cámaras de vídeo por control remoto.

A pesar de la lluvia de protestas y de denuncias de la oposición ante la Fiscalía, el Govern no ceja en su intento de obtener datos inviolables de los ciudadanos. La última iniciativa ha sido la de la Dirección General de Tráfico, que pretende obligar a los médicos de informar de aquellos pacientes con adicciones o sometidos a tratamientos con psicofármacos con el objeto de retirarles de forma inmediata el carné de conducir.

La tradición continúa. La familia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantiene estrechos vínculos económicos con las administraciones públicas controladas por Convergència i Unió (CiU), aunque sea de forma indirecta. Dos de los tres hijos del president trabajan en empresas concesionarias de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, ambos gobernados por CiU. El tercero de los hijos de Mas, Artur, no trabaja porque está concluyendo sus estudios en Montreal (Canadá).

Los descendientes del matrimonio entre Artur Mas y Helena Rakosnik siguen así los pasos de los hijos del primer presidente de la Generalitat de CiU, Jordi Pujol. De los siete hijos de Jordi Pujol, la práctica totalidad han trabajado con compañías que han recibido contratos de la Administración catalana mientras su padre ocupaba la presidencia de la Generalitat, cuando no han trabajado directamente para el Govern.

Mas, que es presidente también de Convergència Democràtica y de su federación con Unió, CiU, tiene como secretario general en el partido a Oriol Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, y uno de los principales rostros del partido. Aunque Oriol Pujol es un cargo electo y ganó su escaño en las elecciones autonómicas, inició su carrera política al ser nombrado director general de Asuntos Interdepartamentales en 1997 por designación directa cuando gobernaba su padre.

De hecho, en Convergència se atribuye la elección de Mas por Pujol, como su sucesor en la cabeza de cartel de CiU a la presidencia de la Generalitat, al apoyo de los hijos del primer presidente electo de la Generalitat restaurada. No sólo al de Oriol Pujol, sino en especial al de dos de sus hermanos mayores, Jordi y Josep, ambos hombres de negocios que han hecho fortuna y que en ocasiones también realizaron trabajos vinculados a la Administración catalana, aunque no sean los que más relación tuvieron con el dinero público.

Mas y Jordi Pujol Ferrusola fueron compañeros de trabajo en su juventud, cuando coincidieron en la dirección de la desaparecida empresa curtidora Tipel, propiedad de la familia del que fuera durante los primeros 10 años de Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat su secretario general, Lluís Prenafeta.

La familia Mas Rakosnik es mucho menos numerosa que la Pujol Ferrusola. El actual presidente de la Generalitat tiene tres hijos; y siete, Jordi Pujol. Pero siguen sus pasos. El hijo mayor de Artur Mas, Albert Mas Rakosnik, de 30 años, trabaja en la empresa de gestión de residuos de la familia Creixell Tradebe, que recibió la adjudicación de la terminal de hidrocarburos del Puerto de Barcelona en abril de 2011, apenas cinco meses después de que CiU recuperara el Gobierno de la Generalitat tras siete años de tripartito.

El pasado 18 de octubre, además, una empresa del grupo, Fragnor, se adjudicó el servicio de retirada de vehículos fuera de uso Barcelona Serveis Municipals (BSM), la empresa pública que gestiona los servicios del Ayuntamiento de la capital catalana, gobernado por el alcalde e histórico dirigente de CiU, Xavier Trias.

Relevo en Barcelona

Trias llegó a la alcaldía de Barcelona tras derrotar al hasta entonces primer edil, el socialista Jordi Hereu, en las elecciones municipales de 2011. Fue la primera vez que el candidato de CiU se convertía en alcalde de Barcelona. El Gobierno municipal de la capital catalana estuvo desde 1979 en manos del PSC, que gobernó en coalición con Iniciativa per Catalunya y con ERC. Cuando Trias se convirtió en alcalde de Barcelona, el Ayuntamiento encargó sus relaciones públicas a la empresa Interprofit.

Una de las ejecutivas de cuentas de Interprofit es Patricia Mas Rakosnik, la segunda hija del matrimonio entre el presidente de la Generalitat y su esposa, Helena Rakosnik.

La relación de Albert Mas Rakosnik con Tradebe se remonta a 2009 y su carrera parece haber evolucionado en paralelo a los trabajos que la compañía desarrollaba para la Administración catalana. Entre 2009 y 2011 estuvo haciendo un estage en Londres. En abril de 2011, cinco meses después de que CiU recuperara el Gobierno de la Generalitat, Tradebe se adjudicó la terminal de hidrocarburos del Puerto de Barcelona, cuya competencia es autonómica. Ese mismo año, 2011, Albert Mas regresó a Barcelona ascendido a controller para consultoría medioambiental, Francia y servicios portuarios.

En abril de este año, coincidiendo con la inauguración de la terminal de Tradebe en el Puerto de Barcelona (acto que fue presidido por el propio Artur Mas y por la ministra de Fomento, Ana Pastor), Albert Mas Rakosnik fue nuevamente ascendido; en este caso, a analista financiero de servicios petrolíferos en Europa. Durante julio de este año, el patrón de Tradebe, Josep Creixell, fue una de las estrellas de la delegación de 50 empresarios que acompañaron al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su viaje oficial por Brasil. En octubre de este año, una filial de Tradebe, Fragnor, se adjudicó el servicio de recogida de vehículos fuera de uso de la ciudad de Barcelona, gobernada también por CiU desde 2011.

La del financiero Eduardo Pascual Arxé sería una triste historia. La de un próspero hombre de negocios que hace diez años estaba en la cresta de la ola gracias a su dedicación a empresas y mutuas del sector asegurador y que se comprometió a salvar el banco catalán Eurobank y, para colmo, se ha visto envuelto en el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía. Esta es la razón por la que está encarcelado desde el pasado 9 de abril por orden de la jueza Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según alegó en su último recurso contra el auto de prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros dictado por la jueza Alaya, encargada de la investigación del caso de los ERE, la situación económica de Pascual es tan desesperada que no tiene más remedio que permanecer encarcelado porque está en la ruina, especialmente al llevar dos años en paro. Pero el hallazgo de múltiples y exclusivos bienes durante el registro de una caja fuerte oculta en un zulo en el domicilio de Pascual en Barcelona desmonta completamente el relato de su supuesta ruina económica.

La historia sería realmente triste si los distintos jueces que instruyen los procedimientos que se siguen en los tribunales contra Pascual Arxé, hasta tres, no acreditaran que el financiero se ha apoderado de buena parte de la caja de las compañías que ha administrado. Porque el financiero catalán es el principal encausado en dos escándalos económicos más, además del caso de los ERE, que instruye la jueza Alaya.

En la Audiencia Nacional es el principal imputado por el expolio de Eurobank, cuya instrucción está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. Y también por la quiebra fraudulenta del grupo de aseguradoras nacido precisamente del hundimiento de la entidad financiera, las mutuas como Fortia o Excel Life, que, aunque dieron origen a Vitalia, la entidad utilizada en el caso de los ERE, está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Eloy Velasco.

Fue precisamente el juez Velasco quien en abril, mientras la jueza Alaya ordenaba el ingreso en prisión de Pascual por los ERE, autorizó a los Mossos d’Esquadra a registrar el domicilio del financiero en Barcelona, donde descubrieron la cámara acorazada oculta que atesoraba cheques, cuentas bancarias y obras de arte, además de abundante documentación relativa a los casos judiciales en los que está implicado el oscuro empresario.

Pascual conocía el hallazgo de los Mossos d’Esquadra cuando recurrió la fianza de responsabilidad civil que en septiembre le impuso la jueza Alaya por su participación en el caso de los ERE: 111 millones de euros. En ese recurso, Eduardo Pascual no sólo reitera la penosa situación económica que dice sufrir, sino que asegura que su aseguradora, Vitalia, no es la responsable del cobro de sobrecomisiones de la Junta de Andalucía en la gestión de los ERE falsos. Pascual deriva esa responsabilidad a otras tres compañías relacionadas con Vitalia pero con las que asegura no tener vinculación alguna con el proceso de toma de decisiones.

Tampoco ha respondido Pascual de la responsabilidad civil por la liquidación fraudulenta de Eurobank, cifrada en más de doce millones de euros. El caso del expolio de Eurobank está ya en fase de señalamiento de juicio oral. Cuando la acusación particular en este caso tuvo conocimiento del hallazgo realizado por el juez Velasco en el zulo de Pascual en su domicilio de Barcelona, reaccionó de forma indignada y pidió al juez Ruz que exigiera a su colega del juzgado número 6 testimonio del registro para poder así hacer frente a parte de la responsabilidad de Pascual, así como que se ordenase desde el Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional prisión sin fianza contra el financiero catalán.

Y es que entre toda la documentación localizada por los Mossos d’Esquadra en la cámara secreta del domicilio de Pascual había, además de cheques, divisas, documentación relativa a cuentas bancarias y abundantes obras de arte, un abultado volumen de documentación tanto en soporte documental como informático –en forma de diversos pendrives– relativa a la gestión de Pascual en Eurobank y de la que el juez Ruz no ha tenido noticia durante la instrucción de la causa.

Además, la acusación particular del caso Eurobank siempre ha sostenido que Pascual posee abundante patrimonio en el extranjero, que se canalizó en su día a través de las filiales de sus aseguradoras en Bélgica y Luxemburgo y que, si hasta ahora no ha abonado la responsabilidad civil en ninguno de los procedimientos en los que está implicado y ni siquiera ha pagado la fianza de 300.000 euros que le podría permitir abandonar la prisión, es precisamente para no dar pistas a la justicia sobre dónde se halla su dinero.

Aunque Pascual se encuentra ya en prisión, puede abandonarla en cualquier momento si abona los 300.000 euros de fianza que le impuso la jueza Alaya. Por eso la acusación de Eurobank pide al juez Ruz que dicte por su cuenta prisión incondicional contra el financiero para que no pueda abandonar el centro penitenciario aunque reúna la fianza exigida por Alaya, ahora que se ha descubierto buena parte de la documentación que podría permitir a los jueces localizar su patrimonio oculto.

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La generosidad de Narcís Serra con sus subordinados era ilimitada. Al menos con el que fue su director general en la antigua Caixa de Catalunya (hoy CatalunyaCaixa) y posteriormente su sustituto en la presidencia de la entidad financiera, Adolf Todó. Serra autorizó a Todó a cobrar de CatalunyaCaixa más de 20 millones de euros entre salario y pensión cuando la caja ya estaba inmersa en el proceso de fusión con las cajas de Manresa y Terrassa y ya se había anunciado que la nueva entidad fusionada iba a necesitar del FROB más de 1.200 millones de euros. Finalmente la cantidad ha superado los 5.000 millones de euros.

Las elevadas retribuciones de los directivos de CatalunyaCaixa han originado las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que ha logrado que el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona impute hasta a 52 personas, la mayoría miembros del consejo de administración de la entidad, aunque los principales imputados son precisamente Serra y Todó.

En la declaración que Serra prestó ante el juez el pasado 21 de octubre, aseguró que las subidas salariales que habían experimentado los directivos de CatalunyaCaixa durante su mandato habían sido “legales, leales e incluso convenientes en aquel momento”, a pesar de que la mayoría de ellas se produjeron durante 2010, cuando la entidad ya encaraba una situación crítica de insolvencia.

Fue a propuesta de Serra por lo que CatalunyaCaixa contrató a Adolf Todó como director general de la entidad para sustituir al hasta entonces en el mismo cargo, Josep María Loza, a quien buena parte de las fuentes del sector consultadas consideran responsable de la ruinosa situación que abocó a la caja catalana a tener que ser rescatada por el FROB. Aun así, Loza abandonó su puesto en CatalunyaCaixa con una indemnización próxima a los 10 millones de euros.

Todó era, en aquel momento, director general de Caixa Manresa, una de las entidades que acabarían por integrarse en la ya nacionalizada CatalunyaCaixa. Y, desde el principio, recibió tratamiento de ejecutivo estrella a la hora de negociar su fichaje por la que entonces era Caixa de Catalunya. El propio FROB mantuvo ese estatus en 2010, cuando finalmente se produjo la fusión de las tres entidades que dieron origen a lo que hoy es CatalunyaCaixa y le nombró presidente ejecutivo de la entidad en sustitución del propio Narcís Serra, que abandonó la entidad cuando la concentración se completó.

Serra negoció con Todó para su incorporación un salario de 600.000 euros anuales en 2008. Al entonces presidente de Caixa de Catalunya no debió de parecerle un salario desproporcionado, ya que él mismo iba a ingresar gracias a los consejos de administración en los que estaba presente, más el salario como presidente de la entidad, una cantidad que rondaba los 1,2 millones de euros anuales.

Pero ya en 2009, Todó negoció con Serra su retribución anual, a pesar de que en el momento de renegociarse sus condiciones laborales, la caja ya tenía previsto despedir a 1.300 personas. Fruto de esa renegociación, Todó percibió en 2009 un salario de 700.000 euros, 100.000 euros más que el año anterior. Y la cantidad siguió ascendiendo: 800.000 euros en 2010, y 824.000 en 2011. En 2012, y pese a que ya ocupaba la presidencia ejecutiva de CatalunyaCaixa, los ingresos de Todó descendieron de forma abrupta, básicamente porque ese año la entidad fue nacionalizada. El salario de Todó en 2012 fue de algo más de 270.000 euros. Este año sólo ha percibido 113.000 euros porque en junio fue despedido por mala gestión por decisión del FROB.

A pesar de que durante el tiempo que Todó ha permanecido en CatalunyaCaixa, primero como director general y luego como presidente ejecutivo, se ha embolsado la nada despreciable suma de 3,3 millones de euros, lo que realmente constituía la parte del león de lo negociado con Narcís Serra era el fondo de pensiones del ejecutivo bancario.

Tres años más

Todó tenía previsto permanecer al frente de la entidad al menos durante tres ejercicios más. Lo que a un salario de 300.000 euros tras la rebaja por el FRPB después de la nacionalización da una cifra de 900.000 euros. Además, CatalunyaCaixa había provisionado otros 3,6 millones de euros para hacer frente a los primeros años de vigencia del ejecutivo bancario. En total, 4,5 millones que Todó ha dejado de percibir con motivo de su despido y que piensa reclamar en los tribunales.

Pero hay mucho más. Cuando Serra y Todó renegociaron el contrato de este último, pactaron que el entonces director general percibiría casi 14 millones de euros periodificados en concepto de plan de pensiones. Y, en caso de fallecimiento prematuro, habría sido la esposa de Todó quien habría percibido buena parte de esa cantidad. Por esa razón, CatalunyaCaixa tuvo que suscribir a finales de 2009 una póliza de crédito de 13,5 millones de euros para poder hacer frente a la pensión de Todó.

Al ser despedido en junio de este año, Todó ha perdido los derechos a cobrar esa pensión. Para los fiscales encargados de acusar a Serra, Todó y al resto de miembros del consejo de administración de CatalunyaCaixa eso no cambia nada, porque lo cierto es que sólo autorizaron al ya expresidente ejecutivo de la entidad a embolsarse más de 20 millones de euros entre salario y pensión, aunque nunca los llegue a ver.

La Fiscalía de Castellón investiga desde mediados de septiembre los estudios geológicos que permitieron autorizar el proyecto Castor, por si se hubieran producido irregularidades. Castor, la planta de almacenamiento submarino de gas que provocó más de 400 terremotos en la zona del Golfo de Valencia, lleva más de un mes con las actividades paralizadas, pero los vecinos de la zona exigen al Ministerio de Industria que haga públicos los nuevos estudios geológicos y desmantele la planta cuanto antes.

Durante el mes de septiembre, y tras tener conocimiento de que la Fiscalía había abierto diligencias para investigar la sucesión de terremotos en la zona atribuidos a Castor –alguno de los cuales alcanzó los 4,6 puntos en la escala de Richter–, un ingeniero de minas presentó una denuncia ante el ministerio público en la que relacionaba diversas deficiencias en el Instituto Geológico y Minero de España y en el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas con la posibilidad de que los estudios que permitieron poner en marcha Castor fueran irregulares.

El pasado 15 de octubre, la fiscal encargada del caso, Dolores Ofrecio, comunicó al ingeniero denunciante, Miguel Ángel Gallardo, la incoación de diligencias de investigación por el ministerio público con el número 367/13, para esclarecer los hechos denunciados.

Fuentes próximas a la Fiscalía aseguran que en el marco de esas diligencias se produjo la entrada de la Guardia Civil en las dependencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para requisar la documentación relativa al impacto ambiental del proyecto Castor, requisito previo para su aprobación.

Los estudios geológicos encargados por el Ministerio de Industria de José Manuel Soria tras los terremotos no han trascendido, pero se conoce que han determinado que, si Castor continúa su explotación en las mismas condiciones, los terremotos se reproducirán e, incluso, pueden agravarse.

Los estudios que permitieron a Castor iniciar su actividad no son la única preocupación de la Fiscalía. El ministerio público también quiere saber por qué la constructora ACS, de Florentino Pérez, que controla dos tercios del capital de Castor, intentó desprenderse de la mitad de su participación semanas antes de que empezaran a producirse los seísmos.

El grupo constructor de Florentino Pérez controla un 66,67% del capital de UGS, gracias a la concesión realizada por el ministro de Industria del anterior Gobierno socialista, Miguel Sebastián. Durante el mes de agosto, Florentino hizo llegar una propuesta a Enagás, la empresa responsable del transporte de gas en España y filial de Gas Natural, según informan fuentes muy próximas a la gasista. La oferta consistía en que ACS vendería el 33,3% de UGS, exactamente la mitad de su participación, a Enagás por 400 millones de euros.

En Enagás apenas tuvieron tiempo de estudiar la oferta a la que, ya de entrada, no eran demasiado receptivos. Días después de recibir el pliego de condiciones de la empresa de Florentino Pérez, empezó la sucesión de terremotos que ha venido afectando a las localidades costeras del Golfo de Valencia, fundamentalmente del norte de la provincia de Castellón y del sur de la de Tarragona.

La dirección de Enagás decidió entonces que no había nada que estudiar. Si ya eran renuentes a hacerse cargo de un tercio del capital de la empresa concesionaria del proyecto Castor, la negativa fue inmediata en cuanto se produjeron los primeros movimientos sísmicos. Ni siquiera tuvieron que abrir el dossier para estudiar la propuesta de ACS.

Prisas por salir

Pero ¿por qué de repente le entraron las prisas a Florentino Pérez por abandonar su papel de accionista de referencia de la concesionaria de Castor precisamente durante el mes de agosto, apenas semanas antes de que se iniciara la cadena de terremotos que atemorizaron a las poblaciones del norte de Castellón y del sur de Tarragona? ¿Acaso contaba ACS con informes geológicos que alertaban del peligro de que se desencadenara la sucesión de movimientos sísmicos que se produjeron en septiembre? Es imposible saberlo.

Hay, sin embargo, dos evidencias palmarias. La primera es que los responsables del proyecto sabían perfectamente que el almacén de gas lindaba peligrosamente con una falla que en cualquier momento podía provocar movimientos de tierra e, incluso, y, según la opinión de diversos geólogos, microtsunamis. Ésta fue la razón por la que el Ministerio de Industria decidió paralizar los trabajos de inyección de gas en la planta de Castor.

La segunda evidencia es que Castor ha acabado por convertirse en un auténtico desastre económico que amenaza la propia estabilidad financiera del grupo ACS. Al cierre de 2011, el desvío presupuestario del proyecto ya alcanzaba los 1.194 millones de euros. Es decir, que hace casi dos años Castor ya había costado casi un 90% más de lo que se había presupuestado.

En este momento, y según apuntan fuentes cercanas al Ministerio de Industria, el coste del proyecto supera ya los 1.700 millones de euros. Como Florentino Pérez recurrió para financiar Castor a un crédito sindicado dirigido por Banesto pero participado por los principales bancos con los que trabaja ACS –Santander, Bankia, Crédit Agricole y Société Générale–, ACS podría verse repentinamente afectada por una crisis de crédito porque, aunque el proyecto estaba inicialmente garantizado al estar regulado por Industria, mientras no se decide si se desmantela o continúa, es ACS quien debe adelantar el dinero.

Parece manifiesto que lo que buscaba ACS al desprenderse de la mitad de su paquete era hacer caja y liberarse de parte de los compromisos financieros que había adquirido precisamente con sus bancos de cabecera.

Lo que está claro es que el sobrecoste del proyecto Castor, que probablemente ya duplique lo presupuestado, acabará de momento en la factura de los consumidores de gas, que se repartirán, de entrada, 250 millones de euros del desastre financiero.

Nadie se sorprendió. Cuando en abril Forbes hizo pública su lista de los mayores millonarios del mundo, Amancio Ortega, propietario del 60% de Inditex era ya el tercero. Sus 43.000 millones de euros sólo son superados por el mexicano Carlos Slim y por Bill Gates. Su fortuna es mayor que las del gurú financiero Warren Buffett o el patrón de Louis Vuitton, Bernard Anault.

La fortuna de Ortega creció 15.000 millones de euros en 2012. Los analistas lo atribuyen al aumento de la cotización de Inditex, superior al 50% en el último año gracias a sus espectaculares resultados. Los resultados son fruto de la gestión del nuevo presidente, Pablo Isla, que está optimizando los costes del grupo con una política de compras centrada en economías emergentes y realizada en buena medida desde una subsidiaria suiza, según facturas de proveedores a las que ha tenido acceso eldiario.es.

Las facturas, como la que se muestra en esta información, prueban que Inditex compra en Bangladesh a través de ITX Trading SA, domiciliada en Friburgo, capital del cantón suizo del mismo nombre, a pesar de que la entrega de la mercancía debe realizarse en el Polígono Inditex en la localidad barcelonesa de Tordera. Fuentes del sector aseguran que la misma compañía, filial al 100% de Inditex, es también la encargada de realizar buena parte de las compras en China. Porque Inditex apenas produce. Diseña sus productos en España, pero encarga la mayor parte de la fabricación de sus productos a proveedores de economías emergentes.

ITX Trading es una de las únicas cuatro compañías del grupo Inditex, compuesto por cerca de 320 subsidiarias, dedicadas a las compras. Las otras tres están domiciliadas en España: Uterqüe y Nikole en A Coruña y Comditel en Barcelona. Portavoces oficiales de la compañía, cuando este diario preguntó por qué Inditex realiza sus compras en países como Bangladesh o China a través de su filial suiza, se limitaron a afirmar que las empresas de compras del grupo tienen “actividad en todo elmundo”.

Fiscalistas consultados por eldiario.es tienen una explicación más específica: “La fiscalidad suiza no sólo es más favorable para este tipo de transacciones internacionales, sino que, además, hace años, la Confederación Helvética, y en particular algunos cantones como Friburgo, ofrecía a corporaciones transnacionales como Inditex beneficios y exenciones tributarias si se instalaban en su territorio, de manera que es una doble manera de optimizar costes, comprando a economías emergentes a precios inconcebibles en Occidente y, además, sin apenas tributar por ello. Ahora Suiza ya no ofrece esas condiciones, pero las mantiene para los que se instalaron en su día atraídos por esos incentivos”.

Según la memoria anual de Inditex de 2012, Inditex posee en Suiza seis compañías subsidiarias: Temple Trading, dedicada a la distribución de calzado; Zara Suisse, que gestiona las tiendas del buque insignia de Inditex; Bershka Suisse y Massimo Dutti Suisse; y dos compañías bajo las siglas ITX, la ya citada ITX Trading e ITX Holding, que es una sociedad de cartera, donde aparentemente se aparca buena parte de la autocartera de Inditex.

Lo llamativo es que todas las sociedades suizas de Inditex están domiciliadas en Friburgo y que emplean a 770 personas. La cifra podría resultar desproporcionada si la misión del personal fuera sólo atender las 18 tiendas que el grupo gallego tiene en el país: 10 de Zara, seis Massimo Dutti y dos Bershka. Pero, en realidad el volumen de personal que Inditex tiene en Suiza también incluye a los empleados de ITX Holding, la sociedad de cartera, y ITX Trading, la encargada de compras en países en vías de desarrollo y, en todo caso, demuestran la importancia estratégica de estas dos compañías para el grupo.

Es cierto, sin embargo, que, en términos relativos, los 770 empleados de Inditex en Suiza apenas representan un pequeño porcentaje de los 120.314 trabajadores que tiene el grupo en todo el mundo, o de los casi 40.000 que tiene en España. Pero constituyen un colectivo enorme, comparado con el personal que tiene destinado en países de los que proceden buena parte de la producción que el imperio de Amancio Ortega comercializa en su red de tiendas. En Bangladesh, por ejemplo, Inditex sólo tiene 37 empleados a pesar de que proveedores del país asiático realizan una parte importante de la fabricación de los productos que el emporio gallego diseña y comercializa.

Los aludidos portavoces de Inditex se mostraron incómodos por el interés mostrado por este medio en sus actividades en Bangladesh. El incendio en abril del complejo Rana Plaza dedicado a la fabricación de productos de moda para marcas occidentales y que causó un millar de muertos preocupó especialmente a la industria textil del primer mundo por las repercusiones que el siniestro pudiera causar en su imagen. Porque las medidas de seguridad de los trabajadores eran mucho más que deficientes. A pesar del acuerdo alcanzado tras aquel incendio entre las empresas occidentales, la primera semana de este mes se produjo otro incendio en Bangladesh que causó 10 muertes. El país asiático es objetivo de las ONG que reclaman un salario digno para los trabajadores que fabrican productos de moda para el consumo occidental.

Programas de ayuda

Programas de ayudaInditex, sin embargo, se había puesto la venda antes de la herida. En su memoria anual de 2012 destaca que promueve en Bangladesh programas de patrocinio y mecenazgo y de desarrollo comunitario. El informe anual del año pasado de Inditex asegura que el grupo gallego invirtió medio millón de euros en este tipo de actividades en Bangladesh.

“La salud y seguridad de los trabajadores continúa siendo una prioridad para el clúster de Bangladesh. En particular, durante este ejercicio se ha intensificado la actividad dirigida a la prevención de incendios y se ha participado activamente en distintas plataformas como Buyers Forum Bangladesh e ILO/BETTER WORK, sindicatos locales y Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) para unificar criterios y trabajar de manera conjunta para mejorar las condiciones de seguridad de las fábricas y velar po rlos derechos de los trabajadores en Bangladesh”, asegura el informe anual de Inditex correspondiente a 2012.

El grupo textil cerró 2012 con un beneficio neto de 2.361 millones de euros, un 22% más que el año anterior. Pablo Isla, presidente y consejero delegado de Inditex desde la jubilación de Amancio Ortega, de 76 años, en 2011, destacó durante la junta de accionistas de la compañía en julio el papel “dinamizador” que el grupo textil ejerce en la economía española a través de las exportaciones y de la creación de empleo. Y llamó la atención sobre el esfuerzo tributario que el grupo dueño de Zara realiza en España, donde paga 818 millones de euros por el impuesto de sociedades, por encima del volumen de negocio que realiza en el país.

Durante el primer semestre de 2013, Inditex ganó 951 millones de euros, un 1% más de lo que ganó en el mismo periodo del año pasado. Y el viernes pasado, 18 de octubre, volvió a cerrar la Bolsa con un máximo histórico en su cotización, 118,35 euros por acción, con lo que la fortuna de Amancio Ortega vale hoy aún más que cuando Forbes hizo pública su lista de mayores millonarios del mundo.

Narcís Serra defendió el lunes ante el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, que los incrementos de sueldo que ratificó en 2010 cuando era presidente de Caixa Catalunya (hoy CatalunyaCaixa) para el entonces director general de la entidad, Adolf Todó, fueron “legales, leales e incluso convenientes”. La posición de Serra es comprensible porque, aunque no está acusado por ello, él mismo llegó a ganar cerca de 1,2 millones de euros anuales cuando presidía la entidad.

Serra, como el propio Todó, declaró en calidad de imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de administración desleal por aprobar una subida del porcentaje variable de su director general del 30% al 50%, a pesar de que Caixa Catalunya estaba en pleno proceso de fusión con las cajas de Manresa y Tarragona e iba a despedir a 1.300 personas, y de que estaba a punto de ser intervenida por el FROB.

El aumento de sueldo de Todó llegó a situar su salario en cerca de 700.000 euros al año. Además, durante los cinco años que Serra presidió la caja catalana, los ingresos del que fue vicepresidente del Gobierno socialista de Felipe González experimentaron un vertiginoso incremento.

Fuentes financieras cifran en algo más de 1,2 millones de euros los ingresos de Narcís Serra durante los últimos años de su etapa como presidente de Caixa Catalunya. Directamente de Caixa Catalunya, sólo percibía unos 275.000 euros anuales –en 2009 percibió 175.000 euros en concepto de salario y 80.000 por dietas de asistencia–, según afirman fuentes próximas a la entidad financiera, pero su presencia en los consejos de administración de participadas de la caja como Gas Natural, la compañía de certificaciones Applus, propiedad en un 23% de Volja Plus, de la que Serra era también vicepresidente, le reportaban unos nada despreciables ingresos complementarios.

En el consejo de Gas Natural, Serra sustituyó en 2008 al que hasta entonces era director general de Caixa Catalunya, Josep Maria Loza. En realidad, Loza sólo representaba a Caixa Catalunya en el consejo de Gas Natural, por lo que sus dietas las ingresaba directamente la caja. Serra, sin embargo, fue nombrado a principios de 2009 consejero de Gas Natural a título personal.

Según el informe de gobierno corporativo de la gasista de ese año, el consejo de administración, excluidos el presidente y el consejero delegado por su condición de ejecutivos, se repartió 2,82 millones en concepto de emolumentos, con lo que a cada consejero le correspondió algo más de 150.000 euros. Del grupo Applus, según fuentes conocedoras de la compañía, las cantidades que percibía Serra al año no bajaban de los 120.000 euros.

Telefónica y La Caixa

Telefónica y La CaixaA eso hay que sumar el dinero que percibía por su participación en consejos de varias empresas del grupo Telefónica. Eso sí, Serra no llegó a Telefónica de la mano de Caixa Catalunya, sino por recomendación de La Caixa. Fue en 2004, cuando Serra se postulaba para integrarse en la dirección de la entidad que ahora preside Isidre Fainé.

En Telefónica, Serra era vicepresidente del consejo asesor de Cataluña y, además, estaba presente en los consejos de administración de tres filiales: Telefónica Internacional, Telefónica Chile y Telecomunicaciones de Sao Paulo. Sumando las retribuciones que aparecen en los informes de gobierno corporativo de esas sociedades de 2009 y 2010, la cifra que recibía Serra al año se aproximaba a los 470.000 euros.

Serra pudo llegar a cobrar todas esas cantidades de forma simultánea gracias a una oportuna modificación legislativa realizada por el Gobierno tripartito de la Generalitat presidido por el socialista José Montilla: un decreto de aquel Gobierno de agosto de 2008 modificaba una ley que había aprobado el propio Ejecutivo catalán sólo cinco meses antes, con lo que se aumentaba de tres a ocho el tope de consejos de administración que se podían acumular.

Y es que en abril de 2008, cuando se aprobó la ley original, Narcís Serra empezó a acumular cargos y no tardó en incumplirla. Serra ya era consejero de tres empresas de Telefónica, se convirtió en vicepresidente de Volja Plus, la sociedad a través de las que las cajas catalanas poseían el 23% de Applus, y entró en el consejo de Gas Natural.

En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, eldiario.es pública esta nota de rectificación recibida esta semana en la redacción:

Los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Catalunya, Pedro Ariche y Emilio Sánchez Ulled, están indignados. La decisión del Palau de la Música de limitar su escrito de acusación por el expolio de la institución musical al que fue su presidente, Félix Millet, y a su director general, Jordi Montull, y de dejar fuera a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha causado estupor en el ministerio público.

A pesar de que el juez instructor del caso, en su auto de apertura de juicio oral, estableciera que CDC se benefició al menos de 5,1 millones de euros del expolio del Palau, ya contaban con que la principal víctima del escándalo de corrupción no fuera dura en exceso con Convergència. No en vano, cuando Garrigues Abogados ejercía la acusación particular en nombre del Palau, la presencia en el despacho como socio del que fuera secretario general de Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat, Joaquim Triadú, ya propició una posición más que suave de la acusación particular con CDC. Cuando Triadú abandonó Garrigues para incorporarse a PriceWaterhouseCoopers (PwC), se llevó como cliente al Palau de la Música.

Por esa razón, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que no les queda más remedio que endurecer su acusación contra los miembros de CDC imputados y contra el propio partido. Y, aunque el juez instructor del caso, Josep Maria Pijuan, cifró en 5,1 millones de euros el dinero del Palau que acabó en las arcas de Convergència, los representantes del ministerio público no descartan elevar la responsabilidad del partido de Artur Mas hasta los 12 millones que siempre han considerado que se desviaron de la institución musical a la formación política.

Los fiscales ya contaban con que la Diputación de Barcelona, que también ejerce la acusación particular en el caso, no acusaran a los cargos de Convergència imputados en el caso. Al fin y al cabo, desde que Convergència ganó la alcaldía de Barcelona en 2011 por primera vez, la Diputación de la provincia está controlada por CDC. A media instrucción, la Diputación de Barcelona decidió destituir a los abogados que hasta entonces la representaban en el 'caso Palau', por su beligerancia con Convergència, para sustituirlos por letrados mucho más favorables al partido del hoy presidente Artur Mas. Así que el hecho de que la Diputación eludiera acusar a los miembros de CDC imputados no les sorprendió.

Sin embargo, y a pesar de que esperaban una posición suave del Palau de la Música, los fiscales percibieron como una bofetada la decisión de la institución musical de no acusar a ninguno de los imputados de CDC. Esperaban peticiones de pena suaves, pero no una ausencia total de acusación. Especialmente, porque su presencia en el banquillo de los acusados es la que justifica que el juez haya establecido una responsabilidad civil de 5,1 millones de euros para Convergència, que mantiene embargada la sede nacional del partido en la calle Còrsega de Barcelona.

Peores pronósticos

Peores pronósticosPero finalmente se cumplieron los peores pronósticos. El Palau de la Música, que ejerce la acusación particular en la causa por el saqueo de la institución, pide 81 años de prisión para su expresidente Fèlix Millet por el expolio, sin exigir a CDC responsabilidad civil alguna por los 5,1 millones que el juez cree que se embolsó de la entidad cultural.

La presidenta del Orfeó Català y el Palau de la Música, Mariona Carulla, presentó el 26 de septiembre en rueda de prensa su escrito de acusación que, además de Millet y su mano derecha Jordi Montull, se dirige contra otras 14 personas, entre ellas las esposas de los máximos dirigentes del Palau, que han sido exculpadas por el juez instructor. Entre estas personas no figura ninguno de los cargos de CDC ni de Ferrovial imputados por los 5,1 millones de euros que, según el juez, se embolsó la formación a través del Palau de la Música, principalmente en concepto de comisiones ilegales que la constructora pagó supuestamente a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Pujol.

El portavoz del Palau de la Música, Carles Cuatrecasas, insistió en que la entidad se reserva “de forma expresa” el ejercicio de acciones legales para reclamar “a cualquier entidad física o jurídica” el dinero que la sentencia crea probado que fue desviado de la institución, aunque eso sería en un proceso civil posterior. Los responsables del Palau, acompañados en la rueda de prensa por el abogado de la firma PwC que los representa, Javier Zuloaga, han destacado que en su escrito de acusación se han ceñido a“estrictos criterios jurídicos” y han argumentado que de la instrucción del caso no se desprende “suficiente” prueba para inculpar a CDC. Para Cuatrecasas, la posición del Palau en este caso es “ejemplar”, desde el punto de vista ético, en “estos momentos con tantos juicios paralelos”. Y ha insistido repetidamente: “Esto no inculpa ni exculpa a nadie”.

Los fiscales ya estaban molestos con la decisión del juez Pijuan de dar por terminada la instrucción en el momento que lo hizo. Pijuan parece haber dado prioridad a la velocidad a la hora de cerrar la investigación del expolio del Palau de la Música Catalana a manos del expresidente de la institución, Félix Millet, y de su mano derecha y exdirector general Jordi Montull. Millet y Montull, además, desviaron, según el auto emitido por Pijuan el pasado día 12 de julio, más de cinco millones de euros para la financiación ilegal de Convergència en diversas operaciones, sin que el juez haya sentado a alto responsable alguno del partido.

Puig y Gordó

Puig y GordóDe hecho no consta que hayan sido investigadas dos de las personalidades a las que se señalaba como responsables últimos de la financiación de CDC: el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, que hasta 2003 era al mismo tiempo secretario de organización de Convergència y consejero de Obras Públicas; y el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, en aquel entonces gerente del partido con unas atribuciones muy superiores a las del tesorero.

El magistrado responsabiliza de la financiación de CDC por Ferrovial a través del Palau de la Música al tesorero del partido, Daniel Osàcar, a su predecesor, Carles Torrens, fallecido en 2005, y al influyente diputado Jaume Camps, durante años hombre de Javier de la Rosa en Convergència, pero afirma que la operación fue posible porque contó “con la intervención de otros altos cargos del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos locales vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública. La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción”.

El financer Eduardo Pascual Arxé, empresonat des d'abril pel cas dels ERO d'Andalusia, principal acusat de l'espoli del banc català Eurobank i imputat per crear una falsa xarxa de mútues fraudulentes, té problemes dignes d'una pel·lícula d'espies de sèrie B.

El 5 d'abril, dies abans que la jutgessa dels ERO, Mercedes Alaya, decretés l'ingrés a presó de Pascual, el titular del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, encarregat de la investigació de la xarxa fraudulenta de mútues, va autoritzar els Mossos d'Esquadra a practicar un segon registre al domicili de Pascual a la recerca d'una càmera cuirassada oculta que pogués contenir documentació relacionada amb el cas que el magistrat investiga.

I va aparèixer la caixa forta, i, segons fonts pròximes a la investigació, contenia documentació que connectava els tres grans casos en què està involucrat Pascual: els ERO, l'espoli d'Eurobank i la trama de les mútues. Pascual havia dividit el soterrani de la seva vivenda al passatge Permanyer de Barcelona per amagar una habitació secreta que albergava precisament la càmera cuirassada amb la documentació dels tres casos en què és la peça clau.

Resulta difícilment explicable per què Pascual ha conservat la documentació que podria acreditar la connexió dels tres escàndols de corrupció i que, sens dubte, pot incrementar les penes de presó que demanen ja per a ell i les que se li poden demanar en el futur en els sumaris que encara estan en fase d'instrucció. Fonts de la investigació assenyalen que part d'aquests documents podrien acreditar el pagament o, si més no, la proximitat de Pascual, a personalitats vinculades als principals partits polítics del país.

Perquè Eduardo Pascual i la seva principal col·laboradora, Maria Vaqué -també empresonada des del mes d'abril per ordre de la jutge Mercedes Alaya- són al centre dels tres escàndols financers. No obstant això, cadascun d'ells està sent instruït per un jutjat diferent. La investigació del cas dels ERO correspon al jutjat d'instrucció número 6 de Sevilla, la titular del qual és la jutge Alaya. L'escàndol de l'espoli del banc català Eurobank del Mediterrani, la instrucció del qual va iniciar fa ni més ni menys que 10 anys el llavors titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, l'ha prosseguit el seu substitut Pablo Ruz. En aquest cas, se li atribueix a Pascual haver-se apropiat de 12 milions d'euros quan el banc ja estava intervingut pel Banc d'Espanya.

Més de 40 milions d'euros

Més de 40 milions d'eurosAltres 20 milions d'euros van desaparèixer d'Eurobank durant la liquidació de l'entitat, raó per la qual està imputada la liquidadora Rosa Maria Cornet i el seu antecessor, Barceló Obregón, actual advocat de Cirsa i que va ser qui va adquirir part del patrimoni en liquidació de la entitat financera a preu irrisori. Finalment, Pascual també és al centre de l'escàndol per la fallida fraudulenta de les mútues Norton Life, Personal Life, Perton Life i Caixa Hipotecària Catalana Mutual, investigada pel titular del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, a instància de la Fiscalia de Catalunya. En aquest cas, els diners desapareguts supera els vuit milions d'euros.

És a dir, que només en els dos casos que investiga l'Audiència Nacional s'atribueix a Pascual Arxé la desaparició de més de 40 milions d'euros. A més, el financer català també està sent investigat per la Justícia d'Andorra, de Luxemburg i de Bèlgica per fraus similars presumptament comesos a la xarxa internacional de les mútues Excel Internacional, Fortia i Apra Leven.

Malgrat els grans esforços de l'acusació particular del cas Eurobank no hi ha hagut manera d'unificar els tres sumaris, malgrat que hi ha notables evidències que connecten els tres casos. Per apropiar-se dels primers 12 milions d'euros, dels que van desaparèixer de les arques d'Eurobank, Pascual va utilitzar presumptament tot un entramat de societats, entre les quals figuraven les mateixes mútues per les quals està imputat al jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional.

A més, les quatre mútues es van fusionar posteriorment en l'asseguradora i mediadora Vitalia, peça clau en l'elaboració dels expedients de regulació d'ocupació falsos que investiga la jutge Alaya. De Vitalia es va escindir posteriorment Apra Leven, que també va tenir una participació destacada en el cas que investiga la jutge Alaya.

Tot i que el registre del domicili de Pascual ordenat pel jutge Velasco i en què es va trobar la càmera cuirassada es va produir a l'abril, les parts personades en el cas no han tingut coneixement de la diligència que van dur a terme els Mossos d'Esquadra fins al 6 de setembre passat, quan el magistrat va decidir ordenar que s'aixequés el secret de les actuacions.

Acusació particular

Acusació particularEntre la documentació figuraria, segons fonts coneixedores del procediment, els papers que acrediten la propietat de Pascual d'algunes de les empreses que va utilitzar per l'espoli d'Eurobank. A la vista dels membres dels consells d'administració d'algunes d'aquestes empreses, Pascual porta anys intentant convertir les seves tribulacions judicials en una qüestió transversal.

Quan la jutgessa Alaya va iniciar la investigació de Vitalia, Eduardo Pascual penes va trigar un parell de dies a desvincular públicament de la companyia i afirmar que els seus únics responsables eren els administradors que li van succeir tant a Eurobank com en les mútues propietat de la consultora: Fortia Vida , Norton Life, Personal Life, Excell Life i Apra Leven. Aquestes companyies acabaven d'assegurar les prestacions econòmiques de les persones que havien sortit de Mercasevilla arran dels expedients de regulació d'ocupació aplicats al mercat de proveïments de la capital andalusa.

En successius escrits de l'acusació particular d'Eurobank, molts d'ells admesos pel magistrat Pablo Ruz, es relaciona a Pascual amb personalitats de Convergència, com Macià Alavedra, Joan Hortalà o el mateix Fèlix Millet, i amb persones de l'entorn del PP, bé pròximes a Mariano Rajoy, com l'actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o el portaveu del PP al Congrés, Vicente Martínez-Pujalte, així com el seu germà Jesús.

L'acusació particular personada en el cas Eurobank ha sol · licitat al jutge Ruz que demani testimoni al seu col·lega Eloy Velasco del contingut trobat pels Mossos d'Esquadra al registre de la cambra cuirassada secreta descoberta al domicili de Pascual. No sembla que aquesta vegada vagi a tenir més fortuna que les anteriors perquè el fiscal del cas ha informat en contra amb l'argument que no hi ha connexió aparent entre els fets.

El financiero Eduardo Pascual Arxé, encarcelado desde abril por el caso de los ERE de Andalucía, principal acusado del expolio del banco catalán Eurobank e imputado por crear una falsa red de mutuas fraudulentas, tiene problemas dignos de una película de espías de serie B.

El 5 de abril, días antes de que la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, decretara el ingreso en prisión de Pascual, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, encargado de la investigación de la red fraudulenta de mutuas, autorizó a los Mossos d’Esquadra a practicar un segundo registro en el domicilio de Pascual en busca de una cámara acorazada oculta que pudiera contener documentación relacionada con el caso que el magistrado investiga.

Y apareció la caja fuerte, y, según fuentes próximas a la investigación, contenía documentación que conectaba los tres grandes casos en los que está involucrado Pascual: los ERE, el expolio de Eurobank y la trama de las mutuas. Pascual había dividido el sótano de su vivienda en el pasaje Permanyer de Barcelona para ocultar una habitación secreta que albergaba precisamente la cámara acorazada con la documentación de los tres casos en los que es la pieza clave.

Resulta difícilmente explicable por qué Pascual ha conservado la documentación que podría acreditar la conexión de los tres escándalos de corrupción y que, sin duda, puede incrementar las penas de prisión que se piden ya para él y las que se le pueden pedir en el futuro en los sumarios que aún están en fase de instrucción. Fuentes de la investigación señalan que parte de esos documentos podrían acreditar el pago o, cuanto menos, la proximidad de Pascual, a personalidades vinculadas a los principales partidos políticos del país.

Porque Eduardo Pascual y su principal colaboradora, María Vaqué –también encarcelada desde el mes de abril por orden de la jueza Mercedes Alaya– están en el centro de los tres escándalos financieros. Sin embargo, cada uno de ellos está siendo instruido por un juzgado distinto. La investigación del caso de los ERE corresponde al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la jueza Alaya. El escándalo del expolio del banco catalán Eurobank del Mediterráneo, cuya instrucción inició hace nada menos que 10 años el entonces titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, lo ha proseguido su sustituto Pablo Ruz. En este caso, se le atribuye a Pascual haberse apropiado de 12 millones de euros cuando el banco ya estaba intervenido por el Banco de España.

Más de 40 millones de euros

Más de 40 millones de eurosOtros 20 millones de euros han desaparecido de Eurobank durante la liquidación de la entidad, razón por la cual está imputada la liquidadora Rosa María Cornet y su antecesor, Barceló Obregón, actual abogado de Cirsa y que fue quien adquirió parte del patrimonio en liquidación de la entidad financiera a precio irrisorio. Finalmente, Pascual también está en el centro del escándalo por la quiebra fraudulenta de las mutuas Norton Life, Personal Life, Perton Life y Caja Hipotecaria Catalana Mutual, investigado por el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a instancia de la Fiscalía de Catalunya. En este caso, el dinero desaparecido supera los ocho millones de euros.

Es decir, que sólo en los dos casos que investiga la Audiencia Nacional se atribuye a Pascual Arxé la desaparición de más de 40 millones de euros. Además, el financiero catalán también está siendo investigado por la Justicia de Andorra, de Luxemburgo y de Bélgica por fraudes similares presuntamente cometidos en la red internacional de las mutuas Excel Internacional, Fortia y Apra Leven.

A pesar de los denodados esfuerzos de la acusación particular del caso Eurobank no ha habido manera de unificar los tres sumarios, pese a que hay notables evidencias que conectan los tres casos. Para apropiarse de los primeros 12 millones de euros, los que desaparecieron de las arcas de Eurobank, Pascual utilizó presuntamente todo un entramado de sociedades, entre las cuales figuraban las mismas mutuas por las que está imputado en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Además, las cuatro mutuas se fusionaron posteriormente en la aseguradora y mediadora Vitalia, pieza clave en la elaboración de los expedientes de regulación de empleo falsos que investiga la jueza Alaya. De Vitalia se escindió posteriormente Apra Leven, que también tuvo una participación destacada en el caso que investiga la jueza Alaya.

A pesar de que el registro del domicilio de Pascual ordenado por el juez Velasco y en el que se halló la cámara acorazada se produjo en abril, las partes personadas en el caso no han tenido conocimiento de la diligencia que llevaron a cabo los Mossos d’Esquadra hasta el pasado 6 de septiembre, cuando el magistrado decidió ordenar que se levantara el secreto de las actuaciones.

Acusación particular

Acusación particularEntre la documentación figuraría, según fuentes conocedoras del procedimiento, los papeles que acreditan la propiedad de Pascual de algunas de las empresas que utilizó para el expolio de Eurobank. A la vista de los miembros de los consejos de administración de algunas de esas empresas, Pascual lleva años intentando convertir sus tribulaciones judiciales en una cuestión transversal.

Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía y afirmar que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas compañías acababan de asegurar las prestaciones económicas de las personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleo aplicados en el mercado de abastos de la capital andaluza.

En sucesivos escritos de la acusación particular de Eurobank, muchos de ellos admitidos por el magistrado Pablo Ruz, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o el portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, así como su hermano Jesús.

La acusación particular personada en el caso Eurobank ha solicitado al juez Ruz que pida testimonio a su colega Eloy Velasco del contenido hallado por los Mossos d'Esquadra en el registro de la cámara acorazada secreta descubierta en el domicilio de Pascual. No parece que esta vez vaya a tener más fortuna que las anteriores porque el fiscal del caso ha informado en contra con el argumento de que no hay conexión aparente entre los hechos.

Los últimos indicios recogidos por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, instructor del 'caso Nóos', en el que uno de los principales imputados es el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y que parecen cargar de razones al magistrado para imputar a la duquesa, la hija mayor del rey, Cristina de Borbón, no podían llegar en peor momento para los intereses procesales de la infanta.

Los abogados de la infanta –el titular y exsecretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Miquel Roca Junyent, y su socio y la verdadera mente jurídica tras la defensa de la duquesa, Jesús María Silva– mantienen una relación más que tensa desde hace unos meses y que, en más de una ocasión, ha estado a punto de romper la sociedad que les une, según informan diversas fuentes jurídicas de Barcelona. Una ruptura que, de producirse, obligaría a la infanta a elegir entre las excelentes relaciones que mantiene Roca con todos los estamentos del Estado y la cualificada defensa que le puede ofrecer Jesús Silva.

Durante esta misma semana han trascendido dos datos que podrían permitir al juez Castro volver a imputar a la infanta en el 'caso Nóos' de fraude a las administraciones públicas y apropiación indebida. Una medida que ya adoptó Castro en abril, pero que tuvo que rectificar a instancia de la Audiencia de Palma y a petición del fiscal del caso, Pedro Horrach. Pero esta semana se ha conocido, por un lado, que las cuentas de la infanta recibieron 150.000 euros de Aizoon, la empresa a la que Urdangarin desviaba los fondos captados de forma fraudulenta a las administraciones con el argumento de que era Nóos quien los recaudaba y se trataba de una fundación sin ánimo de lucro. Y, por otro lado, también se ha sabido que la infanta manejaba una tarjeta Visa Oro de Aizoon con la que realizaba gastos personales como la compra de flores, o comidas y cenas en restaurantes.

Precisamente a raíz de los nuevos indicios hallados por el juez Castro, ayer se produjo una cumbre en territorio neutral, en Barcelona. Los asistentes fueron Iñaki Urdangarin; su abogado, Mario Pascual Vives; el abogado penalista de la infanta, Jesús Silva, y el socio de este en la división de Derecho Penal de Roca Junyent Abogados, Pau Molins. Sin embargo, Miquel Roca no hizo acto de presencia en la reunión en ningún momento.

La hija del rey ya preveía la posibilidad de verse imputada nuevamente en el procedimiento. Y, desde el primer minuto, tenía claro que quería que fuera Miquel Roca el encargado de su representación procesal, esencialmente por la relación de amistad que les une.

Miquel Roca no es penalista. No deja de llamar la atención que el 10 de enero los bufetes Roca i Junyent y Molins-Silva, este último especializado precisamente en Derecho Penal, anunciaran su fusión, aunque ambos mantengan sus propios sellos profesionales. Eso permitía que fuera uno de los nuevos socios de Roca, Jesús María Silva, quien asistiera al antiguo político en la labor de defender a la hija del rey en los tribunales.

En algunos ambientes jurídicos de Barcelona sorprendió que fuera Silva y no Pau Molins quien acompañara a Miquel Roca a la hora de defender a la infanta Cristina, sin desmerecer por ello los méritos profesionales de Silva, un hombre especialmente bien relacionado con jueces y fiscales, pero con menos caché que su socio. Otras fuentes, sin embargo, apuntan que Molins afronta un problema de carácter personal que entorpecería la intensiva dedicación que requerirá la defensa de la infanta si finalmente se confirma. El hecho de que sea el defensor de Jordi Montull, exdirector del Palau de la Música y socio de Félix Millet en el expolio de la institución musical, puede empañar su imagen de letrado de la hija del rey.

Fuentes próximas a ambos bufetes, sin embargo, señalan que desde el primer momento se hizo patente la incompatibilidad de caracteres entre Roca y Silva. La distancia entre ambos se hizo aún más evidente cuando la infanta fue momentáneamente imputada en el 'caso Nóos', y Roca y Silva tuvieron que presentar un recurso contra la decisión del juez Castro. Roca impuso que en el escrito se describiera la relación de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin como la de una esposa sumisa e ingenua que no se enteraba de lo que hacía su marido. Silva era partidario de presentar el matrimonio como la unión de dos personas con actividades profesionales completamente separadas en las que la infanta no tenía por qué conocer las actividades de su marido, pero en absoluto como una víctima.

A la vista de las nuevas evidencias halladas por el juez Castro está claro que el criterio de Silva, a pesar de que no se ajuste a la realidad, era mucho más creíble que el que finalmente se presentó y que en ambientes jurídicos y judiciales de Barcelona se describe como ridículo.

Red de contactos

Red de contactosLos enfrentamientos entre Roca y Silva han sido públicos y notorios en el bufete. Algunas fuentes atribuyen el hecho de que hayan seguido manteniendo su relación profesional a que el hermano de Jesús Silva es Manuel Silva, miembro del Consejo de Estado y con acceso directo al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce. Aunque otras fuentes aseguran que Torres-Dulce recibe a Roca siempre que este lo cree necesario por su nueva condición de “emisario real”.

Roca abandonó la política en 1996, al cabo de un año de perder las elecciones a la alcaldía de Barcelona ante el socialista Pasqual Maragall. El exdirigente de Convergència no albergaba duda alguna sobre su futuro: iba abrir un bufete de abogados que en menos de 10 años se convertiría en uno de los principales de la capital catalana.

Aunque originalmente Roca partió sólo con el bufete de su cuñado, desde el inicio ha ido absorbiendo otros despachos hasta convertirse en uno de los mayores de Barcelona, especialmente por la propia capacidad de Roca de relaciones públicas y por su extenso volumen de contactos.

Desde el primer momento, el bufete de Roca pudo exhibir clientes de la talla de Catalana Occidente, el Banco Sabadell o Gas Natural. Sin embargo, en los últimos tiempos la presencia del propio Roca no ha servido para que el bufete se librara de los embates de la crisis.

La caída de los ingresos de determinadas divisiones provocó una auténtica revolución en el despacho a finales del año pasado. El propio Miquel Roca intentó imponer una reducción de salarios a todos los letrados de la firma, ante el levantamiento de los miembros del departamento de Concursal, cuya facturación ha mantenido en buena medida el despacho. Finalmente, Roca impuso su tesis, y provocó una auténtica fuga de abogados, hasta el punto de que ha cundido el desánimo en la firma. Las mencionadas fuentes jurídicas aseguran que el edificio del bufete en la barcelonesa calle Aribau “tenía dos plantas vacías”. Plantas que han ocupado los efectivos del bufete Molins-Silva.

La família Carceller, accionista de referència de Damm, Pescanova, Sacyr, Repsol i la petroliera canària Disa, no travessa el seu millor moment. El patriarca de la família, Demetrio Carceller Coll, fill del ministre franquista del mateix nom, s'enfronta a una petició de 48 anys de presó de la Fiscalia Anticorrupció per un conjunt de delictes fiscals que sumen 72 milions d'euros. I l'hereu, Demetrio Carceller Arce, president de la cervesera Damm, afronta una petició d'una pena de 14 anys de presó.

I, tot i així, podria ser molt pitjor per a ells: l'auditora Deloitte ha denunciat que els Carceller van falsejar els comptes de Disa de 2012 per anotar uns beneficis de 49 milions d'euros quan, en realitat, el balanç llançava unes pèrdues de més de 53 milions.

El sorprenent és que aquest fet ja va ser denunciat per un grup de particulars fa un any davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de Catalunya, que va decidir arxivar les diligències amb l'argument que els fets no constituïen delicte, tot i que era pública i notòria la instrucció del jutge Pablo Ruz i d'Anticorrupció per fer seure a la banqueta els principals representants de la família Carceller.

En el cas per delicte fiscal i blanqueig de capitals contra els Carceller, en què també estan acusats l'home de confiança de la família, José Luis Serrano Flórez, i l'assessor fiscal radicat a Londres Gabriel Pretus Labayen -i que va ser instruït primer per el jutge Baltasar Garzón i, posteriorment, pel seu successor Pablo Ruz-, s'acusa Demetrio Carceller pare d'haver simulat que residia a Portugal i Regne Unit per evitar les seves obligacions fiscals a Espanya fins a arribar als esmentats 72 milions d'euros.

La figura de Pretus Labayen emergeix com una peça clau perquè els Carceller no són els seus primers clients multimilionaris que s'enfronten a la persecució del fisc per haver simulat que residien fora d'Espanya per consell d'aquest assessor fiscal. L'empresari català Eugenio Mora, antic propietari de la marca Burberrys a Espanya, es va veure imputat també en el procediment i va mitigar les seves tribulacions judicials fent entrega a l'Agència Tributària d'un xec de res menys que 27 milions d'euros, la major quantitat abonada fins la data en concepte de sanció per un particular a Espanya.

'Cas Pretòria'

De la documentació intervinguda al despatx de Pretus a Barcelona també va néixer el 'cas Pretòria', de corrupció urbanística a Catalunya, i que manté imputats als exhombes forts de Jordi Pujol, Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, i als exdirigents del PSC Bartomeu Muñoz i Luis García Sáenz.

Els Carceller, però, van incórrer en més irregularitats perquè, segons l'escrit lliurat per la Fiscalia Anticorrupció al jutge Ruz, van teixir una autèntica trama d'empreses reals i fantasmes per, primer ocultar el seu patrimoni i, després, aflorar blanquejat. Ho van fer a través de societats com Atlàntica Petrogás SA (antiga Naviera Petrogás S.A.). D'aquesta societat, Demetrio Carceller pare en posseïa un paquet a través d'Aboukier Marítima SA, participada al seu torn per la societat de Madeira, un paradís fiscal, Roquesta Constultadoria I Serveis LDA. Entre elles s'adquirien participacions que passaven a formar part d'altres societats com la luxemburguesa List SA o l'alemanya Bankhaus Hermann Lampen KG, en el que el fiscal s'anomena Operació Nelson.

L'escrit detalla operacions similars per l'ocultació d'actius en altres societats com Piolin (per ocultar paquets accionarials en Immobles de l'Arxipèlag SA, Cursa, Syoc, Amicsa), l'operació Halfrond (per ocultar inversió en Hidroelèctrica del Cantàbric SA) o l'anomenada operació de societats agràries (inversions en Majanova, Garcibravo, Els Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque i FM).

Crida l'atenció que la major part d'aquestes empreses es dediquen al sector petrolífer o estiguin radicades a l'arxipèlag canari, el que les vincula estretament amb el primer negoci que els Carceller emprendre van quan van aconseguir la seva fortuna per la venda del Banc Comercial Transatlàntic a l'alemany Deutsche Bank, la petroliera canària Disa.

Dies abans que transcendís l'escrit d'acusació del fiscal anticorrupció, es va conèixer l'informe de l'auditor de Deloitte Ignacio Ramírez, que afirma que Disa Corporación Petrolífera es va atribuir beneficis ficticis de 49 milions d'euros en l'exercici 2012 quan, en realitat, havia perdut més de 53 milions.

Fonts pròximes a la Fiscalia Anticorrupció asseguren que el Ministeri Públic està estudiant amb detall l'informe de l'auditor de Disa per si el falsejament dels comptes pogués formar part de l'operació de blanqueig de capitals que atribueix als Carceller.

El paradoxal és que Anticorrupció no hauria necessitat esperar a l'informe de Deloitte per conèixer les acusacions de falsejar els comptes que pesen contra els Carceller. Fa un any, concretament el 19 d'octubre de 2012, un concessionari de Disa presentar una denúncia davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de Catalunya en què acusava la petroliera precisament de falsejar els seus comptes.

Concessionaris indignats

Tot i que la denúncia en realitat acusava Disa d'estrangular a les seves gasolineres concessionàries amb pràctiques abusives com vulnerar el termini màxim d'abanderament-la Unió Europea estableix un màxim de 10 anys per a l'exclusiva en el subministrament de carburant a les gasolineres independents, mentre Disa exigeix 35 anys-o el privilegi de la distribuïdora de fixar unilateralment els preus, també acusava la companyia dels Carceller de falsejar els seus comptes.

Segons la denúncia, les pràctiques de Disa estan encaminades a quedar-se amb les gasolineres dels concessionaris “díscols” després abocar al tancament. Quan les gasolineres tanquen, sempre segons el text de la denúncia, Disa suma les instal·lacions als seus actius, estiguin com estiguin les obres, a preu molt per sobre del mercat. Per aquesta raó, la denúncia considera que Disa havia incorregut en un delicte de maquinació per alterar el preu de les coses, un delicte contra el mercat per la seva actuació amb la concessionària i, especialment, un delicte societari per “un increment d'actius en balanç irreal per la nul·litat contractual i per la negativa a pagar del concessionari”.

Sorprenentment, i malgrat que eren públiques les diligències que seguia el jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional contra els Carceller, tot just 10 dies després de la interposició de la denúncia, el 28 d'octubre de 2012, el fiscal Ricardo Sanz-Gadea va adoptar un acord pel qual arxivava les diligències informatives obertes a instàncies dels denunciants perquè considerava que en els fets relatats “no s'aprecien els elements típics del delicte contra el mercat” ni que el falsejament dels comptes “causin perjudici econòmic a un tercer ”. No consta que en cap moment s'informés de la denúncia a la Fiscalia Anticorrupció.

Aquest diari es va posar en contacte aquest dimecres amb la Fiscalia de Delictes Econòmics de Catalunya per demanar la seva versió dels fets, però els representants del Ministeri Públic no van atendre les trucades.

La familia Carceller, accionista de referencia de Damm, Pescanova, Sacyr, Repsol y la petrolera canaria Disa, no atraviesa por su mejor momento. El patriarca de la familia, Demetrio Carceller Coll, hijo del ministro franquista del mismo nombre, se enfrenta a una petición de 48 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de delitos fiscales que suman 72 millones de euros. Y el heredero, Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, afronta una petición de una pena de 14 años de prisión.

Y, aun así, podría ser mucho peor para ellos: la auditora Deloitte ha denunciado que los Carceller falsearon las cuentas de Disa de 2012 para anotarse unos beneficios de 49 millones de euros cuando, en realidad, el balance arrojaba unas pérdidas de más de 53 millones.

Lo sorprendente es que este hecho ya fue denunciado por un grupo de particulares hace un año ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Catalunya, que decidió archivar las diligencias con el argumento de que los hechos no constituían delito, a pesar de que era pública y notoria la instrucción del juez Pablo Ruz y de Anticorrupción para sentar en el banquillo a los principales representantes de la familia Carceller.

En el caso por delito fiscal y blanqueo de capitales contra los Carceller, en el que también están acusados el hombre de confianza de la familia, José Luis Serrano Flórez, y el asesor fiscal radicado en Londres Gabriel Pretus Labayen –y que fue instruido primero por el juez Baltasar Garzón y, posteriormente, por su sucesor Pablo Ruz–, se acusa a Demetrio Carceller padre de haber simulado que residía en Portugal y Reino Unido para evitar sus obligaciones fiscales en España hasta alcanzar los citados 72 millones de euros.

La figura de Pretus Labayen emerge como una pieza clave porque los Carceller no son sus primeros clientes multimillonarios que se enfrentan a la persecución del fisco por haber simulado que residían fuera de España por consejo de este asesor fiscal. El empresario catalán Eugenio Mora, antiguo propietario de la marca Burberry's en España, se vio imputado también en el procedimiento y mitigó sus tribulaciones judiciales haciendo entrega a la Agencia Tributaria de un cheque de nada menos que 27 millones de euros, la mayor cantidad abonada hasta la fecha en concepto de sanción por un particular en España.

'Caso Pretoria'

'Caso Pretoria'De la documentación intervenida en el despacho de Pretus en Barcelona también nació el 'caso Pretoria', de corrupción urbanística en Cataluña, y que mantiene imputados a los exhombres fuertes de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y a los exdirigentes del PSC Bartomeu Muñoz y Luis García Sáenz.

Los Carceller, sin embargo, incurrieron en más irregularidades porque, según el escrito entregado por la Fiscalía Anticorrupción al juez Ruz, tejieron una auténtica trama de empresas reales y fantasmas para, primero ocultar su patrimonio y, después, aflorarlo blanqueado. Lo hicieron a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad, Demetrio Carceller padre poseía un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira, un paraíso fiscal, Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la luxemburguesa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG, en lo que el fiscal denomina Operación Nelson.

El escrito detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como Piolin (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa), la operación Halfrond (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada operación de sociedades agrarias (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).

Llama la atención que la mayor parte de esas empresas se dediquen al sector petrolífero o estén radicadas en el archipiélago canario, lo que las vincula estrechamente con el primer negocio que los Carceller emprendieron en cuanto lograron su fortuna por la venta del Banco Comercial Transatlántico al alemán Deutsche Bank, la petrolera canaria Disa.

Días antes de que trascendiera el escrito de acusación del fiscal anticorrupción, se conoció el informe del auditor de Deloitte Ignacio Ramírez, que afirma que Disa Corporación Petrolífera se atribuyó beneficios ficticios de 49 millones de euros en el ejercicio 2012 cuando, en realidad, había perdido más de 53 millones.

Fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción aseguran que el Ministerio Público está estudiando con detalle el informe del auditor de Disa por si el falseamiento de las cuentas pudiera formar parte de la operación de blanqueo de capitales que atribuye a los Carceller.

Lo paradójico es que Anticorrupción no habría necesitado esperar al informe de Deloitte para conocer las acusaciones de falsear las cuentas que pesan contra los Carceller. Hace un año, concretamente el 19 de octubre de 2012, un concesionario de Disa presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña en la que acusaba a la petrolera precisamente de falsear sus cuentas.

Concesionarios indignados

Concesionarios indignadosAunque la denuncia en realidad acusaba a Disa de estrangular a sus gasolineras concesionarias con prácticas abusivas como vulnerar el plazo máximo de abanderamiento –la Unión Europea establece un máximo de 10 años para la exclusiva en el suministro de carburante a las gasolineras independientes, mientras Disa exige 35 años– o el privilegio de la distribuidora de fijar unilateralmente los precios, también acusaba a la compañía de los Carceller de falsear sus cuentas.

Según la denuncia, las prácticas de Disa están encaminadas a quedarse con las gasolineras de los concesionarios “díscolos” tras abocarlos al cierre. Cuando las gasolineras cierran, siempre según el texto de la denuncia, Disa suma las instalaciones a sus activos, estén como estén las obras, a precio muy por encima del mercado. Por esa razón, la denuncia considera que Disa había incurrido en un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, un delito contra el mercado por su actuación con la concesionaria y, especialmente, un delito societario por “un incremento de activos en balance irreal por la nulidad contractual y por la negativa a pagar del concesionario”.

Sorprendentemente, y a pesar de que eran públicas las diligencias que seguía el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra los Carceller, apenas 10 días después de la interposición de la denuncia, el 28 de octubre de 2012, el fiscal Ricardo Sanz-Gadea adoptó un acuerdo por el que archivaba las diligencias informativas abiertas a instancias de los denunciantes porque consideraba que en los hechos relatados “no se aprecian los elementos típicos del delito contra el mercado” ni que el falseamiento de las cuentas “causen perjuicio económico a un tercero”. No consta que en momento alguno se informara de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción.

Este diario se puso en contacto este miércoles con la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña para recabar su versión de los hechos, pero los representantes del Ministerio Público no atendieron las llamadas.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de la localidad barcelonesa de l’Hospitalet de Llobregat, Marcos Melendi, ha dado una nueva vuelta de tuerca en su asedio a Catalunya Caixa por colocar de forma engañosa productos tóxicos como las preferentes o la deuda subordinada a sus clientes. Si en junio decidió imputar al delegado de una oficina de la entidad en la localidad por colocar 96.000 euros en deuda subordinada a una pareja de ancianos, ahora ha decidido solicitar a la entidad que identifique a los miembros del Consejo de Administración que aprobaron la emisión de subordinadas en 2006, por si hubieran dado instrucciones a su personal para colocarla de forma engañosa. Fuentes judiciales consideran que es un paso previo a la imputación de aquel Consejo de Administración.

Melendi comunicó su decisión el 3 de septiembre. Prácticamente al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, decidió imputar a los expresidentes de Catalunya Caixa Narcís Serra y Adolf Todó y a otros 52 consejeros y exconsejeros de la entidad por haberse otorgado retribuciones excesivas cuando la entidad acabó intervenida por el FROB.

En junio, el juez Melendi citó en calidad de inculpado al anterior director de la oficina de Catalunya Caixa de la Avenida Severo Ochoa de l’Hospitalet de Llobregat, Antonio Puig García, al que imputa los delitos de estafa, apropiación indebida y delito societario por colocar en 2006 más de 96.000 euros que tenían depositados en una cuenta a plazo fijo una pareja de ancianos en deuda subordinada de la entidad, un producto similar a las tristemente célebres participaciones preferentes, pero aún más sofisticado, y, en casos como Catalunya Caixa, que ha acabado intervenida y en manos del FROB, aún más tóxico.

En aquel momento, el presidente de la caja catalana era Antoni Serra Ramoneda, y el director general Josep Maria Loza, que, poco después, fueron sustituidos por Narcís Serra en la presidencia y, tras un breve periodo en el que el director general fue Antonio Casado, por el propio Adolf Todó como director general. Todos ellos podrían verse ahora obligados a responder por haber colocado de forma engañosa la emisión de deuda subordinada.

La citación de Antonio Puig en calidad de imputado rompió un tabú que hasta entonces no se habían atrevido a romper los jueces: depurar las responsabilidades de los empleados de las entidades financieras que se encargaron de comercializar las preferentes y la deuda subordinada. Hasta ahora, los empleados habían quedado fuera de las iniciativas judiciales porque se les aplicaba el principio de obediencia debida: no hacían sino cumplir las órdenes de las direcciones de sus organizaciones a la hora de colocar estos productos entre los clientes de las entidades.

Sin embargo, recientemente los jueces han decidido evaluar el grado de entusiasmo con el que los empleados de las entidades comercializaban estos productos y qué medios utilizaron para convencer a sus clientes. Especialmente porque recibían comisiones de sus entidades por comercializar esos productos tóxicos. La mayor parte de los afectados por el escándalo de las preferentes carecía de los conocimientos financieros necesarios para evaluar el riesgo del producto.

El juez Melendi dictó la providencia en la que citó como imputado al exdelegado de Catalunya Caixa responsable de la operación el pasado 31 de mayo, aunque no fue comunicada a las partes hasta el 5 de junio, el mismo día en que el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, hacía lo propio con el delegado de una sucursal de Bancaja. En el caso que instruye el juez Andreu, además, la víctima de la estafa no era ni siquiera un particular, sino una empresa.

Pero Melendi ha decidido ir aún más lejos y no limita la responsabilidad al que fuera delegado de la oficina, sino que parece interesado en determinar hasta qué punto son también responsables los consejeros de la entidad. El magistrado ha solicitado la identificación de los consejeros a petición de la acusación particular con el criterio favorable de la Fiscalía.

Sin acceso a los ahorros

Los clientes ordinarios se han encontrado sin acceso a sus ahorros, que están prácticamente a disposición de las entidades de por vida. Lo tienen aún peor si además eran clientes de una de las tres entidades que han tenido que ser rescatadas por el FROB –Bankia, Novacaixa Galicia y Catalunya Caixa–, a pesar de que fueron engañados cuando se les dijo que estaban colocando sus ahorros en productos de la familia de los depósitos a plazo fijo.

Muchos de ellos, como la pareja de ancianos de l’Hospitalet que ahora acusa a la caja de ahorros quebrada y a su empleado, afirman que si autorizaron a los delegados de las entidades a suscribir estos productos en su nombre fue porque se les explicó que eran similares a los depósitos a plazo fijo, pero con rentabilidades muy superiores. En realidad, se trata de productos muy sofisticados destinados a los grandes fondos de inversión, muchos de los cuales también han perdido ingentes cantidades de dinero, aunque no pueden alegar ignorancia.

A pesar de su condición de víctimas, no tienen margen para la negociación porque se enfrentan a entidades propiedad del Estado y se verán abocados al arbitraje promovido por el Gobierno. Un arbitraje que les obligará a perdonar a las entidades cerca del 70% de sus ahorros.

Aunque el matrimonio pedía explicaciones con frecuencia a la sucursal de Catalunya Caixa, nunca obtenía una respuesta satisfactoria. El delegado que les colocó las subordinadas, además, fue sustituido por el actual, quien como única solución les ofrecía acudir al Tribunal de Arbitraje de Catalunya.

Fue entonces cuando los hijos del matrimonio decidieron intervenir y tomar las riendas de la negociación con la entidad. Conscientes de que el arbitraje les iba a suponer algún tipo de pérdidas a favor de Catalunya Caixa, amenazaron a la entidad con una querella si no reintegraban la totalidad de los 96.000 euros a sus padres.

La predecesora del juez Melendi, la jueza Zita Hernández, admitió a trámite la querella, que acusa a Catalunya Caixa y a su empleado de estafa, apropiación indebida y delito societario (pdf) el pasado 22 de enero. Aunque los portavoces oficiales de la entidad quisieron restar importancia a la decisión de la magistrada, el precedente causa inquietud tanto en la institución como en el sector, especialmente después de la citación del empleado como imputado.