El 26 de agosto pasado, la jueza federal del Distrito Norte de California Yvonne González Rogers autorizó el acuerdo firmado por Meta y los querellantes del caso 4:22-md-03047 (52 fiscales generales) que fijaba una indemnización de 17.000 millones de dólares por los daños causados por la empresa tecnológica con su utilización de técnicas adictivas. No acaba aquí el pleito, porque otros demandantes -Distritos escolares y particulares- no aceptaron el pacto y el proceso continúa abierto. Vale la pena estudiar este caso, que tendrá una repercusión imprevisible en nuestra sociedad. Me interesa sobre todo la primera acusación de los fiscales: “Meta ”monetiza“ la atención de sus usuarios”. (Meta monetizes young users’ attention). ¿Qué quiere decir esto? Pues que la llamada “economía de la atención” que practican las grandes plataformas tecnológicas comercia con la atención de los usuarios, que vende para publicidad. Es su negocio. Para tener éxito necesitan captar la atención el mayor tiempo posible y hacerla receptiva a las informaciones transmitidas por las pantallas. Teniendo en cuenta que el gasto global en publicidad digital se acerca a los ochocientos mil millones de dólares, la lucha por hacerse con el pastel es implacable.

La conversión de la atención humana en una commodity, en un bien económico primario, ha sido muy estudiada (Abeyratne, R. (2025). The Attention Economy and Commodifying the Human Mind). Incluso se ha acuñado la expresión “attentional fracking”, copiada de la explotación extremada de los recursos naturales, para designar las técnicas de captación /extracción de nuestra atención . Libros como The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads, de Tim Wu, o La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, han popularizado el tema.

¿Por qué es tan importante este asunto?. Johan Hari, en su libro El valor de la atención, nos advierte en tonos apocalípticos de que estamos sufriendo una epidemia de pérdida de la atención y que eso no es solo un problema de productividad individual, sino una “amenaza existencial profunda para el ser humano y la sociedad”. Parecen palabras excesivas, pero no podemos asegurarlo hasta que no aclaremos de qué estamos hablando. La atención es la capacidad de un sistema nervioso para seleccionar los estímulos a los que ha de responder. Un animal está continuamente analizando los sonidos que percibe y cuando capta alguno amenazador activa su reacción de “alarma” (arousal) y lo analiza con más precisión. Eso es lo que se denomina “atención automática o involuntaria”. Es el estímulo el que capta la atención. La inteligencia humana se caracteriza por poder dirigir las funciones mentales que compartimos con otros animales. Al hacerlo, las transfigura. Un ejemplo especialmente relevante es la atención. Tenemos sistemas de atención automática, que nos hacen atender forzosamente a determinados estímulos - fuertes, nuevos, amenazadores- pero, además, podemos elegir el objeto que deseamos que ocupe el centro de nuestra conciencia. Puedo elegir qué mirar, qué pensar, qué recordar. En eso consiste la atención voluntaria. EL lenguaje marca muy bien la diferencia. En un caso, el estímulo capta, atrae, nuestra atención; en el otro, nosotros ponemos, fijamos la atención en un objeto. Esta capacidad, aparentemente tan humilde, es el fundamento de nuestro comportamiento libre. La persona obsesionada por algo, es decir, que no puede dejar de prestarle atención, no es libre. El problema del drogadicto es que no puede dejar de pensar en que la droga es su única razón de existir. El pensamiento oriental puso en la capacidad de concentración la esencia de la inteligencia humana, pero el occidental no supo que hacer con ella. Al estudiar la “atención voluntaria”, se fijó en la voluntad y se olvidó de la atención.

Aquí tropezamos con una de esas disfunciones de nuestro cerebro que he denominado “chapuzas evolutivas”. La atención voluntaria es un triunfo porque nos libera, pero consume mucha energía y nos cansa. Eso no sucede con la atención involuntaria. Asistir a algo divertido nos descansa, porque el trabajo lo hace el estímulo. Nosotros nos dejamos llevar. En cambio, cuando tengo que concentrarme en un trabajo puedo agotarme. Los psicólogos, a partir de la obra de Roy Baumeister, emplean un término -deplección del yo- para designar esa pérdida de energía.

Lo que hacen las plataformas digitales, lo que ahora han identificado los acusadores de Meta, es que están comercializando una vulnerabilidad humana. Por eso son peligrosas. (Por cierto, algo semejante hace la industria del juego, de la droga o del porno). Una de las técnicas adictivas que han identificado es el “scroll infinito”, es decir, la carga automática de contenidos que presentan nuevos estímulos al espectador. Basta mover el dedo para pasar al siguiente, Es una técnica muy elemental que usan desde hace mucho tiempo las granjas avícolas. Para que las gallinas sigan comiendo, una cinta transportadora mueve el pienso, lo que las incita a comer de nuevo. Esta referencia a las aves me sirve para recordar a Skinner, el psicólogo que está en la trastienda de todas las técnicas adictivas. Hasta tal punto que Mozorov le ha nombrado “patrono de Internet”. No creía en la existencia de la atención voluntaria y pensaba que quien maneje los premios y las sanciones (los reforzadores positivos y negativos) puede dirigir el comportamiento de los individuos. Eso me recuerda que los fiscales que han denunciado a Meta, la culpan también del uso de “dopamine-manipulating recommendation algorithms” (algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina). Las nuevas tecnologías han supuesto el triunfo de Skinner, el debilitamiento de nuestra capacidad de ser libres, la aceptación por nuestra parte de comportarnos como aves de corral o como las palomas que entrenaba en su laboratorio. Tomas de Aquino, en un momento de gran perspicacia, nos previno sobre la tentación de “dejarnos llevar por la facilidad animal”. Pues bien, entregarnos a la atención automática, involuntaria, significa, precisamente eso. Conviene recordar que una de las tareas de la educación es, precisamente, fortalecer la atención voluntaria. Ahora la incluimos dentro de la educación de las “funciones ejecutivas”, encargadas de dirigir la potentísima máquina que es nuestro cerebro. Una parte importante de los déficits de atención que estamos detectando no son trastornos neurológicos, sino educativos. Se nos está olvidando educar la atención voluntaria, y el entorno colabora a esta amnesia.

La prodigiosa eficiencia de las nuevas tecnologías nos invita a una maravillosa utopía: la felicidad fácil. Elon Musk anuncia para 2036 una sociedad donde no hará falta trabajar porque todos tendremos una renta mínima alta gracias a la colosal productividad de la Inteligencia artificial. Pero la “felicidad fácil” es una gigantesca trampa porque supondría abdicar de todo lo esencialmente humano. Las funciones mentales específicamente humanas son difíciles. La racionalidad es más costosa que la emocionalidad, la autonomía lo es más que la servidumbre, la veracidad y el pensamiento crítico son más difíciles que la mentira y la credulidad. La democracia y la justicia son extremadamente exigentes. Harari ha pensado que la felicidad química completaría el sueño. EL sociologo francés Jean-Claude Kaufmann lo ha resumido en el título de un libro que les recomiendo: Cèst fatigant la liberté. La libertad es pesada. Hasta tal punto que al nostálgico Rousseau le sugirió una paradoja: Habría que obligar a la gente a ser libre. Uno de los efectos de esta llamada a la felicidad fácil es la aceptación de los sistemas autoritarios que los ingenuos piensan que nos solucionaran los problemas sin necesidad de que nos impliquemos.

El réquiem por la atención voluntaria, es, en realidad el réquiem por nuestra libertad. Hari tenía razón. Como soy optimista espero que la atención, como el Ave Fénix resurja de sus cenizas. Otro día les explicaré cómo la educación puede y debe asumir esta tarea.

La oleada de PISA de este año ha estado dedicada a la competencia científica. Los resultados han empeorado con respecto a 2012 y 2015, y son estables con respecto al resto de oleadas. La competencia lectora iguala por abajo a los resultados de 2006, y los de matemáticas son los peores de la serie. Ambas competencias pueden estar sujetas a un margen de error estadístico mayor, pues la prueba está mejor calibrada para Ciencias.

Si bien los resultados son malos, pues no avanzamos, los titulares son matizables. El peor resultado en 25 años solo es cierto en matemáticas. Según las estimaciones de la propia OCDE —quien elabora el informe—, las diferencias entre algunas oleadas varían por error aleatorio, no por diferencias reales. Es el caso de las puntuaciones de ciencias (2006, 2009, 2022 y 2025), matemáticas (2005) y lectura (2006 y 2025), que no difieren de forma estadísticamente significativa de la media de PISA 2025.

En todo caso, apreciamos una tendencia a la mejora hasta 2015, y luego empeoramiento. Quienes lo atribuyen todo a problemas españoles tendrán que explicar por qué España contamina al resto de la OCDE, pues los resultados son generalizados. Además, las competencias educativas están gestionadas por cada gobierno autónomo, habiendo comunidades que más o menos aguantan en ciencias (como Canarias).

El sospechoso más popular está siendo la tecnología. La tecnología, en tanto que herramienta, puede usarse de forma correcta o incorrecta. Podría ser que los cambios sean más rápidos que nuestra capacidad para sacarles partido. La respuesta fácil es la ludita: todo lo que se pueda enchufar, a la hoguera. La respuesta inconsciente es asumir que se está usando bien. La respuesta más realista necesita de estudios más afinados. La respuesta fácil cuenta con otro aliciente: la distinción.

Cuando solo los hijos de la élite tenían acceso a dispositivos, las clases medias aspiracionales estaban convencidas de las incontables ventajas de todo lo electrónico. Ahora que todo el mundo cuenta con dispositivos, a la élite le parecen vulgares, y las clases aspiracionales también luchan por sacárselos de encima.

El cambio tecnológico no es el único hecho que ha afectado a muchos países de forma simultánea. La oleada de PISA de 2018 se realizó a adolescentes que tenían cinco años en la Gran Recesión. A diferencia de las oleadas anteriores, han vivido toda su escolarización en familias tensionadas por los ajustes económicos y en un sistema educativo que ha sufrido diferente tipo de recortes. La tecnología puede ser importante, pero la inversión educativa, las condiciones de trabajo del profesorado y la calidad de vida de las familias, también. Habrá que estudiar las diferentes hipótesis con más detalle, más allá de la espuma de los titulares.

Cada nuevo curso se abre como una ventana de posibilidades. Los docentes somos alfareros pero, en vez de arcilla, nuestra materia prima son unos estudiantes que se dejan modelar. Aprender es avanzar hacia un punto de no retorno que de repente permite ver algo de un modo muy distinto. Este curso académico, además de la ventana de oportunidades, surge también con una gran preocupación: la Inteligencia Artificial.

El año pasado fue desalentador comprobar que muchos de los trabajos que les pedíamos a los estudiantes estaban elaborados, en parte o en su totalidad, por una inteligencia no humana. Y lo peor fue aceptar que en muchos casos no podíamos demostrarlo y teníamos que enfrentarnos a unos alumnos que lo negaban y, por supuesto, también a unas familias que los defendían. Esa necesidad de verificación despertó en los docentes un sentimiento de desconfianza y de frustración, pero también lo generó en unos estudiantes que se angustiaban porque un trabajo demasiado bien hecho podía ponerse en entredicho.

Los resultados de PISA muestran una enorme caída de las habilidades lingüísticas y de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria. Tampoco es ninguna sorpresa. Lo que el informe también sugiere es que un porcentaje altísimo de estudiantes emplea la IA para resumir textos y hacer trabajos escritos. Me despierta muchas dudas que esa forma de trabajo, la ausencia de selección de información y la renuncia de la creación, pueda consolidar habilidades como la lectura y la escritura.

¿La IA ayuda a ganar tiempo o simplifica los aprendizajes? Llevo tiempo haciéndome esta pregunta. ¿Aquel que decide elaborar algo con IA sabría hacerlo también por su cuenta? Aprender es tropezarse, pensar y rehacer. No es reducir el aprendizaje a pedirle a una inteligencia no humana que te resuelva un reto en segundos. Y sirve para cualquier ámbito. No seré yo quien niegue que quizá nos estemos pasando al depender demasiado de la IA.

Este año me he propuesto implementar algunos cambios en mi manera de impartir las clases de lengua y literatura. Mi objetivo, no exagero, es evitar por encima de todo que mis estudiantes me presenten trabajos hechos con IA. Así que plantearé tareas más breves que puedan realizarse en sesiones individuales, pediré evidencias de los trabajos realizados (como borradores, esquemas, revisiones), priorizaré el trabajo en el aula, a mano y cada vez con menos pantallas, intentaré facilitarles fuentes de información cerradas –y digo intentaré porque es muy complicado con un mundo digital apoteósico–... Y lo más difícil, porque las clases son de 30 estudiantes o más por aula: evaluaré de forma oral siempre que sea posible.

Pero ¿es todo culpa de la IA? Lo cierto es que el descenso del nivel académico viene ligado a una serie de catastróficas desdichas. PISA alerta de que los estudiantes tienen dificultades para entender textos de más de 400 palabras. El uso de móviles y la inmediatez de un mundo que exige que todo suceda deprisa seguro que tiene algo que ver, así como la falta de concentración. Ya hay videos en internet que muestran a alguien hablando en una pantalla dividida con una partida de juego para captar la atención de los usuarios. Y por supuesto el confinamiento durante la pandemia sin duda dejó vacíos en los estudiantes de hoy.

En educación, por desgracia, a veces cuesta encontrar espacio para los matices. Parece que rechazar la IA en el aula y querer mantener alejadas las pantallas, visto lo visto, implique renunciar a la educación digital y al pensamiento crítico. Lo que digo es que, por ahora, prefiero centrarme en lo más urgente porque los resultados no son muy esperanzadores y, además, falta tiempo. Parece que afirmar que algunas asignaturas se trabajan mejor por grupos de nivel sea apostar siempre por la segregación. Lo que defiendo es que un estudiante puede ser brillante en unos campos y tener más dificultades en otros, y que adaptar el ritmo de aprendizaje en un área concreta puede permitirle recibir un mejor acompañamiento. Parece que defender las clases magistrales de vez en cuando y apostar por la sobriedad en el aula quiera decir repudiar para siempre la gamificación y el bienestar de los estudiantes. Divertirse y estar a gusto aprendiendo es fundamental, pero no me parece un mensaje oportuno hacerles creer que todo en la vida se consigue con una sonrisa. La reflexión sosegada también puede ser emocionante.

Como digo, no todo es blanco o negro, y si algo he aprendido en todos estos años de docencia es que en educación nada es para siempre, y hace falta prueba y error para implantar cambios y que la mejor metodología es la suma de todas ellas. Siempre he defendido la escuela inclusiva, pero no se puede empezar la casa por el tejado ni implantar un nuevo sistema educativo sin dotarlo de los recursos necesarios y formación. Y en nuestro caso fue más o menos así, y a falta de recursos me refiero a que las aulas están masificadas y que faltan docentes.

En muchos casos, los docentes no nos sentimos capacitados para asumir tanta diversidad. Antes las clases eran bastante más homogéneas que ahora y ese nuevo paradigma necesita, por tanto, una infraestructura radicalmente distinta. Llegar a todo el mundo significa adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada uno, por supuesto, pero en ningún caso puede significar renunciar a unos mínimos exigidos porque si no se pierde rigor en la calidad del sistema y se prepara peor a los estudiantes.

E insisto: eso no quiere decir rechazar unas aulas tan diversas. Se trata de una realidad y, como tal, requiere respuestas a preguntas que antes no nos hacíamos. Y dinero, porque al final todo se resume en lo mismo: si queremos un sistema educativo fuerte y de calidad, hace falta más inversión y, de paso, que la sociedad crea más en él.

España tiene jurisdicción para investigar los hechos denunciados en la querella presentada contra Julio Iglesias por dos mujeres por presuntos delitos de violencia sexual, física, psíquica y de trata de seres humanos con fines de servidumbre. A pesar del decreto de archivo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional de 23 de enero de 2026, dictado en las diligencias preprocesales 2/2026.

Sin entrar a valorar el contenido de los indicios racionales de criminalidad sobre los hechos, que compete a la plaza que corresponda de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antes Juzgado Central de Instrucción), es importante conocer que nuestro país sí tiene potestad para investigar y juzgar, entre otros, los delitos sexuales y de trata de seres humanos cometidos por españoles en el extranjero.

Es cierto que, después de que la España democrática fuera pionera en la persecución de los crímenes contra la humanidad de otros países - eso sí, sin perseguir nunca los crímenes del franquismo-, las sucesivas mayorías parlamentarias fueron restringiendo la jurisdicción universal. Primero en 2009, después con recortes drásticos en 2014. Por presiones políticas y económicas de países como Israel, EEUU o China, abandonamos la persecución de crímenes cometidos contra víctimas españolas o por españoles en el extranjero en demasiados casos.

Pero seguimos firmando tratados internacionales, y pese a las restricciones que condicionaron la perseguibilidad en España de delitos como el genocidio, el vigente artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es claro al respecto: la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles fuera del territorio nacional con unos requisitos que se cumplen en este caso: que sean hechos susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (apartado l) o delitos de trata de seres humanos (apartado m), siempre que el procedimiento se dirija contra un español. Con la excepción, que no concurre en el presente caso, de que ya se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional o en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, exigiendo además que sea un proceso efectivo.

Dicho de modo muy simple: un tribunal español -en concreto la Audiencia Nacional- pudo juzgar a Luis Rubiales por agresión sexual cometida en Australia no porque la víctima Jenny Hermoso fuera española: bastaba con que lo fuera el investigado.

Profundizando en la fundamentación jurídica, el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 140/2018 avaló la reducción drástica de la jurisdicción universal llevada a cabo por la LO 1/2014 -desestimando el recurso interpuesto por 50 diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Socialista-. Pero dejó un resquicio importante para la decisión de cada caso por los juzgados y tribunales a través del control de convencionalidad. Con base en los artículos 96 y 10 de la Constitución, y los art. 30 y 31 de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, el TC dice que el artículo 96 no atribuye superioridad jerárquica a los tratados sobre las leyes internas, pero un juez ordinario puede inaplicar una norma interna contraria a la protección de los derechos humanos establecida en los tratados internacionales, en este caso las limitaciones de la jurisdicción universal del artículo 23 de la LOPJ: “No supone un juicio sobre la validez de la norma interna, sino sobre su mera aplicabilidad, por lo que no se plantea un problema de depuración del ordenamiento de normas inválidas, sino una cuestión de determinación de la norma aplicable en la solución de cada caso concreto, aplicación que deberá ser libremente considerada por el juez ordinario”.

El artículo 23.4. l) y m) cuando reconoce la competencia de España para enjuiciar violencia sexual, no fue una locura del legislador: se basó en las obligaciones asumidas en el Convenio de Estambul aplicable a la violencia física, psíquica y sexual contra las mujeres, y el Convenio de Varsovia sobre trata de seres humanos. El artículo 44 del Convenio de Estambul, regula precisamente la extensión de la jurisdicción penal (o extraterritorialidad), con el objetivo de evitar que los agresores utilicen las fronteras para quedar impunes. Esta norma obliga a los Estados firmantes a perseguir penalmente los delitos cometidos en el extranjero si el presunto agresor es nacional (entre otros supuestos). Es el principio de personalidad activa. Es más, este Convenio del Consejo de Europa, que es el tratado más importante vigente en España sobre derechos de las mujeres, contiene incluso para los delitos más graves, incluyendo la violencia sexual y la violación de su artículo 36, la excepción al principio de doble incriminación: obliga a perseguir penalmente al autor español incluso si ese acto no es considerado delito en el país donde se cometió, y sin exigir denuncia previa de la víctima que se encuentra en el extranjero.

Las feministas defendemos el derecho de las querellantes a obtener justicia, y reivindicamos que estas normas nacionales e internacionales no solo protegen a las mujeres contra las violencias machistas, que a su vez son consecuencia histórica de la desigualdad. La jurisdicción universal es una consecuencia de los derechos inalienables propios de la dignidad humana. En tiempos en los que otros países parecen renegar del consenso civilizatorio alcanzado tras una guerra contra los fascismos europeos, y regresar a la “ley del más fuerte”, defendemos con orgullo estas normas contra la impunidad, la justicia, que es la herramienta que creamos frente a los abusos de los más poderosos. El Estado de Derecho no se concibió para que lo cumpliera el pueblo, este cumple las normas también en los regímenes autoritarios. Se concibió para que el Estado cumpla su propio Derecho. Que no se rompa.

La vida de mi padre ha sido capicúa: empezó dura y terminó dura.

Nació en Úbeda en 1954, hijo de dos migrantes de Membrilla, Ciudad Real, que habían llegado a la ciudad tratando de abrirse paso en la vida. Pocos años y algún traspié después, tuvieron que trasladarse a Madrid, al barrio de Usera. Y, tiempo después, terminaron por comprar un piso en el barrio de Zarzaquemada, en Leganés. Allí creció con sus hermanas, Joaquina y Pepa. Mi abuelo trabajaba en la obra y mi abuela en casa. Se mataron a currar para sacar adelante su familia toda su vida.

Mi padre vivió un tiempo hermoso y turbulento y lo vivió a fondo. Se implicó políticamente desde muy joven. Tuvo que empezar a trabajar con 14 años y poco después se afilió a la UGT. En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, entró en contacto con el PSOE a través de sus profesores. Siempre admiró a Gregorio Peces-Barba y lo consideró un referente.

En contra de lo que pueda pensar el tuitero promedio, fue en esos años cuando experimentó la única privación de libertad de su vida. Durante el servicio militar en Segovia fue descubierto con otros compañeros militantes de izquierda en actividades “subversivas” y pasó meses encarcelado hasta la primera amnistía del Rey Juan Carlos I en 1976. Poco después, se casó con mi madre, Mar.

En 1979 fue elegido alcalde de Leganés, revalidando mayoría en 1983. Poco después dimitió para asumir la presidencia de la primera Asamblea de Madrid.

Entre 1987 y 1995 fue miembro de los gobiernos de Joaquín Leguina, asumiendo las consejerías de Cultura primero y Hacienda después. En 1992 se divorció de mi madre y establecieron uno de los hitos de mi vida: mantener una relación de amistad tras separarse que ha durado hasta la muerte, en la que tanto mi madre como su pareja, Manolo, le han acompañado. Desconozco si es habitual decir algo así en un obituario, pero es algo que un hijo tiene que agradecerles toda la vida.

De sus compañeros y colaboradores de ese periodo de actividad política institucional estuvieron acompañados sus últimos días: Chema, Cati y Enrique, Juan y Olga. Amigos que lo han querido y acompañado siempre.

Tras las elecciones de 1995 y la pérdida del gobierno regional para la izquierda (nunca más hemos gobernado la Comunidad de Madrid), fue designado Vicepresidente de Caja Madrid y también inició una actividad profesional como abogado que mantuvo hasta jubilarse en 2020.

De ese periodo y su actividad se derivó la condena judicial por el uso de las conocidas como tarjetas black. Vivió con dolor y desgarro un episodio que sentía que manchaba su trayectoria y su vida de una forma que nunca entendió ni aceptó. Hubo ausencias, hubo amigos leales y hubo quien, sin aprobarlo ni reírle las gracias, le siguió acompañando. Personalmente, nunca quise hacerme responsable de actos y decisiones que no me correspondían, le trasladé mis desacuerdos y traté de acompañarlo cuando lo vi sufrir.

También en ese periodo conoció a Begoña, su pareja, que le ha cuidado y acompañado con cariño y entrega generosa hasta el último día. Seguro que ha muerto con gratitud por el arrope.

Por lo demás, mi padre era un hombre culto, ácido y brillante. Le gustaba la música clásica, los toros, no tanto el fútbol como Zidane y, sobre todas las cosas, escapaba a la montaña siempre que tenía ocasión. Leía y recomendaba lecturas. Casi siempre recomendaba bien.

El Valle de Benasque, la Pedriza y Gredos son los escenarios donde fue feliz, pleno. Rodeado de sus amigos de siempre: Susi, Roberto, Purita, José Antonio, Paco y Leles, Merche y José Manuel, sus hijos y toda la fabulosa reunión de gentes que amaban la montaña y el alpinismo, mordiendo un bocadillo (de lomo) en la piedra más plana de cualquier recodo del camino. Creo que lo que mejor se le dio en su vida a Ramón Espinar Gallego fue ser amigo de sus amigos queridos.

Mi padre perteneció a una generación de una izquierda llena de grandeza, que han narrado y vivido con suficiencia y autocomplacencia, y con miserias que la mía, con toda seguridad, ha tratado con crueldad. El ascenso social, el crecimiento económico, la dureza de la llegada a la vida en una familia obrera, el éxodo rural, las ciudades dormitorio y el derecho a la ciudad… Muchos de los grandes temas de la Transición y la consolidación democrática atravesaron a mi padre y los encarnó de forma particularmente intensa con sus grandezas y sus miserias.

Quisieron asombrarnos y admirarnos y recibieron una revisión histórica justa en sus planteamientos pero, seguramente, cruel en su forma de manifestarse. Faltó ternura. Mi padre hizo lo que pudo y supo con las herramientas de su época, se expuso al poder, que es el material más corrosivo para el espíritu, fue un buen tipo y se equivocó más de lo que hubiera querido.

Tuvo un final especialmente jodido, una enfermedad cruel que le hizo dependiente contra su naturaleza de hombre autónomo, hiperactivo y autosuficiente. Espero que hayamos garantizado su dignidad y no haya sentido humillación en los cuidados recibidos. Ha muerto en su casa, sentado en su sillón de orejas hasta casi el último día.

Ha vivido, ha viajado, ha creído y descreído, ha amado, ha sufrido y ha disfrutado. Deja huella, familia y recuerdos.

Su hijo fue un niño que admiró a su papá, un adolescente y joven muy enfadado con su viejo y un adulto que está en paz con el padre que ha perdido. Le lega la pasión política y un cierto sentido de la elegancia, del deber y la lealtad que espera haber aprendido.

Adiós, papá. Descansa.

El próximo 23 de septiembre se celebrarán en Marruecos las elecciones legislativas, las cuartas desde la reforma constitucional del 2011, impulsada por las masivas protestas populares de la “primavera árabe”. El gran reto que afrontan estos comicios es la tasa de participación en esta praxis marcada tradicionalmente por un alto índice de boicot por la población. El desinterés general por este ejercicio democrático refleja el grado de desconfianza de la ciudadanía de los actores políticos dentro de una monarquía ejecutiva que favorece , con una abierta desfachatez , a una élite política amedrentada que existe única y exclusivamente para servir los intereses del régimen.

Esta cita electoral , la sexta bajo el reinado de Mohamed VI, interviene en un contexto político caracterizado a escala regional por una enésima crisis política con España a raíz de la ola migratoria hacia Ceuta , cuyos entresijos siguen generando debate en las dos orillas el mediterráneo. A nivel local , estas elecciones se celebrarán en el marco de una aguda fragmentación del paisaje político en el país donde la población, particularmente los jóvenes, son profundamente escépticos hacia un proceso político incapaz de responder a las legítimas expectativas populares en materia de educación, sanidad, empleo e igualdad social y territorial. La periodicidad de estos comicios y la dinámica constitucional no han sido suficientes para poner en práctica las reformas políticas necesarias para la democratización efectiva del país y la instauración de una verdadera monarquía constitucional. A todo esto se añade la debilidad de los partidos políticos y la ausencia de una verdadera oposición en las dos cámaras del parlamento.

En Marruecos, las urnas no son el reflejo de la voluntad popular porque no implican necesariamente una alternancia pacífica del poder. Al contrario, son una herramienta para consolidar las prerrogativas del rey e instrumentalizar a las élites.

A partir de esta consideración, las elecciones en regímenes como el de Marruecos , son percibidas como un mero mecanismo para acceder a cargos políticos y permiten el surgimiento de una nueva elite que goza de legitimidad y de una cierta “virginidad” política a ojos de la ciudadanía como es el preciso caso del muy popular, Fauzi Lakjaa, un tecnócrata que preside la real federación marroquí de fútbol, quien se presentará a estas elecciones y será a ciencia exacta el nuevo primer ministro. Por lo cual, no se trata de saber quién dirigirá el próximo ejecutivo, sino con qué grado de legitimidad popular ejercería sus funciones.

No es de extrañar que los datos del ministerio del Interior evidencien un retroceso creciente de la tasa de participación en las elecciones que pasó del 58,3% en 1997 al 35,7% en 2007. El número de no inscritos en las listas electorales de las próximas elecciones alcanza 12 millones.

La abstención y los votos nulos son las señas de identidad más relevantes de este truncado proceso de democratización.

La preeminencia de la monarquía, la centralidad del poder, así como el control del pluralismo partidista merced a un sistema electoral viciado, vacían de contenido las elecciones reduciéndolas a un simple canal para la redefinición de las condiciones del acceso al juego político. Se trata para los observadores más avezados de una puesta en escena donde desfilan los actores constantemente y se reparten los papeles bajo las férreas órdenes de un único y exclusivo director. La estructura fundamental del régimen permanece intacta e intocable. La monarquía detentadora de todos los poderes queda eximida de cualquier rendición de cuentas ante la ciudadanía. A esto se le llama, la democracia de la vitrina.

No tengo la menor duda de que, entre los propósitos de los manifestantes del cerco al Parlament, no figuraba el de poner a prueba la capacidad de algunos tribunales de este país para superar los condicionamientos de una jurisprudencia y una cultura de lo penal en materia de ejercicio de ciertos derechos, forjada en decenios de autoritarismo.

Pero lo cierto es que lo consiguieron, con el resultado que, al fin, cabía esperar: la aplicación, por la Sala Segunda, del artículo 498 del Código Penal de la democracia, mera transposición del art. 157,4 del Código Penal franquista, a conductas sin encaje razonable en sus previsiones.

Vale la pena recordarlo: se trata de un delito cuya existencia requiere el empleo de «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave» para impedir a un miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea legislativa autonómica asistir a sus reuniones.

Y lo cierto es que las acciones atribuidas a los manifestantes condenados consistieron en interponerse con los brazos en cruz, seguir o rodear a un parlamentario regional gritando consignas, desplegar una pancarta recriminando las políticas de recortes, o pintar con un spray la chaqueta de una diputada.

Es verdad que esto tuvo como escenario una manifestación convocada con objeto de «parar el Parlament». Pero, consta en la sentencia de la Audiencia Nacional que se trató de acciones producidas dentro del espacio acotado policialmente para la protesta y, sobre todo, desprovistas de la necesaria agresividad. También se sabe que, en el contexto de la concentración, tuvieron lugar otras acciones realmente graves y, asimismo, que el lema de la convocatoria llamaba a frenar la normal actividad de la institución de que se trata. Pero las concretas actuaciones criminalizadas, en sí mismas, carecieron por completo, no solo de los rasgos típicos reclamados por el precepto penal, sino, incluso, o sobre todo, de la menor aptitud para producir aquel efecto perturbador en la dinámica del Parlamento de Cataluña. Mientras que sus actores operaron sin ninguna relación con los desconocidos responsables de aquellas otras.

Así las cosas, es evidente que los condenados lo fueron por conductas banales, penalmente atípicas y, en consecuencia, como efecto de la indebida atribución a ellos de lo pretendido o ejecutado por otros sujetos desconocidos. Con aparatosa vulneración, por tanto, del principio de taxatividad y, en particular, de los de culpabilidad y lesividad, todos de imprescindible observancia en la aplicación de la ley penal.

Como la naturaleza de los hechos no presta el menor fundamento para semejante condena, tan ajena a los principios que acaban de mencionarse como a las reglas que rigen la semántica del lenguaje legal, es del todo plausible pensar que la razón de la desmesura jurisdiccional deberá estar y es legítimo buscarla en otra parte.

Pues bien, sinceramente, creo que lo que exacerbó el rigor represivo del fiscal, primero, y luego de la mayoría del tribunal de la Sala Segunda, fue el íncipit de la sentencia de la Audiencia Nacional. En efecto, y es que esta, en una más que razonable y fundada aproximación al contexto de las acciones de referencia, entendió que, en el tratamiento y la valoración jurídico-penal de las acciones incriminadas no podía omitirse la consideración del marco constituido por la conflictiva realidad social, en que se produjeron. En concreto, la existencia de cientos de miles de personas con grave limitación del acceso al ejercicio de sus derechos básicos; integrantes de sectores sociales deprimidos, en situación de máxima vulnerabilidad. Y, además, en general, con un notable déficit material de representación y de la posibilidad, por tanto, de expresar sus demandas en otro espacio que el, siempre precario, de la calle, objetivamente abierto al riesgo de intervenciones violentas como el materializado en este supuesto.

No hará falta decir que esta observación del tribunal de instancia carecía de cualquier pretensión atenuatoria y menos aún justificativa de las acciones objeto de enjuiciamiento que, además, objetivamente, tampoco la necesitaban. Destinada en exclusiva como estaba a señalar un aspecto relevante del marco, constituido por ese factor de intensa conflictividad social en curso, de obligada consideración en el ámbito interpretativo, a tenor del art. 3,1º del Código Civil. Y, es evidente que respondió al solo propósito de evitar que elementos tomados abusivamente del contexto pudieran llegar a operar en el lamentable sentido en que al fin lo hicieron en la sentencia hoy desautorizada. Es decir, induciendo como indujeron al tribunal a un injustificado forzamiento de categorías, tan obvias en su real significación, como las de «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave». Y tan ajenas a las conductas de los imputados, para los que tuvieron que construirse ad hoc con materiales, traídos por los pelos, de otra procedencia.

El fiscal, en la defensa de su recurso de casación descalificó, obviamente sin razón, tachándola de «ideológica», la sentencia de la Audiencia Nacional. Pues bien, empleando el mismo criterio, con el mejor fundamento después de Estrasburgo: ¿no es esto, precisamente, lo que podría/debería decirse de la sentencia de la Sala Segunda, en cuanto vulneradora de los derechos (libertad de reunión y asociación) del art. 11, a la luz del art. 10 (libertad de expresión), ambos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos?

La gravísima crisis desatada en Ceuta este verano supone ya un hito en el impacto de los movimientos migratorios sobre nuestra sociedad. Poco importa que las cifras actuales de llegada de inmigrantes ilegales estén por debajo de las de hace años o que la criminalidad en nuestro país sea menor que nunca. La llegada masiva de decenas de miles de personas en un solo día ha sido un shock traumático para nuestra sociedad.

Es absurdo tratar lo de Ceuta como un mero problema migratorio. Pero también lo es ignorar esa faceta de la cuestión. En la avalancha inicial influyeron, sin duda, diversos factores geopolíticos. Desde las reivindicaciones marroquíes hasta el deseo de hacer pagar al gobierno español su postura independiente respecto a Palestina y a Trump. Pero no habría sido posible sin decenas de miles de personas deseando emigrar a Europa para mejorar sus vidas.

El gobierno de Pedro Sánchez manejó de manera solvente la emergencia. Negociando con el vecino del sur consiguió que la inmensa mayoría de quienes se habían lanzado al mar y sobrevivido volvieran a Marruecos.

A partir de ahí, sin embargo, infravaloró los efectos reales de la presencia de los pocos miles restantes en la ciudad autónoma y la capacidad mediática de la derecha nacionalista para hacer escalar el problema.

Frente a un gobierno prácticamente desaparecido, prácticamente todo el que desde la derecha podía hacer algo ha ayudado a hacer crecer la inseguridad y el miedo en Ceuta.

La situación allí está lejos de ser normal. Muchos ceutíes están legítimamente incómodos con la presencia en las calles de miles de migrantes abandonados a su suerte e intentando sobrevivir como sea. Esa incomodidad ha ido tornando primero en miedo y después en odio con la ayuda de medios de comunicación, opinadores y políticos irresponsables.

La experiencia demuestra que prácticamente todos los estallidos racistas, los pogromos y las persecuciones responden siempre a ese sentimiento primario de temor. Antes de cualquiera de estas explosiones sociales contra judíos, gitanos, musulmanes, tutsis o rohinyas hay un periodo en el que se convence a la población local de que el grupo que sea es una auténtica amenaza. Se consigue apelando a los sentimientos más básicos de la gente, normalmente con mentiras, medias verdades y exageraciones.

Lo de Ceuta sigue esa pauta. Rumores que exageran supuestos robos y saqueos; bulos sobre violaciones; lenguaje belicoso en los medios: hablan de invasores para referirse a un puñado de chavales desarmados y desnutridos. Llaman emboscada a que alguien tire cuatro piedras contra un vehículo blindado. Cóctel molotov a un bote de salfumán. No se trata de minimizar la dura situación de Ceuta, pero sí de situarla en su justo término.

El abandono de un gobierno autocomplaciente está permitiendo que la presencia de migrantes se use para incentivar el racismo y la violencia.

Si de verdad Ceuta es España, lo que deberían reclamar los opinadores muy españoles es que se apliquen allí las leyes españolas. Si de verdad el Gobierno apuesta por la normalidad, ídem de lo mismo.

Aplicar la ley, en primer lugar a los migrantes. Siguen en vigor las leyes que prohíben la expulsión colectiva y exprés de menores. Las leyes que obligan a estudiar individualmente las peticiones de asilo que tengan cierta base y las que permiten devolver a su país a otros migrantes. Todas deben aplicarse sin demora.

También hay leyes que prohíben tomarse la justicia por su mano y que castiga a quien da palizas por la calle, especialmente las motivadas por el color de piel de la víctima, y a quien incendia bienes ajenos y atemoriza a los demás. También esas leyes deben ser aplicadas.

Reivindicar en este momento el Estado de derecho en Ceuta es la mayor utopía. Tenemos columnistas muy relevantes justificando y minimizando las palizas raciales. Hay evidencias de que las fuerzas de seguridad están actuando con distinta intensidad según la raza y nacionalidad de los autores de infracciones. Incluso tenemos que escuchar a jueces difundiendo bulos que acusan a migrantes de ataques sexuales cometidos por españoles o incidiendo desde Ceuta en el falso tópico de que los extranjeros delinquen más que los nacionales.

Cuando los creadores de opinión, la policía y hasta la propia judicatura se suman a la ola racista y aprovechan sus respectivas atalayas para echar leña al fuego, se vuelve extremadamente difícil recuperar la plenitud del Estado de derecho. Aun así, sigue siendo responsabilidad del gobierno conseguirlo.

Quienes tienen miedo de que la llegada de gente de otros lugares acabe con nuestra forma de vida deberían ser conscientes de que esa forma de vida se basa en el respeto a los derechos de todos y el pluralismo, esencialmente a través de la ley. Renunciar a la ley y volver a la barbarie sí que es una amenaza.

Es bien conocido que el encasillamiento de las personas en dos banderías, de derechas o de izquierdas, fue achacado por Ortega y Gasset a nuestra hemiplejía moral. Lejos de enmendarnos, ese vicio lo hemos extendido a ciertas aficiones, como las controvertidas tauromaquia y caza, gracias a los efectos catalizadores de las peroratas de parte de la derecha española. Los nuevos valedores han conseguido captar prosélitos incapaces de admitir las crueles inherencias de esas actividades, y lo han hecho tan desaforadamente que incluso han llegado a pervertir la enseña nacional al sustituir, durante sus exaltaciones chovinistas, el escudo real que tanto lustran por un toro zaíno.

La apropiación de estas actividades crueles por algunos partidos, además de ominosa, carece de fundamento porque el maltrato, sea de animales o de personas, no es exclusivo de una tendencia política concreta. De hecho, las principales limitaciones a la crueldad de la tauromaquia han provenido de la derecha más extrema, y las escasas contiendas con la izquierda se han limitado a espurios desafíos para ser el mayor defensor del maltrato animal por tradición. Por ejemplo, los mayores embistes a la ortodoxia de las corridas y su profusión se deben al dictador Primo de Rivera. En 1928, con uno de sus derrotes habituales, impuso el uso del peto en los caballos, eliminando así el dantesco espectáculo de equinos reventados, tripajes sueltos por la arena y boñigas revueltas con sangre, que tan acertadamente describía Blasco Ibáñez. Los monosabios se alegraron por la minoración en las faenas escatológicas, los picadores rodaron menos por el albero, y los empresarios ahorraron en emaciados jamelgos de desvieje. Sin embargo, el “respetable” protestó violentamente con barahúndas y algazaras que llegaron a amedrentar las fuerzas del orden, provocando varios fallecidos, como también ha relatado Manuel Vicent.

Las medidas antitaurinas del dictador filo-fascista no terminaron ahí, porque ese mismo año prohibió las crueles capeas de aficionados, y al año siguiente incluso la entrada de menores de catorce años a las corridas de toros. Para ello, Alfonso XIII sancionó un Real Decreto que se mantuvo en vigor durante toda la II República y la dictadura franquista, hasta que el gobierno socialista de González y Guerra anunció el regreso de los menores con el nuevo Reglamento Taurino de 1992 porque, según el vicepresidente, nadie le iba a impedir asistir a los toros con su hijo. Y en esas seguimos hasta ahora, a pesar de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para la prohibición de la entrada a menores de 18 años a las corridas de toros.

El apoyo del PSOE a la tauromaquia no ha cesado desde entonces en la Corte y provincias. Por su carácter cruel y sangriento, la tauromaquia siempre había estado incardinada en el Ministerio del Interior (o el equivalente de la Gobernación), pero el gobierno de Zapatero tuvo una revelación en 2011, y consideró que la matanza ritual de un cornúpeta con toda suerte de armas blancas punzantes, cortantes y contundentes era una manifestación cultural que debía ser protegida, enjaretando así la tauromaquia al Ministerio de Cultura. Eso no fue suficiente, y el mismo año instauró el Premio Nacional de Tauromaquia para reconocer a los que promocionaban nuestra mayor vergüenza nacional como Bien de Interés Cultural (el premio fue finalmente suprimido en 2024 por el actual gobierno de coalición). El gobierno de Rajoy no podía ser menos, y solo tardó dos años en distinguir la tauromaquia como patrimonio cultural. En 2025, una decidida iniciativa legislativa popular aportó 715.000 firmas al congreso de los diputados para que la distinción del gobierno de Rajoy fuera debatida en parlamento, pero la trinca PP, VOX y PSOE, más algunos adminículos, osaron negar el debate democrático.

En las distintas comunidades autónomas la historia se repite. Aragón es un ejemplo de provincianismo sustentado por políticos pusilánimes que también cierran filas ante la promoción del maltrato animal. Por no cansar al lector, me limitaré a comentar la escandalosa modificación en 2023 del reglamento de festejos taurinos populares por el abigarrado gobierno de Lambán. De manera muy sutil y felona retiraron del reglamento de 2001 un párrafo que incluía un requisito clave para la celebración de los espectáculos más crueles, denominados “especiales”, como el toro de fuego, ensogado, etc. Ese requisito consistía en la necesidad de arraigo y celebración ininterrumpida como canon al vertido de crueldad hacia los animales; ahora, barra libre. Por supuesto, el actual gobierno PP-VOX aragonés no podía ser menos en la defensa de la matanza pública de rumiantes, así que, recientemente han manifestado la intención de clasificar a los festejos taurinos como BICs, y han seguido incrementando las ayudas a las escuelas taurinas, etc.

Por último, conviene recordar que el regidor de Pamplona, que tanto ha disfrutado con los espectáculos taurinos de sus sanfermines y la muerte de los toros entre meriendas y charangas, no es precisamente de extrema derecha, sino de EH-Bildu. ¿Quién podría imaginar que VOX y Bildu pudieran ser tan afines en cuanto al maltrato a los animales?

Con este resumen quiero concluir que la tauromaquia no pertenece a la derecha ni a la izquierda, sino a los insensibles al sufrimiento más atroz de los animales como consecuencia de un antropocentrismo desmedido. La hemiplejía moral no es más que un síntoma. Mucho más grave es la profusión de disfuncionales de la conmoción y empatía con los animales que, entre habanos y caldos reserva, o tagarninas y calimochos, dicen ver un arte justificador de la sangre vertida, heridas, degüellos y muerte de animales. Así hemos convertido el ruedo nacional en una pecina hedionda por la descomposición de la sensibilidad y la cultura española proba.

La crisis de Ceuta puede analizarse como una crisis migratoria, como una crisis diplomática o como una batalla política. Pero ninguna explica por sí sola por qué decenas de miles de personas estuvieron dispuestas a correr un riesgo tan extremo.

Veamos algunos aspectos del relato político, de la frontera y su militarización, de las causas económicas, sociales y de seguridad de las que huyen muchas de estas personas. Y sobre todo, veamos quién debiera asumir responsabilidades de lo más importante, los 141 muertos, muchos de ellos niños y jóvenes.

La batalla política por el relato

No solo importa lo que ocurrió, importa cómo llamamos a lo que ocurrió. En esta línea, puede ayudar a entender lo ocurrido el 30 y 31 de julio en Ceuta, una investigación académica de 2025 de Gabrielli y Garcés sobre los discursos utilizados por los medios en la crisis de 2021, que analizó cómo las narrativas pasaron a representar a los migrantes como armas, convirtiendo una cuestión migratoria en una cuestión de seguridad y amenaza híbrida. Es decir, si optamos por utilizar el término migrantes y víctimas se produce una historia, si elegimos invasión y amenaza se produce otra.

PP y Vox han ofrecido el relato político que más les interesa en sus ambiciones electorales, el problema es una política migratoria española demasiado permisiva y una frontera insuficientemente controlada, que ha permitido una invasión. En términos formales, nada de lo anterior es cierto. Quienes utilizan este enfoque de criminalización de las migraciones, deben saber que han producido una enorme explosión de discurso de odio. El sistema FARO detectó 9.590 mensajes de odio solamente los días 30 y 31 de julio.

Pero no es un problema local, Trump calificó el episodio de invasión y lo utilizó explícitamente como argumento de política interna estadounidense. Dijo que algo parecido podría ocurrir en Estados Unidos si los republicanos perdían las elecciones. Algo parecido ha hecho la primera ministra italiana líder del partido xenófobo Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tras su decisión de suspender la libre circulación entre Italia y España por la crisis en Ceuta. No es seguridad, es política.

La frontera de Ceuta ya estaba militarizada

La muerte de 141 personas en el paso de la frontera de Ceuta demuestra que cuando decenas de miles de personas la atravesaron el 30 de julio, no estaban dando un paseo. Ceuta no era una frontera abierta ni poco vigilada antes del 30 de julio, era ya una de las fronteras más securitizadas de España y de la UE. La frontera de Ceuta combina barreras físicas, vigilancia marítima, cámaras, sensores, sistemas biométricos y cooperación policial con Marruecos.

El perímetro terrestre de Ceuta ha pasado por sucesivas generaciones de fortificación diferentes vallados, carreteras y pistas de patrulla, iluminación, cámaras, torres de vigilancia y sistemas de detección. Paralelamente está el componente marítimo con patrulleras y vigilancia costera. La frontera también se ha ido securitizando tal y como se han ido introduciendo tecnologías de control fronterizo, como demuestran investigaciones sobre la industria europea de fronteras, una del Transnational Institute y el Centre Delàs y otra de Por Causa en colaboración también con el Centre Delàs documentan contratos para cámaras, identificación biométrica y reconocimiento facial en Ceuta y Melilla, además de la progresiva sustitución de la barrera puramente física por dispositivos de detección y control automatizado. Un buen ejemplo de ello es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que combina radares, cámaras y sensores.

Como vemos, una frontera como la de Ceuta puede estar extraordinariamente securitizada y, sin embargo, no ser capaz de impedir una entrada masiva cuando se produce una movilización de esas dimensiones al tiempo que empuja a arriesgar o perder la vida a quienes quieren atravesarla.

Al enfoque militarizador de la gestión migratoria hay que añadir que externalizar la frontera crea una vulnerabilidad que complica la gestión de la misma. Blanca Garcés lleva años sosteniendo que la instrumentalización migratoria no es una anomalía externa al sistema europeo, sino en parte una consecuencia del propio modelo de externalización. Europa paga, negocia o coopera con terceros países para que detengan a los migrantes antes de alcanzar su territorio. Eso concede a esos estados capacidad de presión. En el caso de Ceuta existe una arquitectura que hace posible que Marruecos posea esa palanca y la ciudad autónoma es una pequeña ciudad europea situada físicamente en África, colindante con un país con enormes diferencias de renta respecto de la UE.

¿Por qué migran los jóvenes africanos?

Europa no es solamente un territorio cercano. Es un territorio imaginado y, lógicamente deseado. Es sobradamente conocido que existe una enorme población potencialmente expuesta a precariedad y falta de perspectivas al otro lado del estrecho. En la explicación de lo ocurrido no podemos olvidar que las dificultades económicas persistentes, falta de opciones laborales y creciente incapacidad de muchos jóvenes para mantener unas condiciones de vida dignas explican por qué había tanta gente dispuesta a correr el riesgo. El paso de la frontera no se dio porque todos hubieran sido engañados por una mafia, o instigados políticamente, sino porque la posibilidad de Europa ya tenía valor suficiente para hacer que una oportunidad excepcional pareciera racional, incluso si era peligrosísima, como demuestra el gran número de fallecidos en la tragedia de Ceuta.

Este argumento es sustentado por varios análisis rigurosos. Carnegie publicó: The Migration Wave That Embarrassed Morocco and Rattled Europe, en el que Sarah Yerkes sitúa entre las causas fundamentales las dificultades económicas persistentes y, especialmente entre los jóvenes, la falta de perspectivas laborales y la incapacidad creciente de muchas familias para cubrir sus necesidades. Las redes sociales pueden movilizar, pero no crean de la nada a decenas de miles de personas dispuestas a correr semejante riesgo. Le Monde entrevistó a jóvenes con estudios, empleo e incluso hijos que, aun así, tenían salarios próximos a la pobreza, vivienda inaccesible, precariedad y la sensación de que era imposible construir una vida adulta autónoma. Una joven de 19 años relataba jornadas de 12 horas y un salario de 3.000 dirhams mensuales (unos 280€). No necesariamente huye únicamente quien no tiene absolutamente nada, también migra quien tiene suficiente información para comparar su vida con otra posible, pero carece de vías realistas para alcanzar esa vida dentro de su país o no tiene la opción de hacerlo mediante migración legal.

En la misma línea, una investigación de Hasnaa Boucetta Idrissi publicada en 2026 en la Universidad Mohammed V sobre jóvenes de Nador, muestra una población marroquí en la que se da una combinación de dificultades económicas, falta de oportunidades, marginalización, búsqueda de dignidad y aspiraciones migratorias. Además, un estudio etnográfico de Idrissi, Touhtou y Feixa de 2024, con jóvenes de la ciudad marroquí de Salé, encontró que la aspiración migratoria no es solo económica, también intervienen la presión social por triunfar, las expectativas familiares, la precariedad, la sensación de que el Estado no puede ofrecer una vida digna y los imaginarios de movilidad.

Además, la crisis de Ceuta no es una única migración. Dentro de las decenas de miles hay historias completamente diferentes. HRW entrevistó a personas procedentes de Marruecos, Sudán, Chad, Senegal, Somalia, Túnez, Yemen, Argelia, Siria, Egipto y Palestina. Muchos habían pasado años en viajes migratorios y querían solicitar asilo. El testimonio de Mahmoud, un palestino de Gaza de 36 años, puede servir para entender la gravedad de la situación: “Me quedé arriba en las montañas durante 10 días antes de bajar a la playa con los demás. Esto apenas es vida, pero digo alhamdulillah (alabado sea Dios), no es nada comparado con lo que está pasando mi familia en Gaza”. O el de Fátima, una mujer de 47 años de Tetuán, que explicó que había cruzado con su hijo de 11 años para escapar de un marido que la maltrataba. O el de Mujahid Ahmed, un sudanés de 42 años que llevaba año y medio en Marruecos, quien explicó que amigos suyos habían intentado cruzar 30 o 40 veces, pagando dinero en cada intento, y que decidió probar cuando vio en los medios a miles de personas avanzando hacia la frontera. Su frase resume otra realidad completamente distinta a la batalla política española. Prefería morir allí antes que regresar.

El insuficiente desarrollo y la guerra como causa

Pero todavía faltan preguntas por responder: ¿tiene Europa o España alguna responsabilidad en la existencia de diferencias de oportunidades y de riqueza entre los países europeos y africanos? ¿Puede Europa ser al mismo tiempo fortaleza frente a los refugiados y una de las grandes regiones exportadoras de las armas que alimentan algunos de los conflictos de los que huyen?

Durante la época colonial, las economías europeas se organizaron en buena medida alrededor de la extracción de materias primas y recursos de los territorios colonizados, mientras las actividades de mayor valor añadido se concentraban en las metrópolis. La independencia política no eliminó automáticamente esa estructura económica. De hecho, hoy la relación no es muy distinta, a pesar de que hay países sobre el papel soberanos, permanece un patrón que organismos como UNCTAD siguen señalando: muchas economías africanas continúan dependiendo de la exportación de sus materias primas a sus antiguas metrópolis, ya que la mitad de estos dependen del petróleo, el gas o los minerales. Negocios que están por lo general en manos de empresas extranjeras, muchas de ellas europeas.

En consecuencia, las africanas son economías que exportan combustibles fósiles y minerales a Europa, que producen riqueza en las empresas europeas, sirven para mantener y crear los empleos en Europa y no producen ni la riqueza ni el número de empleos suficientemente remunerados para su población joven. Nadie puede negar que existe una parte de responsabilidad de Europa sobre la falta de oportunidades de los jóvenes que atravesaron la frontera de Ceuta.

Finalmente, debemos recordar que los Estados europeos y sus empresas forman parte de las cadenas internacionales de armas y financiación que han contribuido a armar a varios de los actores que participan en muchos de los conflictos de los que huyen muchas de las personas que han llegado a Ceuta.

En el informe de 2017 del Centre Delàs se demostró que el 29% de las exportaciones de armas europeas autorizadas entre 2003 y 2014 tuvieron como destino países en situación de conflicto o tensión y que 26 países receptores importantes de armas europeas, con estas situaciones y grandes flujos de refugiados y desplazados, habían recibido el 7,8% de las exportaciones de armas europeas y habían generado aproximadamente el 75% de las personas refugiadas y desplazadas del mundo durante el periodo analizado.

Los datos actuales muestran que las tendencias de antaño siguen vigentes. El SIPRI Yearbook 2025 tiene un capítulo específico sobre Conflicts, tensions and arms transfers, cuya conclusión apunta a que los conflictos armados y las tensiones internacionales son los principales motores de las adquisiciones de armas, y la mayoría de los grandes receptores de armamento utilizaron las armas importadas en operaciones de combate durante 2020-24. En ello incide la European Migration Network, que en su informe sobre asilo y migración de 2024 identifica expresamente como motores de desplazamiento de población la guerra de Ucrania, Gaza, Siria, la guerra civil de Sudán y los conflictos y golpes de Estado en África occidental.

En la reciente crisis migratoria en Ceuta, la primera pregunta que se ha intentado responder ha sido ¿cómo hemos permitido que entren?, mientras que la pregunta pertinente debiera haber sido ¿por qué había decenas de miles de personas dispuestas a entrar? ¿Había algunas que huían de guerras o de economías sin perspectivas? ¿cuánto de las condiciones que las expulsaron tiene que ver con el mismo sistema económico, político y militar del que España se beneficia? ¿Qué parte de nuestra riqueza o abundancia proviene de la pobreza y carencias de los países de origen de las personas que han atravesado la frontera de Ceuta?

Es importante comprender por qué alguien está dispuesto a jugarse la vida para atravesar una frontera. La militarización y securitización explica cómo se intenta impedir que entren. La batalla política explica cómo se interpreta que hayan entrado en base a los intereses electoralistas de unos y otros. Pero ninguna de esas cosas explica por sí sola por qué decenas de miles de personas estaban dispuestas a correr semejante riesgo.

Para entenderlo hay que mirar más lejos. A las dificultades económicas persistentes, la falta de opciones laborales, la precariedad y la incapacidad de muchos jóvenes para mantener unas condiciones de vida dignas. Hay que mirar también a una estructura económica que, desde la época colonial hasta hoy, ha imposibilitado que muchas economías africanas puedan retener a sus jóvenes. Hay que mirar a las guerras y las armas de las que huyen muchos de los migrantes que están ahora en Ceuta. Los jóvenes y menores que han entrado en Ceuta son víctimas de un sistema político y económico que nos beneficia, iguales en dignidad y con el mismo derecho que cualquiera de nosotros a querer una vida mejor.

El caos climático en el que nos encontramos ya no es un aviso alarmante sino una realidad. Con una superficie afectada de más de 140.000 hectáreas y la evacuación y confinamiento de cerca de 100.000 personas, los megaincendios que han acontecido hasta la fecha en el Estado, en un contexto de olas de calor sin precedentes, marca la cruda realidad en la que nos encontramos. En estas circunstancias, son frecuentes las respuestas institucionales que tratan de dar con una solución inmediata y centradas en la adaptación o en cómo minimizar los daños. Si bien comprender cómo afrontar las llamas ya prendidas es clave, no se pone en cuestión el combustible que las alimenta, que no es otro que un sistema económico que pone por encima el crecimiento y el lucro privado sobre las vidas y la vida misma. El desplazamiento de la población rural, el calentamiento de la atmósfera por las emisiones o el estrés hídrico son mencionados como hechos en sí sin el trasfondo del sistema capitalista que las provoca. Además, estas respuestas tienen en común un enfoque tecnocrático que asume la pasividad de los colectivos más afectados, sin cuestionar las relaciones de poder que hacen que unos territorios y personas sean sacrificadas a expensas de otras.

Ante esta realidad social y política, no solo ambiental, organizarnos es la única salida. Ahora bien, la forma que esta organización toma es clave. Llevar la energía de forma exclusiva a intentar influir los procesos de decisión en marcha sería un error dada la actual correlación de fuerzas y la complicidad entre el poder político establecido y los poderes económicos.

Más que un Pacto de Estado, como el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que por el momento ha funcionado como retórica para hacer ver que algo se estaba intentando hacer sin cambiar ni un ápice del funcionamiento del sistema actual, como muestra la adhesión generalizada del IBEX 35 a este, nuestra tarea es la de definir un Acuerdo Ecosocial. Un programa común con el potencial de aglutinar a una mayoría social, habilitando los medios para llevar a cabo este programa desde el aquí y el ahora, marcando los contornos de una política realmente transformadora para el ámbito institucional, y estando dispuestas a crear discontinuidades institucionales, que permitan en el medio y largo plazo romper las dependencias con el crecimiento y en último término con las lógicas capitalistas, en favor de un control popular y democrático de la economía. Esto solo es posible con la generosidad y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil en poner una parte importante de su energía en un proyecto que trascienda sus barreras organizativas y con la participación activa de las distintas formas de sindicalismo.

Con el Acuerdo Ecosocial no estamos construyendo un programa para un partido político, sino una fuerza autónoma anclada en la sociedad civil capaz de guiar la acción colectiva hacia futuros posibles que hoy están eclipsados por el sistema capitalista y las distintas formas de opresión que este hace converger entre sí, como son el patriarcado, el colonialismo y el racismo. Un sistema capitalista que solo es capaz de no entrar en crisis si genera crecimiento económico de manera constante a costa de la explotación y la precarización de la vida y de las condiciones que la hacen posible.

Es por ello que la forma de construcción del Foro Social Más Allá del Crecimiento está anclada en ir a donde los conflictos se están manifestando para elaborar propuestas desde ahí. Con esta voluntad este otoño hay programados Encuentros del Acuerdo Ecosocial en Sevilla (2-3 de octubre) para abordar el Pacto Alimentario, Agua y Biodiversidad y el Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario y en Gijón (8 de octubre) para debatir el Pacto Industrial, así como otros encuentros en los próximos meses con fechas y lugares por definir. A esto se suman las distintas Asambleas Territoriales que se irán organizando a lo largo de la fase actual del proceso, que culminará a inicios de 2027 con un nuevo encuentro general, como el que tuvo lugar el pasado mes de febrero en la Universidad Autónoma de Madrid.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones y ciudadanía comprometida con una transición ecosocial justa para dar un paso más y hacer una apuesta decidida por una estrategia que contemple la discontinuidad institucional y la ruptura con el sistema dominante desde una mirada internacionalista de justicia global que el Foro Social trata de construir. Somos conscientes de que el éxito de una transición de este tipo solo puede ser efectiva desde la coordinación y solidaridad internacional.

Contar con un Acuerdo Ecosocial no es la solución definitiva, pero hace posible poder dar pasos claves hacia la democratización de la economía, como antídoto a la tendencia autoritaria y fascista actual ante el agotamiento del actual modelo. El camino está por recorrer, y solo lo podemos hacer desde la organización colectiva.

No muchas personas considerarían un éxito verse obligadas a pagar 18.000 millones de dólares [unos 15.450 millones de euros] que no esperaban desembolsar cuando se despertaron esa mañana. Y, sin embargo, Meta podría describir como una especie de victoria el acuerdo logrado con 52 fiscales generales de EEUU para zanjar las denuncias interpuestas contra la empresa, propietaria de Instagram y Facebook, por generar adicción en los niños y llevar a la gente a engaño en lo que se refiere a la seguridad de los menores en sus redes sociales.

Meta niega haber hecho nada mal y pagará los 18.000 millones de dólares a lo largo de diez años. Una parte de esos pagos depende de que otras grandes tecnológicas no mencionadas en este caso también pongan de su bolsillo. La cantidad a pagar es calderilla para Meta, que solo el año pasado generó beneficios por unos 60.000 millones de dólares [unos 51.500 millones de euros].

Lo que en el largo plazo podría resultar más oneroso es el compromiso de dar marcha atrás con algunos de los mecanismos que el gigante tecnológico lleva dos décadas perfeccionando para mantenernos en sus plataformas.

En EEUU, los menores de 18 años que accedan a Instagram y Facebook tendrán un límite predeterminado de dos horas por día, y no podrán acceder durante la noche a menos que un padre o madre cambie la configuración. Las notificaciones de las dos redes se silenciarán en horario escolar, algo que a los profesores les alegrará saber, y la plataforma, como los padres, recordará a los adolescentes el tiempo exacto que han pasado mirando sus pantallas. Son todos cambios significativos que modifican de manera sustancial el funcionamiento de los productos de Meta y significan un avance. Pero en muchos aspectos Meta también se ha salido con la suya, tanto en lo que se refiere a los cambios exigidos como en la multa a pagar.

Este acuerdo extrajudicial representa un importante y deliberado cambio estratégico y demuestra cómo se han modificado los aspectos económicos de los litigios por las redes sociales.

La decisión de ponerle fin a este caso con un arreglo extrajudicial llega pocos meses después de otro caso en el que Meta trató de defenderse en los tribunales y sufrió una derrota contundente: en agosto, un juez de Nuevo México la condenó a pagar 942 millones de dólares [unos 809 millones de euros] y a mejorar varias medidas de protección a los menores. El juez dictaminó que Meta había actuado indebidamente, algo mucho más perjudicial para la empresa que el acuerdo extrajudicial de esta semana en el que no admitía ninguna responsabilidad, aunque las cantidades en juego fueran menores (Meta ha interpuesto un recurso por el fallo de Nuevo México; y en los tribunales estadounidenses siguen su curso miles de demandas más por adicción a las redes sociales).

Escarmentada por un par de fracasos judiciales, Meta parece haber preferido una victoria pírrica antes que arriesgarse a otra derrota real. Los acuerdos extrajudiciales sin admisión de culpa evitan la sentencia, una situación jurídica que puede descontrolarse rápidamente afectando a todos los productos de Meta.

Como consecuencia del acuerdo extrajudicial firmado esta semana Meta tendrá que introducir cambios relevantes en sus plataformas. Pero en última instancia sigue teniendo control sobre los cambios, que ha tratado de limitar al mínimo imprescindible. Por costoso que sea, un acuerdo extrajudicial le permite proteger su modelo de negocio fundamental.

En lo que se refiere a sus pleitos, ninguna opción es buena para la empresa. Arriesgarse a que un jurado le imponga una indemnización astronómica, revelando información interna comprometedora y dejando que un juez decida sobre las partes de Instagram o de Facebook que deben modificarse. O llegar a un acuerdo pagando una suma desorbitada, aunque asumible, para controlar las pérdidas negociando qué cambia exactamente en sus productos.

No hay duda de que un pago de 18.000 millones de dólares [unos 15.450 millones de euros] es más de lo que la mayoría de las empresas podría desembolsar, pero parece poco en comparación con los 1,5 billones de dólares [en torno a 1,29 billones de euros] que el caso podría haberle costado de llegar a los tribunales, según la estimación del propio equipo de relaciones públicas de Meta. Los 18.000 millones de dólares también parecen poco con relación a la cantidad más realista de 200.000 millones de dólares [unos 171.730 millones de euros] que los abogados de la acusación esperaban hacerle pagar.

Además de eso, Meta también ha conseguido que el problema no sea solo de ella. Aproximadamente uno de cada tres dólares comprometidos por el acuerdo están condicionados a que las plataformas TikTok y YouTube introduzcan restricciones y hagan pagos equivalentes. Meta está pidiendo públicamente a las dos plataformas que se sumen al acuerdo.

No todo el mundo ha dado su visto bueno a este acuerdo negociado en el que nadie gana (y Meta claramente no pierde). Los fiscales generales de 48 estados aceptaron la propuesta de Meta, pero el de Florida, James Uthmeier, lo ha rechazado públicamente diciendo que seguirá adelante en la demanda contra Meta. “Nos veremos en el juicio”, dijo Uthmeier, que llamó “calderilla” a la cantidad acordada.

Toda esta historia no tiene por qué limitarse a Estados Unidos, aunque el acuerdo se aplique formalmente solo a los estados y territorios estadounidenses participantes. Un portavoz de Meta me dijo que en otros lugares la empresa ya tenía un buen sistema de protección para los adolescentes y que antes de decidir los siguientes pasos a nivel internacional, observarán cómo funcionan las nuevas medidas en EEUU. Pero gestionar versiones sustancialmente diferentes de Instagram y Facebook en todo el mundo no parece nada atractivo, y Meta acaba de demostrar que es posible aplicar estas restricciones.

Teniendo en cuenta la apuesta de Australia y el Reino Unido por la protección infantil en Internet, es de esperar que los políticos de esos países se pregunten pronto por qué dichas restricciones velan por la seguridad de los adolescentes estadounidenses y no por la de los niños de sus países. El gobierno británico puede esgrimir la propia Ley de Seguridad en Internet del Reino Unido para que esos cambios también se apliquen en su territorio.

Esa podría ser la mayor repercusión del acuerdo. Meta ha pagado miles de millones para eludir su responsabilidad en un caso judicial. Pero tal vez al hacerlo haya abierto la posibilidad de cambios en otros países.

Cuando observamos las imágenes de la reciente avenida que ha asolado Nepal es fácil pensar que estamos ante una tragedia provocada únicamente por un episodio extremo. Sin embargo, en geología las catástrofes rara vez son hechos aislados. Los desastres suelen formar parte de una cadena de acontecimientos que puede desarrollarse durante años o incluso décadas.

Para comprender lo ocurrido recientemente en Nepal quizá debamos retroceder más de una década, hasta el terremoto de Gorkha de 2015.

Aquel terremoto, de magnitud 7,8, fue una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país. Miles de personas perdieron la vida y centenares de miles de viviendas quedaron destruidas. Pero el impacto del seísmo fue mucho más allá de la destrucción inmediata. El terremoto desencadenó miles de desprendimientos, deslizamientos y avalanchas de ladera a lo largo de gran parte del Himalaya central. En muchos lugares el paisaje cambió para siempre.

Los geólogos sabemos que un gran terremoto no termina cuando cesa el movimiento del suelo. Las fracturas abiertas en las laderas, los taludes debilitados y los enormes volúmenes de roca desplazados pueden permanecer inestables durante años. De hecho, numerosos estudios realizados tras el seísmo alertaron de que la llegada de los monzones seguiría reactivando muchos de esos movimientos y aumentando la erosión en las cuencas afectadas.

Para miles de habitantes de aldeas de montaña aquello supuso convivir con una sensación permanente de inseguridad. Los caminos habían desaparecido, muchas viviendas eran inhabitables y las laderas que durante generaciones habían proporcionado sustento y refugio se habían convertido en una amenaza.

Es difícil medir cuánto influyó este factor en la movilidad de la población, pero sí sabemos que el terremoto provocó importantes desplazamientos y cambios en los patrones de residencia. También sabemos que las zonas mejor comunicadas y más accesibles concentraron gran parte de las operaciones de ayuda y reconstrucción.

Y aquí aparece una cuestión que rara vez ocupa titulares. Cuando se produce una emergencia, la prioridad es salvar vidas. Es lógico que los campamentos de refugiados, los centros de distribución de ayuda y los alojamientos temporales se sitúen en lugares accesibles, próximos a carreteras y relativamente llanos. En Nepal, como en cualquier otra parte del mundo, esa decisión respondía a una necesidad operativa evidente. La ayuda debía llegar rápido y a la mayor cantidad posible de personas.

Sin embargo, la lógica de la emergencia no siempre coincide con la lógica de la planificación territorial. La experiencia internacional muestra que muchos asentamientos temporales terminan convirtiéndose en permanentes.

Allí donde llegan primero las carreteras, la electricidad, los centros sanitarios y las oportunidades económicas, es frecuente que la población encuentre motivos para quedarse.

No resulta difícil imaginar que algunas familias que abandonaron áreas montañosas especialmente afectadas por los desprendimientos terminaran instalándose de forma duradera en fondos de valle o cerca de corredores de transporte. Aunque esta hipótesis requiere estudios específicos para cuantificar su alcance, encaja con los patrones de movilidad observados tras el terremoto y con el peso que tiene la accesibilidad en las decisiones de reasentamiento.

Y es precisamente aquí donde surge una de las grandes paradojas de la gestión del riesgo. Escapar de un peligro no significa necesariamente llegar a un lugar seguro.

Los valles ofrecen mejores comunicaciones, una topografía más favorable para construir y acceso a servicios esenciales. Pero también concentran otros riesgos. Son los espacios por los que circula el agua, donde se acumulan los sedimentos procedentes de las montañas y donde terminan convergiendo muchos de los procesos que se generan en las zonas altas de una cuenca.

Desde una perspectiva geológica, una comunidad puede pasar de estar expuesta a desprendimientos y avalanchas de ladera a encontrarse vulnerable frente a inundaciones, flujos torrenciales o avenidas súbitas.

Además, existe otro aspecto frecuentemente olvidado. El propio terremoto pudo contribuir indirectamente a aumentar la peligrosidad futura de los sistemas fluviales. Los miles de deslizamientos generados por el seísmo dejaron enormes cantidades de sedimentos disponibles en las cuencas. Durante años, las lluvias y los ríos han ido movilizando parte de ese material. En determinados escenarios, esta carga sedimentaria adicional puede incrementar la capacidad destructiva de las avenidas y modificar el comportamiento de los cauces.

Por supuesto, la reciente tragedia no puede explicarse únicamente por el terremoto de 2015. Los fenómenos extremos responden a múltiples factores. Pero lo ocurrido sí invita a reflexionar sobre una cuestión fundamental: la reconstrucción no debería limitarse a reemplazar lo que se ha perdido. Debería aprovecharse para comprender mejor el territorio y reducir riesgos futuros.

Ahí es donde la geología adquiere un papel decisivo. La cartografía geológica y geomorfológica permite identificar laderas inestables, zonas susceptibles de inundación, áreas afectadas por flujos torrenciales y sectores donde la combinación de amenazas alcanza niveles inaceptables. Gracias a estas herramientas es posible orientar la localización de viviendas, hospitales, carreteras e infraestructuras críticas hacia lugares más seguros.

La pregunta que debería formularse tras cada gran desastre no es únicamente cuánto costará reconstruir ni cuánto tiempo llevará hacerlo. La pregunta verdaderamente importante es dónde se debe reconstruir y para esto la geología se presenta como una ciencia indispensable.

Porque, en ocasiones, la diferencia entre una reconstrucción resiliente y la preparación involuntaria para la próxima catástrofe depende precisamente de eso: de comprender lo que el terreno lleva años intentando decirnos.

Con demasiada frecuencia la geología se percibe como una disciplina dedicada a estudiar el pasado de la Tierra. En realidad, una de sus mayores contribuciones consiste precisamente en ayudar a tomar decisiones sobre el futuro.

Desde su origen, la acción humanitaria ha sido objeto de interpretaciones interesadas, sesgos inaceptables, politización interesada e intentos de manipulación que han ido cuestionando su papel. Desde las organizaciones humanitarias, y más aún ahora en momentos de fuertes recortes presupuestarios, se ha puesto énfasis en la necesidad de respetar el acervo que el sector ha construido a lo largo de su historia y de mantener una ayuda humanitaria basada en principios. Pero los ataques al quehacer humanitario están revistiendo nuevas formas que impiden cumplir con sus objetivos básicos: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad humana y los derechos de las personas afectadas.

Aunque puedan existir debates al respecto, hay principios que deberían ser universales e incuestionables: la imparcialidad, la independencia y la neutralidad de la acción humanitaria son algunos de ellos. Sin embargo, dos crisis recientes -el devastador terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y la oleada migratoria que mantiene en vilo a la ciudad autónoma de Ceuta- han puesto de manifiesto hasta qué punto estos principios son vulnerados, ya sea por intereses geopolíticos o por la crispación social. En ambos casos, quien debía llevar alivio se encontró con puertas cerradas y, lo que es peor, con una incomprensión que convierte a la ayuda en un objetivo más del conflicto político y de la controversia social.

Colombia: la ayuda humanitaria como moneda de cambio político

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 292.000 personas damnificadas y 130.000 viviendas afectadas, con un tremendo impacto económico. Numerosas organizaciones humanitarias tanto colombianas como internacionales trataron de responder con rapidez al desastre. La Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desplegaron equipos de búsqueda y rescate en departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas. Pero la respuesta humanitaria tropezó casi desde el primer momento con un obstáculo inesperado: la política. Y eso en un país que cuenta con una enorme experiencia en materia humanitaria y con mecanismos de coordinación que han mostrado ser eficaces en el largo conflicto armado que sufre el país.

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, que había asumido el poder apenas tres días antes del sismo, decidió centralizar las operaciones y condicionar la entrada de ayuda internacional según criterios ideológicos. El resultado fue un sesgo evidente: se autorizó el ingreso de equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras se rechazaba la oferta de México, cuyos brigadistas habrían tardado apenas tres horas en llegar en un vuelo comercial y contaban con equipos acreditados internacionalmente por los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas.

Las organizaciones humanitarias han sido prudentes en sus críticas para no ver dificultada su labor, pero no así algunos medios. “No hay un argumento técnico” para esta decisión, denunció la analista política Sandra Borda, quien calificó el criterio como “puramente político” e “ideológico”. El analista internacional Gabriel Guerra fue aún más contundente: “Hay que ser muy miserable para resistirte a la ayuda de equipos y países probados en este tipo de cosas, solamente porque quieres marcar una distancia político-ideológica”.

La politización de la ayuda humanitaria no es un fenómeno menor. Como recordaba Lilia Solano “si se politizara la ayuda humanitaria a fin de que se ajuste a intereses ideológicos y geopolíticos se incurriría en una falta de gravedad”. Los principios humanitarios, que deberían guiar cualquier respuesta a una catástrofe, fueron desplazados por la agenda política del nuevo gobierno. Y mientras los equipos de rescate eran filtrados por su nacionalidad, los damnificados esperaban entre los escombros.

Ceuta: cuando la frustración ciudadana bloquea la solidaridad

A miles de kilómetros de distancia, en la costa norte de África, la escena era distinta en apariencia, pero idéntica en el fondo. El pasado 30 de julio, más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados. Aunque la mayoría regresó, entre 3.500 y 10.000 migrantes permanecen en el territorio ceutí, muchos de ellos acampados en la playa del Trampolín, viviendo a la intemperie.

Allí, trabajan algunas organizaciones sociales y humanitarias y la Cruz Roja realiza un reparto diario de alimentos y agua. Pero el pasado jueves un centenar de vecinos de Ceuta se sentó en la carretera para impedir el paso del convoy humanitario, compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial. Los manifestantes coreaban consignas como “la Cruz Roja es una mafia” y “fuera la Cruz Roja”. La protesta se alargó durante más de dos horas, y posteriormente los manifestantes rompieron el cordón policial, asaltaron el campamento y quemaron enseres y chabolas de los migrantes.

“No es un problema de izquierda o derecha”, podría decirse, pero la realidad es que la crispación social ha convertido a la ayuda humanitaria en un chivo expiatorio. Los vecinos de Ceuta se sienten abandonados por el Gobierno central, que según ellos no ha dado una respuesta a la crisis migratoria. Pero ese malestar, por legítimo que sea, no puede traducirse en un veto a la asistencia a quienes más lo necesitan.

Un mismo síntoma, dos caras de la misma incomprensión

En Colombia, la ayuda humanitaria fue secuestrada por la geopolítica. En Ceuta, fue bloqueada por la frustración ciudadana. En ambos casos, el resultado es el mismo: quienes necesitan asistencia la reciben más tarde o, peor, no la reciben en absoluto.

El CICR lo ha dejado claro en otros contextos: “El acceso es una obligación, no una opción. Las autoridades deben facilitar el acceso sin obstáculos a las comunidades”. Pero cuando son las propias autoridades las que condicionan la ayuda por afinidad política, o cuando son los ciudadanos los que se sientan en la carretera para impedir el paso de un camión de comida, ese principio fundamental se desmorona.

La acción humanitaria no es un gesto de caridad ni una herramienta política. Es un derecho de quienes sufren y una obligación de quienes pueden ayudar. Instrumentalizarla, bloquearla o cuestionarla por motivos ajenos a la urgencia de salvar vidas y respetar la dignidad y defender derechos es, en el fondo, una traición a lo que nos hace humanos.

El terremoto en Colombia y la crisis de Ceuta son tragedias distintas, pero comparten una enseñanza amarga: cuando la ayuda humanitaria deja de ser imparcial, neutral e independiente, pierde su esencia. Y con ella, perdemos todos.

Cuando “il bello del palazzo” se encontró con la eurodiputada Eva Kaili en los pasillos del Parlamento Europeo, nunca imaginó que acabaría junto a ella, no solo a bordo de un yate surcando el mar Adriático que separaba sus países de nacimiento, sino también en los calabozos contiguos de la sede de la policía judicial federal en el número 202 de la Rue Royale de la capital belga. En casa quedaba su hija, una bebé de año y medio, al cuidado de sus familiares. Francesco Giorgi, asesor parlamentario, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, siguen pendientes de juicio desde julio de 2022, tras pasar varios meses en prisión preventiva acusados del conocido como Qatargate o Moroccogate. Lobbistas marroquíes idearon una trama que implica ya judicialmente a 20 miembros o exmiembros del Parlamento, entre eurodiputados y asesores, a los que sobornaban para lograr resoluciones favorables de la Unión Europea (UE).

Tan bien lo hizo Marruecos que, en un inicio, el caso llegó a denominarse exclusivamente el Qatargate para desviar las miradas hacia el país que en aquel momento organizaba el Mundial de fútbol. No lo consiguió y, de hecho, la Fiscalía Federal ordenó la detención de dos de los acusados: uno de ellos el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, que había co-presidido la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos. Entre medias de este culebrón, la policía había detenido en un hotel del barrio europeo en Bruselas al padre de Eva con una maleta que contenía 750.000 euros en efectivo. Nunca imaginé que podía caber tanto dinero en una maleta, ahora que solo vemos billetes de 50 euros.

Estas prebendas, que la Fiscalía belga calificaba hace tres meses de corrupción pública, blanqueo de capitales y organización criminal, se habrían traducido en resoluciones favorables al Reino alauita. En nuestra memoria reciente está el conflicto de los derechos de pesca del Sáhara Occidental, tan codiciados por Marruecos y cuyas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea rompían con sus expectativas. El Parlamento podía ayudar. El control de la inmigración ilegal o el reconocimiento de otras soberanías siguen estando en juego. Por el camino, Rabat consiguió una resolución contra Argelia, que desapareciera su mención como violador de los Derechos Humanos e incluso que la UE no reconociera a los opositores al régimen.

Pero no todo podía salir bien. Tras el primer asalto a Ceuta en el verano de 2021, con 9.000 marroquíes cruzando impunemente la frontera española, el Parlamento Europeo adoptó una resolución justo un año antes de las detenciones del Moroccogate. Adoptada por una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo aprobaba en Estrasburgo una Resolución sobre “la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la explotación de menores por parte de las autoridades en la crisis migratoria en Ceuta” (2021/2747/RSP). Como hemos comprobado en este segundo round a Ceuta del 31 de julio, la respuesta de la Unión Europea y nuestros socios de los Estados miembros no ha sido la misma.

Volviendo al entramado del Moroccogate, poco después de las detenciones y con la cúpula corrupta en prisión, el Parlamento Europeo adoptaba otras posiciones respecto a Marruecos que no fueron de su agrado. El parlamento del Reino de Marruecos respondía y hacía pública una declaración en la que condenaba “la campaña malintencionada contra nuestro país, cuyo último desarrollo fue la votación por parte del Parlamento Europeo de una Recomendación el 19 de enero de 2023”. Asimismo, decía recibir “con gran asombro y descontento esta recomendación, que ha destruido el nivel de confianza entre las instituciones legislativas marroquíes y europeas”, anunciando el fin de sus relaciones. En esa votación, el Parlamento Europeo denunciaba presiones e intentos de corrupción de Marruecos a la Eurocámara.

De ahí que estudios académicos hayan afirmado que “el Comité Parlamentario Conjunto UE-Marruecos, aunque establecido en 2010 como un instrumento regular de la diplomacia parlamentaria, terminó convirtiéndose en un conducto para conexiones y prácticas corruptas”. Un ejemplo de ello es la misión oficial del Parlamento Europeo al Sáhara Occidental en 2018, antes de las votaciones sobre los derechos comerciales saharauis, cuando se descubrió que el jefe de la Delegación estaba en la junta directiva de una fundación vinculada a Marruecos.

Pero la sorpresa mayúscula golpeó incluso a la Comisión Europea, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que “ningún acuerdo comercial con Marruecos puede incluir el Sáhara Occidental sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui”. En juego estaban los derechos de pesca en su línea de costa. En términos generales, el Moroccogate, aún vivo en los tribunales, revela una flagrante falta de supervisión del Parlamento Europeo. Hoy, con la crisis de Ceuta aún humeante y la Unión Europea mirando hacia otro lado, hay que recordar el lamentable papel de algunos de nuestros representantes en las instituciones europeas. Como apuntaron fuentes del Parlamento Europeo en medio del escándalo hace ya cuatro años, tras anunciar su personación como perjudicado, “siempre habrá alguien para quien una bolsa de dinero en efectivo merezca la pena”.

En menos de 6 años la Universidad ha recibido dos sacudidas mayúsculas. La primera fue a comienzos de 2020, y la provocó un virus. La segunda comenzó a finales de 2022 y el causante fue la inteligencia artificial. La COVID-19 vació las aulas y los campus y la IA se coló en ellos, invisiblemente omnipresente.

La pandemia obligó a cambiar de urgencia la forma de dar las clases, hacer las prácticas, examinarse… No tuvimos tiempo para debates pedagógicos ni para tomar la mejor decisión. Solo lo hubo para evitar el desastre que supondría cancelar por completo la actividad académica. En pocos días cambiamos la pizarra y el aula por la pantalla y nuestras casas. Y menos mal que disponíamos de la tecnología necesaria o se pudo desarrollar con cierta agilidad, como ocurrió con las plataformas de videoconferencia, que ya existían, pero no con las prestaciones que a los pocos meses eran comunes en un buen puñado de ellas. Por supuesto que hubo cosas que se hicieron mal o no del todo bien, pero salimos adelante y diría que con buena nota.

La mayor parte del profesorado tenía una escasa experiencia digital, pero con profesionalidad y mucha voluntad aprendimos a compartir pantallas, grabar materiales, organizar tutorías virtuales y hasta a hacer exámenes en línea. Las universidades ampliaron sus servidores, mejoraron a la carrera sus campus virtuales y compraron ordenadores portátiles para cubrir necesidades, incluso para algunos estudiantes. Lo que en circunstancias normales habría requerido crear varias comisiones, realizar un sinfín de informes y varios meses o incluso años de debate y tramitación, se hizo en semanas. Quedó demostrado que la Universidad puede cambiar rápido, siempre que no se eternice en planes estratégicos y burocracia, eso sí.

Pero conviene no confundir digitalización de emergencia con transformación digital de la educación. En general no se diseñó una verdadera docencia en línea: se trasladó la clase tradicional a una plataforma de videoconferencia. Los profesores hablábamos a una pantalla y los estudiantes atendían a vaya usted a saber qué.

Pasado el apuro, en poco tiempo la Universidad recuperó la presencialidad y su anómala normalidad previa a la pandemia. En todo caso, al menos una generación de estudiantes arrastrará carencias de aprendizaje, problemas mentales, dificultades emocionales y una relación distante con la vida universitaria. La emergencia terminó, pero sus efectos no del todo, al menos para una parte de los afectados.

Cuando todavía teníamos el cuerpo académico dolorido por los efectos del virus, se asomó al campus ChatGPT. Nadie toco a rebato entonces, aunque tras unos primeros meses de sorpresa, a la que siguió el desconcierto, la idea de prohibirlo se fue extendiendo. Era una solución tan irreflexiva como imposible.

Aquel primer modelo de ChatGP,T que ya apuntaba maneras pero fallaba como una escopeta de feria, dio paso a sistemas multimodales, capaces de trabajar con texto, voz, imágenes, vídeo y código, a los modelos capaces de razonar y a la IA agéntica. Además, las capacidades de los modelos mejoraron enormemente y se corrigieron o redujeron algunas de sus limitaciones y fallos.

Todo está acelerándose, pero las universidades casi no han reaccionado a esta nueva sacudida. Están todavía en una fase pre-IA. Mientras tanto, los estudiantes aceleran el paso. Según el informe de la Fundación CYD Uso y percepción de la IA en el entorno universitario II, elaborado a partir de una encuesta a 800 alumnos españoles de entre 18 y 25 años, el 90% utiliza inteligencia artificial y el 89% emplea asistentes de texto. Sin embargo, el 61 % de los estudiantes declara no haber recibido formación o apoyo de su universidad y el 46% considera que esta no promueve el uso de la IA.

Mis estudiantes ya no vienen a tutorías y algunos compañeros me dicen que a ellos no les van ni a clase. De hecho, el 27 % de los estudiantes encuestados por la Fundación CYD declara que asiste menos a clase ahora. La IA está forzando las costuras universitarias. En parte evidenciando fallos del sistema que ya existían y, por otro lado, mostrando la dificultad de la academia para atender a nuevas realidades, y también oportunidades, salvo que sean cuestión de vida o muerte.

La forma tradicional de realización de trabajos y exámenes está en cuestión. Hasta ahora asumíamos, a veces ingenuamente, que quien entregaba bien un programa informático, una redacción, la crítica de un texto o resolvía correctamente un conjunto de ejercicios en la hora de estudio, no solo los había hecho por sí mismo, sino que además los había entendido y había aprendido con ello. Ahora la desconfianza está instalada y opera por defecto.

Urge que docentes y discentes recibamos formación sobre la IA y su uso en la educación, pero no servirá de mucho si no repensamos también la educación: qué enseñar y cómo. La calculadora no supuso solo aprender a usarla sino desplazar la enseñanza desde el cálculo mecánico hacia la resolución de problemas.

Por pensar en alto, se me ocurre que habrá que dar más peso a las capacidades y habilidades más genuinamente humanas, muy especialmente las relacionadas con la comunicación oral y escrita. Diseñar actividades para realizar sin IA -incluso con espacios libres de IA, como los hay libres de humo-. También con ella, por supuesto, pero en este caso verificando respuestas, criticando propuestas, mejorándolo todo con nuestro esfuerzo cognitivo. Tendremos que cambiar la forma de evaluar, pero no solo para que no nos la metan doblada sino para que la evaluación sea una parte importante del aprendizaje, como tendría que haberlo sido siempre.

Al profesorado no solo habrá que formarlo en el uso de la IA sino, y sobre todo, en su buen uso pedagógico. Eso sí, los formadores no pueden ser especialistas en IA que no sean siquiera buenos docentes, ni especialistas en didáctica que no entiendan bien las tecnologías digitales, en particular la IA. Por cierto, este esfuerzo de los docentes no solo ha de agradecerse, como ocurrió durante la pandemia, sino reconocerse institucionalmente.

Por último, las herramientas no son todas adecuadas, ni gratuitas, ni confiables. O se tiene esto en cuenta desde un punto de vista de adopción tecnológica y de esfuerzo económico, o lo único que haremos es aumentar las desigualdades entre las universidades, su profesorado y los estudiantes.

La pandemia nos obligó a actuar sin casi pensar, no permitamos que la IA nos tenga pensando sin actuar.

La política está hecha de improvisación, pero no tolera a los aficionados

El verano, al que estamos a punto de dar carpetazo, nos ha entretenido con varios casos reales de la distancia que a menudo media entra la política de baja intensidad y la vehemencia de la realidad.

Para adquirir poder se tiene que ser hábil entendiendo a los demás, de modo que uno lea con nitidez qué quieren y qué rechazan. En democracia, el político capaz de reflejar la realidad como un espejo bruñido se crea menos problemas que aquel que parte de sus prejuicios, que consisten en creer saber lo que en realidad se ignora. Los prejuicios enmascaran la realidad, y acercan la bofetada electoral, pues la realidad es tozuda y no desaparece aunque no la miremos.

Una vez alcanza el poder, el político tiende con sorprendente rapidez a perder esa capacidad de confrontar las cosas como son, principalmente porque uno se centra en sí mismo y se encuentra muy satisfecho con lo conseguido; además, habitualmente, las personas de su círculo más cercano cierran filas alrededor como una guardia pretoriana, cuya prioridad es defenderle de las opiniones divergentes, mientras le susurran constantemente lo que quiere oír, hasta envolverle en una nube que le ciega para ver más allá de su contorno. En el mundo empresarial sabemos que dentro de las empresas viven los costes, mientras que para obtener ingresos hay que salir fuera.

Cada vez menos directivos salen de su caparazón, ahora digitalizado artificialmente, y se nota, porque tocan de oído. Paradójicamente, la mayor información procesada correlaciona con menor lucidez en la anticipación de lo que traerá el futuro.

La neurociencia señala que en las personas poderosas hay zonas del cerebro menos activas, entre otras, aquellas que fomentan la empatía, que permiten ver con los ojos del alma a los otros, escucharlos y comprenderlos. Si el poder es ilimitado, descontrolado o desequilibrado, año tras año precipita esta metamorfosis perversa, cuyo diagnóstico tiene mal pronóstico Al cabo de no mucho tiempo el sordo que no quiere oír se mete en un túnel que empeora progresivamente. El tratamiento de choque apunta a una dosis contundente de realidad, que suelen aportar la familia o los amigos que son amigos, y, por lo tanto, insobornables, que le tratan como la persona normal que es, con las limitaciones naturales e intelectuales que la caracterizan.

El asesor político fetén sabe que lo que ha hecho del candidato el elegido no es lo que hará la mejor versión del político que puede llegar a ser. Para hacer política hay que dejar de hacer campaña. El asesor útil está obligado a hacer algo diferente, innovador, para mantenerse fuera del halo del poder; eso le permitirá ser capaz ver con nitidez e interpretar con precisión las cosas que pasan, de lo que se beneficiará su asesorado.

Paradójicamente, antes de lo que el asesor se imagina, el destino de esa objetividad en la visión, comprensión e interpretación de lo que pasa divergirá de la perspectiva de su jefe en el poder, porque este último flaqueará ante la tentación de ver a través del prisma de lo que desea porque le conviene. Los líderes políticos o empresariales solo salen de la ceguera o sordera autoimpuesta, es decir, solo cambian de opinión si antes han cambiado de comportamiento. No hay que olvidar que las personas ajustamos nuestras opiniones más debido a la observación que como resultado de la argumentación. La soberbia causa incapacidad técnica también en política, a las pruebas locales y globales me remito.

El capitalismo digital de plataformas está construyendo un relato de salvación y revolución en la educación que poco tiene que ver con la realidad, sino más bien con el control y el dominio de las últimas fronteras del capitalismo que le quedan por conquistar: nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos, un bien común y esencial. Datos que extraen y venden las Big Tech, terratenientes neofeudales de la nueva economía digital que siguen con la centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI (nuestra información) y que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital.

Lo que ocultan es que el negocio real somos nosotros: tras estos proyectos lo que se esconde es una excusa para extraer información del alumnado, con el fin de convertir a los colegios en una fábrica de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar y donde el sector de las aseguradoras, las finanzas, los préstamos bancarios tendrá condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña, escuela o distrito. La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden.

Así es que el corsario tecnológico que coloque más de sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios tendrá la mejor fuente de extracción y recopilación de información y datos, de tendencias y deseos, detectados con algoritmos de inteligencia artificial que registrarán la actividad de cada alumno y alumna, para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores. Este es el nuevo “oro blanco” del siglo XXI, una “mercancía” prácticamente inagotable en un sistema basado en la escolarización obligatoria.

Las Big Tech han conseguido conquistar así las infraestructuras digitales de las escuelas, los servidores, la nube, las aplicaciones que solo funcionan en sus plataformas. Abarcan software, hardware y almacenamiento en la nube, volviéndose tan poderosas que muchos centros y universidades externalizan la gestión de sus servicios hacia sus servidores (correo electrónico, almacenamiento, etc.).

Estamos dejando nuestra soberanía digital en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales que han descubierto el nuevo oro blanco de este siglo y están convirtiendo los colegios en macrogranjas extractivistas de datos de los menores y de toda la comunidad educativa.

Ciertamente las tecnologías son un recurso y un apoyo imprescindible en la educación. Pero deben estar en manos de la comunidad educativa y de la comunidad social, no al servicio del beneficio de los accionistas del oligopolio tecnológico. De ahí que debamos recuperar e impulsar las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas. Para lograr una progresiva autonomía digital de los centros educativos, rompiendo el monopolio privado de las aplicaciones de los gigantes tecnológicos, como están haciendo ya en diferentes centros y universidades (como en su momento ya fuera X-net o la IA cooperativa global de Platform Cooperativism Consortium, construida al estilo swift, la red que conecta las transferencias bancarias, con una IA basada en cuatro capas: 1. nubes federadas y de gestión pública; 2. cooperativas de datos con los que las comunidades deciden compartir; 3. modelos abiertos y auditables; 4. una gobernanza democrática en la que participan municipios, sindicatos, universidades públicas y cooperativas digitales; como, por ejemplo, Patio, que conecta cooperativas tecnológicas de todo el mundo para democratizar el sector).

En definitiva, si Internet y la comunicación digital se ha convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro (Klein, 2020). Por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos por una Red Global pública que recupere esa soberanía digital y evite las diferentes brechas digitales: desconexión rural, precio de acceso, actualización de programas y obsolescencia programada, etc. Bien sea creando una red alternativa y mucho mejor que la actual o bien sea nacionalizando la que hay al servicio del bien común.

Es decir, debemos avanzar hacia el socialismo digital democrático que proponen Mason o Morozov. Debemos tomar medidas normativas a nivel mundial, nacional y local para recuperar nuestra soberanía digital y tecnológica. Por eso, habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, tomar estos nuevos medios de producción digital y ponerlos en manos del común, que diría el viejo Marx, para avanzar hacia la “socialización de los datos” y hacia la democracia digital como bienes públicos esenciales.

Esperemos que el anuncio de la Ministra de Educación de sacar pronto un Programa Soberano de Inteligencia Artificial en Educación vaya en este sentido. Aunque esperemos que cuente con la comunidad educativa y, especialmente, no lo haga a espaldas del profesorado, porque el artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores, incorporado por la Ley 12/2021 (la “Ley Rider”), obliga a informar a las trabajadoras y trabajadores sobre los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a las condiciones laborales, acceso y mantenimiento del empleo.

La situación actual del conflicto ruso-ucraniano representa un caso paradigmático de la superioridad de la opción de no-acuerdo o de la “mejor alternativa posible asimétrica”. Ninguna de las partes puede imponer una solución militar decisiva, pero ambas creen —o al menos actúan como si creyeran— que su alternativa a negociar sigue siendo mejor que aceptar los términos del otro. Esto explica por qué, en lugar de negociar, el conflicto ha mutado hacia una nueva fase de escalada calculada: los ataques a infraestructuras energéticas o logísticas, puertos, redes eléctricas y población civil no buscan alterar sustancialmente las líneas del frente, sino producir un efecto de desgaste deliberado sobre la resiliencia social y económica del adversario. Rusia ataca infraestructura energética ucraniana buscando quebrar la moral civil antes del invierno; Ucrania responde con ataques de largo alcance sobre refinerías e infraestructura logística rusa, buscando encarecer el esfuerzo bélico ruso y visibilizar que Rusia tampoco es invulnerable en su propio territorio. Esta dinámica se corresponde estrechamente con el concepto de costos crecientes: cada parte intenta subir el precio que el otro debe pagar por continuar la guerra, no ya en términos de vidas de soldados en el frente (donde el estancamiento es evidente), sino en términos de infraestructura civil, economía y cohesión social.

Este tipo de guerra de desgaste conecta también con el deterioro de la mejor alternativa posible del oponente: al golpear la capacidad energética o productiva del rival, cada bando intenta reducir el valor de la opción “seguir luchando sin negociar” para el otro. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite estructural evidente: mientras ambas sociedades mantengan la voluntad de resistir —apoyadas por ayuda externa en el caso ucraniano, o por un aparato represivo interno relativamente eficaz en el caso ruso— el desgaste puede prolongarse indefinidamente sin producir un colapso claro de ninguna de las partes, generando lo que podría llamarse un “empate destructivo” donde el coste humano y material sigue creciendo sin alterar el resultado militar.

Un segundo grupo de conceptos relevante es el de asimetría y poder relativo. La asimetría temporal es central: Rusia, con mayor población, industria militar reconvertida y un sistema político que no depende de elecciones competitivas, puede permitirse pensar en plazos de varios años. Ucrania, en cambio, depende de ciclos de ayuda occidental sujetos a cambios políticos internos en Estados Unidos y Europa, lo que genera una presión estructural para buscar resultados en el corto-medio plazo. Además, el exministro de Defensa ucraniano ya ha pedido que se celebren elecciones, lo que traerá mucha cola en las próximas semanas.

A esto se suma la asimetría de reversibilidad: para Ucrania, aceptar la pérdida de facto de territorios ocupados es una decisión políticamente casi irreversible dada la centralidad de la integridad territorial en su discurso nacional desde 2014; para Rusia, en cambio, ciertas concesiones (como detener ataques a infraestructura civil) son más fácilmente reversibles si el proceso fracasa. Esta diferencia en la “reversibilidad” de las concesiones que cada parte podría hacer complicar enormemente el diseño de cualquier proceso de desescalada gradual, porque lo que para un lado es un gesto de buena voluntad de bajo riesgo, para el otro puede representar un sacrificio político de gran magnitud.

En el plano comunicativo, ambas partes han recurrido extensamente a la narrativa de excepcionalidad histórica (Rusia enmarcando la guerra como una continuación de la Gran Guerra Patria contra el nazismo, Ucrania enmarcándola como una guerra existencial de descolonización frente al imperialismo ruso) y a estrategias de deslegitimación selectiva del liderazgo contrario. Esto hace que cualquier proceso de negociación deba lidiar primero con el problema de cómo hablar sobre cómo hablamos: antes de discutir fronteras o garantías, es necesario desactivar el lenguaje maximalista que ambas partes han usado para movilizar apoyo interno (la “derrota de Rusia” por un lado, la “operación militar especial” y la negación de la identidad ucraniana por otro).

Aquí resulta especialmente útil el concepto de reconocimiento gradual de facto frente al reconocimiento formal. Un acuerdo realista no requiere que Ucrania reconozca legalmente la anexión de territorios ocupados —lo cual sería políticamente inviable e ilegal bajo el derecho internacional— sino que puede basarse en una ambigüedad constructiva: un alto el fuego que congele la línea de contacto actual sin necesidad de que ambas partes acuerden su estatus jurídico final, dejando esa cuestión para una negociación política de largo plazo o, simplemente, sin resolverla formalmente, similar a lo ocurrido con Chipre, Cachemira o la península de Corea, donde el “congelamiento” del conflicto ha durado décadas sin resolución jurídica definitiva, pero también sin nueva violencia a gran escala.

Con estos elementos en mente, una propuesta de un alto el fuego que congele las fronteras actuales de facto, sin reconocimiento formal por parte de Ucrania, resulta consistente. El enfoque de “fórmula – detalles” sería clave: primero acordar el principio general (cese de hostilidades, no reconocimiento formal, pero aceptación práctica de la línea de contacto como frontera administrativa temporal) y dejar para después, mediante negociación por etapas, los detalles técnicos de verificación, monitoreo internacional y garantías. Las cláusulas de revisión periódica permitirían que este acuerdo no se perciba como definitivo ni para Rusia ni para Ucrania, reduciendo la resistencia interna de ambas poblaciones a aceptar lo que de otro modo parecería una capitulación permanente.

Respecto a los derechos lingüísticos de la población del Donbás, esta garantía debería diseñarse como una cláusula de no interferencia mutua verificable internacionalmente, posiblemente mediante mecanismos similares a los de la OSCE, evitando que se convierta en un pretexto futuro de reactivación del conflicto, como ocurrió, en cierta medida, con los Acuerdos de Minsk, cuya ambigüedad y falta de mecanismos de verificación robustos contribuyeron a su fracaso. Sería fundamental evitar el error de Minsk: una ambigüedad constructiva mal calibrada, que en aquel caso se convirtió en ambigüedad destructiva al permitir interpretaciones irreconciliables sobre secuenciación, como elecciones primero o retirada de fuerzas primero.

Finalmente, el componente más ambicioso de la propuesta que expongo es un pacto de no agresión de Rusia con los países europeos junto a un proceso de desescalada del rearme, lo que requeriría ir más allá del marco bilateral Rusia-Ucrania hacia una internacionalización estratégica del conflicto, transformándolo de una disputa territorial bilateral en un nuevo marco de seguridad europea post-Guerra Fría. Esto conecta con la idea de construcción progresiva de confianza: no sería razonable esperar un tratado de desarme inmediato, sino más bien un proceso de reciprocidad gradual, con gestos de confianza progresivos verificables (reducción escalonada de despliegues militares en fronteras, transparencia mutua en ejercicios militares, canales de comunicación directa entre mandos militares para evitar incidentes accidentales). Para que esto sea posible, resulta indispensable despojar al conflicto de su dimensión personalista: la guerra ha quedado en buena medida secuestrada por las trayectorias, egos y narrativas de supervivencia política de Putin y Zelenski, para quienes un acuerdo puede leerse como una derrota personal o una traición a los sacrificios ya realizados.

Superar este síndrome de estar atrapado exige un reencuadre identitario, que permita a ambos líderes presentar cualquier acuerdo no como una capitulación individual, sino como una decisión de Estado que trasciende sus biografías políticas, garantizando así salidas dignas que no dependan de la humillación del contrario ni de la glorificación excesiva de uno mismo. Un acuerdo de este tipo no resolvería todas las tensiones geopolíticas subyacentes, pero permitiría detener el sufrimiento civil inmediato, estabilizar una situación que actualmente solo genera destrucción sin cambios sustanciales en el terreno, y abrir un espacio —por frágil que sea— para que la diplomacia, en lugar de los misiles sobre centrales eléctricas y hospitales, vuelva a ser el escenario principal donde se dirima el futuro de la región, despojada del peso de los egos individuales que hoy la sostienen.

Las causas abiertas contra META ante un tribunal de California y otras jurisdicciones se sustentan en el daño mental que las aplicaciones de sus compañías producen en los usuarios. Pero es temible también la existencia de un daño político muy grave, mucho más difícil de resarcir. Lo intuía un texto de hace más de medio siglo, premonitorio de las ambiciones de Zuckerberg y demás protagonistas de la esfera digital.

En 1949, Huxley -autor del célebre “Un nuevo mundo feliz” (1932) - escribía a George Orwell que acababa de publicar también con éxito su “1984”. En su carta, Huxley reprochaba a Orwell su énfasis excesivo sobre la violencia esperable de un amenazador horizonte neo-fascista. Puntualizaba Huxley: “Creo que una nueva generación de dirigentes políticos mundiales descubrirá que el condicionamiento infantil y la narco-hipnosis son más eficientes como instrumentos de gobierno que las porras y las prisiones y que el ansia de poder puede satisfacerse convenciendo al pueblo de que ame su servidumbre, tanto como azotándole y golpeándole para que obedezca. En otras palabras, opino que la pesadilla de ”1984“ está destinada a matizar la pesadilla de un mundo que se asemejará más al que imaginé en el ”Mundo Feliz“.

La intuición de Huxley parece confirmarse. Mencionaba su carta dos efectivos instrumentos de poder para un futuro político: el condicionamiento de los niños y el narco-hipnosis. ¿En qué acertó Huxley? Es obvio que la educación infantil ha sido siempre mecanismo para obtener futuras pautas de conducta. Incluso cuando se afirma públicamente lo contrario. Pero este objetivo encontró hace años un aliado alternativo, quizá más eficaz: el uso de la publicidad infantil. En 2007, Benjamin Barber - conocido politólogo americano como defensor de la democracia participativa-, publicó un documentado texto donde analizaba las relaciones entre mercado, consumismo y democracia. Con un título muy expresivo , exponía allí el enorme esfuerzo de la industria publicitaria para orientar y estimular el consumo infantil y juvenil, en particular en productos de ocio. Barber daba las grandes cifras invertidas entonces en investigación psicológica para aumentar los rendimientos económicos de las empresas. Son cifras muy superadas hoy por las dedicadas por META con empeño semejante y dirigidas también a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En cuanto al uso de la narco-hipnosis, es sabido que el mismo Huxley exploró esta técnica de la que esperaba resultados para algunas terapias. Aunque fuera desechada posteriormente por razones éticas y de eficiencia, no parece ni mucho menos que el uso de sustancias estupefacientes de diverso tipo haya disminuido: naturales y artificiales, legales e ilegales. En este contexto de proliferación, conviene discutir su influencia más o menos directa sobre conductas sociales y políticas y hacer un balance: ¿son propicias para estimular una participación democrática solidaria o para reforzar el individualismo consumista indiferente a la cosa pública?

A algunos les parecerá arriesgada la analogía entre la narco-hipnosis de los alucinógenos y el ejercicio solipsista del scrolling permanente de pantallas. Pero los expertos en adicciones las han incorporado desde hace un tiempo a sus tratamientos clínicos y alertan de la expansión de tales conductas entre niños, adolescentes y maduros. Según Huxley, el gobierno de aquel amenazador “mundo feliz” tenía como objetivo que sus habitantes llegaran a amar su propia servidumbre, obteniendo así su dócil sometimiento a un invasivo dominio económico y político. ¿No es lo que están consiguiendo hoy las aplicaciones de Zuckerberg en sus millones de usuarios?

Las causas judiciales contra META son un paso obligado, pero insuficiente. Han sido una vía lateral para requerir una regulación que ni el Congreso, ni el Ejecutivo de los EEUU han querido o podido establecer a causa de la ingente financiación de sus campañas electorales por parte del mundo digital: así había ocurrido ya en las causas contra las grandes tabacaleras y sus perjuicios monumentales para la salud pública. Lo que se juega ahora en estos litigios y en las regulaciones ya adoptadas por la UE y otros estados es bastante más que la salud mental de sus niños y adolescentes: es también la salud democrática de la ciudadanía de hoy y de mañana. En realidad, su capacidad para resistir la deriva hacia el gobierno de una “oligarquía digital” que se nos impone.

Tampoco es descartable que quienes la propugnen vayan a renunciar del todo a métodos represivos como los que temía Orwell en “1984”. Pero intentarán evitarlos mientras les basten las poderosas herramientas de que disponen de manera monopolística, mucho más avanzadas que las conjeturadas por Huxley. Si queremos contrarrestarlas, no bastarán las luchas judiciales. Exigirá un ejercicio permanente de responsabilidad ciudadana en el terreno de las ideas y de la movilización social para alejar de nosotros la pesadilla de Huxley que encarna hoy la oligarquía digital.