Arden las calles. En Francia se suceden los tumultos, los saqueos e incluso se incendian edificios históricos como el ayuntamiento de Limoges. En Madrid, sin llegar a esos extremos, prosigue la acampada de Sol, imitada en otras ciudades españolas, para reclamar el derecho a una vivienda digna mientras el profesorado hace huelga para mejorar las condiciones y la financiación de la educación pública. En ambos casos, en las fechas previas a unas elecciones, el 29N en el caso de España, y las elecciones presidenciales del próximo mes de abril en el país vecino, y con la intervención violenta de la policía como nexo de unión. Italia, Albania, Serbia, Bélgica, son escenarios de las protestas, sobre todo por parte de la juventud, contra el coste de vida y los recortes educativos. Muchas manifestaciones terminan en enfrentamientos violentos.

Mientras la derecha y la ultraderecha de los países europeos acusan a los manifestantes de poco menos ser “terroristas de extrema izquierda”, de ser unos “mamarrachos” (Ayuso dixit), o culpan a la inmigración de estos conflictos, se obvia el origen de esta situación que afecta a gran parte de la sociedad, en la que la dificultad de acceder a una vivienda es la punta del iceberg. El coste de la vida va muy por delante de la subida de los salarios, imposibilitando el ahorro; se generalizan los trabajos precarios, sobre todo entre la juventud, que impiden su emancipación; se ahondan las diferencias entre ricos y pobres, etc...

El 91% de los municipios de la Región de Murcia se sitúa entre el 25% de los municipios con menor renta de España, con una renta media neta inferior a 13.218 euros anuales por habitante, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, con datos de 2024. Es la proporción más alta de todas las comunidades autonómas. Sólo cuatro municipios, Murcia, Cartagena, Ojós y Molina de Segura, superan esa cifra, pero para situarse en el escalafón siguiente, los municipios con renta media-baja, lo que no invita al entusiasmo. Mientras tanto, el precio medio del alquiler en la Región de Murcia supera por primera vez los 800 euros. Todo esto provoca que la quinta parte de las trabajadoras y trabajadores de la Región, el 20%, a pesar de tener un empleo, esté por debajo del umbral de la pobreza.

España lidera el crecimiento económico de la UE, con previsiones de aumentar el PIB un 2,4% en 2026, el triple que la media europea y, por primera vez en décadas, la tasa de paro está por debajo del 10%. Sin embargo, ese crecimiento no alcanza a la mayoría de la población, y se sustenta gracias a la precariedad laboral. La juventud actual, la llamada 'generación Z', es la generación mejor preparada de la historia. Más de la mitad de los y las jóvenes de entre 25 y 34 años poseen estudios superiores, cuando en el año 2000 esa cifra no llegaba al 35%. Pero ese nivel educativo no se corresponde con el tipo de empleo que suelen desempeñar. Según la OCDE, en España, más del 35% de los trabajadores con estudios superiores ocupan puestos que no requieren ese nivel, frente a una media del 22-23% en los países del entorno, y su salario no les permite independizarse de sus padres. Es la primera generación que vive peor que lo hicieron sus padres, lo que crea una sensación de frustración y de que, por mucho que se esfuercen, no llegan a cumplir sus objetivos, tan sencillos como iniciar una vida independiente y, mucho menos, vivir en pareja o fundar una familia.

Es común que los estudiantes compartan piso para poder hacer frente a los gastos de vivienda. Pero esta circunstancia alcanza también a jóvenes adultos con empleo, en los que la crisis habitacional está obligando también a personas mayores de 35 o incluso 55 años a compartir piso por necesidad. La mayoría social ha estado demasiado tiempo callada, viendo cómo las grandes empresas del Ibex-35, los bancos, las empresas energéticas, las grandes distribuidoras de alimentación, multiplican sus beneficios mientras es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Los sindicatos han convocado una huelga para el próximo 11 de noviembre, justo antes del inicio de la campaña electoral. Esta huelga va dirigida tanto al actual gobierno como al que venga después, sea del signo que sea. Es una llamada de atención a los poderes públicos de que ya no bastan las palabras, sino que es imperioso pasar a la acción para cambiar esta situación. Esperemos que tomen nota.

La experiencia personal y desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de acompañar a familias en los procesos de desahucio está marcada por el dolor que las víctimas sienten y que expresan como pueden entre sollozos y balbuceos. Es un dolor desgarrador que les rompe la vida y que no les permite mirar a sus hijos e hijas porque tienen el convencimiento de que les dejan sin futuro. En cierta ocasión, una madre me decía con lágrimas en los ojos que cómo le iba a explicar a sus hijos que tenían que abandonar su casa, irse de su colegio y alejarse de sus amigos y amigas; que cuando sus hijos le preguntarán el porqué no sabía qué les iba a responder.

La muerte de Maricarmen, esa gran mujer luchadora de 87 años desahuciada de su hogar en Madrid, nos ha conmocionado en lo más profundo de nuestro corazón y es el reflejo de una sociedad donde el dinero se ha convertido en idolatría y en su altar sacrificamos vidas humanas, sobre todo, de los más vulnerables. Enseguida han saltado los adoradores del dinero lanzando su odio y desprecio contra Maricarmen porque ha luchado por su hogar en una zona de Madrid que se considera de rentas altas. Decían despectivamente de una manera resumida: ¿cómo una mujer pensionista que paga 500 euros y no puede pagar más pretende quedarse en esa vivienda? Fuera, vividora y vete a una zona más pobre, que es donde te corresponde.

Mi experiencia personal en los desahucios es ver un gran dolor. Muchas veces desde el silencio, la vergüenza y la culpabilidad. La pérdida del hogar produce un inmenso dolor, destroza y marca de por vida. Se pierde salud mental y también física. Es el dolor de los desahucios. La toma de ansiolíticos se convierte en la única forma de soportar este dolor porque la pregunta dónde iré y qué va a ser de nuestras vidas se convierten en un martillo emocional. Los menores y adolescentes que sufren un desahucio se encuentran con un terrible trauma que los marca para siempre. Se aíslan y mueren por dentro, al igual que sus padres y madres.

Qué razón llevaba Hannah Arendt cuando afirmaba que “la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie”. Quieren los poderosos, esas élites económicas, financieras, sociales y políticas que muera la empatía, que alcancemos un grado tal de insensibilización y deshumanización que nos lleve a justificar las injusticias sociales y legitimar el sufrimiento de los demás. Se trata de apoyar esas políticas de avaricia, codicia y ambición de los adinerados y despotricar, maldecir y humillar a los más empobrecidos y más vulnerables.

Un pequeño homenaje a Maricarmen y a todas las maricármenes que han sufrido un desahucio y que han perdido la vida porque no son muertes naturales; son muertes sociales porque este sistema cruel y bárbaro les quitó la vida, las mataron. De ahí, el lema 'no son muertes, son asesinatos'.

El mayor homenaje son todas esas acampadas en tantos lugares de la geografía española en reivindicación del derecho a la vivienda con medidas que la hagan realidad. También le añado el derecho al trabajo digno y a una vida digna, tal y como es el lema de la huelga general del 11 de noviembre.

Sueño con que la empatía despierta nuestra sensibilización con el sufrimiento y el dolor de los demás, pero para ello hay que destronar la idolatría del dinero y poner en el centro la vida de toda persona con toda su dignidad, empatizar con su dolor.

Resulta que ser cenizo es algo inevitable porque forma parte de nuestra bendita humanidad.  Esto es una mala noticia para los psicólogos y los coach. Los primeros podrán decir por fin que tener miedo es lógico, puesto que nuestras patologías se asocian a la poca calidad de vida, la incertidumbre, a la ausencia de relato. Si son honestos nos recomendarán entonces afiliarnos a un sindicato. A los segundos no les funcionará ya lo del mindfulness, ni la respiración asistida con inspiradoras frases. Me dejo a los influencers a propósito, pues al tributar la mayoría en Andorra, no merecen consideración.

El miedo no es una sensación cobarde, sino de alerta ante el peligro. Lo llevamos en la sangre desde las cavernas. Por eso las malas noticias venden más. Lo explicó hace unos días, con mejores argumentos, en el ciclo ‘Cartagena Piensa’, Fernando Valladares, brillantísimo biólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas, optimista irredento, experto en Cambio Climático y divulgador. Tiene el raro don de explicar muy sencillo el verbo científico, tan alejado de nuestras mentes de peatón.

Cuerpo y cerebro reaccionan con mucha más fuerza a los estímulos negativos, buscan seguridad antes que entrar en razón. Con estos elementos tan básicos, directos a las tripas, se diseña la propaganda más feroz y efectiva. Por eso unos jóvenes cantan ‘Montañas Nevadas’, El ‘Careto al sol’ o el ‘Oriamendi’. ¿Sabrán, en su ciego ardor guerrero, que la letra del himno carlista se escribió en euskera?. Digámoslo claro, lo que sí saben de pe a pá mayor las últimas generaciones de chicas y chicos son todas las canciones de nuestra Rosalía, diva suprema, musa de la diversidad. Los de la caverna son violentos, es otra evidencia. La buena noticia que el cerebro límbico debe registrar es que, frente a ese ruido amenazante, existe todo un nuevo movimiento que se organiza, vota, razona.

 Cuando la dopamina se ha liado en plan romántico con el algoritmo, se produce en redes la recompensa intermitente o doomscrulling, que así escrito todo junto parece lenguaje de gym, aunque quiere decir lectura compulsiva de noticias feas. En estos días se han consumido bastantes más de las digeribles, algunas de ellas con acento murciano. Se trata, como ya sabemos todos por nuestros móviles de cabecera, del Día de la Hispanidad, donde también las evidencias apuntan a que había mucho Acho, espero por favor que sin autobús ni bocadillo de mortadela. Otra vez más el fascischorus line habitual contra presidente. Desde luego, parecía todo orquestado. En este país, con la bendición de los subcampeones de la oposición, el insulto ya es protocolo tradicional. Pero una cosa, queridos odiadores: de verdad que aburre mucho esto, qué pereza.

A por atún y ver al duque, el tour carpetovetónico también fue a la Puerta del Sol a insultar, provocar, pero sobre todo defender a España y su bandera. Allí hemos conocido a la nueva libertad guiando al pueblo, una concejala popular de Torre Pacheco, (¿otra vez?) gritando a los jóvenes acampados insultos que por aquí no quiero ni debo transcribir. Palabras de política de altura, que jamás sabrían entender Voltaire, Rousseau, Diderot, ni Montesquieu. Frases cortas, a veces de solo un par de sílabas. O tres, pero vaya contundencia.

La señora, su clara inteligencia, la dicción perfecta, esa exquisita educación, junto a su mini coral juvenil han dado la vuelta al país, otro orgullo más para nuestra región. La nueva libertad no lleva gorro frigio ni se llama Marianne, seguramente no pasará al Olimpo de las activistas, pero que importa eso ahora. Bonjour et bienvenue, Ginesa. Conociendo el percal de esta tierra tan muda para reaccionar, supongo que a las mujeres de todas las edades de su partido les habrá parecido bien tan estelar aparición. Ya saben, una admiradora, una amiga, una esclava, una sierva.

A pocos metros de la charla de Fernando Valladares, un pequeño grupo asistió ese día a la inauguración de la nueva iluminación del Palacio Consistorial. Esa parte institucional, silenciosa, solemne. En la otra esquina, cientos de jóvenes aplaudían al científico. Conviviendo en paz, futuro y statu quo, como siempre debe ser. No sé por qué, lo que de verdad brillaba fuerte no eran las luces del Ayuntamiento.  

Había pensado escribir un artículo sobre los movimientos sociales en España, un tema sobre el que tenía algunas ideas y no pocas dudas, pero durante el viaje de regreso a Murcia ocurrió algo que me hizo cambiar de propósito. En el tren, cerca de mí, viajaba una pareja de personas mayores. Ella parecía padecer alguna enfermedad, aunque no podía saberlo. Él estaba pendiente de sus movimientos, le preparaba la comida y después le daba sus medicinas, la ayudaba sin que tuviera que pedírselo y, de vez en cuando, la besaba en la cara. No eran besos distraídos, de esos que damos casi por costumbre, sino besos que parecían decir algo que yo, naturalmente, desconocía. Me enamoró aquella ternura, quizá porque no es frecuente presenciarla entre desconocidos, o quizá porque nos hemos acostumbrado a no mirar.

Ignoro cuánto tiempo llevaban juntos ni qué dificultades habían atravesado. Durante unas horas, contemplé a alguien cuidando a otra persona sin que pareciera esperar nada a cambio. Anne Carson ha escrito sobre esa distancia que persiste incluso entre quienes se aman, sobre aquello que nunca llegamos a conocer ni a poseer del otro. Pensé que quizá cuidar consista también en eso, es decir, en permanecer cerca sin pretender que la vida ajena nos pertenezca. Y comprendí que debía escribir sobre los cuidados, esa palabra corriente para una realidad de la que depende casi todo.

Nos gusta pensar que somos independientes, que nuestra vida nos pertenece y que hemos llegado hasta donde estamos por nuestros propios méritos. Olvidamos, acaso por conveniencia, que antes de poder elegir alguien nos sostuvo, nos alimentó y nos protegió, y que probablemente volveremos a necesitarlo. Nuestra autonomía es, en buena medida, el resultado de cuidados previos que preferimos olvidar.

Vivimos, empero, en una época en la que la lógica del mercado parece haberse extendido más allá de la economía. El neoliberalismo no explica por sí solo nuestras transformaciones sociales, pero ha contribuido a consolidar una manera de pensar que mide las relaciones por lo que aportan y a las personas por su utilidad. Algunos gobernantes administran el Estado como una empresa y tratan a los ciudadanos como clientes. Nosotros tampoco estamos libres de esa tentación. Hasta el lenguaje del afecto parece tomado de la contabilidad: invertir en una relación, valorar lo recibido, calcular si merece la pena continuar.

Naturalmente, no deberíamos confundir el compromiso con la obligación de permanecer donde nos hacen daño. La libertad de abandonar relaciones perjudiciales constituye una conquista irrenunciable. Pero una cosa es poder marcharse y otra suponer que nuestras decisiones no dejan consecuencias en quienes permanecen. A veces confundimos la autonomía con no deber nada a nadie, como si ser libres nos dispensara de responder por nuestros actos.

Cuidar supone resistirse a esa indiferencia. No significa complacer siempre, renunciar a uno mismo ni sustituir la voluntad ajena. Significa reconocer que el otro tiene una biografía que desconocemos y una dignidad independiente de lo que pueda ofrecernos. Nadie puede hacerse cargo de todas las vidas, pero tampoco deberíamos comportarnos como si la nuestra fuera la única que importara.

Aprendí algo de esto durante mi participación en la PAH. Recuerdo especialmente un desahucio que conseguimos paralizar, el de una pareja de ancianos que nos abrazaron llorando hasta que terminamos llorando con ellos. Dos compañeras y yo continuamos visitándolos hasta que fallecieron. Fueron, de algún modo, mis abuelos políticos. Habíamos acudido para impedir una injusticia y encontramos una relación que sobrevivió a aquella mañana. Comprendí entonces que la solidaridad no termina cuando desaparecen las pancartas y que cuidar también significa permanecer cuando nadie nos observa.

Pero nadie debería depender de encontrar personas generosas para conservar su vivienda o recibir atención sanitaria. El Estado de bienestar expresa precisamente esa convicción: que una sociedad no puede juzgarse únicamente por la riqueza que produce, sino también por las vidas que protege. La eficiencia de los servicios públicos importa, desde luego, porque los recursos son limitados; lo que resulta difícilmente defendible es convertir la rentabilidad en su finalidad última. Quienes ejercen el poder deberían recordarlo: gobernar no consiste solo en defender convicciones, sino en responder por las consecuencias previsibles de las decisiones, especialmente para quienes apenas tienen voz. Y esa responsabilidad exige controles y garantías, no solo buenas intenciones.

El Derecho comienza a reconocerlo. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció, mediante una opinión consultiva, el cuidado como un derecho humano autónomo, articulado en tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y autocuidado. Es una referencia relevante, aunque no incorpore, por sí misma, un nuevo derecho fundamental al ordenamiento español. Tampoco se trata de imponer afectos, algo tan imposible como indeseable, sino de garantizar condiciones para que cuidar y recibir cuidados no supongan sacrificar la propia dignidad ni perpetuar su reparto desigual, todavía soportado en gran medida por las mujeres.

Quizá necesitemos también una constitución de cuidados. No otra Constitución, sino una lectura más exigente de la nuestra, que proclama a España como Estado social y democrático de Derecho, reconoce la dignidad humana y obliga a promover una libertad y una igualdad reales y efectivas. Una constitución de cuidados no exigiría que nos quisiéramos, sino que enfermar, envejecer o cuidar de alguien no implicara perder la propia autonomía.

Esa responsabilidad también alcanza a nuestra convivencia democrática. Los movimientos sociales recuerdan que cuidar no siempre significa acompañar en silencio; a veces exige protestar y transformar las instituciones. La defensa del Mar Menor ofrece un ejemplo: una movilización ciudadana contribuyó a que la Ley 19/2022 reconociera la personalidad jurídica a la laguna y a su cuenca. También podemos proteger aquello que no tiene voz y de lo que dependerán quienes todavía no han nacido.

Pero ninguna causa justa nos exime de escuchar a quienes discrepan. Cuidar la democracia exige defender sus instituciones sin confundirlas con quienes las ocupan, reconocer nuestros errores y recordar que el adversario no deja de ser una persona.

He seguido pensando en aquel hombre del tren, en la manera en que preparaba la merienda de su compañera y la besaba como si aquel gesto, repetido quizá durante años, conservara intacto su sentido. Ninguna ley puede imponer una ternura semejante; pero acaso deberíamos juzgar nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestra idea de progreso por lo que hacen para que nadie quede abandonado cuando más necesita de los demás.

La tortuga mora (Testudo graeca) es una especie muy valiosa del sureste y un emblema del patrimonio natural de nuestra tierra. La región alberga cerca del 60% de su población. Es una tortuga terrestre estrictamente protegida y declarada como vulnerable ante el riesgo de extinción. Sus poblaciones principales se encuentran en Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón y Cartagena. Necesitamos medidas activas urgentes para revertir esta situación de riesgo.

La tortuga mora es, como todos los reptiles, un animal ectotermo o de sangre fría y no supera el kilogramo de peso. El hábitat de la tortuga está compuesto de matorral con especies como albaida, romero, cornical, espino o esparto, que conforman tipos de hábitats de interés comunitario según la Directiva Hábitats. Este matorral se puede mezclar con pequeñas extensiones cultivadas en secano o formaciones abiertas de pino carrasco o de encina. Presenta dos periodos de inactividad (invierno y verano) que se alternan con dos de actividad (primavera y otoño), siendo la actividad primaveral más importante que la de otoño.

Unas de las amenazas principales es la fragmentación y pérdida de sus hábitats, causados por la actividad agrícola intensiva y la urbanización. La agroindustria intensiva, el urbanismo y las infraestructuras se perfilan como principales causantes de la fragmentación y pérdida del 22% del hábitat de la especie, ya que son las actividades que más transforman el territorio. Los incendios forestales también afectan a esta especie de una manera significativa. Hay que tomar diferentes medidas de protección, algunas voluntarias en forma de buenas prácticas, otras consensuadas con los propietarios de los terrenos, para mejorar la conexión entre áreas que se encuentran actualmente aisladas.

La carretera se ha convertido en un riesgo mortal para las tortugas. Se necesitan señales verticales de tráfico que informen de la presencia de fauna silvestre y un mayor control de la velocidad de los vehículos. Los atropellos en vías que cruzan espacios naturales causan una alta mortalidad. Hace dos años, la asociación ambiental de Águilas, Amacope, denunciaba la elevada mortandad por atropello de ejemplares de tortuga mora en la carretera que une las playas aguileñas de Calabardina y El Sombrerico, en el parque natural de Cabo Cope y Calnegre

Otra amenaza es la recogida de tortugas silvestres para usarlas como mascotas, que está catalogada como delito. Liberar ejemplares criados en cautividad tiene un impacto negativo porque introduce enfermedades y debilita la genética de las poblaciones silvestres. Las hibridaciones, derivadas de la suelta de estos ejemplares, suponen impactos graves en sus poblaciones. A esta situación se suman las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, que desplaza el hábitat de la tortuga hacia el norte, a mayor velocidad de la que la especie puede adaptarse.

En la última década, se ha realizado un seguimiento bastante exhaustivo por parte de la Universidad Miguel Hernández, en el que diversas organizaciones ambientales han colaborado en algunas localizaciones; obteniendo mucha información de la especie, con estudios genéticos, de enfermedades, parásitos, mutaciones, etc. Hay que afrontar el problema de su conservación con acciones efectivas de nuestras administraciones, en un contexto de calentamiento global y múltiples amenazas.

La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un proyecto de un Plan de Conservación de la Tortuga Mora, con el objetivo de regular el uso del suelo rural, la restauración ecológica y garantizar la supervivencia de la especie; con aportaciones muy significativas de Ecologistas en Acción. Hubo una aprobación inicial en 2025, pero no su aprobación definitiva ni su puesta en práctica hasta la fecha.

El pasado agosto, el estado español envió a la Comisión Europea el proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, una hoja de ruta que deberá concretarse antes de septiembre de 2027. La identificación de buena parte de los hábitats deteriorados es la adecuada, pero hay omisiones relevantes para la región como la tortuga mora. Es necesario ampliar los objetivos del plan y revisar algunas exclusiones como esta.

Nuestra sociedad civil y sus instituciones tiene la obligación legal y moral de conservar esta especie singular, que debería ser considerada un emblema regional y un patrimonio natural; de cuya conservación se puede sentir legítimo orgullo. El reto de llegar a ser una sociedad ambiental y resiliente es hacer compatible la actividad económica con la conservación de especies emblemáticas de nuestro territorio, de cuya custodia somos responsables.

Siempre se ha dicho que la derecha vota. Que vota siempre. Mientras, una parte de la izquierda se queda en casa porque no le convence el candidato, está enfadada con su partido o sencillamente siente que no cree ni quiere formar parte del sistema. Eso sí, después puede pasarse cuatro años quejándose del resultado.

Pero si trazásemos una línea divisoria entre el sistema y nosotros, nos partiríamos por la mitad, porque somos sistema, también cuando decidimos no participar. Y la abstención tiene consecuencias.

Cada vez me interesa menos quién es de izquierdas o de derechas y centro más mi interés en quién ha dejado de saber a quién votar. Porque creo que hay un voto que durante mucho tiempo hemos llamado indeciso, desencantado o huérfano, pero empiezo a pensar que se parece más a un voto náufrago.

El huérfano ha perdido a alguien. El náufrago ha perdido el barco.

Y puede seguir sabiendo perfectamente de dónde viene. Puede continuar siendo de izquierdas o de derechas, pero haber dejado de reconocer como propio el barco en el que viajaba.

Durante los últimos años se ha agrandado la ruptura entre una parte de la ciudadanía y quienes la representan. Corrupción, promesas incumplidas, reproches cruzados y un Congreso que demasiadas veces contemplamos como un circo donde importa más demostrar que la culpa es del otro que encontrar una solución. La gente se cansa y, sobre todo, se agota de que la tomen por tonta. Ahí empieza a romperse algo más importante que la fidelidad a unas siglas: la credibilidad.

La Región de Murcia ofrece estos días una fotografía especialmente interesante. El último Barómetro de Verano del CEMOP sitúa al PP en el 43,1% de los votos, a Vox como segunda fuerza con un 25,4%, al PSOE en el 17,7% y a Podemos-IU-AV en el 5,3%.

Pero esa fotografía tiene una particularidad: fue tomada antes de que Pedro Sánchez anunciara las elecciones generales del 29 de noviembre. El trabajo de campo terminó el 17 de septiembre. Por tanto, el CEMOP nos dice dónde estaban los electores antes de que comenzara una campaña que intentará precisamente moverlos.

Y me interesa mucho más eso que la clasificación.

La inmigración, la vivienda y el coste de la vida aparecen entre las preocupaciones de los murcianos. Hay un dato especialmente revelador: el 72,1% de los encuestados considera que el impacto de la inmigración irregular influirá en su voto.

A la hora de votar ya no somos solamente lo que pensamos. También somos lo que necesitamos.

Y ahí volvemos al náufrago.

Hay antiguos votantes socialistas decepcionados. Hay votantes de una derecha moderada que podían reconocerse en un Partido Popular de gestión, experiencia y sentido institucional y que ahora contemplan su negociación constante con Vox. Hay antiguos votantes de Ciudadanos, quienes se abstuvieron y quienes siguen sin saber qué harán el 29 de noviembre cuando vuelvan a encontrarse delante de una urna.

El voto náufrago no es necesariamente de centro. Ese es, creo, uno de los errores que cometemos al intentar situarlo. Seguimos empeñados en colocar al elector en una línea horizontal que va de izquierda a derecha cuando puede que él esté preocupado por otra cosa: por su alquiler, por encontrar trabajo, por llegar a fin de mes, por la inmigración, por los servicios públicos, por sus hijos, por la seguridad o por aquello que mañana ocurra y hoy todavía ni siquiera forma parte de la conversación política.

La polarización puede servir para mantener movilizados a quienes ya están convencidos, pero no necesariamente para recuperar a quienes han dejado de estarlo. Cuando se rompe la confianza también se debilitan las fidelidades y entonces uno empieza a pensar menos en dónde le dicen que debe situarse y más en quién podría resolver aquello que necesita.

No creo que un nuevo partido de centro pudiera solucionarlo. Creo más bien en algo mucho menos sofisticado: la aplicación del sentido común. Qué pena que el PP haya dejado de utilizarlo como lema porque, en este momento, pocos mensajes podrían tener más fuerza que reivindicar el menos común y probablemente más codiciado de los sentidos.

No vamos a resucitar Ciudadanos. En lo que sí creo, con firmeza y con toda la ingenuidad que se me quiera atribuir, es en sentarse, acordar, gobernar, discrepar y volver a sentarse. Y no creo que haga falta otro partido bisagra. Creo que los que ya existen deberían preguntarse cuánta gente han ido dejando varada por el camino.

Porque ahí puede estar una de las grandes disputas del 29 de noviembre: no solo convencer al que piensa como tú, sino recuperar a quien dejó de confiar en ti.

El último CEMOP nos dice dónde estaban muchos de esos electores antes de la convocatoria. Ahora empieza algo bastante más difícil: saber hacia dónde se moverán cuando tengan que decidir.

El voto náufrago puede quedarse flotando, agarrarse a otro barco o decidir que ninguno merece todavía su confianza. Los partidos harán bien en no darlo por suyo y en hacer algo bastante más difícil: merecerlo.

Porque esta vez puede que ese voto náufrago alcance la orilla.

Hay momentos en los que una sociedad debería detenerse y preguntarse hasta dónde estamos dispuestos a llegar y la Región de Murcia está viviendo uno de ellos.

El discurso de la derecha sobre inmigración ya no se limita a reclamar más control de las fronteras, más medios para la Guardia Civil o una política eficaz contra las mafias. El siguiente paso es mucho más preocupante, convertir en sospechosos a quienes ayudan a las personas migrantes.

Vox lleva tiempo cuestionando la labor de las ONG que trabajan con migrantes, presentándolas como parte del supuesto “efecto llamada” y poniendo en cuestión la financiación pública de sus programas. Y el PP de López Miras, lejos de plantar cara a ese discurso, ha endurecido progresivamente su posición sobre inmigración para disputar a Vox ese espacio político.

El resultado es peligroso, el migrante deja de ser una persona con derechos para convertirse en un problema político, y quien lo atiende, es sospechoso de colaborar con ese problema.

Hay una víctima de esta batalla de la que se habla demasiado poco, los profesionales que trabajan cada día con las personas más vulnerables y entre ellos, los Trabajadores Sociales.

Una profesión esencial y, sin embargo, insuficientemente reconocida en España. Profesionales que no se limitan a conceder ayudas, como algunos pretenden hacer creer. Evalúan situaciones sociales, elaboran diagnósticos, diseñan intervenciones, acompañan procesos de inclusión, protegen a menores y familias, coordinan recursos y administraciones y trabajan para que las personas puedan recuperar autonomía y ejercer sus derechos.

Cuando un trabajador social atiende a una persona migrante no está haciendo política migratoria. Está haciendo su trabajo.

Cuando interviene con un menor extranjero no acompañado, no está premiando la inmigración irregular. Está protegiendo a un menor.

Cuando una ONG proporciona alojamiento, orientación jurídica o atención social, no está organizando ninguna invasión. Está intentando resolver, con recursos muchas veces insuficientes, una realidad que las administraciones públicas no pueden ignorar.

Por eso resulta especialmente injusto que se esté instalando un discurso que coloca bajo sospecha a quienes desempeñan esas tareas.

Porque detrás de cada expediente hay un profesional. Detrás de cada informe hay formación, conocimiento, responsabilidad y muchas horas de trabajo.

El Trabajo Social no es caridad. Es una profesión. Y una sociedad que necesita profesionales para atender a sus ciudadanos más vulnerables debería reconocerlos y dignificar su trabajo como merece.

Las ONG tampoco organizan las pateras, controlan las mafias ni provocan las guerras o la pobreza. Atienden a personas que ya están aquí.

Podemos discutir sobre fronteras, inmigración irregular, recursos y seguridad. Es legítimo y necesario.

Lo que no debería ser aceptable es convertir al migrante en chivo expiatorio y después señalar como cómplice a quien intenta ayudarlo.

Y aquí también debería escucharse con mucha más claridad la voz de la moral católica.

No toda la Iglesia murciana permanece callada. Organizaciones y colectivos católicos de la Diócesis de Cartagena han defendido públicamente la acogida, la dignidad y la convivencia.

Precisamente por eso cabe preguntarse por qué esa voz no resulta mucho más contundente cuando determinados discursos políticos señalan al extranjero y ponen bajo sospecha a quien lo atiende. Porque hay silencios que también tienen consecuencias.

Murcia conoce perfectamente la aportación de la inmigración. Miles de personas extranjeras trabajan en nuestros campos, empresas, servicios y hogares. Son parte de nuestra sociedad. Y también lo son quienes dedican su vida profesional a acompañarlas cuando más lo necesitan.

No necesitamos una sociedad que castigue la solidaridad. Necesitamos una sociedad que reconozca a quienes sostienen nuestros servicios sociales y que no permita que una profesión tan imprescindible como el Trabajo Social sea utilizada como munición en la batalla política.

Porque cuando se empieza señalando al migrante, después a la ONG, luego al trabajador social y finalmente a cualquiera que se atreva a defender la dignidad humana, el problema ya no es la inmigración, es la clase de sociedad que queremos ser.

Aunque haya pasado tiempo, la historia de Potàmias, un pueblo pequeño de la isla griega de Thassos debería contarse mucho, sobre todo ahora que de historias luminosas andamos flojos y, sobre todo, hambrientos. Si existiera un inventario de lecciones de la gente anónima, esa misma que se escribe con mayúscula, los hombres y mujeres de este pequeño rincón del Egeo deberían figurar. Son la muestra de que los matones no son nada si no hay miedo, que los superhéroes verdaderos son muchos más de lo que creemos, aunque quizá nunca conozcamos sus nombres, ni veamos sus caras en un reel. 

Ocurrió a finales de un frío marzo, hace más de trece años. Estaban preparando su gran evento, la Feria del Pueblo, aunque había poco que celebrar. Los griegos estaban sufriendo el segundo rescate bancario. La clase media había perdido sus ahorros y tuvo que recurrir al comedor social. Se hacían pagos con tarjetas de plástico, las legumbres costaban más que la langosta. Una generación entera de jóvenes tuvo que emigrar al norte de Europa. Petros Márkaris cuenta todo esto, con humor tierno y estoico, en su saga policíaca del inspector Kosta Jaritos, que es novela negra, pero también social.

Ese día desembarcó en el puerto de Skala, a solo tres kilómetros de Potàmias un grupo numeroso de hombres rapados, vestidos con estética militar. Algunos llevaban tatuado el 88, un código de la parafernalia hitleriana. Llevaban comida, bebida, productos de limpieza, todo lo básico e incluso algo de vino Retsina, que es una bebida ancestral. Cargaron varios camiones, entre cánticos de ¡Sangre, honor, Amanecer Dorado!» (Aima, timi, Chrysi Avgi) que no se les quita de la boca ni el honor ni la sangre a estos seres de cerebro roto. Después subieron en ruda y alegre camaradería machota hasta el pueblo, donde pensaban hacer su labor benéfica.

Este grupo, que primero fue asociación y luego partido político, repartía comida entre la población vulnerable, pero solo a los griegos auténticos, para lo que tenían que acreditar su pureza de sangre helena con el carnet de identidad. En el pueblo habían organizado un recibimiento digno el Centro de Cultura, un grupo de vecinos y el equipo de fútbol local. Les esperaron tranquilos, con pequeñas pancartas donde habían escrito ‘El fascismo no pasará’. Reconocían rápido a la gentuza. A los nazis les habían combatido con cariño partisano cuando ocuparon las islas en la Segunda Guerra Mundial. Les dijeron que no necesitaban caridad racista, que el fascismo no era bienvenido. Dejaron para el final las tres palabras mágicas: Éxo, apó, edó. Que en griego quiere decir fuera de aquí.

Los muchachos no llegaron a descargar sus camiones y se fueron con sus banderas mustias, su merchandising tóxico y sus idioteces honorables y sangrientas. De esta manera, un pequeño pueblo griego ingresó en la mitología de los héroes. Meses después, Amanecer Dorado asesinó en un barrio de Atenas al rapero Pavlos Fyssas, lo que supuso su final. La justicia griega ha confirmado en firme este año penas de diez años de cárcel para la cúpula.

Hace dos meses, los ceutíes advertían a los nazis patrios que acudieron a envenenar sus calles que ellos no son Torre Pacheco, donde hace unos días se presentó un partido ultra en el que hay dos condenados por delitos de odio. La idea es abrir una sede en Cartagena, imagino que después de un conveniente estudio de mercado, ya que en otros municipios no les han recibido tan bien. Sabemos que un local neonazi supone un tremendo foco de inseguridad. Violencia verbal y física, subida en los índices de criminalidad, disturbios, caos a mansalva. Todo esto, basado naturalmente en evidencias, lo saben los analistas del Centro Nacional de Inteligencia, las administraciones, por supuesto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero todos los gráficos y estudios del mundo no sirven mucho si los ciudadanos no reconocemos el peligro en nuestras calles y barrios. Por eso vuelvo al pacífico código griego para echar a un nazi de tu vida en plan suave, sin palabras feas ni patadas. Hay un truco infalible, hacerlo en comunidad. Ay, los griegos. Se nos olvida siempre que inventaron el pensamiento.

Quizá este artículo ya lo había escrito. O, al menos, había escrito algunas de sus partes sin saber que pertenecían al mismo artículo, lo cual es una forma bastante habitual de pensar: comprender solo después de llevar tiempo pensando en ello.

He hablado de la vivienda. De esa pretensión que parecía modesta y un derecho —tener un lugar propio—, que empieza a convertirse en un privilegio. También he escrito sobre el deambular. Sobre caminar sin rumbo por una ciudad, una extraña forma de posesión: hacer nuestro un lugar sin quitárselo a nadie.

Lo pienso desde hace tiempo. Seguramente desde mucho antes de saber que lo pensaba. Jumilla fue mi patria chica. La infancia. Mi primera medida del mundo. Allí me crié tomando la fresca.

Murcia ha sido la casa de la que siempre me fui y a la que siempre volví. Madrid me enseñó el anonimato, pero también la libertad de ser uno más entre la multitud. Londres fue la inmensidad y la convivencia con lo diferente; también esa extraña intimidad de saberse solo entre millones de personas. Las Palmas de Gran Canaria llegó después. Fue vitalidad, y allí comprendí también la gravedad que estaba adquiriendo el problema de la vivienda. Los precios. La dificultad de permanecer.

Porque la precariedad residencial no consiste solo en no tener casa. Consiste también en vivir bajo la sospecha de que mañana quizá no puedas seguir viviendo donde hoy has hecho tu vida.

Y vuelvo a Jumilla.

Tomar la fresca era muy poca cosa. Se sacaban las sillas a la puerta cuando caía la tarde. Los mayores hablaban. Los jóvenes estábamos allí. Alguien pasaba y se detenía. Nadie había quedado con nadie y, sin embargo, todos acabábamos encontrándonos.

Durante mucho tiempo pensé en aquello como se piensa en las cosas de la infancia, con esa indulgencia que concedemos a lo perdido. Ahora creo que había algo más. Aquella silla ocupaba unos metros de calle con absoluta naturalidad. Nadie compraba el derecho a sentarse. Nadie tenía que justificar su presencia. La calle servía para pasar, desde luego, pero también para quedarse.

Y acaso una ciudad empiece a dejar de ser nuestra cuando quedarse en ella exige siempre alguna contraprestación. No se trata de idealizar aquel tiempo. También había desigualdades, exclusiones y controles sociales que la memoria suele olvidar. Pero existía un uso cotidiano, improductivo, incluso ocioso, del espacio común.

Se podía sencillamente estar.

Ahí empieza, me parece, el verdadero problema de la vivienda. Hablamos de alquileres, hipotecas, metros cuadrados, precios. Es inevitable. Pero una casa no termina en sus paredes. Habitar significa poder permanecer en un entorno. Llegar al trabajo. Encontrar una escuela. Disponer de una plaza. Caminar. Encontrarse con alguien.

Una vivienda digna exige algo más que un techo. Se puede tener casa y haber perdido la ciudad. Porque la ciudad tiene valor y ese valor puede convertirse en precio. El barrio se convierte en una inversión. La vivienda, en activo. El centro histórico, en marca. Hasta la autenticidad puede acabar vendiéndose.

Y entonces sucede algo paradójico: aquello que hace atractivo un lugar termina expulsando a quienes contribuyeron a que así fuera. No siempre mediante un desahucio. A veces basta con transformar lentamente los usos, los precios, las costumbres, hasta que alguien descubre que sigue viviendo en el mismo sitio, pero ya no vive del todo en el mismo lugar.

La terraza sustituye a la silla. El visitante al vecino. La experiencia a la vida cotidiana. Una calle puede seguir siendo jurídicamente pública y resultar cada vez menos común.

La cuestión no es impedir que las ciudades cambien, sino preguntarse para quién cambian. Una plaza rehabilitada, un barrio más limpio, una calle peatonal pueden ser magníficas noticias. Pero hay algo profundamente contradictorio cuando quienes deberían disfrutar de esas mejoras ya no pueden permitirse vivir junto a ellas.

La ciudad es, además, conflicto. Encuentro y encontronazo. Personas que llegan. Personas que se marchan. Personas que quisieran quedarse. Quizá por eso desconfío de la ciudad excesivamente ordenada, donde cada espacio prescribe lo que debemos hacer, cada presencia necesita una finalidad y, para permanecer, casi siempre hay que consumir. Una ciudad así empieza a parecerse demasiado a un producto.

Y entonces, cuando este artículo estaba prácticamente escrito, ocurrió una de esas casualidades que pertenecen a la materia misma de las ciudades.

Antes de entrar al Teatro Circo de Murcia, hablé con Inma Miralles cuya mirada artística mira de verdad y no solo ve. Íbamos a ver El caso del amor fantasma, escrita y dirigida por Pablo López Pellicer, una obra sobre la fragilidad de ciertos vínculos y la responsabilidad que implica admitir que el otro está ahí. Mirarlo, no solo verlo; sostenerlo, no solo con palabras, sino también con acciones.

Después, al llegar a casa, observé los cuadros de Inma y leí sus poemas. Ella había mirado la ciudad antes de que yo escribiera estas páginas. Yo conocí su mirada cuando ya estaban casi escritas. Y, sin embargo, acabaron encontrándose.

También eso es una ciudad: vidas que se cruzan sin haberse citado.

En Fulgor nocturno los edificios se amontonan bajo un azul intenso. No aparecen personas, aunque parecen estar todas dentro. En Ciudad cuerpo la arquitectura se vuelve materia: rugosa, herida, casi orgánica.

El título contiene una intuición poderosa: la ciudad es cuerpo porque se vive con el cuerpo. Se camina. Se roza. Se ocupa. Se padece.

Y está el poema. Un hombre frente a una columna. Un cuerpo que parece descomponerse. La materia reclama una semántica. Y de pronto quedan esas palabras: «y, sin embargo, la ciudad».

Fue inevitable recordar aquel «y sin embargo» de Sabina sobre el amor. Algo parecido ocurre con las ciudades. Nos cansan. Nos enamoran. Nos encarecen la vida. A veces nos expulsan. Otras nos sostienen.

Y, sin embargo, la ciudad.

Tal vez porque la ciudad sea precisamente eso: esos cruces. Inma y yo hablando antes del teatro. Londres entre desconocidos. Madrid y el anonimato. Murcia como regreso. Las Palmas como vigor. Jumilla y unas sillas en la calle.

El Derecho sabe proteger la propiedad. Sabe ordenar el suelo. Sabe regular los arrendamientos. Pero no solo sirve para ordenar lo que existe. El Derecho también es una forma de imaginar.

Puede imaginar cómo queremos vivir juntos. Qué queremos proteger. A quién estamos dispuestos a ver. Qué cosas no estamos dispuestos a convertir en mercancía. Puede imaginar, incluso, que habitar una ciudad implica algo más que disponer de los recursos necesarios para pagarla.

Si no siempre lo hace, quizá no sea porque no pueda. Quizá sea porque sobre esa mirada prevalece otra: una mirada que mide antes de comprender, que calcula antes de cuidar, que pregunta cuánto vale un lugar antes de preguntarse quién puede vivir en él.

Y cuando esa mirada se impone, la ciudad deja poco a poco de ser el lugar donde vivimos para convertirse en el lugar del que alguien obtiene rentabilidad.

Por eso el problema no es solo jurídico. Ni solo económico. Es también una cuestión de imaginación: decidir qué ciudad consideramos posible y, sobre todo, digna de protección.

Quizá tomar la fresca no vuelva. Tampoco importa demasiado. Las costumbres desaparecen y otras ocupan su lugar. Sería absurdo pretender que una ciudad siguiera siendo aquella en la que fuimos niños solo porque aún recordamos cómo era.

Porque lo importante nunca fue la fresca: era aquella silla. O, mejor: la naturalidad con la que podíamos ponerla en la calle y quedarnos allí. Sin comprar nada. Sin justificar nada. Sin demostrar que aquel pedazo de ciudad nos perteneciera.

Por eso, la pregunta decisiva no es cuánto vale una ciudad, sino quién todavía puede sentarse en ella.

El desahucio de Maricarmen nos ha conmovido a todos/as. Se ha convertido en uno de los paradigmas del derecho a una vivienda digna, Hay muchas Maricarmen en nuestro país. En nuestra tierra, otro ejemplo, Ana y Pepe, jóvenes con magros salarios, no pueden alquilar una vivienda decente ni mucho menos meterse en una hipoteca para comprar un piso.

Parece obvio recordar el artículo 47 de nuestra Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

El reciente Decreto-ley 3/2026, de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, en su preámbulo, también señala que “los poderes públicos son conscientes de que actualmente nos encontramos en un escenario de emergencia en materia de vivienda…la falta de oferta de viviendas con el consiguiente efecto que ello produce en el precio de las mismas, siendo este último factor el que más afecta al acceso a la vivienda”.

A pesar de todas estas declaraciones de intenciones, la vivienda sigue sin ser un derecho para la ciudadanía y cada vez es más difícil el acceso a ella. En la Región de Murcia, el precio medio general del alquiler está en torno los 997 euros mensuales, variando según los metros cuadrados y la zona, y las habitaciones en piso compartido oscilan en torno unos 306 euros al mes.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en su estudio 'El coste de la vivienda y la pobreza oculta en España', describe que el 6,1% de los ciudadanos de la región que no son pobres por nivel de renta pasarían a serlo tras restar lo que pagan en hipoteca o alquiler. Es decir, 70.000 murcianos y murcianas caerían en la denominada 'pobreza oculta' después de pagar los gastos de vivienda. El pago del alquiler o la hipoteca son elementos de empobrecimiento en capas vulnerables de la sociedad murciana.

El Partido Popular está en el Gobierno regional 31 años y su política de vivienda protegida ha sido ínfima o inexistente. Sus gobernantes no pueden aducir una preocupación significativa sobre el tema, porque no lo es.  En el año 2023, nuestro presidente regional, López Miras, se vino arriba y prometió la construcción de 3.100 viviendas de protección oficial, lo que hoy se llama vivienda asequible. Sin embargo, seguimos esperando su materialización en acciones concretas.

Los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señalan que, en el primer trimestre de 2026, no se ha construido ni una sola vivienda protegida (ni iniciadas ni terminadas) en nuestra tierra. Tenemos el dudoso honor de encabezar el ranking, junto a Asturias y Canarias de comunidades sin actividad en VPO o Vivienda Asequible. Mientras tanto, el resto alcanzaba los máximos en los últimos años.

En septiembre, el presidente regional anunció una convocatoria de 16 millones de euros para ayudar a 2.300 jóvenes, entre 18 y 35 años, a pagar el alquiler. Cubrirán gastos correspondientes a dos años completos de alquiler, 2026 y 2027, y permitirán a los beneficiarios recibir hasta 300 euros mensuales cuando tengan alquilada una vivienda y hasta 200 euros al mes en el caso de una habitación. López Miras señalaba que la convocatoria «histórica» se pondrá en marcha antes de final de año.

En la Región de Murcia hay 343.380 personas entre los 18 y los 35 años, según los datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Si se cubrieran todas las ayudas, esta convocatoria afectaría al 0’6% de la población joven. Efectivamente, es «histórica». Aunque también se podría decir que por algo se empieza; pero, ¿no se podía haber comenzado hace diez años o más?

Los ayuntamiento debieran, además de licitar suelo, construir viviendas. El consistorio debiera ser una agente en la construcción de viviendas sociales, en régimen de alquiler o compra, con una Agencia Local de Vivienda Asequible como se ha hecho en otras ciudades de la Unión Europea (UE). Necesitamos un Plan Regional de Vivienda Pública, para construir un parque de viviendas sociales, que proteja y facilite el acceso a inmuebles asequibles a través de precios limitados de venta o alquiler y ayudas públicas del Plan Estatal de vivienda 2026-2030. Es necesario topar, mientras tanto, los precios del alquiler y una moratoria urgente a los desahucios.

La vivienda no puede ser un negocio, sino un servicio público de calidad, equivalente a la salud o la educación. La vivienda, como un derecho social básico, es un eje fundamental frente a la crisis ecosocial y la especulación urbanística.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Región de Murcia que confirma la responsabilidad de una empresa agrícola por los daños ocasionados al Mar Menor vuelve a plantear una cuestión, quién asume los costes de la contaminación y quién prefiere mirar hacia otro lado.

El TSJ de la región ha confirmado la responsabilidad medioambiental de una empresa agrícola por el vertido de unos 159.400 metros cúbicos de salmuera con nitratos al Mar Menor entre 2012 y 2016, así como la reclamación de 97.603 euros por los costes de prevención y reparación.

No es una consigna política, es una resolución judicial. La justicia recuerda que quien contamina debe reparar el daño. Pero también deja en evidencia la política ambiental del Gobierno regional del PP, presidido por Fernando López Miras.

El Mar Menor no se ha deteriorado de la noche a la mañana. Décadas de presión agrícola, vertidos, transformación del territorio y controles insuficientes han desembocado en una crisis ecológica con episodios dramáticos, como las mortandades masivas de peces de 2019 y 2021.

Mientras tanto, el Ejecutivo regional insiste en presentar la protección ambiental y los intereses agrarios como incompatibles. Es una falsa disyuntiva. Defender la laguna no significa criminalizar a los agricultores, sino distinguir entre quienes cumplen y quienes incumplen, perseguir las prácticas contaminantes y evitar que los costes recaigan sobre toda la sociedad.

Lo preocupante es que, mientras los tribunales confirman responsabilidades, el PP impulsa modificaciones de la Ley del Mar Menor criticadas por organizaciones ecologistas, vecinos, sindicatos y oposición. Sus defensores hablan de adaptar las sanciones a la normativa estatal, sus críticos advierten de rebajas para los infractores y de mayor flexibilidad para acceder a ayudas públicas tras cometer infracciones graves o muy graves.

El Gobierno regional no puede responder a este debate con propaganda ni mayorías parlamentarias coyunturales. Debe explicar por qué promueve cambios que pueden beneficiar a quienes incumplen las normas ambientales. La protección del Mar Menor no puede subordinarse a los intereses de determinados sectores ni a los equilibrios políticos del PP.

La sentencia demuestra que la contaminación puede generar responsabilidades concretas. Pero también que no basta con actuar cuando el daño ya está hecho. Hace falta inspeccionar, prevenir, multar y sancionar a tiempo.

El Mar Menor necesita controles eficaces, una ordenación rigurosa de su cuenca y una reducción real de los aportes contaminantes. Apoyar al sector agrario no significa proteger cualquier práctica empresarial.

López Miras debería asumir que proteger la laguna es una obligación institucional, no una concesión a la oposición ni a los ecologistas. La recuperación de nuestra joya de la corona El Mar Menor, debe estar por encima de cualquier interés partidista. Y quien contamine, sea quien sea, debería pagar y no solo una peccata minuta.

El fascismo ya está aquí, y viene para comernos. Al menos, esa es la sensación que me persigue desde hace un tiempo. Haría falta cerrar los ojos y no salir de casa para ignorar la creciente facilidad del movimiento conservador o abiertamente fascista para expresarse públicamente y, por alguna razón, sin vergüenza alguna. Es quizá eso lo que más asuste.

Hace unos días, en uno de los accesos de la Catedral de Murcia se produjo una dantesca imagen digna de tiempos más incívicos: un grupo de personas (hombres, mujeres y niños) haciendo el saludo fascista en medio de una de las calles más céntricas y llamativas de la ciudad de Murcia. Yo he nacido en Murcia, y personalmente no recuerdo presenciar jamás en la vía pública algo similar a eso.

Es complicado explicar qué es lo realmente aterrador de esta imagen. Quizá sea la impunidad con la que esas personas se ven para manifestar esa simbología sin miedo a ser detenidos o reprendidos por las autoridades. También es posible que sea presenciar en vivo y en directo cómo niños pequeños, sin culpa alguna de las familias en las que han nacido, son adoctrinados para adorar símbolos y saludos tan en contra de la educación y de la unión para con el resto de personas.

Para mí, lo verdaderamente importante es la absurda facilidad con la que dejamos pasar estos pequeños detalles mientras se abren paso por nuestra sociedad, y se aprovecha de las grietas sin tapar y las heridas del pasado de nuestro país. Murcia no es un vertedero fascista, estoy seguro de ello. Por muchas encuestas realizadas con resultados verdes y azules en su mayoría, o pueblos y pedanías donde la derecha llegue a gobernar, Murcia no es un lugar para exponer ese odio al diferente, al extranjero, al vulnerable.

Tampoco es lugar para mancillar la belleza de sus calles o el interés turístico que despierta con rocambolescas congregaciones hechas casi únicamente para llamar la atención. Somos una tierra de milenaria riqueza cultural, y de una educación bella constituida con valores de ayudar al necesitado. En este momento, son solo unos pocos juntándose en Murcia con este propósito, aunque lo verdaderamente peligroso del fascismo nunca ha sido sus intenciones, sino lo rápido que se expande manchando la mente y las acciones de quienes lo comulgan.

Por supuesto, hay intereses detrás de que esta ideología vuelva a ser poderosa entre lo popular, unos intereses oscuros e ignorantes, guiados por el poder y el dinero, en busca del “pan para hoy y hambre para mañana” social. No estamos tan lejos de la sociedad que vio morir a un dictador en su cama, por mucho que nos llamen locos al recalcarlo.

Estamos repitiendo los mismos errores, quizá peores todavía, que hace tres o cuatro generaciones. Pero esta vez, somos nosotros los que estamos cavando nuestra propia tumba. Quizá nos merecemos como sociedad aprender esta lección una y otra vez, ya que no nos entra en la cabeza. Quizá el fascismo viene para comernos y, tontos de nosotros, le hemos dejado la mesa puesta.

La frontera está en algún lugar entre la responsabilidad y el miedo, y todavía me cuesta saber exactamente dónde. He elegido estar solo, aunque sigo preguntándome cuánto hay de elección y cuánto de incapacidad en esa decisión

Anoche estuve en “A Gallete”. El festival de cultura murciana que organiza elDiario.es Región de Murcia terminaba la jornada con un cóctel y, como suele ocurrir en estos encuentros, lo que se vive después de los escenarios acaba siendo casi tan interesante como lo que sucede encima de ellos.

Entre conversaciones sobre cultura, proyectos, trabajo y Murcia apareció varias veces un asunto que no estaba en ningún programa: las parejas. Se comentaba que una de las cosas bonitas de este festival era que había muchas parejas entre quienes lo organizan, quienes participan y quienes forman parte de él.

No estaban hablando de mí, pero terminé pensando en mí.

Tengo 49 años y nunca he tenido pareja. Bueno, sí: hubo un Castillo en el aire cuando tenía 23 años. Duró unos cuatro años, fue la primera relación de mi vida y, hasta hoy, la última. Y aquella conversación, en mitad de un cóctel, me devolvió a una pregunta que llevo tiempo haciéndome: ¿de verdad me voy a quedar soltero para toda la vida?

Y si algo me inquieta es saber si mi ausencia de pareja tiene que ver con esos cambios que no he conseguido hacer o con aquellos que, en el fondo, tampoco he querido hacer.

He gozado de la fortuna de ser amado, mucho, por personas bellísimas que han pasado por mi vida y que me han querido de una manera que todavía hoy me conmueve recordar. En mis experiencias siempre me he entregado.

Aún no sé si me dejé querer; qué carajo, sí lo sé: no. Las relaciones terminaban y yo me quedaba con la sensación de hacer daño. Me resistía a seguir conquistando corazones, alimentando expectativas y después destrozándolos. Decidí renunciar a estar acompañado y pagar el precio de la soledad. Me pareció más justo renunciar a mi propia posibilidad de felicidad que seguir intentando encontrar la mía en la felicidad de otra persona. Y caí en ese tópico: ¿Cómo podría amar a nadie si no era capaz de amarme a mí mismo?

Dentro de mí existe una idea antigua y persistente: no soy merecedor. Sé que esa idea no se corresponde con la realidad. He sido querido, he querido y he construido vínculos profundos. Cuido con cariño incluso aquello que aparentemente no necesita ser cuidado: una planta, un mueble, una prenda, una piedra o una montaña. Tengo una enorme capacidad para querer. De eso sí estoy seguro. Lo que me cuesta es dejar que me quieran.

Durante mucho tiempo confundí el miedo a hacer daño con la responsabilidad de no hacerlo, y también hay egoísmo: me he encariñado rápidamente de algunas personas y después he sentido que necesitaba otra cosa, porque siempre me ha atraído lo diferente, algo más, algo distinto, no necesariamente mejor. Podía ser aburrimiento, una necesidad excesiva de libertad o esa parte de mí que nunca ha querido renunciar a determinadas cosas.

Nunca he entendido el amor como una cuestión de medias naranjas, porque el amor no aparece terminado: se construye, se hace. Dos personas se encuentran, se conocen, se equivocan, se descubren, negocian, renuncian, aprenden y vuelven a elegirse; el amor es, al fin y al cabo, un camino a recorrer acompañado.

Aferrarme a determinadas partes de mi vida puede ser egoísmo, pero también honestidad. Decidir vivir sin pareja porque uno sabe que carece de disposición para ofrecer determinadas cosas puede ser más honesto que prometerlas.

La frontera está en algún lugar entre la responsabilidad y el miedo, y todavía me cuesta saber exactamente dónde. He elegido estar solo, aunque sigo preguntándome cuánto hay de elección y cuánto de incapacidad en esa decisión. Quizá terminé aquí porque sigo sin conseguir cambiar aquellas cosas de mí que no gustan a los demás y tampoco a mí, pero existe una posibilidad más difícil de aceptar: que lo haya intentado y no haya podido, porque haya cosas de mí que todavía no sé transformar. Y tampoco pasa nada.

Llegué a pensar que debía arreglarme para poder tener pareja. Eso que los americanos llaman “you are broken”: estás roto. He construido una idea tan exigente del amor que nadie, ni siquiera yo, podría estar a la altura, cuando en realidad nadie llega completamente preparado a una relación; necesitamos llegar siendo honestos: esto soy, esto puedo darte, esto todavía me cuesta.

Durante mucho tiempo pensé que proteger a alguien consistía en mantener cierta distancia si existía la posibilidad de terminar haciéndole daño. Ahora veo el egoísmo que puede haber en eso. ¿Y si estoy decidiendo por otra persona que no merece la pena correr el riesgo de quererme? ¿Y si estoy llamando responsabilidad a algo que también es miedo?

Tengo miedo y tengo incertidumbre. Existe una parte de mí que teme que, si alguien me quiere de verdad, termine descubriendo que soy un fraude. Sé que sé amar, lo que temo es que alguien me ame y yo no sea capaz de sostener ese amor y descubrir que aquello que durante años he llamado responsabilidad era, en parte, una manera de esconder mi propia sensación de no merecer.

Y, al mismo tiempo, siento que la soledad tampoco es mi destino. Nos necesitamos. Una pareja puede formar parte de esa necesidad, pero también están los demás: necesitamos que nos quieran, querer, cuidar y ser cuidados, compartir y sentir que alguien nos mira y nos reconoce. He nacido para querer y para ser querido. De eso sí estoy seguro.

Y aquí aparece la contradicción que más me cuesta aceptar: ¿y si no hay nada que arreglar?

A mis 49 años también tengo que aceptar que quizá esta vida que he construido me gusta tal como es. Que puedo querer una pareja y, al mismo tiempo, estar bien sin ella. Que una cosa es desear algo y otra necesitarlo para sentir que mi vida está completa.

La pregunta sigue ahí: ¿quiero realmente una pareja o quiero la idea de tenerla? No encuentro una respuesta y quizá tampoco la tenga nunca. Lo que sí sé es que ya no quiero seguir buscando una explicación que me convierta en culpable o en víctima.

La única respuesta honesta que puedo darme hoy es que no sé si me voy a quedar soltero para toda la vida. Por ahora, me conformo con no necesitar buscar una respuesta.

Se acaba de celebrar la Semana Europea de la Movilidad en las principales ciudades del país, entre las que se encuentran Murcia y Cartagena, con multitud de eventos y actividades cuyo objetivo, en teoría, consiste en concienciar a la ciudadanía y a los gobernantes sobre los efectos negativos del uso excesivo del coche en las ciudades. Este acontecimiento se viene organizando de forma ininterrumpida en nuestra región desde 2002, por lo que ya vamos por la 25ª edición.

Rutas en bicicleta y patines, el 'Parking Day', iniciativa por la que se ocupan espacios reservados a los coches, plazas de aparcamiento, para convertirlos temporalmente en parques, zonas verdes y espacios para las personas o visitas guiadas de espacios públicos de las ciudades, son algunas de las actividades que, año tras año, se ofrecen a la ciudadanía. La semana culmina con el Día Sin Coches, establecido por la ONU todos los 22 de septiembre, como un modo de sensibilizar sobre el excesivo tráfico y fomentar el uso de la bicicleta y del transporte público, y animar a la gente a caminar.

Sin embargo, este Día Internacional sin Coches, como todos los días, hago uso de mi bicicleta para ir y venir de mi trabajo por los carriles bici (aunque habría que rebautizarlos como “carriles patinete”, por la ocupación casi exclusiva de los carriles por parte de este medio de locomoción), y no noto diferencia alguna con un día cualquiera: atascos de tráfico, sobre todo en las horas punta, contaminación y escasez de autobuses. El colmo se produce cuando en el día sin coches se producen esperas de hasta media hora para acceder por la A-7 a las pedanías de Guadalupe y La Ñora, coincidiendo con el inicio de curso en la UCAM.

Los distintos ayuntamientos se ven obligados a celebrar estos eventos para no quedarse descolgados y demostrar que somos ciudades “modernas”, a la vanguardia de las principales ciudades europeas. Pero cualquier comparación con nuestros vecinos europeos es odiosa. Vale que en Murcia hay carriles bici, instalados a partir de 2017 de forma tímida, con solo 7,5 km, y ampliados a partir de 2021 con 100 km más, con un alcalde socialista por cierto, pero no constituyen una red continua, sino que se cortan en determinados puntos y no conectan de forma adecuada con las pedanías. A eso se suma la ausencia de un sistema eficaz de alquiler de bicicletas, pese a los intentos pasados, por los problemas con el suministro de vehículos y recambios que impiden un servicio adecuado y, por qué no decirlo, por el maltrato que sufren estos vehículos por parte de algunos ciudadanos incívicos (todos recordamos el video viral del joven que, en 2017, tiró una bici de alquiler al río Segura).

¿Y qué decir del transporte público de la ciudad de Murcia? Calificado por muchos como “el peor transporte público de España”, esta impresión se ve corroborada por la poca frecuencia de paso de los autobuses, sobre todo hacia las pedanías, con esperas de más de media hora en la mayoría de los casos y aglomeraciones extremas en ciertas lineas que incluso obligan a pasajeros a quedarse en tierra ante la imposibilidad de acceder al vehículo. Si para el Ayuntamiento de Murcia el mayor éxito en cuanto a la movilidad es la implantación del tranvibús, que solo realiza el trayecto del centro de la ciudad al Hospital de la Arrixaca, nos hacemos una idea de cuál es el nivel de implicación del Consistorio en la mejora del transporte público. Todo esto traduce en el descenso del número de viajeros en autobús en el último año, un 6,5% menos que en 2025, la cifra más alta de España.

En cuanto al tranvía, seguimos sin tener fecha de inicio de obras de la linea Sur, anunciada desde 2010. A todo esto hay que añadir la conflictividad surgida con los trabajadores del tranvía y de los autobuses urbanos, que reclaman un calendario laboral anual que garantice la regulación transparente de los descansos, festivos y turnos para favorecer la conciliación laboral y familiar de las plantillas.

Año tras año se celebra la Semana de la Movilidad sin demasiado entusiasmo por parte de los ayuntamientos, como una cita ineludible en el calendario, pero sin aportar soluciones reales al problema del tráfico. Sin embargo, hace años que las soluciones están ahí y se aplican en ciudades europeas: mejora de la frecuencia de los autobuses urbanos, peatonalización del centro de la ciudad, impidiendo el paso a vehículos privados en determinadas zonas del centro; prohibición del paso de vehículos al centro si no es para ir al lugar de trabajo, de compras o a una cita médica, como ocurre en París; ampliación y conexión de los carriles bici, de modo que se pueda transitar por ellos en todo momento, llegando a las pedanías. Sin la aplicación de éstas y otras medidas, las sucesivas semanas de la movilidad serán nuevos fracasos anunciados.

Definición de Resiliencia (RAE):

1. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

2. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.

Ahmed se levanta a las 5 de la madrugada para viajar una hora y media en una furgoneta con otros emigrantes. Luego hace diez horas de trabajo agrícola por el salario mínimo, sin cobrar las horas extras.

Lucia, emigrante, combina varios trabajos para poder enviar algo de dinero a su familia, vive con varias personas. Le gustaría tener un solo trabajo y una vivienda para vivir con sus hijos/as.

Antonio, de Murcia, ha acabado la carrera y un máster. Trabaja por un sueldo mínimo en la hostelería. Ha pensado buscar trabajo de lo suyo en Italia o Francia.

Lola, una joven de Cartagena, frustrada por no encontrar trabajo de lo suyo, acepta una plaza de au pair en Gran Bretaña. Piensa así mejorar su inglés, pero no tiene nada claro su futuro.

Eduardo y Ana, pareja, con trabajos muy precarios, viven con sus padres porque no puede permitirse alquilar una vivienda, ni mucho menos meterse en una hipoteca con sus salarios.

María, médica, trabaja en urgencias de un hospital con jornadas de trabajo y guardias extenuantes. Algunas veces siente la incomprensión de una parte de la población usuaria. Sigue teniendo una firme vocación.

Elena y Pura, son pareja, todavía tienen que controlar no besarse demasiado en la calle por las miradas de odio e insultos que han recibido, pero a pesar de todo siguen dándose muestras de afecto.

Elena, viuda, de Lorca, con una pensión indigna, tiene que vivir en parte de la solidaridad de su familia y afrontar un futuro de soledad, pero tiene ganas de vivir y salir con las amigas,

Carmen es profesora en una ciudad cercana a Murcia, en un centro público. Reclama la disminución de ratios en las aulas, atención a la diversidad y una mayor implicación de la comunidad educativa. No ha disminuido su vocación de enseñar.

Son ejemplos de personas resilientes concretas (los nombres están cambiados) que forman parte de nuestra sociedad civil murciana y a las que se tendría que dar una respuesta desde nuestras instituciones más cercanas: la administración local y regional.

El Mar Menor es un ejemplo de ecosistema resiliente que pueden llegar a no serlo. Nuestra laguna salada sufre un grave proceso de eutrofización derivado de vertidos agrícolas (nitratos), mineros y urbanos. En 2022 se aprobó una ley histórica que le otorgó personalidad jurídica propia, convirtiéndolo en el primer ecosistema de Europa con derechos legales equiparables a los de una persona o empresa. Pero ahora la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor supone un paso atrás muy significativo.

Una administración resiliente debiera proteger la cohesión social y generar confianza en una democracia real, inclusiva, que ponga el centro en los derechos humanos. Las instituciones tienen que modificar sus modelos de gestión ante la emergencia y desigualdad social, la vivienda o la mitigación del cambio climático. Necesitamos acciones proactivas institucionales que den esperanza y futuro a la gente y hagan frente a la desigualdad social que cada vez se convierte en un agujero negro.

La gobernanza democrática necesita ser inclusiva y resiliente. Necesita tener empatía con la amplia mayoría social que la componen y con los grupos sociales más vulnerables. No se pueden dejar grupos y personas en el camino. Las administraciones tienen que atender los problemas y demandas de la gente que pesan más que los intereses de la agroindustria, urbanísticos y financieros en la región.

La educación es un espacio fundamental para la construcción de resiliencia, ya que en ella se desarrollan no solo procesos de aprendizaje, sino procesos más complejos de socialización y desarrollo subjetivo. Para generar sujetos capaces de actuar en nuestra sociedad es necesario construir resiliencia.

La desigualdad social, la vivienda, el trabajo digno, el Mar Menor y los impactos regionales del calentamiento global son ejemplos a los que una administración cercana y resiliente tiene que dar respuesta en el corto y medio plazo. Necesitamos una democracia más inclusiva que sirva a la gente, cubra sus necesidades y mejore sus vidas.

Las sociedades democráticas se sostienen sobre un principio fundamental: la convivencia entre personas diferentes. Cuando ese principio se erosiona mediante discursos que señalan, estigmatizan y convierten a determinados colectivos en enemigos públicos, las consecuencias no tardan en aparecer. Lo que comienza como una campaña de confrontación verbal termina traduciéndose en agresiones, persecuciones y violencia física.

Los recientes acontecimientos registrados en Ceuta y distintos puntos del país muestran con preocupante claridad un fenómeno ampliamente estudiado por la sociología, la criminología y los organismos de derechos humanos: la transformación del discurso extremista en violencia real.

Durante las últimas semanas, grupos organizados han protagonizado acciones dirigidas contra personas migrantes en diversos enclaves de Ceuta. Entre otras actuaciones, se han denunciado ataques a asentamientos informales, la quema de refugios improvisados en zonas como Benítez, El Trampolín o El Tarajal, así como acciones de persecución y señalamiento de personas migrantes o entidades sociales que ayudan a niños, niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

No se trata únicamente de episodios aislados. Lo preocupante es el clima social que los hace posibles. Cuando determinados mensajes presentan a colectivos enteros como una amenaza colectiva, cuando se habla de “invasión”, “sustitución” o “peligro migratorio” de forma constante y sin matices, se genera un terreno fértil para que algunos individuos concluyan que la violencia es una respuesta legítima.

La historia reciente demuestra que los ataques físicos rara vez aparecen de forma espontánea. Antes existe un proceso gradual de deshumanización. Primero se cuestiona la pertenencia de determinados grupos a la comunidad. Después se les responsabiliza de problemas complejos. Finalmente, algunos individuos terminan creyendo que actuar contra esa persona o un determinado colectivo, está justificado.

Pero el fenómeno va más allá de las personas migrantes. Ciudadanos españoles de confesión musulmana, vecinos nacidos en España con ascendencia magrebí o simplemente personas con apariencia árabe han denunciado situaciones de acoso, insultos y agresiones. El prejuicio opera sin distinguir nacionalidades, trayectorias personales ni grados de integración. La sospecha colectiva sustituye al conocimiento individual.

Uno de los ejemplos más estremecedores tuvo lugar en Ceuta cuando un niño de ocho años resultó herido tras recibir un disparo de perdigones efectuado presuntamente por individuos encapuchados organizados. La imagen de un menor convertido en víctima de un clima de hostilidad colectiva debería servir como señal de alarma para toda la sociedad.

En este contexto, la reciente agresión sufrida por Hamza en la localidad murciana de Mula —donde denunció haber recibido un botellazo en la cabeza—, ilustra de manera perfecta cómo funcionan los mecanismos de radicalización social.

Según los relatos difundidos públicamente y manifestados, los insultos precedieron a la agresión física. La frase atribuida a los agresores contiene varios elementos clásicos de los delitos motivados por odio: “Moro de mierda, vas a pagar por lo de Ceuta, te voy a matar a ti y a tu familia”.

Desde una perspectiva de análisis social, este comportamiento revela tres mecanismos fundamentales:

La Región de Murcia no es ajena a esta realidad. En los últimos años, organizaciones sociales, entidades de defensa de los derechos humanos y organismos especializados hemos alertado sobre distintos episodios de tensión y racismo que evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y convivencia.

Frente a esta situación, la respuesta debe producirse en varios niveles de forma simultánea:

Las democracias no se rompen únicamente por los actos violentos que llegan a ocupar titulares. También se deterioran cuando el odio se normaliza en conversaciones cotidianas, discursos públicos y espacios digitales. Las palabras tienen consecuencias. Lo que se tolera hoy en el lenguaje puede convertirse mañana en agresión física.

Por eso, la defensa de los derechos humanos no es solo una cuestión jurídica. Es sobre todo un compromiso ético y una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Frenar la espiral del odio antes de que produzca nuevas víctimas constituye una responsabilidad compartida por instituciones, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía.

Porque cuando una sociedad permite que una persona que convive en nuestro barrio, municipio,... sea atacado por su origen, su religión o su apariencia, no solo pierde la víctima. Pierde la comunidad entera. Y recuperar la confianza quebrada siempre resulta mucho más difícil que protegerla a tiempo.

¡¡Solidaridad y Justicia para Hamza!!

Recuerdo con nitidez la primera vez que visité la Alhambra. Tenía unos siete u ocho años, y llevaba una pequeña libreta en la que iba describiendo lo que veía en cada sala y le ponía nota, como una especie de crítica de arte pequeña y repipi. También cuando me leí por primera vez y de forma paralela el libro que mi padre tenía entre sus manos y, de este modo, salté a la literatura adulta desde Barco de Vapor y Alfaguara Juvenil: era ‘La insoportable levedad del ser’ de Milan Kundera. O cuando escuché un concierto de Chavela Vargas en el Teatro Romea la noche antes de un examen de Lengua en COU. Son momentos que puedo rememorar a la perfección por la honda impresión que me causaron. No han sido los únicos, por supuesto, pero sí de los más precoces. La cultura, el arte y la artesanía nos permite respirar, comprendernos, hacernos preguntas, ser críticos, explorar ideas y emociones que no son solo odio, no sentirnos solos, deleitarnos con la belleza, conversar con los muertos y también con los vivos. Como dijo Federico García Lorca en 1931 durante la inauguración de una biblioteca en Fuerte Vaqueros: “No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro”. 

En la Región de Murcia la cultura bulle en los últimos años a una temperatura cada vez más alta: en todos los ámbitos posibles; desde el Do It Yourself (hazlo tú mismo) punk, del que también ha bebido el feminismo, hasta lo más granado de la industria nacional e internacional; con murcianas de rompe y rasga que están dispuestas a expresar sus voces y con la enorme diversidad que entreteje nuestra historia y cultura, tanto la alta como la baja, la popular como la exquisita, la costera como la huertana. 

En la edición de elDiario.es en la Región de Murcia celebramos los días 22 y 23 de septiembre una nueva edición del Festival de Cultura Murciana 'A Gallete', un encuentro que vuelve a apostar por el talento y la creación de la Región como protagonistas. Las jornadas tendrán lugar de 19.00 a 23.00 horas, en el Pabellón 2 del HUB Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El festival plantea dos jornadas de conversaciones en torno a distintas disciplinas de la cultura contemporánea. Arquitectura, fotografía, diseño y música serán los ejes de un programa que reunirá a profesionales consolidados y nuevas voces para compartir experiencias, reflexionar sobre sus respectivos sectores y abordar los retos a los que se enfrenta la creación cultural en la Región.

Arquitectos como Pablo Carbonell, Laura Ortín, Dictinio de Castillo, Tatiana Poggi y Joaquín Martínez Vicente; fotógrafos como Alfonso Durán, Pilar Morales, Silvia Marte y David de Flores (La Cámara Roja); diseñadoras como Miriam García (Broken Finger), Raquel Castillo, Martaé Martínez (Las Culpass) y Tesi Andreu (Tessara); o músicos como Ruth Lorenzo, Nando Efe y Curro Tropiko (Awakate), Julia Cry y Juan Antonio Franco y Paloma Vicente (Verde Columbares) protagonizarán unas jornadas moderadas por María José Climent, Aíta Salinas, Irene Rodríguez (@laguiavintage) y Miguel A. Tébar, que terminarán con un cóctel al ritmo de las DJ VONDEE y Lady Dilema.

El premio de esta edición, un botijo hecho para la ocasión por Diego Lizán, irá a parar a la compañía teatral Zoo Cabaret, que hemos ido buscando en las diferentes madrigueras que han tenido en la huerta, como si fuéramos Alicia en el país de las maravillas. 

Queremos bebernos las palabras de estos murcianos y murcianas 'A Gallete'. ¡Os esperamos en el barrio de El Camen con muchísima ilusión en lo que supone nuestro undécimo cumpleaños!

Hay una palabra que los gobiernos del Partido Popular utilizan con enorme facilidad cuando hablan de servicios públicos, “eficacia”

La pronuncian para justificar privatizaciones, concesiones y contratos millonarios. Como si la eficiencia tuviera necesariamente un propietario privado y gestionar directamente un servicio público fuera una especie de pecado administrativo.

La huelga del transporte que estos días afecta a Murcia y Cartagena debería servirnos para algo más que para calcular cuánto tardamos en coger el autobús. Debería obligarnos a preguntarnos ¿qué modelo de transporte público estamos construyendo?

Porque los conductores de autobús no atienden a meros clientes. Atienden a ciudadanos con derechos.

Los trabajadores reclaman poder conocer sus horarios y descansos con suficiente antelación, organizar su vida y conciliar. Mientras empresas y sindicatos son incapaces de alcanzar un acuerdo, miles de ciudadanos sufren las consecuencias. La respuesta será la de siempre, “La huelga perjudica a los ciudadanos”.

Por supuesto que una huelga provoca molestias. Pero resulta curioso que quienes más se indignan por ellas sean muchas veces los mismos que aceptan sin demasiadas preguntas que servicios esenciales financiados con dinero público sean gestionados como negocios privados. Y, ahí está el verdadero debate.

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto sobre la mesa un contrato de 731,5 millones de euros para diez años. Una cantidad semejante debería provocar, una pregunta. ¿Por qué no se ha planteado seriamente la creación de una empresa pública municipal de transporte?

No digo que la gestión pública sea automáticamente más barata. Digo algo mucho más elemental: con 731,5 M€ comprometidos durante una década, lo mínimo exigible es comparar alternativas. Gestión privada frente a gestión pública.

Mismos autobuses. Mismas líneas. Mismas frecuencias. Mismos trabajadores. Mantenimiento, combustible, tecnología e inversiones. Y después de ver números encima de la mesa. ¿Cuánto cuesta cada modelo? ¿Cuánto dinero público recibe? ¿Cuánto acaba en beneficio empresarial? ¿Cuánto costaría una gestión directa?

Que me lo demuestren con datos, porque el PP tiene todo el derecho a defender la iniciativa privada. Forma parte de su ideología. Lo que no puede hacer es convertir esa preferencia ideológica en una verdad económica incuestionable.

La gestión privada no es sinónimo automático de eficiencia. Y la gestión pública tampoco de ineficiencia. Lo sensato sería comparar.

Pero en la Región de Murcia llevamos demasiado tiempo aceptando un modelo en el que se privatiza la gestión y se entrega a empresas privadas una actividad que seguimos pagando entre todos.

Y cuando llegan los problemas, vuelve a aparecer la Administración para poner más dinero, garantizar servicios mínimos, corregir deficiencias o solucionar aquello que, según nos dijeron, el mercado iba a gestionar mejor.

Curiosa concepción de la eficiencia, el beneficio se privatiza y el coste de los problemas se socializa. Mientras tanto, cuando los trabajadores protestan, se les acusa de perjudicar al ciudadano.

Pero un transporte público de calidad necesita también buenos profesionales, conductores con salarios dignos, descansos adecuados y horarios previsibles. La calidad del servicio y la calidad del empleo no son cuestiones separadas.

No podemos exigir autobuses puntuales mientras aceptamos condiciones laborales que dificultan la vida de quienes los conducen.

Y la huelga debería incomodar políticamente a los gobiernos responsables del servicio. No porque los trabajadores estén equivocados por hacer huelga. Al contrario, el derecho de huelga existe precisamente porque, cuando la negociación fracasa, los trabajadores necesitan una herramienta para defender sus derechos.

El problema es haber construido un modelo en el que un servicio esencial depende de intereses empresariales mientras las administraciones públicas continúan poniendo el dinero. El problema del PP no es defender la iniciativa privada, su problema comienza cuando confunde lo público con aquello que puede convertirse en negocio.

Cuando ve una residencia de mayores y piensa en una concesión. Cuando ve un autobús y piensa en un contrato. Cuando ve un servicio sanitario y piensa en una externalización. Eso no es gestionar lo público. Es renunciar a la capacidad de gestionar directamente aquello que pertenece a todos.

Porque un autobús no es solamente un vehículo. Es lo que permite a una persona mayor acudir al médico, a un estudiante llegar a clase, a un trabajador acudir a su puesto de trabajo o a una familia prescindir de un segundo vehículo.

Eso es valor público. Y eso también debería formar parte de la ecuación cuando hablamos de eficiencia. Así que, ¿Queremos un transporte público al servicio de los ciudadanos o un negocio privado financiado con dinero público?

Porque gobernar lo público no debería consistir en buscar quién puede hacer negocio con ello, sino en garantizar derechos.

Y eso se llama servicio público.

Antes de que Paul Bowles fuera un gurú de la generación Beat y después de que el y su mujer Jane se instalaran en el cosmopolita Tánger, existió una célebre maceta. Por culpa de sus poderes, a Jane Bowles, que era la más genia de los dos, le estalló literalmente la cabeza. Esta es la historia que recordaba el escritor en incontables entrevistas, a lo largo de los años. Echó siempre la culpa a la ayudante de su esposa, una mujer nativa, quien manejaba la energía oscura desde un humilde tiesto.

Los encantamientos a través de las macetas son un tema recurrente en muchas culturas, no solo las norteafricanas. Los franceses primero, y luego los republicanos españoles exiliados en Orán, aprendieron de la tradición oral estas maneras antiguas de retorcer destinos. Los hijos de sus hijos también. Sirven uñas, dientes, trozos de piel seca, fotos recientes, hilos de colores, algún cabello suelto. Tornillos, clavos, alfileres, como en los rituales que Marie Vadeau hacía en Nueva Orleans, tras escuchar tantos secretos de las mujeres a las que peinó.

Los sortilegios sanan, enamoran, enferman, matan. La tierra canaliza esa energía entre los mundos, según estas creencias, o la superstición. Esto es infalible como recurso literario. Paul Bowles escribió sobre aquella magia vegetal, precursora de la IA, en su novela ‘Amor por un puñado de pelos’ con Mohamed Mrabet, su alter ego marroquí. Juntos recibieron desde el café Baba, su centro de operaciones, a varias generaciones de una especie casi extinguida, el peregrino intelectual. A Bowles no solo le debemos su magnético ‘El cielo protector’, también acuñó la famosa frase sobre lo que es ser un viajero, o un vulgar turista. Con los selfies, esa diferencia se difuminó.

Una maceta resulta hoy el símbolo más gráfico de resistencia urbana contra el urbanismo depredador, porque no hay imagen que explique mejor la felicidad sencilla. Las doce mil que adornan estos días Cartagena podrían ser como las de Bowles, inteligentes, teledirigidas, algo asesinas. Como cada vez que hay eventos en la ciudad, el centro, el puerto y la Alameda se decoran con paneles grandes que pueden tener hasta trescientos cacharros de plástico, coronados con preciosas flores. Algunas composiciones son tan bonitas que no se entiende por qué diablos no se pueden conservar.

Cuando este jolgorio se termine, todas serán retiradas y enterradas vivas en un gran contenedor. Es triste, pero no hay brigadas del feng-shui ni de buenrollismo de las energías positivas, las que sean, que defiendan a estos seres que respiran. Solo algunos vecinos piadosos que, por las noches, las retiran antes de su ejecución. Digo yo que para perpetrar un maceticidio tan tremendo cada vez que en mi ciudad se celebra algo, el dinero público debe sobrar como en Carthago Nova, donde nuestros ancestros vivían con key words tan parecidas a las nuestras. Mucho circo. De pan, lo justo. Brazos en alto, toros y religión.

Aunque las plantas no tengan cerebro, la ciencia de vanguardia ha descubierto que pueden recordar, comunicarse, reconocer a sus iguales, defenderse. Esto último es lo que me gusta más. En el maravilloso ensayo ´Planta sapiens’, sobre la inteligencia secreta de las plantas, Paco Calvo y Natalie Lawrence demuestran por qué el pensamiento vegetal es descentralizado, y como se conecta con su entorno. Calvo, que es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Murcia y director del Laboratorio de Inteligencia Mínima, abunda en la idea de que hay que tratar a las plantas como sujetos. Cuenta también que nos cuesta entenderlas, entre otras cosas, porque crecen para vivir, pero no se pueden desplazar. Aunque no será el caso de las macetas cartageneras. No les dará tiempo a disfrutar mucho. Serán flores de unos pocos días, nada más.

Cuando leamos en oficiales y relamidos textos que doce mil macetas decorarán las calles cartageneras, hay que aguantar el diafragma, para que el aire pase muy lento. A lo mejor esos laureles o verdolagas o geranios lloran, quien sabe si nos avisan de algo que no vemos. Lo que sabemos es que la Naturaleza les importa un bledo. De qué no serán capaces si tiran a la basura la belleza. De qué no.

Hay algo curioso en los vínculos: no siempre sabemos cuándo terminan. Esto vale para la pareja, para la amistad, para los hermanos, para quienes estuvieron muy cerca de nosotros y un día dejaron de estarlo. Casi nunca existe una fecha precisa en la que uno pueda decir: Hasta ayer creía sentir; hoy ya no, aunque no sabría decir cuándo ocurrió, si es que ocurrió. A veces dejamos de buscar a alguien y seguimos queriéndolo; otras, seguimos preocupándonos por él y no sabemos muy bien por qué. Tal vez ciertos vínculos no concluyan del todo, sino que se desplacen dentro de nosotros.

Lo que sí puede desaparecer antes es la mirada. Podemos seguir viendo a alguien y haber dejado de mirarlo. Porque mirar nunca es del todo inocente: podemos observar a alguien con disimulo, pero el encuentro de dos miradas nos expone.

He vuelto a ver estos días dos películas: Cuentos de Tokio y Lost in Translation. Y mientras las veía, recordé una tercera que vi en su estreno: El perdón, del cineasta murciano Joaquín Lisón. A veces anoto en un papel ideas sin mucho orden: una frase, una escena, algo leído, cualquier cosa que se queda conmigo por una razón imprecisa. Después intento reunirlas y, casi inevitablemente, termino preguntándome si tienen algo que ver con mi especialidad jurídica. Es un juego, claro; pero, como todos los juegos que merecen la pena, hay que tomárselo en serio. Esta vez, al juntar los papeles, aparecía, una y otra vez, la misma palabra: mirar.

En Lost in Translation, dos personas que probablemente no volverán a cruzarse se conceden al final unos segundos de atención absoluta. Él le susurra algo que nosotros no escuchamos. Quizá sea mejor así. En Cuentos de Tokio ocurre algo distinto y, en el fondo, parecido. Unos padres ancianos visitan a sus hijos, que apenas tienen tiempo para ellos. Lo inquietante es que no son malos hijos. Si lo fueran, todo resultaría más fácil. Están ocupados: trabajo, familias, obligaciones. Noriko —que ni siquiera es su hija— encuentra tiempo para estar con ellos.

Ozu parece saber que la bondad produce una belleza discreta mediante una especie de triángulo de miradas: dos personas distintas que, por un instante, dejan de ocupar el centro de sí mismas y hacen converger su atención en algo compartido. No hace falta comprenderlo todo del otro. A veces basta con desplazarse de uno mismo.

Y aquí mis apuntes empiezan a acercarse al derecho internacional. Salvando todas las distancias —que son muchas—, una de las grandes transformaciones jurídicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial consistió precisamente en desplazar el centro de la mirada. Durante mucho tiempo, el orden internacional se construyó en torno al Estado y la soberanía. Después de la barbarie, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y, sobre todo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 expresaron algo que hoy nos parece obvio y entonces no lo era: detrás del Estado había seres humanos. El individuo no reemplazó al Estado, pero empezó a hacerse visible en un orden jurídico que había contemplado el mundo durante demasiado tiempo desde la perspectiva de la soberanía.

A ese proceso lo llamamos humanización del derecho internacional. Siempre me ha interesado la expresión porque dice más de lo que aparenta. Humanizar el Derecho no es volverlo sentimental ni renunciar a sus categorías. El Derecho necesita distinguir entre nacional y extranjero, refugiado y migrante, residente y solicitante de asilo. El peligro empieza cuando la categoría sustituye a la persona que pretende describir.

Lo hacemos también fuera de la ley. Decimos: mi ex, mi jefe, la cuidadora, el camarero, y creemos haber dicho algo cuando quizá solo nos hemos ahorrado el trabajo de imaginar quién es. La categoría nos ahorra el rostro.

Sé que estamos hechos de células y átomos, pero también de historias con sus consecuencias. Cada persona lleva una que comenzó antes de nosotros y quizá continúe cuando ya no formemos parte de ella. Casi nunca la conocemos entera, ni hace falta. Humanizar la mirada quizá consista en aceptar que detrás de lo que vemos hay mucho que ignoramos.

La ficción de la invulnerabilidad sostiene la distancia: creer que las historias ajenas no nos conciernen. La vulnerabilidad del otro incomoda porque nos recuerda la propia. Esa fragilidad muestra lo que preferimos mantener invisible. La ternura comienza cuando reconocemos esa cercanía y dejamos que nos afecte. También el dolor ajeno reclama ser mirado —de verdad—.

Por eso pienso en las personas migrantes, sin techo o en situación de exclusión, que viven entre nosotros. Trabajan en nuestros campos, cuidan a nuestros mayores, limpian casas y hoteles, sirven mesas, reparten comida o esperan un autobús de madrugada. Las vemos a diario, pero podemos discutir durante horas sobre los inmigrantes sin imaginar a uno solo.

Y existe otra forma de no mirar: reducir una realidad compleja a un único culpable. Hay quien convierte la inmigración en la explicación de casi todos nuestros malestares, y quien atribuye la hostilidad únicamente a quienes obtienen rédito político de ella. Entre una simplificación y otra quedan fuera de campo la precariedad, la vivienda inaccesible, los salarios insuficientes, la desigualdad y la sensación de competir por recursos escasos. Son causas menos cómodas: no pueden expulsarse en una frontera ni asignarse a un único adversario.

Nada de esto borra los problemas jurídicos y políticos reales. Un Estado tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras dentro de lo que el Derecho permite. Humanizar la mirada no consiste en negar esas fronteras ni en sustituir las normas por buenos sentimientos. Consiste en discutir sobre expulsiones, devoluciones, asilo o control fronterizo, sin olvidar quién las sostiene.

Quizá por eso recordé El perdón. La película de Joaquín Lisón, rodada en distintos lugares de la Región de Murcia, aborda la inmigración y la reparación del daño mediante el encuentro entre Ana, una médica española, y Nala, una mujer senegalesa. Hay algo sencillo en una de sus imágenes que se me quedó dentro: la médica no solo atiende a la migrante; la mira.

Puede parecer poca cosa. No lo es. Mirar a alguien es devolverle algo de su singularidad allí donde la costumbre, la distancia o la categoría habían colocado simplemente a la inmigrante. Quizá esa mirada sea una forma simbólica de reparación. En una tierra atravesada desde hace siglos por acequias, me gusta pensar que también la mirada puede ser un cauce: una manera humilde de hacer llegar al otro algo que le era debido.

La pobreza hace aún más fácil dejar de mirar. Nuestro vocabulario lo delata. El extranjero con recursos suele ser residente, inversor, expatriado o turista. El extranjero pobre es sencillamente un inmigrante. No miramos igual al que llega con una tarjeta de crédito que al que llega con una bolsa. Tal vez porque el segundo nos recuerda lo que preferiríamos olvidar: que la seguridad es precaria, que las vidas se tuercen y que cualquiera puede necesitar, alguna vez, que le hagan sitio.

Eso fue también, en una escala incomparablemente mayor, lo que el derecho internacional comenzó a hacer después de la guerra: modificar el lugar desde el que miraba. No eliminó la soberanía ni convirtió al individuo en el único centro del orden jurídico. Hizo algo más modesto y quizá más profundo: impuso límites a lo que el poder podía hacerle a una persona y reconoció que la dignidad humana no desaparece al cruzar una frontera.

Una frontera delimita un territorio; no delimita la dignidad.

Tal vez por eso aquellos apuntes no estaban tan separados como creía. Humanizar no significa querer a todos, ni conservar todos los vínculos, ni abrir todas las fronteras. A veces hay que marcharse y a veces hay que cerrar una puerta. También los Estados tienen puertas y fronteras. La cuestión es si, al cerrarlas, necesitamos dejar de reconocer a quien permanece al otro lado.

Ochenta años después de que el derecho internacional empezara a colocar al ser humano en su campo de visión, quizá seguimos aprendiendo una lección sencilla de formular y difícil de practicar: detrás de cada categoría hay alguien. Humanizar la mirada consiste, al final, en no dejar de ver al otro cuando empieza a incomodarnos.