La contaminación por nitratos de las aguas superficiales y subterráneas, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los problemas medioambientales y de salud pública más graves en nuestra región. El exceso de fertilizantes ha provocado la filtración masiva de nitratos, contaminando gravemente las masas de agua, con un impacto crítico en el ecosistema del Mar Menor.

Desde la administración se propone una primera revisión del programa contra la contaminación por nitratos vigente, aprobado en 2016, que tendría que haberse hecho en 2020, y volver a revisarse en 2024. Es decir, vamos a tener aprobada la primera revisión del plan casi cuando tocaría la tercera. Además de centrarse en controlar el uso de nitratos hay que buscar formas de evitar la contaminación difusa y evaluar la eficacia de las medidas que se adopten, así como su revisión de una manera regular y periódica para evitar su fracaso, como puede pasar con este documento, que es casi el mismo que el anterior. Este plan puede convertirse en papel mojado y no servir para frenar la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero, ni tampoco recuperar espacios ya dañados como nuestra laguna salada.

El nuevo programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia y el programa de actuación específico para la zona vulnerable del Campo de Cartagena se convierten en instrumentos inoperantes. La falta de avances y eficacia de las medidas planteadas en ambos textos hacen previsible su fracaso en la reducción de la contaminación como viene ocurriendo desde hace más de dos décadas.

El hecho de que esta revisión del vigente programa de actuación se produzca diez años después de su aprobación es un síntoma de la falta de voluntad institucional, ya que estos programas debieran renovarse cada cuatro años. La situación va a peor en toda la región, y casos como el del Mar Menor apelan a una mayor urgencia y eficacia, justo lo contrario de lo que sucede, incluso a pesar de las sanciones de la Comisión Europea por la insuficiente aplicación de la Directiva Europea de Nitratos. 

Lo más preocupante es el propio contenido del programa. Los avances reales en el nuevo documento son escasos e insuficientes. La mayor parte de las obligaciones son una repetición de las que ya tenía el programa vigente o son obligaciones ya exigidas en otras normas como la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor y el Real Decreto 35/2023, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. No se amplían sus medidas para lograr una mayor eficacia en este tipo de contaminación. Ni siquiera supera el marco de los 170 kg de nitrógeno por hectárea y año, que viene fijado por la directiva de nitratos desde 1991. No hay personal ni medios suficientes de la administración para las inspecciones in situ, con analíticas propias, la manera realmente útil de comprobar el cumplimiento y la eficacia de las medidas que se aplican.

En el Programa de actuación específico para el Campo de Cartagena, la mayor parte de las obligaciones son las mismas que en el resto de la región, a pesar del proceso eutrófico que sufre el Mar Menor. Además, las restricciones más eficaces son mínimas en la Zona 2, que es la mayor parte de la cuenca vertiente y donde están la mayor parte de aportaciones. Por otro lado, se abre la puerta a algunos incumplimientos, con una serie de vías de escape, que hacen que en la práctica muchas explotaciones no apliquen ni siquiera algunas de las pocas medidas positivas.

El Informe de seguimiento de la directiva deitratos para el cuatrienio 2020-2023 elaborado por el MITECO evidencia el fracaso de las medidas aplicadas hasta ahora, puesto que el excedente de nitrógeno por hectárea en la región no solo no ha disminuido, sino que presenta una tendencia al alza desde 2013 y unos valores por encima de la media en el Estado español.

Es fundamental una revisión profunda del Programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en nuestro territorio, y del Programa de actuación específico para la zona vulnerable a la contaminación por nitratos del Campo de Cartagena. Debe ser un objetivo permanente plantear medidas más exigentes y eficaces, y su cumplimiento real, para que se produzca una reducción efectiva de la contaminación por nitratos.

Las reflexiones que estos días se están produciendo en el seno del PSRM son una buena noticia. Un partido vivo es un partido que debate, que escucha y que se pregunta constantemente cómo servir mejor a la sociedad a la que aspira a representar.

La Región de Murcia afronta desafíos enormes: el acceso a la vivienda, la calidad del empleo, la sostenibilidad del modelo productivo, la defensa de los servicios públicos, la financiación autonómica o la lucha contra las desigualdades. Ante estos retos, la pregunta que debemos hacernos no es sólo qué partido lidera la oposición, sino cómo construimos una mayoría social capaz de impulsar un cambio político.

Desde mi punto de vista, existe una idea que merece ser discutida con serenidad y ambición: la unidad de la izquierda.

No hablo de refundar un nuevo partido. Tampoco de diluir la identidad de ninguna organización política. Hablo de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más transformador: construir un espacio común capaz de sumar fuerzas, talento y compromiso alrededor de un proyecto compartido para la Región de Murcia.

Y en mi humilde opinión, los y las socialistas debemos ser quienes impulsemos ese proceso. No mirando a nadie por encima del hombro, sino desde la responsabilidad que nos corresponde como principal fuerza progresista de la Región. La ciudadanía no entiende muchas veces las divisiones, las siglas enfrentadas o las disputas entre organizaciones que comparten objetivos fundamentales. Lo que espera es que quienes defienden políticas progresistas sean capaces de entenderse para mejorar la vida de la gente.

La experiencia demuestra que la fragmentación debilita las posibilidades de construir una alternativa de gobierno. Cuando las energías se concentran en competir dentro del mismo espacio político, se pierde fuerza para disputar la mayoría social necesaria para transformar la realidad.

Por eso creo que debemos explorar fórmulas innovadoras de participación y cooperación. Una candidatura amplia, plural, abierta y democrática podría ser una herramienta útil para sumar sensibilidades distintas sin que nadie tenga que renunciar a su identidad. Una lista abierta y desbloqueada permitiría además que la ciudadanía tuviera una mayor capacidad de decisión sobre quiénes la representan.

Pero la unidad no puede ser únicamente una suma electoral. Debe construirse sobre ideas, propuestas y un proyecto compartido. La unidad por sí sola no genera ilusión; la ilusión nace cuando existe una visión clara de futuro y cuando la ciudadanía percibe que hay una alternativa creíble para gobernar.

El verdadero debate no es cómo repartimos espacios políticos. El verdadero debate es cómo construimos una mayoría social que devuelva la esperanza a quienes desean una Región más justa, más próspera y más igualitaria.

La unidad de la izquierda no debe ser un fin en sí mismo. Debe ser el instrumento para poner en marcha el cambio que la Región de Murcia necesita. Y ese es un debate que merece la pena abrir.

Mientras en el País Valencià miles de docentes mantienen una huelga indefinida desde hace cuatro semanas y llenan las calles para defender la educación pública, en nuestra región seguimos observando con resignación cómo se acumulan los problemas sin que exista una respuesta política a la altura.

Quizá uno de nuestros mayores lastres sea precisamente la dificultad para dar el paso. Somos una región que históricamente se moviliza poco. En los últimos años, a pesar de que las quejas en los claustros, salas de profesores y pasillos no han dejado de aumentar, rara vez hemos conseguido transformar ese malestar en una reivindicación sostenida. Sin embargo, la experiencia demuestra que los avances laborales y educativos nunca han llegado por generación espontánea. Han sido fruto de la presión social, del diálogo respaldado por la movilización y de la capacidad de una comunidad para defender aquello que considera esencial.

Llevamos más de quince años esperando la reversión de unos recortes que la Consejería considera ya permanentes. Quince años durante los cuales se han sucedido gobiernos, anuncios y promesas, que no se han transformado en una planificación educativa seria a medio y largo plazo y que no han dotado ni de recursos ni de estabilidad a la educación de todas y todos. Se gobierna a golpe de improvisación y se atiende la urgencia del día a día, mientras se elude seguir una hoja de ruta que permita afrontar los retos del sistema educativo.

Nuestras reivindicaciones afectan a todos los ámbitos de la enseñanza, y, aunque son de sobra conocidas, no dejan de ser urgentes. Desde la reducción de ratios hasta el aumento de recursos para la atención a la diversidad; desde la necesidad de climatizar unas aulas que cada año soportan temperaturas más extremas hasta la urgencia de acometer un verdadero plan de infraestructuras que acabe con el hacinamiento, el amianto, los barracones y el envejecimiento de los centros. A ello se suman problemas enquistados como la creciente conflictividad escolar, el exceso de burocracia o la insuficiente dotación económica que reciben los centros educativos para su funcionamiento, cuya financiación todavía es inferior a la de hace quince años.

Tampoco pueden ignorarse cuestiones laborales que afectan directamente a la profesión docente: la pérdida continuada de poder adquisitivo, la falta de protección para el profesorado mayor de 55 años, la incertidumbre en procesos de oposiciones o el incremento constante de responsabilidades que recaen sobre el personal docente y equipos educativos, sin que se dote del tiempo y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Cada curso se exige más al profesorado, pero esa exigencia no se ve acompañada con una mejora de las condiciones de trabajo.

A todo esto se suma un progresivo deterioro de la consideración social de la profesión docente. Durante años se ha ido construyendo un relato que cuestiona permanentemente nuestro trabajo y minimiza nuestra aportación al conjunto de la sociedad. Como consecuencia, muchas de nuestras reivindicaciones son recibidas con indiferencia, cuando no directamente con desconfianza o menosprecio. Se olvida que defender unas condiciones laborales dignas para el personal docente no es un privilegio para unos pocos, sino una condición indispensable para garantizar una educación pública de calidad.

Estamos viviendo en directo cómo se privatiza la Formación Profesional, después de años de avance imparable de la universidad privada ultracatólica, cómo se apuntala la educación concertada al tiempo que se cierran líneas en la pública, cómo se llevan las ratios al límite y cómo se eliminan programas específicos para ahorrar presupuesto. La educación pública es la herramienta más potente de cohesión social y la única que asegura la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. No podemos achacar todo esto a una falta de incapacidad o de incompetencia, al menos no en su totalidad, sino también a un plan premeditado del Gobierno regional para definir un modelo social segregador marcado por los orígenes y por la situación socioeconómica que tenía nuestra familia cuando llegamos al mundo.

Muchos de estos problemas no son nuevos, sino que han sido señalados durante años por docentes, equipos directivos, sindicatos y por toda la comunidad educativa. Lo que falta no es información, sino voluntad política para abordar soluciones estructurales. Falta una estrategia clara, consensuada y dotada presupuestariamente. Falta que, ante el posicionamiento del Gobierno regional sobre su modelo educación pública, la ciudadanía responda y muestre su desacuerdo.

Por eso resulta inevitable mirar hacia el País Valencià y preguntarnos qué nos impide hacer lo mismo. Allí la comunidad educativa ha entendido que la movilización es una herramienta democrática para defender derechos, reclamar mejoras y situar la educación pública en el centro del debate social. Docentes, estudiantes y familias han demostrado que cuando existe una preocupación compartida es posible organizarse colectivamente para hacerse escuchar. En ese proceso también ha sido importante la capacidad de las organizaciones sindicales progresistas para construir espacios de unidad en torno a objetivos comunes. En un contexto de fragmentación y desgaste, esa voluntad de colaboración constituye una experiencia de la que merece la pena aprender.

Ha llegado el momento de reconstruir la fuerza demostrada por la marea verde y de hacerlo desde la base. De organizarse desde los claustros, desde los centros educativos, con las asociaciones de estudiantes y de familias, con todas las personas que sostienen cada día la escuela pública. Somos nosotras quienes conocemos los problemas reales y quienes sufrimos las consecuencias del desmantelamiento de los servicios públicos, pero también quienes tenemos la capacidad de impulsar el cambio.

La realidad es que nos sobran los motivos para salir a la calle. Porque la educación pública no puede seguir siendo desmantelada. Porque después de quince años de recortes y promesas incumplidas, la paciencia tiene límites. Y porque, aunque nos cueste movilizarnos, la resignación nunca ha mejorado la escuela, recuperado ningún derecho ni construido un futuro mejor para nuestras hijas e hijos.

“La maestra luchando también está enseñando”

Hace tiempo que vienen acumulándose protestas sociales, informes técnicos, investigaciones parlamentarias y denuncias judiciales por el mal funcionamiento del Servicio Murciano Salud (SMS), cuya gestión fue transferida a la comunidad autónoma murciana en diciembre de 2001, hace casi veinticinco años. Durante todo ese tiempo, el gobierno regional ha estado en manos del PP y el sistema sanitario público ha ido degradándose como consecuencia de una gestión política desastrosa.

El último escándalo ha sido la detención de once personas y la investigación de otras dos (funcionarios del SMS, personal sanitario y comerciales de empresas privadas) por un fraude de casi siete millones de euros, llevado a cabo mediante la compra de productos sanitarios inflados de precio, no homologados para su uso e incluso caducados.

Este fraude no es una excepción en un sistema que funcionaría correctamente, pues se ha producido en el marco de un irregular modelo de gestión privatizadora denunciado por el Tribunal de Cuentas en un informe de 2024. Ese modelo incluye la realización de operaciones médicas derivadas desde el SMS a centros privados concertados sin justificación alguna, así como la ausencia de licitaciones públicas en la compra de material sanitario, todo ello contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público. Este informe demoledor llevó a la creación, en febrero de 2025, de una comisión especial de investigación propuesta por el grupo parlamentario Podemos-IU-AV, que contó con los votos a favor del PSOE y de Vox, y con la oposición del PP.

La mala gestión del SMS ha generado una deuda que a finales de 2023 superó los 3.600 millones, un 30% de la deuda total de la CARM. El reciente fraude de las prótesis caducadas ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por eso, el presidente regional ha aprovechado la ocasión para cesar al Consejero de Salud y tratar de acallar las críticas.

Pero no quiero abundar en hechos que han venido siendo denunciados por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, por la recién creada Alianza por la Defensa de la Sanidad Pública, por los partidos de la oposición parlamentaria, por la UDEF y por el ya citado Tribunal de Cuentas.

Quiero contar aquí mi propia experiencia personal. El feminismo popularizó el lema «lo personal es político», dado que lo político, a su vez, tiene consecuencias directas en la vida de las personas. Por eso, la sociología crítica no se limita a manejar estadísticas y elaborar hipótesis sino que también recurre al estudio de casos y a las historias de vida. Creo que mi pequeña historia puede servir de ejemplo para comprender cómo funciona la sanidad murciana. No porque sea un caso extraordinario, sino todo lo contrario: porque revela unas pautas que han podido experimentar otros muchos usuarios del SMS.

El año pasado me diagnosticaron un cáncer de próstata. Es una enfermedad muy común en los varones a partir de los sesenta años, como sucede con el cáncer de mama en las mujeres de cierta edad. Dado que, en ambos casos, es un fenómeno frecuente y estadísticamente previsible, es imprescindible que el sistema sanitario cuente con programas preventivos de detección precoz. Otro de los escándalos que han salido a la luz pública, tanto en Andalucía como en Murcia, ha tenido que ver precisamente con el cribado de los cánceres de mama: en ambas comunidades, una política de degradación y de privatización de la sanidad pública por parte del PP ha conducido a la reducción del número de pruebas y a su dilatación en el tiempo, lo que en muchos casos ha repercutido en el agravamiento de la enfermedad, en la necesidad de recurrir a tratamientos muy agresivos e incluso en muertes evitables.

Afortunadamente, mi caso ha sido diferente. A partir de un análisis rutinario de sangre, mi médica de familia detectó que el indicador PSA era un poco más alto de lo normal e informó al servicio de urología del Hospital Reina Sofía de Murcia. Al cabo de seis meses me citaron a la consulta de urología, me hicieron un segundo análisis y resultó que el PSA había subido un poco más. Así que mi uróloga me mandó una resonancia magnética y el resultado fue que tenía una pequeña lesión «potencialmente cancerosa». Ante esto, la doctora me mandó una biopsia. Me pusieron en lista de espera y me llamaron con dos días de antelación para hacerme la prueba en un centro privado concertado, el Hospital Quirón. Pedí que me la hicieran en el Reina Sofía, pero me advirtieron que eso retrasaría notablemente la realización de la prueba, así que tuve que aceptar. Pero presenté una queja por escrito en el Servicio de Atención al Usuario. Me respondieron al cabo de varios meses diciéndome que todo se había hecho de manera correcta.

La primera biopsia evidenció que tenía un cáncer de próstata de riesgo bajo, así que me propusieron acogerme a un «Protocolo de vigilancia activa/observación en cáncer de próstata». Pero una segunda biopsia realizada ocho meses después —aunque el Protocolo establecía un plazo de seis meses—, nuevamente en el Hospital Quirón —haciendo caso omiso de mi queja—, dio peores resultados, así que mi uróloga me recomendó la extirpación de la próstata. Y el 11 de mayo del presente año me la extirparon en el Reina Sofía mediante laparoscopia asistida por un robot.

A la largo de los dos años que ha durado todo este proceso, he podido conocer de primera mano el funcionamiento del SMS. Lo que más me ha sorprendido ha sido el enorme desajuste entre la admirable atención prestada a los pacientes por el personal sanitario y la desastrosa gestión organizativa de las listas de espera.

Una vez ingresé en el Reina Sofía, la atención que recibí fue óptima, así que me siento profundamente agradecido a los cirujanos, enfermeras, auxiliares, celadores y estudiantes en prácticas. En cambio, todos los trámites que he tenido que realizar para llegar hasta el ingreso hospitalario han sido una verdadera carrera de obstáculos.

De hecho, no ha sido el SMS quien ha realizado la «vigilancia activa» de mi enfermedad, sino que he sido yo quien he tenido que «vigilar activamente» al SMS para que actuase conforme a lo prescrito médicamente. Ante cada prescripción de los facultativos, que tenía siempre un plazo de ejecución determinado —la segunda biopsia, la consulta con la uróloga, las pruebas preoperatorias, la revisión tras la operación—, he tenido que ser yo quien acuda al Reina Sofía para exigir el cumplimiento de tales prescripciones, es decir, para corregir el profundo desequilibrio entre la atención médica y la gestión organizativa.

Ahora bien, si mi «vigilancia activa» del SMS ha tenido éxito, ha sido gracias a la eficiente labor de una sola persona, siempre la misma persona, una administrativa de la secretaría de urología a la que desde aquí envío mi más profundo agradecimiento.

Este último hecho es muy significativo: pese a la incompetencia e irresponsabilidad de la Consejería de Salud de la CARM, pese al profundo desequilibrio entre la atención sanitaria y la gestión organizativa, pese al empeño político en privatizar, reducir y devaluar la sanidad pública, si todo ello no causa mayores estragos es porque hay personas admirables, comprometidas con su trabajo como empleadas públicas, que tratan de subsanar en la medida de sus posibilidades los continuos desaguisados de un gobierno regional que pretende convertir la salud en el negocio de unos pocos, contraviniendo así el artículo 43 de la Constitución española que reconoce el derecho a la salud de toda la ciudadanía y la obligación de garantizar ese derecho por parte de los poderes públicos.

Las grandes villanas tienen más gancho que las chicas buenas. No solo las míticas, que todos recordamos. También lo son las de segunda categoría, incluso las de tercera. Ser villana (en la ficción) es apabullante, complejo, divertidamente transgresor. Tienen los mejores papeles, suelen ser más atractivas que las sufrientes buenas, se dan el gusto a sí mismas de reventar la fiesta y marchar después con la cabeza alta. Tienen poder, por lo que su público les teme. Sus leales esperan sus migajas. Las villanas congelan a sus oponentes, los fulminan, los hacen desaparecer. Sólo hasta que la trama lo consienta. Una historia como todo dios manda impone que, para que los buenos ganen y la justicia resplandezca, la malísima tenga su merecido final.

Hace justo doce años más uno, como dicen los del fario malo, una joven Noelia Arroyo hizo de villana en El Batel. Interpretó, con una voz magnífica y vestida de rojo Valentino a la matrona asesina del musical ‘Chicago’. Dominaba tan bien el escenario que parecía una cantante profesional.  Entonces era una joven periodista. Es cierto eso que dicen sus detractores de que no escribía noticias. Su trabajo se llamaría ahora creadora de contenidos, o algo parecido. Al año siguiente de esta gala, Noelia Arroyo entró en el gobierno regional.

La grandísima Queen Latifah, que es la matrona Mama Morton en Chicago, cantaba: ¿No sabes que con esta mano también se lava la otra? Cuando eres bueno con mamá, mamá es buena contigo. Aquel musical lo representó muy dignamente un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. A los guionistas se les ocurrió, con buen ojo, que un refrito con ‘Chicago’, ‘Cabaret’ y ‘Moulin Rouge’ podría ser una metáfora anticrisis, ya que la atmósfera estaba bien cargada. ‘Chicago’ es obra de Maurice Dallas Watkins, periodista de sucesos, quien escribió este texto sobre el afán de éxito, triunfo a toda costa, encumbramiento de los más miserables, engaño y corrupción.

Cartagena era una ciudad con cifras de paro insoportables, empobrecida, aunque no tanto como ahora. Aquella semana se abrió un segundo local de Cáritas, con una puerta trasera por donde pasaban los nuevos pobres que se sentían humillados al recibir su pan. Los nazis estaban por ahí, como siempre ha sido, pero ocultos, porque aún sentían vergüenza social para proclamarlo como ahora, sin complejos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entró varias veces en el Ayuntamiento cartagenero, en busca de documentación. Ya había explotado la trama Gürtel. La Púnica estaba en ciernes. Todavía era presidente Valcárcel, al que la Fiscalía pedirá once años de cárcel el próximo septiembre por el caso de las desaladoras. Poco después el Partido Popular sería el único partido político mencionado en Europa como organización criminal. Chicago habitó entre nosotros.

En una estadística doméstica, de campo, a ciudadanos educados, de talante progresista o conservador, se puede concluir que el Tamayazo de la Moción de Censura es un bochorno tremebundo, con los momentos hilarantes que nos dio para la posteridad una pareja de concejales, que propongo para otro musical. Podría llamarse ‘Mesa napolitana’. El más joven, como a punto de entonar ‘Giovinezza’, con modales educados, aunque claramente autoritarios. El mayor, gesticulando enfurecido como en una tienda de Boscoreale, antes de que erupcione el volcán. El veterano conoce bien el truco o trato. El otro está descubriendo las maneras.

Esa mesa, vestida con un mantel a lo italiano, sería un éxito más grande que el de la viscosa saga de Torrente. La gente sin principios, como las villanas, ejerce una peligrosa fascinación. En esta moción de censura hemos visto a un gobierno local desbaratado, micrófonos que se cortan, tránsfugas que se venden (¿a cambio de?) y permanecen, mientras les paguemos. La alcaldesa sigue a las órdenes de Madrid y Murcia, en el centro de la foto, la que sea, como en la noche de aquella actuación. Nosotros hemos perdido la inocencia. Ellos hace mucho que perdieron el honor. Cada vez que nombran a Cartagena en vano se seca un árbol cerca del monte Galeras. Siendo realistas, los cartageneros les importamos un carajo. Y no, no nos merecemos toda esta basura. Aunque nos riamos, maldita sea, para disimular.

Un año más hemos de volver a hablar de la enésima ola de calor primaveral, este 2026 más pronto que nunca. Cada vez que nos acercamos al verano, se repite, como el día de la marmota de la famosa película ochentera, la llegada a nuestro país de sucesivas subidas extremas de temperatura, con el agravante de un incendio a las puertas de Murcia que ha arrasado 177 hectáreas, la mitad de las cuales pertenecen al Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Según los datos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS en sus siglas en inglés) de la NASA, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2024, últimos datos analizados, fue la más cálida registrada desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880. Nuestro planeta fue aproximadamente 1,47º C más cálido en 2024 que en el promedio preindustrial, rozando el grado y medio que, según la comunidad científica, representa el límite crítico de seguridad climática establecido por el Acuerdo de París. Se da la circunstancia, además, de que los 10 años más recientes son los más cálidos jamás registrados.

Las previsiones estacionales apuntan a un verano de 2026 con temperaturas por encima de lo habitual en buena parte de España, y más aún en nuestra región, que acostumbra a ser la zona con mayor niveles térmicos, como hemos visto estos días. Ya hay estimaciones que indican que este mes de mayo se ha establecido un récord de muertes atribuibles al calor, con 101 fallecimientos, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Sistema MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Si en Murcia se ha registrado una temperatura de 40ºC a finales de mayo, es fácilmente previsible que superemos esa temperatura este verano. Ya alcanzamos el récord en agosto de 2021, con los 46,2ºC registrados en la estación meteorológica de Guadalupe de Maciascoque.

Frente a este panorama y con el recordatorio de que en 2025 asistimos al récord de hectáreas quemadas en España, con casi 400.000, nos tenemos que preguntar si nuestro país en general y nuestra región en particular están preparados para enfrentarse a un verano previsiblemente duro en cuanto a incendios. En nuestro país hubo 64 grandes incendios forestales en 2025, frente a los 20 de media en la última década, multiplicándose por cuatro la superficie quemada en cada incendio extremo, pasando de 1.500 has. a más de 6.000 has. en cada uno de ellos.

La lucha contra los incendios forestales involucra a muchas administraciones. Así, desde el gobierno central se organiza a través del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, coordinado por el Ministerio del Interior, las diferentes brigadas y medios aéreos que aporta el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) o la UME del Ministerio de Defensa. Por otro lado, cada Comunidad Autónoma aporta sus propios medios. Así, desde la CARM se habilita el Plan Infomur, que coordina a los distintos cuerpos que luchan contra los incendios (Brigada Forestal de Defensa Contraincendios (BRIFOR),Brigada Helitransportada (BRIHELI), bomberos forestales, puestos de vigilancia y voluntarios de Protección Civil). Por último, los ayuntamientos cuentan con sus propios efectivos, coordinados con las demás instituciones. Así, y en relación al incendio de Los Garres, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) es el órgano oficial del Ayuntamiento de Murcia encargado de la lucha contra incendios, el salvamento de personas y la protección de bienes dentro del término municipal y sus pedanías.

En el caso del incendio de Los Garres, se puede decir que el plan ha funcionado, con la correcta coordinación de las distintas administraciones, CARM, MITECO, la UME y el Ayuntamiento de Murcia, evitando que el incendio alcance las viviendas y sus ocupantes e impidiendo que una joya natural como es el Parque Regional de El Valle y Carrascoy sea pasto de las llamas. Pero a estas luces hay que sumar ciertas sombras. Así, el comité de empresa de la citada BRIFOR, de la Región de Murcia, denuncia la falta de personal, reclamando un refuerzo de 60 efectivos que hagan frente a los cada vez más frecuentes incendios; todos hemos visto cómo los propios vecinos se enfrentaban a las llamas con mangueras, lo que pone en evidencia esa escasez de medios. A la falta de efectivos se suma la precariedad, con sueldos que no superan los 1.275 euros, claramente insuficientes en relación al tipo de trabajo de riesgo que realizan los bomberos forestales.

Nuestra región ha sufrido este año cuatro incendios que han arrasado más de 700 hectáreas, el de cabo Tiñoso, con 100 hectáreas quemadas, aunque por causas accidentales; en Sierra Espuña, donde una quema agrícola mal ejecutada quemó más de 400 hectáreas; en la sierra del Garruchal, con dos hectáreas afectadas por otra quema agrícola, además del incendio de Los Garres, en el que todo apunta a haber sido provocado, por el hecho de tener varios focos.

Si a la falta de medios se añaden los efectos de la emergencia climática, una realidad que afecta directamente a la frecuencia y a la virulencia de los incendios forestales que, además, ponen en peligro vidas humanas y haciendas, a todo lo cual hay que sumar el negacionismo climático de la ultraderecha que ya está gobernando en buena parte del país, el futuro no es nada halagüeño si no se invierte en la prevención y en las causas que provocan estos incendios, algo demasiado habitual, por desgracia.

¿Por qué una medida de regeneración democrática aprobada por unanimidad en 2014 dejó de ser necesaria justo cuando empezó a afectar al presidente de la Comunidad Autónoma?

Hace doce años, la Asamblea Regional alcanzó uno de esos consensos que deberían trascender las coyunturas partidistas. Todos los grupos políticos coincidieron en que la Presidencia de la Comunidad Autónoma debía estar limitada a dos mandatos. No se trataba de una ocurrencia ni de un gesto simbólico. Era un valor democrático elemental: las instituciones son más importantes que las personas que las ocupan.

La lógica. Limitar los mandatos favorece la renovación política, evita la excesiva concentración de poder y obliga a los partidos a formar nuevos liderazgos. En definitiva, fortalece la calidad democrática de las instituciones.

Sin embargo, en 2021 aquel consenso saltó por los aires. La limitación fue eliminada en uno de los momentos políticos más convulsos de la historia reciente de la Región de Murcia. La fallida moción de censura contra el Gobierno autonómico desembocó en una reconfiguración de las mayorías parlamentarias y en una legislatura marcada por el transfuguismo político. Fue en ese contexto cuando se derogó una de las principales medidas de regeneración democrática aprobadas por la Asamblea Regional.

Aquello fue legal. Políticamente, resulta mucho más que discutible.

Porque la cuestión sigue siendo la misma, ¿qué había cambiado entre 2014 y 2021 para justificar la eliminación del límite de mandatos?

No hubo una movilización ciudadana reclamando su desaparición. No existía un problema institucional que resolver. No se presentó ningún estudio que demostrara que aquella medida había sido un fracaso. Lo único que había cambiado era una circunstancia evidente: el límite empezaba a tener consecuencias reales para quien ocupaba la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Fernando López Miras fue el principal beneficiario político de aquella reforma. Es una constatación objetiva. Sin la modificación legal aprobada en 2021, su horizonte político habría estado condicionado por una norma que el propio Partido Popular había respaldado años antes.

Precisamente por eso resulta necesario reabrir el debate.

La actual legislatura ofrece una oportunidad para recuperar una medida que nunca debió desaparecer. Si en 2021 existió una mayoría parlamentaria para eliminar el límite de mandatos, hoy puede existir otra mayoría para restablecerlo. Y debería hacerlo mediante el procedimiento de urgencia para que la reforma pueda entrar en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas.

Algunos argumentarán que la propuesta busca impedir una futura candidatura de López Miras. Pero ese enfoque invierte el orden lógico de las cosas. Las leyes no deben diseñarse para favorecer ni para perjudicar a una persona concreta. Deben responder a principios generales y permanentes.

Y el principio que inspiró la reforma de 2014 sigue siendo válido hoy.

Ninguna democracia pierde calidad por limitar los mandatos de sus máximos responsables. Al contrario. Las limitaciones al poder forman parte de la esencia misma del constitucionalismo democrático. Existen límites presupuestarios, límites competenciales, límites temporales y mecanismos de control precisamente porque la concentración prolongada de poder nunca ha sido una buena noticia para las instituciones.

Quienes defienden la eliminación del límite suelen afirmar que deben ser exclusivamente los ciudadanos quienes decidan en las urnas. Pero las democracias modernas no funcionan únicamente sobre la base de la voluntad electoral. También descansan sobre reglas destinadas a garantizar el equilibrio institucional y la renovación de los liderazgos.

La Región de Murcia ya comprendió esa realidad en 2014. Por eso la limitación de mandatos fue aprobada por unanimidad.

Hoy, más de una década después, la pregunta sigue siendo pertinente. Si aquella medida era buena para la regeneración democrática entonces, ¿por qué dejó de serlo cuando empezó a afectar al presidente en ejercicio?

La Asamblea Regional tiene la posibilidad de corregir aquella decisión. No para ajustar cuentas con nadie. No para alterar artificialmente la competencia electoral. Sino para recuperar un consenso democrático que nunca debió romperse.

La cuestión no es quién ocupa hoy el Palacio de San Esteban. La cuestión es qué reglas queremos que rijan nuestras instituciones en el futuro.

Y si dos mandatos eran suficientes en 2014 para proteger la calidad democrática de la Región de Murcia, cuesta entender por qué no habrían de serlo también en 2027.

En el momento en el que escribo esto, en el centro de mi pueblo acaban de quemar una bruja. Eso significa que se terminan nuestras fiestas y que un año más me he vuelto a casa con los pies destrozados, una bolsa llena de balones y peluches y con el corazón un tanto encogido porque, como todo lo que termina, las despedidas me siguen dejando un regustillo amargo. Además, este año, como el pasado, volvía pensando que en lo de quemar brujas somos los mejores y que hay veces que quemamos la de cartón y a la que se nos ponga por delante. Sea culpable o no. Como si la Inquisición siguiera viva y necesitáramos señalar a alguien para quedarnos tranquilos.

En fin, que iba yo pensando en eso, en lo fácil que resulta juzgar las vidas ajenas, cuando me ha venido una frase a la cabeza. Una de esas frases que envejecen mal. No porque el paso del tiempo las desmienta, sino porque termina aireando y sacando los colores a quien en su día las dijo.

Hace más de cuatro años, en medio de un debate político sobre asuntos que nada tenían que ver con la vida privada de nadie, el entonces alcalde de Alcantarilla decidió responderme recomendándome desde el micrófono de la radio municipal que me ocupara de “ordenar mi vida”. Recuerdo perfectamente el momento porque, como suele ocurrir con determinados ataques, una no olvida tanto las palabras como lo que esconden y aquello no fue una respuesta política, ni una discrepancia ideológica, ni siquiera una crítica a mis argumentos. Fue algo mucho más rancio y mucho más reconocible. Era la necesidad de colocar a una mujer en su sitio cuando esa mujer te resulta incómoda. Y esa mujer -para él una tocapelotas- era yo.

Las horas y días siguientes escuché toda clase de explicaciones. Que no era para tanto. Que lo había sacado de contexto. Que había que entender lo que realmente quería decir… Hasta que me llegó una disculpa privada que acepté -craso error por mi parte-, pero poco después otros comunicados públicos desde su mismo partido siguieron alimentando exactamente aquello por lo que me había pedido perdón apenas unas horas antes. De aquello aprendí que hay personas que utilizan las disculpas igual que utilizan los discursos. No para reconocer realmente un error, sino para gestionar las consecuencias de haberlo cometido mientras calibran el siguiente movimiento en el tablero del juego.

Esta historia podría haber acabado ahí y ser una anécdota desagradable más de las muchas que acumulamos -sobre todo nosotras- en nuestro paso por la política. Pero el problema es que el tiempo tiene memoria y la memoria, aunque a veces tarde, suele ser bastante terca. Así que hoy, de regreso a casa, he vuelto a acordarme de aquella frase. Ni mucho menos por nostalgia, desde luego. Más bien porque sigo sin poder evitar preguntarme qué significa exactamente eso de tener la vida ordenada. ¿Proyectar una imagen impecable mientras se exige ejemplaridad a los demás? ¿Ofrecer versiones convenientes cuando determinadas decisiones necesitan ser explicadas? ¿Administrar cuidadosamente lo que se cuenta y, sobre todo, lo que se calla?

Reconozco que sigo sin saberlo y que quizá el problema sea mío porque nunca he entendido demasiado bien en qué consiste ese supuesto orden, pero lo que sí sé es que durante estos años he visto y sigo viendo demasiados ejemplos de lo contrario.

He visto cómo se invocan los valores familiares para justificar una decisión y cómo desaparecen discretamente cuando ya dejan de resultar útiles. He visto cómo se habla de principios mientras se negocian excepciones. Cómo se apela constantemente a la ética para juzgar a los demás mientras se pide comprensión infinita para uno mismo. Cómo determinadas trayectorias políticas se presentan como sacrificios personales cuando en realidad son simples movimientos dentro del mismo tablero.

Y no, no estoy hablando de la vida privada de nadie porque sigo creyendo que esa debería ser siempre eso: privada. No me interesan las relaciones sentimentales de ningún cargo público. Nunca me han interesado. Lo que me interesa es la diferencia entre la verdad y lo que nos cuentan. Entre lo que ponen de escaparate y lo que realmente estamos comprando. Y quizá justo por eso mi decepción ya no distingue demasiado entre unas siglas y otras.

Sería muy fácil escribir hoy señalando únicamente a un partido. Puede que algunos todavía esperen eso de mí, pero llevo demasiado tiempo dentro como para caer en simplificaciones tan cómodas y siento la misma decepción cuando veo determinados nombramientos o determinadas puertas giratorias disfrazadas de casualidad que cuando observo a una parte de mi izquierda olvidarse por completo de todo aquello que debería defender con uñas y dientes. La siento cuando el feminismo se convierte en una pancarta que se despliega y se recoge según conviene. Cuando la salud mental sirve para hacer campañas, pero no para tratar con humanidad a quienes atraviesan momentos difíciles. Cuando se castiga la discrepancia interna. Cuando la obediencia empieza a cotizar más alto que la honestidad. Y, por supuesto, cuando unas siglas -me da igual cuáles sean- se colocan por encima de las personas.

Os pongo un ejemplo. Esta pasada semana hemos asistido en nuestra región a nuevos pactos que hace apenas unos meses nos habrían parecido imposibles, pero que ahora hemos comprobado que hay quien defiende y vota hasta con entusiasmo. Alianzas que nadie habría sabido explicar sin sonrojarse. Dirigentes que descubren afinidades donde antes solo veían incompatibilidades. Operaciones políticas tan difíciles de defender que terminan justificándose únicamente porque vienen avaladas por quien les manda y porque, por supuesto, pobre de quien se atreva a discrepar y mucho más a hacerlo en público.

Mientras tanto, la otra gente, la que vive fuera de los despachos y de las ejecutivas varias, ve cómo unos y otros cambian de discurso según conviene. Cómo las líneas rojas se mueven. Cómo las convicciones se adaptan a las circunstancias. Cómo la coherencia se convierte en una especie de chicle pegajoso que se estira cada vez más, pero sin llegar nunca a pringarlos del todo. Y claro, esa misma gente es la que acaba llegando a la conclusión más peligrosa de todas: que da igual quién gobierne porque, al final, todos hacen lo mismo. Todos son iguales.

Y esa es probablemente la mayor derrota de la política. No la de un partido, una ideología o un gobierno. La derrota de la confianza del pueblo. Porque esa sí que no desaparece de golpe, sino que se va erosionando poco a poco. Con cada contradicción, con cada traición, con cada explicación incompleta, con cada ejercicio de cinismo disfrazado de pragmatismo y con cada lección moral impartida por quien no está dispuesto a aplicársela a sí mismo.

Así que por todo esto, esta noche, casi al mismo tiempo en el que en mi pueblo se quemaba la bruja, he vuelto a pensar en aquella frase: “Ordenar la vida”. Y perdonadme, pero me he reído. Sí. Porque tiene cierta gracia que en esa vida ordenada que algunos te mandan se siga viendo bien que haya favores que con favores se pagan, que determinadas puertas siempre se abran para los mismos o que se sigan quemando brujas que no son de cartón ni culpables de nada por todo un pueblo. Y también porque está claro que, por muchos años que pasen, las poco ordenadas seguimos siendo exactamente igual de tocapelotas, incluso cuando decidimos salirnos del tablero antes de acabar la partida.

En fin. Yo no sé nada de ajedrez, apenas sé jugar un poco a las damas, pero sí que sé que a veces la mejor jugada no consiste en ganar como sea. Ni siquiera en buscar unas tablas honrosas. A veces la mejor jugada es simplemente saber levantarse a tiempo de la mesa antes de perderse a una misma.

Eso, para mí, en cualquier juego, como en la vida o la política, es ganar. Y por jaque mate.

El Parque Regional de El Valle y Carrascoy es un espacio natural cercano a la ciudad de Murcia que fue creado en 1992 al sumar en un mismo espacio protegido el parque natural Monte el Valle, creado en 1978 y las Sierras de Carrascoy y El Puerto que disponían de un plan especial de protección desde 1985.

Este espacio protegido tiene carencias graves. Aunque es obligatoria la elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), normativa e instrumento fundamental de gestión, la elaboración del PORN se ha obviado deliberadamente con un retraso de más de 30 años en su elaboración. Esto sólo puede tener una explicación racional: los intereses urbanísticos existentes en la zona de este espacio natural,

Los impactos ambientales sobre el parque siguen muy presentes. Las principales amenazas a su conservación son la gran presión turística (pisoteo, ruidos, escombros y basuras) derivada de las actividades de uso público y la proximidad a la ciudad de Murcia, así como la presión urbanística en la zona de El Valle (proyectos de carreteras y urbanizaciones, proyectos de campos de golf, etc.) y la presión agrícola en las estribaciones de Carrascoy, con apertura y ampliación de regadíos.  Otros impactos suponen la extracción de áridos, las instalaciones de radiocomunicación y las líneas de transporte eléctrico. También se producen muertes de aves protegidas, como el águila perdicera, por electrocución o colisión con tendidos eléctricos, uso ilegal de venenos y trampas, expolió de nidos, etc.

El Gobierno Regional ha ido retrasando la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este Espacio Natural Protegido, manteniendo en el limbo legal a este espacio natural, cuando la tramitación del Plan sigue pendiente desde el año 1992. Los distintos gobiernos regionales han ido encadenando un rosario excusas y pretextos (complejidad técnica, finalizar otros planes) para soslayar el cumplimiento de la obligación legal de ordenación del parque.

El Partido Popular ya intentó, recortar en varios miles de hectáreas este Parque Regional, mediante una disposición adicional en la Ley del Suelo del año 2001. Este despropósito fracasó por un recurso de inconstitucionalidad promovido por sectores ambientalistas y científicos e interpuesto por un grupo de diputados del Grupo Socialista, que fue refrendado en sentencia de 13 de diciembre de 2012, por trasgredir los principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y protección del medio ambiente, declarando la nulidad de la disposición legal que procede a una nueva delimitación territorial de espacios naturales protegidos en términos que generan incertidumbre acerca de qué concretas partes del territorio autonómico son acreedoras de protección ambiental. Esta sentencia supuso la liquidación definitiva de otra iniciativa urbanística, en la Marina de Cope promovida por la propia CARM y el apoyo de los Ayuntamientos de Águilas y Lorca.

La Consejería sacó a información pública en abril de 2023 el Plan de Gestión Integral de varias sierras, entre ellas Carrascoy y El Valle, un instrumento de menor alcance territorial frente al PORN del Parque Regional. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) comenzó a redactarse nada menos que en el año 1993, mediante la Resolución de 22 de septiembre de 1993 de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de elaboración de determinados planes de ordenación de los recursos naturales, mientras que el Plan de Gestión Integral no pudo iniciar su elaboración antes del año 2006, casi 15 años después, fecha en la cual se aprobó la lista inicial de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica mediterránea.

Los argumentos del Consejero en su intervención en la Asamblea Regional de que son que se va a hacer primero el Plan de Gestión Integral (más restringido) y que más adelante, no dice cuándo, se redactará un documento unificado con el PORN. Sin embargo, no es eso lo que dice la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que exige que aprobar primero el PORN. Hacerlo al revés generara más inseguridad jurídica, ya que seguirán existiendo cientos de propietarios en un limbo, sin saber a qué atenerse. Resulta sintomático que esta norma de unificación de planes fue precisamente promovida por la patronal murciana.

La dilación del PORN durante tres décadas es el paradigma de la política ambiental de nuestro Gobierno regional que es inexistente o, en su caso, portavoz de los interés agroexportadores o urbanísticos.

Estos días, a raíz de las informaciones sobre supuestos casos de corrupción vinculados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y también al calor de las movilizaciones sociales que siguen recorriendo España en defensa de la educación pública, del derecho a la vivienda o de la protección del medio ambiente, me venían a la mente tres libros que, leídos conjuntamente, ayudan a comprender algunas de las tensiones más profundas de nuestra democracia. El primero es Un pueblo traicionado, de Paul Preston, una obra monumental sobre la corrupción, la incompetencia política y las fracturas sociales que han acompañado la historia contemporánea de España. El segundo es Las redes de poder en España, de Andrés Villena, donde se analizan las conexiones entre élites políticas, económicas y mediáticas y su influencia sobre las instituciones. El tercero es Decir no. El imperativo de la desobediencia, de Javier de Lucas, una reivindicación de la desobediencia civil como expresión legítima de una ciudadanía comprometida con la justicia y el interés general.

Los tres libros, desde perspectivas distintas, convergen en una misma pregunta: ¿qué debe hacer una sociedad democrática cuando percibe que las instituciones dejan de responder plenamente al interés público y parecen cada vez más condicionadas por intereses particulares?

La cuestión no es nueva. Buena parte de la historia contemporánea española puede leerse como una tensión permanente entre quienes han entendido lo público como un patrimonio colectivo y quienes han tratado de convertirlo en un instrumento al servicio de privilegios privados. Preston muestra cómo la corrupción, el clientelismo y determinadas formas de apropiación del poder han aparecido una y otra vez en nuestra historia. Villena actualiza ese diagnóstico al describir las complejas redes de influencia que conectan política, economía, finanzas y comunicación. El resultado es una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos: la percepción de que existen espacios de decisión alejados del control democrático.

Pero sería un error quedarse únicamente en esa lectura. Porque junto a la historia de las élites existe otra historia igualmente importante: la de quienes se organizaron para defender lo común. Ahí es donde adquiere todo su sentido la reflexión de Javier de Lucas sobre la desobediencia civil. La democracia no consiste únicamente en obedecer leyes o depositar una papeleta cada cierto tiempo. También exige vigilancia, participación y capacidad de resistencia frente a decisiones que contradicen los principios de justicia que las propias instituciones dicen representar.

Todos los derechos que hoy consideramos normales fueron, en algún momento, la reivindicación de personas que decidieron no resignarse. Y quizá esa sea precisamente la palabra que mejor define uno de los problemas de nuestro tiempo: resignación.

Durante los últimos años se ha popularizado una palabra aparentemente positiva: resiliencia. Se nos invita constantemente a ser resilientes frente a la precariedad laboral, frente a las dificultades para acceder a una vivienda, frente al deterioro ambiental o frente a la pérdida de calidad de determinados servicios públicos. Naturalmente, la capacidad para sobreponerse a la adversidad tiene un valor indiscutible. Pero cuando la resiliencia se convierte en una consigna colectiva aparece un riesgo evidente: que terminemos confundiendo adaptación con solución.

Hemos pasado de exigir responsabilidades a celebrar la capacidad de adaptación. Hemos sustituido la vieja virtud cívica de la protesta por la nueva virtud psicológica de la resiliencia. Pero una democracia no progresa porque sus ciudadanos soporten mejor las injusticias. Progresa porque son capaces de identificarlas, denunciarlas y corregirlas.

Por eso quizá convendría recuperar una palabra más incómoda, pero también más democrática: indignación. No la indignación efímera de las redes sociales ni la rabia estéril. Me refiero a la indignación cívica de quien se niega a aceptar como normal aquello que resulta injusto. La indignación de quien entiende que los problemas colectivos no son fenómenos naturales, sino consecuencias de decisiones humanas que pueden y deben ser discutidas.

Y junto a la resiliencia hay otra expresión que escuchamos constantemente y que me parece aún más preocupante: “eso es cosa de los políticos”. Pocas frases resultan tan corrosivas para una democracia. Porque cuando alguien afirma que la vivienda es cosa de los políticos, que la educación es cosa de los políticos o que la protección del Mar Menor es cosa de los políticos, está renunciando sin darse cuenta a una parte de su propia condición ciudadana. Está aceptando que los asuntos públicos pertenecen a otros. Está abandonando el espacio de la responsabilidad democrática.

Toda libertad que no se ejerce acaba siendo administrada por otros, y todo derecho, como el de la desobediencia civil que tampoco se ejerce, o no tanto como se debiera, acaba solo por existir en el papel mojado.

Por eso sigue siendo tan actual la reflexión de María Zambrano en Persona y democracia. Para ella, la democracia no era simplemente una forma de gobierno. Era el régimen político en el que la persona podía desarrollarse plenamente como sujeto consciente y responsable de la vida colectiva. Y esa idea se reconoce también en el Derecho Internacional contemporáneo y en nuestra Constitución, en tanto somos sujetos de derechos y de deberes. La democracia comenzaba cuando cada individuo dejaba de ser una pieza subordinada dentro de una estructura de poder para convertirse en protagonista de la comunidad política.

Desde esa perspectiva, las grandes movilizaciones sociales de las últimas décadas adquieren un significado mucho más profundo que el de sus reivindicaciones concretas. Las mareas educativas, la guerra contra Irak, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el 15-M o la extraordinaria movilización ciudadana en defensa del Mar Menor representan procesos de reapropiación democrática. Miles de personas comprendieron que la política no pertenece exclusivamente a los partidos ni a los gobiernos. Pertenece también a los ciudadanos.

El caso del Mar Menor resulta especialmente revelador. Diez años después de la sopa verde, la movilización surgida en Murcia constituye una de las experiencias cívicas más importantes de la España reciente. Científicos, docentes, estudiantes, asociaciones vecinales y miles de ciudadanos entendieron que la defensa de ese ecosistema no era únicamente una cuestión ambiental. Era también una defensa del interés general frente a dinámicas económicas y políticas que durante demasiado tiempo habían subordinado un bien común a beneficios particulares.

Tal vez esa sea la principal lección que dejan estas lecturas y estas experiencias colectivas. La democracia no necesita ciudadanos resignados. Tampoco necesita ciudadanos que aprendan a soportarlo todo. Necesita ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes. Ciudadanos capaces de indignarse cuando la dignidad colectiva resulta vulnerada. Ciudadanos dispuestos a organizarse, participar y defender las instituciones que pertenecen a todos.

Porque los asuntos públicos nunca son solamente cosa de los políticos. Son, ante todo, cosa de los ciudadanos. Y ninguna democracia puede sobrevivir mucho tiempo si sus ciudadanos olvidan esa verdad.

En España se ha instalado una idea, pero cada vez más difícil de negar: la justicia es un desastre. Y una justicia que no ágil no es justicia, es otra cosa.

El principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución Española, sigue siendo incuestionable en el papel. Pero en la práctica convive con una realidad que lo desmiente a diario: procedimientos interminables, macrocausas que se alargan durante más de una década y decisiones que llegan cuando el caso ya ha perdido todo impacto social o político.

El resultado es corrosivo.

Las grandes causas de corrupción se han convertido en el espejo más incómodo del sistema. Instrucciones eternas, recursos encadenados, piezas separadas, agendas imposibles. Y mientras tanto, una sensación creciente en la ciudadanía: la justicia no resuelve, administra el tiempo hasta que el tiempo resuelve por ella.

La Región de Murcia es un ejemplo difícil de ignorar. El procedimiento de la desaladora de Escombreras, en el que figura el expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, simboliza esa deriva, lleva judicializado e investigado más de 15 años y se prevé que la vista oral se celebre en septiembre de 2027. No importa solo el desenlace judicial, que llegará cuando llegue, sino el efecto acumulado: años de procedimiento que se traducen en años de desgaste institucional. Y ese desgaste, una vez producido, ya no se revierte.

Porque aquí está el núcleo del problema: la desigualdad no siempre está en la sentencia, sino en el camino hasta ella. No todos los ciudadanos pueden sostener años de litigio. No todos pueden pagar la espera. No todos pueden resistir el proceso. La igualdad formal existe; la material, no siempre.

Y a esa desigualdad se suma otro elemento igual de dañino: la politización percibida del sistema. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación convertida en conflicto partidista permanente han convertido un órgano clave en parte del problema en lugar de parte de la solución. Aunque la independencia judicial individual exista, la arquitectura institucional proyecta una sospecha constante.

El resultado es devastador: la justicia pierde autoridad sin necesidad de dejar de funcionar. Basta con que funcione demasiado despacio, demasiado tarde y demasiado lejos del ciudadano.

Porque una justicia lenta no es una justicia imperfecta. Es una justicia que deja de cumplir su función principal: ser creíble.

Y cuando la justicia deja de ser creíble, no se resiente solo el sistema judicial. Se resiente la democracia.

Se mojó los pies cuando sus padres la subieron en la patera, pero no le importó. La niña agarraba fuerte un transportín en el que guardaba lo único que traía a Europa: su pequeña gata gris y blanca. En la playa había oscuridad, la gente tenía miedo. Unos hombres con armas les empujaban a bordo de la neumática. Se apretaron todos, obedeciendo al patrón. Cuando la costa argelina se hizo pequeña, se abrazó fuerte a la gata, que había tapado con su manta preferida, de lana, con cuadros rosas. La mar estaba picada, olía a esa goma negra, a gasolina. Los chalecos del silencioso pasaje se empaparon de gotas de sal.

Su madre había ideado una historia con la que calmar a sus tres hijos pequeños. El padre asentía junto a ella sin hablar, ni dejar de mirar al norte. El miedo se hace pequeño cuando se sincronizan los corazones. Poco a poco, los latidos no sonarán tan fuertes en vuestro pecho, les explicó, rodeando con los brazos a los tres niños. Así los Djinns del temor negro se marcharían, desencantados. Hay varias versiones de este cuento universal con el que las madres de todas las épocas distraen y protegen a los niños, en un refugio, bajo un bombardeo, cuando en la guerra los malos vienen a sacarte de tu casa. Por si el hambre te empuja a marchar de tu país. En travesías tan peligrosas como la que separa la costa argelina de la murciana, la voz tranquila de una madre te recordará que el horizonte se busca entre la calma.

La niña se acurrucó junto a la gata, casi un cachorro, algo asustada en esa maleta para animales. Comprobó que dentro iba la pelota arrugada de papel con la que jugaría al llegar a tierra. La acarició, por encima de la rejilla, y su mascota suspiró. Era verdad eso de que el afecto calma los corazones. Miró de reojo por la borda. La cremallera iba bien cerrada. Su pequeña amiga no se iba a caer al mar.

Apareció tierra firme después de una eternidad. Les habían dado pocas y confusas instrucciones. La costa era muy parecida a la argelina. Los rescataron mojados hasta los tuétanos, hambrientos, deshidratados. Había policías, equipos de la Cruz Roja, personas que hablaban su lengua. Toda aquella gente que les esperaba en la orilla parecía cansada, también. La niña, feliz, se apretó más a su gata diciéndole, sin palabras, que lo habían conseguido. Que había sido muy valiente por aguantar en silencio, como un gato mayor, el más fuerte de la medina. Un agente le cogió el transportín. La cachorrilla, agotada, dormía. La niña no supo en ese momento que no la volvería a ver. A ellos los llevaron al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en Cartagena. A la gata, muy tranquila, hasta el Centro de Protección Animal de Murcia. La sacrificaron nada más llegar. No hubo cuarentena, no importó que era lo único que tenía una niña de ocho años. Era una gata muy buena. Tan buena que no se quejó. Los funcionarios que la dejaron hicieron el camino de vuelta entre lágrimas.

Al día siguiente la familia fue a buscarla, pero los policías no tuvieron corazón para decirles que el protocolo de Sanidad Exterior ordena matar a los animales que no llegan de la Unión Europea. Les dijeron que todavía estaba en observación. Nadie sabe que ha sido de ellos. Quizá aún la están buscando.

En los cuentos para niños de todo el mundo ha habido siempre crueldad, pero las enseñanzas siempre muestran el brillo dorado del valor, tan reluciente como las mantas con las que cubren en el puerto a las personas con hipotermia. Ikram, la mastina napolitana de tres meses que arribó a Mallorca en patera, ha cumplido un año en la perrera, porque el concejal de Bienestar Animal se negó a firmar su ejecución. A Ikram la apoya toda una campaña ciudadana.

En las historias reales como esta, los finales serían diferentes si alguien despierta y dice con sencillez que no. Se llama coraje civil. Sirve para no agachar la frente por vergüenza. La buena noticia es que lo puede hacer cualquiera.

Cuando se viene de Murcia, el viajero se adentra por la campiña de Albacete, cruza las hoces del Cabriel y asciende hasta Utiel, ya en la Comunidad Valenciana. Y tiene la impresión de que ha ido aproximándose a un cielo cada vez más cercano, casi hasta tenerlo al alcance de las manos. Elena Gadea, compañera de labores sociológicas en la Universidad de Murcia, se fue a ese cielo el pasado 12 de mayo y nosotros a darle el último adiós.

La tarde atemperó los nubarrones del día y quedó una hermosa estampa de Utiel. Extendiéndose entre viñedos y bodegas, en los que se elaboran unos preciados vinos, con la sierra del Negrete al fondo, el paisaje me hizo recordar “las memorias del Mediterráneo” del historiador Fernand Braudel.

Siendo el historiador que dejó una auténtica poética del Mediterráneo, Braudel relató en inolvidables páginas de historia (¿o poesía?) cómo se extendieron, del este hacia el oeste mediterráneo, cada uno de los productos que, a lo largo de siglos, configuraron fisionomías como las que esa tarde, entre las lágrimas y tristezas de una ceremonia de incineración, ofrecía Utiel.

Venida desde Transcaucasia, la vid se instaló por todas partes del Mediterráneo gracias a la tenacidad campesina y el buen gusto de los bebedores. A cada tipo de suelo y microclima, se adaptó una variedad de vid. Aquí, en la comarca de Utiel-Requena, sobre suelos regados por las aguas del río Magro y a una altitud de 700 metros, se aclimató la variedad bobal.

De este terruño surgió una socióloga, nuestra compañera Elena Gadea. No es casual que su empeño de investigación tuviera como objeto el universo de los hombres y mujeres trabajadores del campo. Cuando llegó hace ahora 20 años al Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia traía ya un bagaje (un habitus) que le permitió conectar rápidamente con las investigaciones que ya entonces desarrollábamos en torno a la sociología rural y de la agricultura, las migraciones y los trabajadores agrícolas.

Nunca seremos del todo conscientes del valioso espacio sociológico al que ella tanto contribuyó. Se tomó muy en serio todo lo que hizo. Su gusto por el cuidado y el detalle impregnaba de dignidad lo que hacía y decía. Los que estábamos a su alrededor sabíamos del cemento que empleaba para la forja de vínculos. Ser el basamento de un grupo de investigación es un mérito inmenso en una institución como la universidad. Precisamente, Natalia Moraes e Isabel Cutillas recordaron esta cualidad humana de Elena en la ceremonia de despedida. Ellas, junto con Antonio J. Ramírez, Carlos de Castro, Héctor Romero, Miguel Ángel Sánchez, Marta Latorre y Miguel Ángel Alzamora saben que ahora nos toca resguardar a buen recaudo el inmenso tesoro que nos dejó.

Con humildad, mucho trabajo y forjando vínculos intelectuales con Latinoamérica y el Sur de Europa, constituimos un espacio sociológico de discusión y análisis sobre las condiciones de la vida popular e inmigrante en los enclaves de agricultura intensiva que se constituyeron en las últimas décadas del siglo XX en la Región de Murcia. Y esto, en la misma Región en la que hace ahora un siglo Mariano Ruiz Funes, un insigne jurista, hiciera el primer trabajo sociológico sobre el mundo campesino murciano (me estoy refiriendo a la obra Derecho consuetudinario y economía popular en la provincia de Murcia que Ruiz Funes publicó, a partir de su tesis doctoral influida por Joaquín Costa, en 1916).

Con mucho afecto, el catedrático de sociología de la UNED Luis Camarero se refería a nuestro grupo de investigación como “la escuela murciana de sociología”. Quizás fuera un tanto exagerado. Pero, en esa “escuela”, Elena Gadea fabricó un texto inmenso sobre “las almaceneras”. Inspirándose en un trabajo pionero del antropólogo Joan Frigolé -con el que tuvo una inolvidable conversación pública en el Museo del Esparto de Cieza-, Elena pensó las culturas del trabajo en el contexto de la precariedad laboral de las mujeres de los almacenes de manipulado agrícola.

Fundamentó su análisis en una sensibilidad feminista muy aguda -la misma con la que cada curso, en el grado de Sociología de la Universidad de Murcia, organizaba junto al alumnado la actividad “de las Aulas de Sociología al 8M” (que le valió de muchos reconocimientos públicos, en primer lugar, de sus estudiantes). La misma sensibilidad que le llevó a indagar en las mujeres pioneras de la sociología española.

Nunca perdió el vínculo sociológico con Utiel. Por un lado, se convirtió en una auténtica embajadora de las bodegas de su tierra. Del gusto por la bobal, como buena y fina catadora de vino, pasó a estudiar el proceso de reestructuración de la viticultura en el contexto de la globalización agroalimentaria, que implicaba al tiempo cambios en el trabajo hacia la norma salarial. Cada vez que nos abastecía con una caja de botellas de vino transportada en el maletero de su coche -un particular tráfico de alcohol (sin ley seca)-, teníamos presente las manos trabajadoras e inmigrantes que habían recolectado aquella uva.

Y, por otro lado, Elena leyó los trabajos clásicos del sociólogo rural Jesús Oliva sobre los miles de manchegos que se desplazaban diaria o semanalmente a trabajar en la construcción de la gran metrópolis madrileña. Ese nomadismo laboral, que tantos sacrificios implicaba, Elena lo tenía muy presente en su entorno familiar en Utiel. Precisamente esta conciencia es la que le llevó a una práctica sociológica con una fuerte perspectiva (y orgullo) de clase.

Siempre decía que lo suyo era hacer entrevistas a jornaleros y jornaleras. La memoria del trabajo, y en general, la memoria de los de abajo, fue el eje articulador de su proyecto sociológico. Por ello conectó tan bien con el Museo del Esparto de Cieza, espacio donde se cultiva como en ningún otro lado de esta Región, la memoria de los trabajadores. Allí hizo suya la petición que le hiciera Pepe Marín -otro profesor de la UMU que nos dejó hace apenas dos años- para recoger los testimonios orales de los ciezanos que en la década de los 60 se fueron a otras latitudes a buscarse la vida. El resultado fue un espléndido documental titulado 'Relatos de la Migración en Cieza'.

No es de extrañar, por tanto, que, en esta incansable labor sociológica, su último proyecto de investigación tuviera como objeto “las huellas del trabajo” en las mujeres jornaleras, realizado contra viento y marea en medio de un cáncer que arreciaba. Por este proyecto recibió las felicitaciones del Instituto de la Mujer y la promesa de su pronta publicación. Así nos lo comunicó feliz, a inicios de este mes de mayo, apenas dos semanas antes del último adiós.

A menudo nos gustaba citar a John Steinbeck, a propósito de ese monumento literario que escribió bajo el título de 'Las Uvas de la Ira'. Steinbeck lo escribió en 1939, y sus protagonistas fueron campesinos migrantes que han de abandonar la pobre Oklahoma para adentrarse en la floreciente agricultura intensiva de California en los años 30. Precisamente con Steinbeck aprendimos el fundamento de lo que hemos hecho en estos 20 años, pues cuando estudiamos cuestiones como las del modelo de trabajo en las agriculturas mediterráneas, estamos en el fondo preocupándonos por cuestiones profundas que tienen que ver con la democracia y con los procesos de democratización en nuestras regiones y países.

Elena Gadea quiso hacer de la sociología una práctica científica que no olvida a los perdedores de la historia. El día después de la ceremonia de incineración, su pareja de toda la vida, Bruno, dejó el ramo de flores de nuestro grupo de investigación (y fraternidad) ante la placa con la que el Ayuntamiento de Utiel homenajea a los fusilados de 1939 por la reacción franquista. “Elena siempre que moría un familiar dejaba allí unas flores”, nos contó.

Una socióloga que nunca quiso olvidar el curso de la historia al que pertenecía y se debía. Un beso, amiga, tampoco olvidamos.

Cada vez que se conoce la condena a un sacerdote por abusos sexuales a menores, el debate público parece seguir un ritual ya conocido: un titular, un rato de indignación y una rápida vuelta a la normalidad. Como si estuviéramos ante una anomalía aislada y no frente a una patología institucional que lleva décadas repitiéndose.

Esta semana, un nuevo caso en la Región Murcia vuelve a dejar una sensación difícil de ignorar. Cinco años de prisión. La discusión inmediata gira, como siempre, en torno a si la pena es suficiente o insuficiente. Pero centrarse únicamente en esa cifra es quedarse en la superficie del problema.

La verdadera cuestión es más delicada: ¿por qué delitos de esta gravedad, cuando son cometidos por miembros de la Iglesia, no generan una exigencia social sostenida proporcional al daño causado?

No hablamos de un ciudadano cualquiera investido accidentalmente de confianza. Hablamos de personas que ocupan posiciones de autoridad moral, cercanía con menores y legitimidad social construida precisamente sobre una supuesta superioridad ética. El abuso no es solo físico o psicológico; es también una demolición de la confianza depositada en una institución que durante siglos ha reclamado autoridad sobre la educación moral de la sociedad.

Y, sin embargo, el patrón se repite. Se individualiza al culpable, se encapsula el caso y se evita mirar el marco general. Un sacerdote concreto. Una parroquia concreta. Un episodio concreto. Como si el problema fueran únicamente determinadas “manzanas podridas” y no una cultura histórica de opacidad, corporativismo y protección reputacional.

La Iglesia lleva de siempre gestionando los abusos con una lógica reconocible: minimizar el escándalo, contener el daño mediático y presentar cada nueva condena como una excepción lamentable. Mientras tanto, las víctimas cargan durante años, a menudo décadas, con secuelas que ningún calendario penal puede medir.

Aquí no basta con celebrar que “la justicia actúa”. La justicia llega, demasiadas veces, tarde, fragmentada y después de años de silencio. Y cuando por fin llega, el foco público dura menos que cualquier polémica política semanal.

Ese es el verdadero escándalo democrático: la anestesia social.

Resulta difícil imaginar semejante contención pública si una institución cualquiera acumulase durante décadas casos de abuso a menores, dinámicas internas de silencio y resistencias sistemáticas a la rendición de cuentas. Pero la Iglesia sigue beneficiándose de una especie de blindaje cultural residual, una deferencia heredada que opera incluso en sociedades formalmente secularizadas.

Una sociedad democráticamente madura debería exigir más, no menos, a quienes se presentan como referentes morales. Más transparencia, más responsabilidad y una conversación pública menos cómoda.

Y hay una contradicción especialmente obscena en todo esto. La misma institución que históricamente ha pretendido intervenir en debates públicos sobre familia, sexualidad, educación afectiva o moral privada sigue arrastrando un historial devastador de abusos y respuestas insuficientes frente a ellos. Durante décadas se ha arrogado autoridad para decirle a la sociedad cómo vivir, cómo educar a sus hijos y qué valores defender, mientras en su interior demasiadas veces se protegía el silencio antes que a las víctimas.

Quizá por eso el escándalo no es únicamente penal, sino profundamente político y cultural. Porque no hablamos solo de delitos individuales, sino de una estructura que durante demasiado tiempo ha disfrutado de legitimidad social sin asumir plenamente el coste de sus propias contradicciones.

El problema no son solo cinco años. El problema es todo lo que todavía permite que cinco años sean la única cifra de la que terminamos hablando.

La Región de Murcia es una tierra pequeña y precisa, casi íntima, donde en apenas unos kilómetros conviven la huerta y el secano, las sierras y las ramblas, un río obstinado y un mar propio, el Mar Menor, que durante siglos ha moldeado el paisaje y el carácter de quienes viven junto a él. Tal vez por eso aquí el territorio nunca ha sido un simple escenario: forma parte de la manera de caminar, de hablar y de estar en el mundo.

Álex Chico escribe en Geografía escrita (Candaya, 2025) que los lugares terminan convirtiéndose en estados de ánimo, en una “cartografía emocional” donde memoria y paisaje se confunden hasta formar una peculiar fe de vida. Pensaba precisamente en eso mientras caminaba por la carretera de Patiño hacia la Fuensanta el pasado domingo 10 de mayo. Hay regiones que se recuerdan por sus monumentos; Murcia, en cambio, suele quedarse adherida a la experiencia física de quien la atraviesa: la luz sobre el Segura, el olor húmedo de las acequias, el viento cálido de la tarde, el silencio breve de las huertas cuando empieza a anochecer.

A esa misma hora sabía que, en Jumilla, mi patria chica, muchos subirían al Cristo de la Columna, al monasterio de Santa Ana, cumpliendo esa vieja costumbre que allí llamamos la romería. Pensé entonces que pocas regiones poseen una relación tan íntima con el acto de caminar como la nuestra.

La Región de Murcia está hecha para ser recorrida lentamente. Uno puede deambular por las huertas cercanas al río Segura, perderse entre los campos florecidos de Cieza, atravesar las plazas de Murcia al caer la tarde o contemplar cómo la luz marina ensancha las avenidas de Cartagena. Incluso pueblos más discretos, como Abarán, Blanca y otros pueblos del Valle de Ricote conservan todavía rincones donde el tiempo parece caminar más despacio que en otras partes.

La literatura comprendió muy pronto que esta tierra poseía una extraña fertilidad narrativa. Miguel de Cervantes hizo murciana a Preciosa en La gitanilla y evocó Cartagena en Viaje del Parnaso como uno de esos puertos “a cuyo claro y singular renombre / se postran cuantos puertos el mar baña”. Después vendrían Carmen Conde y su Mar Menor convertido en memoria poética; Ramón J. Sender y la Cartagena convulsa de Míster Witt en el Cantón; José Luis Castillo-Puche y aquella Yecla áspera, humana y rural que atraviesa sus novelas; o Miguel Hernández, tan ligado emocionalmente al sureste, que supo convertir la tierra seca, los caminos y la dignidad campesina en materia de poesía universal. Más recientemente, autores como Miguel Ángel Hernández, Diego Sánchez Aguilar, Cristina Morano, Ginés Sánchez o Begoña Méndez han terminado por asumir la Región no como un decorado periférico, sino como un territorio literario plenamente contemporáneo.

Pero Murcia no solo ha sido escrita: también ha sido pintada y filmada. Pedro Cano ha sabido convertir la luz mediterránea y los paisajes de la huerta en una forma de memoria visual; Pedro Serna y Pedro Flores han encontrado en las calles, los jardines y las figuras populares una estética profundamente vinculada al sureste; mientras que cineastas como Joaquín Lisón, Luis López Carrasco, Eva Libertad o Juan Manuel Chumilla-Carbajosa han llevado al cine esa mezcla tan murciana de intimidad, periferia, memoria y extrañeza contemporánea. Quizá porque Murcia, durante demasiado tiempo observada desde fuera como margen, ha empezado por fin a narrarse, pintarse y mirarse a sí misma sin complejos.

Con los años y las idas y venidas, he aprendido a mirar esta tierra con ojos distintos. Cuando uno es joven atraviesa su propio paisaje con cierta indiferencia, convencido de que la belleza estará siempre ahí. La edad, en cambio, enseña que ningún paisaje sobrevive solo y que toda armonía pública depende también de la educación cívica de quienes la habitan.

Quizá por eso me interesa cada vez más la figura del flâneur, ese paseante que convierte la ciudad en experiencia moral además de estética. El verdadero lujo contemporáneo no consiste en consumir lugares, sino en habitarlos lentamente: caminar sin prisa, detenerse bajo un árbol, conversar en una plaza, escuchar a un músico callejero o abrir un libro junto al río. Existe una cultura pública del paseo que dice mucho más sobre una sociedad que muchos discursos oficiales.

Y, sin embargo, basta observar con cierta atención para advertir algunas grietas en esa promesa de civilidad mediterránea. A veces las acequias amanecen acompañadas de plásticos cansados; algunos jardines parecen tratados con el descuido con que se abandona aquello que se considera ajeno; hay senderos donde la belleza natural convive con restos de basura atrapados entre arbustos y cañas. No se trata de dramatizar. La Región de Murcia sigue siendo profundamente hermosa. Pero toda belleza pública exige reciprocidad.

Porque el espacio común revela siempre el grado de respeto que una comunidad siente hacia sí misma. Y sospecho que uno de nuestros problemas contemporáneos consiste precisamente en haber confundido el derecho al disfrute con la ausencia de deberes hacia lo compartido. Queremos plazas vivas y paisajes abiertos, pero olvidamos que la convivencia también requiere cuidado y una cierta ética cotidiana de atención hacia lo público.

Algo parecido ocurre con el transporte. Resulta paradójico que una región tan propicia para el paseo continúe tan sometida al automóvil. Las carreteras se congestionan incluso en trayectos mínimos y demasiadas veces el vehículo privado no responde a una elección, sino a una necesidad. Faltan conexiones más ágiles entre municipios y una verdadera red de transporte público que permita habitar la región de forma menos contaminante y más humana.

Y en medio de todo ello aparece siempre el Mar Menor, quizá el lugar donde la relación emocional entre paisaje y ciudadanía se ha hecho más evidente. Para varias generaciones de murcianos, el Mar Menor no ha sido solo un espacio natural, sino una memoria compartida: los veranos, las tardes interminables, la calma de Los Alcázares, San Javier o San Pedro del Pinatar. Por eso su degradación ecológica produjo una conmoción tan profunda. No era únicamente una crisis ambiental, sino también afectiva.

La movilización ciudadana en defensa del Mar Menor fue, en el fondo, una reivindicación del derecho colectivo a preservar aquello que sostiene emocionalmente una comunidad. El reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor representa precisamente esa nueva sensibilidad jurídica y ética: comprender que ciertos espacios naturales poseen un valor esencial para la vida humana y merecen protección más allá de la lógica económica inmediata.

El derecho a un medio ambiente sano ya no puede entenderse únicamente como una abstracción jurídica. Significa aire respirable, ríos limpios, mares protegidos, menos contaminación y ciudades más habitables. Del mismo modo, el derecho a la cultura no se agota en auditorios o museos. También existe una cultura de la vida pública: la conversación en las plazas, la romería popular, la lectura bajo los árboles o en cualquier otro lugar, la música improvisada en una esquina o el simple arte de caminar juntos bajo una tarde templada.

Y acaso esa sea la utopía alcanzable que todavía tenemos pendiente: una Región de Murcia donde el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la cultura y el derecho a una movilidad digna terminen por entrelazarse. Una tierra donde el paisaje no sea consumido sino cuidado; donde caminar vuelva a ser más sencillo que conducir; y donde la belleza compartida deje de parecer una excepción para convertirse, simplemente, en una forma cotidiana de civilización.

Esta pregunta se la hace todo el espectro de la izquierda, desde la socialdemocracia del PSOE hasta los partidos a su izquierda de ámbito estatal, desde Sumar a Podemos e IU, pasando por Verdes Equo y los partidos nacionalistas (ERC, BNG, Bildu, Compromís o CHA, por citar algunos), y también en toda Europa, donde los partidos de izquierda están en retroceso frente al auge de la extrema derecha.

Pero, en primer lugar, hay que definir qué se entiende por clase obrera. Según la definición más extendida, se trata del conjunto de trabajadores que, al no poseer medios de producción propios, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, principalmente en el sector industrial, manufacturero o de servicios. Aquí se incluirían también a los empleados del sector público (profesores, médicos, bomberos, policías y otros funcionarios del Estado, de las autonomías o de los ayuntamientos). Según esta definición, a comienzos de 2026, en España, el 85,33% de las personas con empleo son asalariadas, más de 19 millones. Sin embargo, según una encuesta reciente del CIS, solo entre el 10 y el 16% de la población asalariada se “autopercibe” como clase obrera. Por el contrario, el 60% se autodefine como “clase media”. La identificación como clase obrera ha descendido casi 40 puntos desde 2001, cuando el 50% afirmaba pertenecer a esa clase social.

La izquierda, tradicionalmente, ha destacado por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Gracias a las luchas ejercidas por los partidos de izquierda en Europa desde comienzos del siglo XX se han conquistado derechos como el voto femenino, las vacaciones pagadas, la reducción de la jornada laboral, el divorcio, la prestación por desempleo y, más recientemente, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la actualización de las pensiones según el IPC o el aumento del SMI, entre otros, siempre con la abierta oposición de los sectores más conservadores de la sociedad, aunque después hayan disfrutado de esos avances sociales.

Entonces, ¿por qué la clase trabajadora vota a partidos que, en la teoría y en la práctica, proponen medidas que van en contra de sus propios intereses? La clave está en el predominio del relato por parte de los partidos ultraconservadores. La derecha y la ultraderecha han demonizado las luchas que definen un cambio profundo de la sociedad, como el feminismo, que tachan de “radical”, el ecologismo -para ellos “fanatismo climático”-, los derechos de los colectivos LGTBQ+, el sindicalismo de clase, además de achacar a la inmigración todos los males de Europa, obviando los beneficios que este fenómeno aporta a una sociedad cada vez más envejecida. La derecha concibe una Europa monolítica, anclada en tiempos pasados, con una religión única, una visión tradicionalista fuertemente nacionalista e idealizada de un pasado ascendido a categoría de mito que muchos no han vivido.

Este auge de la extrema derecha es particularmente perceptible en la Región de Murcia, considerado como el “laboratorio” político de esta subida, ya que desde 2019 Vox es el segundo partido más votado tras el PP, y las últimas encuestas reflejan el sorpasso al PSOE, con casi el 28% de los votos, espoleados por los acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio. Este auge de Vox en la región ha hipotecado las políticas de López Miras, que depende directamente de la ultraderecha para aprobar los presupuestos.

Por otro lado, no se han solucionado los principales problemas de la mayoría, a pesar de que llevamos ocho años de gobierno progresista, aunque con bastantes dificultades a la hora de implementar medidas por su situación de minoría en el Congreso. La vivienda, la precariedad laboral, el coste de la vida o el acceso a la sanidad pública son los principales problemas reales de la sociedad española, que afectan sobre todo a la juventud. Los menores de 35 años, la llamada generación Z, son los principales damnificados por estos problemas, y se percibe un acercamiento mayoritario de este sector a los cantos de sirena de la ultraderecha, con sus mensajes simples y directos con argumentos a menudo falaces.

Capítulo aparte lo constituye el problema ficticio de la inmigración, ya que son mayores los beneficios que aporta este fenómeno que los supuestos perjuicios tan cacareados por la ultraderecha. Así, los inmigrantes ocupan puestos de trabajo con alta demanda de mano de obra como la agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores; contribuyen al mantenimiento del sistema de pensiones, constituyen una buena parte de los trabajadores autónomos, ayudan a combatir el envejecimiento demográfico, fomentan un ambiente multicultural. Además, de forma contraria a la creencia popular, estudios indican que no hay una relación directa entre el aumento de la inmigración y el incremento de la delincuencia, la cual está más vinculada a la precariedad económica.

Si la clase trabajadora no percibe en el día a día la mejora de su situación, muchos se vuelcan hacia opciones políticas que prometen esas mejoras, aunque cuando gobiernan junto al PP su acción de gobierno se centra en bajar los impuestos (sobre todo a los ricos), favorecer la sanidad y educación privadas, restringir la protección del medio ambiente con la simplificación administrativa para proyectos en espacios naturales, el apoyo a la caza, además de la famosa “prioridad nacional”, medida presumiblemente inconstitucional.

La falta de soluciones a corto plazo, los problemas relacionados con la corrupción, la desunión de los partidos progresistas son otros ingredientes que provocan la desafección de los potenciales votantes de izquierdas, cuyo principal consecuencia es la abstención. El reto de los partidos de izquierda es volver a ilusionar con la aplicación de medidas valientes que favorezcan a la mayoría social y que se dejen a un lado las rencillas y batallas de egos. Solo así se volverá a captar el voto perdido por una clase social, la clase trabajadora, que ha perdido su referencia a la izquierda.

Hay algo que el odio no puede sostener ante una tumba: su propio peso.

Me enteré ayer por la mañana de que ha fallecido José Ballesta, alcalde de Murcia. No es el alcalde que yo habría elegido. No comparto su partido, ni muchas de las decisiones que tomó desde ese despacho en la plaza del Cardenal Belluga. Lo he criticado, como he criticado otras cosas desde estas páginas porque creo que la crítica política es una forma de respeto —quizá la más honesta— hacia las instituciones que nos gobiernan.

Y, sin embargo, esta mañana siento algo parecido a la pena.

No es hipocresía. Es que la muerte tiene esa capacidad brutal de recordarnos que detrás del cargo, del color del escaño y de la fotografía electoral, hay una persona. Una persona que tenía familia, que se levantaba por las mañanas con sus propias dudas, que probablemente creyó —con mayor o menor acierto— que lo que hacía tenía sentido. Eso no convierte en buenas las políticas con las que discrepo. Pero sí obliga a separar el juicio sobre las ideas del juicio sobre el ser humano. Y esa separación, que parece tan sencilla de enunciar, se ha convertido en un lujo casi extinto en el paisaje político que habitamos.

Vivimos en una época en la que el adversario político ha dejado de ser alguien con quien discrepar para convertirse en alguien a quien destruir. El odio se ha democratizado: ya no hace falta poder para ejercerlo, basta con un perfil de red social y la certeza de que el otro es, directamente, el mal. Hemos construido una arquitectura emocional donde quien piensa distinto no tiene solo opiniones equivocadas, sino que es una amenaza, una anomalía moral, casi una especie de patógeno social. Y esa lógica nos ha dejado sin vocabulario para el matiz, sin espacio para la discrepancia civilizada, sin capacidad para hacer lo que yo intento hacer hoy: reconocer el dolor ajeno aunque el fallecido no fuera de los míos.

Lo más perturbador de la polarización no es el ruido que genera. Es el silencio que impone. El silencio de quien querría decir 'lo siento', pero teme que lo lean como traición. El silencio de quien querría defender una posición moderada, pero sabe que la moderación hoy se paga cara en ambos bandos. El silencio de quien observa la muerte de alguien con quien discrepó y no sabe si está autorizado a sentir algo.

Eso es lo que me preocupa de verdad: que hayamos llegado a un punto en que la empatía se perciba como debilidad ideológica.

Yo no creo que tener valores propios implique odiar a quien tiene los suyos. Más bien al contrario: los valores que no se confrontan con la realidad del otro son dogma, no convicción. Es fácil tener principios cuando solo te relacionas con quienes ya los comparten. Lo difícil —y lo que realmente revela de qué estamos hechos— es mantener la coherencia cuando se nos presenta la incomodidad del desacuerdo genuino. Discrepar desde la verdad, no desde el miedo. Criticar la política sin odiar a la persona. Defender lo que uno cree sin necesitar que el otro sea un monstruo para tener razón.

Murcia pierde hoy a su alcalde. Hay personas que lo querían, que trabajaron con él, que creyeron en su proyecto. Ese dolor es real. Y reconocerlo no me cuesta nada -o más bien sí me cuesta algo: la pequeña incomodidad de salir de la trinchera un momento y respirar aire sin bando-.

Quizá eso es exactamente lo que necesitamos hacer con más frecuencia: salir de la trinchera. No para rendirse, sino para recordar que enfrente no hay enemigos, sino personas que también están convencidas de tener razón. Y que la única manera de construir algo juntos —una ciudad, una región, un país que merezca la pena— es encontrar el modo de hablar sin que cada conversación sea una declaración de guerra.

Descanse en paz, José Ballesta. Y que quienes seguimos aquí seamos capaces de aprender algo de este momento.

En Japón resumen la historia de las misiones católicas con el empaque de su hermética cultura milenaria, también con afinada guasa oriental. Primero llegan los curas, después los comerciantes, los reyes al final. Luego se apropian de todo. La religión y el dinero pusieron alfombra roja al poder hace quinientos años, casi igual que ahora. Pero en ese lejano archipiélago impermeable a los experimentos extranjeros, no duraría demasiado la doctrina de la Cruz.

El primer español en llegar a Kagoshima, al sur de la isla, fue el jesuita navarro Francisco Javier, patrocinado por la corona portuguesa. Al principio, la población se interesó mucho por los visitantes, pues estaban hasta la katana de morirse literalmente de hambre con el Shogun. En poco más de medio siglo, el pueblo nipón ya había caído en la cuenta de que su emperador era e iba a seguir siendo divino, que su riqueza no iba a engrosar las arcas de monarcas extranjeros. Así que dijo Ilie, una palabra escrita con el precioso pictograma de cuatro signos. O sea, no. Las maneras tan poco amables con las que convencieron tanto a sacerdotes dispuestos a ser mártires como a japoneses conversos las contó el escritor católico Sushaku Endo en su magnífico libro ‘Silencio’, que hace años llevó al cine Martin Scorsesse, también de forma magistral. El volcán de Kagoshima, bastante parecido al Vesubio, permanece todavía en activo, quizá porque los espíritus custodios del sintoísmo siguen vigilando en el interior del cráter, alertas por si lo vuelven a intentar.

No todas las religiones hacen proselitismo, que no es igual que evangelizar. Pero algunas lo hacen muy fuerte. En mi ciudad, la secta ultracatólica del Camino Neocatecumenal, permitida por el Vaticano, con fuertes vínculos en las instituciones y con su propia universidad, ha estado tres domingos seguidos celebrando en plazas públicas un sonoro ceremonial. A consecuencia de esta glorificación, temblaron los cristales de edificios vecinos con la música, las oraciones, los desafinados pero ardorosos cánticos, como si nos pareciera bien al resto de la ciudad, todo así durante varias horas. Como si fuera una señal divina, enormes carteles de san Francisco Javier han presidido los altares de estas performances del séptimo día.

 No eran muchos, pero llegaron con altavoces tan potentes como las trompetas de Jericó, para que el festival de decibelios saboteara la lectura plácida de un vecino intentando relajarse en su balcón, el descanso de enfermos y mayores, la estampida de los pájaros que están criando en primavera. Es verdad que la fe es libre, respetable, un regalo de Dios, como bien dice la inquietante sor Isabel en ‘Los domingos’. Pero vaya, hay una normativa que cumplir. No se puede pasar el límite de decibelios.

Las ordenanzas municipales se interpretan en según que casos con un favoritismo abrumador hacia la religión verdadera. En Cartagena, la nueva ordenanza de convivencia ciudadana pone especial énfasis en multar a los pobres indigentes, haciendo alta política, como suele, su dividido gobierno local. Si la Constitución española defiende la libertad de culto, ¿por qué existe entonces una doble vara de medir?. Todavía resuena de manera vergonzante el nuevo reglamento de Jumilla, donde este verano se prohibió en su polideportivo municipal el rezo musulmán.

En una región donde el PPOX presume de racismo, entre los púlpitos y las urnas se busca una intención de voto que no se nutre solo de sectores ultracatólicos. Hay más de cien iglesias evangélicas registradas en el territorio murciano, a las que acude población latina con derecho a decidir. Estas tendencias ultras encajan en la Teología de la Prosperidad. El movimiento The Change reunió la pasada semana en Madrid a miles de personas. La cara más visible, el ejemplar futbolista Dani Alvés. A Jesucristo, que es y seguirá siendo el mejor personaje de la Historia, le faltarían templos donde entrar y repetir una vez más aquello que dijo cuando los mercaderes estaban de merchandising. Primero los sacerdotes, luego los empresarios, después los políticos. No es moral, no es religión, no son valores tradicionales que velan por la sagrada llama del hogar. Es ignorancia con pobreza.  Es autoritarismo, siempre dinero. Que futurista ese dicho japonés, que poco interés tuvo y tiene el Sanedrín para cumplir el Evangelio. 

La contaminación urbana en las ciudades de la región tiene una relación directa con las emisiones del tráfico rodado. Las personas más vulnerables y sensibles a este tipo de contaminación son los mayores, personas con patologías previas, broncopulmonares y cardiovasculares, individuos haciendo ejercicio físico intenso en el exterior por trabajo u ocio, así como jóvenes y adolescentes en edad escolar. 

La ONG Ecologistas en Acción ha realizado su quinta campaña de ciencia ciudadana para medir el dióxido de nitrógeno (NO2) en entornos escolares, en el marco de la campaña europea Clean Cities. La importancia radica en la necesidad de divulgar y concienciar sobre la movilidad sostenible y los efectos de la contaminación del aire sobre la población infantil y juvenil. En esta ocasión, se han analizado los entornos de 412 centros educativos, centros de salud y zonas especialmente sensibles de 66 núcleos urbanos de diez comunidades autónomas.

Los resultados, que aparecen en el informe ‘Calidad del aire en entornos escolares’ son preocupantes. Solo 17 escuelas cumplen la Directiva de la OMS de 10 µg/m3. En el 96% de los entornos analizados se está respirando un aire que no cumple con las recomendaciones de la OMS y más del 60 % están por encima de los 20 µg/m³, el nuevo límite de la nueva Directiva de Calidad del Aire exigible como muy tarde en enero de 2030.

En el caso del Municipio de Murcia, partiendo de las experiencias anteriores, se seleccionaron doce centros educativos en el casco urbano de la ciudad, estando la mayoría ubicados junto a vías de alta o muy alta intensidad de tráfico, ya que el NO2 es uno de los contaminantes más asociados al tráfico, aunque se seleccionaron varios centros situados en vías de menor intensidad; para observar el contraste de los niveles de contaminación.

Todos los centros educativos analizados presentaron niveles muy por encima del valor límite anual recomendado por la OMS para el contaminante NO2, de 10 μg/m3. Esto demuestra que la situación es preocupante, desde el punto de vista de la salud pública. Todos superaron el valor límite anual que establece la nueva directiva europea, de 20 μg/m3 de NO2, que será obligatorio a partir de 2030. Esto implica que ninguno de los entornos escolares analizados estaría en rangos legales en 2030, en apenas cuatro años. El 30% de los puntos muestreados superaron el valor límite anual vigente actualmente en la normativa nacional, de 40 μg/m3 de NO2, lo que refleja que el nivel de exposición a la contaminación del tráfico es muy alto en esas ubicaciones.

Los centros educativos con los peores resultados coinciden con las ubicaciones más expuestas al tráfico, al tiempo que las dos muestras situadas en calles con menos tránsito son las que presentan niveles de NO2 más bajos. El municipio de Murcia es el que ha reflejado peores resultados en su conjunto, de entre todos los municipios analizados en el territorio nacional en esta campaña 2025/2026. Los resultados agregados de estas cinco campañas de ciencia ciudadana muestran un panorama en el que resulta urgente la acción local para reducir la contaminación que respiran niñas y niños.

La contaminación del aire afecta gravemente la salud de la infancia: alergias, asma infantil, enfermedades cardiorrespiratorias y trastornos neurocognitivos. El Ayuntamiento de Murcia tiene un reto claro con el desarrollo de medidas dirigidas a mitigar la contaminación en las vías perimetrales de centros escolares, tales como: la restricción del tráfico en torno a las escuelas, limitar la velocidad de circulación a 20 km/h y el aparcamiento en las calles del entorno y destinarlos a espacio público verde o espacios de juego. Hay que eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares.

Es necesario controlar y monitorizar los niveles de contaminación atmosférica y acústica en los centros educativos, junto a la creación de caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias, que promuevan la movilidad activa.

Hay que naturalizar los entornos escolares para mejorar la calidad ambiental, fomentar el contacto con la naturaleza, la actividad física al aire libre y mitigar el efecto manzana de calor, al tiempo que las personas se benefician de los efectos positivos para la salud. Por otro lado, las Zonas de Bajas Emisiones deben ser instrumentos eficaces para reducir el tráfico. Hay que a poner en marcha ZBE específicas que protejan los entornos especialmente sensibles, como los centros escolares.

En la Región de Murcia, el agua hace años que dejó de ser solo un recurso. Es un argumento político, una bandera electoral y, en demasiadas ocasiones, una excusa para no afrontar decisiones incómodas. Y en ese terreno, el Partido Popular ha sido especialmente eficaz construyendo un relato políticamente rentable, pero que cada vez está más alejado de la realidad.

El lema 'Agua para todos' fue una pieza maestra de comunicación política. Sencillo, emocional y fácil de repetir. El problema es que partía de una premisa embustera: que el agua es un recurso disponible que solo necesita ser mejor repartido. Como si la hidrología dependiera del BOE.

El Partido Popular es el eje de ese discurso. Pero también su límite. Porque no es una tubería mágica: depende de la situación real de otra cuenca, con sus propias sequías, sus propios usos y sus propios límites. Y cuando el agua no está, no hay presión política que la cree.

Aun así, durante años se ha insistido en presentar el problema como si fuera exclusivamente externo. Como si todo se resolviera con más trasvases, más obras y más voluntad. Mientras tanto, se ha evitado entrar en un debate que incomoda: el de los límites del modelo de explotación agrícola en el sureste.

En ese contexto, el papel del Sindicato Central de Regates del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) no puede analizarse como si fuera un actor neutro. Actúa como un lobby político y es legítimo que defienda los intereses de sus asociados. Lo discutible es que su discurso haya funcionado durante años como prolongación del relato político dominante: más agua siempre, venga de donde venga, cueste lo que cueste, y resulta que cuando sobra en una parte es porque no falta en otra.

Pero el problema es que no todo vale. En los últimos años, distintas actuaciones administrativas y denuncias han señalado la existencia de regadíos sin autorización, extracciones irregulares de acuíferos y ampliaciones de superficie no ajustadas a la planificación hidrológica. No son casos anecdóticos en el debate público, sino síntomas de un modelo que en algunos puntos ha ido por delante de las reglas que lo deberían ordenar.

Y eso tiene consecuencias. Porque cuando se exige más agua mientras se estira el sistema por encima de sus límites, el resultado no es estabilidad: es tensión permanente. Tensión entre cuencas, entre territorios y dentro del propio modelo productivo.

La paradoja es que, mientras se mantiene el discurso de la escasez externa, la solución que durante años se despreciaba, la desalación, se ha convertido en imprescindible. No por convicción, sino por necesidad. Y aun así, el debate sigue atrapado en las mismas trincheras de hace décadas.

Quizá el problema del agua en la Región no sea solo técnico ni solo político. Quizá sea, sobre todo, un problema de honestidad. Porque es más fácil prometer lo imposible que asumir los límites. Y más rentable señalar fuera que mirar dentro.

Pero el agua no responde a estrategias de comunicación. Responde a la física, a la climatología y a la gestión real de los recursos disponibles. Y cuanto más tarde se asuma eso, más caro será el ajuste.

Hay que decirlo sin rodeos: la Región de Murcia no puede seguir construyendo su futuro sobre la dependencia del trasvase, reducir esa dependencia no es una renuncia. Es la única forma de garantizar la estabilidad.