El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha salido con la suya, por lo menos hasta ahora, en Castilla y León. En abril de este año, la Junta de Castilla y León convocó unas oposiciones de Enfermería después de que la última oferta de empleo público se hiciera en 2011. Los exámenes se iban a realizar el próximo domingo 22 y se habían sacado a oposición 554 plazas de enfermeros y enfermeras, para las que se iban a presentar 20.000 personas.

Estas oposiciones se realizaban al agrupar  las plazas de la Oferta de Empleo Público de los años 2009, 2010 y 2011.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido, de forma cautelar, esta convocatoria y da la razón al Estado, que fue quien recurrió, a instancias del Ministerio de Hacienda. En el recurso, se consideraba que con esta oposición se iban a superar los límites de déficit público máximo posible, recogido en la Ley Orgánica 2/2012

También se consideraba, por parte del Ministerio de Hacienda, que no había una oferta de empleo público válida, ya que la última fue del año 2011, cuando su plazo de validez era de tres años de duración, según la legislación vigente.

Ante ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso y considera, como hizo el abogado del Estado, que la falta de oferta de empleo público válida constituye un supuesto de “nulidad de pleno derecho que arrastra a la convocatoria de pruebas selectivas efectuada”.

En la sentencia, también se afirma que es “superior el perjuicio que se causa a los aspirantes de las pruebas selectivas por la realización de las mismas”, ante una posible nulidad de todo el procedimiento que pudiera el órgano judicial pudiera declarar.

El fallo judicial apunta, además, que “no hay duda que del tenor literal del precepto se genera la plena caducidad de la oferta de empleo” y “al momento de la convocatoria han transcurrido ya cuatro años desde que se aprobó la oferta de empleo”, algo que en opinión del Tribunal “no puede ser objeto de ejecución ante su extinción, por consunción temporal”.

En el recurso, Hacienda dijo que con esta convocatoria de la Consejería de Sanidad de más de 500 plazas “se pone en riesgo la política de contención del gasto público, que deriva del Real Decreto de 2011”. Sin embargo, el tribunal afirma, en este sentido, que las conclusiones sobre los plazos “hacen innecesario analizar la perspectiva de la vulneración de los límites presupuestarios”.

Ante ello, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, manifestó tras conocer la sentencia su “disconformidad” e “incomprensión. Sin embargo, reconoció que sabían las posibles repercusiones que podrían tener al convocar esas oposiciones. ”Nos arriesgamos porque el que no arriesga no vence y también porque lo medimos mucho y existen otras sentencias favorables a nuestra postura en otras comunidades como Asturias o Andalucía“.

Por su parte, la portavoz del PSOE de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, Mercedes Martín, dijo que todo esto era un “escándalo y desvergüenza injustificable” y añadió que al consejero de Sanidad solo le queda asumir la responsabilidad “de tanta manifiesta ineficacia en los procesos selectivos y de tanto maltrato a los profesionales de la Sanidad”.

Segunda comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León. Y segunda vez que el PP, partido que gobierna con el apoyo de un procurador regional de Ciudadanos, aplica su visión de que es el grupo mayoritario y, por tanto, debe presidir estas investigaciones. En esta ocasión, las pesquisas tratarán de ahondar en las posibles irregularidades cometidas con la construcción, y posterior gestión, del Hospital de Burgos. Si por un lado hubo sobrecoste en la edificación que podrían superar los 400 millones de euros, también hay más que sospechas sobre la gestión privada puesta en marcha en este centro hospitalario.

La primera decisión de esta comisión de investigación, que se constituyó ayer en las Cortes de Castilla y León, fue la de imponer el nombre del presidente: será el procurador por el PP en Salamanca, Salvador Cruz, un político que ha obtenido desde la pasada legislatura un gran respaldo de su partido regional en el área de Economía.

Inmediatamente a tomar esta decisión, todos los partidos en la oposición se han lazando en tromba contra el PP, argumentando que soy ellos quien, de verdad, tiene la mayoría en el Parlamento de Castilla y León. Si se sumaran los escaños de PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos y UPL serían mayoritarios.

Sin embargo, el portavoz del PP en esta comisión, Ángel Ibáñez, justificó esta decisión en que es el grupo político mayoritario y es algo que también se da en el resto de comisiones de las Cortes regionales.

Ibáñez también reveló que la próxima sesión de esta comisión tendrá lugar el 17 noviembre y que se afronta con la idea de “quitar el velo de oscuridad” que tiene el Hospital de Burgos, algo que “no favorece a nadie”.

Ahora bien, si desde el PP se pretendía dar claridad a esta construcción, ¿por qué no se aprobó antes una comisión que investigara esos sobrecostes? El propio Ángel Ibáñez tenía la respuesta: “Parece más oportuno hacer una evaluación una vez finalizada la construcción y así comprobar el funcionamiento del modelo para ver si hay cuestiones que se pueden mejorar”.

Para este procurador regional las sospechas y dudas sobre la construcción y gestión del hospital son fruto de “la rumorología” de partidos políticos y asociaciones, referidas a la supuesta privatización del Hospital, algo que es “completamente falso”.

Los partidos en la oposición lanzaron ayer duras críticas a las primeras medidas de esta comisión de investigación. Por parte del PSOE, Mercedes Martín, además de mostrar su “satisfacción” por la comisión de investigación, que fue pedida por los socialistas la legislatura pasada, lamentó “la falta de voluntad del PP para que la presidencia de la Comisión recaiga en un miembro de la oposición y además en una mujer como han defendido el resto de grupos”.

Por parte de Podemos, Laura Domínguez criticó la “falta de actitud democrática” del PP para que las comisiones (eólica y la del nuevo hospital) fueran presididas por los grupos que las solicitaron.

Y desde Ciudadanos, Manuel Mitadiel dijo que si la elección del presidente de la comisión por parte del PP va a ser su forma de actuar “invalidaría el funcionamiento”. Añadió que quieren ver documentación y escuchar las comparecencias “con el objetivo de explicar de que el contrato del nuevo hospital de Burgos haya pasado de 1.000 a 1.400 millones de euros”.

Desde IU, José Sarrión, en el Grupo Mixto, calificó de “rodillo parlamentario” el nombramiento del presidente de la comisión de investigación, “pese a contar con 500.000 votos y el resto de los grupos suma más de 700.000”.

Javier León de la Riva no deja a nadie insatisfecho. Ama a quien lo ama y aborrece a quien lo aborrece. Así ha sido siempre el exalcalde de Valladolid, el regidor que fue condenado por la Justicia por desobedecer diversos autos judiciales, el que arremetió contra todo y contra todos o aquel político que tenía especial inquina por las mujeres.

Ahora, la Audiencia Provincial de Valladolid ha desestimado el recurso que presentó León de la Riva y confirma la sentencia por el que se le condenaba a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al retrasar durante casi un lustro la obligación judicial de restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla por irregularidades urbanísticas y donde además tiene un piso.

De esta manera, la Audiencia de Valladolid mantiene los 13 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal y una multa de 12.600 euros (seis meses a razón de 70 euros el día), junto con el pago de las costas, incluidas las de la acusación popular, según la sentencia que se notificó ayer a las partes.

El fallo judicial destaca que el delito de desobediencia “se encuentra en el largo tiempo transcurrido desde que la Sala de la Contencioso Administrativo del TSJ ordenó al exalcalde a través de requerimientos personales para que procediese al desalojo de los propietarios y ocupantes de las viviendas y oficinas sitas en los áticos del edificio”.

Y añade que ese desalojo “era necesario tanto para la realización de las obras como para que procediesen a la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador contra los responsables de la infracción urbanística”.

Horas después de conocer la sentencia, Javier León de la Riva convocó una rueda de prensa para tratar de salir airoso, acompañado por concejales anteriores y actuales del PP en el Ayuntamiento de Valladolid. Y como es habitual en él logró titulares.

Diversas fuentes consultadas por La Meseta han reconocido que con esta sentencia el futuro político del exalcalde vallisoletano puede haber acabado, al que muchos en su partido ya pretenden darlo por amortizado.

Sin embargo, León de la Riva no dejó claro qué pensaba hacer en el aspecto político. Así, dijo que se tenía “que pensar con mucha tranquilidad” si quería ir en las próximas listas al Congreso o al Senado. “Primero tendría que hablar con la familia, luego pensarlo”, añadió.

Y dejó claro que “no abandono” la política. Aunque está por ver si el PP lo abandona a él. “Todavía las neuronas me funcionan como para desaprovecharlas” y agregó que solo está “para ser concejal o alcalde durante 13 meses”.

En el tono desafiante que muchas veces le ha caracterizado, León de la Riva presumió de haber ganado “todas las elecciones” y dijo sentirse “orgulloso de lo hecho en 24 años.Si me dicen que me iban a condenar no me hubiera presentado, pero entonces era el mejor candidato”.

Por su parte, el presidente del PP en Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, mostró su “total y absoluto” respeto a las sentencias judiciales y definió a León de la Riva como “un gran alcalde” y el “transformador de Valladolid.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en esta Comunidad Autónoma, Juan Vicente Herrera lleva meses jugando al barón díscolo. Con el ministro de Hacienda Montoro, con el de Industria José Manuel Soria. Incluso con el propio presidente del Gobierno y de su propio partido, Mariano Rajoy. Pero, ¿qué le ha llevado a plantearle, incluso, un órdago o un pulso?

En los últimos días, Herrera ha definido su estado de ánimo: “estoy un puntín cabreadado” con el Gobierno central. Y también estaba enojado con los senadores que representan a su región y que votaron en contra de los intereses de Castilla y León en el denominado 'céntimo verde'.

Y quizá por problemas de agenda, o coincidencia, pero el presidente del PP castellano y leonés se ausentó hace unos días de un encuentro de Mariano Rajoy en Toledo con los pesos pesados del partido. Al ser preguntando por esta ausencia dijo, en su tono entre enigmático y querer que le lean entre líneas: “los futbolistas a veces no están en condiciones de jugar por alguna indisposición” y también habló de una “pequeña incidencia de salud”.

Con anterioridad, cuando presentó los Presupuestos de la Comunidad dijo estar un “puntín cabreado” con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el más ministros, por los cambios de criterio contable del Gobierno central, además de los que le ponen a Castilla y León en cuanto al déficit y la deuda, los principales obstáculos de la Junta para hacer sus presupuestos.

También dijo sentirse “abandonado” por el Gobierno de Rajoy en cuanto al denominado 'céntimo verde', que dicen en Madrid haría más competitivo el carbón nacional. Tras el rechazo del PP en el Senado a la proposición del PSOE de ponerlo en marcha, Juan Vicente Herrera dijo que Castilla y León se siente “maltratada” por el Ministerio de Industria, al que le falta “conocimiento, sentimiento, reflexión y alma”.

Ya advirtió que si él fuera senador sabría que votar por “coherencia y dignidad política”. Ningún senador de esta Comunidad Autónoma rompió la disciplina de voto del PP. Y Herrera contestó: “yo más alto no lo puedo decir, pero más veces y más claro no”.

Herrera no quiso presentarse a las últimas elecciones autonómicas. Lo hizo para dar gusto a Rajoy. Y para evitar una guerra interna en el PP de esta Comunidad Autónoma. Meses antes de los comicios, incluso algún año, comenzaba a barruntarse una ligera borrasca interna, sobre todo en la zona Oeste de la región. Todo ello, auspiciado por su propio secretario general, Alfonso Fernández Mañueco -a quien María Dolores de Cospedal llamó “presidente”, en una reunión de la Interparlamentaria del PP en Salamanca-.

Mañueco, el actual alcalde salmantino que ha perdido la mayoría absoluta y miles de votos, pensó que ser secretario general del PP en Castilla y León le daba puntos para sustituir al mismo Juan Vicente Herrera. Tan claro lo vio que comenzó a buscar adeptos. Y los encontró en Zamora -con Fernando Martínez Maíllo, ahora número tres de Rajoy- y en León -con la asesinada Isabel Carrasco-.

Pero poco a poco comenzó a darse cuenta de que aquel sueño se había convertido en una utopía y que se había quedado sin apoyos.

Ante ello, Herrera, aconsejado por su fiel guardián José Antonio de Santiago-Juárez, aceptó ser el candidato del PP. Ganó las elecciones, perdió votos y la mayoría absoluta -aunque solo por un procurador- y llegó a replantearse la opción de ser el presidente de Castilla y León. Pero aceptó, aunque ya no de buen grado, sin ese talante tranquilo y sumiso que en muchas ocasiones le ha caracterizado.

Y ya no asentía todo lo que se le planteaba desde Madrid. Ya plantea órdagos a su propio presidente. Ya se enfrenta a Cristóbal Montoro. Y a José Manuel Soria. Ahora bien, ¿dónde se parará? ¿Hasta cuándo estos enfrentamientos?

Al PP no le ha quedado más remedio que levantar (aunque solo sea un poco) las alfombras en la actuación del Gobierno de Castilla y León. Lo hará con una comisión de investigación, inédita desde hace casi 30 años. Pero será sin luz ni taquígrafos. Sin medios de comunicación. Con actuaciones secretas.

La oposición en las Cortes de Castilla y León –previa petición inicial del PSOE- ha obligado al PP a abrir una investigación sobre el supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones por parte de cargos públicos de la Junta a cambio de adjudicaciones de parques eólicos en esta Comunidad Autónoma. Pero el PP ha logrado hacerse, no solo con el poder de la comisión, sino ha impedido que sea pública, como habían pedido los partidos en la oposición: PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPL.

Desde el Parlamento regional, a través de su presidenta Silvia Clemente, se han acogido al Reglamento de funcionamiento y así han conseguido que el presidente sea el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio –gracias a su derecho de partido más votado- y que no haya ni luz ni taquígrafos.

No hubo forma que los miembros del PP se salieran del guión, del argumentario, y que no era otro que ceñirse a lo que marcaba el Reglamento, “pactado” hace años “por el PP, PSOE y Grupo Mixto”, como llegó a recordar el procurador del PP Raúl de la Hoz.

El secretismo de esta comisión de investigación impide conocer la fecha de la siguiente sesión, en la que habría que diseñar un plan de trabajo y comenzar a pedir documentaciones y comparecencias. Según ha publicado El Norte de Castilla, “lo primero que tendrán que hacer es solicitar el informe de la Agencia Tributaria que lleva desde diciembre pasado en manos de la Fiscalía Anticorrupción y que es el documento sobre el que se asienta la propia razón de ser de la comisión”.

Por parte del PSOE, Javier Izquierdo ha destacado la “buena noticia” de que se constituya la primera comisión de investigación en muchos años, aunque al mismo tiempo ha manifestado su “malestar” porque es el PP el que la presidirá. “Espero que no sea un anticipo de obstáculos en los trabajos y que no se nos niegue ningún tipo de documentación ni comparecencia solicitada para que sea efectiva”, ha añadido.

La respuesta inmediata la ha dado el procurador del PP Raúl de la Hoz, quien ya ha vaticinado que la conclusiones que se obtengan “serán favorables a la actuación de la Junta de Castilla y León”, ya que en su opinión “no han existido irregularidades” en la autorización de parques eólicos en Castilla y León.

Por parte de Podemos, su portavoz en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha lamentado el carácter secreto de esta comisión y ha calificado de “obsoleto e inútil” el Reglamento del Parlamento regional por lo que ha reclamado su “reforma”. Desde Ciudadanos, José Ignacio Delgado ha afirmado que el PP “tiene miedo a la verdad”, por lo que ha impedido que fuera el procurador socialista, José Francisco Martín, el presidente de la comisión.

Los integrantes de la comisión de investigación de la trama eólica serán Juan José Sanz Vitorio (presidente) y Raúl de la Hoz, por el PP; Javier Izquierdo y JF Martín, por el PSOE; José Ignacio Delgado, por Ciudadanos; Pablo Fernández, por Podemos; y Luis Mariano Santos, de UPL, por el Grupo Mixto.

Cuando escuchamos hablar de energías renovables en conferencias o mesas redondas, lo habitual es referirse a molinos eólicos, placas solares o turbinas hidroeléctricas. Pero es la bioenergía, es decir, el aprovechamiento energético de diferentes tipos de materia orgánica o biomasa, la principal energía renovable tanto en España como en la UE, donde supone más del 60% de la energía primaria consumida.

Las sociedades humanas llevan muchos siglos aprovechando esta fuente de energía, en forma de alimentos, pero también de leñas o carbón vegetal, para calentarse, alumbrarse, cocinar o fabricar manufacturas. En una sociedad globalizada e industrializada como la actual, el uso de la biomasa está atravesada por dos elementos diferentes pero convergentes. Tanto la progresiva escasez de combustibles fósiles como los crecientes impactos del cambio climático, consecuencia en buena medida de la combustión de aquellos durante los últimos 200 años, nos obligan a buscar alternativas al petróleo, carbón y gas. La biomasa es, en este contexto, una de las principales candidatas.

La tarea no es fácil. No existe alternativa que concentre tanta energía como los combustibles fósiles, especialmente –pero no solo– en usos como el transporte. Por otra parte, los ingentes consumos energéticos de las sociedades industrializadas y consumistas hacen imposible satisfacer nuestras necesidades solo con renovables. Es imprescindible decrecer –en consumo energético y de materiales; no en tiempo libre, relaciones o afectos– y ser mucho más eficientes. Lógicamente, al capitalismo, obligado a crecer para sobrevivir y seguir acumulando, estos planteamientos no le encajan.

El aprovechamiento energético de diferentes tipos de materia orgánica, como biomasa forestal, cultivos o sus restos, estiércoles y purines, y otros residuos orgánicos, ofrece importantes oportunidades: aprovechar recursos presentes en muchos territorios, reducir nuestra petrodependencia o generar empleos en el medio rural, entre otros. Pero también presenta impactos y riesgos, de los que los actores económicos e institucionales que fomentan la bioenergía se olvidan sistemáticamente de hablar. En el caso de la biomasa forestal, cuyo aprovechamiento térmico es sin ninguna duda el que más está creciendo –y fomentándose– en muchos territorios ibéricos, la ecuación es sencilla: incendios forestales+sustitución de combustibles fósiles = energía sostenible/renovable. Esta ecuación, tan tendenciosa como peligrosa, fue la que de nuevo escuché en el reciente 10º Congreso Internacional de Bioenergía, organizado por AVEBIOM en el marco de la feria Expobiomasa 2015, en Valladolid.

Otra afirmación que pasará a la historia de las hipérboles (que, a fuerza de repetirse en distintos foros, se convierten en verdades) tuvo como protagonista al dinamizador del congreso cuando dijo que, a diferencia de otras regiones del plantea, la biomasa en España es sostenible porque procede de montes ordenados. Más de un aguafiestas ecologista sabe que en esta monarquía bananera el porcentaje de superficie forestal con algún instrumento de gestión forestal no llegaba en 2013 al 13%, o que en 2012 la superficie forestal con certificación de gestión forestal sostenible –vía PEFC o FSC– no llegaba al 10%.[1] En países como Alemania, Suecia o Finlandia, habituales referentes para el sector de la biomasa del nivel de aprovechamiento forestal al que España debería tender, la superficie certificada supera el 70%.

Aunque la producción de biomasa es renovable, la cantidad que puede ser producida y movilizada está limitada por factores como la disponibilidad de superficie, nutrientes, agua o bioresiduos. Y en muchas regiones del Estado español no abundan precisamente el agua, los nutrientes o las superficies de fácil acceso. A pesar de estos aspectos, el fomento de la bioenergía se está desarrollando a diferentes niveles, vía políticas y recursos públicos, dando por hecho su sostenibilidad y sus impactos positivos sobre el clima. Y si se abre a discusión, como en el tercer bloque del citado congreso, se enfoca a un creciente mercado internacional de pellets que alimenta grandes centrales térmicas e industrias, asumiendo una contabilidad de emisiones con graves carencias. Bochornoso.

El sector de la bioenergía, las administraciones públicas y muchos actores sociales están evitando el necesario debate sobre las condiciones en las que la bioenergía puede ser una herramienta eficaz de lucha contra el cambio climático, desarrollo rural y transición hacia economías basadas en energías renovables. En Ecologistas en Acción iniciamos ese debate hace más de una década, qué fraguó en un posicionamiento disponible en nuestra página web, y que ponemos a disposición de la sociedad para debatir y buscar acuerdos con otros agentes sociales e institucionales.

[1] El 13% de monte ordenado no considera determinados instrumentos de planificación territorial menores que incluyen algunas medidas de gestión forestal. “Diagnóstico del Sector Forestal Español” Análisis y Prospectiva - Serie Agrinfo/Medioambiente nº 8. Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid ha declarado nula la autorización del Toro de la Vega del pasado año, la edición de 2014, tras la demanda judicial interpuesta por el Partido Animalista-Pacma. Según ha anunciado esta organización, con la demanda se ponían “de manifiesto las irregularidades en la petición del Ayuntamiento de Tordesillas a la Junta de Castilla y León para la autorización del Toro de la Vega del año 2014”.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso La Meseta, el juez estima “íntegramente” el recurso interpuesto por Pacma contra la actuación del Ayuntamiento de Tordesillas y de la Junta de Castilla y León y “se anula” la resolución del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid dictada el día 12 de septiembre de 2014 “por no ser ajustada a derecho”

Además, se condena “en costas” a la “Administración demandada”, en este caso a partes iguales, a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Tordesillas.

Para Pacma, “esta condena sienta un importante precedente para conseguir la prohibición definitiva del festejo”.

Sin embargo, en la sentencia se advierte, tal y como señaló el abogado de la Junta de Castilla y León, que “el análisis que se haga de lo alegado por la entidad demandante [Pacma] respecto a las actuaciones atribuidas al Ayuntamiento de Tordesillas solamente tendrá efectos en el presente recurso y en la medida en que tenga incidencia para decidir sobre lo pretendido por la entidad demandante en relación con la actuación impugnada por medio del presente recurso”.

Uno de los argumentos utilizados en la sentencia para anula la autorización del Toro de la Vega de 2014 es que el certificado del técnico sanitario “no cumple” con lo exigido en el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Castilla y León.

“En el expediente administrativo consta la comunicación que el Ayuntamiento de Tordesillas hace al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social sobre el espectáculo a celebrar aunque no se hace ninguna referencia a los medios sanitarios con los que se cuenta y que van a estar disponibles durante la celebración de dichos espectáculos por lo que dicha comunicación no puede servir para completar el certificado aportado en el sentido indicado, es decir en el de posibilitar que el órgano que decide sobre la autorización del espectáculo conozca los medios sanitarios que van a estar disponibles”, se añade en la sentencia.

Ante este fallo judicial, desde Pacma se asegura, a través de su página web, que la consecuencia es que “si la autorización para celebrar el Toro de la Vega 2014 es nula, el Toro de la Vega fue celebrado ilegalmente”. 

Y agrega que “esta nueva irregularidad en el Toro de la Vega, constatada judicialmente, se une a las que año a año se documentando y denunciando por el Pacma, como el incumplimiento sistemático de las reglas del festejo.”

“El Partido Animalista–Pacma continuará luchando hasta conseguir la total abolición del festejo del Toro de la Vega, que es contrario a los valores éticos superiores que reclama la sociedad española”, concluye esta organización.

Hace escasas semanas, cuando Javier Izquierdo, secretario provincial del PSOE en Valladolid, anunció las candidaturas al Congreso y Senado, todo parecía indicar que los socialistas vallisoletanos habían iniciado un nuevo camino de entendimiento, en el que las diferencias internas se habían difuminado.

Había un acuerdo previo entre Izquierdo y el dirigente que en los últimos años había encabezado las revueltas contra la dirección provincial, el que fuera subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo.

Pero cuando todo parecía indicar que el conflicto se había apaciguado, cuando se creyó que el temporal había dejado paso a un mar en calma, surgieron nuevas voces discordantes y nuevas peleas que ponen a Javier Izquierdo, de nuevo, ante un fuerte temporal.

Hace unos días, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en Valladolid acordó las candidaturas al Congreso y al Senado. Unas listas que, se suponía, eran fruto de un acuerdo entre el bando oficial –encabezado por Izquierdo- y el crítico –auspiciado por Vadillo-. En ese momento, se ratificaron la lista al Congreso: Soraya Rodríguez, que repetirá como cabeza de lista, seguida por Cecilio Vadillo, Helena Caballero, Mario Bedera y Marta Carro. Al Senado, la lista estaría encabezada por el actual senador Emilio Álvarez, seguido por Emiliana Centeno y Juan José Tomás-Biosca.

Pero las votaciones para lograr sacar adelante estas candidaturas no dejaron a todos satisfechos, ya que un nuevo sector crítico considera que en la votación que se realizó en las agrupaciones provinciales y de la capital, el resultado no permitía confeccionar esta candidatura. Según los críticos, Mario Bedera aventajaba a Cecilio Vadillo y Juan José Tomás-Biosca a Emilio Álvarez en determinadas agrupaciones de la provincia.

Asimismo, consideran que en aquellas agrupaciones donde no se votó porque, supuestamente, se aceptaba la lista oficial se debería quedar excluido el recuento final. Ante ello, este nuevo sector crítico ha impugnado los acuerdos de la Comisión Ejecutiva provincial y exigió anular anulación el Comité. En total, han sido 14 militantes y precandidatos los que han firmado esos escritos, remitidos a la Comisión Ejecutiva autonómica, la Comisión Autonómica de listas, la Comisión Autonómica de ética y garantías, la Comisión Ejecutiva Federal y a la Comisión Provincial.

En términos generales, estos críticos, encabezados por Mario Bedera y Juan José Tomás-Biosca, aseguran que no se ha respetado la voluntad de los militantes, expresada en las agrupaciones locales, ya que, tal y como manifiestan, Cecilio Vadillo, propuesto como número dos al Congreso, tuvo menos votos que Mario Bedera. Igual ocurrió en la lista al Senado, con más avales para Juan José Tomás-Biosca que para Emilio Álvarez.

De la revisión del acta de la agrupación de Tordesillas, los críticos consideran que hay una anomalía que “quebranta” la normativa reguladora de los cargos públicos, en cuyo artículo se señala que “serán las agrupaciones quienes propongan los nombres de los candidatos o candidatas al Congreso o al Senado, sin que se recoja la posibilidad de que el secretario general realice de forma previa una propuesta al carecer de competencia para ello”.

Esta nueva batalla tiene un nombre para el secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, “legítima discrepancia”. Incluso considera que es preferible que sea así porque “todo partido político debe llevar sus procesos de forma democrática” y esas alegaciones responden a “legítimas discrepancias”.

Además, Tudanca alabó esa discrepancia y debate, algo que, en otros partidos políticos no existe, ya que “toman sus decisiones a dedo sin contar con nadie”.

Uno de los delegados sindicales de la organización Acaip, la mayoritaria en Prisiones, en la cárcel de Topas (Salamanca), ha sido imputado por un supuesto delito de injurias contra otro funcionario público, según el auto judicial al que ha tenido acceso La Meseta.

Por ello, tendrá que declarar en un Juzgado de Salamanca, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares (Madrid) -el lugar donde se ha presentado la querella- firmara una providencia para que se le tome declaración en calidad de imputado.

Según la querella, el delegado de Acaip pudo verter injurias en un Internet, en un foro para funcionarios de prisiones, por lo que se pide que se le condene a 10.900 euros en concepto de indemnización civil por daños morales. También se exige la publicación de la sentencia en la página principal de la web a costa de los condenados durante tres meses y retirando los contenidos injuriosos de la citada página web.

En el texto de la querella, se asegura que las supuestas injurias “van encaminadas a desacreditar la labor profesional” de un funcionario de prisiones, jefe de servicio y compañero del delegado sindical, lo que genera “una desagradable e injusta repercusión en la esfera personal”, además de “un daño moral” y afecta a su “reputación” profesional. Por todo ello, el funcionario supuestamente vejado ha pedido, también, la intervención del Ministerio Fiscal.

Las supuestas injurias se cometieron en cuatro días diferentes en un foro de Internet para funcionarios de prisiones. Así, el primer día, el 5 de febrero, el supuesto autor de esas injurias, bajo el seudónimo de ‘justiciero’, consideraba que el jefe de servicio de la cárcel de Topas era un “asque..ro…so que no le quieren ni en su casa”.

Dos días después, el 7de febrero, lo definía como “perro chivato2, que le ”huele la boca a mierda a cientos de kilómetros“. También lo llamaba un ”ser despreciable“, además de una ”mala persona, vengativa, y mal compañero“, un ”piojoso, misógino y rastrero, chupapollas, que está deseando que le dan alguna plaza en mando, para cargarse a más de uno“. Y añadía que ”más de uno le ha dicho que le da una puñalada en cuanto se pase un pelo. No se habla con nadie y todo el mundo sabe que es un cobarde miedoso que si tiene ocasión empapela al primero que pille“.

En otro párrafo de ese comentario decía que “aquí en Topas, ya se tuvo que encerrar una noche en el W.C. de Jefatura, porque los de su guardia querían darle una paliza. Lástima que al final se calmasen y le dejasen escapar”.

“Pero cada cerdo le llega su sanmartín y antes o después se hará justicia con esta escoria humana”, concluía el día 7 de febrero.

El último día en el que se vertieron acusaciones contra el jefe de servicio, el 10 de febrero, se decía que “hace un año, más o menos, viendo lo aislado que estaba, pidió una comisión de gestor de producción a las Palmas 2 por 6 meses, y nada más que le calaron, le anularon la comisión y de vuelta a Topas. No le quieren en ningún sitio. Porque será?”.

El juicio del año, o de la década, en Castilla y León ya tiene fecha. Una vista oral, con jurado, que tratará de concretar las causas que llevaron a una mujer, Montserrat González, de 60 años, a asesinar a Isabel Carrasco, que entonces era presidenta del Diputación de León, presidenta del PP provincial y consejera de 13 empresas públicas. También se busca determinar el grado de participación de su hija, Triana Martínez, de 36 años; y la agente de la Policía Local de León, Raquel Gago, de 42.

El día 18 de enero de 2016 comenzará el juicio en la Audiencia Provincial de León. Y durará 18 días, hasta el 17 de febrero. Durante esos días pasarán por el estrado policías nacionales, locales y otros testigos para corroborar cualquiera de las tesis de las partes.

Pero para ello, el magistrado Carlos Fernández ha firmado hoy un auto en el que concreta que los hechos justiciables pudieran ser constitutivos de un delito de asesinato con alevosía en concurso con un delito de atentado y otro de tenencia ilícita de armas.

En este auto judicial, notificado hoy a las partes, se hace un pormenorizado relato de los hechos, para lo que se han tenido en cuenta las versiones de la acusación y de la defensa. Y mantiene la idea de que tanto Montserrat González como su hija, Triana, realizaron seguimientos a Isabel Carrasco con la “intención de matarla otros días anteriores al de los hechos, en los que también habría participado” la policía Raquel Gago.

Añade que Raquel Gago “conocía los propósitos homicidas de las otras dos acusadas” y que colaboró con ellas por su “amistad” con Triana, aunque el impacto que “le produjo conocer la detención de su amiga Triana le provocó una situación de estrés y bloqueo que le impidió asumir la realidad de los hechos”.

En el auto judicial se recoge, además, la versión de la defensa de Montserrat González, quien “no tuvo intención alguna de menoscabar el principio de autoridad, ya que dio muerte a Isabel Carrasco, no como presidenta de la Diputación de León, sino como persona física con una maldad fuera de lo común, que había hecho a su hija víctima de la indicada persecución”.

Sobre Triana Martínez, la defensa apunta a “un trastorno dependiente de la personalidad, con una especial vinculación con su madre”, lo que lo hizo que “las ideas homicidas contra Isabel Carrasco por parte de su madre no encontraron en un principio contestación enérgica y contraria” por su parte. Incluso le llegó a mirar “en Internet revólveres y armas”, aunque “llegó un momento en que vio que era una locura y trató de convencerla para que se olvidara del tema”.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han solicitado 23 años de prisión para cada una de las tres acusadas por el crimen ocurrido el pasado 12 de mayo de 2014. Mientras que Montserrat González y su hija Triana siguen ingresadas en la cárcel de Mansilla de las Mulas, Raquel Gago salió en libertad, con una fianza de 10.000 euros, el pasado 29 de enero.

Ni cien días ha durado la paz. O una tranquilidad impuesta. O el sueño de ayuntamientos y diputaciones en manos del pueblo. La realidad es que Podemos Valladolid ha saltado por los aires, después de que su Consejo Ciudadano retirara el apoyo a la marca blanca con la que se presentó a las elecciones municipales en esta provincia: Sí Se Puede Valladolid. Bajo este nombre, Podemos se presentó a los comicios acompañado por la formación Ganemos y por otros grupos minoritarios. Y logró un éxito sin precedentes, ya que entraron en el Consistorio vallisoletano y en la Diputación Provincial, con tres concejales y un diputado.

Pero cien días después, esta felicidad ha estallado. Y se hace sin conocer el final, sin que se sepa hasta dónde llegará esta explosión y cuáles serán las consecuencias reales.

Desde Podemos se ha anunciado que “se desvincula” de Sí Se Puede, una decisión tomada “por unanimidad” el pasado martes, tras una reunión muy tensa de la directiva. Y para justificar esta decisión se han lanzado un sinfín de reproches: “falta de cumplimiento” del código ético de Podemos e “inacción política” en las dos instituciones donde están representados.

Daniel García, secretario local de Podemos, acusó de “falta de transparencia” a los tres concejales en el Ayuntamiento de Valladolid, ya que, según dijo, Charo Chávez –portavoz municipal de Sí Se Puede-, y los otros concejales, Héctor Gallego y Gloria Reguero, no han  enseñado sus nóminas para “conocer cuánto cobran en realidad”. Algo que, en opinión de Daniel García, “es inaceptable”, pues el discurso de transparencia “se demuestra con hechos”.

El reglamento de Podemos y el de Sí Se Puede señalan que sus cargos electos no pueden cobrar más de 1.935 euros brutos al mes. Y se les obliga a entregar al partido o a fines sociales el excedente salarial que ingresen por el desempeño de su actividad pública.

Por su parte, Daniel García también ha revelado que los cargos vallisoletanos han aceptado “prebendas”, entre las que habría “invitaciones” a eventos o “seguros de vida por razones de cargo”.

Pero las acusaciones no quedaron ahí. Desde el Consejo Ciudadano de Podemos Valladolid también se ha recriminado el trato que los cargos electos han dado a los asesores contratos tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. Así, tres miembros del Consejo Ciudadano, cuyos nombramientos como técnicos se consensuaron, han denunciado el acoso sufrido por los políticos de Sí Se Puede. Dos de estos técnicos han renunciado a esos cargos “por dignidad” y han vuelto al paro.

Ante estas acusaciones, la directiva regional de Podemos, que encabeza el leonés Pablo Fernández, ha salido en defensa de los cargos electos. El también miembro de la directiva nacional, ha asegurado que el Consejo Ciudadano de Valladolid “no tiene legitimidad” para desvincularse de Sí Se Puede.

Así, ha añadido que “las decisiones trascendentales las toma la ciudadanía”, por lo que ha dejado claro que la decisión de separarse de Sí Se Puede solo se adoptaría “si está refrendada por los inscritos” de Valladolid, ya que “la asamblea es soberana”.

Y la portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento vallisoletano, Charo Chávez, también se ha defendido argumentando que sus “nóminas están publicadas en la página web del Ayuntamiento” y el patrimonio de los tres concejales ya ha sido publicado por periódicos locales. Por ello, para Chávez el origen de las acusaciones de la directiva local de Podemos se deben a “discrepancias sobre algunas cuestiones”.

El jefe de la Policía Local de Salamanca, José Manuel Fernández, conocido entre los policías y políticos salmantinos como ‘JM’, tiene ante sí unas semanas difíciles de asimilar. Si a principios de este mes, el equipo de Gobierno, presidido por su amigo, el alcalde Alfonso Fernández Mañueco, se vio obligado a aprobar una comisión de investigación sobre la gestión de José Manuel Fernández, ahora se conoce un asunto judicializado.

El próximo día 18, el jefe de la Policía Local salmantina tendrá que declarar ante los juzgados por un posible delito de acoso laboral, según las informaciones a las que ha tenido acceso La Meseta. Hace unos meses, una agente policial salmantina presentó una querella por supuesto acoso laboral y uno de los Juzgados de Instrucción ya ha abierto investigación para determinar qué responsabilidad tuvo José Manuel Fernández.

Aunque la querella se ha presentado hace escasos meses, los hechos a los que se refiere la denunciante podrían haberse producido en los últimos años, desde que el Jefe de la Policía Local regresara a Salamanca, en enero de 2012, aunque las diferencias entre los dos podría haberse iniciado con anterioridad, cuando los dos coincidieron como agentes policiales en la capital salmantina y donde, supuestamente, hubo presiones del responsable policial a la policía.

Aunque no han transcendido más datos respecto a la querella, a partir del día 18, cuando declare José Manuel Fernández, empezarán a pasar por el juzgado que investiga los hechos, en los primeros días de octubre, testigos de la querellante.

De esta manera, el conocido en los ambientes políticos, policiales y sindicales de Salamanca como ‘JM’ tiene ante sí unas semanas difíciles, ya que el Ayuntamiento ha abierto una comisión de investigación para conocer su gestión al frente de la Policía Local, además de conocer el funcionamiento del grupo ‘SIETE’ -Servicio de Información, Escolta y Técnicas Especiales-, y cuyos miembros pudieron participar en seguimientos a políticos, sindicalistas y periodistas.

Así, desde uno de los grupos políticos precursores de esta comisión de investigación, Ganemos Salamanca, se considera, por parte de su concejal Gabriel de la Mora, Gabriel de la Mora, que hay “graves sospechas en el seno de la Policía Local”.

A estas críticas se sumaron desde Ciudadanos, quien su concejal Fernando Castaño recuerda que el informe entregado a Ganemos “se señala como una de las labores informes de seguridad de la corporación municipal que abre más la sospecha”. Además, añade que desde las explicaciones dadas por parte del equipo de Gobierno “han generado más dudas” pues no entiende este concejal que “se cree un Grupo tan opaco con actuaciones tan absurdas como ir contra los grafiteros”.

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz José Luis Mateos afirma que “si se demuestra que se han cometido las irregularidades, el Grupo Municipal Socialista será el primero en pedir responsabilidades pero no haremos de la política municipal un espectáculo”.

Se cierra el cerco contra José Manuel Fernández, conocido como 'JM' y amigo del alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, por supuestas irregularidades y por su cáracter.

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá una comisión de investigación sobre el funcionamiento de un grupo que creó dentro de la Policía Local, denominado 'SIETE' y que podría invadir competencias de la Policía Nacional.

Ganemos propuso la apertura de esa comisión y Ciudadanos también pidió su dimisión al desvelar su supuesta relación con anomalías con los seguros de los vehículos policiales.

Es conocido en Salamanca como 'JM'. Y también por su posible amistad con el alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco. Y también por haber sido el jefe de la Policía Local de la capital salmantina que ha logrado enemistar a todos: oposición, sindiciatos policiales, Policía Nacional... Y ahora, es el propio equipo de Gobierno de Salamanca el que estaría dispuesto dejarle caer. El mismo que lo nombró ahora incluso se plantea dejarlo caer.

Así, el Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado, a través de una nota de prensa, que el departamento de Recursos Humanos del Consistorio tiene abierta una información previa ante una denuncia sobre un posible caso de fraude al seguro de los vehículos de la Policía Local, sin que hayan trascendido más aspectos ni de la investigación ni de esas posibles anomalías.

Y todo esto se produce, o se conoce, después de que Ganemos Salamanca presentará una propuesta de comisión de investigación para analizar la creación del grupo de la Policía Local denominado 'SIETE' y que podría vulnerar las competencias de la Policía Nacional. Poco después de presentar esta propuesta, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro González, dio una rueda de prensa en la que pedía la dimisión del Jefe de la Policía Local porque “concurren circunstancias que hacen imposible” que José Manuel Fernández continúa como responsable policial.

“El jefe de la Policía Local no puede continuar ni un minuto más con 'JM' porque, en opinión de Alejandro González, ”no se puede permitir que el jefe del cuerpo local esté bajo la sombra de la duda.

En 2014 fue el PSOE quien pidió la dimisión porque no quedaron claras las decisiones sobre el apoyo que había que dar a la Policía Nacional en una concentración en febrero de 2014 y en el que la Policía Local se retiró en un momento dado en medio de un altercado.

Y en los últimos meses los sindicatos han denunciado, incluso se han manifestado, en contra de José Manuel Fernández porque según fuentes sindicales “realiza prácticas no muy legales”. Entre ellas se podría incluir las perpetradas por el denominado Grupo SIETE, un grupo dentro de la Policía Local que está, de forma constante, entre dudas por su funcionamiento.

Un grupo interno de la Policía Local en Salamanca que parecía no existir, al final existía y tenía competencias claras y elegidas por el responsable policial en la capital salmantina. Aquel grupo SIETE que hasta el propio alcalde Alfonso Fernández Mañueco negó que existiera, ahora se confirma por escrito.

A través de la petición realizada por la agrupación de electores Ganemos Salamanca, que en las últimas elecciones municipales logró cuatro concejales, el jefe de la Policía Local salmantina, José Manuel Fernández –diversas fuentes consideran que es uno de los hombres fuertes del propio Fernández Mañueco-, ha emitido un informe en el que reconoce que el grupo “ha tenido a lo largo de su dilatada historia diferentes nombres, Siles, Romeo, Robles y SIETE”.

Es decir que el grupo SIETE –definido en una de las memorias de la Policía Local como el grupo de “Información Local, Escoltas y Técnicas Especiales”- tiene entre sus competencias “velar por la integridad física de los miembros de la Corporación local y personalidades” o “escoltas con medios y vehículos policiales de las autoridades”, según la memoria policial.

Este grupo SIETE, según el informe, está compuesto por un subinspector, un oficial y ocho agentes. Este grupo policial realiza, entre otros cometidos, la escolta del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Un grupo que hace cuatro años triplicó su número de miembros.

Además, se revela que los materiales que tiene este grupo son los “propios de la Policía Local”, entre los que están “vehículos rotulados y camuflados”, además de “equipos de fotografía y vídeo, ordenadores, prismáticos, linternas, teléfonos móviles o emisoras”.

Es más, diversas fuentes han reconocido que es frecuente ver a los miembros del Grupo SIETE realizando grabaciones y fotografías de manifestaciones o diversos actos por el centro de la ciudad. Incluso, las mismas fuentes han añadido que podrían haber realizado seguimientos en las grandes manifestaciones que ha habido en Salamanca.

Y es que, según las competencias que recoge la memoria ´de 2013 de la Policía Local, este Grupo policial se dedica a “velar por la integridad física de los miembros de la Corporación Local y personalidades” o la del “análisis, control y archivo dela información sensible relativa a su actividad policial”.

El informe realizado por el jefe policial para entregar a Ganemos Salamanca concreta más y reconoce que en 2014 entre las misiones realizadas destaca una que define como “amenazas al alcalde”, sin concretar; o “manifas –tal y como está escrito en el informe-, vandalismo, pintadas, árboles rotos, vialidad…”; además de “informes seguridad de corporación municipal”.

Ante  todo ello, Ganemos Salamanca ha solicitado explicaciones sobre el “grupo secreto y especial de la policía local denominado SIETE y exige el fin de la opacidad y el respeto a los derechos humanos en la ciudad”.

Mientras, el PSOE denuncia que todavía no se ha publicado la memoria de 2014 de la policía local, que es considerada como un “elemento importante para valorar la actuación de los agentes” y “para tener una imagen lo más fiel posible de lo que ocurre en la ciudad”.

Los nuevos datos son esclarecedores, si ya no lo eran los obtenidos en el control de alcoholemia y el propio atestado de la Policía Local. Jesús Presencio, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, el edil que tanto pidió ética política, había ingerido más alcohol que el permitido para poder conducir.

El último dato es que Presencio tenía 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre. Y son cifras obtenidas en un hospital de Valladolid después de que el mismo concejal exigiera que se le realizara una analítica. El resultado es demoledor para él: 1,87 gr/l de sangre, cuando lo permitido es 0,5 gr/l –en análisis de sangre-, según tribunadevalladolid.

Es decir, que Jesús Presencio podría conducir por las calles de Valladolid en estado ebrio, según esos datos.

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid dio positivo el pasado día 17 de agosto en un control de alcoholemia al alcanzar los 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, con lo que había triplicado la tasa legal permitida (0,25 mg/l).

Dos días después, y tras advertir que había una persecución hacia él, Presencio renunció a su cargo de portavoz de Ciudadanos, pero anunció que mantenía al acta de concejal. Esta medida fue interpretada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, como “importante”, aunque dejó claro que no le gusta esa conducta, por la que “tendrá abierto un caso en vía judicial”, por lo que “en función de lo que pase judicialmente, seguirá o no en su cargo”. Es decir, que el concejal seguirá en el Consistorio vallisoletano y como coordinador de la formación naranja a la espera de lo que decidan los tribunales.

Pero no solo son demoledores los datos ofrecidos por los análisis de sangre. Según el atestado de la Policía Local de Valladolid, desvelado por elnortedecastilla, al bajarse del coche Jesús Presencio “se observa que presenta síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol”. Estos síntomas eran: “fuerte olor a alcohol”, los “ojos enrojecidos y muy brillantes”, el habla “es pastosa, con cierta dificultad para articular bien las palabras” y la “deambulación es vacilante”.

Además, los policías locales también calificaron la actitud del concejal Jesús Presencio como “prepotente”, con una “nula colaboración” por su parte y desde el principio les hizo saber, “de forma insistente”, que era “concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid”. Incluso les llegó a reclamar “el trato de obediencia que él se merece”, según la información del rotativo vallisoletano.

Pese a todo ello, Presencio sigue como concejal y como coordinador provincial de Ciudadanos en Valladolid.

Jesús Presencio hizo una campaña electoral de limpieza política y ética. Ciudadanos, el partido que representa, buscó, desde el primer momento, alejarse de cualquier comportamiento amoral. Ahora, tres meses después de que este partido entrara en el Ayuntamiento de Valladolid con la bandera de la moralidad, el portavoz ha sido pillado triplicando la tasa de alcohol permitida. Él habla de “persecución”. Pero la realidad es que alcanzó, tras una prueba de la Policía Local, 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la permitida es de 0,25 mg/l.

El control policial se le hizo a las puertas de su piso de la capital vallisoletana. Y es que la Policía Local ya estaba en alerta, ya que fue la Guardia Civil de Tráfico les avisara de que había salido de Medina de Rioseco, a 40 kilómetros en Valladolid, un coche conducido por un hombre en estado de embriaguez. Y es que la Benemérita, a su vez, recibió la alerta de un grupo de ciudadanos.

Ya en Valladolid, la Policía Local paró a Jesús Presencio a las puertas de su casa. Y dio positivo, triplicando la tasa de alcohol permitida. Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid no se quedó satisfecho y pidió que le realizaran una analítica, trasladándolo al hospital donde le hicieron análisis para determinar los niveles de alcohol.

Ante esta situación, desde  la dirección regional de Ciudadanos se ha trasladado este caso al Comité Ejecutivo nacional del partido, que tiene previsto abordarlo de inmediato, según señala el periódico tribunavalladolid.com. “Fuentes cercanas a la secretaría de organización no ocultaban su hartazgo hacia Presencio no solo por este último suceso, sino por la trayectoria que ha mostrado desde la composición del pleno municipal, asumiendo la portavocía de su grupo y en total desintonía con la número 2 y portavoz provincial, Pilar Vicente”, se añade en el citado periódico.

Es más, no se descarta “asumir medidas drásticas hacia Presencio por una actitud ”que no se puede consentir“.

Ante el control al que fue sometido Jesús Presencio, este concejal lo calificó de “persecución”, porque según su versión, recogida en diferentes medios locales, él no conducía el vehículo entre Medina de Rioseco y Valladolid, pues lo condujo su esposa, según su teoría. Y él, al llegar a casa, fue cuando se dispuso a ir a comprar tabaco en su coche. Eso sí, triplicando el nivel de alcohol en la sangre, según se determinó en el control de la Policía Local.

El edificio conocido en Valladolid como de Caja Duero, por estar ubicada allí una oficina de la entidad, debería llamarse el de las desdichas. Porque todavía no para de dar informaciones, y siguen siendo negativas para la ciudad vallisoletana. O para los vecinos.

El nuevo equipo de Gobierno, presidido por el socialista Óscar Puente, ha dado a conocer esta semana tres nuevas sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en las que se condena al Ayuntamiento de Valladolid a indemnizar a diversas empresas o particulares por los perjuicios ocasionados tras la realización de unas obras que se consideraron ilegales.

Es decir, en primer lugar el Consistorio vallisoletano autorizó unas obras en un edificio, donde tiene su vivienda habitual el exalcalde Javier León de la Riva. Posteriormente, los tribunales declararon nula la ampliación de este inmueble. Y ahora, de nuevo los juzgados, reclama que se paguen a particulares o empresas por los perjuicios ocasionados ante esas irregularidades.

Así, en la primera sentencia se reconoce el derecho de una empresa a recibir una indemnización de 813.055,64 euros, a los que hay que añadir gastos de IBI y gastos de Comunidad, así como los intereses legales por cuatro oficinas de ese edificio. En este caso, y debido a las nuevas obras que hubo que hacer para restituir la legalidad del inmueble, la empresa que compró esos despachos se quedó sin ellos por la “actuación municipal”.

En la segunda sentencia, relativa también a una oficina del mismo portal, se estima una indemnización por importe de 212.168,98 euros a los que hay que añadir los mismos conceptos de gastos de IBI y gastos de Comunidad, así como los intereses legales por cuatro oficinas de ese edificio.

Otra tercera sentencia hace referencia a los perjuicios causados en dos oficinas que se han convertido en vivienda, y en cuyo caso el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid ha estimado una indemnización que no concreta, pero que podría estar en torno a los 180.000 euros, aunque podría concretarlo en un Auto de Aclaración que aún está pendiente.

Según las valoraciones hechas por el equipo de Gobierno, estas tres sentencias suman “más de 1,2 millones de euros, que incrementan la factura anterior de otro 1,02 millones”, correspondiente a las obras realizadas para restituir la legalidad del edificio de Caja Duero, o donde vive el exalcalde León de la Riva.

“Teniendo en cuenta el grave perjuicio económico que este caso está suponiendo a las arcas municipales, el Ayuntamiento, a la vista de las nuevas sentencias, volverá a estudiar las responsabilidades en que pudiera haberse incurrido, cuál es la parte que entiende correspondería asumir al municipio y cuál la que debería reclamarse a otros agentes que han intervenido en el caso”, ha afirmado desde el equipo de Gobierno de Valladolid.

Este edificio, y sus obras ilegales, fue el que llevó al exalcalde León de la Riva a no contestar a diferentes requerimientos judiciales, lo que le llevó a ser condenado por desobediencia a los tribunales. Se le acusó de “retrasar deliberadamente” los trabajos para “devolver la legalidad” a ese edificio.

Por ello, fue condenado, aunque está pendiente de la resolución del recurso, a 13 meses de inhabilitación y 12.600 euros de multa por desobedecer a los tribunales de Justicia. En esta sentencia, entre otros puntos, se recuerda que en la actuación de León de la Riva “no solo” hubo “desidia en la ejecución, sino retraso conveniente y consciente en cumplir la sentencia de 28 de abril de 2008, o dicho en otros términos, ausencia de voluntad de cumplir en sus justos términos”.

Era un sueño para algunos. Un hecho terrible para otros. Pero la realidad es que se buscaba una urbanización de lujo en una zona de alto valor ecológico, a escasos 30 kilómetros de Salamanca, en plena dehesa charra, junto a miles de encinas, un árbol protegido y que forma parte de esta provincia.

Aquel sueño de grandeza, o gran sueño –en función de quien lo expresara-, ha quedado en el limbo, pero por imposición judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula el plan de urbanismo que pretendía construir 12 chalés de lujo en un encinar “de alto valor ecológico” en la localidad de Las Veguillas.

Este plan, conocido como ‘Dehesa de la Mora’, es anulado porque, en opinión de dos sentencias hechas públicas hace un mes, vulnera la Ley de Urbanismo de Castilla y León al intentar hacer “obras de urbanización” en suelo rústico.  

Y uno de los hechos llamativos es que, pese a informes técnicos que ponían reparos a la puesta en marcha de esta urbanización, la Junta de Castilla y León dio el visto bueno. Este proyecto, el ‘Plan Especial de Protección de Zona Rústica Dehesa de La Mora’, fue una iniciativa de la empresa ‘Bosques Civilizados SL’, que ya lo llevó a cabo en Extremadura y que es propiedad de la exdiputada del PP y exportavoz adjunta de la Comisión de Agricultura del Congreso, María Pía Sánchez Fernández, con una idea del arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez.

El 17 de julio de 2012, esta empresa recibió la aprobación para poner iniciar una urbanización de lujo de 103 hectáreas de “encinar maduro de alto valor ecológico” para la construcción de 12 viviendas sobre parcelas de 10 hectáreas, que incluían otros 4.000 metros cuadrados de instalaciones y construcciones de uso agropecuario indeterminado, la apertura de caminos y la instalación de redes de agua y otros servicios urbanísticos.

En un principio, los promotores obtuvieron una licencia para un chalet en el monte, aunque posteriormente se amplió a un proyecto de otras 16 viviendas, para lo que se llevó a cabo una parcelación urbanística del monte en 2007, pero la Comisión de Urbanismo de Salamanca, dependiente de la Junta de Castilla y León, denegó las autorizaciones para las viviendas y orientó la solución hacia la presentación de un plan de urbanización conjunta para dar servicio a 12 viviendas en el bosque.

Tras ser sometido a la Evaluación de Impacto Ambiental, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable pese a informes desfavorables de los propios técnicos de Medio Ambiente del Servicio Territorial, que alertaban sobre el impacto ambiental severo a los valores naturales del entorno en 2009 y de que concluían, en junio de 2010, que “el previsible impacto sobre la vegetación adulta y el regenerado, tanto en la fase de construcción como en la de ocupación de las viviendas e infraestructuras asociadas, es incompatible con el mantenimiento y mejora del terreno rústico y forestal, que configura el monte Dehesa de Mora”.

Además, en el Estudio de Impacto Ambiental se recogía que la zona se encuentra dentro del área propuesta desde la provincia de Salamanca, “como Área de lmportancia para el Lince”. “En esta zona se han incluido los últimos territorios que supuestamente albergan, o han albergado en los últimos decenios poblaciones de lince ibérico, tal y como queda reflejado en la siguiente imagen. Actualmente, a pesar de las buenas intenciones de la Estrategia para la conservación del lince ibérico, Castilla y León no cuenta con legislación o regulación específica al respecto”, según los documentos a los que ha tenido acceso La Meseta.

Al final, y pese a recursos e impugnaciones, la Comisión de Urbanismo de Salamanca concedió en marzo de 2013 la autorización para construir las 12 viviendas, que ahora anulan los tribunales.

Ecologistas en Acción ha criticado “la ligereza con que la Comisión de Urbanismo aprobó un plan de protección de suelo rústico, cuya protección consistía en construir 7.000 metros cuadrados en un encinar maduro.

Y, con anterioridad, la empresa promotora, en su página web, tenía un apartado de agradecimientos: “al Ayuntamiento de Las Veguillas (Salamanca) y en especial a su alcalde de estos últimos años, don José María Chaparro, y a la secretaria municipal por su diligencia y buena disposición en la solución de los muchos problemas que se han producido en estos seis años de tramitación”; y a los “técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que han sabido comprender la bondad de un proyecto complicado y diferente”.

Óscar López tiene en el PSOE Castilla y León amigos muy íntimos o enemigos muy intensos. Nunca ha dejado insatisfecho a nadie. Desde que llegó a esta Comunidad Autónoma de la mano de José Blanco para tratar de enderezar el rumbo socialista, y de reducir la distancia con el PP, Óscar López ha dejado importantes titulares.

Y, ahora, cuando ya no está en la dirección del PSOE regional sigue dando que hablar. O que discutir. Así, el pasado lunes se le volvió a ver en las Cortes de Castilla y León, ya que se designaban a los senadores. Y era él el que iba a ser elegido por el Parlamento regional. Algo que se veía claro ya que semanas antes había sido nombrado como portavoz socialista en la Cámara Alta.

Pues bien, cuando parecía que todo iba a ser normal, en el PSOE de Castilla y León se demostró que nada lo es. O casi nunca. Porque un grupo de dirigentes y militantes socialistas de Burgos, la provincia del actual secretario regional Luis Tudanca, han recurrido el nombramiento de Óscar López ante las comisiones autonómica y federal de Ética y Garantías, ya que consideran que se ha vulnerado su normativa del partido, según adelantó el sábado El Diario de Valladolid.

Según la misma información, el recurso está firmado por 72 militantes y dirigentes socialistas burgaleses, encabezados por Luis Escribano y Esther Peñalba, miembros del Comité Autonómico del PSCyL, quienes el pasado día 13 de julio ya enviaron una carta dirigida al secretario regional, Pedro Sánchez; y regional, Luis Tudanca, en la que les advertían de la obligación de cumplir la normativa interna del PSOE en la designación del senador por Castilla y León.

La respuesta oficial por parte del partido no se ha hecho esperar y Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE en esta región, ha asegurado a El Diario de Valladolid que “la designación de Óscar López como senador autonómico se ha hecho de la misma forma en la que se ha elegido a los senadores en los últimos 30 años”.

Frente a la visión más oficial de la designación, los críticos afirman que el artículo 48 del Reglamento de Cargos Públicos establece que corresponde a la Ejecutiva regional elaborar la lista de candidatos, pero que “será aprobada por el Comité Autonómico para su trasladado a la Comisión Federal de listas, antes de su aprobación definitiva por el Comité Federal”.

Una vez más, Óscar López mantiene la discordia abierta en esta región. Y es ahora cuando muchos de los que esperaban la venganza intentan sacar rédito político. Porque, como recuerdan, fue el actual portavoz socialista en el Senado el que dinamitó la dirección del PSOE de Castilla y León, en contra del que fuera secretario regional Julio Villarrubia.

Y de aquellos conflictos, todavía muchas provincias siguen sufriendo las consecuencias. Así, en Zamora o en Ávila se ve a López como uno de los responsables de la actual situación del partido en esas provincias, con una importante pérdida de votos y con guerras internas de difícil solución.

O incluso se dice, entre el sector crítico, que es Óscar López el que está detrás de Luis Tudanca, actual portavoz socialista en las Cortes regionales y secretario regional del partido, aunque éste trata de desvincularse de él.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, que esta legislatura repite departamento, siempre ha dicho que el Hospital de Salamanca es básico para la Sanidad de esta Comunidad Autónoma. Siempre se ha manifestado en apoyo a este centro sanitario. De hecho, al anterior gerente, Rafael López, que ha durado escasos meses al frente del Complejo Sanitario de la capital salmantina, lo ha fichado para la Consejería de Sanidad.

Y ahora, para el hueco que ha dejado, Sáez Aguado ha traído a Cristina Granados, que hasta ahora ha sido la gerente del Hospital de Toledo, considerado uno de los más saturados de España y que en los últimos años ha estado rodeado de polémica. En ese centro hospitalario era frecuente encontrar camas en los pasillos ante el repunte de algún tipo de enfermedades.

Cristina Granados, que dirigió el hospital toledano desde agosto de 2014, es una profesional de la Sanidad considerada como “obediente” a las órdenes que den los políticos. Y durante este año ha ejecutado todas las decisiones de sus jefes a la perfección.

Además, Granados también ha sido la gerente del hospital de Guadalajara y ha ocupado otros altos cargos de centros en la Comunidad de Madrid. Es conocida por ser del “núcleo duro” de Maria Dolores de Cospedal, favorable a los recortes sanitarios. Incluso se llegó a asegurar en Castilla La Mancha que el gerente anterior a Cristina Granados fue destituido por no estar de acuerdo con los recortes en el Hospital de Toledo.

En noviembre pasado, www.eldiarioclm.es publicó el cese fulminante del coordinador de urgencias del Hospital de Toledo por “no esconder los pacientes”. Según aquella información, “tras una acalorada recriminación por parte de Cristina Granados, gerente del área integrada del hospital de Toledo, con el coordinador de urgencias del centro 'Virgen de la Salud', la gerente ha cesado fulminantemente a este profesional de su puesto de trabajo. Los motivos, según los propios trabajadores del hospital y presentes en el momento, ha sido ”no esconder a los pacientes que están en los pasillos hospitalizados para que no estén a la vista“.

Cristina Granados es desde 2012, miembro de la Junta Directiva y representante Territorial en Castilla La Mancha de la Sociedad Española de Directivos de Salud (Sedisa), donde también es vocal el anterior gerente del Hospital de Salamanca, Rafael López.

El Gobierno de María Dolores de Cospedal justificó, en agosto del pasado año, el nombramiento de Granados por su “su apuesta por la profesionalización de este tipo de cargos y la transparencia en el proceso de selección ha convocado este puesto directivo”.

Y ahora llega a Castilla y León, a un Complejo Asistencial –como es denominado el complejo hospitalario, que aglutina dos hospitales, el Virgen de la Vega y el Clínico- de Salamanca con importantes problemas organizativos, con una destacada politización en sus órganos directivos y a la espera de concluir un nuevo edificio hospitalario, que debería haberse acabado en 2013 y que ahora se dice que acabará en 2019.

Además, los sindicatos han jugado un papel importante en los últimos meses, ya que han convocado tres grandes manifestaciones en Salamanca en contra de los recortes sanitarios y por el papel jugado por la Junta de Castilla y León en la elaboración de la plantilla.