El nuevo consenso posfósil ha llegado para quedarse. La necesidad de romper con urgencia la adicción al petróleo, gas y carbón ya no se exige en los márgenes, en movilizaciones de la sociedad civil y en foros académicos, sino que goza por fin de un apoyo mayoritario y está en boca de amplios sectores de nuestra sociedad, de gobiernos y de la propia Agencia Internacional de la Energía.

La prueba tangible de este cambio de paradigma internacional es la celebración de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Esta tendrá lugar entre el 24 y 29 de abril en la ciudad colombiana de Santa Marta. Más de medio centenar de países ya han confirmado su asistencia, representando alrededor de 2.000 millones de ciudadanos y un 37% del PIB mundial. El objetivo de la conferencia es muy concreto: generar una hoja de ruta técnica y política que acelere una transición justa, ordenada y equitativa de los combustibles fósiles.

A nivel social, el consenso posfósil también puede influir en la intención de voto. Cuando sube el precio del petróleo, cae el apoyo a la extrema derecha. VOX está fuera del consenso posfósil, se alinea con las grandes petroleras y desprecia la economía de las familias. VOX no entiende la conciencia climática y económica de la sociedad española. Existe una posibilidad real de que, si la tendencia se mantiene, la transición de los combustibles fósiles deje a la extrema derecha en la irrelevancia política.

El consenso posfósil existente en la sociedad invita a las instituciones a ser valientes e ir más allá de la retórica. En el caso del Gobierno español, este encuentro es una oportunidad para erigirse como un actor internacional de primer orden dentro de la Unión Europea en la defensa de los intereses comunes, corrigiendo la contribución histórica del país a la crisis climática, aportando transferencia tecnológica, apoyo financiero y condonando la deuda de los países con menos capacidad de transición, para que no dependan de los ingresos fósiles y puedan aplicar políticas climáticas sin condicionantes.

Pero más allá de oportunidades, el ejecutivo tiene la obligación de ser coherente. Coherencia que en muchos contextos en los que se aborda el clima es inexistente. España es sede de corporaciones como Repsol y Moeve, que siguen expandiendo su actividad en terceros países y batiendo récords de beneficios anuales, lucrándose también de la inflación que pagamos todas por los impactos de la guerra. Es imperativo que España lidere acuerdos para eliminar los subsidios públicos a estas empresas. 

La incongruencia clama al cielo cuando el Gobierno decide bajar el IVA del carburante indiscriminadamente a todos los conductores, como ahora con la crisis de Irán, y en 2022 con Ucrania, —cuando la evidencia científica señala que estas acciones benefician más a los hogares con rentas medias y altas—, mientras que otras medidas como reforzar el transporte público y otorgar ayudas específicas a colectivos vulnerables y sectores estratégicos no fueron tenidas en cuenta.

España también tiene una responsabilidad significativa en el ámbito financiero. El Santander es el primer banco español en inversión en proyectos fósiles y ha incrementado su financiación a 48.276 millones de dólares entre 2021 y 2024. Es el banco que más proyectos fósiles financia en Latinoamérica y el Caribe. Le siguen el BBVA y LaCaixa. El Gobierno debe liderar las reformas necesarias para el cese del flujo de capital hacia el sector fósil, reorientándolo hacia estrategias de generación de energía baja en carbono que se van a discutir en Santa Marta.

Otro punto importante que el Estado español debe impulsar con el resto de países comprometidos es la rescisión de los tratados de inversión con arbitraje internacional. Las cláusulas de arbitraje entre empresas petroleras y Estados blindan los intereses de inversores extranjero y se activan cuando un país decide, por ejemplo, revocar licencias de extracción de hidrocarburos. Los tribunales de arbitraje suelen fallar a favor de las corporaciones, imponiendo indemnizaciones que pueden alcanzar los miles de millones de euros para las arcas públicas. Esto desincentiva la acción climática.

También es imperativo que España se posicione en Santa Marta a favor de la prohibición de que las empresas fósiles tengan un asiento en la mesa donde se toman las decisiones climáticas y energéticas, como ocurre en las Cumbres del Clima. Al mismo tiempo, garantizar que la esfera pública no sea un espacio de legitimación de sus actividades. Ejemplos de ello son la reciente designación del presidente de Enagás, empresa principal de transporte de gas fósil en el país, como presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona, o los vínculos de Repsol con organizaciones de la sociedad civil y universidades. Estas tácticas de greenwashing minimizan el escrutinio ciudadano, ya que la sociedad no percibe a estos actores como responsables del problema y mantienen su legitimidad sociopolítica para seguir influyendo en las políticas climáticas.  

Santa Marta es una oportunidad histórica y un punto de inflexión en el establecimiento de un nuevo consenso global basado en alianzas internacionales para poner fin a la era fósil. La sociedad española está a la altura del momento y el gobierno de España, como actor relevante dentro de la Unión Europea y la comunidad internacional en la defensa del interés común, debe pasar de las palabras a la acción.

*En la columna también han participado Marcel Llavero Pasquina, Alejandro Marcos-Valls, Fatima Eisam Eldeen, Gorka Muñoa y Martí Orta-Martínez. Son un grupo de investigadores que forman parte del grupo EXIT (Industrias Extractivas, Salud Planetaria y Justicia Ambiental) del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.

“Aún circula por nuestras venas la sangre de Pelayo”. Tan rotundo aserto aparecía en un artículo de El Día. Gaceta política independiente, el 6 de noviembre de 1859. La cita la retoma el ensayo Desmitificando la Edad Media peninsular. Cómo y por qué se ha construido una historia que no existió (Libros de la Catarata, 2026), escrito por Alejandro García Sanjuán, catedrático de Historia medieval en la Universidad de Huelva. Autor de importantes estudios sobre tergiversación histórica (La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, Marcial Pons, 2019), es además editor, junto con investigadores del CSIC y de otras universidades, de la revista de divulgación Al-Ándalus y la historia (https://www.alandalusylahistoria.com/).

Una creencia (errónea) propia de la cultura histórica europea es pensar que en la Edad Media se encuentra el origen de cualquiera de sus naciones. Se imagina una continuidad (artificial) entre Francia y Carlomagno, Inglaterra y la Carta Magna, Italia y las ciudades renacentistas, o entre Suiza y Guillermo Tell. Los héroes medievales encarnarían a todo un pueblo, Robin Hood, Juana de Arco, Pelayo o el Cid. Estas ideas son mitos que componen los grandes relatos históricos que proporcionaban sentido de pertenencia a los habitantes de los países europeos y una misión histórica con la que asentar identidades nacionales sobre comunidades que carecían de ellas. Sociólogos y politólogos les denominan “mito-motor” (mythomoteur) y se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, período de expansión de los Estados-nación. Y España no ha sido una excepción. Al llegar el siglo XX estos mitos medievales estaban ya tan arraigados, penetrando en la psique del europeo o del español común (como los cuentos de hadas que estudió el psicólogo Bruno Bettelheim), que resulta muy laborioso desmontarlos racionalmente.

Los historiadores de oficio analizan la Edad Media con métodos propios de una ciencia social con los que elaboran un conocimiento fundamentado del pasado. Probado está que las comunidades medievales no eran uniformes, sino complejas y carentes del sentimiento de nación. Pero este conocimiento cae a veces como un jarro de agua fría sobre quien prefiere recrearse placenteramente en las leyendas épicas medievalizantes de ciertas novelas históricas o de las series de turno. Los historiadores, si hacen bien su trabajo, son considerados, a veces, unos molestos aguafiestas. Y es que, para cierto tipo de lector, el ensayo de García Sanjuán puede resultar un libro incomprensible. En plena orgía de revivals neomedievales, cuando el Cid aparece hasta en los uniformes de la policía local, desmontar estos mitos tiende a generar sentimientos de rechazo. “¿Por qué se empeñan los historiadores en cogerle tirria al pobre Cid?”, pensarán. La respuesta pasa por comprender que las figuras históricas como el Cid no deben nunca confundirse con sus correspondientes mitos, y que los mitos, al sostenerse en emociones, se prestan a manipulaciones que pueden volverse muy dañinas. Explicar esto es la finalidad de este ensayo que pretende aportar las herramientas para esa comprensión. 

Escribía Eric Hobsbawm, uno de los historiadores europeos más lúcidos, en un ensayo de 1994 recogido en Sobre la historia que “la deconstrucción de mitos políticos o sociales disfrazados de historia forma parte desde hace tiempo de las obligaciones profesionales del historiador, con independencia de sus simpatías”. El ensayo Desmitificando la Edad Media peninsular se ciñe a ese programa, centrándose en los historiadores que se dedicaron (o se dedican) a hacer pasar por Historia lo que no era más que un conjunto de mitos sobre España o sus territorios. Porque, como ha escrito Tommaso de Carpegna: “Los verdaderos mitógrafos han sido los historiadores y arqueólogos” (El presente medieval. Bárbaros y cruzados en la política actual, Icaria, 2015).

El libro hace un viaje cronológico por la formación de los dos mitos que conforman lo que el autor denomina “el combo mitológico” del nacionalismo español sobre el medievo peninsular: la Reconquista, forjadora de una España luchadora contra el islam y salvadora de Europa, y el “mito antisemita e islamófobo de la España musulmana”, que diseñó un al-Ándalus paradójicamente desislamizado y despojado de sus componentes arabobereberes. Estos dos mitos se han retroalimentado, siendo el de la Reconquista el más persistente. Con una escritura clara y contundente desgrana en breves capítulos las piezas de ese doble combo mitológico (héroes, tópicos, reutilizaciones…), desde los antecedentes pre-nacionales anteriores al siglo XVIII hasta la actualidad, poniendo el foco en los historiadores y las obras que idearon y alimentaron todo ese entramado.

Historiadores liberales y republicanos, historiadores franquistas y también democráticos se vieron arrastrados por la seducción del mito. Perfiles ideológicos diversos, como los de Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz o Luis Suárez Fernández y otros medievalistas de la escuela de este último, que fue mandarín de la universidad durante el franquismo y postfranquismo, terminaron así coincidiendo en lo esencial. Esa transversalidad contribuyó a la asimilación y perdurabilidad de estos mitos, idea clave del libro que explica por qué han llegado hasta hoy. La visión que se nos ofrece no es partidista: no se enfrenta una crítica progresista a un relato reaccionario, no, puesto que la izquierda también alimenta esos mitos cuando idealiza a al-Ándalus con una historia inventada, tal como nos recuerda el autor. Los mismos mitos identitarios han servido al españolismo y a los nacionalismos periféricos, incluso a la propia tradición árabe e islámica. 

Desmontar mitos históricos manipulados no supone atentar contra la nación o nacionalidades de la patria común, al contrario, es una obligación cívica. El libro termina con un capítulo sobre mitificación y discursos del odio, muy oportuno en un momento en el que se apela a la Reconquista para incitar a la violencia, como ocurrió en Torre Pacheco el verano pasado. Las reflexiones finales de García Sanjuán apelan a la responsabilidad del historiador medievalista que debe ser consciente de la trascendencia de profundizar en la deconstrucción de los mitos identitarios, pues, enseñar una falsa historia medieval a la ciudadanía puede llegar a engendrar violencia. Y es que, como el propio Hobsbawm advertía “la historia mala no es historia inofensiva. Es peligrosa. Las frases que se escriben en teclados aparentemente inocuos pueden ser sentencias de muerte”.

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros.

Hay un dato que podría estar en el centro del debate educativo español y que, sin embargo, apenas aparece en él: entre el 73% y el 79,5% de los jóvenes que finalizan con éxito sus estudios de Formación Profesional (FP) se encuentran en situación de empleo activo, frente al 66% de los universitarios. Y esto es importante, porque pone en cuestionamiento la narrativa que durante décadas ha ordenado nuestras expectativas sobre qué estudios son válidos y cuáles no.

Llevo años trabajando con jóvenes que llegaron a la Formación Profesional casi por descarte. Muchos, convencidos de que habían fallado en algo. Y lo que encuentro, en la gran mayoría de ocasiones, es lo contrario: jóvenes que aprenden a una velocidad que el sistema anterior no supo ver, que conectan con lo que hacen porque tiene sentido práctico, que en pocos meses recuperan una confianza que años de fracasos escolares habían erosionado. La FP no los rescata a pesar de ser lo que es. Los rescata precisamente porque es lo que es.

España tiene uno de los mercados laborales más exigentes de Europa. En los últimos quince años, la economía española ha dejado de crear empleos para trabajadores con bajo nivel educativo y, por el contrario, ha generado 2,5 millones de puestos que requieren de una alta cualificación. Y, en ese contexto, la FP es una respuesta directa a lo que el mercado laboral está pidiendo.

Pero este no es solo un fenómeno español. Desde Ayuda en Acción llevamos años acompañando a jóvenes en situación de vulnerabilidad también en África y América Latina. En esta última región, un informe reciente elaborado junto a la CEPAL muestra que la educación técnico-profesional mejora el acceso al empleo en toda la región y permite elevar los ingresos hasta un 41% frente a quienes solo tienen formación secundaria.

Lo que hace que la FP funcione no es únicamente su carácter práctico, aunque esto sea importante. Su verdadera fortaleza está en que obliga al sistema educativo a mantenerse en diálogo constante con la realidad: con las empresas, los sectores productivos y las necesidades concretas de cada territorio.

El reto que tenemos por delante no es convencer a nadie de que la FP es válida. Los datos ya lo hacen. El reto es que el sistema la trate como lo que es: una palanca estratégica para el empleo, la cohesión social y la reducción de la desigualdad. Que la inversión pública esté a la altura. Que los centros educativos tengan los recursos necesarios para acompañar no solo la formación técnica, sino también el itinerario personal de cada estudiante. Que los currículos incorporen las transformaciones que el mercado laboral ya está viviendo, especialmente las que trae la inteligencia artificial.

Este último punto es algo que nos preocupa mucho a Ayuda en Acción. Un informe que publicamos junto al CSIC nos avisaba de que el 90% del alumnado de FP Superior ya usa herramientas de IA generativa para tareas escolares —el 77% para preparar trabajos, el 55,7% para estudiar exámenes— pero lo hace sin una estrategia pedagógica clara. El 60% del profesorado reconoce necesitar formación urgente, no solo para manejar las herramientas, sino para enseñar a pensar críticamente ante ellas. La preocupación central no es tecnológica: es de equidad. Sin competencias para contrastar lo que genera un algoritmo, la IA puede ampliar la brecha entre quienes tienen habilidades digitales y quienes no. La FP es precisamente el espacio donde esa brecha se puede cerrar, si se actúa a tiempo.

Lo que está en juego no es solo el empleo juvenil, sino el modelo de sociedad que queremos construir: una en la que el talento no venga determinado por las circunstancias de partida, en la que la FP no sea una segunda oportunidad, sino la oportunidad, y en la que la formación que conecta teoría y práctica sea reconocida por lo que ya está demostrando: su capacidad para impulsar y transformar trayectorias, generando nuevas oportunidades.

La reforma de la arquitectura internacional, históricamente, se ha considerado un lujo que debe acometerse en momentos de paz y prosperidad. Sin embargo, la rabiosa actualidad del mundo contemporáneo se lleva años empeñando en transmitirnos lo contrario: en ausencia de instrumentos políticos internacionales efectivos, no hay reacción efectiva posible ante problemas de dimensiones épicas, cuyas soluciones parecen obvias para la mayor parte de la población, pero que no llegan por falta de voluntad política. 

La crisis financiera que explotó en Estados Unidos en el 2008 se expandió rápidamente por el mundo y se transformó en una gran crisis económica global, que inspiró a los líderes políticos más importantes del planeta a reunirse, en reiteradas ocasiones, para, en palabras de Sarkozy, “refundar el capitalismo”. Tal refundación de la gobernanza económica mundial, no obstante, nunca llegó. 

Poco después, durante las revueltas que sacudieron a gran parte del mundo islámico conocidas como la Primavera Árabe, diversos estados usaron el aparato militar para reprimir duramente a su población, ante la mirada atónita de la opinión pública informada. El Consejo de Seguridad de la ONU, salvo en el caso libio —cuyo desenlace requiere su propia historia—, estuvo paralizado por vetos cruzados de sus miembros permanentes. Una de las múltiples consecuencias de dicha violencia fue la crisis de refugiados, principalmente procedentes de Siria, que afectó a Europa en el 2014. En esa ocasión, se observó que la misma Unión Europea, símbolo de gobernanza supranacional efectiva, en materia de política exterior y seguridad no estaba lo suficientemente integrada. 

La siguiente gran crisis, la de la Covid-19, unos años más tarde, aprisionó a la humanidad en uno de los mayores experimentos políticos y sociales en tiempo real conocidos. El virus no conocía fronteras y la protección de cada persona y país dependía de una protección sistémica. No obstante, a pesar de los estallidos efímeros de conciencia sobre la naturaleza comunitaria e interconectada de los problemas, así como de las soluciones requeridas, que condujeron a personalidades como Gordon Brown a proclamar la necesidad de una “forma temporal de gobierno mundial”, la reforma internacional nunca llegó. De hecho, la carrera por la vacuna pasó de ser un gran proyecto colectivo a una lucha entre naciones y farmacéuticas por hacerse antes con un antídoto para su población. 

Aunque seguramente la pandemia haya sido el principal y desaprovechado potencial revulsivo de la gran restructuración requerida del sistema de gobernanza global—desde la misma concepción de las Naciones Unidas—, la invasión rusa de Ucrania supuso una nueva sacudida. Las noticias, en tiempo real, relataban la ruptura impune de las más mínimas normas del derecho internacional público que apuntalan el sistema de seguridad colectiva del que forman parte tanto Rusia, como Ucrania, Estados Unidos y los países de la Unión Europea: la no agresión y el respeto de la soberanía nacional. De nuevo, la ONU en general y el Consejo de Seguridad en particular —el único mecanismo autorizado, más allá de la legítima defensa, para usar la fuerza a fin de detener una agresión— paralizados.

Desafortunadamente, el relato continúa. Sin que la guerra inducida por Rusia haya terminado, el atentado atroz de Hamás desató una reacción de Israel de dimensiones desconocidas para la mayor parte de esta generación, al menos en Occidente, contra la indefensa población de Gaza y, en menor medida, del Líbano. Y el mundo mirando, tanto la destrucción de una población como la inoperatividad de todos los instrumentos internacionales para la protección de la población civil de los excesos de un estado. 

Por último, dos nuevas agresiones impunes del derecho internacional público más básico han golpeado la actualidad: una intervención unilateral de Estados Unidos en Venezuela, rompiendo la soberanía de un estado —con un gobierno más o menos legítimo, pero esta es otra cuestión—; y un ataque ilegal a dos sobre el cruel régimen de los ayatolás de Irán, que ha desencadenado una serie de problemas multifacéticos que pueden desestabilizar por completo el orden internacional. El mundo observando impávido otra vez: dolor, sufrimiento y parálisis internacional. 

Una mirada superficial de todo este panorama probablemente lleve a la conclusión, parcialmente correcta, de que es el resultado de que cada país busca su propio interés, porque lo que domina el mundo es la fuerza y no las normas internacionales que nos hemos dado. Sin embargo, al rascar más allá de la superficie, se llega a otra conclusión que es la que se conecta con la paradoja enunciada arriba. Una mirada sofisticada del interés nacional más burdo pone de relieve que para que un país salvaguarde su bienestar a medio plazo, en un mundo interconectado, complejo, comprimido, con problemas entreverados de maneras extremadamente sutiles, cualquier problema que afecte al resto, ya sea económico o violento, pronto le afectará negativamente. 

En otras palabras, reformar la arquitectura de gobernanza global a la luz del principio del bien común, la prosperidad colectiva, la justicia, la sostenibilidad y la paz internacional no ha de considerarse un acto altruista, fruto del idealismo utópico, sino una imperiosa necesidad para asegurar la viabilidad política, económica y social —el interés nacional bien entendido— de cualquier país, ya sea Estados Unidos, Israel, Rusia o Irán. 

Si no se avanza en esa dirección, que está recogida en el nunca activado artículo 109 de la misma carta de las Naciones Unidas, perderemos todas las personas, organizaciones y naciones del planeta. Ya no es un lujo; es cuestión de supervivencia. 

Mientras Trump lleva a cabo una expulsión masiva y en muchos casos violenta de migrantes y mientras la derecha y extrema derecha votaban en el Parlamento europeo un nuevo Reglamento de retorno para la deportación de personas migrantes a terceros países de dudosa seguridad, el Gobierno progresista de España acaba de aprobar un Real Decreto para una regularización extraordinaria de aquellos que lleven en nuestro país más de cinco meses, no tengan antecedentes penales y estén en situación administrativa irregular. 

Son dos formas distintas de entender el fenómeno de la migración, en un caso, el español, poniendo el acento en la igual dignidad de las personas como sujetos plenos de derechos, y en el otro desde un enfoque xenófobo, de rechazo al diferente que viene a invadirnos y “sustituirnos”, en esa grotesca interpretación del “gran reemplazo”.  

La regularización es ante todo una respuesta a una situación real, la presencia desde hace tiempo en nuestro país de varios cientos de miles de personas de origen extranjero, que han venido huyendo del hambre, de la persecución o de las guerras y viven en situación de irregularidad administrativa, “sin papeles”, al no tener reconocida una condición jurídica que les permita disfrutar de derechos básicos como el resto de la ciudadanía. No pueden trabajar con derechos, haciéndolo en su caso en la economía sumergida, sometidos a situaciones de explotación y exclusión social y con dificultad de acceso a servicios públicos generales. 

Se trata de una decisión políticamente valiente del Gobierno, que tiene un gran apoyo social, cuyo origen se encuentra en una Iniciativa Legislativa Popular promovida por 700.000 personas con el respaldo de más de 800 entidades, entre ellas la Iglesia Católica, los empresarios y sindicatos y múltiples organizaciones de la sociedad civil, que fue admitida a trámite por una amplísima mayoría parlamentaria y que ahora adquiere vigencia a través de una reforma del reglamento de extranjería. 

Se estima por el Gobierno que servirá para regularizar a unas 500.000 personas migrantes que ya están entre nosotros y responde ante todo a una concepción humanista, de derechos humanos, basada en la común dignidad de todos, nacionales y extranjeros, como personas, así como en la convicción de que el acceso a derechos y deberes constituye un elemento esencial para la cohesión social y la convivencia democrática.

Las derechas han contestado con enorme dureza. De Vox era todo esperable, pues sus propuestas políticas se basan en la xenofobia y el odio al migrante, con un discurso estigmatizador que ha llegado a proponer la expulsión de ocho millones de extranjeros de nuestro país, lo que llaman un proceso de remigración, ligado a un concepto de pueblo de claro componente étnico.

Pero lo más grave es la asunción de ese discurso por parte del PP, cada vez más decidido a competir en este terrero con Vox y la extrema derecha europea. Feijóo, cuya única política es oponerse a cualquier decisión del Gobierno, ha descalificado la regularización extraordinaria considerándola “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, y en una vuelta de tuerca más ha llegado a decir que se va a regularizar a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. Ya la portavoz del PP había vinculado la regularización al riesgo de presencia de terroristas en nuestro país, afirmaciones hiperbólicas que ni ellos mismos creen.

Porque la regularización no solo no es inhumana e injusta, sino todo lo contrario; lo que deshumaniza a las personas es precisamente su invisibilidad, no ser reconocidas como sujetos de derechos, y lo que es injusto en la sobreexplotación que lleva el trabajar en la economía sumergida, con menores salarios y sin poder protestar, así como no poder disfrutar de los servicios públicos en condiciones de igualdad. Y como bien sabe Feijóo, no se va a incluir a delincuentes ni va a aumentar la inseguridad.

Los datos de criminalidad son muy claros. En nuestro país, a pesar de haber aumentado en los últimos años en más de diez millones el número de personas de origen extranjero, no solo no se ha incrementado la criminalidad, sino que, si no consideráramos los nuevos delitos informáticos, ha disminuido, siendo España uno de los países europeos más seguros. Y es sabido que del proceso de regularización quedan excluidas las personas con antecedentes penales y, en algunos supuestos, las que en función de la información policial se consideren una amenaza para el orden público. Pero la criminalización del migrante, el engaño, con el objetivo de generar miedo en la ciudadanía, es ya una consigna no sólo de Abascal y su gente, sino lamentablemente también del núcleo duro del PP.

Y respecto a que la medida es insostenible, es también falso. Todos los estudios económicos de entidades españolas y de organismos internacionales vienen enfatizando que el dinamismo de la economía española en los últimos cinco años deriva en gran medida de la política de regularización e integración de migrantes que lleva que viene llevando a cabo el Gobierno de España, incorporando plenamente a la actividad productiva a personas de origen extranjero, a diferencia de lo que hacen otros países que los excluyen y expulsan. 

Además de lo que implica de incorporación al mercado formal de trabajo de varios cientos de miles de personas, que cotizarán a la Seguridad Social y pagarán más impuestos, favoreciendo de esa manera la mejor sostenibilidad del sistema de pensiones. También desde este punto de vista la regularización en marcha es una oportunidad para nuestro país.

Este cambio tan radical de posición del PP, que en su momento votó a favor de la tramitación de la ILP, expresa una vez más su profunda debilidad ideológica y su dependencia de su ala más dura, como Ayuso, y de Vox. Cabe preguntarse dónde quedan aquellas palabras de quien fuera portavoz del PP en 2024, Borja Sémper, defendiendo regularizar a cientos de miles de personas que estaban en la economía sumergida, asegurando que “hay que darles una salida, faltaría más”. Y dónde queda también la afirmación de julio de 2024 de Moreno Bonilla en el parlamento andaluz de que él no iba “a participar en la cacería del inmigrante”. Y cabe igualmente preguntarse dónde están los democristianos del PP, que se supone defienden un humanismo cristiano de acogida al migrante, como sí defendió la señora Merkel. Y podemos asimismo preguntarnos si las regularizaciones que llevó a cabo Aznar fueron también injustas, inhumanas e inseguras, o si sólo lo es la actual simplemente por el hecho de llevarla a cabo un Gobierno de mayoría socialista, aunque beneficie a España y a las personas migrantes.

Y por cierto, frente a lo que afirman estos pseudoprofetas de la derecha, ninguna de las anteriores regulaciones promovidas por los gobiernos de González, Aznar y Zapatero generó lo que mendazmente alegan de “efecto llamada”, pues tras ellas no se produjo ese efecto de incremento de la llegada de inmigrantes a nuestro país.

Dar la batalla cultura contra la xenofobia

La batalla de la extrema derecha, con el apoyo entre nosotros del PP, contra la inmigración es una batalla contra los valores ilustrados, que son los valores fundacionales de la Unión Europea, la igual dignidad de todas las personas cualquiera que sea su origen y procedencia, y el respeto y garantía de sus derechos fundamentales. La clave antimigratoria que ya no ocultan es la cultural, la defensa de la que vienen llamando la “identidad española”, una identidad cerrada y excluyente, que proclama su esencia blanca y cristiana, contraria al islam, y que consideran amenazada por la presencia de extranjeros.

Es, pues, necesario oponerse y movilizarse, promoviendo una batalla cultural contra la xenofobia y el odio al migrante, con base en un humanismo compartido, porque frente a la deshumanización y la criminalización de la migración lo que está en juego es la vida de las personas. Debemos defender la idea de ciudadanía democrática, que se construye sobre el pluralismo social y político, abierta a la integración de ciudadanos de distinto origen étnico y religioso. 

El recientemente fallecido Habermas afirmaba que “tenemos que superar la opinión de que los inmigrantes supuestamente deben asimilar los ”valores“ de la cultura mayoritaria y adoptar sus ´costumbres`”, entendiendo, por el contrario, que “no puede haber integración sin ampliación del propio horizonte, sin la disposición a abrirse a un espectro más amplio de olores e ideas”. Frente a las identidades cerradas y excluyentes se mostraba a favor de lo que llama “cultura constitucional”, es decir, el sometimiento a la Constitución y las leyes, con los valores que las sustentan, libertad, igualdad, derechos fundamentales, señalando que lo que el Estado liberal debe exigir a sus inmigrantes consiste en “aprender el idioma del país y respetar los principios constitucionales”. En definitiva, ciudadanía democrática frente a “cultura nacional” y xenofobia al diferente.

El domingo 12 de abril Victor Orbán perdió las elecciones en Hungría, pero todo indica que su programa resucitó a más de dos mil kilómetros: en Mérida. ¿Por qué digo esto? Básicamente, porque si uno lee las claves del acuerdo firmado entre PP y Vox en Extremadura no sabe si se trata de un subidón de adrenalina reaccionario o de un corte y pega del ideario y del plan de gobierno desplegado por Fidesz a lo largo de cuatro legislaturas. 

Si se lee el documento del acuerdo arriba mentado, dividido en 11 apartados temáticos, se vislumbran las políticas implementadas en el país de los magiares. Sobre todo, en los temas relacionados con la protección de la familia y la desprotección de las personas nacidas fuera de su territorio. 

Si quieren un resumen de las medidas, aquí les doy una nota telegráfica. Respecto de la familia, la moral y el buen parecer, destaca el fomento de la familia tradicional (a poder ser, numerosa), la lucha contra la “ideología de género”, los desalojos exprés contra los okupas, la asignación de prestaciones y servicios locales para los nacionales y el consumo de los productos españoles (y olé) en los comedores infantiles. En cuanto al chivo expiatorio estrella (ya saben cuál), destacan la no aceptación de menores no acompañados, no dar ni agua ni servicios a los inmigrantes, la desaparición de partidas para ONG humanitarias, los controles del padrón y del permiso de residencia y -muy importante- cero recursos para difundir la cultura y la lengua árabe, que ha sido muy demandada por esos lares durante las últimas décadas. A lo señalado, se les suma el rechazo a las políticas de la UE, en particular el Pacto Verde, a las normas comunitarias sobre el campo y a la Agenda 2030. ¡Ah! Y la eliminación de la ecotasa (que es una ruina) y larga vida a la central nuclear de Almaraz. Y, claro, una rebaja de impuestos, sobre todo en lo que atañe a las sucesiones, a las tasas autonómicas y a las donaciones… Medida que se compagina con promesas de mayores inversiones y gastos (no queda claro con qué dineros) en lo de siempre: educación, salud y vivienda protegida. 

¿Qué les parece? Toda una declaración de intenciones. En el fondo, el propósito último del acuerdo es menoscabar la moral y cabrear a los ecologistas, a los progres, a las feministas, a los no binarios y a todas aquellas personas que quieren y dicen querer una sociedad algo más justa y fraternal de la que tenemos. Y, claro, dar una alegría a los multipropietarios, a los latifundistas, a los católicos tradicionalistas, y a las clases populares y medias autóctonas que se creen maltratada y amenazadas por una migración que, en el caso de Extremadura, no llega al 5%, y a los “pata negra” españoles en un territorio donde el jamón es el producto estrella. Vaya, al fin y al cabo, se trata de una amalgama social no muy diferente a la que proporcionó victorias electorales a Bolsonaro, Meloni o Trump. Y a Orbán, obvio. 

La gran pregunta, llegados a este punto, es por qué el PP aceptó firmar tan alegremente este acuerdo que supone una victoria simbólica sin precedentes para Vox. Pues, más allá del reparto de carteras y cargos, y trozos de pastel, la gran victoria de Vox ha sido hacer al PP de Feijóo rehén de su discurso. En este sentido, el PP se aleja definitivamente de la familia de los conservadores europeos que han levantado un muro entre ellos y la extrema derecha (dícese también radical, neofascista o ultra). Adiós a la CDU, CSU, gaullistas y PSD portugués. Hoy el PP está en la línea de los conservadores o liberales holandeses, suecos y austríacos que, en un acto temerario de desmemoria, han aceptado el abrazo del oso iliberal a cambio de mantenerse -no sabemos si por mucho tiempo- en el poder. 

Hasta hace muy poco, los vientos soplaban a favor de los reaccionarios. No sabemos si, hoy en día, los desmanes de Trump y Netanyahu en Oriente Medio y el enfrentamiento de Trump con el Papa de Roma van a suponer un descenso de dicha tendencia. Sin embargo, lo que sí queda claro es que el discurso nativista de “primero los de casa” enarbolado por Vox y comprado alegremente por el PP corre el peligro de instalarse en nuestra sociedad. Una sociedad que ha experimentado un descenso social en bloque, que se da cuenta de la creciente brecha que se instala entre los pudientes y la mayoría de los mortales, y a la que se le hace más fácil canalizar su impotencia y rabia machacando a los que tienen por debajo en un mundo donde el turbocapitalismo ha arrasado con cualquier utopía que no sea de la del crecimiento personal y la macrobiota. Así las cosas, Vox y el PP se han sacado de la manga un eslogan que huele a alcanfor: el de la “preferencia nacional”, el mismo que en su día ya enarboló el difunto Jean-Marie Le Pen y que durante 16 años ha sido la divisa de la Hungría de Orbán. 

Post data: ¡Uy! ¡Preferencia nacional! Lo que nos faltaba en un país que tiene un lío que no veas con esto de las naciones y nacionalismos. 

Se acaba de publicar el acuerdo firmado por el Partido Popular y VOX para gobernar conjuntamente en Extremadura. La presidenta Guardiola, que hace poco decía que no podía dejar entrar en el gobierno a quienes deshumanizan a los inmigrantes, no solo lo ha hecho, sino que se ha sumado a ello.

El acuerdo es xenófobo. Sin duda. No por las medidas que prevé, sino por el lenguaje que utiliza y las ideas que evidencia. Cualquier jurista que lo lea entenderá inmediatamente que tanto VOX como el Partido Popular querrían adoptar toda una serie de normas que implican una discriminación por razón de origen, religión o raza. Pero no lo van a hacer en Extremadura. Esencialmente porque ninguna de ellas es competencia de la comunidad autónoma. En ese sentido, la única manera de aplicar en esa región el programa excluyente de los ultras que ahora ha asumido también el partido conservador sería saltándose la ley. Como los firmantes -que no son tontos- lo saben, el texto del acuerdo está lleno de requiebros y medias palabras que demuestran que efectivamente, desde el punto de vista jurídico es tan solo papel mojado.

Efectivamente, el documento firmado tiene mas forma de folleto propagandístico que de un programa de gobierno. Literalmente, el compromiso en la mayoría de puntos es ‘instar’ o ‘exigir’ al gobierno de España a cambiar las normas; ‘trabajar activamente’ para conseguir sus objetivos. A lo sumo, ’poner el máximo celo’ en determinadas cuestiones.

Un buen ejemplo está en los relativo al reparto de menores inmigrantes tutelados por el Estado. El real decreto que regula la materia establece un mecanismo de ejecución forzoso, de modo que las comunidades autónomas no pueden negarse a recibir a un menor. El acuerdo firmado entre ultras y conservadores, recalca que la junta de Extremadura se opondrá a este reparto “por todos los medios legales, jurídicos y políticos”, especialmente no participando en reuniones destinadas a reformar o aplicar el sistema. Es decir, en la práctica toda esa oposición se plasmará en una declaración indignada por la que la junta dirá que se opone al reparto. Con eso se habrá cumplido el acuerdo, incluso aunque Extremadura continúe aplicando la ley y acogiendo a los menores que se le asignen.

Tampoco hay prevista ninguna medida que venga a modificar las normas de empadronamiento. Más allá de los titulares que leemos estos días, lo máximo a lo que se comprometen los nuevos gobernantes extremeños en este punto es a pedir al gobierno que reforme la ley de bases del régimen local. Y ya se sabe lo que hay contra el vicio de pedir…

Uno de los principales hallazgos propagandísticos de este acuerdo es la inclusión de expresiones de dudosa eficacia jurídica que dan a entender la posibilidad de adoptar normas discriminatorias. Así en los apartados referidos a la vivienda y la seguridad, se habla del “principio de prioridad nacional”. Sin embargo, al leer la letra pequeña del acuerdo, este principio se traduce tan solo en exigir un tiempo de empadronamiento previo en Extremadura para acceder a determinados servicios, como vivienda protegida. Esa restricción no afectará necesariamente a extranjeros, sino a cualquier ciudadano que se traslade a vivir a esa comunidad autónoma. Más aún, conscientes de que eso dificulta el retorno de los extremeños, que emigraron a otros lugares, se modera con el criterio de que también se puede acceder si se tienen familiares viviendo ya en Extremadura. Aplicado a los residentes extranjeros viene a ser una especie de procedimiento de arraigo o unificación familiar. Nada que se oponga a las leyes españolas en materia de inmigración; más bien lo contrario.

Incapaces de negar demasiado la evidencia, en otro punto los firmantes reconocen que la junta de Extremadura tiene “limitadas competencias ”para, promover acuerdos con países de origen. Así, a lo largo de todo el texto, hay compromisos de fomentar, promover, intentar, o similar. Se han aprobado directrices comunes políticas pero no jurídicas. No estamos ante un acuerdo que se vaya a concretar en gran medida en normas extremeñas en vigor, sino en posicionamientos de su gobierno. Básicamente la señora Guardiola se compromete a defender frente al gobierno de la nación y a su propio partido, los posicionamientos xenófobos de Vox en materia de inmigración.

Siendo rigurosos, sí es cierto que en un puñado de apartados se habla de medidas concretas que adoptará el gobierno o el parlamento extremeño. Sucede así, sobre todo, en materia de protección al medio ambiente que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Lamentablemente, los partidos firmantes quieren cambiar las leyes de protección ambiental, de caza, de pesca y de espacios naturales, siempre fomentando el desarrollo desaforado y reduciendo la garantía del medio ambiente. Ahí podrán causar daños irreversibles. Sin embargo, en materia de migraciones y extranjería, por ahora, la falta de competencias hace imposible que desde Extremadura se amenace a la igualdad y los derechos humanos.

Esta vez disparan las salvas con munición de fogueo, pues. Pero estos fuegos artificiales son un anuncio de lo que podría pasar si tras las elecciones generales, se llegara a un acuerdo similar en el gobierno de España. Lo que anuncia ahora el Partido Popular es que está dispuesto a poner en marcha una legislación extremista y xenófoba si algún día su líder llega a la Moncloa. En este sentido, las aspiraciones que se reflejan en el acuerdo van mucho más allá de lo que prevén las normas en vigor en la mayoría de países europeos. Las reglas sobre inmigración y extranjería que le gustaría aplicar a la alianza entre populares y VOX solo tienen parangón, si acaso, en las de gobiernos extremistas, como los de Hungría o Polonia.

Más allá, las ideas que de pronto ha abrazado el que hasta ahora era un partido conservador democrático (de centroderecha, en su propia denominación) son en gran medida inconstitucionales. Algunas ideas que no se ha atrevido a plasmar de modo vinculante en el acuerdo, pero que defienden al presentarlo públicamente suponen una auténtica discriminación por origen prohibida por la constitución.

Si el partido popular en esta nueva deriva xenófoba llegara al poder en próximas elecciones generales, solo podría aplicar este programa que ahora anuncia modificando previamente la Constitución y reduciendo el ámbito de protección en España de los derechos fundamentales. Está por ver si se atreverán a tanto, pero este acuerdo anuncia un cielo muy oscuro para los derechos humanos en nuestro país.

Hay decisiones políticas que no solo cambian políticas públicas, sino que tensionan de forma deliberada los fundamentos del orden jurídico. El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura introduce una de ellas: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones. No es un matiz programático, sino un planteamiento con profundas implicaciones jurídicas y políticas, porque cuestiona el principio sobre el que se ha construido el Estado social: la igualdad en el acceso a derechos en función de la necesidad.

La cuestión es directa: ¿puede el acceso a servicios públicos —sanidad, vivienda, ayudas— condicionarse por la nacionalidad o el arraigo? La respuesta, en términos jurídicos, es muy limitada y acaricia la ilegalidad. El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, mientras que el artículo 41 configura un sistema de protección social basado en la necesidad. A ello se suma el marco europeo, que restringe cualquier exclusión sistemática. Y existe un límite adicional: muchas de estas materias exceden las competencias autonómicas, lo que abre un conflicto directo con el Estado.

Aquí es donde la “prioridad nacional” introduce un salto cualitativo. No se limita a modular requisitos administrativos, sino que establece una preferencia estructural basada en la pertenencia. Desplaza el eje desde la necesidad hacia la identidad. Y ese desplazamiento no solo tensiona la Constitución, sino que abre la puerta a su impugnación judicial.

Las consecuencias son previsibles. Si estas medidas se desarrollan normativamente, se activará una dinámica de conflicto institucional con el Gobierno central y de control por parte de los tribunales. No es un escenario hipotético, sino el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Y tiene derivadas personales: quienes firmen decisiones contrarias al ordenamiento pueden enfrentarse a responsabilidades jurídicas.

Pero el alcance del cambio no es solo jurídico. Es también político. En Extremadura, la inmigración no es un capítulo de tres páginas: es el marco. Aunque ocupe una parte limitada del documento, la lógica de la “prioridad nacional” se proyecta sobre vivienda, ayudas y sanidad. Es, en la práctica, una “lepenización hispánica” del programa de gobierno: la traducción española del llamado “chovinismo de bienestar” que defiende Marine Le Pen, donde el acceso a derechos se redefine en función de criterios identitarios.

No estamos ante medidas aisladas, sino ante un programa que ordena el acceso a derechos en función del origen. Un desplazamiento que encuentra paralelismos en la Hungría de Orbán, donde la ley dejó de operar como garantía universal para convertirse en instrumento de diferenciación. No es casualidad que el Parlamento Europeo calificara en 2022 al país como un “régimen híbrido de autocracia electoral” y que la Comisión Europea activara por primera vez el mecanismo de condicionalidad, congelando miles de millones de euros en fondos europeos por vulneraciones del Estado de derecho.

La historia europea del siglo XX ofrece, además, advertencias claras sobre los riesgos de institucionalizar jurídicamente la segregación. Las Leyes de Núremberg marcaron el momento en que la desigualdad dejó de ser social para convertirse en legal. No es una analogía directa, pero sí un recordatorio incómodo de hasta dónde pueden evolucionar estas lógicas cuando el derecho deja de proteger a todos por igual.

Esto interpela directamente al PP. Asumir este enfoque no es un ajuste táctico, sino un desplazamiento estratégico. Supone acercarse a posiciones que tensionan su tradición constitucional y europeísta y lo sitúan en una lógica de fricción con los límites del sistema. La urgencia por asegurar gobernabilidad se convierte así en un vector de riesgo: el de deslizarse hacia una forma de rebeldía legal que erosiona su perfil como partido de Estado.

En el caso de Vox, la lógica es distinta. No hay contradicción, sino coherencia estratégica. La “prioridad nacional” cumple una función política clara: señalar, estigmatizar y reforzar una identidad basada en la exclusión. Convertir ese marco en política pública le permite presentarse como un actor eficaz.

A ello se suma una dimensión práctica que suele quedar en segundo plano: el coste económico e institucional. La experiencia reciente en la Comunitat Valenciana es ilustrativa. Allí, la confrontación con el Estado por la normativa aprobada por PP-VOX ha derivado en una creciente judicialización: cerca de 400 procedimientos anuales y un coste superior a 316.000 euros, además del refuerzo de estructuras administrativas para gestionarlos. Cuando la acción política se orienta hacia el conflicto sistemático con el marco jurídico, el resultado no es solo ideológico: es también administrativo y presupuestario. Se tensionan recursos, se ralentiza la gestión y se erosiona la seguridad jurídica.

La pregunta, por tanto, no es únicamente si estas medidas son viables jurídicamente —que presentan serias dudas—, sino qué modelo de Estado y de democracia dibujan: uno en el que los ciudadanos dejan de ser iguales ante la ley.

Va a celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Las primeras conversaciones directas celebradas en Pakistán, aunque fuentes diplomáticas describieron el encuentro con “optimismo”, el proceso arrastró desde el inicio graves fallos metodológicos. Las agendas iniciales resultaron profundamente incompatibles: Irán exigía control sobre el estrecho de Ormuz, descongelación de fondos, levantamiento de sanciones e inclusión del Líbano en el alto el fuego, mientras EE.UU. demandaba la apertura del estrecho, el desmantelamiento del programa nuclear y de misiles iraní, y el cese del apoyo a grupos islamistas.

A ello se añadió una notable imprecisión en las posiciones: ningún país publicó versiones oficiales de sus demandas, y cada detalle filtrado por una parte era negado por la otra, reflejando la distancia real entre ambas y la ausencia total de comunicados conjuntos que pudieran anclar los avances y generar confianza mutua. Además, no podía pedirse que un acuerdo se lograra en el primer día; se necesitan varias rondas para conseguirlo. En 2015, en las negociaciones con Irán en Viena sobre el tema nuclear, y en las que se logró un acuerdo, el secretario de Estado John Kerry pasó 18 días consecutivos en el hotel donde se celebraban las reuniones, incluso con una pierna rota. Nada que ver con impaciencia inicial del vicepresidente Vance.

La negociación en Pakistán se vio además saboteada por múltiples factores externos e internos. Israel actuó como elemento desestabilizador espóiler), continuando sus ataques en el Líbano mientras las partes negociaban, con Netanyahu negándose a acatar el alto el fuego y Trump insistiendo en que el Líbano no formaba parte del acuerdo original. Por su lado, Trump adoptó un lenguaje triunfalista, de suma cero y deslegitimador —proclamando la victoria antes de cerrar ningún acuerdo—, lo que redujo los incentivos iraníes para ceder y debilitó a sus propios negociadores. Irán, por su parte, recurrió a un discurso esencialista, cargado de agravios históricos, simbología religiosa y una lógica maniquea víctima-agresor que endureció sus posiciones y cerró el espacio para concesiones. Como único elemento positivo, los equipos técnicos continuaron trabajando sobre los borradores para una próxima ronda, lo que representa una buena práctica metodológica, aunque insuficiente para compensar el peso de los demás fallos.

Mirando lo que pide cada parte, pero también la historia del conflicto, veo posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, aunque implica también a Israel. Se basaría en los siguientes puntos: cese de hostilidades de las dos partes, incluida Israel; suspensión preventiva de nuevas sanciones; suspensión de los apoyos militares de Irán a Hamás y Hizbulá; creación de un mecanismo de verificación de la ONU para el cese de hostilidades, y de la OIEA para temas nucleares; actualización del Acuerdo Nuclear con Irán (JCPOA) de 2015, reforzado, como garantía de no proliferación nuclear, eliminando así cualquier posibilidad de fabricar armas nucleares; acceso a Irán de la tecnología nuclear civil, con verificación de la OIEA; entrega a la OIEA del uranio enriquecido superior al 60%, en caso de existir; moratoria de pruebas de misiles de largo alcance de Irán, a cambio de que los países del Golfo y Estados Unidos no amplíen sus sistemas de defensa antimisiles.

También garantías hacia Irán de que el estrecho de Ormuz no será utilizado para atacarla, a cambio de permitir el paso libre de los buques; Irán se encargaría de la seguridad del estrecho de Ormuz y de la libre navegación; compromiso de no agresión sobre Irán desde los países del Golfo o desde las bases militares de Estados Unidos en estos países; alto al fuego inmediato en el sur del Líbano, apoyo a las negociaciones ya iniciados entre los gobiernos de Israel y Líbano; retomar la iniciativa de desmilitarizar el sur de Líbano; levantamiento de las sanciones a Irán y retorno de sus activos congelados; iniciar un proceso de seguridad para toda la región del Golfo, creando una institución con esta finalidad, y una resolución del Consejo de Seguridad sobre el acuerdo alcanzado.

La propuesta corrige varios de los fallos identificados en las primeras conversaciones de Islamabad. Su principal virtud es la lógica de reciprocidad equilibrada, pues, frente a las agendas inicialmente incompatibles de ambas partes, la propuesta articula concesiones simétricas y verificables, evitando la lógica de suma cero que caracterizó el discurso de Trump en medio de las negociaciones, que además utilizó un lenguaje coercitivo por presión psicológica y contradictorio tácticamente, al decir “no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”.

Respecto al tratamiento del estrecho de Ormuz, en lugar de confrontar la exigencia iraní de control con la demanda estadounidense de apertura, la propuesta combina el reconociendo de la responsabilidad iraní sobre la seguridad del estrecho, a cambio de garantías de no agresión, lo que transforma un punto de bloqueo en un posible punto de encuentro. La actualización reforzada del JCPOA, la entrega del uranio enriquecido y el acceso a tecnología nuclear civil con verificación de la OIEA, ofrecen a Irán incentivos concretos y dignificantes, mientras satisfacen la exigencia estadounidense de no proliferación sin recurrir a la humillación pública que hizo más rígidas las posiciones iraníes. La moratoria de misiles con contrapartida para los países del Golfo introduce además una dimensión regional hasta ahora ausente del diálogo bilateral, y la resolución del Consejo de Seguridad aportaría el anclaje multilateral del que carecieron las conversaciones de Islamabad, reduciendo la dependencia del acuerdo respecto de la voluntad política coyuntural de cada gobierno.

Sin embargo, la propuesta presenta dificultades de entrada que, lejos de ser insalvables, podrían superarse si todas las partes asumen compromisos orientados a aumentar la seguridad regional. El punto aparentemente más complejo es la inclusión de Israel en el cese de hostilidades, dado que Netanyahu ha actuado como spoiler en las conversaciones previas. No obstante, si Estados Unidos asumiera un compromiso explícito de presión sobre Israel, condicionando su respaldo diplomático y militar a la adhesión israelí al acuerdo, este obstáculo podría transformarse en una palanca de estabilización regional. El alto al fuego alcanzado en Líbano este jueves puede ayudar en ese sentido.

Del mismo modo, la suspensión del apoyo iraní a Hamás y Hezbolá, aunque difícil de vender internamente por el régimen, resultaría más asumible si se enmarca no como una rendición sino como una contribución iraní al nuevo sistema de seguridad regional, en el que Irán ganaría reconocimiento como actor legítimo y garante del estrecho de Ormuz. La reducción progresiva de bases militares estadounidenses en el Golfo, podría igualmente conciliarse en la nueva institución de seguridad regional propuesta, un marco de garantías colectivas que sustituya funcionalmente la protección que hoy les ofrecen dichas bases. Finalmente, los riesgos sobre la fiabilidad de los mecanismos de verificación —ONU y OIEA— son reales, pero mitigables si el acuerdo establece protocolos de transparencia más exigentes que los del JCPOA original y sanciones automáticas ante incumplimientos. En síntesis, la propuesta es viable si se aborda con voluntad política colectiva, ampliando la mesa negociadora e invirtiendo en los mecanismos de confianza que las conversaciones de Islamabad no lograron construir.

En estos días, el tema central parecer ser el de la proliferación nuclear, donde Estados Unidos exige una suspensión de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán solo está dispuesto a hacerlo en menos de 10 años, aunque con el compromiso de diluir su uranio enriquecido. Al respecto, quiero recordar dos cosas. La primera es que, en el acuerdo de 2015, ambas partes ya acordaron limitar el nivel de enriquecimiento del uranio al 3,67%, con unas reservas máximas de 300 quilos de uranio enriquecido, y un máximo de 6.000 centrifugadoras IR-1, lo cual garantizaba la imposibilidad de construir armas nucleares.

De ahí la conveniencia de recuperar este acuerdo, que fue anulado por Trump en mayo de 2018, después de que Netanyahu visitara a Trump el 5 de marzo de aquel año, en la conferencia anual de AIPC, un lobby de apoyo de Estados Unidos a Israel, donde el tema central fue la capacidad nuclear de Irán, y Netanyahu pidió una posición más dura a Estados Unidos. El segundo aspecto a comentar es que, menos de 48 horas antes de que comenzaran los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones mediadas por Omán, y con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear.

La prestigiosa revista Arms Control Today, creada en 1974, en su último número describe con precisión este encuentro, y señala que Witkoff no contaba con suficiente experiencia técnica ni diplomática para llevar a cabo una diplomacia eficaz. No se enteró de nada. Su falta de conocimiento y la tergiversación de las posiciones de Irán y su programa nuclear durante todo el proceso, influyeron en la valoración de Trump de que las conversaciones no avanzaban y que Irán no negociaba en serio, a pesar de que este país informó que no acumularía más uranio enriquecido y aceptaría una amplia supervisión del OIEA. A pesar de que Irán mostró flexibilidad, Trump parecía no estar interesado en un proceso de negociación prolongado, y seguramente ya tenía tomada de decisión de atacar, a instancias de Netanyahu. La lección es clara: se necesita más tiempo, negociadores expertos en cuestiones nucleares, no un promotor inmobiliario neoyorquino, buscar salidas honrosas para ambas partes, y aprovechar la oportunidad para empezar un proceso de seguridad regional.

Acabo de regresar de los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, donde he tenido la oportunidad de participar en los actos organizados con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que cuenta con el reconocimiento político y diplomático de más de ochenta países en el mundo. 

Me consta que son muchas las voces que ingenuamente pensaban que este pueblo, siempre reivindicativo y en lucha legítima por su soberanía e identidad, terminaría por desaparecer fruto de la inanición, el olvido y la traición de aliados históricos, entre ellos España. Sin embargo, en este periodo, han demostrado una capacidad admirable de dignidad y resistencia. Y ello, a pesar de la represión que sufre la población saharaui por parte de Marruecos en los territorios ocupados y el Sáhara Occidental. A todo ello se suman, además, las difíciles condiciones físicas del terreno (hammada) en el que sobreviven como pueden en el exilio y en los campamentos de refugiados en Tindouf, en un territorio cedido por Argelia. Donde parecía imposible la generación de vida, este pueblo resiliente, con medios precarios, ha construido una comunidad dinámica, creativa e innovadora: instituciones propias; administración descentralizada; servicios públicos universales (educación y sanidad); y servicios de abastecimiento para cubrir las necesidades fundamentales de la población.

Hemos asistido a un programa de eventos participativos, reivindicativos y festivos, en los que hemos recordado la figura de hombres y mujeres que en estas cinco últimas décadas han entregado su vida en defensa de la libertad de su país y los derechos que les asisten. Ha sido un momento especial para tomar conciencia de todo lo vivido en este tiempo y para reforzar la voluntad y el compromiso por alcanzar la plena soberanía y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en favor del ejercicio del derecho que le asiste a la libre autodeterminación. 

Un pueblo, liderado por su legítimo representante, el Frente Polisario, que ha demostrado gran paciencia histórica, a pesar de los múltiples engaños, apostando decididamente por las vías políticas para hacer cumplir los acuerdos firmados entre las partes. La invasión y usurpación de su territorio por parte de Marruecos (la Marcha Verde) en 1975 dio lugar a una guerra que finalizó en el año 1990 con la firma de los acuerdos de paz, bajo el auspicio de Naciones Unidas, con el compromiso firme de convocatoria inmediata del referéndum de autodeterminación. Tras muchos años de incumplimiento de esta promesa, y en contra de su deseo, no les han dejado otra salida que volver a defender los derechos que legítimamente les corresponden, también por la vía militar.

Hay que mencionar que, en la vulneración de los compromisos adquiridos y de los derechos humanos, Marruecos ha contado con la complicidad de una buena parte de la comunidad internacional, especialmente de España, que sigue siendo potencia administradora de un territorio, el Sáhara Occidental, pendiente de descolonización según la ONU. Es necesario que el PSOE y Pedro Sánchez rectifiquen su posición y vuelvan a la senda de las resoluciones internacionales, poniendo fin, de este modo, a la traición y abandono a un pueblo hermano con el que nos unen tantos lazos históricos, culturales y lingüísticos. Rectificación que debería comenzar con la modificación del decreto, aprobado por el Gobierno español, de regularización de personas migrantes. De su aplicación se ha excluido a las personas solicitantes del estatuto de apátrida, casi en su totalidad saharauis, residentes en nuestro país, acogerse a esta regularización. Excluir, una vez más, al colectivo saharaui, supone dejarles, después del 30 de junio, en una situación de vulnerabilidad y de discriminación inadmisible respecto del resto de comunidades migrantes.

Por otro lado, la situación geopolítica actual es propicia para reconducir la posición española. EEUU ha jugado un papel decisivo en el sorprendente y triste alineamiento español con las tesis marroquíes. Hoy esta capacidad de presión ha saltado por los aires como consecuencia del desvarío y huida hacia delante de la administración Trump, que ha demostrado que es todo menos un aliado fiable y estable. Otro factor determinante es la recuperación de las relaciones con Argelia, el mayor y más fiel aliado del pueblo saharaui, ante la necesidad de volver a la senda de los acuerdos, que nunca se debieron haber comprometido en materia de suministro de gas, ante la gravísima crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo. 

Así mismo, para que se haga realidad este cambio de orientación en el Gobierno español es necesaria una mayor implicación de las fuerzas políticas de izquierda que sostienen a Pedro Sánchez. No es suficiente un apoyo a la causa del pueblo saharaui si luego no se convierte en parte de la agenda política negociadora. Más allá de los réditos electorales, este asunto debe convertirse en una “línea roja” en los acuerdos de gobierno o pactos de legislatura con el partido socialista. 

Por el contrario, en los actos vividos estos días se ha puesto de manifiesto la solidaridad con la causa saharaui por parte de los diferentes pueblos y Comunidades del Estado español, reflejada en la amplia participación de sindicatos, partidos y asociaciones. Una solidaridad, humanitaria y política, que debe ampliarse y reforzarse con la implicación de las nuevas generaciones en una lucha justa por la que merece la pena entregarse. Regreso de este viaje con una convicción profunda. No sé cuanto tiempo pasará hasta que este pueblo vuelva a la tierra que le fue arrebatada. Lo que tengo muy claro es que dentro de otros 50 años seguirá existiendo y resistiendo. Y con más pujanza, fuerza, convicción y razón, si ello es posible. 

El incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados no es un hecho aislado ni una excentricidad puntual. Tampoco responde únicamente al temperamento individual de quien lo protagoniza. Conviene evitar esa tentación analítica, porque reduce el problema a una anécdota cuando en realidad estamos ante una estrategia política deliberada, bien ensayada y compartida por buena parte de la cultura de las extremas derechas contemporáneas.

Este tipo de comportamientos cumplen, al menos, dos objetivos claros. El primero es reforzar un perfil antisistema, incluso cuando se forma parte plenamente del sistema institucional. Se trata de presentarse como un actor que desafía las normas, que no acepta las reglas del juego porque —según su propio relato— éstas están supuestamente corrompidas o porque ellos mismos se consideran víctimas de agravios constantes, lo que legitima cualquier forma de respuesta. El segundo objetivo es escandalizar: generar ruido, indignación y conflicto como forma de ocupar la agenda pública.

En términos de teoría política, lo que observamos es un desplazamiento sostenido de lo que se conoce como la Ventana de Overton: el marco de lo que una sociedad considera aceptable en el debate público. Estas estrategias no buscan necesariamente convencer en el corto plazo, sino alterar los límites de lo decible y lo tolerable. Y lo están consiguiendo tanto en el plano retórico como en la praxis política. Hoy escuchamos propuestas o vemos comportamientos que hace apenas una década habrían sido políticamente inasumibles.

Los ejemplos son numerosos. Desde las declaraciones de Abascal sobre deportaciones masivas de millones de inmigrantes o amenazas simbólicas como “entrar en TVE con lanzallamas”, hasta una agenda moral que sitúa derechos consolidados —como el aborto o la eutanasia— como “aberraciones” y que defenderían con violencia. A ello se suma una forma de hacer política basada en la descalificación personal, donde el adversario deja de ser un rival para convertirse en un enemigo. En el plano internacional, la referencia es evidente: Donald Trump ha llevado estos patrones al extremo, desde cuestionar resultados electorales hasta legitimar acciones que tensionan los marcos legales internacionales.

Nada de esto es nuevo en la política española desde la entrada de Vox en los parlamentos autonómicos y en el Congreso, ni por el contexto ni por el protagonista. El diputado implicado, con trayectoria pública previa, se inscribe en una lógica política más amplia. Por eso resulta especialmente relevante analizar las reacciones, tanto políticas como institucionales.

En el plano político, la respuesta de su propio partido ha sido reveladora: no ha habido sanción ni disculpa, sino justificación. Lejos de desautorizar el comportamiento, se ha optado por desplazar la responsabilidad hacia la presidencia de la Cámara. Este tipo de reacción no solo valida el incidente, sino que lo integra en una lógica de confrontación permanente.

Más compleja es la posición del Partido Popular, socio de gobierno de Vox en un centenar de ayuntamientos y previsiblemente en varias comunidades autónomas, a la espera de las elecciones en Andalucía. Su respuesta no ha sido ni unánime ni especialmente contundente, reflejando una incomodidad estratégica difícil de sostener en el tiempo. El silencio de su líder, Alberto Núñez Feijóo, contrasta con intervenciones más genéricas de otros cargos que apelan al respeto institucional sin entrar en el fondo del asunto.

Frente a ello, diez formaciones del arco parlamentario han firmado una declaración institucional de condena, de la que se han desmarcado Vox, el PP y Unión del Pueblo Navarro. El dato no es menor: muestra hasta qué punto la defensa de las reglas del juego democrático empieza a fragmentarse.

En el plano institucional, el incidente afecta directamente a la sede de la soberanía popular y a la figura que encarna la tercera autoridad del Estado. La respuesta ha seguido los cauces reglamentarios: aplicación del artículo 104, expulsión del hemiciclo y apertura de un proceso por parte de la Mesa del Congreso para evaluar posibles sanciones adicionales. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto: ¿son suficientes los mecanismos actuales para proteger la institución frente a estrategias de disrupción deliberada? La respuesta aplicada evidencia esa tensión permanente entre garantizar el pluralismo parlamentario y proteger la dignidad institucional.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. En julio de 2025 se reformó el reglamento del Congreso para hacer frente a comportamientos disruptivos en ruedas de prensa, protagonizados en buena medida por agitadores ultras. Aquella reforma, impulsada tras varios incidentes, contó con la oposición del PP y Vox. De nuevo, los cortafuegos llegan tarde, después de que el problema se haya manifestado con claridad.

Existe el riesgo de que estos episodios se normalicen, de que pasen a formar parte del paisaje habitual de la política. Como si fueran inevitables. Pero la fortaleza de una democracia no reside en su capacidad de resistir pasivamente, sino en su habilidad para protegerse activamente, estableciendo límites claros frente a quienes buscan vaciarla de contenido.

Los datos apuntan en una dirección preocupante. Según distintos estudios sobre polarización afectiva, en España ha aumentado de forma sostenida el distanciamiento entre ciudadanos por motivos políticos. En algunos casos, en torno a un 14% de los españoles reconoce haber dejado de hablar con amigos o familiares por estas razones. Este deterioro del clima cívico no es ajeno a los comportamientos que vemos en las instituciones; al contrario, se retroalimentan.

Porque estos incidentes tienen más trascendencia de la que sugiere un titular. Son parte de un proceso más amplio que erosiona la confianza en la política, degrada el debate público y alimenta un escepticismo ciudadano que puede derivar en desapego democrático. Y ahí reside el verdadero riesgo: no en el escándalo inmediato, sino en el desgaste silencioso que deja tras de sí.

La democracia, como cualquier sistema complejo, no colapsa de forma abrupta. Se vacía poco a poco, cuando sus normas dejan de ser respetadas, cuando sus instituciones son cuestionadas sin fundamento y cuando el conflicto sustituye al debate. Por eso, más allá del incidente, lo ocurrido en el Congreso no interpela únicamente a un diputado o a un partido, sino a los límites que estamos dispuestos a tolerar en nuestra vida democrática.

Después de tantas guerras perdidas por Estados Unidos (Corea, Vietnam, Afganistán, Irak), la guerra de Irán, desencadenada por Trump y Netanyahu -o mejor por Netanyahu y Trump- tiene toda la probabilidad de traernos una profunda y global crisis económica. Con dos ingredientes seguros: la inflación y la recesión. Es lo que se ha dado en llamar “estanflación”, término que reúne dos fenómenos aparentemente contradictorios: congelación del crecimiento (0.8% en la eurozona) y, a la vez, alza importante de precios (la OCDE prevé que la tasa media de precios de los países del G-20 se dispare este año al 4%).

La causa inmediata de la crisis que ya sufrimos en el área de la Unión Europea está, como es sabido, en la subida de los costes energéticos y su traslado al transporte, la industria y la alimentación. Los orígenes mediatos están en el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz y la resiliencia militar y económica del régimen iraní. Algo con lo que no contaban los que, sin amenazas previas, ni objetivos políticos identificables o coherentes, decidieron, de forma a todas luces irresponsable, atacar Irán. Ahora no saben -particularmente Donald Trump- cómo terminar con la guerra.

La gravedad de la situación en las vulnerables economías europeas, tan dependientes de las cadenas de suministros y de las fuentes de energía, obliga a plantearse las políticas que puedan afrontar la crisis de modo menos dañino para las y los ciudadanos. Y surge un dilema: o restricción en la política monetaria y fiscal o estímulo a la demanda y la producción.

La primera de las dos opciones fue la escogida por la Unión Europea en la crisis de naturaleza financiera que estalló a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008. Su epicentro era Wall Street, pero se extendió -con un presidente Bush más “pato cojo” que nunca- estruendosamente por las economías de los países desarrollados, contagiando particularmente a los países europeos. Entre otras cosas porque el Banco Central (BCE) de Trichet no percibió la crisis y actuó inicialmente subiendo el tipo de interés cuando Estados Unidos y la eurozona estaban ya en recesión. Contribuyó así a la escalada del euribor y a la caída de las bolsas europeas.

La diferencia con la política adoptada por la Reserva Federal (FED) fue abismal. La FED redujo sin contemplaciones el precio del dinero, del 5,25% al 1% en pocos meses, llegando después hasta cerca del 0%. Sin embargo, el BCE en noviembre de 2008 todavía estaba en el 3,25%. Hubo que esperar a abril de 2009 para que dejara los tipos en el 1,25%. El BCE siempre por detrás de la Reserva Federal. 

Esto en cuanto a la política monetaria, muy volcada en solucionar la situación dramática del sistema financiero. La política fiscal -gastos e ingresos públicos- competencia de los gobiernos y los parlamentos, tardó en llegar. La única medida de política fiscal de estímulo que la Unión, en cuanto tal, lanzó contra la Gran Crisis fue el Plan Europeo de Recuperación Económica (diciembre de 2018). Con directrices nada concretas, a pesar del desastre económico en términos de paro o producción. 

Esas medidas duraron poco. Una austeridad simplona, de inspiración alemana, se convirtió entre 2010 y 2013 en la madre de todas las soluciones, poniendo fin a los efímeros estímulos.

La Unión se alejó así de unos Estados Unidos reticentes a abandonar las políticas económicas de estímulos hasta ver clara la recuperación del sector público. Europa neoclásica y América keynesiana. Vivir para ver. Los ministros de economía del euro no dejaron de aludir al mantra de la “sostenibilidad fiscal” y de las “reformas estructurales”. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron mostró su creencia en las capacidades taumatúrgicas de la austeridad. El Fondo Monetario Internacional también prefería recortar gastos a subir impuestos. El “consenso de Bruselas”, o sea, la doctrina de la austeridad y la restricción presupuestaria, se impuso a los países europeos más afectados por la crisis, discriminados por la imposibilidad legal del BCE de actuar como prestamista de última instancia.

El efecto de la austeridad fue contundente. La Unión Europea -y en especial la eurozona- entró en 2012, por segunda vez, en recesión. Fue un año perdido para el empleo, y para las cuentas públicas. La situación se prolongó en 2013. Europa fue la única región significativa del mundo en la que creció el desempleo. Como contraste, en los Estados Unidos de Obama y Bernanke sus políticas expansivas fiscales de gasto tuvieron resultados positivos de crecimiento y en políticas sociales y de infraestructuras.

En primavera de 2013 cambió la orientación de la insostenible política de austeridad por su evidente fracaso, hacia una línea de estímulos hasta entonces solo defendida por fuerzas de carácter progresista. El paso definitivo lo dio la importante reunión del Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013 y la del G-20 de 19 y 20 de julio.

En momentos críticos posteriores a lo que se denominó como Gran Crisis, la Unión no ha repetido los errores de 2010-2013. No lo hizo durante la pandemia de la Covid 19 o en la crisis inflacionista resultante de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ante los efectos en los precios de la guerra contra Irán, se ha abierto una dialéctica política y académica bipolar. O a favor de establecer medidas expansivas de reducir los tipos o a subirlos si la confrontación bélica se convierte en crónica. Todo parece indicar que la guerra continuará con Europa sufriendo las peores consecuencias, dada la naturaleza comercial de su estructura económica. 

A mi juicio -a diferencia de lo que parece desprenderse de recientes declaraciones de Lagarde- no tendría sentido subir los tipos como forma inmediata de combatir la inflación, porque ésta se producirá con independencia de la política monetaria, ya que su origen está en un conflicto militar y no en decisiones empresariales. En cuanto a una hipotética paralización de la economía, el encarecimiento del dinero no haría más que ahondar la crisis. De ahí la conveniencia de una política expansiva que impida que se reproduzcan los negativos efectos de una ya experimentada austeridad hace una década y media.

Tengamos en cuenta las señales que nacen de la FED, que piensa en recortar los tipos de interés en junio de este año un cuarto de punto. A diferencia del BCE, la Reserva Federal tiene como mandato no solo contener la inflación sino ayudar a mantener un alto nivel de empleo. 

En todo caso, el problema esencial es el bajo crecimiento de la economía. Para fortalecerla, los gobiernos han de tomar medidas de estímulo a través del gasto público y la fiscalidad, y el BCE no obstaculizarlas y, para ello, rebajar el precio del dinero.

Para afrontar la presente crisis energética, Europa (y España) debe practicar una política económica de defensa del Estado de Bienestar y de robustecimiento del poder adquisitivo de los hogares. Una política inversora de fondos públicos, en parte con deuda mutualizada, en parte con impuestos directos sobre las grandes fortunas y corporaciones. Y abordando la gigantesca evasión fiscal que se sustenta en los paraísos fiscales.

Como gran política de fondo, después de la crisis regional en Oriente Medio, no queda sino acelerar la transición ecológica hacia energías renovables, ante lo que Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha llamado “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de toda la historia”. España está bien situada para profundizar en esa apuesta imprescindible.

Aparecen de vez en cuando noticias acerca de los resultados de investigación de los primatólogos, sugiriendo prácticamente siempre concomitancias con el comportamiento humano. Existe, naturalmente, una fascinación por saber de dónde venimos que hubiera emocionado a Darwin y horrorizado a muchas de las jerarquías de su época por motivos religiosos. Pero superado ese momento de oscurantismo, el estudio del comportamiento de chimpancés y bonobos es interesante y pertinente, porque efectivamente da claves importantes sobre la conducta humana, sobre todo cuando el investigador tiene la prudencia de no lanzarse al vacío hablando de “guerras” entre chimpancés o de “justicia” o “equidad” en sus acciones.

La razón es que, por mucho que podamos elucubrar con la existencia, cada vez más probable, de un antepasado común entre sapiens y chimpancés más parecido a estos últimos que a nosotros, nuestros comportamientos son fruto de una privilegiada memoria a largo plazo que, pese a ser bastante más imperfecta de lo que creemos –y sobre todo de lo que se cree en los tribunales–, desde luego no está presente entre chimpancés y bonobos. Esa memoria nos ha permitido hacer cosas verdaderamente impresionantes, como asignar un valor semántico a los sonidos que somos capaces de emitir, lo que nos ha permitido crear nuestro lenguaje y así comunicarnos para compartir nuestros conocimientos y sentimientos. Ello nos ha hecho evolucionar, más allá de la genética, de manera espectacular en relación a la progresión de cualquier otra especie del planeta.

Una de las incógnitas que ayudan a despejar los siempre interesantes estudios de los primatólogos, combinados con la obra de antropólogos, psicólogos e historiadores, es la génesis de la noción de “justicia”, y no solamente del sistema judicial actual, sino de la misma idea que fundamenta nuestra idea de justicia: que gane los conflictos, no aquel que sea más fuerte o poderoso, sino aquel que tenga la verdad de su lado. Justamente por eso practicamos la prueba en los procesos, para descubrir la verdad, siendo justamente esa fase su razón fundamental de existencia.

Pero, ¿cómo empezó todo? Nuestra “justicia”, ¿posee una base biológica? Es fundamental observar que para seguirle la pista al concepto, hay que identificar situaciones en que dos seres no resuelven un conflicto entre ellos mismos, violenta o pacíficamente, sino que acuden a un tercero para que les ayude a resolverlo. En ese momento, la observación del comportamiento de los chimpancés vuelve a ser interesante. Son primates que viven en grupo, como nosotros. Y es justamente ese grupo el que es relevante, en muchas ocasiones, para la resolución de sus conflictos, especialmente cuando se ven atacados por un grupo vecino, pero no solamente entonces, sino también cuando un desencuentro entre dos chimpancés deriva en una pelea grupal en la que se toman bandos. 

También existen conductas que tratan de prevenir o disuadir conflictos, como la búsqueda de amistad practicando el aseo mutuo o compartiendo alimento, o buscando distancia, o realizando exhibiciones de poder a gritos intentando alejar a un grupo cercado. Esos comportamientos de apaciguamiento recuerdan poderosamente a la mediación que practicamos desde épocas muy ancestrales los seres humanos de cualquier cultura, pues también intentamos con la misma que los rivales, conviviendo, se respeten o se reconozcan, evitando así, o bien que entren en conflicto, o bien resolviendo una disputa ya existente.

Si a todo a ello le añadimos las cuatro razones principales por las que discuten los chimpancés –territorio, alimento, sexo y jerarquía–, que recuerdan poderosamente a los motivos de nuestros propios conflictos, se comprenderá que nuestra manera de celebrar mediaciones posee una continuidad biológica con los mecanismos de prevención y disuasión de los chimpancés, lo que permite aventurar un origen común muy remoto en alguna especie que ya no está entre nosotros.

Pues bien, los procesos judiciales no son más que el feliz heredero –muy probablemente egipcio– que surgió hace unos 5.000 años de esas antiguas mediaciones. Entre seres que podemos comunicarnos, las mediaciones son muy frecuentemente grupales. Se ha observado en culturas antiguas y actuales de todo el orbe este mecanismo de resolución de conflictos en el que los contendientes exponen su problemática –igual que se exponen las alegaciones en un proceso–, surgiendo en el grupo personas que tienen información de lo sucedido, que son los testigos que tan importantes han sido históricamente en los procesos, y que han perdido actualmente su antiguo valor por razones científicas muy sólidas, pese a que cueste mucho que esta evidencia se asuma en los tribunales por diferentes motivos, pero ese es otro tema. En todo caso, obsérvese que en esa mediación ya tenemos a un tercero catalizador del conflicto –el grupo– que, además, escucha a testigos. Para que se convierta en un proceso judicial, solo hace falta que el grupo decida a quién da la razón, bien en forma de jurado, como sucede todavía en EEUU entre otros lugares, bien a través de unos jueces, como determinaron los antiguos egipcios, inaugurando así la cultura del juez único que podemos identificar también en Mesopotamia y que más tarde se extendería a Grecia y Roma, y de ahí a todo el mundo. Existen altas posibilidades de que esa misma cultura se extendiera por las rutas comerciales hacia el este.

Pero falta un elemento fundamental. ¿Cuándo surge la idea de darle la razón en un conflicto, no al más fuerte, sino al que tenga la verdad de su lado? Es altamente probable que esa idea provenga también de la cultura egipcia. En algunas de sus fases más remotas se identifica una diosa, Maat, que luego fue copiada por los griegos, que la llamaron Themis, y más tarde por la cultura Romana, denominándola “Iustitia”. Como se habrá entendido, Maat era la diosa egipcia de la justicia, actuando aquellos antiguos jueces como sacerdotes del oráculo de la diosa. Lo que los egipcios entendían por “Maat” no cuesta mucho de entender si se analiza la etimología de la palabra, relacionada con los sustantivos “verdad” y “corrección”. Esa es nuestra justicia. Se comprenderá que el salto evolutivo es impresionante. Hasta entonces, como todavía ocurre en nuestras guerras y, por desgracia, demasiadas veces en la política internacional, los conflictos los ganaba el más fuerte, y no el que tenía la verdad de su lado.

Si algo nos enseña toda esta historia, este auténtico viaje alucinante, es que nuestra evolución solo es posible si persistimos en alejarnos de esos modelos de fuerza y poder. Es decir, si profundizamos en sistemas solidarios en los que los seres humanos procuran como prioridad la cooperación y la búsqueda de la felicidad ajena como mecanismo más perfecto de obtención de la propia felicidad. Esa lógica solidaria basada en una auténtica empatía egoísta puede que sea la principal enseñanza de este camino evolutivo que, a duras penas, pese a los contratiempos, vamos siguiendo de manera infatigable cada vez grupos más amplios de seres humanos.

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Para saber más: Nieva-Fenoll, Jordi, 'El origen de la justicia', Ed. Tirant lo Blanch 2023.

En los últimos años hemos escrito (por ejemplo aquí y aquí) para informar de cuánto están cobrando los bancos por sus depósitos en el Banco de España (BdE), solicitando que se dieran las cifras exactas por entidad y se explicaran los motivos para esos enormes pagos. También que la CNMV exigiera a la banca que esta desglosara con claridad esta información en sus cuentas, por ser relevante para los inversores. Pero nada pasó. 

En 2024, el portavoz de economía de Sumar, Carlos Martín Urriza, solicitó esta información al entonces gobernador Hernández de Cos en sede parlamentaria. Este, sorprendentemente, se negó alegando que era información secreta por motivos de política monetaria. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, que alegó que esta información era esencial para el mejor desempeño de la actividad legislativa, como por ejemplo diseñar eficazmente el impuesto sobre las ganancias extraordinarias de la banca, una de las cuales son precisamente los rendimientos sin riesgo de los depósitos en el Banco de España. El Alto Tribunal ha dado la razón a los diputados de Sumar confirmando que el BdE no puede ampararse en el secreto para ocultar datos de interés público sobre el dinero que el Estado transfiere a la banca privada, aunque lo haga a través del Banco de España. 

Esta resolución del Tribunal Supremo supone un hito importante: la opacidad del BdE sobre los pagos millonarios a la banca carece de ningún respaldo legal, y los ciudadanos –a través de sus representantes parlamentarios– tienen derecho a conocer estas cifras. 

Un impresionante y silencioso negocio para la banca 

El Banco de España pagó a la banca entre 2023 y 2024 más 15.000 millones de euros por los algo más de 200.000 millones que tenían en la llamada “facilidad permanente de depósito”, una cuenta corriente que únicamente la banca privada puede tener. El tipo medio fue del 3,8%. 

A pesar del impuesto sobre las ganancias extraordinarias, del que tanto se quejan, los intereses percibidos del BdE suponen casi el 50% de los beneficios de la banca por su actividad en España (después de impuestos).  

Estos pagos a la banca suponen el coste más importante del BdE, y menos ingresos para el Estado (su único accionista). Las pérdidas operativas del BdE registradas en 2023 y 2024, antes de la aplicación de provisiones, ascendieron a casi 15.000 millones de euros. Una cifra semejante a lo pagado en intereses a la banca. 

Desde 2010, el Banco de España detrajo de sus resultados importes bajo la rúbrica “provisiones” que al inicio de 2023 sumaba 32.987 millones de euros. Estas provisiones, en la medida que no estuvieron nunca asignadas a ningún activo, solo eran alisamientos de sus ganancias anuales y el Estado se vio privado de ellos en el reparto anual de beneficios del BdE. En los años 2023 y 2024 se detrajeron 13.569 millones de esta rúbrica evitando con ello que el coste de los depósitos de los bancos se evidenciara como pérdidas. 

Para 2025 la situación mejorará algo. Los depósitos de los bancos en el BdE fueron de 194.000 millones de euros, con una remuneración media de 2,25%, lo que supondrá algo más de 4.400 millones de pagos a la banca que serán nuevamente neutralizados utilizando las denominadas provisiones y reduciendo el patrimonio neto del BdE. 

El problema no es exclusivo de España. El Bundesbank también tuvo pérdidas en 2023, y en 2024 registró pérdidas por aproximadamente 19.200 millones de euros, las mayores en su historia. Estas pérdidas se atribuyen principalmente al incremento de los gastos por intereses pagados a los bancos domiciliados en Alemania. Paul de Grauwe estimó en unos 130.000 millones de euros lo que el eurosistema –el BCE y los bancos centrales de la zona euro– estuvo gastando al año en remunerar las cuentas de los bancos en 2023. 

Los bancos se encuentran con este exceso de dinero depositado en el BdE como consecuencia de las políticas expansivas del BCE en la última década, motivadas por las crisis financieras y el COVID. Ese dinero no es como el que usamos los demás: es mejor. Es un activo libre de riesgo, creado por el propio BdE y disponible exclusivamente para operaciones entre bancos y con el BdE o para comprar deuda pública. No pueden prestarlo a hogares y empresas. 

Ante esta situación, que va a continuar en el futuro de no hacerse algo, hay dos preguntas: 1) ¿por qué hay tan poca transparencia sobre este asunto?, y 2) ¿cuáles son los motivos de política monetaria para estos pagos? 

El tamaño de las cifras que ofrecemos y su impacto sobre las cuentas públicas no justifican el silencio de la CNMV, el BdE y los bancos sobre este tema. La falta de transparencia no mejorará la confianza de hogares y empresas en el sistema bancario, formado por los bancos y supervisores. La transparencia genera confianza y es clave para la estabilidad financiera, objetivo tan mencionado por los supervisores. La sentencia del Tribunal Supremo da la razón a quienes reclamaban ese derecho a saber. 

La inyección de miles de millones a los bancos por sus cuentas corrientes en el banco central no parece una medida muy antiinflacionista. Tampoco se entiende que pagar esas cantidades sea el precio de la llamada estabilidad financiera. Y si es así, debe explicarse con claridad. La política monetaria no debería ser un dilema entre pérdidas públicas y beneficios privados.

En la memoria colectiva sigue fresco el coste de los rescates bancarios –explícitos e implícitos– de la década pasada, la actitud de la banca frente al impuesto extraordinario y una larga lista de quejas y denuncias sobre los servicios bancarios. En lugar de anunciar más dividendos, recompras de acciones y espectaculares bonus, la banca debería ser prudente y fortalecer su solvencia –la más baja de la eurozona– para que si las cosas se complican no volvamos a las andadas. Y los bancos centrales deberían reformar la política monetaria. 

El silencio sobre el asunto de los depósitos bancarios en el BdE y su remuneración debe desaparecer y ser sustituido por debate y transparencia.  

La resolución y valentía de los diputados de Sumar llevó este asunto ante la Justicia. La sentencia del Tribunal Supremo abre esa puerta que el BdE mantenía cerrada. Las Cortes, el BdE y la CNMV deben debatirlo y ser transparentes.

Marx, Nietzsche y Freud son conocidos como los “filósofos de la sospecha” por ser considerados los pensadores más críticos y disidentes del siglo XIX y XX. ¿Dónde están esos filósofos críticos en nuestro siglo XXI? Cuatro humanos llegan más lejos que nunca en el espacio y vuelven a casa sanos y salvos. Mientras más de 360 millones de personas padecen hambre en ese mismo hogar, atemorizados por lunáticos y guerras, la NASA afirma que en unos dos años podrán empezar a construir estaciones permanentes en nuestro en la Luna. ¿Y para qué?

La Luna, como la guerra, es otro gran negocio, aquí disfrazado de “ciencia”. Nuestro satélite natural posee recursos estratégicos como agua congelada en los polos (para beber, producir oxígeno y combustible), Helio-3 para energía de fusión limpia (extremadamente escaso en la Tierra), y metales valiosos como hierro, aluminio, titanio y silicio, además de otros metales raros necesarios para la gran demanda tecnológica que va de forma exponencial en aumento. China lo sabe y lleva la delantera de momento. En el 2024 ya recogió muestras del polo sur lunar y tiene programada una misión tripulada para el 2030 para construir allí una Estación de Investigación. El anuncio sorpresa de la NASA de hace unos días de lanzar en dos años un vehículo de propulsión a Marte, usando a la Luna de trampolín, no es por prestigio científico ni por el bien de la humanidad, todo esto se trata de una competición encubierta por los recursos materiales energéticos presentes y futuros. La guerra en la Tierra, ese “bote salvavidas”, ya no es suficiente y ahora la batalla por la energía y el poder se libra también en el espacio exterior en la lucha por la soberanía de otros planetas. De momento, nada nuevo bajo el Sol, Salomón ¿Dónde está la sabiduría perenne en nuestro tiempo? ¿Dónde está la ciudadanía crítica, los pensadores disidentes?

Las dudas de la llegada del hombre a la Luna hace más de 50 años resultan razonables. Se dice que los humanos pisaron la superficie lunar hace ya 53 años. Neil Amstrong habló en directo con el presidente Nixon en 1969 con un teléfono verde viejuno. ¿Por qué EEUU no ha vuelto antes a la Luna? La NASA dijo que perdió la tecnología. ¿En serio? Se supone que entre 1969 y 1972 un total de 12 astronautas pisaron la Luna en seis misiones diferentes dentro del programa Apolo. ¿Cómo pudieron con la tecnología de aquellos años alunizar tantas veces con éxito y con la del 2026 deben seguir haciendo ensayos para poder hacerlo? ¿No te resulta sospechoso, como mínimo curioso, este anacronismo tecnológico?

En 50 años la tecnología ha evolucionado de forma bestial. Tu teléfono ha cambiado por completo, pero la tecnología espacial que nos muestran parece haberse congelado en el tiempo. El ordenador con el que se supone que llegaron a la Luna en 1969, el Apollo Guidance Computer, tenía una potencia similar a la de un microondas moderno, con una velocidad de ~2 MHz, 4 KB de RAM y 36 KB de memoria de solo lectura, una capacidad ínfima comparada con el móvil de tu bolsillo. Solo hay que mirar con cuidado el material que se ha conservado de aquel entonces para que las dudas razonables vayan en aumento, las paredes del módulo lunar eran de aluminio y del grosor de una lata de Coca-Cola, por no hablar del motor de coche de Fórmula 1.

La información que se puede rescatar de la hemeroteca conservada y los argumentos contra las objeciones aportadas lindan por momentos el cachondeo. En la película 'Fly Me to the Moon' (2024), Scarlett Johansson interpreta a una experta en marketing contratada por la NASA para mejorar su imagen y producir un falso alunizaje del Apolo 11 en un plató de cine ante los éxitos de la URSS en su programa espacial: Sputnik y la perra Laika (1957), las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna (1959) y Yuri Gagarin como el primer humano en viajar al espacio (1961). En plena Guerra Fría, los norteamericanos tenían que hacer algo al respecto. ¿Podría estar pasando algo similar con China ahora como primera potencia espacial? Los paralelismos, sin duda, dan qué pensar…

El llamado “primado negativo” es conocido en psicología como una especie de trampa mental donde la atención previa, selectiva y dirigida, inhibe posibles respuestas futuras ante un engaño extraordinario o evento traumático. En la ingeniería sociolingüística se asocia con la “programación predictiva”, teoría del condicionamiento cultural donde los medios utilizan películas, series, noticias y entretenimiento para familiarizar al público con futuros cambios sociales indeseables, haciendo que parezcan naturales, necesarios y aceptables. Hollywood es experto en este arte: hacer de la distopía algo utópico y deseable. Netflix, marihuana y renta básica es la nueva versión 2.0 del pan y circo romano en nuestra era digital. Así que sospechar como herramienta filosófica, pensar por uno mismo de forma crítica y más allá del televisado discurso oficial, no es ser conspiranoico ni negacionista, no es promover el bulo y la desinformación, es afirmar el verdadero espíritu científico, y reivindicar el trabajo de la verdadera filosofía, tan necesaria en estos tiempos de transhumanismo tecnológico y baja caladura moral. 

Ni tierra plana, ni actornautas, ni domo holográfico, ni prisión kármica ni escuela virtual, ni granja humana, ni archivos de Epstein ni Estrecho de Ormuz ni guerra mundial ni uso del armagedon nuclear… el egregor colectivo y la simulación de la realidad controlada por la narrativa oficial hacia un Nuevo Orden Mundial, eso es de lo que hoy en día hay que sospechar. Si Nietzsche levantara la cabeza sacaría su martillo ante los nuevos ídolos: los valores de la “verdad” en el desarrollo humano con la biotecnología; la evasión del espíritu humano con la realidad virtual de la pantalla y su distracción masiva; su efecto anestesiante ante el dolor humano, propio y ajeno; la voluntad de poder débil del ciudadano mediocre y borrego, portales orgánicos desalmados y NPCs inconscientes de que su vida es ya poco más que un repetitivo videojuego.

Mientras humanos flotan por el espacio lunar con un bote de Nutella, lunáticos reyes payasos gobiernan este circo mundial haciendo de la guerra un meme y de la violencia banal un espectáculo visual. Y entre guerra y guerra nos quieren ilusionar con los nuevos cuatro jinetes de la Artemis II y la “histórica” misión de 10 días alrededor de la Luna. La sospecha crítica como arte filosófico tiene que defender aquí un escepticismo sano ante la “versión oficial” recibida a través de la información de instituciones gubernamentales y científicas, una información sesgada que está diseñada y filtrada para mantener a la mayoría de la humanidad en un estado letárgico de distracción perpetua e inconsciencia inercial, descalificando de fake news todo lo que se sale de la línea de su narrativa oficial. La carrera por el control del espacio exterior y los últimos anuncios pomposos de la NASA son parte de un mismo escenario que desvía la atención del ser humano de la exploración de su propio espacio interior. Lo que la ciencia oficial representa es solo una pequeña fracción de la realidad, la parte material. Y nosotros desde luego que no somos solo eso. ¿Dónde está, pues, todo el resto? 

Llegados aquí, el peso de la simple pregunta filosófica puede resultar ahora más evidente: ¿por qué ir a la Luna o Marte mientras haya un solo niño que se muera aquí de hambre? ¿Es que nunca has visto a un bebé? ¿Cambiarías su vida para que la meada de Trump llegue más lejos que nadie? Pues eso, nada nuevo bajo el sol, pan y circo tuneado al nuevo estilo de hoy. El gladiador forjado ha sido sustituido por futbolistas y astronautas en el espacio televisado, y el emperador sabio por un bufón payaso. Pero Trump está cada vez más aislado, demente y lunático, hasta sus más fieles correligionarios anhelan ya su destitución. Mientras, las amenazas y declaraciones absurdas del Calígula anaranjado se suceden sin orden ni concierto ni descanso: “no puedo permitir que las armas nucleares estén en manos de lunáticos”, “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, “los medios de comunicación de noticias falsas están locos”, “hagamos un acuerdo o no, hemos ganado, te guste o no lo que digan las fake news”, “el reseteo más poderoso del mundo” está por llegar. ¿Cuándo estallará una guerra civil en Estados Unidos? ¿Y cuántos atentados terroristas habrán por culpa de ese lunático? Trump advierte a China que tendrá “grandes problemas” si envía armas a Irán. Estaba claro que no iba a haber “acuerdo de paz” en Islamabad. Mientras se “negociaba”, Netanyahu, otro demente lunático, deja más de 300 muertos en en Líbano en menos de 10 minutos de bombardeos.

En fin, para qué seguir, el esperpento de este circo mundial es patético y dantesco. Así que no mires tanto la pantalla de ahí afuera, no mires tanto ahí arriba, que tu atención selectiva primero vaya abajo y adentro. Desconocemos de momento la profundidad del engaño y la ilusión del espectáculo, pero yo sospecho con la razón de la filosofía del montaje y el escenario. Es mi trabajo. Reivindicar que la moral y la ética van antes que cualquier negocio o cualquier ciencia. ¿Para qué invertir tanto esfuerzo humano en llegar a otros planetas cuando apenas podemos habitar el nuestro? ¿No crees que haremos lo mismo, si alguna vez llegamos a vivir allí? Quizá lo hayamos hecho ya, y más de una vez, en un eterno retorno de lo idéntico. Quién sabe. ¿Tu hogar es donde naciste, adonde quieres ir, o el lugar donde cesan todas tus ilusiones e intentos de fuga, evasión y escape? La conquista del espacio exterior, negocio y guerra. La conquista del espacio interior, paz y amor… Tú eliges, querido lector. ¿Un demente Nuevo Orden Mundial o una Nueva Humanidad en una Tierra Restaurada? Bajar el Cielo a la Tierra primero, elijo yo. 

En el último año se ha registrado un número récord de iniciativas legislativas destinadas a bloquear acciones militares, ya sea amenazas o ejecutadas por el gobierno de Trump, consideradas ilegales o inconstitucionales. La lista incluye la decisión del presidente Trump de emprender una guerra contra Irán. Algunas de estas iniciativas en el Congreso dieron lugar a votaciones muy ajustadas en la Cámara Baja y en el Senado.

Ahora contamos con una iniciativa legislativa presentada en el Senado para “ordenar el retiro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades dentro o contra la República de Cuba que no hayan sido autorizadas por el Congreso”. Fue presentada el 12 de marzo por tres senadores demócratas, y la misma legislación fue presentada en la Cámara de Representantes el 24 de marzo por la representante Nydia Velázquez (D-NY).

Las hostilidades se refieren al bloqueo estadounidense que actualmente impide que casi todo el petróleo llegue a Cuba, tal como explica la legislación. El principal argumento es que la participación militar estadounidense en este bloqueo es inconstitucional a menos que sea autorizada por el Congreso. Es similar al argumento constitucional planteado sobre la autoridad presidencial para declarar otras guerras. Sin embargo, el bloqueo estadounidense a Cuba, combinado con las sanciones que lo sostienen, plantea aspectos adicionales que pueden ser aún más condenatorios.

El Gobierno de Estados Unidos está directamente involucrado en un castigo colectivo contra la población de Cuba, algo ampliamente documentado. El castigo colectivo de civiles, cuando ocurre durante un conflicto armado, es una violación de la Cuarta Convención de Ginebra y puede ser sancionado como un crimen de guerra.

Las Convenciones de Ginebra están entre los instrumentos legales más aceptados dentro del derecho internacional, y han sido adoptadas por todos los países.

Es fácil ver, a partir de los acontecimientos recientes, que las actuales sanciones económicas contra Cuba constituyen un castigo colectivo. 

El corte por parte de Estados Unidos de los cargamentos de petróleo dirigidos a Cuba ha tenido consecuencias mortales. Más del 90 por ciento de la electricidad en Cuba depende normalmente de combustibles derivados del petróleo, y los hospitales han sido golpeados de manera especial a medida que los apagones se agravan. La semana pasada, el diario The New York Times reportó, tras hablar con doctores, que “el rápido deterioro de condiciones en los hospitales y clínicas a lo largo de Cuba estaba causando muertes que de otra manera serían prevenibles”. La escasez de combustible impide a médicos y enfermeras llegar a sus sitios de trabajo y los hospitales cancelan cirugías y posponen vacunaciones para niños y tratamientos que salvan vidas, tales como diálisis renales y terapias con radiación.

Con el paso del tiempo, estos daños se reflejan en las estadísticas nacionales. Un artículo publicado en una revista pediátrica británica a comienzos de año describe cómo el recrudecimiento de sanciones sobre Cuba desde 2017 provocó más del doble de la mortalidad infantil durante la última década. Las sanciones han causado escasez de medicinas, equipos, combustible, alimentos y electricidad, así como brotes de enfermedades que habían sido erradicadas.

El Gobierno de Estados Unidos castiga colectivamente a civiles en docenas de países al imponer sanciones económicas unilaterales y amplias. Un estudio publicado por The Lancet Global Health en agosto, de mi autoría, estimó que 564.000 personas mueren anualmente como resultado de esas sanciones. La mayoría son impuestas por Estados Unidos. Es una cifra comparable a las muertes anuales en el planeta provocadas por conflictos armados.

Pero estas acciones de castigo colectivo comúnmente no pueden ser llevadas a juicio como crímenes de guerra según las Convenciones de Ginebra, ya que las convenciones solamente cobran vigencia cuando existe un conflicto armado. Expertos de Naciones Unidas han alegado durante muchos años que aquello que se considera como un crimen cuando hay soldados y disparan y bombardean, también debería ser un crimen cuando los soldados no disparan ni bombardean. 

Aquí viene a colación el bloqueo a Cuba. Es un conflicto armado, porque Estados Unidos ha estado utilizando la fuerza militar para mantener el bloqueo. Ello significa que el actual castigo colectivo de los civiles cubanos legalmente constituye un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra.

El domingo, The New York Times reportó que Estados Unidos permitirá a un tanquero ruso entregar petróleo a Cuba esta semana, el primer envío a esa nación desde el 9 de enero. Su refinación y distribución tardará varias semanas y el combustible podría durar escasas semanas una vez empiece a consumirse.

Pero no parece ser un paso hacia el fin de las sanciones o el bloqueo estadounidense contra Cuba. Y Trump continúa amenazando con una intervención militar por etapas para implementar el “cambio de régimen” que el Gobierno estadounidense ha procurado durante más de 60 años. Trump dijo el viernes refiriéndose al Ejército: “A veces tienes que usarlo. Y Cuba es el próximo, por cierto”.

Entretanto, el Gobierno de Trump está infligiendo un castigo colectivo a algunas de las docenas de naciones que dependen de las misiones médicas internacionales de Cuba. Durante décadas, a Habana ha enviado doctores y otros profesionales de la salud a otros países para ofrecer atención médica y entrenamiento. En 2016, hubo más de 50.000 profesionales cubanos de la salud en 67 países. Hay muchos artículos en publicaciones académicas y médicas que han elogiado el éxito del programa, por ejemplo, al llevar atención médica a “comunidades vulnerables y desatendidas” y a lugares “donde los médicos locales no trabajan”, incluyendo áreas rurales remotas.  

Ahora Trump ha estado amenazando a esos países para obligarlos a abandonar los programas cubanos, dejando así a miles de personas, o más, sin atención médica. Es una indiferencia cruel y asombrosa por esas vidas, y todo para castigar a Cuba, una nación que no representa amenaza alguna a la seguridad de Estados Unidos.

Las sanciones económicas amplias son salvajes, como los asedios medievales que provocaban hambre en una población para obligarla a rendirse. En lugar de acero y fuego, las armas mortíferas de la actualidad son computadoras desplegadas a lo largo del sistema financiero internacional, el cual está dominado por Estados Unidos y su divisa.

Estas sanciones se cobran las vidas de bebés y niños de manera desproporcionada. Se estima que un 51 por ciento de las muertes provocadas por sanciones en el estudio ya mencionado de Lancet Global Health eran niños menores de cinco años.

Las sanciones se han convertido en lo que el Departamento estadounidense del Tesoro llama “la herramienta de primera instancia” para temas de “seguridad nacional”. Esto puede deberse a que la violencia económica dirigida a civiles es menos obvia que la violencia del conflicto armado.

Muy pocos estadounidenses saben que las sanciones económicas unilaterales, la mayoría de las cuales son impuestas por Estados Unidos, se cobran cientos de miles de vidas inocentes cada año. No saben que estas sanciones están dirigidas a la población civil; su Gobierno les dice que las sanciones golpean a los “hombres malos”. Aunque los funcionarios estadounidenses también han repetido públicamente lo que suele quedar en silencio sobre cómo las sanciones pueden causar sufrimiento y malestar que lleven a la gente a las calles para provocar el cambio de régimen que Washington busca.

Invocar las Convenciones de Ginebra y enjuiciar a funcionarios estadounidenses por el uso de sanciones es una posibilidad en el futuro, ya sea ante una corte nacional, un foro internacional o alguna otra instancia con jurisdicción. Pero en lo inmediato, a medida que más personas en Estados Unidos, incluyendo a miembros del Congreso, y en otros países, conciben esta violencia económica letal y castigo colectivo como un crimen de guerra, será más difícil para el Gobierno estadounidense cometer estos crímenes. Un proceso similar ya ha avanzado en torno a las resoluciones de poderes de guerra del pasado año y desde 2018.

Trump ha actuado, en términos generales, como si él pudiera ignorar la ley y la Constitución, pero eso no es sostenible. La decisión que la Corte Suprema emitió el 20 de febrero removió una gran parte de su poder para usar aranceles como sanciones y castigo. Entre otros actos de extorsión, esa era un arma importante que él usaba para imponer el bloqueo contra Cuba. Incorporar las Convenciones de Ginebra y la prohibición que ellas establecen a los crímenes de guerra en la lucha contra las sanciones económicas letales puede elevar los costos legales y políticos de aplicarlas. Asimismo, envía una advertencia a los responsables de que ellos también podrían ser llamados a rendir cuentas.

Comienza la campaña de la Declaración de la Renta, ese momento del año en el que, entre números y casillas, ajustamos cuentas con el Estado. Para la mayoría de las personas es un tedioso trámite administrativo que puede ser un alivio si sale a devolver o un disgusto si toca pagar. Sin embargo, hay un aspecto que sigue siendo poco conocido y que puede marcar una diferencia significativa: las deducciones fiscales por donaciones.

La Renta, además de ser un balance anual de nuestros impuestos, funciona como una herramienta política que puede jugar a nuestro favor. ¿Cómo? Te lo cuento: 

En el escenario global actual, marcado por la polarización y el auge de discursos de ultraderecha que vienen a cuestionar incluso aquellos derechos que creíamos consolidados para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, el trabajo que hacen quienes lideran la defensa de esos derechos es crucial. Y aquí es donde tu fiscalidad entra en juego: apoyar derechos tiene un coste real mucho menor de lo que la mayoría de las personas piensa.

Apoyar causas justas no es solo cosa de grandes fortunas

Hay una falsa creencia que supone que la filantropía y el mecenazgo son actividades reservadas para las grandes fortunas. Pero esto no podría estar más alejado de la realidad. El sistema fiscal español, especialmente tras la última reforma de la Ley de Mecenazgo, ha diseñado un modelo que fomenta y premia las donaciones de base, aquellas pequeñas cuotas mensuales que podemos pagar tú y yo como personas trabajadoras a aquellas entidades sociales con las cuales empatizamos y compartimos valores.

La lógica es sencilla: el Estado reconoce que la labor de las organizaciones que están al frente en la defensa de los Derechos Humanos genera un beneficio para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque allí donde el Estado no cubre las necesidades de las comunidades que sufren mayor vulnerabilidad es donde entran las organizaciones que trabajan directamente con ellas. Por eso, es el mismo Estado el que incentiva a la ciudadanía a colaborar en la sostenibilidad de estas organizaciones, a través de la “devolución” de una gran parte de esa donación en la declaración de la Renta.

Por qué donar 20 euros al mes solo te cuesta 4

Pongamos un ejemplo práctico: imagina que decides apoyar los derechos de las mujeres y personas LBTIQA+ con una cuota de 20 euros al mes, aportando un total de 240 euros al año. La normativa actual indica que los primeros 250 euros donados anualmente tienen una deducción del 80% en la cuota del IRPF. Esto significa que, al hacer tu declaración, Hacienda te devolverá 192 euros de esos 240 donados. El coste real para tu bolsillo habrá sido de menos de 50 euros al año. Menos de lo que te cuesta una suscripción anual a cualquier plataforma de streaming. 

Pese a que tú habrás invertido únicamente 48 euros, las niñas, mujeres y personas LBTIQ+ que más lo necesitan habrán recibido 240. Se trata, realmente, de una inversión compartida: tú pones una parte y el Estado, a través de la bonificación fiscal, pone la otra.

Llegar donde las instituciones no llegan

En los últimos años, hemos asistido a nivel global, y también en España, a intentos de reducir la financiación pública destinada a políticas de igualdad y a la defensa de los derechos LGBTIQ+. Cuando las organizaciones dependen exclusivamente de subvenciones públicas, su supervivencia y capacidad de reacción frente a las urgencias se ve limitada por restricciones burocráticas y condiciones inasequibles. 

Sin embargo, hay situaciones que no pueden esperar a los tiempos administrativos. Tras la DANA de octubre de 2024, fueron las organizaciones sociales quienes ofrecieron respuestas inmediatas a colectivos especialmente vulnerables, como personas migrantes en situación administrativa irregular. 

Lo mismo ocurre en diversas situaciones del día a día. Entidades como Dones Africanes de Tarragona, ofrecen una respuesta frente al fallo estructural del sistema institucional de acogida, generando redes de apoyo comunitario a través de formación, acompañamiento y espacios de encuentro. De nuevo, donde el Estado no llega, está la comunidad organizada.

Por eso, fortalecer estas organizaciones es clave. En Calala trabajamos precisamente para canalizar recursos hacia estos colectivos, contribuyendo a que mujeres y personas LBTIQ+ puedan vivir con autonomía, libres de violencias y con capacidad real de decisión sobre sus vidas. 

Más que un trámite: un compromiso con el futuro de todas

Las donaciones ciudadanas son una garantía de verdadera libertad para quienes trabajamos por el avance de los Derechos Humanos. Crear una base sólida de donantes no solo brinda sostenibilidad; permite a organizaciones como Calala seguir financiando a grupos de base, a defensoras de derechos humanos o a colectivos en situación de vulnerabilidad, incluso cuando el viento político y social sopla en contra. 

La Ley de Mecenazgo nos ofrece una nueva oportunidad para reflexionar sobre qué modelo de sociedad queremos construir. Al revisar el borrador de nuestra declaración de la Renta debemos saber que cada euro destinado a organizaciones de defensa de derechos no solo multiplica su impacto sobre el terreno, sino que está protegido y fomentado por un sistema fiscal que entiende la necesidad de una sociedad civil fuerte y autónoma.

Donar es, hoy más que nunca, un acto de responsabilidad y resistencia política. Y, afortunadamente, el sistema está diseñado para que hacerlo esté al alcance de casi cualquier bolsillo.

Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.

Durante décadas, las mujeres en España tuvieron que pelear por un derecho que nunca debió depender del coraje individual, del estigma ni de la pura resistencia. La despenalización parcial de 1985 y, más tarde, la ley de plazos de 2010 reconocieron, al fin, la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho ligado a la salud, a la autonomía y a la libertad. Lo que empezó siendo una lucha sostenida por mujeres valientes, frente al miedo y la oposición conservadora, acabó convirtiéndose en una causa colectiva que hizo avanzar a toda la sociedad. Porque cuando las mujeres conquistan libertades, la democracia se ensancha con ellas.

La ley de 2010 no solo reconoció un derecho: sacó a miles de mujeres de la incertidumbre y la desigualdad. Una sociedad decente es la que no humilla a las mujeres.

Ese es el espíritu de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno, cuyo inicio de tramitación legislativa aprobamos este jueves en la Mesa del Congreso. La modificación del artículo 43 de nuestra Constitución lo que pretende es garantizar de forma efectiva el tan luchado derecho al aborto de las mujeres. Una reforma avalada por el Consejo de Estado y coherente con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional.

Esta garantía de prestación no es un matiz técnico: es el corazón mismo de la igualdad. Significa que el Estado no se limita a reconocer una libertad, sino que asume la responsabilidad de hacerla real, viva y efectiva en cada territorio y en cada circunstancia prevista por la ley.

En pleno siglo XXI, todavía no es una facultad plena para todas ellas. Demasiadas mujeres siguen encontrando obstáculos, desigualdades territoriales y barreras silenciosas que convierten un derecho reconocido en un camino incierto. Y eso revela una verdad incómoda: los derechos de las mujeres continúan siendo, demasiadas veces, los más expuestos a la intemperie política.

La democracia no es un estado de reposo, sino un ejercicio de vigilancia constante. Ni los derechos conquistados son paisajes inalterables, ni tampoco la Constitución una pieza de museo inmutable. Todos ellos deben guiarse con la brújula del pulso social.

Creíamos haber dejado atrás debates que parecían conquistados para siempre, pero el tiempo nos está recordando que ningún avance es irreversible si no se protege con convicción democrática. Los derechos de las mujeres han sido históricamente los primeros en ponerse en cuestión cuando avanzan los discursos reaccionarios, cuando se normaliza el retroceso o cuando las instituciones miran hacia otro lado.

Los datos lo evidencian con crudeza. En 2024, solo el 21,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos. El resto dependió de la red privada. 

Y la desigualdad territorial sigue siendo inaceptable. En comunidades como Extremadura no se practicó ninguna intervención en la sanidad pública; en Andalucía, apenas el 0,2%; y en Madrid, el 0,47%. En demasiados territorios (la sanidad es una competencia territorial), ejercer un derecho sigue significando desplazarse, esperar o asumir una carga añadida que nunca debería recaer sobre las mujeres.

No puede haber más o menos derechos según el código postal. No puede haber libertades a distinta velocidad.

Por eso, esta reforma tiene una dimensión profundamente democrática: garantiza que nadie pueda recortar la autonomía personal de las mujeres ni convertir su libertad en una disputa ideológica. España puede convertirse así en el segundo país del mundo en reconocer este derecho en su Constitución, después de que Francia ya lo hiciera en 2024.

Nuestra Constitución nació para ensanchar derechos, no para contemplar retrocesos. Esa ha sido la mejor tradición democrática española: avanzar, ampliar, reparar.

Lo hicimos con la sanidad pública, con la educación, con el matrimonio igualitario, con la eutanasia. Lo hacemos ahora al reforzar un principio esencial: que la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo no dependa de mayorías cambiantes, presiones reaccionarias o fronteras autonómicas. Una reforma a favor de un país más decente. Más seguro. Más libre.

Defender este avance no es solo defender un derecho de las mujeres. Es defender una idea de España: la que no retrocede ante quienes quieren devolvernos al pasado, la que convierte la igualdad en ley y la dignidad en garantía.

Las constituciones hablan del alma de un país. Y hoy España tiene la oportunidad de decir, con serenidad y firmeza, que reconoce la lucha de generaciones de mujeres que abrieron camino; que lo que está en juego no es solo una prestación sanitaria, sino la capacidad de decidir, de vivir con autonomía y de ejercer la libertad sin tutelas ni retrocesos.