Antonia tiene una pequeña nevera que gotea cada vez que abre. Se debate entre comprar otra o no, porque vive de alquiler en un piso de Lavapiés y el propietario no le cobra mucha renta, pero tampoco le paga sus electrodomésticos. Un día decide ir a una tienda y mirar modelos, pequeñitos, porque solo quiere guardar “cuatro ajos”, como dice ella.

Cuando va de camino, una vecina le llama y frustra los planes: su casero va a vender a un fondo buitre el piso de alquiler y las otras 51 viviendas con las que comparte escalera. Antonia se queda en shock y decide pausar la compra, para volver a recoger el goteo de su refrigerador y a su incierto futuro.

La siguiente escena -os estoy contando una película real- es con Antonia en la tienda de electrodomésticos, hablando con el dependiente y escogiendo su nueva nevera. Eligiendo resistir junto a otras vecinas. Quedándose con la esperanza.

La metáfora de la nevera es uno de los hilos conductores de Soy Tribulete 7, un documental recién sacado del horno, que tuve la suerte de ver el pasado martes en el Teatro del Barrio, donde se mostró al público por primera vez. Sus autoras, las periodistas Leah Pattem y Elisa González, se han pasado dos años grabando historias de los vecinos de este bloque, adquirido por el fondo Elix y ejemplo de los desahucios silenciosos que tienen lugar -a miles- en Madrid.

“Lo cotidiano que tenemos en el barrio lo están vendiendo y lo están destruyendo. Están echando a nuestros vecinos para traer a turistas y queremos que se oiga”, explicaba Elisa durante la presentación sobre los procesos económicos que amenazan espacios como este edificio, cuyos habitantes son la pura esencia de Lavapiés, el ADN que compone Madrid.

Lo que pasa en Tribulete 7 lleva mucho tiempo apareciendo en los medios de comunicación. Somos Madrid lo ha contado varias veces, incluyendo la última gran victoria vecinal: la de sentar en el banquillo por acoso inmobiliario al fondo buitre, acusándolo de llevar a cabo molestas obras de reforma con intención de echar a los vecinos. De momento han conseguido expulsar a la mayoría: solo quedan 15 de los 52 alquilados. Pero los inquilinos prometen quedarse todo lo que puedan.

La historia de su lucha se hubiera podido perder en el tiempo, pero gracias a este magnífico documental podrá pervivir y enseñar a otros el camino para resistir ante la voracidad inmobiliaria. La película, que tiene un enorme trabajo de grabación y montaje detrás (hay más de 1.000 horas de material, condensado en 53 minutos), acaba de echar a rodar y su camino de exhibición va a ser largo. También costoso.

De momento sus impulsoras están vendiendo carteles ilustrados del documental para financiar los siguientes pasos y ofrecen proyecciones gratuitas. En la web oficial del documental tienes más información sobre ellas, así como en el email de contacto (soytribulete7@gmail.com) y en sus redes sociales, donde acaban de estrenar un tráiler que te deja con ganas de conocer más historias. No desvelo ninguna otra porque merece la pena sentarse a verlas y escucharlas.

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Hubo un tiempo, hasta mediados de los noventa, en el que el barrio arrastró de forma incesante una degradación intensa, con infravivienda, abandono institucional y una fuerte estigmatización del barrio de “los manolos y las manolas”. Es a finales del siglo XX cuando la intervención pública se activa, mediante una serie de programas de adecentamiento del espacio público, rehabilitación de edificios en ruina y mejoras o instalaciones de equipamientos públicos. Era necesario, estaba claro. Arquitectónicamente, el barrio estaba reventado. La zona concentraba, y sigue concentrando, buena parte de la bolsa de infravivienda del centro de la ciudad. El problema no fue intervenir, sino cómo y para quién.

Y es que el trasvase de recursos públicos hacia propietarios privados para rehabilitar viviendas sin controlar los precios de compraventa o alquiler abrió la puerta al primer ciclo contemporáneo, que, en los años 2000, daba el pistoletazo de salida a un proceso de gentrificación que no disimulaba en su programa de higienización social. Aún recuerdo una conversación con la urbanista del Ayuntamiento donde expresaba, sin tapujos, que los jóvenes y estudiantes de aquel entonces eras los únicos en querer entrar a los pisos rehabilitados de corralas, con el tamaño de una caja de cerillas, y los únicos que querrían vivir en un barrio, en sus términos, “multicultural”.  Ese fue el primer elemento que generó el proceso incipiente. Lavapiés era barato, céntrico y simbólicamente potente. Llegaron artistas, activistas, profesores, estudiantes, trabajadores culturales; gentes que buscaban un barrio vivo, mestizo, con alquileres todavía accesibles.

Entre 2005 y 2011 el perfil educativo del vecindario cambió de forma radical. Lavapiés se convirtió en el barrio de Madrid con las tasas más altas de población con estudios superiores y con la mayor concentración por km2 de Doctores (no médicos). La movilidad residencial se disparó. Salieron hogares hacia el sur y sureste de Madrid; entraron residentes desde el norte de la ciudad, desde Chamberí, desde Malasaña, como una mancha de aceite bajando hacia el centro.

Después llegó otro actor que alteró por completo la ecuación. La expansión de plataformas como Airbnb a partir de 2015 trajo consigo la turistificación y dio un sorpasso a la gentrificación, convirtiendo al barrio en una olla a presión entre varios procesos que se daban en el mismo lugar. La plusvalía dejó de concentrarse en la compraventa o en el alquiler residencial, que había subido como la espuma entre 2005 y 2013, y se desplazó hacia la vivienda turística. El barrio, con su parque de casas pequeñas, interiores mínimos, abuhardillados que nunca fueron vivienda y áticos imposibles, resultó especialmente tentador para inversionistas rápidos. Muchas de las antiguas infraviviendas, difíciles de vender o alquilar para uso estable, eran perfectas ahora para convertir al barrio en parte de la escena “city break” europea y atraer turistas para estancias de dos noches. Ahí se abría una nueva brecha, otra pugna por el sentido del barrio. A la suma de turistas, gentrificadores de largo aliento, población residente autóctona de procedencias geográfica variadas, canallitas, hosteleros cooperativistas y hosteleros capitalistas, a hoteles franquicia y a pensionados de toda la vida, se le suma una gentrificación internacionalizada. Llegan residentes extranjeros de países desarrollados que encuentran en Lavapiés su East London, su particular Williamsburg, una alternativa a zonas ya saturadas y demasiado pesadas como Malasaña.

Mientras, bloques enteros en lucha contra fondos buitre (los gentrificadores en mayúscula), como Tribulete 7, que ha conseguido este año sentar en el banquillo a la socimi Élix Rental Housing II por coacciones y acoso inmobiliario. O las vecinas de San Ildefonso 20, que luchan por convertir su edificio en una cooperativa de viviendas. O Buenavista 25 y Zurita 22, que siguen la misma estela contra la productora Gloriamundi Producciones, también tenedora inmobiliaria.  Y a esa presión económica se suma una dimensión menos visible pero igual de determinante: Lavapiés sigue concentrando una bolsa importante de población migrante empobrecida, que vive en condiciones materiales muy duras y bajo una fuerte presencia policial. Desde 2012 se han instalado 48 cámaras de videovigilancia, más 17 adicionales en 2022. Las redadas por perfilamiento racial son constantes. El barrio es, al mismo tiempo, icono cool y espacio securitizado. Esa tensión atraviesa la vida cotidiana.

La llamada eventización del barrio refuerza esa deriva. Tapapiés y otros eventos multiplican el flujo de visitantes. Incluso parte del sector hostelero empieza a mostrar fatiga ante la saturación con calles convertidas en escenario permanente, donde el vecino estable se siente figurante en su propio barrio. Y es que la promoción simbólica hizo estragos en el barrio, con revistas de tendencias como Time Out etiquetándolo como el barrio más cool de Europa, convirtiendo su efecto reputacional en lucro inmobiliario. Cada ranking nuevo alimenta expectativas de renta. Cada titular empuja un poco más el precio del metro cuadrado. Y es que la gentrificación tiene algo de paradójico; si bien, por un lado, se trata de un ejercicio de aculturación, de llegada de clases aburguesadas, biempensantes y con un habitus propio de aquel que no ha roto un plato en la vida, como clases ejemplificantes del buen gusto y los buenos modales; al mismo tiempo, es un ejercicio de apropiación cultural, de compra de su identidad macarra, obrera, rude, pero en una versión neutralizada, estetizada (o si prefieren, esterilizada), que se pretende inocua.

Mientras, en una pequeña zona que apenas ha sido tocada, entre la calle Embajadores y el Rastro, y que no formó parte de aquel primer el proceso de rehabilitación urbana y que sigue siendo algo parecido al Lavapiés de los 2000. Por ahí circula La Rosa, centro social okupado con una pata en Lavapiés y otra en el Rastro, representa esa constelación histórica de espacios autogestionados que han sostenido que otro barrio es posible. El caso reciente del intento de destrucción del edificio histórico que albergaba no solo patrimonio popular histórico que conservar sino lo que una vez fue el restaurante senegalés Baobab, para reconvertirlo en hotel-cápsula, ha reactivado esa energía de resistencia. No es solo la defensa de un inmueble concreto, es la defensa de un límite. Cuando ocurre algo así, siempre surge esa mística de la resistencia vecinal que intenta aplicar cierto nivel de contención sobre un barrio que está ahogado en todos los términos.

Lavapiés al Límite, plataforma integrada por 52 colectivos y asociaciones, ha convocado recientemente una manifestación bajo el lema Levantadas por nuestro barrio. Es la reacción de quienes sienten que el barrio se les escapa de las manos. Lavapiés está ahogado por múltiples frentes: turístico, inmobiliario, simbólico, policial. Lavapiés no necesita más etiquetas ni más rankings. Necesita políticas valientes que protejan la vivienda residencial, refuercen el comercio cotidiano y hagan desaparecer la dependencia del turismo. Necesita, en definitiva, recuperar margen para que la vida ordinaria vuelva a ser posible. Porque lo que está en juego no es la nostalgia por un pasado idealizado. Es el derecho a permanecer.

Jorge Sequera es investigador de la UNED y director del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) e Investigador Principal (IP) del proyecto Horizon MSCA Staff Exchange NOMADIC: Nomad Movements and Digital Impacts in Cities.

Personajes: PERIODISTA, POLICÍA 1, POLICÍA 2, DEPENDIENTE DEL PUESTO

ACTO I

Escena de colores brillantes. Aunque la temática podría sugerirlo, ni el decorado ni el vestuario son en blanco y negro. Rastro de Madrid. Es un domingo de septiembre. Decenas de personas circulan en todas direcciones. Junto a una esquina, en un callejón que sale de la vía principal, hay un puesto solitario. Lo preside una bandera con el escudo franquista y otra con el símbolo de la Falange. Sobre la mesa se ve la mercancía que está a la venta: llaveros, mecheros, camisetas y todo tipo de objetos con mensajes e imágenes que exaltan la dictadura y el fascismo. También hay otros “recuerdos” con consignas insultantes contra el actual Gobierno. No son muchos los que se acercan a comprar, pero destaca la juventud de algunos de ellos. Junto al puesto, apoyados en la pared, hay dos policías municipales (POLICÍA 1 Y POLICÍA 2) que parecen estar protegiendo el puesto. Entra en escena PERIODISTA que contempla lo que ocurre y se dirige hacia los policías.

PERIODISTA: Buenos días.

POLICÍA 1: Buenos días.

PERIODISTA: Soy periodista. Me van a perdonar, pero exhibir esas banderas va contra la ley.

POLICÍA 1 (con brusquedad): Lo mismo que en un puesto de ahí arriba que tienen una bandera republicana o en muchos otros que hay camisetas con la cara del Che Guevara. Nosotros permitimos que cada cual se exprese como quiera.

PERIODISTA (algo sorprendido):  La bandera republicana o la camiseta del Che no violan ninguna ley.

POLICÍA 1: La bandera republicana es anticonstitucional.

PERIODISTA: No, perdone. No lo es. Lo que usted me está diciendo es grave. Se lo digo porque voy a escribir una información sobre este lugar y citaré sus palabras.

POLICÍA 1 (incómodo y cada vez más enojado): Cíteme usted lo que quiera. ¿Pero qué ley viola la bandera franquista?

PERIODISTA: La Ley de Memoria Democrática.

POLICÍA 1 (con gesto displicente): Ya. Una ley que han hecho unos.

PERIODISTA (más sorprendido): Disculpe. Esa ley, como todas, la ha aprobado el Congreso de los Diputados. ¿Quiere decir que no hay que cumplir las leyes que aprueba un gobierno que no le gusta? 

POLICÍA 1: ¡Yo no he dicho eso!

PERIODISTA: Sí lo ha dicho. 

POLICÍA 1: Mire, en Tirso de Molina hay un puesto que tiene banderas comunistas con la hoz y el martillo y muchas cosas más.

PERIODISTA: Ya, pero ni la ley de Memoria Democrática ni ninguna otra prohíbe la exhibición de esa bandera. Si en lugar de la franquista, ese puesto tuviera una bandera de ETA, ¿ustedes lo permitirían?

POLICÍA 1 (duda unos instantes, visiblemente incómodo): Pues ya lo veríamos.

PERIODISTA: Pues deberían ustedes retirarla porque también está prohibida por la ley.

POLICÍA 1: ¿A usted le molesta esa bandera? ¿Va a denunciarlo?

PERIODISTA: Lo importante no es si me molesta o no… que sí… me molesta. Veré si lo denuncio. Lo importante es que según la ley ustedes no deberían permitir que se exhibiera.

POLICÍA 1: Ahora mismo la retiro.

POLICÍA 1 da dos pasos para girar la esquina, le dice algo a ENCARGADO DEL PUESTO y este, sin preguntar nada, retira la bandera franquista. Cae el telón.

ACTO II

POLICÍA 1 tiene el DNI de PERIODISTA en la mano y está anotando sus datos en una libreta. POLICÍA 2, el más joven, mira la escena con evidente gesto de enojo. En el puesto se sigue exhibiendo la bandera con el escudo de la Falange y el resto de su mercadería.

PERIODISTA: Ya que usted se ha empeñado en identificarme, cosa que no entiendo, voy a anotar su número de placa.

POLICÍA 1: Haga lo que quiera.

PERIODISTA: ¿Ustedes están aquí para proteger el puesto y evitar que pueda haber incidentes?

POLICÍA 1: Nosotros estamos en esta esquina como podíamos estar allí abajo o ahí arriba. Es la zona que nos corresponde.

PERIODISTA: Ya.

POLICÍA 2 (irrumpe en la conversación): ¿Qué artículo de la ley dice que esa bandera no se puede exhibir? Dígame qué artículo y así aprendemos todos.

PERIODISTA: Ahora mismo no lo recuerdo, pero si quiere se lo busco.

POLICÍA 2 (desafiante): Búsquelo porque ha venido usted aquí dando lecciones y no sabe ni el artículo que según usted se está vulnerando.

PERIODISTA (mientras consulta su móvil): Yo lo busco y se lo enseño, pero deberían ser sus superiores los que se encargaran de que ustedes conocieran las leyes que deben hacer cumplir. Aquí está. Artículo 35, artículo 38…

POLICÍA 1 (mientras policía 2 coge el móvil del periodista y lee): Ya, una ley que solo castiga a unos.

PERIODISTA: ¿Quiere decir que no hay que cumplir una ley si no le gusta? A mí hay leyes que no me gustan, pero si las ha aprobado el Parlamento las tengo que cumplir, aunque no me gusten.

POLICÍA 2 (le devuelve el móvil al periodista): ¿Y según usted esa bandera es la franquista?

PERIODISTA: Según yo, no. Esa la bandera franquista y ese puesto exalta la dictadura y a sus líderes.

POLICÍA 2: Esa bandera es muy anterior.

PERIODISTA: Vamos a ver, Franco se inspiró en símbolos anteriores, pero esa la bandera oficial de su dictadura.

POLICÍA 2: Esa no es la bandera franquista.

PERIODISTA: Sí lo es y además tienen la de la Falange y venden productos que hacen apología del franquismo. ¿La cara de Franco no es un símbolo franquista?

POLICÍA 2 (muy tenso): Ya se ha retirado la bandera. 

PERIODISTA: Ya.

POLICÍA 2: Le digo una cosa. Ha venido usted aquí muy agresivo. La próxima vez que se dirija a la policía hágalo con más respeto. Me da igual que usted sea periodista o camarero u oficinista.

PERIODISTA: Perdone, pero no es lo mismo. Yo me he dirigido a ustedes como periodista, no como ciudadano. Como ciudadano, obviamente, soy igual que un camarero o un oficinista, pero aquí estoy trabajando como periodista.

POLICÍA 2: Si hubiéramos actuado con usted como periodista, no le habríamos podido decir nada. No estamos autorizados a hablar.

PERIODISTA: Y habrían estado en su derecho, pero yo me he identificado desde el primer momento como periodista y he sido muy educado. Me he limitado a explicarles lo que está ocurriendo

POLICÍA 2: Le advierto que, si usted nos cita en el artículo, tomaremos las medidas oportunas.

PERIODISTA: Les citaré, respetando las leyes. Y, en cualquier caso, ustedes estarán en su derecho de hacer lo que consideren oportuno.

POLICÍA 2: Buenos días. Disfrute del Rastro.

PERIODISTA: Adiós.

PERIODISTA se aleja. La escena continúa como si nada hubiera pasado. POLICÍA 1 y POLICÍA 2 permanecen en la esquina. DEPENDIENTE DEL PUESTO sigue vendiendo sus productos. La bandera franquista no está a la vista. Cae el telón.

ACTO III

Pequeña habitación con dos camas. En una de las paredes hay una estantería de madera, antigua, repleta de libros. En una esquina se ve un armario a juego con la estantería. Se ve a PERIODISTA sentado en una de las camas. Tiene sobre las piernas un ordenador portátil en el que termina de escribir un texto que empieza a leer en voz alta.

PERIODISTA: Tengo la sensación, casi la certeza de que, si me hubiera presentado como un ciudadano más… habría tenido muchos más problemas con aquellos dos policías. A la cabeza me viene una imagen: la bandera franquista ondeando en el puesto, mientras el denunciante se iba detenido o con una denuncia en su contra guardada en la cartera. Confieso que, pese a esa supuesta protección que me brinda mi oficio, le sigo dando vueltas al destino final que tendrán mis datos personales. La actitud de los agentes y la manera en que, de forma oficial y ante un periodista, justificaban su rechazo a las leyes “aprobadas por unos” me provoca inquietud y sensación de indefensión. Es alarmante que, ahora mismo, imagine mis datos difundidos públicamente en el chat de algún agitador ultra o en algún foro más privado y, por ello, quizás más peligroso. Es triste que tenga que escribir, una vez más, que no confío en la profesionalidad e imparcialidad de un buen sector de nuestras fuerzas policiales y militares. Es inquietante que me tenga que hacer más preguntas.

¿Fue una anécdota? ¿Un hecho aislado? ¿O estamos ante un comportamiento generalizado e incluso mayoritario entre las fuerzas policiales de este país? Las encuestas de que disponemos sobre la ideología predominante en el ejército y los cuerpos de seguridad del Estado apuntan en la segunda dirección. El problema en sí no es la ideología de los agentes, libres son de pensar como quieran, sino su tentación de no aplicar las leyes que aprueban “los otros” y ser especialmente duros en la ejecución de las que apoyan “los suyos”. En este punto, no son los estudios demoscópicos, sino los hechos los que acrecientan esa sospecha. La tibieza con la que se actúa contra la violencia provocada por manifestaciones y grupos de extrema derecha contrasta con la actitud que las fuerzas policiales despliegan en protestas de otro signo político. Una actitud que podría resumirse en dos ejemplos concretos: aquel “a por ellos” que cantaban los antidisturbios, camino de la Cataluña del procés y los chats policiales alabando a Hitler y amenazando a la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. 

Hay muchos más ejemplos, demasiados. Será o no porque llevo años estudiando el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura, pero no puedo dejar de imaginar lo que ocurriría en España si en algún momento se produce un intento golpista como aquel o como el que Trump lideró, hace mucho menos tiempo, en Estados Unidos. Pienso en qué harían esos dos agentes y el grueso de las fuerzas policiales y militares. Imagino, pienso y me sobreviene un sudor frío.

Se hace el silencio en la habitación. PERIODISTA levanta la vista de la pantalla y mira al infinito. Cae el telón.

Detesto este mundo por permitir algo así, a nosotros mismos –los ciudadanos– por no acertar a poner coto a la injusticia y a mí mismo por estar escribiendo un texto de opinión a posteriori en lugar de la actualización de la noticia.

El artículo podría haberse titulado: Desahucian en Lavapiés a Marina –es imprescindible que aparezcan lo nombres propios–, de 94 años, por una deuda de 12.000 euros. Ahora, ya es tarde.

Aunque sea tarde, quizá alguien debería poner una de esas placas color mostaza que señalan los domicilios de las gentes ilustres a la altura de la calle Doctor Fourquet 35, donde hoy se ha ejecutado el desahucio. Una que diga, “Aquí vivió durante 34 años Marina López, se la llevó a la fuerza la policía. El Estado puso todo su empeño en desahuciarla”. Con una placa similar en cada una de las casas donde se ha producido un desahucio en los últimos años a lo mejor la próxima vez no llegamos tarde.

Quizá seamos un poco más insensibles que en 2014, cuando el desahucio de Carmen, de 85 años, levantó una ola de solidaridad y el Rayo Vallecano terminó pagando un alquiler para la anciana. Somos unas decenas de miles de desahucios más inhumanos que entonces. La semana pasada contábamos el desahucio de un padre y su hija de su casa de toda la vida en Tetuán. Hoy mismo el Movimiento por la vivienda ha conseguido aplazar el de doce familias en Puente de Vallecas (desahucia la Sareb, el 51% de la cual pertenece al Estado). Habrán desahuciado a otra persona también, sin nombre propio, sin que nadie se haya enterado.

Cuando lo de Carmen y el Rayo, Marina, que entonces tenía más o menos la misma edad que ella, aún podía pagar el alquiler. Ha faltado a la cita con su casero los dos últimos años, y aún así es posible que el coste de los tres intentos de desahucios llevados a cabo de febrero a hoy, de acordonar esta mañana su calle, llevar nueve lecheras y una dotación de Samur Social no sea mucho menor que esos cochinos 12.000 euros, aunque fueran mucho para su pensión no contributiva. Un coste mucho mayor en términos de lo que una sociedad puede soportar frente a un espejo, en todo caso.

Vas a llorar leyendo el testimonio de su sobrino en El País. Cómo la policía, malencarada, ha arrancado a Marina de su hogar mientras gritaba que, para sacarla, tendrían que matarla. Cómo han negado a la anciana la compañía de sus vecinos, una mano amiga, el día de su desahucio. Cómo el Estado y su Policía Nacional han hecho carne aquella definición de Estado como monopolio de la violencia. Vas a llorar de rabia, seguro, con el vídeo que acompaña a la crónica de XLavapiés, con la frialdad funcionarial de la expulsión y el arrebato vecinal de indignación en forma de grito: “¡vergüenza!”

Pero en solo seis días hay programado otro desahucio en el barrio de Lavapiés: a Zohra y su hijo de ocho años los echan de casa en la calle Zurita y se ha convocado a las puertas de su hogar para intentar pararlo. A ver si esta vez empezamos a revertir la marcha de pies cansados y, cada uno desde nuestro lugar, acompañamos al Movimiento por la vivienda en su lucha incansable por hacer este mundo más habitable.