En las librerías pasan cosas porque dentro de ellas hay miles de universos que pertenecen al lector. Hace poco más de una década, Jen Campbell escribió en su pequeño estudio de Edimburgo unas reflexiones hilarantes en las que contaba su experiencia como librera, junto a las de otros compañeros de su país. Aquí, la editorial Malpaso le añadió anécdotas de librerías españolas. ‘Cosas raras que se oyen en las librerías’ se convirtió en un fenómeno editorial.

Campbell no planeaba ser una escritora superventas, sino compartir el amor por su precioso oficio. Contar esas cosas absurdas, geniales o patéticas que los lectores hacemos rebuscando en las estanterías, recordando algo que leímos, descubriendo nuestras interesantes vidas frente al mostrador. Como siempre ocurre con todo lo que se hace con pasión, a la escritora se le fue tan de las manos el asunto, que arrancó a volar con vida propia. Anticipó tendencias. Ahora se escapa abril del calendario, terminan las agendas de actos oficiales y las librerías se quedan habitadas solamente por su infantería más leal.

Hay, sin embargo, un fenómeno que se repite desde hace años. Algo ocurre en las estanterías y algunos libros están de espaldas, como si un duende les cambiara el sitio. Es el Poltergeist de los lectores cabreados que, por ser leídos (y reflexivos) nunca serán capaces de destruir un libro, pero tampoco soportan un contenido peligroso, y lo ocultan entre el resto. Esta forma tan deliciosamente trendy de neutralizar lo chungo se conoce como Hidingbook. Comenzó en Estados Unidos cuando salieron de la caverna demasiados textos reaccionarios, y el criterio de los lectores de raza se afiló. La gota que colmó el vaso fue aquel best seller del negacionista Robert Kennedy Jr, ‘The real Anthony Fauci’, donde su autor abunda en que las vacunas y el VIH son inocuos. Entonces, comandos silenciosos de lectores daban la vuelta al libro, y ese inocente cortafuegos activista se expandió hasta las librerías europeas.  

En este abril lector he visto en algunos establecimientos de esta bendita tierra libros llorosos, castigados en sus estantes, de cara a la pared. Todos tienen en común el puntazo reaccionario. Hay nacionalismos supremacistas, incluido el español, violencias vicarias monetizadas, más antivacunas, insistentes revisionistas del Holocausto y otras pamplinas sin rigor.

En las tripas se me quedan las publicaciones que niegan la violencia machista, como una mala digestión. Van ya dieciséis mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año en España. Murcia es una de las comunidades con más denuncias por violencia de género. Hace solo unos días, un diputado del partido del partido ultra pedía aquí combatir “incluso con violencia” contra las mujeres que deciden abortar. Y así, del disparate al truñolibro, es como se amplifican estas ideas. Los activistas lectores aplican, desde su libertad, la paradoja de Popper: Si toleras a los intolerantes, acabarán con el sistema. La moda de los libros de extraterrestres era, con mucho, más divertida y mejor.

Un amigo librero que no deja entrar textos reaccionarios en su tienda, resta importancia a la repercusión de estas publicaciones de baja calidad. Su teoría es razonable. La gente que compra esas teorías jamás lee. Tiene razón. Los malvados hicieron hogueras en la Opernplatz, los ignorantes echaron sus propios libros en ellas.

El investigador Olivier Mannoni, uno de los mayores expertos en nazismo, tardó diez años en traducir ‘Mein Kampf’ para la editora franco-suiza Fayard. Demostró la perversión de ese lenguaje que, por ejemplo, invirtió palabras como despiadado, brutal o fanático en honorables y positivas. En una reciente entrevista que la escritora y periodista Isabelle Carceles le hizo para ‘El Courrier’ de Ginebra, recordaba como los “fetiches verbales del mal” se escuchan de nuevo en Europa. Añado aquí dos de factura patria, frescos. Reemplazo. Prioridad Nacional.

A lo mejor el Hidingbook resulta ser antídoto contra el exceso de atención al cuñadismo de motosierra. También apagar radios y pantallas, cuando hablan. Que regresen a la oscuridad. No mirar, cerrar los ojos, como Indiana y su novia Marion amarrados a ese poste, a punto casi de perder, cuando los malos sueltan las furias del Arca. Así, quizá algún día tengamos más librerías que casas de apuestas.

Hay un término con una gran precisión terminológica que se ha usado entre mis amigos desde antaño: “asco-pena”. Siempre lo hemos usado para referirnos a situaciones tan surrealistas que rozan la pateticidad y parten de una malicia que genera un gran rechazo, calificable como “asco”.

Cuando he leído lo que está sucediendo con las elecciones a rector de la que fue mi universidad (la UMU), he pensado: “vaya asco-pena”. Es lo mismo que pensé cuando supe cómo funcionan las elecciones del colegio de abogados; aprovecho para señalar esto y que no caiga en el olvido.

Por dar algo de contexto a lo que os cuento, el rector saliente de la UMU ha pasado a incorporarse a la CROEM, en un movimiento que algunos han interpretado como una puerta giratoria. Al mismo tiempo, ha surgido cierto revuelo en torno a la gestión de la campaña por parte de una de las candidaturas, con comentarios sobre la implicación activa de profesores en la movilización del voto estudiantil, en ocasiones vinculada a incentivos informales y al peso que puede tener la relación académica en este tipo de dinámicas.

Vamos a decir que esto es una prueba de lo bien que funciona el sistema educativo para promover el pensamiento crítico o el pensamiento, simplemente, no solo entre alumnos, sino también entre los profesores que se han prestado a favorecer la endogamia e invalidación de una institución que debería ser la fuente de conocimiento de la sociedad.

Siempre he pecado de idealista respecto a lo que la universidad significa. Nunca me ha gustado que esté plenamente enfocada a ser una máquina generadora de mano de obra. La he visto siempre como un espacio de investigación, conocimiento, prosperidad y de acogida para quien quiere aprender y crear vínculos desde y con el conocimiento. Esa era mi romantización de la universidad. Es natural la frustración que supone contrastar la realidad de las universidades españolas frente a esa idea.

Hoy día tenemos más bien un cuadro de Goya bien “performado”: entre los que pelean las cátedras como galones políticos, los que hacen piña para derribar a compañeros de departamento, los que compran votos, los políticos pidiendo reconocimientos académicos que no les corresponden por mérito, los que trafican con la normativa de esta gran institución y los grandes afectados: los alumnos.

Hay algunos que no olvidamos ciertas cosas que vienen desde 2008, que no olvidamos los tasazos que hicieron que la universidad pública dejara de ser para todos o las normas de progresión y permanencia que pusieron requisitos para poder respirar a quienes necesitábamos compatibilizar trabajo y estudios.

Yo no lo tuve nada fácil gracias a gente como la que hoy nos facilita esos titulares, desde el corrupto de base hasta el político de ministerio. Antes sentía una rabia inmensa y ahora veo este show desde mi posición y siento ese “asco-pena” que os comentaba al principio.

Por hablar algo en positivo, diría que no hay que dar por desperdiciada la universidad pública por estas cosas, que es el lugar donde debe prosperar quien quiera hacerlo y no solo quien pueda. Diría que es donde los estándares de calidad deben estar más altos, donde debe ser difícil aprobar la asignatura de Derecho Procesal. Que también es el lugar en que se investiga y se avanza paso a paso en cuestiones importantes para la sociedad y que brinda un trasvase de conocimiento imprescindible para mejorar.

Tenemos muchas cosas buenas que cuidar y preservar en la universidad como para permitir que una minoría de listillos se apropie de la institución y monte un chiringuito en favor de su círculo de intereses. Si lo hacen, por lo menos que se les caiga la cara de vergüenza, que se les haga crítica, que no tengan paz. Y un último apunte: un sistema corrupto no puede educar.

En Murcia llevamos décadas aceptando una contradicción que apenas se discute: consideramos el transporte urbano un servicio público esencial, pero su gestión sigue en manos privadas. Y no pasa nada… hasta que pasa.

La reciente decisión del Tribunal Central de Recursos Contractuales de tumbar la licitación del nuevo contrato de autobuses no es solo un tropiezo administrativo. Es el síntoma de un modelo que hace aguas: contratos complejos, recursos constantes, retrasos acumulados y una sensación generalizada de que el servicio nunca termina de estar a la altura.

Durante años, el debate público ha defendido, con razón, la importancia de blindar la sanidad o la educación. Pero rara vez se aplica ese mismo criterio a otros servicios que también son públicos por ley y por sentido común. El transporte urbano es uno de ellos.

Porque no hablamos de un servicio cualquiera. Hablamos de cómo se mueve una ciudad, de quién puede acceder a su trabajo, de si vivir en una pedanía es una desventaja o no. Hablamos, en definitiva, de igualdad, de favorecer la gestión del tiempo, de calidad de vida.

El modelo concesional tiene lógica sobre el papel: el Ayuntamiento fija condiciones y una empresa especializada presta el servicio. Pero en la práctica, ese equilibrio se rompe con facilidad. Cuando el contrato falla, todo falla. Cuando el diseño es defectuoso, las consecuencias duran años. Y cuando hay conflictos, el margen de maniobra pública es limitado.

Frente a esto, la gestión directa mediante una empresa pública no es una utopía ni una rareza. Es, de hecho, el modelo habitual en muchas ciudades. Barcelona y Madrid gestionan su red a través de empresas públicas, una empresa 100% municipal que ha sido capaz de modernizar su flota y asumir un papel clave en la movilidad urbana. Europa, urbes como Nantes o Rennes de un tamaño medio a la de nuestra ciudad hacen lo propio, donde incluso los estudios han mostrado que la gestión pública puede ser más eficiente que la privada en determinadas condiciones.

Tal vez no sean sistemas perfectos, pero funcionan. Y, sobre todo, responden a una lógica distinta: la del servicio, y no a la del beneficio.

Eso no significa ignorar los riesgos. Crear una empresa pública exige inversión, planificación y una gestión profesional que evite caer en ineficiencias o en el cortoplacismo político. Pero seguir como hasta ahora también tiene costes, aunque sean menos visibles: dependencia, rigidez contractual y una mejora del servicio que siempre parece aplazarse.

La cuestión de fondo no es ideológica, sino de coherencia. Si defendemos que ciertos servicios deben garantizarse desde lo público por su impacto en la vida de la gente, esa defensa no puede quedarse a medias. No puede limitarse a algunos ámbitos mientras en otros aceptamos modelos que, una y otra vez, generan problemas estructurales.

Murcia tiene ahora una oportunidad, aunque venga de la mano de un revés jurídico. Más allá de rehacer un contrato, quizá ha llegado el momento de replantear el modelo.

Porque si por ley la competencia y la gestión del servicio de transporte es público, la pregunta es inevitable: ¿por qué no lo prestamos como tal?

Me ha llegado por redes sociales un vídeo de tu intervención acerca del proceso de regularización extraordinaria en relación con la sanidad, en el que dices que el sistema está tensionado por sus propios ciudadanos, a lo que se añade la población migrante que se encuentra de forma irregular en nuestro país.

Te he escuchado en varias ocasiones y nunca había tenido la sensación de que tuvieras un discurso deshumanizador como este, en el que no entras a valorar el hecho de que la sanidad pública se está deteriorando en beneficio de la privada. Aunque te quieres cubrir las espaldas aludiendo a la falta de financiación, tu discurso se puede catalogar de aporofóbico, de rechazo al pobre. ¿Tienes los mismos planteamientos con las personas que están de turismo en la Región? No has hablado de la dignidad humana y de los cuidados vinculados a la profesión sanitaria. Has hablado de estas personas, insisto en lo de <>, como una mera carga, como una amenaza para el sistema sanitario, sin contar con una mirada humanizadora, como la tiene la propia Iglesia Católica. Antes de ser consejero de Salud, eres persona y eres médico.

Buscando por internet algo sobre vuestro código deontológico, he encontrado este texto que me parece que os puede interpelar en las actuales circunstancias, en las que criminalizar y rechazar a las personas migrantes pobres significa obtener votos:

“Ética médica para una práctica profesional responsable. En una profesión donde la confianza, el juicio clínico y la responsabilidad van de la mano, disponer de un Código actualizado es más que una necesidad: es una garantía para el médico, para el paciente y para la sociedad. Este nuevo marco ético fortalece el ejercicio profesional, alineándolo con los valores que siempre han definido la medicina: respeto, compromiso, humanidad y rigor”.

¿Dónde queda la humanidad en tu discurso? Rechazar esta regularización es condenar a estas personas a la explotación, a la exclusión y a que no tengan una consideración de ciudadanos.  Hay un intento de retratarlas como una amenaza y un gasto, lo cual abre la puerta al racismo. Cualquier persona tiene que ser tratada dignamente y esto también se aplica a la salud. Te aconsejo que, cuando puedas, veas el XXXIX Seminario Interdisciplinar de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, celebrado el 10 de marzo del 2026 que desmonta cualquier consideración racista desde un punto de vista ético y económico. Lástima que estas visiones queden sepultadas por los discursos de odio.

Veo venir el discurso aporofóbico y con tintes xenófobos para que la población piense que los problemas en la sanidad se deben a la falta de financiación del gobierno central mientras no sea de tu mismo partido. También a los migrantes cuya situación administrativa ha sido regularizada -aquí hay que subrayar que una persona no es irregular o ilegal-. Los datos económicos que tenéis desmienten esta argumentación porque cuando se han hecho otras regularizaciones -también por parte del Partido Popular, lo cual aplaudo-, se han logrado incrementar los ingresos de la la Seguridad Social y la recaudación, además de la contribución que se ha hecho al aumento del Producto Interior Bruto (PIB). Todo esto sin perder de vista el planteamiento previo: la dignidad humana.

Siento una gran preocupación por el hecho de que personas buenas, aunque no comparta determinados planteamientos sociales con ellas, se sumen al engranaje de la deshumanización de las personas migrantes y refugiadas. No es tarde para reaccionar porque nunca es tarde para amar, fraternizar y cuidar.

Hay una idea que, desde los medios de comunicación, incluidos los medios públicos, no paran de repetirnos, que en España faltan viviendas, y que esa escasez de la oferta es la principal causa de los altos precios tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, si se hace una búsqueda rápida en un portal especializado en viviendas, se comprueba que, a día de hoy, hay disponibles, sólo en el municipio de Murcia, más de 3.500 viviendas listas para ser adquiridas, y más de 800 de alquiler. Si ampliamos la búsqueda a toda la región, esas cifras suben a 11.000 a la venta y unas 2.000 en alquiler. La oferta de venta de viviendas en toda España asciende a unas 700.000 y a más de tres millones en alquiler.

El problema no es, desde luego, la falta de oferta, sino los disparatados precios que se piden para que este bien de primera necesidad cambie de mano, con un abismo entre las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, muchas de las cuales rozan la categoría de infravivienda, con los precios que demandan los propietarios, muy por encima de salarios reales de la población. La ideología 'liberal', además, y de nuevo, clama contra los impuestos, cuya existencia responsabiliza de los altos precios, y nunca a la avaricia y el ansia de obtener los máximos beneficios con el menor esfuerzo posible.

En las grandes ciudades los llamados 'fondos buitre', principalmente Blackstone y CaixaBank, poseen más de 100.000 viviendas, que mantienen apalancadas a la espera de que la especulación les sea favorable, mientras que el 10% de las casas pertenecen a grandes tenedores. A esto se suma el auge del alquiler turístico, con unos 330.000 pisos de este tipo en España, un 1,24% del parque total, aunque esa cifra aumenta hasta el 10% en ciudades como Málaga, provocando un verdadero problema al influir en los precios generales de alquiler en determinadas zonas.

El lobby de la construcción nos repite que es necesario construir en nuestro país entre 500.000 y 700.000 viviendas nuevas, mientras que los datos del Instituto Nacional de Estadística cifran en 3,8 millones de viviendas vacías en España, el 58% de las cuales se encuentran en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. La Región de Murcia cuenta con más de 100.000 viviendas vacías, cerca de la tercera parte del parque total de viviendas, siendo una de las cifras más elevadas de nuestro país.

Y tampoco es cierto que la construcción de cientos de miles de viviendas nuevas vaya a rebajar el precio global, según la teoría de la 'mano invisible' de Adam Smith. El 'boom' inmobiliario que transformó el paisaje de nuestro país entre 1997 y 2007, en la que se construyeron más de cinco millones de viviendas, más que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania, no supuso la baja de precios, sino todo lo contrario, con un alza de más del 140% en siete años, y provocó la crisis subsiguiente de 2008, con los resultados que conocemos de cifras de paro del 27%.

El gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros el Plan de Vivienda 2026-2030, dotado de 7.000 millones de euros, cuyos objetivos son aumentar el parque público de viviendas, sobre todo destinado al alquiler, y el fomento de la rehabilitación, así como el blindaje permanente del parque público de vivienda para evitar su venta. Sin embargo, no incide en el principal problema de la vivienda, los precios abusivos tanto de venta como de alquiler. La medida de este plan que consiste en ayudas al alquiler de 300 euros al mes para jóvenes y de 600 euros al mes para alquileres en general no es sino un parche, ya que solo alcanzará a un número limitado de personas, además de que su cumplimiento depende de las comunidades autónomas, que serán las responsables de su aplicación.

Ya se ha visto que la reciente Ley de Vivienda, que incluye el límite de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, la redefinición de los grandes tenedores, pasando a esa categoría los propietarios de más de cinco viviendas y la declaración de zonas tensionadas cuando el precio del alquiler o hipoteca supera el 30% de los ingresos medios de las familias, no ha funcionado sobre todo por la negativa de las comunidades autónomas a aplicar dicha ley, incluido el Gobierno regional de López Miras.

Precisamente, el Gobierno regional se jacta de su propio plan de vivienda, consistente principalmente en avales a menores de 35 años para la compra de la primera vivienda. Por lo visto, López Miras no conoce la realidad de la juventud murciana. La precariedad en el empleo en la juventud es un obstáculo para siquiera pensar en comprar un piso, por lo que dudo de que esta medida alcance a mucha gente.

Aún queda mucho por hacer para que se cumpla el articulo 47 de la Constitución, aquel que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, sobre todo, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, regular el uso del suelo conforme al interés general para evitar la especulación y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas. Habrá que calibrar y corregir el desequilibrio que existe entre la obtención de beneficios desorbitados frente a la consecución de un derecho fundamental sancionado por la Carta de Derechos Humanos desde 1948.

Siempre me ha llamado la atención, desde que volví de Italia a Murcia, una diferencia en el tratamiento informativo del poder: en el PSOE era relativamente fácil identificar quién mandaba y cuáles eran las familias; en el Partido Popular y en Vox, no. En estos casos, el poder resulta mucho más difícil de rastrear. No es solo una impresión. Basta revisar las hemerotecas: frente a los mapas detallados de nombres y relaciones que los periodistas han ido trazando durante años para reconstruir el poder socialista o de otros partidos progresistas, apenas existen intentos equivalentes para interpretar las dinámicas internas del PP o de Vox. Solo han trascendido episodios concretos —como el enfrentamiento entre Patricia Fernández y Fernando López Miras—, convertidos en excepción más que en regla. En el caso de Vox, además, muchas de sus decisiones, purgas y contrataciones solo han sido conocidas cuando han saltado a la prensa nacional, sin un seguimiento sostenido en el ámbito regional. Y todo ello mientras la sucesión de Ballesta, dentro y fuera del Ayuntamiento de Murcia, deriva cada vez más en una carrera de codos que lleva tiempo en marcha.

Esta asimetría no es casual. Responde, en gran medida, a cómo funcionan los medios de comunicación y a las condiciones en las que producen información. Allí donde existen mecanismos de democracia interna —primarias, procesos competitivos, estructuras más permeables— el poder se vuelve narrable. Se filtra, se discute, se expone. En esos contextos, los medios encuentran material para construir relatos, aunque a menudo lo hagan desde el conflicto, presentando la propia democracia interna como problema en lugar de como una expresión normal de pluralismo político.

Por el contrario, allí donde esos mecanismos se controlan o se diluyen, el relato se vuelve opaco. El poder no desaparece: simplemente deja de circular por canales visibles y se desplaza hacia redes informales, difíciles de penetrar para quien no conoce sus códigos. La política se acerca entonces a la lógica de un 'selectorado' restringido, donde las decisiones relevantes se toman en círculos cerrados y el conocimiento sobre quién manda realmente queda reservado a quienes manejan nombres, vínculos y lealtades. No hay ausencia de poder, sino déficit de democracia: no solo se dificulta su comprensión, sino también su relato.

Parte de esa ausencia tiene que ver con un segundo vector menos visible, pero igualmente determinante: la dependencia de las fuentes. El periodismo político, especialmente en ámbitos locales o autonómicos, se sostiene en gran medida sobre el acceso. Quien rompe ese equilibrio y señala dinámicas internas corre el riesgo de quedar fuera de los circuitos de información y perder futuras filtraciones. En entornos cerrados, además, las fuentes no hablan o lo hacen bajo condiciones de anonimato que rara vez permiten construir un relato publicable con garantías. El resultado es un incentivo claro a la contención: no tanto por falta de conocimiento, sino por el coste que tiene convertir ese conocimiento en información.

El problema, sin embargo, no es solo la opacidad, sino el silencio: el miedo —político, mediático o económico— impide que esos nombres se pronuncien. Como dice Verbal Kint en Sospechosos habituales, “el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía”: el poder siempre es más eficaz cuando nadie se atreve a nombrarlo.

Esto revela una lógica operativa poco reconocida: los medios no actúan únicamente como observadores neutrales, sino también como gestores del riesgo informativo. Publicar exige respaldo, pruebas sólidas o validación externa. En ausencia de esas condiciones, se opta por fórmulas más ambiguas que permiten insinuar sin afirmar. Así se configura una jerarquía implícita en la que determinados conflictos necesitan ser 'certificados' antes de hacerse plenamente visibles, mientras otros circulan en un terreno difuso donde todo el mundo sabe, pero pocos dicen.

Ese silencio no es casual: es autocensura nacida del miedo, en una región que periodistas de prestigio han perdido su empleo. Un miedo con varias caras, entre ellas una especialmente relevante: la económica. La fragilidad de los medios, agravada por la caída de los ingresos publicitarios, ha reforzado su dependencia de la financiación institucional, que es distribuida con escasa transparencia premiando a medios afines. Esa dependencia introduce un incentivo evidente a la prudencia —cuando no a la contención— en la cobertura de determinados actores políticos. El problema deja así de ser solo editorial para convertirse en una cuestión de gobernanza: sin reglas claras y supervisadas, la autonomía real de los medios queda condicionada y su función, más allá de sus editoriales, puesta en tela de juicio, pues sin utilidad real, su valor cae.

Todo ello favorece un fenómeno igualmente relevante: la persistencia de determinados perfiles políticos que, por su presencia o su forma de actuar, operan mediante la intimidación simbólica sin activar una respuesta social proporcional dentro de sus propias organizaciones. Son figuras que transitan de puesto en puesto sin que los costes reputacionales actúen como mecanismo de corrección. Su estilo —a medio camino entre la provocación y la normalización de lo inaceptable— acaba siendo tolerado como parte del paisaje político. Hasta el punto de que sus nombres se omiten, no sea que señalarlos desencadene reacciones con consecuencias económicas, incluidas posibles pérdidas de ingresos publicitarios abonando el camino para el poder despótico.

En este contexto, la situación del Ayuntamiento de Murcia no puede entenderse como un episodio aislado, sino como la expresión más visible de ese mismo patrón de opacidad y control del relato. La recuperación de espacios por parte del Partido Popular en barrios que fueron clave en el conflicto del soterramiento apunta menos a una estrategia de gobierno que a una dinámica interna de reposicionamiento. Todo indica que el foco está en la gestión de una sucesión más que en la resolución de problemas de un ayuntamiento ahogado.

Mientras distintos perfiles del Ejecutivo regional se sitúan, el Ayuntamiento proyecta una imagen de creciente desorden. Los ejemplos son conocidos: un sistema de transporte público con licitaciones retrasadas o mal planteadas que no saldrán esta legislatura, problemas persistentes de limpieza, quejas acumuladas en barrios y pedanías, atascos estructurales como los de la Ronda Sur o la renuncia del jefe de bomberos, que evidencia tensiones internas y fallos de dirección. No se trata de incidentes aislados, sino de una acumulación de disfunciones que dibuja un problema de gestión sostenido, pero que no tienen reflejo en lo medios.

A ello se suman elementos más simbólicos, como la hibridación entre cofradías y política o el control reforzado sobre territorios donde la percepción de abandono es creciente. Pero más allá de lo simbólico, lo determinante sigue siendo la capacidad —o la incapacidad— de ejecutar políticas públicas de forma coherente.

La conclusión es incómoda, pero difícil de evitar: la falta de escrutinio sostenido no es solo un problema mediático, sino un factor que agrava la propia crisis de gobierno. Cuando el poder no se nombra, cuando sus dinámicas no se explican y cuando sus fallos no se exponen con claridad, las posibilidades de corrección se reducen y perdemos todos. Y en ese escenario, lo que queda no es un proyecto, sino una lógica de mera conservación del poder en la que la opacidad deja de ser una consecuencia para convertirse en una herramienta para que todo siga como siempre, pero el resultado es la pérdida de la democracia.

El miércoles 15 de abril el diputado regional de Vox Antonio Martínez Nieto llamó a combatir incluso con la violencia la, según sus palabras, “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Todo ello al hilo de la moción del PP que exigía al Gobierno de España una ley de cuidados paliativos, que según Martínez Nieto se iba a convertir en “un refuerzo de la eutanasia”. Arguyen que el gobierno quiere meter en la Constitución la cultura de la muerte. Y lo dice el diputado de un partido que está entusiastamente a favor de la guerra en Oriente Medio, una guerra que, a su líder, Santiago Abascal, le genera “gran esperanza”.

La guerra les parece una opción esperanzadora, pero que una mujer decida sobre su propio cuerpo o que una persona elija la eutanasia para dejar de sufrir les resulta intolerable. Es una expresión más de la crueldad que caracteriza al pensamiento de ultraderecha.

Observamos cómo la retórica de estos particos se vuelve cada vez más agresiva. En esa gradación, el paso previo al uso de la violencia es la llamada a la violencia. En esta ocasión Vox ha dado un salto cualitativo y esa llamada la ha hecho desde la tribuna de la Asamblea Regional. Ya no es una convocatoria en redes para linchar a migrantes en Torre Pacheco, ya no es un chiste de cuarto cubata sobre feminazis en la barra de un bar, ya no es una soflama racista en un mitin ante los suyos, ya no es el exabrupto contra el gobierno de un tertuliano en horario de máxima audiencia: ahora, desde la sede de la soberanía popular Vox está pidiendo utilizar la violencia para cargar contra leyes aprobadas por el gobierno, leyes que han sido demandadas por la ciudanía, votadas y aceptadas. A ver qué nombre le ponemos a eso.

No es casual, en política nada lo es. Desde la irrupción del trumpismo en la escena planetaria los tiempos de la agenda ultra se han acelerado. Este hecho ha tenido lugar la misma semana en que hemos sido testigos del vergonzoso ejemplo del diputado de Vox José María Sánchez subiéndose al estrado de la Cámara Baja para amagar con agredir a su vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, algo que nos retrotrae al 23F. La chulesca actitud del diputado de Vox le hacía parecer un cruce entre Tejero y Torrente además de suponer un salto de 45 años atrás en el tiempo. No podemos pasarlo por alto ni normalizarlo. Deben preocuparnos mucho estas faltas de respeto a la democracia, estas actitudes auténticamente antisistema porque a lo que aspiran es a que la democracia caiga para ser sustituida por un gobierno autocrático al estilo de lo que está haciendo Trump en EE. UU. y de lo que ha hecho Orbán durante los 16 años de liderazgo en Hungría, que, afortunadamente, han quedado atrás en las últimas elecciones. 

Precisamente estos exabruptos tienen conexión por una parte con la rabia por la caída estrepitosa de Orbán, un dirigente que ha sido faro y guía, además de financiación para los partidos ultras europeos, en particular para Vox; y por otra con los indecorosos ejemplos de histrionismo de figuras como Milei o Trump, especialmente de este último cuya performance pública despierta a propios y extraños serias dudas sobre su salud mental. Nos gobiernan individuos que están para que los encierren (y no es una metáfora) y que tienen a su alcance el botón nuclear. Como para no preocuparnos.

Volviendo al tema que nos ocupa, la violencia primero se verbaliza y después se actúa. Es muy grave lo que ha sucedido en Murcia, donde se han traspasado todos los límites hasta llevar esa violencia a la sede gobierno regional. Por ese motivo debemos decir alto y claro que no podemos tolerar este tipo de actitudes y amenazas en nuestras instituciones, no podemos tolerar ataques a la expresión de la soberanía popular y a la independencia de las leyes.

En respuesta, desde la Asamblea Feminista se ha emitido el siguiente comunicado de repulsa al que se pueden adherir tanto colectivos como personas de forma individual.

La semana pasada fue noticia que un diputado de Vox, al que no voy a nombrar por no darle publicidad, ha soltado en sede parlamentaria que había que combatir «incluso con violencia» el aborto y la eutanasia, y hasta a mí -que más bien peco de impulsiva que de prudente- me ha costado reaccionar a sus palabras, pero no por falta de argumentos ni tampoco de memoria, sino porque, en realidad, nada de esto es nuevo.

Son años los que algunas llevamos gritando que en esta tierra se han vulnerado y se vulneran los derechos de las mujeres por pura ideología. Es una realidad documentada, denunciada y sostenida en el tiempo con total normalidad institucional. Y durante todos estos años yo misma he podido comprobar -con datos, con testimonios y con demasiadas historias que aún me pesan y me retumban muy dentro- cómo a las mujeres que necesitaban interrumpir un embarazo se las expulsaba de la sanidad pública. Y no, esto que digo no es una forma de hablar: es exactamente eso. Derivaciones sistemáticas a clínicas privadas, incluso en casos médicos graves, en una región donde prácticamente ningún aborto se realiza en el sistema público. He conocido a mujeres enviadas a cientos de kilómetros de sus casas para interrumpir un embarazo por causas médicas, destrozadas, solas, sin recursos y sin ningún tipo de acompañamiento psicológico. Y también he visto cómo todo eso se negaba, cómo se les daba la espalda, cómo se cuestionaban sus relatos, sus decisiones y hasta su dolor.

He visto cómo se firmaban convenios para perpetuar ese modelo, cómo se colocaba al frente de un comité ético a un ginecólogo antiabortista declarado, cómo se normalizaba la presión en las puertas de las clínicas, cómo se invitaba a rezar frente a ellas desde marquesinas de las paradas de los autobuses públicos de nuestras calles y cómo se toleraban prácticas que no tienen nada de humanas, como pretender obligar a escuchar un latido antes de una intervención. Todo eso lo he escuchado de quienes, al mismo tiempo, decían y dicen con orgullo defender la vida, pero no tienen ningún problema en pisotear la dignidad de las mujeres y convertir sus derechos en un campo de batalla ideológico.

Quizá sea por todo eso que me sorprenda ya poco el escándalo de estos días. ¿De verdad alguien cree que la violencia ha empezado ahora, que ha aparecido de repente porque ese diputado la nombró o incitó a ella en voz alta? La violencia nunca se fue. Ha estado en cada decisión política que ha impedido el acceso real a un derecho consolidado, en cada obstáculo impuesto desde las instituciones, en cada mujer obligada a salir de su entorno para poder decidir sobre su propio cuerpo, en cada intento de culpabilizarla, de señalarla o de hacerla pasar por un calvario innecesario. Y, por supuesto, ha estado también en el silencio y en la comodidad de quienes han preferido no mirarlas, y en quienes han sostenido gobiernos, acuerdos y mayorías a cambio de no cuestionar nada de esto.

Hoy no hablo solo de palabras ni de un discurso político extremista concreto. Hablo de responsabilidades. De años permitiendo que el derecho al aborto no se garantice en la sanidad pública de la Región de Murcia, de años tolerando que quienes deben evaluar estas decisiones lo hagan desde posiciones ideológicas abiertamente contrarias a ellas, de años mirando hacia otro lado mientras se construía un sistema que, en la práctica, nos expulsa, nos señala y nos abandona. Y ahora, de repente, todo son manos a la cabeza. Incluso de los propios cómplices. No cuela.

Señor diputado de Vox sin nombre, sus palabras son odio, pero no son una anomalía en esta historia: son solo la consecuencia lógica de todo lo que se les ha permitido antes y de todo lo que nos han obligado, a nosotras, a las mujeres, a retroceder en esta tierra. Hace mucho tiempo que algunas dijimos que había que seguir gritando, y eso es justo lo que ahora hago frente a quienes, como usted, siguen empeñados en salvarnos del infierno, frente a quienes nos siguen juzgando como a brujas pecadoras, frente a quienes deciden por nosotras o frente a cualquiera que sigan perpetuando este sistema de violencia.

Déjennos en paz. Con nuestros cuerpos, con nuestras decisiones, con nuestros derechos y hasta con nuestros errores. Entiendan ya, los unos y los otros -en esta región, tanto monta, monta tanto, los de Vox como los de Fernando- que, aunque les pese, ustedes no tienen nada que decir sobre lo que siempre ha sido algo nuestro.

Nosotras decidimos.

En la política murciana hay anomalías que, con el paso del tiempo, dejan de escandalizar y empiezan a parecer normales. El transfuguismo es una de ellas. Lo que debería provocar un rechazo inmediato, que un cargo electo abandone el partido con el que se presentó a las elecciones y utilice su escaño para alterar mayorías parlamentarias, se ha ido aceptando con una inquietante naturalidad. En pocos lugares se percibe con tanta claridad como en el laboratorio de la Región de Murcia.

La crisis interna en Vox vuelve a colocar sobre la mesa un escenario que en cualquier democracia mínimamente exigente resultaría inaceptable, pero que aquí se analiza con fría aritmética parlamentaria, a López Miras le bastarían dos diputados para aguantar hasta mayo de 2027.

La aprobación de los presupuestos y la estabilidad del Ejecutivo dependen de apoyos externos cada vez más inciertos. En ese contexto, la ruptura de apenas dos diputados de Vox bastaría para convertir una minoría parlamentaria en una mayoría funcional.

El debate público ya no gira en torno a si sería legítimo alterar la voluntad expresada en las urnas mediante tránsfugas. La discusión se limita a valorar si la operación sería viable o conveniente. El transfuguismo ha dejado de ser un problema democrático para convertirse en una variable estratégica.

La Región de Murcia conoce bien este mecanismo. En 2021, una moción de censura impulsada por el partido que ganó las elecciones autonómicas del 2019 parecía destinada a desalojar al Partido Popular del gobierno regional. La operación se desplomó cuando Ciudadanos, quien le facilitó la investidura a López Miras, siete de sus diputados, entre ellos nada más y nada menos que el Presidente de la Asamblea Regional, abandonaron la disciplina de su partido y con alguna prebenda terminaron sosteniendo al Ejecutivo de López Miras. Aquella maniobra convirtió el Parlamento murciano en el ejemplo más visible de cómo un puñado de escaños puede deshacer en unos días lo que los votantes decidieron en las urnas.

Lo más llamativo es que estas prácticas no ocurren en un vacío político. La Comunidad Autónoma de Murcia es una región donde las redes de poder informal, empresariales, religiosas, universitarias han tenido históricamente una influencia considerable en la vida pública. Durante años, uno de esos polos de influencia giró en torno a la UCAM y a la figura de su fundador, el empresario ya fallecido José Luis Mendoza.

Mendoza no solo construyó una universidad privada; también articuló un entorno social y político lleno de privilegios con capacidad de proyectarse en distintos ámbitos de la vida pública murciana. Dentro de ese ecosistema se ha desarrollado parte de la trayectoria política de dirigentes como, Antelo ferviente discípulo después de abandonar el baloncesto y uno de sus yernos.

Las redes de influencia rara vez desaparecen cuando cambian las siglas partidistas. Simplemente se adaptan.

Pero el problema de fondo no es quién pueda protagonizar un eventual transfuguismo ni quién pueda beneficiarse de él. El problema es que el sistema político murciano lleva décadas reconociendo formalmente que el transfuguismo es una práctica nociva y, al mismo tiempo, tolerándolo cuando resulta útil.

El llamado Pacto Antitransfuguismo nació precisamente para evitar que los partidos utilizaran deserciones individuales para alterar mayorías institucionales. En teoría, todas las fuerzas políticas lo respaldan. En la práctica, su cumplimiento suele evaporarse cuando la aritmética parlamentaria empieza a apretar.

La Región de Murcia se ha convertido demasiadas veces en el laboratorio donde estas contradicciones se hacen visibles. Cada nuevo episodio rebaja un poco más el umbral de tolerancia democrática. Cada nuevo caso de transfuguismo se discute menos en términos éticos y más en términos de oportunidad política.

Y ese desplazamiento del debate es, quizá, la señal más preocupante de todas.

Si la estabilidad de un gobierno depende de convencer a uno o dos diputados para que abandonen el partido con el que fueron elegidos, el problema no es solo la fragilidad parlamentaria. El problema es haber aceptado que los escaños pueden transformarse en piezas intercambiables dentro de un mercado político.

Cuando una democracia llega a ese punto, el transfuguismo deja de ser una anomalía. Se convierte en sistema.

En 1982, Wilson y Kelling formularon la conocida teoría de las ventanas rotas: cuando un entorno tolera el deterioro —un bache sin arreglar, una ventana rota, una farola fundida, una calle sucia, una llamada a la policía por un coche mal aparcado, vados que no se respetan o una hoguera que se repite semana tras semana sin respuesta— y, cuando el problema llega a redes, una cuenta falsa responde insinuando que quien denuncia ni siquiera ha llamado. Esto, inevitablemente, lleva a preguntarse si acertó o manejaba otros datos y lo que se transmite no es solo abandono material, sino un mensaje político mucho más profundo: aquí no pasa nada. Y cuando no pasa nada, todo acaba pasando y es lo que está sucediendo con muchos barrios y pedanías de la ciudad de Murcia.

La teoría de las ventanas rotas, en ocasiones, se ha utilizado, sobre todo, para justificar políticas de orden público restrictivas en determinadas zonas. Sin embargo, la misma tiene una lectura más incómoda: el deterioro no siempre es casual. Puede ser inducido, amplificado o, simplemente, ignorado. No siempre es negligencia; a veces es estrategia para devaluar una zona: comprar barato y vender caro después. Y otras, sencillamente, desgobierno.

Creo que nadie puede dudar que existe una relación directa entre degradación percibida y valor urbano. La forma más eficaz de devaluar un barrio no es solo dejar que se deteriore, sino acompañar ese deterioro con un relato constante de inseguridad, conflicto o decadencia. No hace falta que sea del todo cierto; basta con que sea creíble y repetido. Aquí es donde entran ciertos discursos vecinales y mediáticos que, en teoría, buscan defender el barrio, pero acaban construyendo una imagen profundamente distorsionada. El caso del sur de Murcia —El Carmen, San Pío X, Barriomar— es paradigmático. En los últimos meses se ha instalado la idea de que estos barrios atraviesan una situación equiparable a contextos de exclusión severa. Se señalan problemas reales, pero se amplifican hasta configurar un relato de colapso que perjudica a quienes viven allí, clase con aspiraciones de mejorar. Una anécdota reciente lo ilustra bien. Hace unos días recogimos a un familiar en el pueblo para ir a comer a la playa que, por su edad, no accede a internet. Durante el trayecto, nos explicó con total convicción que en nuestro barrio: el Carmen, San Pio X… “te roban hasta los tornillos” y que aquello era poco menos que un estercolero. No hablaba desde la experiencia, sino desde lo que había oído en la televisión pública que le acompaña, La 7. Ese es el dato relevante: si alguien ajeno al entorno repite ese discurso con seguridad, es que el mensaje ha calado y obtiene votantes para determinados partidos lejos de donde se produce esa situación de degradación, que, por otro lado, es culpa del partido que gobierna.

La realidad hoy, no hace falta ya ni leer a Baudrillard, es pura construcción mediática. Los simulacros se basan en establecer comparaciones impactantes, pero falsas. Se ha llegado a equiparar El Carmen con las 3.000 Viviendas de Sevilla. Conviene detenerse aquí. He vivido allí, en la residencia universitaria Flora Tristán, creada por la rectora Rosario Valpuesta, precisamente para intervenir en un entorno de exclusión real. Y no, no tiene nada que ver. No es cuestión de matices, sino de escala: estructura social, condiciones urbanas, presencia institucional. Confundir ambos contextos no solo distorsiona la realidad local, también banaliza la gravedad de otros. Cuando se pierde la escala, se pierde la capacidad de intervenir. Y ese es uno de los problemas centrales.

Por otra parte, hay algunas cosas que se están ignorando: la posición estratégica del barrio. El Carmen no es periferia; es la prolongación natural de la Gran Vía hacia el sur. La lógica urbana es clara: los ejes centrales no se detienen en un río, continúan. Y cuando continúan, arrastran actividad, inversión y centralidad. Algunos indicios ya son visibles. La llegada de ciertos usos comerciales —aunque sean tan poco sofisticados como un Burger King— responde a flujos y expectativas de crecimiento. A esto se suma un factor clave: el futuro paso del tranvía. Donde hay infraestructura estructurante, hay ciudad en expansión. Esto tiene consecuencias claras. Si ese eje sur se consolida, la conexión con la autovía deberá replantearse. No puede seguir dependiendo de los mismos accesos. Será necesario redistribuir flujos, diseñar nuevas entradas, pensar la ciudad en términos más amplios. Y eso, hoy, no se está haciendo, lo que provoca, entre otras cosas problemas serios de acceso y salida de la ciudad.

Ese vacío de planificación del ayuntamiento contrasta con la intensidad del relato negativo. Un relato que no es inocuo: contribuye a devaluar el barrio en el corto plazo y abre oportunidades para quienes sí anticipan su crecimiento. Se compra barato hoy lo que será caro mañana. Mientras tanto, quienes más contribuyen a ese discurso suelen ser quienes menos visión tienen. Denuncian degradación sin advertir que están ayudando a producirla. Es en este punto aparece la responsabilidad política, que es directa. El Ayuntamiento de Murcia no está corrigiendo esta deriva; la está permitiendo en un contexto evidente de desgobierno. Tras dos años de mandato, los proyectos estructurales siguen paralizados, el ayuntamiento no responde a cuestiones básicas, las decisiones estratégicas no llegan y la ciudad avanza por inercia. La consecuencia es clara: ni se actúa sobre los problemas reales ni se combate el relato que los amplifica. No hay una política definida para el sur ni una visión que sitúe estos barrios en el mapa de crecimiento de la ciudad. El resultado es doblemente perjudicial. Por un lado, se consolida una imagen distorsionada. Por otro, se pierde la oportunidad de ordenar un desarrollo que ya está en marcha. Ni se arreglan las ventanas ni se evita que alguien diga que el edificio entero está en ruinas.

Conviene recordarlo: una ciudad no se degrada solo por sus grietas físicas, sino por la ausencia de quien debe repararlas. Y en Murcia, hoy, ese vacío empieza a hacerse demasiado evidente. Lo pagamos quienes vivimos en determinados barrios, donde las llamadas a la administración caen en saco roto: coches que bloquean garajes, vehículos sobre las aceras, hogueras improvisadas… El ayuntamiento debe responder, como también sus instituciones, pero da la impresión de que resulta más rentable dejar que el deterioro avance, abrazar la teoría de las ventanas rotas y empujar así a que el malestar termine orientando el voto. Una forma, cuanto menos, inquietante de hacer política.

Sabemos que el cerebro humano es maleable y por su plasticidad es capaz de renovarse en el transcurso de nuestras vidas, reconfigurándose constantemente, generando nuevas conexiones neuronales a partir de nuevas experiencias o por lesiones y circunstancias traumáticas. De ahí la importancia que cobra la práctica continua de nuevos y diferentes aprendizajes manteniendo la mente activa, sea cual sea la etapa de nuestras vidas. Pero el cerebro también puede reorganizarse de forma desadaptativa a raíz de enfermedades o mediante conductas patológicas, o bien, estilos de pensamiento derivados de estados de ansiedad o escenarios de sufrimiento.

Uno de los hechos que nos llama la atención es el calado que está adquiriendo la denominada “descarga cognitiva” y su derivada “pereza metacognitiva” en la mente humana, a raíz de nuestros comportamientos inmersos en el manejo de dispositivos tecnológicos de comunicación y el uso de aplicaciones de la Inteligencia Artificial. A lo largo de la historia de la humanidad, la inserción de recursos tecnológicos en las tareas de aprendizaje y en nuestras vidas siempre ha conllevado ciertos procesos de descarga cognitiva (cognitive offloading) mediante el traslado de operaciones mentales a soportes y artefactos externos, como cuando escribimos unas notas en un papel para recordar posteriormente, o cuando utilizamos calculadoras electrónicas para operaciones matemáticas. Lo inoperante es transferir aquello que deberíamos preservar para desarrollar competencias mentales esenciales o hacerlo sin conciencia de qué perdemos o ganamos en ello.

Pero la intensidad y la velocidad que se observan hoy en estas conductas con los recursos TIC afectan marcadamente a nuestra mente, posibilitando una atrofia cognitiva debida a un menor esfuerzo en el ejercicio de la memoria, en los procesos de razonamiento y la resolución de problemas. Lo cual también induce lo que se denomina “pereza metacognitiva”, a saber, la tendencia a evitar el coste de pensar sobre el propio pensar: eligiendo la respuesta o solución más cómoda en vez de activar estrategias de planificación y evaluación sobre un asunto.   

Anita Feridouni planteaba en: “La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?” que la delegación sistemática de tareas cognitivas no solo amenaza nuestra autonomía y pensamiento crítico, sino que permite a la IA operar como una infraestructura que accede al inconsciente para condicionar el comportamiento. Sin esfuerzo cognitivo, la información no se integra; simplemente pasa.

Menciona en su artículo el interesantísimo estudio de Michael Gerlich, (publicado en Societies 2025) quien destaca que el riesgo no es que la tecnología piense por nosotros, sino que nos acostumbre a evitar el esfuerzo analítico necesario para evaluar la información de forma independiente y perdamos progresivamente nuestra capacidad de pensamiento crítico. Esta autora señala también de manera oportuna procedimientos para introducir fricciones deseables en el manejo de la IA y la necesidad de diversificar y confrontar la producción de conocimiento, frente a la tendencia de los algoritmos a homogeneizar el pensamiento.

En el campo donde transitan controversias extremas que duda en concebir argumentos sólidos sobre el uso equilibrado de los recursos de la IA y el papel autónomo y provechoso del pensamiento humano, nos encontramos con un reciente modelo analítico sorprendente y, a su vez, preocupante. 

Daron Acemoglu, premio Nobel y economista del MIT, ha publicado hace poco, junto a Dingwen Kong y Asuman Ozdaglar, un artículo titulado “Inteligencia Artificial, Cognición Humana y Colapso del Conocimiento” en el que investigan cómo la IA generativa, y en particular la IA agentiva (un tipo de inteligencia artificial que funciona de forma independiente para diseñar, ejecutar y optimizar flujos de trabajo, lo que permite tomar decisiones con mayor eficacia), influye en los incentivos de aprendizaje humanos y en la evolución a largo plazo del ecosistema de información de la sociedad, y exponen un modelo analítico con una de las conclusiones más temibles sobre inteligencia artificial: Si la IA llega a ser lo suficientemente precisa, puede destruir por completo la capacidad de la civilización humana para generar nuevos conocimientos.

En palabras de los autores de este impresionante estudio: “El modelo pone de relieve una marcada tensión dinámica: si bien la IA agencial puede mejorar la calidad de las decisiones contemporáneas, también puede erosionar los incentivos de aprendizaje que sustentan el conocimiento colectivo a largo plazo. Cuando el esfuerzo humano es suficientemente elástico y las recomendaciones agenciales superan un umbral de precisión, la economía puede caer en un estado estacionario de colapso del conocimiento en el que el conocimiento general desaparece en última instancia, a pesar del asesoramiento personalizado de alta calidad.”

¿Qué ocurre cuando la IA provee respuestas personalizadas y precisas a todas las preguntas que, de otro modo, las personas tendrían que averiguar por sí mismas? Individualmente, cada persona sale beneficiada. Obtienen respuestas correctas más rápido. Pero dejan de realizar el trabajo cognitivo que sustenta la base de conocimiento colectivo.

El modelo demuestra la existencia, por un lado, de un estado constante de alto nivel de conocimiento donde el aprendizaje humano y la asistencia de la IA coexisten de forma productiva. Y un estado estacionario de “colapso del conocimiento”, donde el conocimiento humano colectivo ha desaparecido prácticamente por completo; los individuos aún reciben buenas recomendaciones personalizadas de IA, pero la infraestructura intelectual compartida que permite nuevos descubrimientos ha desaparecido. Y la transición entre ellas no es gradual.

Se trata de un efecto umbral. Por debajo de cierto nivel de precisión de la IA, la sociedad se mantiene en un equilibrio de alto conocimiento. Por encima de ese umbral, el sistema se desequilibra. Y una vez que se desequilibra, el “colapso de conocimiento” se retroalimenta. La capacidad colectiva de formular preguntas que nadie se ha planteado antes, de erigir marcos conceptuales que generan nuevos conocimientos, está desapareciendo silenciosamente. Nos convertimos en individualmente racionales, pero colectivamente catastróficos.

Europa vuelve a mirarse en el espejo de sus propias incertidumbres, como si el tiempo hubiese acelerado de tal modo su curso que ya no bastara con reconocer lo que ocurre, sino que fuera preciso, antes incluso, aprender a orientarse en ello. Las recientes elecciones en Hungría han reabierto una cuestión que nunca terminó de cerrarse: hasta qué punto el proyecto europeo es capaz de sostener una coherencia interna entre sus principios declarados y las prácticas políticas que se desarrollan en su seno. No se trata de una anomalía aislada, ni de una excepción fácilmente delimitable, sino de una manifestación visible de una tensión más profunda, estructural, que atraviesa a Europa desde dentro.

Pero quizá el problema no resida solo en esa tensión, sino en el modo en que Europa se piensa a sí misma. Hay en esa mirada una tentación persistente: la de reconocerse en el espejo, como Narciso, complacida en una imagen que cree propia y suficiente, o como el retrato de Dorian Grey, que oculta en su superficie intacta las huellas de sus propias contradicciones. Europa se ha narrado durante mucho tiempo como el lugar de la razón, de los derechos, de la universalidad. Sin embargo, esa narración, cuando no se somete a crítica, corre el riesgo de convertirse en una forma de autocelebración que impide ver lo que queda fuera de su campo de visión.

Porque Europa, en realidad, no es una unidad compacta, ni un bloque homogéneo, sino un campo de fuerzas en el que conviven tradiciones, intereses, culturas políticas y expectativas que no siempre convergen. La pertenencia a la Unión no elimina esa diversidad, sino que la articula —a veces con éxito, otras con dificultad— en un marco común. Hungría pone de relieve, precisamente, ese límite: es posible formar parte del proyecto europeo y, al mismo tiempo, reinterpretar desde dentro algunos de sus fundamentos. No hay ruptura, sino desplazamiento; no hay salida, sino una redefinición silenciosa de lo que significa estar dentro.

Esta ambigüedad no es exclusiva del ámbito estatal. Se reproduce, con otras formas y otras intensidades, en los espacios regionales. La Región de Murcia, situada en el extremo sur de Europa, podría parecer ajena a estas tensiones políticas de gran escala. Sin embargo, su inserción en el entramado europeo es profunda. Las políticas agrícolas, las estrategias de sostenibilidad, la regulación de los mercados, la gestión de los recursos hídricos, el reconocimiento del Mar Menor como sujeto de derecho (único norma que existe el respecto en la UE): todo ello está atravesado por decisiones que se adoptan en el marco europeo. Europa no es, en este sentido, una abstracción distante, sino una realidad que incide directamente en la vida cotidiana.

Y, sin embargo, esa presencia efectiva convive con una percepción de lejanía. Las decisiones llegan, pero no siempre se comprenden; los efectos se experimentan, pero no siempre se asocian con su origen. Se produce así una forma de disociación característica de nuestro tiempo: se participa en un sistema cuyos mecanismos resultan opacos, cuyos procesos decisorios se perciben como ajenos. Europa aparece entonces como una instancia que actúa, pero no como un espacio plenamente compartido.

Entre Hungría y Murcia se dibuja, por tanto, una misma tensión, aunque adopte formas distintas. En el primer caso, se manifiesta como una reconfiguración política que cuestiona los equilibrios internos de la Unión. En el segundo, como una distancia silenciosa entre la integración formal y la apropiación real del proyecto europeo. Pero en ambos late una cuestión común: la dificultad de sostener un sentido compartido en un contexto de creciente complejidad.

Aquí es donde resulta necesario ensanchar la mirada. Pensar Europa únicamente desde sus propias categorías puede conducir a un círculo cerrado, a una autorreferencialidad que limita su capacidad de comprensión. Incorporar perspectivas que históricamente han quedado en los márgenes —miradas críticas que interrogan la centralidad europea— permite desplazar el eje del análisis. No para negar lo que Europa ha sido, sino para someterlo a examen. Para preguntarse hasta qué punto su universalismo ha sido, en ocasiones, una forma de particularismo expandido, o dicho llanamente: colonialismo o neocolonialismo (como los tratados de externalización de las fronteras); hasta qué punto su relato de emancipación ha convivido con prácticas de exclusión.

Desde esa apertura, Europa deja de ser un sujeto que se contempla a sí mismo y pasa a ser un espacio que se construye en relación con otros. Ya no se trata de sostener una imagen, sino de habitar una pluralidad. No de reafirmar una identidad cerrada, sino de hacer posible una convivencia que reconozca la diferencia sin convertirla en frontera.

Esta exigencia se vuelve más urgente en un escenario marcado por la incertidumbre. Durante décadas, Europa se pensó a sí misma como la culminación de un proceso de racionalización política, económica y jurídica. Esa imagen, sin desaparecer del todo, se ha visto erosionada por una serie de crisis que han puesto de manifiesto la fragilidad de sus equilibrios. La pandemia, las tensiones geopolíticas, las transformaciones económicas y tecnológicas han introducido un grado de incertidumbre que desborda los marcos tradicionales de interpretación.

En este contexto, la política europea ya no puede apoyarse en la expectativa de un progreso lineal. Más bien se mueve en un terreno inestable, donde las decisiones deben adoptarse en condiciones de incertidumbre y donde las consecuencias de esas decisiones son difíciles de prever. La relación entre economía y política, que durante mucho tiempo pareció resuelta a favor de la primera, vuelve a plantearse en términos problemáticos. La primacía de los criterios economicistas muestra hoy sus límites frente a demandas sociales, territoriales y ambientales que no pueden reducirse a esa lógica.

La Región de Murcia ofrece, en este sentido, un ejemplo elocuente. Su modelo económico, profundamente vinculado a la agricultura intensiva y a la gestión de recursos escasos como el agua, se encuentra en el cruce de múltiples políticas europeas. Las exigencias de sostenibilidad, las regulaciones ambientales, las dinámicas del mercado interior: todo ello configura un marco en el que las decisiones locales están condicionadas por orientaciones globales. Y, sin embargo, la traducción de esas orientaciones en prácticas concretas no es automática ni lineal. Requiere mediaciones, adaptaciones, interpretaciones que, a menudo, generan tensiones.

Estas tensiones no son simplemente técnicas. Remiten a la cuestión más amplia del sentido del proyecto europeo. ¿Es Europa un espacio de coordinación económica, o es también una comunidad política capaz de generar vínculos de pertenencia? ¿Puede sostenerse sobre la base de normas y procedimientos, o necesita algo más, una experiencia compartida que le otorgue legitimidad? Las respuestas a estas preguntas no están dadas de antemano. Se construyen, en todo caso, a través de las prácticas, de las decisiones, de los conflictos.

En este sentido, los límites de Europa no son solo geográficos. Son límites políticos, culturales, incluso simbólicos, que se redefinen continuamente. Europa no es un mapa cerrado, sino un espacio en movimiento, cuya configuración depende de decisiones que nunca son neutrales. Incluir o excluir, integrar o diferenciar, avanzar o detenerse: cada una de estas opciones contribuye a dibujar sus contornos.

Lo que está en juego, en última instancia, es la posibilidad de sostener un proyecto común en un mundo marcado por la incertidumbre. No se trata de recuperar una ilusión perdida, ni de restaurar un modelo que ya no responde a las condiciones actuales. Se trata, más bien, de asumir la complejidad como punto de partida, de reconocer que Europa no puede ofrecer respuestas simples a problemas complejos.

Tal vez, entonces, la cuestión no sea si Europa debe seguir mirándose en el espejo, sino qué tipo de espacio quiere habitar. Si uno cerrado sobre su propia imagen, o una habitación abierta, capaz de acoger otras voces, otras experiencias, otras formas de entender lo común, desde las propias periferias como Murcia hasta la propia Bruselas. Entre el reflejo complaciente y la apertura inclusiva se juega, hoy, algo más que una identidad: se juega la posibilidad misma de Europa como proyecto político compartido.

De vez en cuando, los delfines entran por la dársena del puerto y ese día se convierten en leyenda. Hace unos meses pasaron cerca de un falucho con remeras del club del barrio de Santa Lucía, que los pudieron grabar. Si en vez de humanos norteamericanos, o chinos, o ex soviéticos, hubiera ido un delfín a la Luna, conoceríamos de ella mucho más. Encontraría agua, si corriera por sus cráteres. No nos habría endilgado desde el cohete un motivador discurso sobre la cooperación entre especies, mientras en la Tierra nos machacamos a bombazos. Nadie sabe tanto de empatía como este inteligentísimo animal.

A los pescadores de Santa Lucía les da suerte que un delfín aparezca por las aguas con más solera de la costa cartagenera, incluso también de la murciana, dicho con perdón, pero es que aquí hay mucho linaje acumulado. Los marineros viejos cuentan que, si tu barco naufraga, te llevarán en brazos a la orilla. Los pescadores jóvenes ahora vienen de África. Andan de muy temprano absortos en el trabajo con las redes, con sus petates al lado y unas alfombras pequeñas puestas al Este, en las que hacen su oración. El barrio conserva su identidad milenaria, hecha de muchas culturas de idiomas distintos que conviven en paz, como lo hicieron nuestros antepasados, trabajadores de aluvión. Así ha sido y será, por mucho que moleste a algunos, por los siglos de los siglos.

En la parada del bus que va y viene desde el hospital al centro, han coincidido una mañana cualquiera un crío subsahariano que no tendrá los dieciocho y una mujer blanca que va al trabajo. Él lleva unos cascos puestos, cazadora clara, zapatillas deportivas de última generación, como cualquiera de su edad. Dice buenos días a la señora, que le devuelve el saludo con algo de extrañeza, pues que un chaval demuestre esos modales no es lo que se dice habitual. Mientras el chico busca algo en su bolsa, ella recorre a pasos cortos la acera, porque no utiliza los bancos de las paradas. Pero hoy sí tendrá que hacerlo, porque el chaval ha sacado una servilleta de papel para limpiar la mitad del asiento. Lo muestra con orgullo, los brazos extendidos, señalando. Con una sonrisa blanquísima y radiante, dice en castellano, pronunciando las erres muy francesas: Señora, por favor, aquí. Entonces ella le da las gracias y, por primera vez en su rutina de pasajera de autobús urbano, se sienta.

En el trayecto corto que bordea el litoral pesquero han cruzado algunas frases: el joven se afana en practicar su nuevo idioma, parece recién llegado. La mujer, a ratos, mira por la ventana cómo el paisaje cambia desde las antiguas casas con techo de láguena a los edificios más domóticos y cuquis del Paseo. Por la acera, los senderistas van apretando el paso por el sendero azul, dejando atrás murales con pinturas marineras.  Cuando el viaje acaba, se despiden con la amabilidad de vecinos que se acaban de conocer. Le ha dicho su nombre, que suena algo así como Dofan Myadé, quizá de Senegal, de Malí, Gambia, Guinea, quién sabe. Dofan significa delfín en lengua wolof. Tiene toda la vida por delante.

Eso piensa ella mientras se encamina a su trabajo, donde tendrá que soportar a nueve hombres y mujeres (por lo menos) entregados a difundir odio con la ficción cansina de machetes, violaciones y otras viejas fantasías erótico-festivas del nuevo Cristofascismo nuclear. Son los fans, conviene ahora mucho recordarlo, de ese pedófilo senil que puede aniquilar el mundo, aunque sea cobarde y no se atreva. El muchacho no lo tendrá fácil en una tierra donde pueden hacerle añicos su ilusión cuatro matones de esos que creen que la libertad es comer jamón y tomar cañas. Con suerte, estudiará, ocupará puestos de responsabilidad y no de la Cabaña del Tío Tom. Un día, desayunando en una cafetería con compañeros de su promoción, le prestará atención a la mujer de melena corta que está saliendo en la tele. Le suena esa mirada clara. La conoció aquella vez en la parada del bus. Entonces se hablaron como personas, de igual a igual. Ahora comprende por qué se siente en casa.

En la Región de Murcia se habla de “sistema educativo sostenido con fondos públicos” como si fuera una realidad homogénea. No lo es. En la práctica, existen dos redes: una pública y otra concertada. Ambas financiadas con dinero público, pero no sometidas a las mismas condiciones ni con los mismos resultados.

Los datos son conocidos, aunque pocas veces se ponen en el centro del debate: la escuela pública concentra mucho más alumnado de origen extranjero, familias con menos recursos y estudiantes con mayores necesidades educativas. La concertada, en cambio, mantiene en general perfiles más homogéneos.

No es casualidad. Es el resultado.

Durante décadas, la política educativa en la Región de Murcia por parte del Partido Popular ha apostado por sostener y ampliar la red concertada mientras la escuela pública ha tenido que absorber más presión con menos recursos relativos. No hace falta buscar grandes declaraciones: basta con observar cómo ha evolucionado el sistema.

En barrios como La Flota en la ciudad de Murcia, esta dualidad se ve con claridad. La concertada no solo está presente: en algunos casos iguala o supera a la pública. Pero la diferencia no está solo en el número de centros, sino en quién acaba en cada uno de ellos.

Las cuotas “voluntarias”, determinados proyectos educativos o dinámicas de admisión actúan como filtros silenciosos. No excluyen de forma explícita, pero sí ordenan. Y lo hacen siempre en la misma dirección.

El resultado es un sistema que, bajo la apariencia de libertad de elección, termina separando al alumnado por origen social.

Y aquí es donde la cuestión deja de ser técnica y pasa a ser política.

Porque cuando un sistema financiado con dinero público no garantiza una distribución equilibrada del alumnado, no estamos ante una simple diferencia de modelos. Estamos ante una forma de organizar la desigualdad.

Se puede defender la existencia de la concertada. Lo que resulta más difícil es justificar que, con fondos públicos, funcione como una red paralela que no asume las mismas responsabilidades.

Hablar de esto no es ideología. Es describir lo que ocurre.

Y en la Región de Murcia, lo que ocurre es que no hay un solo sistema educativo. Hay dos. Y no juegan con las mismas reglas.

Ha acabado la Semana Santa. Días de tradición, pero también de reflexión sobre lo que somos como sociedad y lo que decidimos mantener, cambiar o cuestionar. Yo siempre digo que las tradiciones, por muy arraigadas que estén, no son intocables, sino que evolucionan -o deberían hacerlo- al ritmo de un mundo que también cambia. Para mí este año ha sido una Semana Santa muy distinta a las últimas. No solo porque no haya salido en ninguna procesión como miembro de la Corporación que sigo siendo, sino porque tampoco he salido siquiera a verlas. Me he quedado en casa, y no por desinterés, sino precisamente por todo lo contrario, porque tenía la necesidad de parar, de escucharme y, sobre todo, de entender. Habrá quien piense que salir en ellas forma parte de mis obligaciones como cargo público. Es un debate legítimo en el que no voy a intentar convencer a nadie. Pero también lo es preguntarse qué significa realmente representar y hasta qué punto esa representación debe imponerse incluso cuando entra en conflicto con lo que una es y lo que piensa. Y antes de dar todas esas explicaciones hacia fuera, a veces a una le toca encontrarlas dentro. Y es lo que he estado haciendo.

Durante años, la mayoría de cargos públicos -de todos los colores- hemos estado presentes en procesiones y actos religiosos desde el respeto institucional. Se sigue haciendo. En mi caso, han sido más de diez años, como concejala y como diputada, e incontables las procesiones a las que he asistido. Siempre he entendido que había algo que estaba por encima de cualquier duda mía personal: los creyentes del partido que representaba, la tradición, la fe y el respeto colectivo. Y desde ahí estuve, incluso cuando no todo me encajaba por dentro. Pero hay momentos que te lo remueven aún más todo. Que te obligan a recolocarte y a replantearte dónde estás y por qué. Salir de un partido y dejar de responder a unas siglas no es solo un cambio político, es también una oportunidad -o más bien una responsabilidad- de ser todavía más honesta contigo misma. Y en ese proceso es cuando te surgen este tipo de preguntas incómodas, constantes e inevitables.

En los últimos meses se han abierto debates incómodos de los que he participado sin ningún temor. Algunos, como el del burka, donde señalar la opresión y la invisibilidad de muchas mujeres sigue generando silencios estratégicos dependiendo de a quién afecte o cuándo convenga hablar. Otros, mucho más cercanos, como el de la elección de Reinas de las fiestas, donde he defendido que se sigue exponiendo a niñas y adolescentes a ser valoradas por su físico mientras se habla, en paralelo, de cuidar mucho más la salud mental o de defender la igualdad. Tradiciones que están tan profundamente arraigadas que, cuando se cuestionan, encuentran resistencia incluso en quienes defienden discursos que deberían ser coherentes con esas críticas. Sin embargo, también he comprobado que la realidad aquí es muy compleja. Muchas de esas niñas y jóvenes lo viven con tal ilusión que forman parte de ello sin cuestionarlo y asumen como normal participar en unas tradiciones que incluyen vestirse de una determinada manera, portar símbolos religiosos o cumplir con roles que rara vez se les explican. Sé que todo esto no invalida la pregunta de fondo, pero sí la hace -creo- más incómoda, porque, según la mayoría: ¿hasta qué punto lo que se acepta con tanta normalidad debería revisarse? Y es ahí donde yo salto porque lo que creo es que, por muy normalizada o arraigada que una tradición esté en un pueblo, quienes tenemos responsabilidad política debemos preocuparnos por sus consecuencias y no escabullirnos con cobardía entre la opinión generalizada de las masas.

Y a todo esto le vuelvo a sumar el recuerdo del último pregón del mayo pasado en un acto público, financiado con dinero público, donde se lanzaron mensajes que cuestionaban directamente los derechos de las mujeres y donde lo más significativo no fue solo lo que se dijo, sino lo que no vino después: ni disculpas, ni rectificaciones, solo la justificación de que también hay quien piensa así y que también hay que representarlos. Cuando los derechos entran en conflicto con los votos, el silencio suele inclinar la balanza. Ni lo he olvidado ni creo que deba olvidarse. Aunque, mientras algunas decidimos no hacerlo, parar y reflexionar sobre qué significa estar, otras formas de representar lo público no solo se normalizan, sino que hasta se celebran. Ahí está el ejemplo del presidente de la Región participando como parte activa de un desfile en Lorca, subido a una cuadriga y encarnando un papel dentro de la propia escenificación. Y claro, ahí las preguntas se me vuelven inevitables: ¿qué se considera representar y qué no? ¿Y quién decide dónde está el límite?

En todo este contexto, queriendo como quiero a mi pueblo y sin olvidar en ningún momento dónde estoy, lo que intento explicar es que no siempre es fácil ocupar determinados espacios. No cuando se sabe de antemano que una postura incómoda, como han podido ser las mías, genera rechazo, silencios… ni cuando tu presencia puede interpretarse como una validación de todo lo que ha ocurrido o hasta reabrir heridas no curadas. A veces, no estar también es una forma de posicionarse. Y dejo claro que nunca desde el desprecio, sino desde el respeto, pero también desde mi mayor coherencia.

Para mí representar a tu pueblo no debería implicar nunca el renunciar a ser una misma. Ni callar cuando sientes que te toca hablar. Ni estar cuando lo que tienes son dudas o conflictos como estos. Quizá la verdadera responsabilidad no esté solo en acudir a un acto, sino en saber por qué se está -o por qué no- en esos determinados lugares.

Equivocarse forma parte del camino. Pero hay algo que debería pesarnos más que cualquier acierto calculado y son nuestros propios principios. Esos que no siempre son cómodos, que a veces tienen un coste demasiado alto, pero que también te permiten poder seguir reconociéndote o que los que de verdad te respetan o te quieren sigan sin sorprenderse cuando no te ven en según qué sitios, como el que tampoco se muevan de tu lado por muchos tropiezos que sigas dando.

Y ya que han empezado las Fiestas de Primavera de Murcia, recuerdo también que hay otros temas que siguen igual. Que hay colectivos como la Agrupación Sardinera de Murcia que continúan recibiendo subvenciones públicas mientras mantienen prácticas que excluyen a las mujeres de participar en igualdad, como subir a sus carrozas o formar parte activa de los desfiles. Y como pienso exactamente lo mismo que siempre al respecto, seguiré sin verlos ni mucho menos aplaudirlos. Gota a gota o verso a verso, quizá algún día haya tradiciones tan machistas como estas que alguien se atreva a cuestionar cuando entre a formar parte del gobierno de un ayuntamiento. Hasta el momento, incluso pudiendo haber sido, eso no ha ocurrido, pero seguiremos esperando el milagro.                      

Uno recuerda las manifestaciones multitudinarias que se celebraron hace 23 años, cuando la guerra era en Irak y no en Irán. Conviene refrescar la memoria: en 2003 el gobierno de Aznar nos metió en una guerra promovida por los Estados Unidos, y el 93% de la población española lo rechazó. Llenamos entonces las calles de España y en las movilizaciones se veían manifestantes de todas las edades: desde viejos hasta niños, pasando por adultos, jóvenes y adolescentes. Había de todo. El 'No a la guerra' fue la consigna seguida por todos y, muy especialmente, por los jóvenes del momento.

Ahora vuelven esos tiempos bélicos y, aunque nuestro gobierno actual ha optado por la prudencia y no nos ha metido en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, una parte de la sociedad (desde luego no el 93% de antaño) también cree necesario salir a las calles para seguir gritando en 2026 'No a la guerra' a la vista de las masacres del último quinquenio: Ucrania, Gaza e Irán.

Pero hay más diferencias, y saltan a la vista. En las calles de Murcia, el sábado 28 de marzo nos manifestamos un buen montón de gente. Y al igual que sucedía en las otras ciudades españolas, había un rasgo definitorio: abundaban las cabezas canosas. Una generación brillante de mujeres y hombres que lucharon por las libertades, batiéndose el cobre en los años setenta, ochenta y noventa, y que ahora tienen 80, 70 o 60 años, era la que predominaba en las calles murcianas al igual que en las calles españolas. Me di una vuelta desde la cabecera hasta la cola, y entre los miles de personas asistentes había una ausencia clamorosa: los jóvenes. No vi ni a un veinteañero. Treintañeros, pocos. Algunos de cuarenta. Y la aplastante mayoría éramos todos mayores de cincuenta. Me sentí, por un lado, orgulloso de pertenecer al grupo de los que están del lado bueno de la historia. Y por otro, desolado al ver que nuestros jóvenes no están luchando por su futuro. Y no es que no estén en estas causas: es que no están en casi ninguna.

El caso es que no había jóvenes ni en las pancartas de los partidos políticos que había en la manifestación (en ninguna de las pancartas), ni había jóvenes ecologistas, ni había jóvenes de las universidades, ni de los institutos, ni de ningún colectivo organizado ni viejuno ni juvenil, ni en las feministas tampoco. Solo había allí adultos muy adultos. La mayoría, dignísimos peloplatas.

Pregunto a mi alrededor, y todo el mundo me da respuestas parciales que explican algo, no todo, de este fenómeno que está ocurriendo. Es que los jóvenes se sienten abandonados por los boomers. Es que están secuestrados por los teléfonos móviles. Es que el gobierno regional del PP ha ido laminando todas las organizaciones juveniles que no son de su cuerda. Es que todos los jóvenes se han hecho de ultraderecha. Es que les engañan los youtubers de Andorra y los criptobros, alvises y vitoquiles de moda. Es que. Es que...

Me pregunto si esta dimisión juvenil no será una manifestación más de la atávica abulia murciana o del no menos castizo pasotismo español, que a veces vuelve en oleadas que nadie se explica. Pero leo y miro lo que está pasando en Estados Unidos y resulta que las protestas anti-Trump las están liderando figuras como Bruce Springsteen (por el amor de dios: cada año lo amo más), Robert de Niro, quien ha puesto toda su mucha testosterona al servicio de una buena causa (los ataques que hace con mucha mala hostia sobre la figura de Trump son emocionantes) y también hemos podido ver la bravura de mujeres artistas que han tirado para adelante arriesgando prestigio (quizá a esa edad ya no tienen miedo de perder nada) y dando la cara de forma ejemplar: actrices como Susan Sarandon o Jane Fonda y cantantes como Joan Báez. No he visto a nadie más. Bueno, sí: un sorprendente Arnold Schwarzenegger, quién lo diría. ¿Sus edades? Respectivamente: 76, 82, 79, 88, 85 y 78 años. Los líderes culturales de la protesta son muy, muy viejos, rayando ya la ancianidad. Como en Murcia, también en USA los jóvenes están ausentes ¿o alguien conoce a algún joven líder o lideresa cuya cara y nombre estén al frente de algo allí?

Decía Bob Dylan en una canción de los revueltos tiempos sesenteros aquello de something is happening, and you don’t know what it is. Do you, Mr Jones?, y yo me pregunto con bastante vergüenza si no seremos nosotros los despistados Mr. Jones del presente que no nos estamos enterando de qué es lo que está pasando por ahí abajo con los jóvenes, a la misma vez que también me pregunto si es que de verdad está pasando algo o, aún peor, constatando que no pasa nada de nada. El caso es que yo contemplaba las cabezas canosas que se manifestaban por Murcia y me decía a mí mismo: antes las calles las tomaban los jóvenes, y ahora las calles las toman los viejos, y si esto sigue así, en diez o veinte años no quedará nadie que luche por nada.

Hay territorios cuya identidad parece haberse vuelto visible solo cuando se representa, como si lo vivido necesitara de su escenificación para ser reconocido. La Región de Murcia pertenece, en parte, a ese tipo de geografías: un espacio cuya imagen pública —y, en ocasiones, su autopercepción— se articula en torno a rituales periódicos intensos, codificados y reiterados. La Semana Santa, con su solemnidad estética, y las Fiestas de Primavera, con su vitalismo expansivo, constituyen los dos polos de esa representación. Entre ambas, se despliega una narrativa de lo murciano que oscila entre la ceremonia barroca y la exuberancia popular.

La Semana Santa murciana, particularmente en la capital y en localidades como Lorca o Cartagena o Jumilla, ofrece una escenografía de gran densidad simbólica. No es únicamente una manifestación religiosa, aunque su raíz lo sea; es, sobre todo, una forma de ordenar el tiempo y de estructurar la comunidad en torno a un relato compartido. Los pasos, las túnicas, la música procesional, los itinerarios que se repiten con precisión casi litúrgica, constituyen un lenguaje que expresa continuidad. En términos culturales, no estamos ante un adorno, sino ante un dispositivo de memoria. La identidad, en este contexto, aparece como una práctica reiterada que permite a una comunidad reconocerse en el tiempo.

Algo semejante ocurre con las Fiestas de Primavera de Murcia capital, aunque en un registro distinto. Del recogimiento se pasa a la expansión, del silencio ritual al ruido festivo. El Bando de la Huerta (recomiendo la película ¿dónde está mi acequia? Anatomía forense de una ciudad, del director murciano Joaquín Lisón por su crítica a la pérdida real de la huerta murciana y de los huertanos) y el Entierro de la Sardina funcionan como formas de afirmación identitaria en clave celebratoria. El traje huertano, la gastronomía, la ocupación del espacio público, configuran una estética de la abundancia que no reproduce fielmente el pasado, sino que lo reinterpreta. La tradición se vuelve performativa: no se hereda sin más, sino que se actúa. Y en esa actuación hay una simplificación inevitable, una estilización que convierte lo vivido en símbolo, y para algunos, en mito.

Hasta aquí, podría afirmarse que ambas celebraciones constituyen expresiones legítimas y valiosas de la identidad regional. Sin embargo, su misma potencia plantea una ambigüedad: lo que se muestra con tanta claridad tiende a ocupar todo el campo de lo visible. La Región corre el riesgo de ser percibida —y de percibirse a sí misma— a través de estas imágenes recurrentes. Como si lo murciano pudiera agotarse en la solemnidad de sus procesiones o en la alegría de sus desfiles.

Es en este punto donde se hace necesaria una crítica, no destructiva, sino clarificadora. Porque quizá el problema no resida en la existencia de estas fiestas, sino en su conversión en un fetiche de la identidad. Siguiendo la intuición de Rafael Sánchez Ferlosio, el fetiche no es simplemente algo venerado, sino algo que sustituye a lo real. Una forma que, al repetirse, deja de remitir a una experiencia viva y se convierte en un objeto autosuficiente. La identidad, cuando se fetichiza, se vuelve manejable, consumible, tranquilizadora.

Así, la identidad murciana, tal como se escenifica en estos eventos, corre el riesgo de convertirse en un artefacto cerrado. Una imagen que ya no necesita ser interrogada porque parece decirlo todo. Ferlosio desconfiaba de las palabras que, a fuerza de repetirse, se vacían de contenido; algo similar ocurre con ciertas formas de representación cultural. Cuando se reiteran sin fisuras, dejan de señalar algo exterior a ellas y comienzan a girar sobre sí mismas.

La consecuencia más problemática de este proceso no es la pérdida de autenticidad —categoría siempre discutible—, sino la clausura de posibilidades. La identidad, en lugar de ser una relación abierta, se convierte en un objeto fijo. Y, lo que es más relevante, se vuelve normativa: define qué cuenta como propio y qué queda fuera. Aquello que no participa de esa estética —lo que no es procesión ni desfile, lo que no encaja en el repertorio festivo ni en el programa de las concejalías de cultura (ocio, realmente)— tiende a quedar relegado a una zona de invisibilidad.

Sin embargo, es precisamente en esa zona donde se está configurando, cada vez con mayor claridad, un tejido cultural no oficial. Un conjunto de prácticas que no se reconocen en la lógica del folclore ni en la del ocio festivo. Espacios independientes, iniciativas artísticas, proyectos colectivos que no buscan representar a la Región, sino habitarla de otro modo. Aquí la cultura no se presenta como repetición, sino como exploración. No como identidad fijada, sino como proceso.

Este tejido no compite con las celebraciones tradicionales; más bien, introduce una tensión necesaria. Mientras aquellas estabilizan la identidad, estas la problematizan. Y en esa problematización reside una forma más exigente de belleza. No una belleza inmediata, sino una que requiere atención, tiempo y disposición para lo no evidente. Una belleza que no se ofrece como espectáculo, sino como experiencia.

La crítica constructiva consistiría, por tanto, en reabrir la pregunta por la identidad. No asumir que ya sabemos qué es lo murciano porque lo vemos escenificado cada año, sino interrogar qué queda fuera de esa escenificación. Reconocer que la cultura de un territorio no se agota en sus momentos de máxima visibilidad, sino que incluye también aquellas prácticas menos codificadas, más frágiles, pero no por ello menos significativas.

Desde esta perspectiva, la lección que puede extraerse es una invitación a la desconfianza productiva. Desconfiar de toda identidad que se presente como definitiva, que se deje consumir sin resistencia. Y, al mismo tiempo, atender a aquello que no encaja, a lo que no se deja representar fácilmente. Porque es ahí, en ese excedente, donde la cultura conserva su capacidad de generar sentido y comunidad abierta.

Tal vez convendría, en suma, desplazar la mirada. No para negar la importancia de la Semana Santa o de las Fiestas de Primavera, sino para situarlas en un contexto más amplio. Entenderlas como una parte —relevante, pero no exclusiva— de una realidad cultural más compleja. Y asumir que la verdadera riqueza de la Región de Murcia no reside únicamente en aquello que se celebra, sino también en aquello que, sin calendario ni ceremonia, sigue ocurriendo.

El Ejecutivo regional asegura no oponerse a la subida del SMI, pero su batería de objeciones legales y técnicas revela una estrategia política clara: ralentizar, cuestionar y, en la práctica, debilitar una de las pocas herramientas eficaces contra la precariedad. Hay una forma muy reconocible de oponerse a los avances sociales sin decirlo abiertamente: no negar el objetivo, pero sí discutir cada paso necesario para alcanzarlo. Eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno regional con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El argumento oficial, no estamos en contra de la subida, sino de cómo se aplica, suena razonable en la superficie. Pero cuando se examina de cerca, se convierte en una coartada. Porque en política, cuestionar sistemáticamente el procedimiento es, en la práctica, una forma eficaz de bloquear el resultado.

El Ejecutivo autonómico habla de “vulneración de la legalidad”, de “jerarquía normativa” y de “debilitamiento de la negociación colectiva”. Conceptos jurídicos complejos que, sin embargo, contrastan con una realidad mucho más simple: miles de trabajadores en la Región de Murcia siguen atrapados en salarios bajos, convenios bloqueados y una precariedad estructural que no se resuelve sola.

Resulta difícil tomarse en serio la defensa de la negociación colectiva cuando esta lleva años fallando precisamente en los sectores más vulnerables. ¿Dónde estaba esa preocupación institucional cuando los convenios no se actualizaban o cuando los sueldos quedaban por debajo de lo necesario para vivir con dignidad? Apelar ahora a ese marco como escudo frente al SMI no parece una defensa del diálogo social, sino un intento de preservar un statu quo claramente insuficiente.

Lo que está en juego no es solo un debate técnico, sino un modelo de sociedad. El SMI representa una línea roja: el mínimo que una economía considera aceptable para vivir. Y en contextos donde el mercado laboral no corrige por sí mismo las desigualdades, cuestionar esa herramienta equivale a asumir, aunque no se diga explícitamente, que hay trabajadores que pueden seguir cobrando por debajo de ese umbral.

Además, el énfasis en aspectos como si el cálculo debe basarse en el IPC o en otros indicadores económicos introduce una falsa neutralidad técnica. No es un debate inocente. Es una forma de desplazar la discusión lejos de su núcleo político: quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO han señalado algo incómodo pero evidente: más de 150.000 personas en la Región dependen directamente del SMI. Para ellas, este no es un debate jurídico ni académico. Es una cuestión de supervivencia cotidiana.

En este contexto, la postura del Gobierno regional no puede leerse como una mera discrepancia técnica. Es una toma de posición política. Y como tal, conviene nombrarla sin rodeos: poner en cuestión el SMI en los términos actuales significa, de facto, alinearse con quienes prefieren salarios más bajos y menor intervención pública.

La pregunta, por tanto, no es si se está a favor o en contra de la subida en abstracto. La pregunta es si se está dispuesto a asumir las consecuencias reales de frenarla, diluirla o condicionarla hasta vaciarla de contenido. Porque a estas alturas, lo que está en juego no es el procedimiento. Es la dignidad.

Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la policía en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde la derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando porque “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno.

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catálogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El Gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión a una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia.

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad.

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

Nuevo cuento de la serie “Mari contra la pobreza”. Mari vive en un barrio murciano, trabaja de camarera, tiene dos hijos (Jaime y Jorge) y un dinosaurio. El dinosaurio (que podría ser el mismo que sale en el cuento de Augusto Monterroso) representa la fuerza interior de Mari, la fuente de energía que le permite enfrentarse a todos los problemas cotidianos que provoca vivir en situación de pobreza. Mari comparte el protagonismo de estas historias con sus amigas Tamara y Henriette. Ellas representan a todas aquellas mujeres que pelean a diario contra la pobreza y queremos que sea el reconocimiento de la EAPN-RM a su valor y esfuerzo. Este cuento vuelve a contar con una ilustración original de la artista Laia Domènech.

Puedes leer el resto de cuentos de Mari aquí.

Hay ciertas palabras que Tamara dice cada vez que tiene ocasión: expropiación, emancipación, autonomía, sororidad… Son palabras, dice, que, ellas más que el resto, solo tienen sentido si se dicen y si se hacen.

-¿Cómo es ese refrán que dijiste el otro día? -le pregunta a Henriette.

-If you can walk the walk, don´t talk the talk -le responde Henriette y traduce de forma libre: Si no estás dispuesta a andar el camino, más vale que te calles.

-Pues eso mismo digo yo -remata Tamara.

Su empeño en decir y hacer, hacer y decir, le suele meter en algún lío que otro pero considera que es un precio bajo con tal de ser mínimamente coherente. Pone siempre el énfasis en el mínimamente, consciente como es de que se debe conformar con ser mucho menos coherente con sus ideas de lo que le gustaría.

A veces, para poder recurrir a esas palabras que tanto le gustan, debe adjetivarlas. Así, al hecho de que cada una de las 3 amigas pague una plataforma y así puedan tener las 3 pagando solo una, le llama sororidad audiovisual. La idea fue de ella y lo hizo pensando más en los chiquillos que en ella misma. Para Tamara, Jaime, Jorge y Endurance son como sobrinos y piensa que tienen el mismo derecho que el resto a ver las series de moda. Aunque Jorge y Endurance han resultado ser algo exquisitos en sus gustos y cada vez que quieren ver una película o una serie, resulta que no está en las plataformas que tienen contratadas y acaban siempre descargándolas de cualquier manera de internet.

Ni a Mari ni a Henriette le hacen mucha gracia las series que les ha dado por ver. Ellos se excusan diciendo que se tienen que documentar para el siguiente comic que quieren hacer y ellas, más que nada porque saben valorar una excusa bien elaborada, se resignan y consienten.

Los viernes suelen quedar las 3 amigas para cenar juntas y ver alguna serie. Algunas veces, se les suma Jaime pero esa noche había quedado con un amigo.

-¿Un amigo y un amigo amigo? -le preguntó Tamara siempre dispuesta a chinchar.

Jaime se limitó a sonrojarse como respuesta.

Jorge y Endurance estaban viendo una serie de tecnozombies en la habitación del segundo. La estaban viendo en la tablet pero debían tener el volumen a mil porque al salón, donde estaban ellas tres, llegaban ruidos de explosiones, gritos, chirridos de modem antiguo y mordiscos de toda clase. Tamara había traído una inesperada botella de vino y tenía a sus amigas preocupadas. Tenían la costumbre de que, cuando alguna recibía una mala noticia, invitaba a las otras a una botella de vino. Mari y Henriette esperaban que Tamara les contara qué había pasado pero ella no parecía estar con ánimo de hablar. Tampoco nadie decía de poner un capítulo de la serie que estaban viendo.

Tamara abrió el vino y les dijo que no era nada importante, que no se preocuparan y que ya les contaría en otro momento.

-Háblanos del desierto -le pidió a Henriette.

-¿Del desierto o del desierto desierto? -le preguntó Henriette intentando levantarle el ánimo.

Tenían esa broma entre las 3 de que el padre de Endurance era el desierto y Henriette solía contar historias en todos los tonos sobre ese desierto en particular.

-Del desierto.

Ni un desierto ni otro eran temas de conversación de los que Henriette se escabullera. No solía desaprovechar ninguna ocasión de contar una historia ni de poner de su propia cosecha si la realidad no había conseguido pulir del todo el relato de los hechos. Cuando Henriette hablaba, solía tener un efecto hipnótico en quien la escuchaba, como si fuera una encantadora de serpientes.

-El desierto es terrible -empezó Henriette- pero no lo es menos el mar. Cuando has caminado miles de kilómetros y solo te quedan 14 para llegar a Europa, piensas que lo peor ha pasado. Y no es así. Todo el rato nos estábamos contando historias y la mayoría eran terroríficas. La gasolina que mezclada con el agua salada te quema la piel. Las olas que vuelcan las pateras como si fueran hojas de papel. Los chalecos salvavidas rellenos de piedras que te arrastran hasta el fondo. Supongo que estábamos todas muertas de miedo y por eso solo contábamos cosas terribles. Taiwo no era así. Ella siempre contaba historias alegres. Aunque fuera una alegría extraña. Hablaba de una cantina que había en el fondo del Estrecho donde bebían gratis quienes se ahogaban. Contaba también que, de vez en cuando, hay quien encuentra un tesoro oculto en mitad de las dunas y puede parar el viaje y dar media vuelta.

>>No hay forma de agotar los horrores que se esconden en el desierto y en el Estrecho pero también os digo que encontré muchos gestos de apoyo, mucha bondad y una humanidad… descarnada que me recuerda mucho a vuestra amistad. Yo no estaría hoy aquí si no hubiera contado con la ayuda de Taiwo o del desierto desierto.

>>Creo que vivimos en un pesimismo dirigido e interesado que nos hace poner el acento en lo malo, en contarnos siempre lo que sale mal, las miserias de unos y otros. En todas esas series que ven Jorge y Endurance, da igual que sean de zombies, de catástrofes naturales o de alienígenas, los malos verdaderos son los otros humanos. En vez de pelear contra el enemigo común, luchamos entre nosotras. Es como si a alguien le hubiera salido muy bien el plan. Es lo que dice siempre Antonia: Pobres contra pobres.

>>Me niego a pensar así. Creo que la mayoría de la gente es buena gente.

Tamara torció el gesto. El dinosaurio sintió una incomodidad extraña y tuvo que cambiar de postura. De la habitación en la que estaban Endurance y Jorge llegó una sucesión exagerada de alaridos.

Henriette continuó su historia.

-Nadie rellenaba los chalecos salvavidas con piedras pero los había mejores y peores. A mí me tocó uno que a todas luces no valía para nada. Taiwo se empeñó en cambiarmelo. Me dijo que ella sabía nadar como un delfín y que a mí se me notaba que empezaba a contar por dos. Da igual cómo sea el viaje por el Estrecho, antes o después te toca lanzarte al agua y nadar. Me volví loca buscando a Taiwo al llegar a la orilla y no la encontré. Y como puedo pensar lo que quiera, he decidido que las corrientes la arrastraron lejos de mí y que no se ganó el derecho a beber gratis en la cantina del fondo del mar.

Habitualmente, los cuentos de Mari contra la pobreza acaban con una serie de datos que completan la historia que se ha contado. En este caso no vamos a ofrecer ningún datos. Para conocer la realidad de la travesía del desierto y el cruce del Estrecho, recomendamos la lectura de la web ylos informes de Caminando Fronteras y de PorCausa.