La visita de León XIV a España constituye un acontecimiento político tan sugerente como revelador. El Papa ha llegado a un país constitucionalmente aconfesional y cada vez más secularizado, en el que la práctica religiosa se ha convertido en una opción minoritaria. Según los últimos estudios demoscópicos, apenas uno de cada seis españoles se considera católico practicante, mientras crece el número de quienes se declaran no creyentes o indiferentes.

Y, sin embargo, pocas visitas internacionales son capaces de generar hoy una expectación comparable.

La explicación no reside únicamente en la importancia histórica de la Iglesia en la tradición política de un país en el que hasta hace no tanto (apenas 50 años) el catolicismo era religión oficial. Porque para entender el significado político de esta visita es necesario tener muy en cuenta las incertidumbres de una sociedad que busca respuestas en medio de profundas transformaciones económicas y sociales.

La tensión entre autoridad religiosa y autoridad política forma parte de la propia construcción de la modernidad democrática. Desde Locke hasta Tocqueville y Max Weber, la teoría política ha señalado que el nacimiento del Estado moderno comportaba, casi necesariamente, diferenciar claramente poder civil y religioso. La Constitución de 1978 intentó resolver esa cuestión mediante una fórmula singular: España no tendría religión oficial, pero tampoco adoptaría el modelo de laicidad militante francés. El artículo 16 estableció un Estado aconfesional que garantizaba la libertad religiosa. Un siglo antes, la libertad de culto establecida por la Constitución canovista de 1876 levantó una agria controversia social y política, a pesar de proclamar la confesionalidad del Estado.

Así que puede decirse que la España que recibe al Papa es probablemente la más secularizada socialmente y la más laica institucionalmente de los últimos siglos. Los gobiernos de Pedro Sánchez han ido ampliando el principio de neutralidad religiosa del Estado. Sin romper los acuerdos con la Santa Sede ni abrir un conflicto frontal con la jerarquía eclesiástica, se han producido avances que hace apenas unas décadas habrían resultado impensables: la celebración de ceremonias civiles de Estado, la reducción del peso académico de la asignatura de Religión, la resignificación de Cuelgamuros, la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia o la recuperación de bienes inmatriculados.

Pero, al mismo tiempo, algunas de las grandes promesas del laicismo político han quedado pendientes. No se han revisado los acuerdos con la Santa Sede, tampoco se ha aprobado una Ley de Libertad de Conciencia y la financiación de la Iglesia sigue siendo objeto de debate. El resultado es una secularización institucional progresiva, pero incompleta, marcada más por la negociación que por la confrontación.

Sin embargo, reducir la visita del Papa a una cuestión de relaciones Iglesia-Estado sería insuficiente. Hay otros elementos contextuales que resultan decisivos.

León XIV aterriza en una sociedad atravesada por incertidumbres crecientes. La guerra en Europa, la crisis climática, la revolución de la inteligencia artificial, la precariedad económica de las nuevas generaciones, la polarización política o la sensación de pérdida de control sobre el futuro configuran un escenario de inseguridad colectiva que trasciende fronteras e ideologías.

Y es precisamente aquí donde aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: mientras disminuye la práctica religiosa, aumenta la necesidad de referentes morales y de relatos capaces de ofrecer sentido. El filósofo alemán Jürgen Habermas aludió a esta situación mediante el concepto de “sociedad postsecular”, en la que la secularización no ha eliminado la relevancia pública de la religión, sino que la ha transformado.

Pero la secularización impulsada por la modernidad no ha conseguido paliar la antropológica necesidad de orientación existencial de los humanos. La ciencia no despacha verdades canónicas como la religión, así que las buscamos en otras parte: identidades políticas, comunidades digitales, nacionalismos, discursos tecnológicos o nuevas formas de espiritualidad individual. Y por eso precisamente la audiencia potencial de León XIV va mucho más allá de los creyentes. Su capacidad de influencia no depende tanto de la autoridad doctrinal de la Iglesia como de su condición de referente moral global en debates que preocupan al conjunto de la ciudadanía: las migraciones, la desigualdad, la guerra, el deterioro democrático o la crisis ecológica.

La paradoja es evidente. El Papa visita una España menos católica que nunca, pero también una España que, como buena parte de las democracias occidentales, parece más necesitada de sentido que hace una década.

Y es que las democracias liberales han demostrado una extraordinaria capacidad para garantizar derechos y gestionar intereses. Mucho menos éxito han tenido, sin embargo, a la hora de construir horizontes compartidos en sociedades cada vez más fragmentadas, polarizadas y desiguales. De ahí que figuras con una fuerte autoridad simbólica sigan conservando capacidad de convocatoria incluso entre quienes no comparten sus creencias religiosas.

Así que la cuestión no es si España vuelve a ser un país católico. No lo es. Tampoco si la Iglesia recuperará la centralidad social que tuvo durante décadas. Probablemente tampoco. La pregunta relevante es quién proporciona hoy marcos de interpretación compartidos en sociedades atravesadas por la incertidumbre y la desconfianza. Y hay que reconocer la habilidad política y comunicativa de Robert Prevost, cuyos mensajes están perfectamente construidos para trascender límites confesionales y postulados doctrinales para convertirse en puntos de referencia éticos globales, y por eso mismo también político, de unas sociedades ahítas de comodidades materiales pero ayunas de sentido. Quizá esa sea la verdadera clave política de la visita de León XIV.

El profesor Levitsky, célebre profesor de Harvard y autor del superventas Cómo mueren las democracias (Levitsky et al., 2018), profirió lo siguiente en una conferencia magistral a la que fui invitado en 2025 en la Universidad Cornell: “A pesar del contexto internacional desfavorable, las democracias persisten”. Esta frase debería tenerse en cuenta en todos los análisis sobre la crisis actual de la democracia y los procesos que han venido a denominarse de autocratización, a fin de no caer en el tipo de fatalismos que hoy prolifera y que capta más fácilmente la atención de las audiencias.

Las democracias están en crisis, sí. Pero esta crisis no supone una teleología negativa que conduce a la inexorable caída de un régimen democrático tras otro —al igual que la afirmación de Fukuyama del fin de la historia no implicó un avance ininterrumpido de los procesos de democratización (Fukuyama, 1992) en el mundo—. Esta crisis, según V-Dem, una de las tres organizaciones cuyos indicadores sobre calidad democrática son más reconocidos —junto con Freedom House y The Economist—, se asocia con tres fenómenos. 

El primero es que la democratización mundial experimentó tres olas que llegaron a su pico en 2016, con 95 países democráticos; en cambio, en 2025, hay 87. El segundo es que, a lo largo del siglo XX, también hubo dos olas de autocratización; y el siglo XXI parece que está sufriendo una tercera ola, puesto que en 2004 había 82 autocracias y, en 2025, 92 (Limberg et al, 2026). El tercero es que esta tercera ola, a diferencia de las dos primeras —que impactaron sobre sistemas políticos ya algo autocráticos—, está afectando a las democracias occidentales principalmente (Lührmann et al, 2019). 

Las causas del deterioro democrático son menos fáciles de identificar que sus manifestaciones. Los signos de autocratización pueden ser múltiples: la politización de las instituciones que menoscaba la separación de poderes; la reducción de las libertades individuales; los intentos de modificar las leyes para ampliar el tiempo en el gobierno; el ataque a la prensa libre y a la libertad de expresión; el recurso excesivo del decreto ley o de las órdenes ejecutivas; la realización de elecciones sin medidas de seguridad que blinden la libertad de voto; el ejercicio del gobierno bajo el estado de excepción; la corrupción y la poca transparencia; el debilitamiento de los contrapesos; la erosión del Estado de derecho; la persecución de las minorías; o el auge de la polarización, del populismo y de la demagogia. 

Las causas, en cambio, de acuerdo con algunas de las teorías más consolidadas en la materia (Ziblatt et al., 2024), no son tantas, y tienen mucho que ver con tres compromisos tácitos entre los partidos: a) respetar a la oposición como adversario legítimo, b) comprometerse a no usar las instituciones, cuando se llega al poder, con fines partidistas e interesados, y c) no recurrir a candidatos con tintes autoritarios, aunque supongan un gran tirón electoral. 

Uno de los signos de este deterioro, la polarización, brota principalmente como estrategia de movilización política inducida por los partidos, que recurren a todo tipo de narrativas para encontrar nichos de votantes —explotando el potencial de las redes—, tal como la del rechazo a la migración, desdeñando el conocimiento y la verdad y azuzando las emociones más básicas y las identidades primarias. Sin embargo, hay un contexto cultural e ideológico más sutil y profundo que favorece esta tendencia.

Las sociedades modernas occidentales han adoptado, principalmente, sistemas políticos democráticos liberales. Incluso aquellos Estados que abogan por una democracia social se han fundido con un tipo de liberalismo que coloca a la libertad individual —en contraposición al pueblo, la nación o la comunidad— como el valor más importante alrededor del cual se ha de vertebrar la organización política y social. Vinculada a la libertad individual, además, se ha consolidado una noción de excelencia que plantea que la competición logra extraer lo mejor de la sociedad en su conjunto. Es decir, se parte de la base de que los individuos, libres, buscando sus intereses propios, y compitiendo en condiciones de igualdad, logran generar la mejor sociedad posible para todos.

Sin entrar en los tipos de desigualdad que ha propiciado esta ideología, especialmente en ausencia de regulación estatal y moral —los dos marcos que Adam Smith consideraba esenciales para que la mano invisible operara beneficiosamente—, estos planteamientos han engendrado una dinámica cultural propia: el antagonismo normativo.

Este tipo de antagonismo normativo relacional, que no solo describe, sino que prescribe comportamientos, tiene diferentes ramificaciones. Por un lado, los diferentes subsistemas sociales han asumido la competición y el conflicto como principios articuladores de su funcionamiento: el sistema jurídico enfrenta acusación y defensa, así como partes enfrentadas, para lograr la verdad y la justicia; la economía se basa en la competencia por los mejores precios, productos y servicios; la política de los partidos, tanto la interna como la externa, nutre la competición entre facciones para supuestamente lograr las mejores ideas y propuestas; los medios de comunicación compiten por audiencias y explotan el conflicto visceral para conectar con el gran público; la academia se vertebra sobre la competencia para plazas, proyectos y becas; incluso los movimientos sociales hacen de la lucha y la confrontación su estrategia central para lograr derechos (Karlberg, 2004; García-Magariño, 2017).

Por otro lado, este clima cultural se ha convertido en un caldo de cultivo propicio del que emergen ciertas tendencias que amenazan la convivencia y debilitan la democracia, tales como la xenofobia y otras formas de prejuicios, la desinformación, la radicalización violenta, los discursos de odio y la misma la polarización. 

Por último, desde la década de los 60, las estrategias de márquetin político han incluido una suerte de polarización inducida para encontrar nichos electorales diferenciados. Esta estrategia, cuando las campañas políticas eran algo que ocurría cada varios años por un período corto antes de las elecciones, se podía absorber como un residuo sin demasiada importancia que el cuerpo social metabolizaba. Sin embargo, desde que, por un lado, se televisan y graban los debates parlamentarios y, por el otro, se reducen los períodos entre elecciones y se alargan los períodos de campaña, la polarización dejó de poderse asimilar.

Las campañas basadas en la polarización, además, utilizaban los canales de los medios de comunicación de masas para ampliar las audiencias. Sin minusvalorar su impacto en la opinión pública y su poder de influencia, estos medios, a partir del siglo XXI, han sido desbordados por dos nuevos instrumentos que amplifican casi infinitamente la capacidad de persuadir y de propagar mensajes: las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial. Las primeras enganchan intencionalmente a las personas en entornos de resonancia donde la sugestión crece con el tiempo dedicado a ellas. Los segundos multiplican exponencialmente los mensajes y aumentan quirúrgicamente la puntería para llegar a quien se pretende. 

El diagnóstico parece claro. Ahora es necesario un debate público racional y sosegado para encontrar soluciones. Probablemente, el tono ecuánime en sí sea parte de la solución. 

Bueno, pues lo han hecho. Ya han firmado el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que Elon Musk construya el túnel submarino más largo del mundo, cruzando los 88 kilómetros que separan ambas potencias en “conflicto”. Cabe recordar que el Estrecho se ha cruzado históricamente a pie en invierno, cuando el mar se congela, aunque es extremadamente peligroso e ilegal. Por tanto, hace falta este túnel. 

¿Para intensificar las amigables relaciones entre Trump y Putin? Pues va a ser que no. ¿Recuerdan el empeño de Trump en comprar Groenlandia para ampliar su acceso al Ártico?. Bueno, pues ya lo tiene más fácil. Lo que verdaderamente interesa es el intercambio comercial de recursos, especialmente, minerales y energéticos, de los que Siberia -ergo, Rusia- va sobrada. Porque la compañía de ingeniería civil de Musk, The Boring Company -que sí, que es así como se llama-, también va a construir un gasoducto y un oleoducto por el mismo precio. ¿Cómo? ¿Pero no nos habíamos comprometido a sancionar a Rusia no comprándole petróleo ni gas? ¡Ah!, que eso queda para los europeos… 

Ya lo adelantamos hace meses en este periódico, cuando comentamos la jugada maestra de la Unión Europea prohibiéndonos a nosotros mismos la compra de crudo ruso y sus derivados a Rusia y a otros terceros países. Excepto a los amigos, claro. Porque, en el Consejo Europeo del 17 de julio de 2025, sancionamos a Rusia con la decisión de que sólo compraríamos petróleo ruso a nuestros amigos: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suiza y Noruega. Al resto del mundo, no, que nos lo vendía más barato. 

Se trataba de una más de los centenares de sanciones individuales y colectivas aprobadas entre los 20 paquetes legislativos -en preparación, el 21º- que el Gobierno de Bruselas aplica al Kremlin desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. No somos los únicos, claro, también Estados Unidos o Canadá, Corea del Sur y Japón están entre los países aliados que condenan con sanciones políticas y económicas la “operación especial” rusa. Pero unos lo saben aprovechar mejor que otros. Es el caso de Estados Unidos.

Bajo una lluvia de drones, Kirill Dmitriev confirmó la firma de este proyecto en el Foro Económico Internacjonal de San Petersburgo, donde, pese al incremento de las sanciones estadounidenses a Rusia 48 horas antes, la presencia de enviados de Trump no pasó desapercibida. “Funcionarios rusos y estadounidenses firmarán mañana un acuerdo para la construcción de un túnel bajo el estrecho de Bering, entre Chukotka y Alaska”, comentó el enviado del Kremlin.

Mis fuentes en Moscú me acaban de pasar la información, que en el mundo occidental tarda en llegar por la censura europea a los medios rusos: “El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI, por sus siglas en ruso) informó sobre la firma de un acuerdo para el diseño de un túnel a través del Estrecho de Bering, que conectaría Rusia y Estados Unidos. No proporcionó detalles sobre el proyecto. Esta ambiciosa idea ya había sido considerada hace más de cien años”, según informó RBC. 

La historia es muy bonita. Las ideas para conectar Rusia y los Estados Unidos por una carretera de transporte a través del Estrecho de Bering surgieron a finales de los siglos XIX y XX. Según publicaba The Telegraph en 1890, el gobernador de Colorado, William Gilpin, propuso construir un puente sobre el estrecho de Bering. The New York Times lo recogía también en 1906, cuando el emperador ruso Nicolás II permitió que el sindicato estadounidense, representado por el francés Loic de Lobel, comenzara a trabajar en un proyecto para crear una conexión ferroviaria de Siberia a Alaska con la construcción de puentes y túneles a través de este Estrecho.

Pero el proyecto se puso sobre la mesa en octubre del año pasado, tras reanudar ambos países las relaciones durante la visita de Putin a Alaska. La siguiente etapa es la preparación de un estudio de viabilidad del proyecto, al que se ha invitado a los representantes de los países asiáticos para participar en el diseño. No creo que haya ningún problema con Elon Musk, dada la ilusión que le hizo visitar China con su hijo pequeño, como parte de la comitiva comercial de Trump en su encuentro institucional con Xi Jinping.

Además, fue el mismo Dmitriev quien propuso la construcción de un túnel a Elon Musk, a través de un twit en X: “Imagina que el túnel Putin-Trump conecta a Rusia y Estados Unidos (sic). ¡Construyamos el futuro juntos!”. Efectivamente, el sueño de Donald Trump cuando llegó de nuevo a la Casa Blanca con una original propuesta para Vladimir Putin: “Te ayudo a reparar el Nord Stream -al parecer, sabían por dónde se había ‘roto’- y, cambio, yo me ocupo de distribuir tu gas por toda la Unión Europea”. Es que no tenemos memoria, pero en las hemerotecas podemos hallar esta feliz idea, alrededor de marzo del año pasado. Aunque parezcan mil años. 

Seguimos con el ambicioso túnel. Según el jefe de RDIF, “el proyecto puede implementarse en menos de ocho años, y su coste no superará los ocho mil millones de dólares”. Una minucia si, con ello, Estados Unidos consigue el petróleo y el gas que necesita Europa. Es decir, cumplirá su promesa de convertirse en el distribuidor de los recursos energéticos que tanto necesitamos desde que decidimos “auto sancionarnos” no comprándole el petróleo y el gas -barato- directamente a Rusia. Aunque, para ello, el gas ruso tenga que dar la vuelta al mundo…

En los últimos meses he publicado en este diario digital dos artículos sobre el pontífice que nos visita en España.

El primero se llama 'Los desafíos geopolíticos de León XIV'. Se refiere a tres acontecimientos dramáticos que adquieren una naturaleza global: las guerras que arrasan el planeta; la cuestión migratoria en nuestro invierno demográfico y la herida en el orden internacional infligida por Trump y Putin.

El segundo de los artículos lleva por título: 'El Papa americano contra la arrogancia del dinero“. Se centra en la posición nítidamente opuesta de Robert Prevost a su némesis, Donald Trump, un presidente que ha deteriorado el sistema constitucional de Estados Unidos.

En ambos artículos late una actitud de León XIV que se ha hecho aún más explícita y elocuente en su reciente encíclica 'Magnifica Humanitas'. Me refiero a la personalidad del Papa que afronta directamente una misión política y, a la vez, moral: la absoluta defensa de la democracia. Ello convive con las críticas que cabe hacer a una institución, la Iglesia católica, a la que le cuesta reconocer conductas como la pederastia o la discriminación interna a la mujer.

El alma democrática de los mensajes de León XIV tiene diferentes dimensiones. La más contundente, su discurso contra las guerras permanentes que se desencadenan en un mundo “devastado por tiranos” (Camerún, 16 de abril de 2026). No existe la “guerra justa” para León XIV, que considera sobrepasado ese viejo concepto, resucitado absurdamente por el vicepresidente de EEUU Vance.

El discurso del Papa contra la violencia le lleva a expresar en la encíclica la necesidad de “desarmar” la Inteligencia Artificial, una tecnología que puede debilitar la democracia misma.

La democracia en la que cree el pontífice se extiende más allá de la dinámica electoral. Lo dice así: “Tiendo a pensar que cuando la Iglesia habla acerca de la moralidad, el único asunto es el sexual. En realidad, creo que hay muchos más grandes e importantes asuntos, como la justicia, la igualdad, la libertad de religión, que deberían tener prioridad”. León XIV enuncia, pues, transformaciones más allá de la economía, a la que no considera ineluctable. Tampoco a la “idolatría del beneficio” en el orden postliberal.

La democracia no se desarrolla solo en el interior de la nación. León XIV propugna el multilateralismo ahora en asedio, entre otras cosas para que pequeños grupos no condicionen los procesos democráticos.

León XIV piensa en una democracia en la que tienen cabida los inmigrantes, “símbolo de los rechazados de la sociedad mundializada”. Se sitúa así en confrontación con la racista y creciente ultraderecha. Su interpretación de las migraciones recuerda al Papa Francisco, que la entendía como un resultado de la política colonial de los países occidentales.

En un mundo hambriento de autoridad moral, el Papa americano, opuesto explícitamente al presidente americano y a MAGA, deviene, sin pretenderlo, un líder global, precisamente cuando el planeta evoluciona de un modo preocupante, retrocediendo desde el orden liberal de la segunda mitad del siglo XX.

Es paradójico que la auctoritas papal tenga hoy un liderazgo internacional que transciende a los 1.400 millones de católicos, convirtiéndose en referencia de los valores democráticos para todas las personas, con independencia de su adscripción ideológica.

Ese liderazgo es hoy necesario. Sucede que, por vez primera en el último siglo, hay más autocracias que democracias en el mundo (datos del informe de 2025 de V-Dem), y que solo un 7% de los habitantes de La Tierra viven en lo que V-Dem llama “democracias liberales”.

Las democracias retroceden y el líder de la Iglesia Católica alza una voz supranacional para ponerse del lado de los derechos humanos. Así que León XIV llena ese espacio ahora vacío, que está siendo aprovechado por la política más reaccionaria e involucionista.

En un mensaje a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (14 de abril de 2026) León XIV afirmó que la concentración de poder tecnológico es una amenaza a la democracia y a la participación ciudadana.

Esa posición tan definida le ha conducido de modo natural a plantear, como dijimos antes, una deliberación crítica sobre la Inteligencia Artificial, cuya utilización incontrolada ve como una amenaza (posible, no determinante) a la propia democracia. Su encíclica expone el peligro que conlleva una concentración de poder tecnológico como la que ya hay en grandes corporaciones privadas.

En 'Magnifica Humanitas' no critica la tecnología basada en Inteligencia Artificial, sino la ausencia de responsabilidad en la propiedad en manos privadas de esa disruptiva tecnología. Es una cuestión de poder. No de tecnología.

León XIV lo dice así: “La tecnología tiene el poder para sanar, conectar, educar y proteger nuestra casa común; pero también puede dividir, excluir y generar nuevas formas de injusticia”. La tecnología nunca es neutral.

Cuando tecnologías digitales están en poder de un número limitado de actores privados, se requieren contrapesos poderosos, que protejan los datos personales y fortalezcan los procesos democráticos.

Nunca un pontífice de una monarquía electiva, la Iglesia, había teorizado de esa forma tan actual lo que es una verdadera democracia. Y ocurre cuando el retroceso de esa democracia en el mundo necesita de una fuerza ética que transcienda una concreta religión o creencia.

Ese rol lo ejerce de facto en estos momentos León XIV, nuestro visitante.

El verano pasado publiqué un artículo similar (El País, 26/26/2025).Tomo de nuevo la pluma para, sin asomo de espíritu acrítico, defender los principios que encarna el PSOE. Entonces nos encontramos con hechos graves protagonizados primero por Ábalos y después por Cerdán (ambos expulsados del partido). Hoy, otros asuntos, de distinto nivel, afectan a mi partido.

Conviene recordar que quienes delinquen (presuntamente) son personas y que las organizaciones sólo pueden ser declaradas penalmente responsables si sus dirigentes cometen delitos en su nombre y en su beneficio, directo o indirecto (del partido), lo que, hasta ahora, en modo alguno ha ocurrido.

En todos estos casos, lo que se juzga son conductas individuales, no el conjunto de ideas, creencias y valores fundamentales que estructuran la forma en que una persona o un grupo interpretan el mundo. Es decir, la ideología, que es como la ciencia política denomina a los valores descritos. Y la socialdemocracia, que encarna el PSOE, visto el estado del mundo, es más necesaria que nunca.

Por importantes y llamativos (mediáticamente) que resulten algunos casos, si la responsabilidad es individual, sobre el individuo debe recaer, sean situaciones que tienen más de cómicas y chapuceras (caso Leire, que parece, según el auto del juez, una prolongación del caso Cerdán dirigida a protegerse a sí mismo), o de distinto nivel, como el que afecta al presidente Zapatero (que tiene derecho a su defensa y los tribunales la obligación, en su caso, de mostrar de forma fehaciente su culpabilidad, lo que, visto el sumario, no creo que ocurra).

Sólo, pues, en el caso de que la organización hubiera obtenido un beneficio directo o indirecto, podría exigirse responsabilidad al PSOE. En todo caso, deben sus dirigentes colaborar estrechamente con la justicia e investigar a fondo las acusaciones para demostrar que jamás han sido cómplices de esas conductas presuntamente delictivas. En ello, como en tantas otras cosas, nos diferenciamos de las prácticas que utiliza la derecha española.

Se habla a menudo de lawfare, contracción de law ('ley') y warfare ('guerra') y que se traduce habitualmente como la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. En este sentido, no creo que los tribunales españoles hayan caído en esa práctica, a pesar de instrucciones muy defectuosas, casualidades contrarias a la razón o condenas, algunas del máximo órgano jurisdiccional, muy discutibles. Y ello porque la Justicia es un conjunto, con mecanismos para depurar los excesos, arbitrariedades e injusticias.

De otra parte, conviene recordar que  el diccionario de lengua inglesa de Oxford define el lawfare como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”. En este sentido, es evidente que ello ocurre en España. Desde hace ocho años, las fuerzas conservadoras (PP y Vox) han negado la legitimidad del actual Gobierno y han procurado, con artes dudosamente democráticas, incluyendo denuncias falsas ante los tribunales, derribarlo.

Hay demasiado en juego como para mirar hacia otro lado y adoptar una actitud pasiva. Y a quien afecta es al conjunto de la sociedad española. Las ideologías iluminan nuestra comprensión del mundo y la nuestra resulta esencial para la misma. Escribió Borges en un famoso poema: “No nos une el amor, sino el espanto”. A millones de españoles nos une el amor a unos principios que, de forma muy resumida, serían estos: queremos la paz, no la guerra; defendemos la radical igualdad de mujeres y hombres; luchamos por una mejor distribución de la riqueza a favor de la inmensa mayoría; queremos cuidar nuestro planeta para que no se extinga, ante las alarmantes muestras que ofrece el cambio climático. En todos estos campos, la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha arrojado resultados muy positivos, a pesar de los problemas que aún enfrentamos. Y no habría sido así con un Gobierno PP-Vox, como se encargan de recordarnos todos los días.

Si tuviera que elegir una sola imagen en la defensa de la gestión del presidente del Gobierno, que mereciera, por sí misma, el ejercicio del poder durante estos ocho años, sería esta: las portadas de los diarios nos han mostrado a todos los efectos trágicos de la guerra, injusta e ilegal, en Palestina: varias personas, presumiblemente sus padres o familiares, sostenían en sus brazos pequeños sudarios blancos de niños inocentes asesinados. Más de 50.000, según Naciones Unidas, han muerto así. Confieso, como Neruda, que he llorado, contemplando esa tragedia. Soy padre, soy abuelo, y cualquiera de nuestros niños podría haber sufrido esa suerte. No ha sido así, pues no nacieron en el lugar equivocado, como los niños de Gaza. En la terrible oscuridad del dolor, sólo queda un consuelo: la voz, primero única, luego con otros acompañamientos, clara, valiente, de Pedro Sánchez en defensa de los principios universales, los derechos y dignidad del ser humano. Sólo por ello merece mi reconocimiento permanente.

También nos une el espanto, que diría Borges. El espanto ante lo que puede venir de la mano de la derecha española, la que gobernó (PP) y ha abandonado sus principios relativamente moderados y reformistas, para abrazar los radicales de Vox y pretende, de nuevo, gobernar con ellos. La de quienes apoyaron descaradamente la guerra ilegal de Trump y Netanyahu o adoptaron posiciones tibias cuando vieron el rechazo de la inmensa mayoría de los españoles a la misma. La de quienes se oponen a los derechos de la mujer o al freno al destructor cambio climático. En fin, la de quienes imponen eso que llaman la prioridad nacional, lo que nos llevaría a ser expulsados de la Unión Europea, pues deberían decirnos si restringir derechos fundamentales como el acceso a los servicios esenciales, Sanidad o Educación, o a ayudas vitales para el desarrollo de la personalidad, de carácter social o acceso a la vivienda, se negarán a ciudadanos europeos que residen en España, pues la prioridad sólo afectará a ciudadanos españoles.

Quienes así se comportan, no pueden gobernar España. Recuerdo los versos melancólicos del soneto de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados”. Los muros de mi patria son la Constitución y la democracia, sometidos hoy a la continua tensión de quienes no aceptaron el resultado de las urnas, y se comportan en el Parlamento, ágora sagrada de la palabra, como artilleros que, primero disparan y después preguntan. Debemos impedir que esos muros se desmoronen y lo haremos con determinación. No piensen que bajaremos los brazos, sino todo lo contrario, en defensa de las creencias que profesamos.

Y, si en relación a las responsabilidades de mi partido yerro, seré el primero en exigirlas con voz clara y contundente.

Mientras las imágenes de destrucción de Palestina ocupan portadas y titulares, otra violencia continúa creciendo imparable lejos del foco mediático. La violencia sexual y de género contra niñas y mujeres palestinas aumenta exponencialmente en Gaza y Cisjordania. No es un daño colateral ni una consecuencia inevitable de un conflicto armado. Es una grave violación de derechos humanos que en este caso adquiere una gravedad especial por el contexto de genocidio, ocupación ilegal, desplazamiento forzoso, detención y colapso institucional.

Lo más preocupante no es solo que esta violencia exista. Es que el mundo sigue sin responder con la contundencia que exige. Y cuando la comunidad internacional mira hacia otro lado ante violaciones sistemáticas de derechos humanos y del Derecho Internacional, cuando ignora la violencia sexual y de género, el silencio deja de ser neutral para convertirse en complicidad.

Las organizaciones palestinas, particularmente las feministas y las de derechos de las mujeres, llevan años documentando esta realidad con evidencias y testimonios. Gracias a ello, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU denunció, en marzo de 2025, que la violencia sexual (incluida la tortura sexual) se ha convertido en “una herramienta de la ocupación israelí, perpetrando genocidio y perpetuando el sistema de opresión mediante la intimidación de la población palestina y su desplazamiento forzoso”.

Esta violencia atraviesa toda la arquitectura de la ocupación, y se manifiesta en centros de detención, puestos de control, incursiones militares y ataques constantes. Es ejercida a diario por las fuerzas de seguridad y por los colonos israelíes, en un contexto de total impunidad. La violencia sexual es empleada sistemáticamente para aterrorizar, sobre todo, a mujeres y niñas y perpetuar, un sistema genocida y de opresión de toda la población palestina. Un engranaje integral que infunde miedo, vergüenza, castigo, aislamiento de las supervivientes, para fracturar y desplazar forzosamente a las comunidades palestinas tanto en Gaza como en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Se trata de una de las expresiones más extremas de violencia.

Las cifras son devastadoras. Según ONU Mujeres, más de 38.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza desde octubre de 2023 hasta finales de 2025 y más de un millón han sido desplazadas. La destrucción deliberada de infraestructuras sanitarias y de protección ha dejado a cientos de miles de ellas sin acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva o de atención psicosocial. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 500.000 mujeres carecen actualmente de atención básica. Al mismo tiempo, los refugios improvisados y los espacios superpoblados multiplican los riesgos de violencia sexual y de género. Un reciente estudio de ActionAid España señala que el 78% de las mujeres encuestadas en Gaza afirmó haber sufrido al menos una forma de violencia sexual o de género.

Un mismo patrón en muchos lugares

Sin embargo, Palestina no constituye una excepción. Lo que ocurre allí forma parte de un patrón documentado desde hace años en numerosos conflictos. La violencia sexual se utiliza como arma de guerra, mecanismo de dominación y herramienta de represión política.

El último informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, presentado en abril de 2026 por la Representante Especial Pramila Patten, verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en 2025. La cifra supone más del doble de la registrada el año anterior y la ONU advierte de que está muy lejos de reflejar la verdadera dimensión del fenómeno. Violaciones, esclavitud sexual y secuestros siguen utilizándose como arma de guerra y represión política en países como Sudán, Haití, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar y República Centroafricana. Los casos documentados se caracterizan por una brutalidad extrema y afectan mayoritariamente a mujeres y niñas.

En Ucrania, la ONU documentó al menos 310 casos atribuidos a fuerzas rusas, incluidos abusos contra personas detenidas y prisioneros de guerra. En Sudán, la violencia sexual se utiliza de forma generalizada para aterrorizar y desplazar comunidades, con casos de violaciones masivas, esclavitud sexual y matrimonios forzados. En Haití, las bandas armadas emplean las violaciones y agresiones sexuales como mecanismo deliberado de dominación y castigo colectivo en los territorios que controlan.

El informe incluye además una lista de 77 entidades gubernamentales y no gubernamentales responsables de perpetrar violencia sexual en conflictos, entre ellas las fuerzas armadas y de seguridad rusas, israelíes, así como militantes de Hamás.

En el este de la República Democrática del Congo, entre enero y septiembre de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) denunció más de 80 000 casos de violación, lo que supone un aumento del 32 % con respecto al mismo periodo de 2024. Personal militar y grupos armados perpetran ataques contra grupos étnicos concretos; secuestros y raptos con fines de esclavitud sexual; y violaciones en granjas y otros lugares de trabajo o mientras las mujeres y las niñas se encontraban en tránsito. Además, los recortes repentinos de la ayuda internacional de Estados Unidos interrumpieron bruscamente la atención sanitaria de urgencia y otras formas de apoyo a miles de supervivientes de violencia sexual. Muchas contrajeron el VIH o quedaron embarazadas porque las clínicas y los hospitales del este del país se quedaron sin existencias de kits de profilaxis postexposición.

No son, por tanto, casos aislados; responden a un patrón de violencia muy específico que requiere una respuesta política igualmente sistemática. La violencia sexual no es exclusiva de un conflicto ni de un único actor armado. Está presente allí donde la guerra destruye instituciones, garantías jurídicas y mecanismos de protección.

La urgencia de un enfoque feminista

La aplicación de un enfoque integral de paz feminista implica ir más allá de la lógica de conflicto militar, exige medidas claras que garanticen la protección de la vida, la justicia y los derechos humanos. Exige investigaciones independientes, rendición de cuentas, garantía de financiación sostenida para organizaciones feministas, de mujeres y jóvenes. Y por supuesto, su participación efectiva en todos los espacios de negociación, reconstrucción y construcción de paz.

No puede olvidarse tampoco que explicar la violencia sexual en conflictos exige responsabilidad. Las mujeres y niñas palestinas, sudanesas, ucranianas, yemeníes o haitianas no son solo víctimas; son defensoras de derechos humanos, periodistas, sanitarias, estudiantes, lideresas comunitarias y sostén de sus familias en condiciones extremas. Frente a la violencia que sufren de forma sistemática, es imprescindible escuchar sus voces, proteger su dignidad y evitar narrativas que las revictimicen. Pero también lo es acabar con la impunidad: la justicia y la acción política deben actuar de manera urgente. La respuesta internacional no puede seguir dependiendo de intereses geopolíticos o ciclos mediáticos. La protección de mujeres y niñas frente a la violencia sexual debe ser una prioridad política global y nacional, y una obligación ética innegociable.

España tiene una oportunidad para demostrar ese compromiso. La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, que se celebra en Madrid bajo el lema “Construyendo Paz y Democracia”, no debería limitarse a declaraciones genéricas sobre igualdad. España y los Estados participantes en este encuentro deben abordar de manera explícita la prevención y respuesta a la violencia sexual en conflictos armados, incorporándola como una prioridad en sus presupuestos y en su acción exterior, humanitaria y de cooperación internacional.

Frente a crímenes que destruyen vidas, comunidades y generaciones enteras, el silencio alimenta la impunidad. Cuando la violencia sexual se utiliza como instrumento de guerra, callar no es una opción. No actuar tampoco.

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerlo y no hay que arrepentirse de ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos. Y sería pernicioso que muchos los dieran” (Francisco Tomás y Valiente).

Hablamos de la tortura. Y ello nos lleva a recordar, como dijo Josep Fontana, que de las investigaciones realizadas se deduce “la brutalidad con que se aplicó la represión en el territorio franquista, sin ningún respeto por los derechos humanos”. Desde este presupuesto analizamos lo siguiente.

Como, lamentablemente, acaba de ocurrir, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto rotundamente a la instalación de una placa en la actual sede de la Comunidad de Madrid en memoria de las víctimas de la dictadura, que tanto dolor sufrieron por su internamiento en los calabozos de dicha sede cuando era la Dirección General de Seguridad. Con la particularidad de que ha sido apoyada por dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Una particular muestra y expresión de la “parcialidad” que vemos en ciertos sectores de la judicatura.

Parece que ni la presidenta ni los magistrados hayan leído el Acuerdo de 20 de octubre de 2025 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En ella, el Gobierno acordó instalar una placa en dicha sede que mantuviera la memoria de unos de los espacios más violentos de la dictadura, la Dirección General de Seguridad. Acuerdo que pretende actualizar el papel central de dicha sede en la “represión política y social durante la dictadura franquista”. “En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas”, señala el texto, añadiendo que “uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo”, hasta el punto de “extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar” a los detenidos por medio de una “extrema brutalidad”. “La represión desde la DGS tuvo efectos devastadores en la sociedad española” y se convirtió en un “símbolo del terror estatal” que “evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento”. Esta inmensa y dolorosa realidad es la que la presidenta Ayuso y los magistrados tratan de evitar que se difunda.

Para justificar, aún más, la necesidad de instalar en dicha sede la placa que abra a toda la ciudadanía la memoria de aquella tragedia, basta recordar las palabras contenidas en el informe del Consejo de Europa -marzo de 2006- que expresó con toda claridad y detalle lo que en uno de sus capítulos se denomina: 'Balance de los crímenes del régimen de Franco'. Informe que subraya que “la conciencia de la Historia es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Además, la evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un papel importante en la educación de los jóvenes”. Parece que las citadas autoridades ignoran este informe.

Para complementar lo expuesto, considero necesario rememorar lo que significó la Brigada Social y Política de la dictadura.

Es una evidencia, sobradamente acreditada por la investigación histórica, la significación relevante de la violencia y la represión como elemento central del golpe militar de 18 de julio de 1936 y del Estado totalitario definitivamente implantado al fin de la contienda militar. La institucionalización de la represión, primero contra las personas fieles a la República y luego contra toda la oposición democrática, disponía de varios instrumentos básicos y necesarios para el ejercicio de su función. Entre ellos, estaban los diversos Cuerpos policiales y, particularmente, la Brigada Político-Social, constituida en todas y cada una de las Jefaturas Superiores de Policía, bajo la dirección política de los correspondientes Gobernadores Civiles.

Sin el concurso, primero, de las Comisarías de Investigación y Vigilancia y, después, de dichas Brigadas, los Consejos de Guerra y los Tribunales Especiales -como el TOP- no hubieran podido llevar a cabo su cometido. Para ello, contaban con una policía política que, carente de todo control judicial y con una constante vulneración de las garantías y derechos de los ciudadanos, investigaban y detenían a quienes disintieran o se opusieran por cualquier medio a la Dictadura a la que servían y protegían con todos los medios a su alcance. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la Dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por Ley de 2 de septiembre de 1941, concentrando, con los servicios de Información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta -o no- a la autoridad militar o al TOP, detenciones arbitrarias e indefinidas en Comisarías o Centros de detención habilitados, sin poner al detenido a disposición judicial, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. Deben tenerse presente dos datos que reflejan el permanente hostigamiento policial de la oposición durante la dictadura. El primero, las detenciones políticas en España en 1961 fueron 1.335 y, en 1962, llegaron a 2.438. Segundo, el total de presos políticos en España al iniciarse el 1961 era de 15.202, entre ellos 1.596 mujeres. 

Debe destacarse la trascendental importancia que llegó a tener, entre otros medios violentos de investigación, la práctica de la tortura, tal como ha quedado ya reflejada en numerosas investigaciones históricas. Basta acceder a las fuentes documentales de quienes, como espina dorsal del régimen, la practicaron gravemente. Ciertamente, tenemos constancia de ello por el testimonio de sus víctimas. Así resulta del de Marcos Ana, Elena Cuartero García, María Salvo Iborra, Heriberto Quiñones, Vicente Cazcarra, Pedro Vicente, Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Moisés Hueso Mateo, Francisco Díaz Iniesta, Carles Vallejo y tantos otros miles. Todos, sin excepción, según el gran luchador por la democracia, Miguel Núñez, “quedaron destrozados física y moralmente”.

Las actuaciones de estas Brigadas se mantuvieron activas hasta el periodo final de la Dictadura y la Transición; así resulta recogido con exactitud en obras recientes sobre ese periodo histórico en la que se da cumplida cuenta del “papel estratégico” que desempeñaban en esa etapa bajo la dirección de Saturnino Yagüe González “que trabajaba desde 1958 en estos menesteres” y la constante y durísima actuación de Pedro Polo, Eduardo Quintela, Juan Estévez, del “Comisario Ballesteros en Valencia”, el Jefe de Policía de Tenerife José Matute, de González Pacheco, de Carlos Domínguez, de Eleuterio Fernández-Girón, del Inspector Pena, de los hermanos Antonio y Vicente Juan Creix, Eugenio Nicolás, etc.  Basta examinar las detenciones policiales por razones políticas y sindicales producidas durante el periodo comprendido entre julio de 1975 y diciembre de 1976-un total de 2.815- para valorar el verdadero alcance de la represión. (Fuente: Gabinete Técnico del Ministerio de la Gobernación). A partir de dichos datos, es razonable asumir la hipótesis de que 53.500 personas aproximadamente sufrieron represión en el último periodo del franquismo. Actividad que exigía una amplia y diversificada organización que era similar en toda España. Como la de Catalunya, la VI Brigada Regional, que disponía en 1974 de la siguiente estructura. Grupos: “Jefatura, Secretaria, Servicio de Guardia-Grupo VI, Servicio de Universidad-Grupo VII, Servicios Extraordinarios Prolongados, Asuntos laborales-Grupo I, Actividades catalanoseparatistas -Grupo II, Actividades comunistas-Grupo III, Actividades Anarquistas, Trotskistas y sociales-Grupo IV y Escoltas y Sectas-Grupo V”, disponiendo para esos fines, en dicho año, de 120 funcionarios de plantilla. Y, desde luego, la relación directa de dichas Brigadas con los asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga, reunión y manifestación. Basta con citar los cinco cometidos en Vitoria en 1976.

En 1975, “continuaban a buen ritmo los apaleamientos y las vejaciones a base de palizas con la porra, con cuerdas o con toallas mojadas, quemaduras con cigarrillos, contusiones generalizadas o cortes con cuchillas de afeitar”. Torturas que determinaron en su día los Manifiestos contra la misma de 1963 (sobre la tortura en Asturias), de diciembre de 1968 (Documento suscrito por 1.500 intelectuales) y el de la primavera de 1976. En la obra de N. Sartorius se contiene una reflexión, tomada de Antoni Batista, sobre la importancia de que las generaciones más jóvenes conozcan los atestados e informes de dichas Brigadas, porque, lo que hoy puede hacer sonreír, “por la propia redacción macarrónica y ampulosa, llena de esos gerundios policiales que tanto mal hacían a los ojos de Salvador Espriu”, ocultan una actividad directamente delictiva y represora que no puede ni debe olvidarse.

La organización de la policía política contó desde siempre con colaboradores externos, particulares, funcionarios y agencias privadas de información, además de la extrema derecha, para vigilar, informar y, sobre todo, las delaciones, dados los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde su inicio. Datos que las autoridades policiales aprovecharon al máximo.  

Pese a la enorme gravedad de lo expuesto, la Transición, concretada en la Ley de Amnistía, impidió la persecución procesal y consiguiente sanción penal de tantos y tantos delitos de tortura. Y, hoy, la Justicia, continúa cerrando el paso a una investigación rigurosa de dichos delitos invocando, erróneamente, la prescripción de los mismos, cuando no la Ley de Amnistía, como así ha ocurrido, injustamente, ante la denuncia formulada por Carles Vallejo ante el Juzgado de Instrucción 18 y la Audiencia Provincial de Barcelona, por los 21 días de internamiento en las celdas de la Comisaria de Vía Layetana, sufriendo toda clase de durísimos malos tratos y torturas.

Estimo necesarias las palabras de Guy Aurenche. “La tortura institucionalizada no es solamente la negación misma del hombre, sino también la negación misma del papel que ha sido confiado al Estado por las sociedades humanas.De ahí, el carácter particularmente tortura institucionalizada”. Una gravísima realidad que la Presidenta y los magistrados parece que quisieran olvidar.

Y una observación necesaria. El art.2.3 de la Ley de Memoria Democrática dispone lo siguiente: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977,de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretaran y aplicaran de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Basta ya de excusas vacías para no perseguir los crímenes de la dictadura.

A lo largo de mi trayectoria, he sido testigo de numerosas transformaciones sociales e institucionales. Sin embargo, pocas han planteado una oportunidad y un desafío tan profundos a nuestras estructuras de convivencia como la actual revolución de la Inteligencia Artificial. En este escenario de cambio acelerado, la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV irrumpe con fuerza como un lúcido tratado de gobernanza y una brújula estratégica y moral para nuestro tiempo.

En LLYC solemos decir que las organizaciones se enfrentan constantemente a su “momento de la verdad”. El texto del Papa sitúa a la sociedad entera ante uno de esos momentos: una elección histórica y decisiva entre levantar una nueva torre de Babel tecnológica, cimentada en la uniformidad y el dominio, o asumir la tarea de reconstruir los muros de nuestra Jerusalén compartida, mediante el esfuerzo conjunto, el diálogo y la responsabilidad.

La Inteligencia Artificial es una herramienta extraordinaria con un inmenso potencial para aportar grandes beneficios, mejorar los servicios, curar y abrir nuevas posibilidades para la humanidad. No obstante, la encíclica recuerda que la tecnología no es moralmente neutra, ya que refleja las prioridades y valores de quienes la diseñan y entrenan. Uno de los grandes retos de esta transición es cómo afecta al debate público. Si bien la IA puede dinamizar el conocimiento, también puede actuar como un potente multiplicador de desinformación, difuminando la frontera entre los datos objetivos y las opiniones. En un entorno donde los algoritmos a veces premian el antagonismo y la confrontación, se corre el riesgo de polarizar a la sociedad y exponer a las instituciones a crisis de legitimidad. La democracia es un ecosistema frágil que se nutre de la confianza, y el conflicto perpetuo bloquea los consensos necesarios para que la innovación rinda sus mejores frutos. He repetido muchas veces que la democracia no se defiende sola, que no hay una ley natural que obre en favor de la igualdad, la justicia y la verdad, que nos corresponde a todos defenderla todos los dias, a todas las horas y en todos los lugares. También en el espacio digital.

Ante la complejidad de estos retos globales, desde el sector privado estamos llamados a ejercer un liderazgo constructivo. El propio León XIV nos interpela a las organizaciones a ir más allá de la transmisión de información para impulsar una verdadera “ecología de la comunicación”. La legitimidad social de las empresas en el futuro dependerá en gran medida de su capacidad para actuar como agentes de cohesión. Debemos asegurar que las tecnologías y las plataformas digitales sirvan para

crear espacios que fomenten la argumentación serena, protejan el pensamiento crítico y defiendan la verdad de los hechos como un bien común irrenunciable.

Ante este escenario, el desarrollo de la IA requiere un marco ético claro que maximice su potencial con criterios de inclusión. La encíclica apela directamente al sector empresarial para ir más allá del cumplimiento normativo, aplicando una rigurosa debida diligencia (due diligence) en sus desarrollos. Las empresas e inversores líderes deben adelantarse mediante sistemas de verificación ética que protejan los derechos fundamentales, asumiendo una transparencia total (accountability) en el uso de decisiones automatizadas. El objetivo es asegurar que la tecnología cumpla su propósito más noble: ayudar y potenciar verdaderamente a las personas y hacer, como dice León XIV que la ciudad de los hombres se vuelva más habitable

Para ilustrar el camino a seguir en esta transformación, el Papa utiliza la potente imagen del líder bíblico Nehemías: frente a una ciudad de Jerusalén en ruinas, él no impuso soluciones desde arriba ni actuó en solitario; al contrario, convocó a las familias, coordinó los esfuerzos y confió a cada sector de la sociedad un tramo de la muralla para su reconstrucción.

Esta es la visión estratégica que necesitamos hoy para gobernar con éxito la Inteligencia Artificial. Ningún actor puede resolver la complejidad de estos desafíos por sí solo. En este sentido, como señala mi amigo y profesor Diego S. Garrocho en otra tribuna sobre este texto, “hablar con todos, negociar con todos, dialogar con todos en nombre de la vulnerabilidad humana es el primer paso indispensable para reconstruir un mundo que, a ojos de todos, se encuentra irremediablemente herido”.

En definitiva, es el momento de actuar como auténticos constructores de puentes, tendiendo lazos firmes entre el sector público y el sector privado. Porque sólo mediante una colaboración estrecha, una regulación inteligente y una innovación empresarial responsable podremos levantar, como en tiempos de Nehemías, esa muralla compartida que proteja la convivencia y garantice que la revolución tecnológica esté verdaderamente al servicio de las personas y del bien común.

La sucesión de alertas epidemiológicas ha terminado por normalizar lo que hasta la fecha considerábamos excepcional. Hemos vivido cómo brotes de enfermedades infectocontagiosas, los más recientes de hantavirus o ébola, ocupaban los titulares durante unos días para después diluirse, aunque la advertencia que contienen siga ahí. Existe la percepción errónea de que estas patologías son propias de otros países geográficamente lejanos y no del nuestro, pero debemos tener en cuenta que con relativa frecuencia se atienden en nuestro país casos de enfermedades de este tipo como la fiebre del Nilo, el Chikungunya o la infección por el virus Zika. Todas estas alertas son síntomas de un cambio mucho más profundo. Debemos aceptar que las enfermedades emergentes han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en una amenaza real. La pandemia por COVID-19 no fue un accidente aislado, sino el gran aviso de un nuevo paradigma sanitario. 

Durante años, muchos sistemas de salud se han diseñado pensando fundamentalmente en el envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y la mejora progresiva de la esperanza de vida. La idea de una crisis infecciosa global capaz de paralizar países enteros parecía pertenecer más al terreno de la ficción que a la realidad cotidiana. Hasta que todo cambió. 

La pandemia tensionó los hospitales, agotó a sus profesionales y puso frente al espejo las debilidades de sistemas sanitarios que, pese a su desarrollo tecnológico, no estaban preparados para responder a una emergencia de semejante magnitud. Se puso de manifiesto la falta de recursos materiales, pero también de planificación, coordinación y capacidad de adaptación. Y aunque la emergencia más aguda haya quedado atrás y ahora la percibamos como lejana, las sucesivas alertas epidemiológicas demuestran que la amenaza sigue vigente. 

Vivimos en un mundo globalizado donde un brote localizado puede extenderse rápidamente a escala mundial. El cambio climático, la deforestación, la movilidad humana y el contacto cada vez más estrecho entre personas y animales favorecen la aparición de nuevos patógenos o la expansión de otros ya conocidos. La consecuencia es evidente, las necesidades sanitarias están cambiando. Hoy ya no basta con disponer de buenos hospitales, sino que es imprescindible contar con sistemas sanitarios flexibles, capaces de anticiparse, resistir y responder con rapidez ante crisis sanitarias complejas. 

En ese escenario, hay un ámbito que se ha convertido en un auténtico termómetro de la fortaleza sanitaria de un país: la medicina intensiva. Durante la pandemia por COVID-19, las unidades de cuidados intensivos dejaron de ser espacios desconocidos para la mayoría de la población y pasaron a simbolizar, no solo la esperanza de la supervivencia, sino también el límite entre el colapso y la resistencia del sistema sanitario. Las cifras diarias de camas de UCI ocupadas se transformaron en un indicador colectivo del estado de la emergencia. 

Sin embargo, reducir la medicina intensiva a un conjunto de respiradores, EPIs y tecnología sería un error. Detrás de cada unidad de cuidados intensivos hay profesionales altamente especializados que trabajan bajo presión constante y están entrenados para tomar decisiones críticas en cuestión de minutos. Médicos intensivistas, personal de enfermería, auxiliares, fisioterapeutas y otros especialistas sostuvieron durante meses una presión asistencial inédita, muchas veces en condiciones extremas y con un enorme desgaste físico y emocional. 

La experiencia reciente debería haber dejado una lección clara, reforzar la medicina intensiva no es únicamente prepararse para futuras pandemias, sino fortalecer la capacidad global de respuesta del sistema sanitario. Porque las UCI no solo atienden infecciones graves, también representan la última línea de defensa ante múltiples emergencias médicas y catástrofes colectivas. 

Pese a ello, existe una tendencia colectiva a olvidar rápidamente las crisis una vez desaparece la sensación inmediata de amenaza. Pasado el impacto social de la COVID-19, el debate sanitario ha vuelto en muchas ocasiones al redil de la urgencia presupuestaria, de las listas de espera y del corto plazo político. Y, sin embargo, todo apunta a que las enfermedades emergentes  seguirán formando parte de nuestro horizonte durante las próximas décadas. 

La gran cuestión ya no es si volverá a producirse otra emergencia sanitaria global, sino cuándo ocurrirá y cómo de preparados estaremos. La respuesta dependerá, en buena medida, de la capacidad para entender que la sanidad del siglo XXI necesita nuevas prioridades: inversión sostenida en salud pública, en la formación de sus profesionales, en investigación biomédica y en el desarrollo de sistemas hospitalarios resilientes donde la medicina intensiva ocupe el lugar estratégico que realmente tiene. 

Las nuevas amenazas sanitarias han cambiado las reglas del juego. Ahora falta decidir si los sistemas de salud también están dispuestos a cambiar con ellas. 

Estos días España acoge, en la sede del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la V Conferencia de Política Exterior Feminista. Madrid se convierte así en capital mundial de la igualdad y el feminismo, valores que se encuentran en el centro de nuestra política exterior.

Una cita en la que más de 60 países, ministras y ministros de Exteriores, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil nos reunimos para reflexionar y avanzar en igualdad de género en todo el mundo. Para decir bien alto que la igualdad es la causa más justa de la humanidad y que la democracia no está completa si no lo es para todos y para todas.

La celebración de esta edición de la Conferencia de Política Exterior Feminista en nuestro país es una muestra del compromiso de España con la promoción de la igualdad de género. España es uno de los países del mundo más avanzados en igualdad de género y nuestra política exterior feminista es ya referente en el mundo. Nuestra voz en favor de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo inspira a otros a seguir nuestros pasos.

Esta Conferencia tiene lugar en un momento internacional marcado por la inestabilidad, la conculcación del derecho internacional, el regreso de la violencia y la guerra como forma de resolver conflictos, y el retroceso en derecho. Por ello, es una cita imprescindible. Porque necesitamos espacios para unirnos y trabajar juntos por la paz, por el diálogo, por la igualdad, y por los derechos humanos. Somos muchos más los que estamos comprometidos con estos valores, y nuestra voz y nuestra acción es más necesaria que nunca.

Hoy más que nunca necesitamos una política exterior feminista porque derechos que nos ha costado décadas conseguir vuelven a ser cuestionados, y porque en muchas regiones del mundo mujeres y niñas no tienen garantizados sus derechos más básicos: la salud, la educación, la seguridad, la participación en la vida pública.

Necesitamos una política exterior feminista para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar más pacífico, más democrático y más justo. Precisamente, esta Conferencia lleva por título “Paz y Democracia”, porque esos valores tan básicos están cuestionados y debemos defenderlos más que nunca.

España sitúa estos principios en el centro de su política exterior. Lo hacemos a través de nuestra cooperación internacional para el desarrollo, de nuestra acción humanitaria, de nuestra participación en las organizaciones multilaterales, y de nuestro diálogo con nuestros socios en todo el mundo. Asumimos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo con acciones concretas: situando la Política Exterior Feminista como una prioridad de nuestra acción exterior; manteniendo el apoyo al Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria de Naciones Unidas en este momento crítico porque sin financiación suficiente resulta difícil impulsar nuestra agenda; con la creación, junto a otros países iberoamericanos, de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras para fortalecer la presencia de mujeres en los ámbitos diplomáticos y de resolución de conflictos; con la adopción de la primera Estrategia de Cooperación Feminista y de un nuevo Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad.

España recoge hoy el testigo de esta Conferencia tras Berlín, La Haya, Ciudad de México y París para consolidar el paso de una fase declarativa de la Política Exterior Feminista a una fase de aplicación, de financiación y rendición de cuentas. Es el momento de ampliar la base política y geográfica de la política exterior feminista, alejándola de percepciones excluyentes o regionalizadas. Abordaremos asuntos como la financiación para la igualdad, un multilateralismo más inclusivo, cómo contribuir a mejorar la situación de las mujeres en Afganistán, el papel de los hombres y los niños como agentes de cambio y también como beneficiarios de sociedades más igualitarias, el papel de las mujeres y las niñas en la construcción de la paz, cómo la política exterior feminista debe contribuir también a la gobernanza democrática del espacio digital y al desarrollo ético de la inteligencia artificial

En definitiva, Madrid será estos dos días mucho más que la sede de una conferencia de ministras y ministros de Exteriores. Será el lugar desde el que juntos y juntas reivindiquemos seguir avanzando en política exterior feminista. Porque la igualdad y la inclusión son fundamentales para construir un presente y un futuro más pacífico, justo, democrático e igualitario.

Desde hace unos días estamos viviendo un torbellino de noticias desde el escándalo de Zapatero, las nuevas informaciones sobre el caso Leire Díez que apuntarían a una red de miembros del PSOE que intentaba dificultar acciones judiciales y las acusaciones del uso de la justicia con la intención de derrocar al gobierno de coalición progresista. Todo esto, por si fuera poco, con el telón de fondo de las sesiones del juicio del caso Kitchen, una red de corrupción policial orquestada por el PP para sacarle al tesorero Luis Bárcenas la documentación que pudiera tener vinculada a la caja B del partido.

El contexto solamente llama al desconcierto y el desánimo. El alud de información proveniente de medios de comunicación hace dudar sobre si existen tramas de corrupción impensadas en los dos grandes partidos del bipartidismo o si efectivamente existe una operación de los sectores más poderosos del país para acabar con un gobierno que les es incómodo. Seguramente hay parte de ambas cosas pero, en cualquier caso, el ambiente deja poca esperanza de que la integridad pública y el estado de derecho efectivo no sean más que una quimera en España.

Frente a todo esto, en primer lugar, se requiere un análisis sosegado, completo y que acepte que la duda, no solamente es humana, sino parte indisociable del análisis de las cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, la duda sobre hechos que solo podemos conocer parcialmente no debe llevarnos a olvidar algunas certezas políticas que son indispensables.

Por un lado, la respuesta social más evidente a todo este contexto es la desesperanza, el distanciamiento (aún mayor) de la política y el convencimiento de que solamente el interés personal mueve a las personas que se dedican a la cosa pública. Pero no hay que dejar de pensar, en primer lugar, que hay muchos ejemplos en nuestro país de políticos que han ejercido cargos de relevancia y nunca han estado envueltos en casos de corrupción y, por supuesto, de otros países donde los niveles de corrupción son mucho menores debido a la existencia de instituciones y normas que han creado y reforzado una cultura de integridad pública.

Debemos romper este círculo vicioso de la corrupción donde las noticias de escándalos generan desafección y nos llevan a distanciarnos de la política e incluso a ser menos exigentes con ella. Los argumentos del “son todos iguales” no valen. Por una parte, porque ninguna generalización es cierta y, como decíamos, seguro que todos podríamos pensar en ejemplos de políticos dignos de admiración por su inquebrantable dedicación al interés general. Por otra parte, porque este círculo de desafección profundiza la degradación de nuestras instituciones. Una ciudadanía activa, atenta y exigente en el cumplimiento de las responsabilidades públicas con integridad es parte fundamental de una democracia plena, es decir, sin corrupción.

Por otro lado, nuestro país ha vivido lamentablemente casos flagrantes de lawfare donde la justicia se ha usado para intentar socavar proyectos políticos molestos para sectores que siguen considerando que la cosa pública es su feudo. Ha pasado claramente con el ayuntamiento de Barcelona bajo los mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, con Mónica Oltra en la Comunitat Valenciana o con dirigentes de Podemos, así como en el ámbito de la justicia en casos como el del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la evidencia de este reiterado uso torticero de los procedimientos judiciales no debe hacernos bajar nuestro nivel de exigencia con los servidores públicos y quienes lo han sido. Al mismo tiempo, debemos autoanalizarnos también con exigencia y saber que estudios académicos han demostrado que tendemos a ser más tolerantes con la corrupción si viene de sectores o líderes políticos que nos son afines. Hay que estar atentos, en este sentido, a no buscar excusas para comportamientos execrables y que destruyen nuestra democracia, sean aprovechar un cargo público para el beneficio privado o el desvío de la justicia para destruir a adversarios políticos.

La ausencia de corrupción, un país donde las instituciones públicas funcionen con integridad, es decir, movidas solamente por el interés público y no por el particular, no es solamente posible y socialmente deseable, como lo demuestran países de nuestro entorno, sino que es indispensable para una democracia real, sólida y socialmente justa.

Frente a la abrumadora realidad que mezcla evidencias claras de corrupción, dudas indiscutibles sobre comportamientos políticos al menos poco éticos y certezas del repetido uso de la justicia con objetivos privados, no debemos dejar de exigir a políticos y servidores públicos la más absoluta integridad en sus comportamientos. No existe democracia ni justicia social con corrupción. No existen tampoco recetas mágicas para terminar con ella, sino reformas legales e institucionales necesarias que deben generar un círculo virtuoso de cultura de integridad, donde todos los ciudadanos seamos partícipes y controladores de una democracia íntegra. No encontraremos soluciones rápidas ni infalibles contra la corrupción, pero exigir con tesón terminar con ella es un paso indispensable y frente al que nunca debemos bajar los brazos.

Cuando el martes 19 de mayo se conoció la imputación de Zapatero, con la formidable repercusión política que provocó, hubo a quien extrañó que el magistrado retrasara su convocatoria a declarar hasta el 2 de junio lo que, como era imaginable, ha mantenido en un limbo insoportable la agonía mediática del expresidente, condenado a sufrir los insultos de Fortuna y los golpes y dardos diarios de la prensa, en silencio. El plazo parecía fiado muy largo si la intención era únicamente permitir que el implicado pudiera tomar conocimiento de las actuaciones. Pasados unos días, se vislumbra una hipótesis bastante plausible de esta demora: dando estas dos semanas de margen, el magistrado habría querido dar tiempo a que la UDEF terminara un análisis preliminar del material requisado en las entradas y registros realizados el mismo día 19, de tal manera que Zapatero no solo afrontaría en su declaración preguntas sobre los supuestos indicios que justificaron su imputación inicial sino también por todo aquello que la policía hubiera encontrado, en su caso, en los registros de los despachos.

Esta circunstancia acreditaría tres cosas: la primera, mirando hacia el pasado, que la gestión del gotero mediático que marca nuestra vida pública y la manija de la Justicia siguen estando en manos de las fuerzas de seguridad. Instruyen procedimientos, redactan resoluciones, llaman a declarar a testigos... Ya no hay jueces en Madrid. Tomémoslo con humor: cuando se han conocido los atestados de los que se nutrió Calama al redactar su auto, me resultó inevitable recordar a Borges, quien nos diría que el juez no copió ni transcribió el original; su admirable ambición habría sido el producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra con el atestado, asumiendo el misterioso deber de reconstruir literalmente una obra espontánea. Es probable que, como Pierre Menard, el juez haya multiplicado los borradores, corregido tenazmente y desgarrado miles de páginas manuscritas para elaborar un auto verbalmente idéntico pero casi infinitamente más rico que el atestado.

La inicial decisión del juez de fijar la declaración de Zapatero para el 2 de junio tendría una segunda lectura, mirando al presente. Y es que anticipa un asombroso cambio de enfoque en la investigación. De repente, el rescate de Plus Ultra parece haber quedado en un segundo plano para convertir el procedimiento, sin mayor sorpresa de nadie, en una causa general contra Zapatero. Las noticias que se van sucediendo, en buena medida mediatizadas por su origen, nos ofrecen un escenario dantesco que incluyen el sondeo de toda la actividad profesional del expresidente en los últimos años, dejando flotar en el aire interrogantes sobre la totalidad de sus clientes, ingresos y haberes, sin excluir collares, con dudas que se extienden a la empresa de sus hijas. El hecho investigado, en principio, resultaría bastante concreto y delimitado en sus perfiles, pero en un abrir y cerrar de ojos se ha puesto en la picota toda la vida mercantil del expresidente y sometido todos sus contratos, comunicaciones, reuniones y llamadas al cedazo de la indagación policial, no tanto para ver qué ha pasado, sino más bien para ver qué pasa, en expresión de un lúcido magistrado.

En este contexto, donde ya no se investigan hechos, sino que se investiga a una persona, el contenido del escrutinio se desboca y durará años, como asume sin alarma la prensa otrora sensata. ¿Cómo podrá prolongarse tanto tiempo si la ayuda a Plus Ultra es un simple expediente administrativo? Quizás tenga millones de folios, no lo he visto, pero no da esa impresión. Durará años porque se investigarán otras cosas. Y no solo eso: tengo el pálpito de que, como en todas las causas generales, cuanto menos encuentren, más durará, porque a medida que pasa el tiempo más insufrible será asumir por la Justicia el desastre de un proceso vacío, condenado a realimentarse con más y más iniciativas que servirán únicamente para justificar las anteriores.

Por el contrario, si llega a haber pruebas sólidas contra Zapatero, cosa que no descarto en absoluto (siempre estamos a un suspiro de que se descubra un mensaje revelador), no duden de que la investigación será bastante breve. En definitiva, y si me permiten la tontería, las causas generales son como el coseno de un ángulo: al irse reduciendo, tienden al infinito yéndose por la tangente.

La consecuencia derivada de ello es que Zapatero, lógicamente, ha tenido que pedir un aplazamiento de su declaración con la idea --presumo sin saber-- no solo de estudiar la causa con detenimiento, sino sobre todo de valorar lo que va llegando y lo que está por llegar, para declarar solo cuando pueda saber con un cierto margen de concreción los hechos por los que se le preguntará. Mientras tanto, la torrentera de información que a diario nos cae sobre la cabeza con reuniones, facturas, relojes, llamadas, radiadores, cacheos, joyas, dimes y diretes va minando una opinión pública espantada y reduciendo irremisiblemente el margen de maniobra político. Porque esperar en un portal a que escampe, como bien sabemos los compostelanos, tiene un serio riesgo: a medida que llueve, se multiplican los charcos que tendremos que sortear cuando finalmente nos decidamos a dar el paso y levantarnos en armas contra el océano del mal.

Por último, la decisión del juez mueve a otra reflexión, ya enfocada al futuro. El cambio de perspectiva de la instrucción, para convertirse en una causa general, ofrece la paradoja de vaciar el objeto procesal que le es propio, de tal forma que, al abarcarlo todo, deja sin apretar el hecho que lo originó. Por ello, es previsible que el procedimiento vaya olvidándose poco a poco del expediente de Plus Ultra, que habría servido de anzuelo para descerrajar el proceso, y siga su derrota sobre aspectos que nada tienen que ver con aquella ayuda. Se admiten apuestas, pero las recientes informaciones que nos van llegando, y que nos alertan de las graves deficiencias del auto de Calama, con errores de fechas, saltos argumentales y contradicciones internas, apuntarían en esa dirección: el procedimiento puede estar preparándose a dejar caer esta imputación concreta, de tal forma que aun cuando se demuestre que Zapatero no tuvo nada que ver con el rescate de la aerolínea, ni influyó en nadie con poder de decisión para concederlo, no servirá de nada. La bomba de racimo de una causa general ya se ha activado --era inevitable-- a través de la decisión del juez de abrir piezas separadas, ese fascinante artilugio que funciona a modo de cambio de agujas procesal que permite acomodar la investigación, desviarla de lo que vas encontrando y centrarla en lo que quieres encontrar.

El auto de este Pierre Menard ya anticipaba parte de esta deriva. En particular, en lo relativo a la empresa de unos hermanos, de la cual se ignora qué relación puede tener con Plus Ultra y qué vela sostiene en este entierro político. Se nos dice que la empresa se utiliza como caja para pagar unos servicios que, lejos de ser inexistentes, son de tan alto calado que, según el auto, trascienden “con mucho el ámbito de una transacción mercantil ordinaria” y donde el pecado de Zapatero habría sido demostrar “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” de otros países. ¿Qué delito será esto?

En fin, tal vez lo más sugerente de esta empresa de la que hablo sea su propia denominación que, por esas arrebatadas casualidades que nos ofrece la ironía del azar, podría ser el exacto y certero nombre del equipo policial encargado de seguir la pista de la vida del expresidente: Inteligencia Prospectiva.

No hace falta idealizar a Zapatero para entender por qué van hoy a por él.

Sabemos perfectamente lo que ha sido el régimen bipartidista del 78. Sabemos cómo funcionan las puertas giratorias, los consejos de administración, las consultoras, las redes de influencia y los lobbies construidos alrededor de quienes han ocupado el poder. No estamos descubriendo nada nuevo. Durante décadas, expresidentes, exministros y altos cargos del PSOE y del PP han vendido contactos, agenda, influencia y capacidad de intermediación entre grandes empresas y administraciones públicas. Ese ecosistema ha sido una pieza estructural del propio régimen.

Felipe González trabajó para grandes energéticas. Aznar actuó como intermediario internacional de corporaciones españolas. Rajoy convivió con una trama de corrupción sistémica y con aparatos policiales utilizados políticamente. Juan Carlos I acumuló comisiones, cuentas opacas y escándalos hasta acabar refugiado fuera del país. Y, sin embargo, el sistema protegió siempre a los suyos mediante una mezcla de impunidad, silencio y normalización.

Por eso la pregunta importante no es si Zapatero participó en dinámicas propias de las élites del régimen. La pregunta es otra: ¿por qué ahora sí se rompe la omertà? ¿Por qué precisamente Zapatero deja de ser tratado como uno de los intocables?

Y la respuesta no está únicamente en los tribunales. Está en la política.

Cuando salimos a las plazas en el 15M no protestábamos únicamente contra la corrupción. Protestábamos contra algo más profundo: contra la sensación de que la democracia había quedado subordinada a un bloque de poder económico, financiero e inmobiliario que gobernaba al margen de la voluntad popular. La corrupción no era una anomalía del sistema; era una de sus formas normales de funcionamiento.

Por eso el problema nunca fueron solo las puertas giratorias o los lobbies. El problema era que existía un perímetro invisible de poder que nadie podía cuestionar realmente. Podían alternarse PSOE y PP. Podían cambiar los gobiernos. Incluso podían tolerarse determinadas críticas morales o regeneracionistas. Pero había consensos intocables: la subordinación económica a las élites financieras, la arquitectura territorial surgida de la Transición, la política exterior atlántica y la exclusión de cualquier fuerza que amenazara seriamente ese equilibrio.

El 15M rompió parcialmente esa normalidad. Por primera vez en décadas apareció un bloque político y social que no pedía simplemente una mejor gestión del régimen, sino que cuestionaba su legitimidad profunda. Y eso produjo un miedo duradero en los sectores históricos del poder.

La paradoja de Zapatero es precisamente esa. Fue uno de los hombres del régimen contra el que muchos nos levantamos. Participó incluso en algunas de sus decisiones más traumáticas, como la reforma del artículo 135 junto al PP, subordinando la soberanía democrática a los mercados financieros. Aquella decisión abrió una crisis de legitimidad enorme y aceleró la ruptura entre amplias capas sociales y el régimen del bipartidismo.

Pero la historia nunca es lineal.

Mientras otros expresidentes permanecían cómodamente integrados en el núcleo duro del régimen, Zapatero fue desplazándose hacia otro lugar político. No dejó de pertenecer al sistema, pero empezó a desempeñar una función distinta: la de intermediario entre el viejo PSOE y el nuevo bloque político surgido tras el 15M, las izquierdas antioligárquicas, el plurinacionalismo y la crisis territorial del Estado.

Ese desplazamiento no empezó ayer.

Ya en 2004, la retirada de las tropas españolas de Irak supuso una ruptura simbólica con el eje Aznar-Bush en uno de los momentos de máxima obediencia atlántica. Aquello dejó una huella profunda en determinados sectores del poder internacional. Más tarde llegaron sus vínculos con gobiernos latinoamericanos que incomodaban abiertamente a Washington. 

Sin embargo, el verdadero giro político de Zapatero llegó después de abandonar la presidencia. Habría podido convertirse en una figura decorativa del régimen, integrada silenciosamente en el circuito habitual de expresidentes, consejos de administración y conferencias bien remuneradas. Habría podido limitarse a ocupar el lugar discreto que el sistema reserva a quienes aceptan retirarse sin alterar los equilibrios de fondo.

Pero eligió otra función.

Defendió a Pedro Sánchez cuando buena parte del aparato socialista, los grandes medios y sectores del poder económico trabajaban para derribarlo. Validó alianzas políticas que el régimen consideraba anómalas o directamente ilegítimas. Protegió la interlocución con fuerzas nacidas del 15M y con el independentismo catalán cuando desde muchos ámbitos se reclamaba su exclusión total del espacio político legítimo. Participó además en la construcción de una salida política al conflicto catalán basada en la negociación y la amnistía, precisamente en uno de los temas donde el Estado profundo había trazado líneas rojas más rígidas.

Ahí es donde deja de ser simplemente un expresidente con negocios, relaciones o actividades de lobby —algo habitual en las élites españolas— para convertirse en una figura políticamente intolerable.

Porque Zapatero pasó a simbolizar algo mucho más inquietante para determinados poderes: la posibilidad de que el PSOE dejara de funcionar como una de las dos columnas previsibles del régimen y aceptara apoyarse en fuerzas que habían nacido precisamente cuestionándolo.

Ese es el verdadero núcleo del conflicto.

No se trata solo de corrupción ni de tráfico de influencias. Si ese fuera el criterio, medio establishment español habría acabado sentado ante los tribunales hace mucho tiempo. Lo que vuelve a Zapatero especialmente vulnerable es haber contribuido a desplazar los límites de lo políticamente aceptable.

Zapatero pasó así de ser un expresidente homologable a convertirse en algo mucho más peligroso para determinados poderes: un puente.

Un puente entre el PSOE tradicional y quienes habíamos nacido políticamente impugnando el régimen del 78. Un puente entre la vieja socialdemocracia y las fuerzas que cuestionaban los consensos territoriales, económicos y mediáticos de la Transición. No compartía todas nuestras posiciones, pero defendió nuestra legitimidad política cuando otros querían expulsarnos del marco democrático.

Y eso es precisamente lo que ciertos sectores no le perdonan.

En los últimos años, además, el conflicto se ha ampliado. El Gobierno español ha mantenido posiciones incómodas para sectores del atlantismo más duro: tensiones con Israel por Gaza, rechazo a determinadas exigencias de la OTAN, acercamiento económico a China o autonomía relativa frente a Trump. Y Zapatero ha aparecido simbólicamente asociado a buena parte de ese desplazamiento político e ideológico.

Por eso el castigo tiene también una dimensión ejemplarizante.

Porque cuando alguien del interior del régimen ayuda a legitimar a quienes lo cuestionan, deja de ser simplemente un adversario político: se convierte en un traidor.

Y al traidor no se le castiga solo por lo que hace, sino por la puerta que abrió.

Colombia vota este domingo y se enfrenta a una decisión que puede marcar la próxima década de su historia política. La disyuntiva es clara: dar continuidad al ciclo iniciado en 2022 con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia o interrumpirlo para abrir una etapa de deslizamiento por las pendientes de la extrema derecha.

Los sectores progresistas han cerrado filas en torno a la candidatura de Iván Cepeda. Hijo de una de las víctimas más emblemáticas de la violencia política colombiana, Cepeda ha construido su trayectoria desde la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y una convicción democrática que nunca ha necesitado elevar el tono para hacerse escuchar. En una época con inflación de liderazgos hiperbólicos, ha querido hacer de la serenidad su principal activo político. Junto a él, figuras de referencia como María José Pizarro, Clara López, Camilo Romero, entre muchos otros, han sabido ceder y construir para ofrecer una propuesta común.

Enfrente aparecen dos derechas, aparentemente distintas, pero conectadas. La primera es la tradicional, liderada por Paloma Valencia y heredera directa del uribismo. La segunda es la del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, en el pasado abogado de personajes de dudosa reputación, que ha crecido de forma fulgurante al calor de las redes sociales. Ofrece una candidatura basada en la confrontación permanente, el liderazgo personalista y la sempiterna promesa de resolver todos los problemas a base de mano dura y testosterona. Su discurso combina elementos del libertarismo agresivo de Milei (se hace llamar “el tigre” como aquel se hizo llamar “el león”), la pulsión punitiva de Bukele y una marcada inclinación reverencial hacia Trump. Todo aderezado con parte de las esencias culturales y políticas del uribismo clásico, al que aspira a sustituir por absorción.

¿Hay algo en medio? Hay poco. Por el centro, Sergio Fajardo y Claudia López suman entre el 3% y el 5% de la intención de voto según las encuestas. Salvo que Iván Cepeda logre más del 50% del voto en primera vuelta, este caudal de votantes podría jugar un papel relevante en segunda vuelta. A Fajardo le precede la experiencia previa de 2018, cuando tuvo que elegir entre el uribista Iván Duque o el entonces candidato Gustavo Petro. Y desapareció para no tener que elegir, dando así su bendición al uribismo por omisión. En esta ocasión, amenaza con hacer lo mismo, pero, con un ultra como De la Espriella enfrente, es muy posible que sus bases actúen con más cordura que su líder. También el voto exterior, donde España es una de las plazas centrales, con ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao que suman más de 262.000 votantes, puede llegar a ser decisivo.

¿Cuál es el balance del Gobierno Petro? Durante los últimos cuatro años, el país ha registrado un crecimiento económico sostenido, una reducción del desempleo y avances significativos en materia laboral y social. El incremento del salario mínimo, con una subida excepcional del 23%, ha permitido recuperar capacidad adquisitiva a millones de trabajadores en un país donde una parte muy importante de la población percibe ingresos próximos a ese umbral. La reforma pensional busca corregir algunas de las desigualdades más profundas del sistema y la reforma laboral ha ampliado derechos largamente demandados.

Nada de ello significa que el balance sea perfecto. La persistencia de grupos armados, economías ilegales y dinámicas de violencia territorial demuestra hasta qué punto los problemas de Colombia son más profundos que cualquier ciclo presidencial. Queda pendiente la ansiada “paz total” que el propio Ejecutivo saliente se marcó como prioridad. Tampoco la reforma de la salud alcanzó el grado de desarrollo que sus impulsores esperaban, atascada en un legislativo que se entregó muy pronto al bloqueo al ejecutivo, sin espacios para diálogos o negociaciones que permitiesen avances.

Lo que está en juego en estas elecciones no es únicamente quién ocupará la Casa de Nariño. Se decide si se da la oportunidad de consolidar transformaciones a quienes, con mayor o menor éxito, las iniciaron hace cuatro años o si se sucumbe a una nueva ola de liderazgos iliberales que recorre parte del continente, alimentada por los nuevos ánimos injerencistas propiciados desde Washington y su doctrina Monroe 2.0. Una victoria de Cepeda en Colombia contribuiría a consolidar la foto que hace poco más de un mes se hicieron en Barcelona los líderes progresistas de la región, fortaleciendo el eje México, Colombia, Uruguay y Brasil (que tiene a Lula en la antesala de elecciones presidenciales este próximo mes de octubre).

Hace cuatro años, en este mismo espacio, anticipamos que Petro iba a ser presidente. Entonces se abrió una oportunidad histórica para la izquierda colombiana: podía gobernar el país sin provocar el apocalipsis anunciado por sus adversarios. Cuatro años después, esa hipótesis ha sido contrastada por la realidad. Ahora corresponde a los ciudadanos decidir si ese camino merece ser profundizado o si el país prefiere aventurarse por una senda cuyos precedentes recientes, en América Latina y fuera de ella, invitan más a la preocupación que a la esperanza.

Trabajo como profesor en un instituto público de Alcoy (Alicante) desde hace más de 15 años. Este curso escolar imparto clases de Filosofía en 4 grupos de 1º de Bachillerato (30-35 por aula) y de Educación en Valores en 3 grupos de 4º de ESO (20-30 por aula), casi un total de 200 alumnos para mí solito. Cap problema, los profes de corazón somos unos campeones del servicio, y la ratio de los años anteriores no fueron mejores. Esta cantidad de alumnos por aula hace que, entre otras, la atención sostenida en clase se vuelva odisea para unos cuerpos presentes de 7:55 a 15:05, y que la corrección en casa de trabajos y exámenes pase de suplicio a calvario. No es la queja banal la que alienta estas palabras, pero en mis más de 20 años de docente no he tenido ni un solo día de libre disposición, y solo he estado de baja una vez por un accidente que tuve al acompañar al alumnado en una actividad extraescolar fuera del horario lectivo. Poca gente lo sabe pero muchos profesores enferman a principio del verano por la bajada del cortisol y adrenalina tras acumular meses de estrés crónico en las aulas. No es un mito. La salud mental de los maestros y profesores es cada vez más delicada. El burnout docente sigue creciendo y sigue quemando vocaciones.

Este curso escolar también soy tutor de un grupo de Bachiller y eso, hacer de gestor eficiente y padre consolador a la vez a más de 30 adolescentes en estado de ebullición en una hora de Tutoría un lunes de 14:10 a 15:05, en fin… ese trabajo no tiene precio y creo que tampoco tiene nombre. Ya le he dicho a mi clase que no cuenten conmigo este año para ningún viaje de fin de curso; y cap problema, me han dicho los benditos. Bueno, y para qué seguir por aquí, hace poco en mi instituto agredieron brutalmente a un profesor y le arrancaron un trozo de oreja. ¿Desconexión digital? Me río. ¿Blindar el valenciano? Me parto. ¿Exceso de burocracia inútil, de informes por evaluación, actas de reuniones, propuestas didácticas y programaciones de aula que no sirven para nada? Me harto. ¿Deficiencias de las infraestructuras, falta de medios materiales y humanos para proporcionar una educación personalizada, digna y de calidad? No te quejes, con las vacaciones que tienes, nos dicen de fuera los que no entienden. ¿Que nos suben el sueldo 200 euros en 2 años y aún queremos más? ¿Es que los docentes valencianos no tienen vergüenza para seguir de huelga? Somos de los peores pagados en nuestro país, digan lo que digan los políticos valencianos de turno con sus sueldazos aumentados. De hecho, mis actuales jefes, el Presidente de la Generalitat Valenciana y la Consellera de Educación, esos sí que son unos sinvergüenzas descomunales. ¿Seguir aguantando y conformarse con lo que hay o seguir luchando más para conseguir reformas y mejoras? ¿Es ese el dilema real?

La educación siempre ha servido en España como arma ideológica arrojadiza de más bien corto alcance. Las diferentes reformas educativas, la LOE (2006), la LOMCE (2013) impulsada por el PP y conocida como “Ley Wert” (otro sinvergüenza), y la LOMLOE (2020) impulsada por el PSOE, no han servido para mejorar nuestra educación sino para todo lo contrario. Hace ya unos años recuerdo haber colgado por todo el instituto fotos boca abajo del Conseller de Educación de entonces, Font de Mora, otro tunante desvergonzado. Por aquel entonces el gobierno autonómico quería boicotear la asignatura de Educación para la Ciudadanía propuesta por el gobierno nacional obligando a los profesores valencianos a impartir la asignatura en inglés: no les gustaba usar el término “matrimonio” entre homosexuales y otras cuestiones “políticas” de los nuevos libros de texto. ¿Acaso educar es adoctrinar? La podredumbre estructural del sistema educativo era ya entonces igual que ahora. Entonces hice huelga, prácticamente yo solo, y durante varias semanas manifesté mi desacuerdo dando clases en el patio y realizando otras acciones reivindicativas, pese a las llamadas de Inspección Educativa a mi Director para disuadirme como fuere. La presión, otrora, ya era máxima. ¿Por qué ahora y no antes han salido los docentes valencianos a reivindicar con tanta fuerza esas justas y necesarias reclamaciones educativas? Esta es mi pregunta crítica al respecto de la huelga indefinida de los docentes valencianos, a la que ya parece -con todo- que le queda poco recorrido tras la división de los sindicatos que tiran del carro.

El asunto es poliédrico sin duda, y no quiero resultar frívolo ni parecer hipócrita expresando mi opinión como lo hago, desde dentro del mismo sistema que me paga el sueldo y al que pertenezco como funcionario público y docente catedrático. Pero recuerdo que la convivencia no es connivencia y que la libertad de conciencia, como la chispa del corazón, ni se compra ni se vende. Así que, en efecto, una cara protagonista de esta marea verde valenciana han sido los sindicatos que por fin esta vez han impulsado y han liderado de forma conjunta este parón histórico (el primero indefinido desde 1988) que llega a su fin con el fin del actual curso escolar, tras el enorme esfuerzo y el cansancio acumulado por parte de tantos maestros y profesores. Pero junto con el malestar estructural acumulado durante muchos años (ratio de alumnos por aula, pérdida de poder adquisitivo, precariedad laboral y contratos parciales, sobrecarga de burocracia inútil, falta de recursos, etc.), hay que señalar también otra cara importante en este poliedro: el aumento del agravio comparativo entre los centros públicos y privados, esto es, la creciente degradación y ninguneo de la escuela pública en favor de la privada y concertada, siguiendo los pasos de la Comunidad de Madrid y su privatización de los servicios básicos, educación y sanidad, que dejan de ser públicos para pasar a ser de los más ricos y adinerados. 

Ya pasó con la educación superior y la aplicación del Plan de Bolonia (2007-2010) en España: sacarte una carrera universitaria te cuesta un ojo de la cara. Las pobres no acceden en igualdad de condiciones a los estudios superiores. Y no pasa nada. Y ahora, siguiendo el nefasto modelo yanki, se está intentando hacer lo mismo en España con la educación infantil, primaria y secundaria. En gran parte ya se ha conseguido. En Alcoy, por ejemplo, hay un total de 22 centros educativos, solo 8 son públicos (4 CEIP, 3 IES y 1 CPEE), el resto son centros privados o concertados. Y no es sólo la cantidad de dinero extra que pueden recibir estos centros educativos, el lavado de cerebro que tiene el alumnado cuando llega a 1º de Bachiller desde estos colegios es significativo, los primeros debates polémicos en clase son verdaderas carnicerías, me juego el tipo, el puesto, la calma y los nervios. ¿Cómo reivindicar entonces el trabajo filosófico y el pensamiento propio crítico con esta programación de base? ¿Y cuántos docentes que trabajan en centros públicos llevan a sus hijos e hijas a colegios concertados y privados? Y ya que estamos, ¿cómo mandar trabajos para casa al alumnado, cómo enseñar a pensar por uno mismo, cuando el Chat GPT puede hacer por ti tan fastidiosa tarea? Mis alumnos más mayores, a la pregunta de cuántos profesores podrían ser sustituidos por una Inteligencia Artificial Generativa, me responden sin dudar que la mayoría… 

Apoyo totalmente a mis compañeros docentes en sus reivindicaciones porque, repito, me parecen justas, razonables y también necesarias, pero lo eran ya hace muchos años. La educación pública en España está degenerando in crescendo desde hace tiempo, y me temo que lo que al final se consiga ahora apenas sea una tirita para una herida tajante, abierta y sangrante. El que no llora no mama, de acuerdo, pero mi impresión es que toda la presión por la huelga indefinida, todo el esfuerzo bienintencionado de tantos y tantos docentes y familiares, solo va a servir para salvar los platos, de unos y de otros, otra temporada más. Veremos el curso que viene en la praxis qué de nuevo hay. Las dimisiones en bloque de equipos directivos, el boicot a las correcciones de la Selectividad, las concentraciones en pueblos y ciudades, las manifestaciones multitudinarias, los sindicatos, los partidos políticos, las banderitas de colores, son luces de faroles necesarias en un juego de cartas en el que, esta vez, yo prefiero no jugar. 

Hay otra revolución educativa más silenciosa y menos ruidosa, más personal y menos de masas. ¿Quién educa a los educadores? ¿Quién forma a los formadores, madres y padres? La raíz del problema educativo es un problema social de base, y no se pueden separar. Así que busquemos también el origen y la genealogía de la enfermedad y no solo poner parches temporales a los síntomas más graves. Un pacto educativo a nivel nacional que no se pueda tocar con cada político nuevo que aparezca no parece algo posible con el actual sistema. Si la casa es ya una ruina, las reformas poco arreglan y, en el fondo, alargan el problema. Así que habrá que cambiar la casa desde los cimientos y en su totalidad. O cambiar de hogar. Un nuevo paradigma nace y se abre paso de forma aún incipiente. Con más de 30 almas en una misma aula, también una suerte de magia a veces acontece. Así que sí, otra educación es posible porque otra educación está ya presente en todos esos maestros del corazón que, pese a todo, hacen de forma discreta un valioso trabajo de vocación y servicio al espíritu humano. 

Granadilla de Abona, domingo 10 de mayo, 6:40 horas. El crucero MV Hondius fondea frente al puerto industrial pese a los intentos de rebelión del presidente canario. No atraca. Un equipo de Sanidad Exterior —médicos, técnicos de salud pública, equipo protector completo— sube primero al barco para realizar la evaluación epidemiológica de pasajeros y tripulación. Los pasajeros son evacuados con gran eficiencia en aviones fletados especialmente para repatriarlos a sus países de origen para que inicien ahí sus respectivas cuarentenas. Los ciudadanos españoles son conducidos al Hospital Gómez Ulla que dispone de todas las facilidades necesarias para atenderlos y supervisar sus cuarentenas y para lidiar con un brote de Hantavirus de los Andes, incluida una planta de aislamiento para quienes pudieran resultar positivos.

Horas después, en el mismo puerto, comparece ante los medios el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Administraciones Territoriales, Víctor Ángel Torres. Esa imagen —el máximo responsable de la salud mundial avalando in situ el dispositivo español en coordinación con otras instituciones europeas como el ECDC y la protección Civil Europea— dice más sobre lo ocurrido que cualquier comunicado oficial.

El operativo del 10 y el 11 de mayo en Granadilla ha mostrado lo mejor de la salud pública española, de la coordinación con las instituciones europeas y de la cooperación sanitaria multilateral encabezada por la Organización Mundial de la Salud. También ha dejado en evidencia las lagunas tanto del marco europeo como del Reglamento Sanitario Internacional: la coordinación existe, pero las obligaciones vinculantes en materia de medidas restrictivas siguen sin existir, y desafortunadamente cada país va a su aire. Pero España ha sabido sacar pecho, jugar en equipo y responder a los imperativos humanitarios, sanitarios y morales internacionales que la situación demandaba

El operativo se saldó sin incidentes. Los 14 pasajeros españoles fueron evacuados, trasladados por la Unidad Militar de Emergencias al aeropuerto de Tenerife Sur, volados a Torrejón y conducidos al Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, donde guardan cuarentena. La Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria —una de las diecisiete que existen en España— había quedado preparada por si era necesaria. La Audiencia Nacional rechazó paralizar el desembarco. El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea aportó una ambulancia aérea de Noruega. Cero contagios comunitarios en España. Es la cifra que importa. Y es, sobre todo, una victoria de una manera de hacer las cosas que merece ser explicada.

El primer ministro neerlandés agradeció públicamente a España la gestión. El presidente del Gobierno lo resumió en una frase que merece subrayado: “el mundo nos observa y vamos a responder a la altura”. Y así fue. Prueba de ello ha sido la aclamación unánime de los delegados de 192 Estados miembros de la OMS a la intervención del presidente del Gobierno de España en la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud el lunes 18 de mayo al manifestar su decidido apoyo al multilateralismo sanitario.

El marco que ha hecho esto posible: el Reglamento Sanitario Internacional

El operativo de evacuación del Hondius no fue una improvisación. Se ejecutó dentro de un marco jurídico internacional que conviene recordar, porque es poco conocido y porque, en buena medida, explica lo que funcionó. Se trata del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2005, vinculante para los Estados Parte de la OMS. El RSI obliga a cada país a mantener capacidades mínimas de detección y respuesta, a designar un punto focal nacional disponible las 24 horas, a notificar a la OMS en un plazo de 24 horas cualquier evento que pueda constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional y a colaborar en la respuesta internacional para enfrentar brotes, epidemias y pandemias.

España actuó, en este caso, como un Estado Parte modelo. Sanidad Exterior —la subdirección general del Ministerio de Sanidad responsable de puertos, aeropuertos y fronteras— ejerció sus competencias con precisión. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias coordinó con la OMS y con las autoridades de los Países Bajos (bandera del buque), el Reino Unido (responsable de la escala en Santa Helena), Francia, Alemania y Cabo Verde. Que el director general de la OMS escogiera comparecer en Granadilla, y no en Ginebra, es un dato. Tedros no acude a operativos rutinarios. Este era un caso especial. Un dispositivo emblemático de la coordinación sanitaria internacional y una clara muestra a países como EE. UU. y Argentina del craso error que han cometido al abandonar la OMS y salirse del marco del reglamento Sanitario Internacional. También es una señal de cómo se debe actuar en las previsibles crisis futuras.

Lo que la Unión Europea ha hecho bien

El marco europeo también funcionó, y conviene reconocerlo. El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta de la UE —el EWRS, por sus siglas en inglés— distribuyó la información a los Veintisiete y a los Estados asociados. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, con su mandato ampliado tras la pandemia (Reglamento UE 2022/2370), publicó una evaluación rápida de riesgo el 4 de mayo y la actualizó una semana después dando a conocer la confirmación genética de la cepa andina no mutada. El nuevo Reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud —el 2022/2371— ha demostrado que el aprendizaje de la COVID-19 ha dejado herramientas utiles. La HERA, la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias creada en 2021, asegura ahora la disponibilidad de contramedidas. El Mecanismo de Protección Civil Europea, como dijimos, también aportó medios. Todo esto representa un avance objetivo respecto a 2020. Negarlo sería injusto. Pero no es suficiente.

Las insuficiencias del marco mundial y europeo 

Pero el éxito de la operación no tiene por qué hacernos pasar por alto los aspectos en los que los marcos multilaterales europeo y mundial resultan insuficientes y hay que referirse a ello sin ambigüedad. El RSI y el derecho europeo de la salud pública obligan a los Estados a detectar, a notificar y a compartir información. No los obligan, salvo recomendaciones, a aplicar medidas restrictivas armonizadas: cuarentenas, aislamientos, restricciones de movimiento. El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sitúa la salud pública como ámbito de coordinación y apoyo, no de armonización legislativa. Y eso ha tenido consecuencias visibles esta misma semana.

España impone una cuarentena de cuarenta y dos días a los catorce pasajeros nacionales, en línea con el periodo de incubación del hantavirus andino, que puede llegar a seis semanas. Francia aplica seis semanas a sus cinco pasajeros repatriados. Otros países de la UE con pasajeros en el Hondius no han comunicado públicamente protocolos equivalentes. Los treinta pasajeros que abandonaron el crucero en Santa Helena —territorio británico de ultramar— antes del estallido público de la crisis siguen siendo, a día de hoy, un agujero negro en el seguimiento internacional. Cada país aplica el protocolo que considera, o no aplica ninguno. Y un patógeno con período de incubación largo y letalidad alta merece algo más que la suma desordenada de decisiones nacionales.

La enfermedad no tiene fronteras y ningún país es una isla epidemiológica. Esto debería llevarnos a más capacidad vinculante de los marcos europeos y mundiales. 

No estamos planteando armonización total ni traspaso de soberanía sanitaria a Bruselas. Estamos diciendo que, en eventos transfronterizos calificados como tales por el ECDC o la OMS, las medidas restrictivas básicas —cuarentenas, vigilancia activa de contactos, criterios de notificación al país de destino— deberían tener un estándar mínimo vinculante. La pandemia de COVID-19 nos enseñó que la asimetría de respuestas erosiona la eficacia colectiva. Y los patógenos no se molestan en consultar competencias antes de saltar fronteras.

España: por qué el mando único importa

La lección española con relación al Hondius tiene también un capítulo doméstico que conviene abordar con franqueza. En la madrugada del 10 de mayo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que no aprobaba la entrada y el fondeo del crucero en el puerto de Granadilla. La Marina Mercante, dependiente del Gobierno de España, le recordó lo que el ordenamiento jurídico establece de manera inequívoca que los puertos de interés general son competencia exclusiva del Estado (artículo 149.1.20ª de la Constitución) y la Sanidad Exterior también lo es (artículo 149.1.16ª). El crucero fondeó.

No se trata aquí de hacer leña política del episodio, sino de extraer la lección institucional. En materia de salud pública transfronteriza, España tiene un sistema constitucional que atribuye la respuesta a la administración central a través de Sanidad Exterior. Esa preeminencia responde a una lógica funcional simple. Las amenazas sanitarias que llegan por puerto, aeropuerto o frontera no respetan los límites territoriales autonómicos, y exigen un único interlocutor capaz de notificar a la OMS, activar el EWRS, coordinar con otros Estados y dirigir el dispositivo sin fricciones competenciales. Diecisiete autoridades sanitarias autonómicas no pueden —ni deben— negociar con la OMS la respuesta a un brote transfronterizo.

El operativo del Hondius funcionó precisamente porque el mando único se ejerció con normalidad institucional. Es exactamente lo que durante la pandemia de COVID-19 hubo que hacer en la fase del Estado de Alarma pero que, al desactivarse, en muchos momentos falló por la proliferación de criterios autonómicos divergentes que afectaron la coherencia de la respuesta. También hemos echado en falta que la Agencia Estatal de Salud Pública, recién creada por Ley y aún en proceso de despliegue, estuviera operativa. Este episodio, al haber sido protagonizado por España, debería ser tenido en cuenta en la articulación de sus capacidades de vigilancia, coordinación y respuesta ante amenazas transfronterizas, las cuales necesitan asentarse sin ambigüedad competencial. Es el momento de poner en pie esta Agencia.

Tres propuestas

En nuestra opinión hay tres propuestas operativas que valdría la pena considerar a partir de esta experiencia.

Primera. Avanzar, en el marco de la revisión del RSI aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2024 y en la futura negociación del Acuerdo sobre Pandemias, hacia obligaciones vinculantes mínimas en materia de medidas restrictivas para eventos transfronterizos calificados. Cuarentena, vigilancia activa de contactos y notificación al país de destino deberían tener un suelo común. España, con la credibilidad técnica acumulada este fin de semana, está en condiciones de liderar esa propuesta.

Segunda. Reforzar el papel de la HERA y dotar al ECDC de capacidad operativa, no solo evaluadora. Que el ECDC pueda movilizar equipos de respuesta rápida —algo que hoy solo realiza la OMS— acortaría los tiempos críticos en el espacio europeo.

Tercera. Consolidar en España la preeminencia de Sanidad Exterior y dotar a la nueva Agencia Estatal de Salud Pública de los recursos técnicos, humanos y normativos que la pongan a la altura de sus pares europeos. Un solo punto focal, una sola cadena de mando, una sola voz técnica frente a la OMS y la UE.

El Hondius ha dejado este fin de semana una imagen que vale por mil informes: la del director general de la OMS validando, sobre el suelo de Tenerife, una operación española en la que han coincidido eficacia técnica, serenidad política y coordinación europea. El patógeno no era el SARS COV 2 y el dispositivo no tenía precedentes recientes en Europa, pero el resultado está ahí: trece ciudadanos españoles en cuarentena segura, uno más positivo en el aislamiento adecuado, cero contagios comunitarios, una imagen pública de competencia institucional. No es poco. Lo que falta —un marco europeo y mundial más vinculantes y una arquitectura interna sin fisuras— depende ahora de las decisiones que se tomen. Buena parte de ellas pasan por Madrid, por Bruselas y por Ginebra. Algunas pueden empezar a tomarse desde ya. 

Hay una confusión de partida que ha generado siempre muchos desconciertos. La especie humana es la única que puede ser “moral”, es verdad, pero no es una especie moral: es una especie sociable. Confundir ambas cosas induce a sorpresas y decepciones terribles. ¿Cómo es posible que nuestro vecino, tan simpático, tan generoso, tan cortés, se revele de pronto un asesino en serie con diez cadáveres enterrados en el jardín? O a más pequeña y frecuente escala: ¿cómo puede ocurrir que nuestro compañero de trabajo, chistosísimo y cariñosísimo, siempre dispuesto a hacernos un favor, nos delate a la policía del dictador o se niegue a escondernos en su casa cuando somos perseguidos por el nazismo?

Los humanos somos sociables pero no morales y como nuestra sociabilidad requiere amabilidad damos por sentado este paso. Pero no, no hay ninguna relación entre prestar un huevo a un vecino y oponerse a una dictadura. En abstracto, el mundo es sombrío; en concreto, alegre y tranquilizador. El 99% de la gente es maja, sin duda, pero no lo es por moralidad sino por sociabilidad. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo no va a ser bueno alguien que nos cae bien? ¿Cómo no va a ser bueno alguien que nos hace reír tanto? Y nosotros mismos, ¿cómo no vamos a ser buenos si pagamos las cervezas, damos conversación a la viuda del sexto y lloramos sinceramente ante la dolorosa confesión de nuestra amiga Marta?

Eso que Hannah Arendt llama “pensamiento” no preside ni nuestra inteligencia ni nuestra vida cotidiana; como sólo sirve para desactivar los mecanismos rutinarios de la vida social, se activa únicamente en las grandes encrucijadas históricas y nadie puede saber de antemano de qué lado estará. Como dice la propia Arendt, el “pensamiento”, al contrario que la inteligencia, es una facultad potencialmente universal; todos somos capaces de pensar, en efecto, pero casi nadie piensa de manera habitual; y por eso, en los momentos decisivos, cuando todo depende de un gesto de coraje, puede ocurrir que el sabio no piense y el ignorante sí. Esto explica por qué la Historia la suele hacer el Mal radical mientras que la sociedad, en cambio, es obra del Bien banal.

La especie humana está preparada para reunirse, hablar, colaborar, pero no está preparada para la Historia, que a veces reclama de nosotros grandes decisiones “morales”, en sentido positivo o negativo. El Bien banal de la sociabilidad humana, quiero decir, preserva y reconstruye, pero no transforma; aún más: en momentos Históricos decisivos sucede con frecuencia que es él el que se transforma en su contrario: en ese Mal banal que colabora con el Mal radical y su obra de destrucción histórica. Los buenos alemanes, los buenos franceses, los buenos españoles en los que puedes confiar todos los días del año se vuelven nazis el único día en el que hay que decidir el destino colectivo. Y no lo hacen empujados por la inmoralidad sino por esa misma sociabilidad -compuesta de pequeñas virtudes comunes- que el resto del año nos salva a todos.

En todo caso, si no hay guerra o dictadura, en una democracia liberal normal (esa cosa cada vez más rara) nuestra vida discurre en los otros 364 días del año, cuando somos los mejores amigos y los mejores vecinos; y es esa la razón por la que la política tiene más que ver con la sociabilidad que con la moralidad. Su propósito, en efecto, no puede ser garantizar el imperio del Bien sino evitar la destrucción social. De hecho, sólo las dictaduras ofrecen patrones obligatorios de virtud y obligan a los ciudadanos a ser activa y probadamente “buenos”. Un sistema democrático, al revés, está compuesto de instituciones que, “pensando” por nosotros, nos permiten ser normalmente sociables: no tenemos que convertirnos en médicos para sobrevivir a un cáncer ni en policías para defender nuestras propiedades ni en jueces para dirimir la culpabilidad o inocencia de un acusado: no tenemos que ser Robinson Crusoe construyendo el mundo desde cero en soledad absoluta. Ahora bien, esas instituciones, porque conservan y accionan pensamientos coagulados, tienen que protegerse (y protegernos) de una sociabilidad excesiva. La política institucional, que garantiza nuestra sociabilidad, no puede ser, no, demasiado sociable.

Lo que quiero decir con todos estos rodeos es que la corrupción no es más que una perversión de la sociabilidad (especialmente la masculina). Todas esas malversaciones de capital, tráficos de influencias, sobornos, mordidas, contratos irregulares, etc., ¿no se deciden en mesas bien surtidas y mejor regadas, en conversaciones divertidas y a veces íntimas, entre gentes majas que se tienen verdadero afecto recíproco y que acaban robando a todos los españoles en el cumplimiento banal de sus pequeñas virtudes comunes? ¿No son y se sienten buenos los que manipulan una oferta de trabajo en beneficio de la hija de un amigo necesitado, los que piden o aceptan comisiones de un empresario simpatiquísimo experto en vinos, los que se reparten equitativamente, con filantrópico desapego, el dinero público? Aún más, ¿no son y se sienten también buenos los que, para salvar a España, “hacen lo que pueden” contra el gobierno desde la judicatura o la policía? ¿No se sienten buenos cuando se invitan a comer, se piden la segunda copa, se palmean los hombros con calidez sincera antes de lanzar un bulo, redactar una sentencia o destruir pruebas que podrían inculpar a los suyos? 

Quizás es esta la cuestión. Quizás los españoles somos más corruptos que los suecos o los alemanes porque somos más sociables. Quizás los casos de corrupción de las últimas décadas, de uno y otro lado, Rato, Rita Barberá, Montoro, Zaplana, Ábalos, Koldo, Cerdán, y ese larguísimo etcétera que nutre 261 sumarios del PP y 143 del PSOE (¿quoque tu, ZP?) se explican sencillamente por nuestras virtudes más constructivas: porque queremos más a nuestros amigos, somos más generosos con nuestras amantes, nos gusta más cantar, reír, comer y celebrar en compañía. Quizás la corrupción es sólo el efecto colateral de una sociabilidad (preponderadamente masculina) mal colocada, fuera de su lugar natural. 

Este desplazamiento no es un una cuestión baladí. Porque ocurre que si la sociabilidad se infiltra y compromete las instituciones que protegen nuestra sociabilidad, la sociedad acaba dañada sin remedio. De pronto las instituciones ya no piensan por nosotros. Ya no sabemos si podemos o no fiarnos del médico, del periodista, del político, del juez, del policía. 

La más destructiva es sin duda la sociabilidad de los jueces porque su independencia constituye el último baluarte de la democracia. Los casos reiterados de lawfare en España en esta última década han dejado la justicia hecha jirones a los ojos de parte del electorado, sobre todo en la izquierda, y esto hasta el punto de que ahora, por ejemplo, no sabemos dónde colocar la imputación del expresidente Zapatero. ¿Del lado de Begoña Gómez y el ex-fiscal general García Ortiz o del lado de Ábalos, Koldo y Santos-Cerdán? No saberlo nos vuelve desconfiados; nos impide ejercer nuestra sociabilidad natural. Nos ponemos a pensar por nosotros mismos, interrumpimos así los automatismos de las instituciones y, como no tenemos ni respuesta ni reemplazo, acabamos volviendonos misántropos, suspicaces, agresivos. 

Volvamos al principio: nadie quiere tomar decisiones morales; nadie quiere verse en el aprieto de decidir moralmente el destino colectivo; todos queremos seguir siendo sencillamente sociables. Para eso necesitamos un orden político realmente democrático. Lo que no podemos perdonar al PP es que, zapando de manera despiadada las instituciones con el objetivo de gobernar a cualquier precio, haya quebrado la confianza en el poder judicial. Lo que no podemos perdonar al PSOE es que, cuando más lo necesitamos, vuelva a ser tan sociable tan sociable tan sociable como sus rivales políticos; y de esa manera nos deje a todos más expuestos e inermes, mental, política y electoralmente, frente a los que quieren “moralizar” nuestra sociabilidad contra los inmigrantes, las mujeres, los “separatistas”, los vulnerables. 

En política, hay momentos en los que los hechos importan menos que la atmósfera. España vive precisamente uno de esos periodos. El debate público aparece dominado por una sensación de desgaste permanente y ruido político continuo que proyecta la idea de un país bloqueado. Pero la paradoja es que conviven dos realidades distintas: una percepción pública de inestabilidad y, al mismo tiempo, una notable capacidad de resistencia institucional del Gobierno.

El “caso Zapatero” ha intensificado esa sensación de agotamiento. No solo por los indicios o por el impacto mediático del sumario, sino porque cada nueva filtración alimenta un clima de sospecha difícil de gestionar políticamente. La estrategia de silencio del expresidente —comprensible desde el punto de vista procesal— tiene, sin embargo, costes evidentes para La Moncloa. En política, los vacíos comunicativos rara vez permanecen desocupados: los invade el adversario, el marco mediático o la especulación.

Probablemente, faltó desde el inicio una explicación institucional más exhaustiva sobre el rescate de Plus Ultra. Cuando la transparencia llega tarde, incluso procedimientos ajustados a derecho pueden aparecer ante parte de la opinión pública como políticamente opacos.

Eso explica que el Ejecutivo esté hoy atrapado en una posición defensiva. Y, sin embargo, la legislatura no está paralizada. Pese al relato permanente de bloqueo, desde las elecciones del 23 de julio de 2023 el Congreso ha aprobado alrededor de 60 iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno y el bloque de investidura. Sánchez gobierna en minoría y en un Parlamento fragmentado, pero sigue sacando adelante más legislación de la que transmite el clima político o mediático.

La cuestión central ahora es cómo reaccionan los socios parlamentarios. Y ahí lo que observamos es un reposicionamiento preventivo. Todos intentan marcar distancia retórica ante un posible agravamiento del caso, especialmente de cara a la declaración de Zapatero prevista para junio. Pero los órdagos tienen efectos limitados si no son performativos. El ejemplo más claro es el PNV. Puede elevar el tono e incluso pedir elecciones anticipadas, pero sabe que apoyar una moción de censura junto al PP y Vox tendría costes políticos enormes. No solo porque compite con EH Bildu en un espacio sensible a pactos con la derecha española, sino porque gobierna junto al PSE en Euskadi. Romper en Madrid podría poner en riesgo ese equilibrio territorial construido durante años.

Por eso Sánchez sabe que la legislatura todavía puede resistir. El umbral verdaderamente crítico no está tanto en el ruido político como en la posibilidad de que aparezcan pruebas de financiación irregular del partido o indicios de tráfico de influencias que afecten al núcleo gubernamental.

Y ahí emerge el otro gran actor: Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP vive atrapado en un auténtico dilema del prisionero político. Necesita aumentar la presión sobre Sánchez para capitalizar el desgaste, pero su dependencia de Vox limita enormemente su capacidad de construir una mayoría alternativa transversal. Cada pacto autonómico con Abascal refuerza la idea de que el PP carece de un proyecto autónomo de gobierno.

Por eso la hipótesis de una moción de censura resulta especialmente arriesgada para Feijóo, al igual que trasladar toda la responsabilidad a los socios de Sánchez. Apelar al precedente de 2018 es además tramposo: entonces existía una sentencia firme contra el PP en el caso Gürtel. A ello se suma que el presidente de los populares obvia que su alianza con Vox ha consolidado un “bibloquismo imperfecto” en el Parlamento español, donde la extrema derecha solo tiene a su partido como socio posible. Eso dificulta cualquier ecuación alternativa con fuerzas nacionalistas o moderadas, a diferencia de otras democracias como la portuguesa o la alemana.

Feijóo podría perder una moción no solo aritmética, sino políticamente, porque no proyecta una alternativa clara de poder. Los propios datos del CIS reflejan ese problema de liderazgo. En el barómetro de abril apenas aparecía como presidente preferido para un 9,9% de los ciudadanos, solo dos puntos por encima de Abascal. Pero quizá el dato más significativo está dentro de su propio electorado: únicamente un 47,7% de los votantes del PP le señalan como líder preferido, muy lejos del nivel de cohesión interna que mantiene Pedro Sánchez, respaldado por un 78,5% de sus votantes.

El problema de fondo es que el malestar ciudadano ante la corrupción está dejando de ser episódico para convertirse en estructural. El CIS ya reflejó tras el estallido del caso Ábalos un fuerte incremento de la preocupación por la corrupción, que llegó al 25% en julio de 2024 y que, aunque descendió después hasta el 8,9% en abril, previsiblemente volverá a repuntar ahora. La paradoja es que ese descontento no está siendo capitalizado principalmente por el PP, cuya pesada herencia reputacional limita su credibilidad como fuerza regeneradora.

Quien sí rentabiliza emocionalmente ese clima es la extrema derecha. No solo desde las redes sociales o determinadas tribunas mediáticas, sino también en la calle. La manifestación del sábado convocada por Sociedad Civil, arropada por toda la galaxia ultra, recordó inevitablemente a las protestas de Ferraz contra la amnistía: una movilización permanente basada en la deslegitimación moral del adversario y en la idea de que las instituciones han sido capturadas.

Ahí reside quizá el principal riesgo político de esta etapa. Porque las respuestas fáciles —una moción, un adelanto electoral o el ruido parlamentario— no resuelven el problema de fondo. La cuestión es cómo reconstruir confianza democrática antes de que el desgaste derive en desafección.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado. A partir de ahí, aunque ha encontrado algunos comentarios de apoyo, casi todas las reflexiones han sido prudentes, matizadas, y no incondicionales respaldándole. Siempre se habla de la crisis de credibilidad de la justicia, pero hay que aceptar que todavía conserva un no desdeñable prestigio en la sociedad porque, de lo contrario, cuando alguien es investigado por los tribunales, surgirían más voces recelando de sus actuaciones. Sin embargo, no es así, ni siquiera en casos en que desde el principio es evidente que no hay absolutamente nada contra esa persona, como, por cierto, les ha pasado a algunos humoristas, sin ir más lejos. O hasta a dos titiriteros, que acabaron en prisión provisional por representar un guiñol en el que una de las marionetas, con intención incuestionablemente satírica, exhibía el cartel “Gora Alka-ETA”. O a la pobre Dolores Vázquez, cuando lo único que objetivamente la involucraba con los hechos era un tremendo prejuicio ciudadano contra la homosexualidad, completado con amarillismo periodístico y una mala praxis policial.

Pero es indiferente. La memoria de los errores colectivos es muy corta. La realidad es que nadie cree a un reo. Este es un drama que ha sufrido cualquiera que ha estado involucrado en un proceso penal. Por mucho que tus amigos o tu propia familia te conozcan muy bien y sepan que serías incapaz de hacer según qué, cuando se produce una imputación, por disparatada que sea, se activa en la cabeza de cualquier persona el siguiente pensamiento: ¿Será verdad?

Científicamente no se ha estudiado mucho esa reacción instintiva, aunque existen claras razones psicológicas y sociológicas que la explican. En primer lugar, todo ser vivo tiene instinto de supervivencia, lo que biológicamente le lleva a alejarse inmediatamente de los peligros. Obviamente, el autor de un delito puede serlo, pero para identificarlo como peligro, antes hay que creer la imputación que existe sobre él. Y en eso cae todo el mundo. Además, existe una tendencia en el ser humano a interesarse mucho en informaciones desconocidas y alarmantes. Esa tendencia se explica también por ese instinto de supervivencia, aunque también por algo que ha hecho crecer muchísimo a nuestra especie: el hecho de poder compartir información a través del lenguaje. Por ello el periodismo se especializa especialmente en ese tipo de datos, porque son los que tienen más éxito de audiencia. Y es justamente esto, la difusión en la sociedad, lo único que necesita un rumor para consolidarse como información falsariamente verdadera en la sociedad. Lo tiene muy bien estudiado la Psicología social en interesantes análisis muy reveladores.

Todo ello genera lo que llamo desde hace años “prejuicio social de culpabilidad”. Es sistemático en cualquier cultura del mundo, y precisamente para combatirlo y dejarle al reo alguna oportunidad de defensa, existe desde hace casi 3.800 años la presunción de inocencia, a la que ya se refería indirectamente el Código de Hammurabi nada menos que en su Ley 1. Tan importante era ya entonces el problema que incluso podemos encontrar, siglos después, una referencia ya directa a la presunción de inocencia en el Shujing chino, que data nada menos del siglo IV a.C. Pero la afirmación que ha influido a nuestra cultura la debemos al Derecho romano, concretamente a Ulpiano (siglos II-III d.C.), de donde surge la muy difundida frase de que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente.

No sólo existe la presunción de inocencia para permitir la defensa de un reo, sino que su cometido principal es garantizar la imparcialidad judicial. Al fin y al cabo, un juez es también un ser humano que pertenece a la sociedad y, por supuesto, también puede ser víctima del prejuicio social de culpabilidad. Aunque conoce, sin duda, lo que es la presunción de inocencia, y eso es una ventaja, el inconveniente es que un juez no recibe ninguna formación específica —particularmente psicológica— para conseguir esa neutralidad, por lo que sólo queda confiar en su presencia de ánimo, siempre variable de sujeto a sujeto, como no puede ser de otro modo. Así se introduce un factor de inseguridad jurídica que a duras penas combate la presunción de inocencia, aunque sea nada menos que un derecho fundamental en España. Consulten el art. 24.2 de la Constitución y lo encontrarán.

Con toda esa batería de protección jurídica, y en plena consciencia del problema gigantesco que supone el prejuicio social de culpabilidad, siempre que aparece una persona como imputada, está absolutamente injustificado levantar las campanas al vuelo y señalarlo entre siniestras carcajadas enojadas como culpable. Igual que es absurdo caer en la desesperanza ingenua de los que confiaban ciegamente en el reo y, de repente, sin habérsele condenado, le dan la espalda por atribuírsele indiciariamente hechos delictivos. Esa atribución es sólo una simple hipótesis que debe comprobarse antes de atribuirle una mínima credibilidad.

En el caso del expresidente estamos en un momento muy incipiente del proceso. Además, ni siquiera se ofrecen datos concretos de su participación en un supuesto delito de tráfico de influencias, ni tampoco en el de blanqueo de capitales. Hasta el momento, las cantidades que se están investigando habían sido cobradas sin ocultación alguna por servicios que efectivamente parecen haberse prestado. Otra cosa, naturalmente, es la cuantía de lo cobrado, los destinatarios del cobro, si existen más cantidades aparte de esas y si hay otros datos que permitan percibir con verosimilitud la responsabilidad del expresidente.

Pero incluso si aparecieran esos datos, el proceso no se celebra en vano. No podemos pronunciar una condena cuando el caso acaba de empezar. Ahora mismo solamente se están recogiendo vestigios y ni siquiera está el asunto en presencia del juez que debería juzgarlo en su día, lo que, por cierto, todavía no sabemos ni tan solo si va a suceder, puesto que, de no aparecer otros datos incriminatorios, habría que pronunciar un sobreseimiento, que hasta puede llegar a equivaler a una sentencia absolutoria anticipada, aunque ello no suela suceder con la frecuencia que, por cierto, debiera. Es una señal de que los jueces, por desgracia, no siempre están todo lo cerca que debieran de la presunción de inocencia.

Por tanto, es normal que los políticos hagan las declaraciones que más crean que les benefician en términos demoscópicos o electoralistas para manipular la opinión pública a su conveniencia. Pero el ciudadano corriente debería estar al margen de esas soflamas y hallarse más familiarizado con la presunción de inocencia. Cuando hay una acusación, casi todos se apuntan al carro de los crédulos y gritan culpable. La experiencia de milenios, que ya ha sido descrita en este artículo, enseña que acostumbran a acertar los escépticos. Intenten no olvidarlo en ningún caso, incluso cuando odien, por la razón que sea, al imputado. Esto vale para todos, con independencia del color político.

La cuestión no es tanto si la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero está o no justificada, que ya lo decidirán los tribunales. La pregunta que nos hacemos desde mucho antes del escándalo es cómo es posible que los expresidentes, que teniendo asignada una retribución del Estado nada despreciable y una estructura de apoyo sostenida con fondos públicos, se consagren a actividades privadas, de escasa o nula vinculación con el interés general, que les reportan sustanciosas ganancias adicionales.

Tampoco se trata de cuestionar que una empresa en situación económica crítica por causas objetivas como fue la pandemia del covid-19 reciba ayudas del Estado. En realidad, lo que necesita una respuesta urgente es cómo es posible que estas ayudas no vengan seguidas de una monitorización de las empresas beneficiarias para asegurar que los recursos públicos recibidos se aplican a los fines para lo que se concedieron y que no se desvía ni un euro.

El funcionamiento de las oficinas de los expresidentes del Gobierno en España, a las que habría que añadir las de los expresidentes autonómicos (ahí tienen a un personaje tenebroso como Mazón disfrutando de estos privilegios), constituye uno de esos mecanismos institucionales que revelan con meridiana claridad la cultura política del país. No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria ni de discutir si un expresidente debe disponer de escolta, despacho o personal de apoyo. El problema de fondo es qué idea del poder subyace en estas prerrogativas, cómo se relacionan las oficinas con la sociedad y cuál el marco de integridad que debe regir el uso de recursos y privilegios pagados con fondos públicos.

En España, la regulación de estas oficinas procede esencialmente de un real decreto aprobado durante el gobierno de Felipe González. La norma es sorprendentemente escueta y ambigua. Cada expresidente dispone de personal eventual designado libremente, un puesto de nivel 30, el máximo que existe en la administración, y otro puesto de nivel 18, más los gastos de funcionamiento de la oficina, vehículo oficial, escoltas y otros medios sufragados por el Estado.

Todo ello se justifica formalmente en la necesidad de preservar la dignidad del expresidente, facilitar actividades institucionales, representación del Estado o atención a compromisos derivados de la antigua responsabilidad ejercida. Sin embargo, la norma nunca precisó qué debe entenderse exactamente por “actividad institucional”, ni estableció criterios verificables para distinguir entre interés público y actividad privada. Tampoco estableció una fiscalización detallada del gasto y mucho menos una obligación de rendir cuentas mediante memorias anuales que deberían presentarse ante el Parlamento que es quien aprueba la dotación económica que las sustenta a través de los presupuestos generales del Estado.

La gravedad aumenta cuando esa opacidad coincide además con actividades privadas de enorme influencia política o económica. Un expresidente no es un ciudadano cualquiera. Conserva relaciones diplomáticas, acceso privilegiado a líderes internacionales, información sensible acumulada durante años y una capacidad de influencia derivada directamente del cargo previamente ejercido. Precisamente por ello, la fijación de las incompatibilidades y la exigencia de transparencia para las actividades de los expresidentes y sus oficinas debería ser extraordinariamente rigurosa.

Ahí comienza el verdadero problema. Porque una democracia que pretenda alcanzar estándares de buen gobierno no puede sostener zonas opacas de gasto público y menos en órganos desde los que se puede ejercer influencias muy poderosas. La exigencia debería ir en sentido contrario porque la integridad pública se construye desde arriba y cuanto mayor ha sido la responsabilidad ejercida y mayor el poder de influencia latente, mayor debería ser la obligación de transparencia, ejemplaridad, rendición de cuentas y alineamiento con el interés general.

Pero esto desgraciadamente no forma parte de la tradición política que España ha arrastrado durante los cuarenta años de alternancia política del PSOE y el PP. El fenómeno, por lo tanto, no afecta solo a un partido, sino que ha estado normalizado de forma transversal compartiendo una misma visión. Por eso venimos oyendo con insistencia: por qué a Rodríguez Zapatero, si los demás expresidentes también reciben emolumentos de empresas privadas por regla general vinculadas a los oligopolios que sus respectivos gobiernos ayudaron a consolidar. Y precisamente ahí reside uno de los aspectos más preocupantes de lo que está ocurriendo: hemos asumido como algo normal esas puertas giratorias que sitúan a expresidentes, y también muchos exministros, en consejos de administración, asesorando o intermediando en negocios que nada tienen que ver con el interés público.

Cuando se intenta minimizar los hechos imputados a Rodríguez Zapatero alegando que otros expresidentes hacen cosas semejantes –o incluso peores, recordando las conductas atribuidas al propio rey emérito–, no se está defendiendo realmente la necesidad de que quienes disfrutan de privilegios públicos se comporten respetando los principios de buen gobierno e integridad. Cuando la conducta impropia deja de analizarse conforme a principios y valores y pasa a justificarse mediante comparaciones, la noción de buen gobierno desaparece para ser sustituida por una contabilidad del “y tú más”. Una mala praxis no se legitima por su repetición; al revés, se convierte en un sistema donde desaparece la frontera entre lo correcto y lo inadmisible. Todo queda reducido a una competición tribal donde cada bando político administra indulgencia para los propios y severidad para los adversarios.

Así, las oficinas de los expresidentes dejan de percibirse como un instrumento institucional y pasan a integrarse en un ecosistema de privilegios acumulativos: consejos de administración, conferencias millonarias, fundaciones opacas, redes de influencia internacional y utilización del prestigio institucional adquirido en el ejercicio del cargo para fines privados con apariencia de interés público.

Mientras cualquier funcionario o cargo público debe justificar minuciosamente dietas, desplazamientos o gastos relacionados con su actividad y observar un régimen de incompatibilidades que le limita o impide una actividad profesional privada, y mientras el perceptor de una ayuda pública debe aportar justificantes de hasta el último céntimo, las oficinas de los ex presidenciales disfrutan de asignaciones que nadie fiscaliza mientras confunden lo institucional con el negocio privado, la conclusión inevitable es que el sistema no funciona bien.

La propia OCDE ha remarcado recientemente que España es uno de los pocos países desarrollados que nunca ha tenido una estrategia integral y permanente de prevención y lucha contra la corrupción que abarque de forma coordinada el conjunto de las administraciones, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los sistemas de contratación y gestión de fondos públicos. Esa carencia resulta especialmente grave porque España sí dispone, en muchos ámbitos, de normas formalmente avanzadas. El problema no reside tanto en la inexistencia de legislación, sino en la enorme distancia entre norma y práctica debido a la ausencia de órganos especializados en la prevención y detección temprana de conductas contrarias a la integridad pública.

Los informes recientes de la OCDE muestran precisamente esa contradicción: España obtiene puntuaciones relativamente altas en regulación formal de integridad, conflictos de intereses o transparencia, pero suspende en la aplicación efectiva y en la práctica institucional. El caso paradigmático es el de los lobbies: España carece todavía de un verdadero sistema de control y registro de grupos de interés, obteniendo un 0% en aplicación práctica según los indicadores de integridad pública de la OCDE. Y todas estas carencias solo se pueden atribuir a una clara voluntad política persistente, de unos y otros, para seguir como estamos.

No se trata únicamente de posibles conductas delictivas porque fiar la lucha contra la corrupción exclusivamente al código penal, como ahora ocurre, ya implica un fracaso en la prevención en un contexto de normalización de prácticas donde hay conflictos de interés; acceso privilegiado a información; opacidad y ausencia de controles eficaces. Todos los casos reflejan un patrón conocido: debilitamiento de los controles internos, insuficiente independencia de los órganos fiscalizadores, politización de las instituciones supervisoras y una alarmante tolerancia social hacia determinadas formas de corrupción “menor”.

El fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando alcanza a figuras que habían construido una imagen pública asociada al reformismo o al progresismo ético. No me consta que durante el mandato de Rodríguez Zapatero se produjera un solo caso de corrupción en el seno de su gobierno, por lo que las informaciones contenidas en el Auto de imputación añaden un componente de decepción y erosión moral de un referente político.

En este contexto, las advertencias del Greco, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa, adquieren especial relevancia. Su informe más reciente subraya la falta de medidas decididas y resultados tangibles respecto a la integridad de altos cargos del Gobierno central. El Greco insiste desde hace años en cuestiones esenciales que España continúa sin resolver plenamente: regulación de asesores, agendas públicas, conflictos de intereses, puertas giratorias, transparencia de lobbies y fortalecimiento de órganos independientes de supervisión.

La consecuencia de todo ello no es solo jurídica o política, es profundamente democrática. La corrupción sostenida destruye la confianza social, degrada la legitimidad de las instituciones y alimenta el cinismo ciudadano. Cuando la percepción pública es que los mecanismos de control dependen de los propios partidos involucrados en malas praxis, el sistema político pierde credibilidad en favor de opciones totalitarias. No es casual que Transparencia Internacional haya vuelto a rebajar la posición de España en el Índice de Percepción de la Corrupción.

El verdadero problema español no es únicamente la existencia de corrupción, sino la negativa histórica para construir un verdadero sistema estatal de integridad pública independiente de los partidos. Mientras otros países europeos han desarrollado agencias estatales de integridad fuertes e independientes, sistemas de prevención, protección efectiva de denunciantes y controles internos y externos robustos, España continúa fragmentando competencias, debilitando o suprimiendo organismos incómodos.

La lucha contra la corrupción exige mucho más que reformas penales o declaraciones políticas solemnes que luego quedan en nada. Requiere una transformación social e institucional basada en pilares como independencia real de los órganos de control; profesionalización y despolitización de la administración; regulación estricta de grupos de interés (lobbies) y supresión de puertas giratorias; protección efectiva del denunciante de corrupción; transparencia radical en contratación pública y gestión de fondos; sistemas preventivos de integridad; y una ética pública incompatible con la colonización partidista del Estado y sus instituciones.

Esto solo será posible cuando los partidos políticos decidan, tras la correspondiente catarsis, un pacto estatal contra la corrupción extendido también a cada comunidad autónoma. En el caso concreto del funcionamiento de las oficinas de los expresidentes deberían incluir al menos cinco principios básicos: transparencia absoluta de las agendas, transparencia en los fondos públicos que manejan, limitación temporal de privilegios, incompatibilidades estrictas y rendición pública periódica de actividades realizadas.

Sin esa transformación, España seguirá atrapada en un ciclo repetitivo de escándalo, indignación, comisión parlamentaria, desgaste mediático, desconfianza ciudadana y normalización del deterioro institucional. Y en ese ecosistema degradado es donde avanzan imparables los enemigos de la democracia.