A la vista de que el Tribunal Supremo de EEUU anuló las subidas de aranceles iniciales, la Administración Trump pretende volver a intentarlo. Esta vez aumentándoselos a 60 países, entre ellos a la Unión Europea en su conjunto, con el argumento de que hay una competencia desleal mercantil porque en esos países no se prohíbe la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso.

Es evidente, porque así lo viene demostrando continuamente, que entre las preocupaciones de Trump no se encuentran las violaciones de los derechos humanos, particularmente la existencia de trabajo forzoso. Su fuerte incremento viene siendo denunciado últimamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero esto desde luego no es lo que mueve las decisiones de Trump. Es obvio que se trata de una excusa para poder insistir en su política de subida de los aranceles, que perjudica tanto a los consumidores americanos como a las exportaciones a EEUU desde terceros países. No es necesario insistir en las razones reales que lo motivan, pero sí merece la pena desmontar su aparente ropaje en el trabajo forzoso, tanto por lo que establece la legislación norteamericana como por las garantías presentes en el Derecho de la Unión Europea.

Desde la perspectiva de la legislación americana, se pretende apoyar en una ley de 1974, que permite aumentar los aranceles cuando un acuerdo comercial o una política de otro gobierno está perjudicando o restringiendo el comercio estadunidense. El argumento sería que los productos resultado del trabajo forzoso podrían abaratar sustancialmente su precio al ser exportados a EEUU, con el correspondiente perjuicio competencial con las empresas americanas que no acuden al trabajo forzoso. Sin embargo, este fundamento no se sostiene cuando los productos a los que se suben los aranceles en la mayoría de las ocasiones no son elaborados, ni en todo ni en parte, con trabajo forzoso, sino que simplemente se trata de productos elaborados en países que presuntamente no prohíben su comercio.

Por tanto, se está penalizando a quien no utiliza el trabajo forzoso ni perjudica o restringe el comercio en EEUU. De ahí que está ley de 1974 nunca se haya utilizado para estos casos, porque no puede utilizarse. Más aún, para hacer frente a los productos efectivamente elaborados, en todo o en parte, con trabajo forzoso existe otra ley americana, de 1930, que lo que prevé es la retención y destrucción de los productos extraídos, producidos o fabricados, total o parcialmente, con trabajo prohibido, incluido el trabajo infantil. Es esta la ley que tendría que aplicarse en estos casos, y no la subida de aranceles, pues esta subida en el fondo lo que permitiría es importar productos resultado del trabajo forzoso, sólo que incrementando su coste por los aranceles. Esta ley de 1930, que es la que se debe aplicar, apenas se utilizaba, pero ha comenzado a hacerse con intensidad desde 2015, parece que con buenos resultados, aunque las ONG denuncian falta de trasparencia en su implementación. Eso sí, a Trump no le interesa aplicar esta otra ley, porque en el fondo su objetivo no es la garantía de un trabajo digno, sino buscar una excusa para subir los aranceles, cosa que no le permite la ley de 1930.

Desde el otro frente, EEUU poco o casi nada le puede enseñar a Europa en el desarrollo de normativas y políticas públicas de prohibición del trabajo forzoso, cuando EEUU es de los países que menos convenios ha ratificado de la OIT en materia de derechos fundamentales laborales, al contrario de la tradición inversa del conjunto de los países de la Unión Europea. En concreto, todos los países europeos ratificaron desde sus inicios el convenio n.º 29 de 1930 sobre el trabajo forzoso (España, en 1932), cuando EEUU no lo ha ratificado y sólo lo ha hecho, en 1991, respecto del convenio n.º 105 de 1957 sobre idéntica materia, ratificados en fechas muy anteriores por los países europeos. Esta prohibición vincula a todos los países de la Unión Europea por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo ello supone que en el territorio de la Unión Europea se garantiza con toda contundencia y por muy diversas vías la prohibición del trabajo forzoso.

Pero, sobre todo, la Unión Europea ha aprobado recientemente dos importantes normas que afianzan la prohibición, sobre todo en la perspectiva de lo que le intenta criticar la Administración Trump, como es que Europa no impide la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso, cosa que no es cierta.

Por un lado, existe una norma sin presencia en ningún otro territorio, particularmente inexistente en EEUU, como es la Directiva sobre diligencia debida de 2024, con antecedentes en leyes alemanas y francesas. Se trata de una Directiva que obliga a las grandes empresas a vigilar el cumplimiento de estándares mínimos de respeto de los derechos humanos y de sostenibilidad ambiental por parte de las empresas con las que mantengan relaciones comerciales en su cadena de valor y que desarrollan su actividad en países emergentes con estándares laborales inferiores. Entre esos derechos humanos a vigilar se encuentra expresamente la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Esta vigilancia, por vía indirecta, impide la comercialización de productos del trabajo forzoso, contemplando importantes sanciones y, en su caso, responsabilidades a estas grandes empresas que incumplan su deber de vigilancia de sus contratistas y proveedoras.

Por otro lado, existe un Reglamento de la Unión Europea, también de 2024, cuyo objeto es precisamente prohibir, introducir y comercializar en el mercado de la Unión o exportar desde dicho mercado productos realizados con trabajo forzoso. Esta norma sin lugar a duda resulta más perfecta, adecuada y eficaz que la Ley americana de 1930. En efecto, la práctica americana lo que hace es identificar un país o región en el que considera que se producen prácticas de trabajo forzoso, con el resultado de que se prohíbe la importación de todos los productos que vienen de esa zona con independencia de que el concreto producto sea o no resultado del trabajo forzoso. Es lo que ha hecho recientemente EEUU en el caso emblemático de la persecución por parte de China de la población Uyghur, prohibiendo importación que venga de la región autónoma de Xijiang, con el efecto perverso de que deprime económicamente la región sin erradicar allí el trabajo forzoso. Como contraste, en el caso de la normativa europea, mucho más acertada, se impone la persecución, retirada y eliminación de los productos específicamente elaborados con trabajo forzoso, con un régimen de sanciones efectivas y disuasorias frente a su incumplimiento.

Lo único criticable del panorama europeo es que la Directiva sobre diligencia debida todavía no ha dado tiempo de ser transpuesta al ordenamiento interno de los Estados europeos obligados a ello, mientras que el Reglamento de la UE no entra en vigor plenamente hasta finales de 2027. Por ello, la reacción en el ámbito europeo, aparte de denunciar con firmeza la hipocresía de la Administración Trump y de falta de fundamento del incremento de los aranceles, debe ser acelerar la transposición de la Directiva y adelantar la plena entrada en vigor del Reglamento.

En todo caso, lo que debe quedar claro es que somos los europeos los que podemos darles lecciones a los americanos acerca del desarrollo legal y de las políticas públicas eficaces de erradicación del trabajo forzoso, incluido el infantil, haciendo frente a las políticas trumpistas dementes de subida de aranceles que perjudican a todos.

Hace unos días Isaac Rosa publicaba un artículo en el que confesaba haber usado una bufanda rojigualda, haber pintado a sus hijas la cara de rojo y amarillo y haber celebrado la victoria de España en el Mundial con intensidad populachera. Reivindicaba su derecho a no entregar la alegría —ni el “orgullo nacional” selectivo— a esa ultraderecha que no quiere que España vaya bien sino que sea suya y que, por eso mismo, se ha apropiado también de todos los símbolos y todas las celebraciones. Me identifiqué mucho, la verdad, con esta rabieta. Yo el domingo por la noche acabé dejándome abrazar en un bar de mi pueblo por un madridista de Vox envuelto en una bandera española, un tipo gritón y correoso que, al ver en la pantalla la imagen del rey, había declarado: “no me gusta Felipín porque es rojo”. Lo admito: yo también lo abracé. Este abrazo no significa nada; no disuelve nuestras diferencias políticas ni nos garantiza una tolerancia pacífica en la próxima guerra civil. El nacionalismo banal de los triunfos deportivos es como los “puntos para fumadores” que aún sobreviven en algunos aeropuertos del mundo: reúnen a adictos al tabaco que se encuentran durante un minuto, hermanados y aliviados, antes de tomar un avión en direcciones diferentes. Yo abracé a un facha; él abrazó a un rojo. ¿Por qué debería sentirme peor que él?

Ese “punto”, en todo caso, no carece de sentido. Se llama “españolidad”, que no es lo mismo que “españolismo”. ¿Por qué me produce alegría que gane la selección española? Me acordaba de ese cuento de Alejandro Zambra en el que el narrador, enamorado de una revolucionaria, le oculta su pasión por el fútbol, de manera que, como no puede reprimirse y sigue viendo partidos a escondidas (poniéndole pretextos para no quedar con ella la tarde del domingo), la chica acaba convencida de que su novio le está poniendo los cuernos y corta furiosa la relación. Es una historia bastante común. Durante años, los izquierdistas de mi edad ocultamos con disciplina militante nuestra afición infantil por el fútbol y, por supuesto, renegamos de cualquier vínculo afectivo con nuestro país.

El fútbol es sin duda un negocio repugnante en el que el tráfico de esclavos de lujo se combina con la compraventa de almas en el mercado de la publicidad. Pero los aficionados al juego de Messi o de Lamine Yamal, los que siguen con placer los regates y los goles de su delantero favorito, ¿tienen que reprimir como un delito vergonzoso su placer y su alegría? España, por otro lado, es una nación fallida cuya historia poco ejemplar vuelve ahora, como un regüeldo, a través del fascismo de Vox. Ahora bien, ¿esa historia debe impedirnos celebrar una victoria futbolística? ¿Entregaremos también la sangría y el jamón y los mejillones en escabeche a la ultraderecha? Y sobre todo, ¿esa historia no puede cambiar? ¿No ha cambiado ya en las últimas décadas? El desprecio izquierdista por el fútbol y por el orgullo identitario ocasional no es sólo rechazo del deporte capitalista y de la historia nacional; implica el desprecio clasista por la alegría común y la renuncia política a la transformación de España. Viene a decir: España no tiene remedio. Y viene a decir: esa irracionalidad compartida en la que se cruzan el placer del juego y los peligros de una bandera es “naturalmente” de derechas y, por lo tanto, es políticamente inutilizable. Pero si España no tiene remedio y todos los placeres comunes son de derechas, ¿para qué dedicarse a la política?

Isaac Rosa, republicano federalista, no ignora las dificultades. Yo tampoco. Las preguntas son dos. La primera: ¿se puede resignificar la bandera rojigualda? Difícilmente, aunque en este Mundial ha ocurrido algo inesperado: y es que esa bandera ha sido resignificada de hecho desde fuera. En la cintura del madridista de Vox ese trapo torero me producía repelús, pero la he visto ondear entre los escombros de Gaza, al lado de la palestina, y de pronto se ha preñado de otra historia posible. Por su parte, ese 85% del llamado Sur Global que ha apoyado a España en la final del pasado domingo no ve en esa bandera a los Reyes Católicos, la Inquisición y el Valle de los Caídos sino un país moderno, tolerante, digno, que se opone a Israel, que planta cara a Trump y acoge a los inmigrantes que otros rechazan. Que Palestina y el Sur Global vean en esa bandera otra historia (en parte idealizada) no va a impedir que las próximas elecciones las ganen el PP y Vox. Eso tendremos que impedirlo nosotros. Pero contemplar esa bandera en otras manos, desde otros ojos, debería servirnos al menos para seguir defendiendo el país que precariamente hemos levantado y seguir imaginando el país que queremos; y debería servir para aceptar, y hasta enarbolar, la rojigualda en las celebraciones deportivas, ese “punto para fumadores” que no evitará la próxima guerra civil, pero que -como ya ocurrió con el gol de Iniesta en el 2010- enajena a la derecha un símbolo para el que, nos guste o no, no tenemos alternativa.

Porque esa es la segunda pregunta: ¿qué proponemos a cambio? Para luchar contra la España histórica los nacionalistas catalanes y vascos tienen la senyera y la ikurriña. Los españoles de izquierdas carecemos de símbolos compartidos capaces de movilizar a las mayorías sociales. Me sigue emocionando mucho la bandera republicana, en la que se condensan ilusiones, sacrificios, luchas de las que no quiero olvidarme. Pero por muy justo que fuera restaurar esos colores, derrotados por un golpe de Estado, haría falta ahora una nueva injusticia -un golpe de Estado contrario y un ejercicio de autoritarismo inverso- para imponérselos a los españoles. Creo que en España hay muchos más republicanos potenciales que devotos de la bandera republicana; y que, para interpelarlos, los colores del 14 de abril son inútiles y, aún más, contraproducentes. No me parece, pues, que se puedan resignificar ni la bandera rojigualda ni la bandera republicana; y habrá que pensar más bien en una España sin bandera o en la que la bandera, completamente de-significada, se reserve para los eventos deportivos, en los que representará, como ha ocurrido en este Mundial, a un país plural, difícil, incompleto y fallido: un país que juega al fútbol mucho mejor de lo que hace política. De hecho, España es ya un país sin bandera y sin himno en el que disfrazarse de español, como las hijas de Isaac Rosa, anticipa otra España posible.

Vivimos en un mundo en el que triunfan, como actitudes vitales, dos impulsos. Por un lado el negacionismo de los que, por miedo o por interés, niegan el patriarcado, el genocidio en Gaza o el cambio climático. Esa es una reacción comprensible frente al mal. Más compleja y, sin embargo, no menos extendida es la otra respuesta, la que la lacaniana eslovena Alenka Zupancic llama “desentendimiento” para describir un tipo de conocimiento que no sólo no implica sino que excluye la acción: “lo sé todo pero aun así” (aun así no cambio de vida ni de costumbres ni de patrones de consumo, por ejemplo). Si pensamos en el cambio climático, son muy pocos los que siguen negando su existencia: pero los que lo aceptamos sin vacilación seguimos “desentendiéndonos” de él en nuestra vida cotidiana. ¿Qué clase de actitud alienta en el forofo futbolístico? ¿La del negacionismo o la del desentendimiento? Esta última, sin duda: todos sabemos de las miserias de la FIFA y, sin embargo, nos desentendemos de ellas cuando seguimos en el estadio o por la televisión a nuestros equipos y estrellas favoritas. Pero cuidado. Entre el cambio climático y la final de un Mundial la diferencia no es sólo que uno nos asuste y la otra nos produzca placer: es que el placer del fútbol no nos lo proporciona la FIFA sino que lo sentimos a su pesar y en paralelo, en un recinto en el que se mezclan el juego, la geometría, la épica narrativa, la excitación nacionalista, la geopolítica. “Desentenderse” de la FIFA facilita a la FIFA la explotación y manipulación de una belleza elemental que nos atrae también, sin embargo, en una cancha de barrio.

Más problemático es el “desentendimiento” que llamaré “de izquierdas”. Y lo es porque en este caso el placer -o el goce- procede directamente del conocimiento. El desentendimiento de izquierdas no se dice a sí mismo: “lo sé todo pero aun así”, como en el caso del ciudadano abrumado por el cambio climático; se dice más bien “lo sé todo y precisamente por eso” (precisamente por eso me desentiendo de aquello que verbalmente describo como escandaloso o terrible). Este tipo de “desentendimiento”, en efecto, tiene que ver con la identidad entre el conocimiento y el goce. No es que la conciencia paralice la acción sino que, como ocurre con las neurosis, la paraliza sólo en la medida en que la autoconciencia produce placer: un placer superior al sufrimiento que nos induce el mundo mismo, cuya reproducción este conocimiento desea como renovación de su goce cognitivo. Buena parte del pesimismo y del derrotismo de la izquierda (y de sus aires de superioridad moral) procede de aquí: saberlo todo del cambio climático, y poder dar lecciones, me produce tanto placer que acabo deseando el colapso; saberlo todo del genocidio de Gaza, y poder censurar a los otros, me produce tanto placer que acabo deseando un bombardeo más. No es una acusación general. Es una confesión, pero que creo aplicable más allá de mí mismo. ¿El colapso? Qué gustito. ¿El genocidio de Gaza? Qué deleite que los malos sean cada vez más malos. ¿El empuje del fascismo? Ya lo habíamos anunciado nosotros. La impotencia genera parafilias un poco perversas.

La izquierda tiene que encontrar el modo de afrontar el negacionismo sin asustar y el desentendimiento sin culpabilizar. Para ello tiene que renunciar a su propio desentendimiento autoconsciente. ¿Qué hacer? Desentenderse del fútbol contra la FIFA o contra España no añade nada a la conciencia: sencillamente no es una buena idea. Sólo se puede cavar una zanja y roturar un barbecho con los pies en el suelo. Que lo olvide Podemos es coherente con su desentendimiento creciente de las mayorías sociales (y de España en general). Los demás, en cambio, no deberíamos olvidarlo. Me irritó bastante, lo reconozco, un post del indispensable Antonio Maestre en el que, con actitud un poco pontificia, declaraba haber visto el partido bebiendo agua fría y haberse puesto a leer un libro inmediatamente después: toda una lección de temple moral y lucidez mental que, sin embargo, pocos de sus lectores agradecerán. Si hubiese bebido cerveza —se podría decir— no hubiese retrocedido un centímetro la lucha de clases que van ganando los otros. Y si hubiese dado unos saltos de alegría al lado de un madridista de Vox su próximo artículo habría sido igual de inteligente. Ni podemos encontrar alegría sólo en el conocimiento ni desentendernos de la alegría de los demás. Vital y políticamente Isaac Rosa esta vez (como tantas otras) tiene razón.

En el momento de escribir estas líneas hay en el territorio peninsular español más de 60 incendios activos y más de 3.500 focos. Una oleada de incendios en este mes de julio que estremece y recuerda a la segunda quincena de agosto de 2025 que arraso la cifra excepcional y terrible de casi 400.000 hectáreas. Preocupan sobremanera los que ahora están teniendo lugar en la Comunidad de Madrid por tres razones: por resultar de la combinación de varios incendios que han arrancado en las comunidades adyacentes de Castilla la Mancha (Toledo) y Castilla y León (Ávila) y han ido entrando en contacto amplificándose y reforzándose, porque las condiciones de viento intenso y la orografía complican de forma extraordinaria el abordaje de incendio del que no pudo hacerse en las primeras 36 horas ni siquiera el paso primero que es el perimetrado, y porque afecta a zonas con mucha población. A última hora del viernes 24 de julio, los afectados superaban las 60.000 personas (llegarían a más de 80.000 durante el sábado), entre evacuados y confinados. Los medios locales fueron desbordados al poco del inicio del fuego.

Las circunstancias, que se fueron complicando a lo largo del día, provocaron que ya en las primeras horas del viernes se solicitara desde la Comunidad de Madrid la calificación de Emergencia Nacional. Nivel de alerta que fue adoptado por el Gobierno de España poco después. Un nivel que no se aplicó ni siquiera en la catastrófica DANA de Valencia de 2024 y que nunca hasta ahora se ha declarado para incendios en nuestro País.

Conviene aclarar una serie de términos similares para entender el significado y la excepcionalidad de lo que está pasando. Una emergencia nacional (o de interés nacional) puede confundirse con el estado de alarma, pero se diferencian en la norma que los regula, la autoridad que los dirige y el alcance de sus medidas. La emergencia nacional se rige por la legislación de Protección Civil, y el Ministerio del Interior asume el mando operativo, mientras que el estado de alarma es un régimen constitucional excepcional gestionado por el Consejo de Ministros para restringir derechos fundamentales. A nivel de gestión pública en España, la emergencia de interés nacional y la situación operativa o nivel 3 de alerta son exactamente lo mismo. Otro término similar es el de emergencia general, un término técnico utilizado en los planes de autoprotección internos de empresas o edificios y que por tanto difiere mucho de la emergencia grave y más amplia de la que se está hablando ahora para el caso de estos devastadores incendios.

La decisión extrema de emergencia nacional o alerta de nivel 3 por los incendios de Madrid y Ávila, algo que tan solo cuenta con el precedente del gran apagón de abril de 2025, aunque fue impulsada en un primer momento por la Comunidad de Madrid, responde a la petición de ocho gobiernos autonómicos tras verse todos ellos superados por fuegos que amenazan la vida de decenas de miles de sus ciudadanos. La situación tan insólita como urgente ha generado grandes controversias y agitadas discusiones entre las distintas fuerzas políticas. Debates bastante estériles que ocurren mientras los bomberos forestales denuncian a pie de fuego una parálisis operativa por la falta flagrante de camiones y vehículos para combatir la virulencia de los focos simultáneos. Y la falta aún más clamorosa de más efectivos y la valoración laboral y económica acorde con el riesgo que corren y la función social que cumplen, empezando por contratos estables y continuos. Algo indiscutible dada la extensión de la temporada de incendios y la necesidad de coordinación y prevención durante todo el año.

El marco legal que ampara esta intervención es la Ley 17/2015, la cual permite la declaración de interés nacional cuando las dimensiones de la catástrofe exigen una respuesta coordinada que supere los límites administrativos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias ante este tipo de catástrofes naturales. La transición hacia esta estructura de situación operativa de nivel 3 busca mejorar la anticipación técnica y la distribución de medios aéreos y brigadas, evitando que los distintos operativos territoriales compitan entre sí por recursos logísticos esenciales.

La primera y más evidente reflexión de esta activación del nivel máximo de respuesta civil ante catástrofes naturales es que estamos ante incendios nuevos, algo que no se ciñe a España sino que es un fenómeno global. Unos incendios que no son solo grandes sino de una intensidad y virulencia inusual, algo que no puede explicarse sin la concurrencia de un clima que también es nuevo. El cambio climático está afectando a los tres ejes del triángulo del fuego: combustible, comburente y chispa o energía de activación. Son numerosos los estudios que muestran que el cambio climático está favoreciendo la acumulación de grandes cantidades de material vegetal seco, que está generando células convectivas en torno al fuego de tal tamaño que oxigenan la base de las llamas elevando su temperatura y que incrementa la ignición mediante el aumento de los relámpagos y las tormentas secas.

Por primera vez en la historia del país se ha declarado la emergencia de interés nacional debido a la voracidad de los incendios forestales. La decisión se oficializó cuando el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska aceptó la petición de auxilio formulada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante una situación crítica que afecta a decenas de miles de personas. El avance de cuatro focos fuera de control alimentados por vientos extremos empujó al sistema de protección civil al nivel tres de forma que el Gobierno central asume el mando único y la dirección total de la crisis. Bajo esta estructura Marlaska se erige como la máxima autoridad responsable delegando la ejecución operativa en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para centralizar todos los recursos estatales autonómicos y municipales disponibles. Aunque esta medida no equivale legalmente a un estado de alarma ni conlleva restricciones generales de derechos otorga al Estado la potestad de coordinar evacuaciones, confinar poblaciones o cerrar infraestructuras clave con gran rapidez. El despliegue permite movilizar bomberos, aviones y equipos especializados desde cualquier punto de la geografía española e incluso solicitar el apoyo internacional mediante el mecanismo europeo de protección civil.

Mientras los efectivos de Madrid y Castilla y León trabajan subordinados a las prioridades nacionales, el foco permanece en la protección inmediata de la población y el medio natural dejando la aprobación de indemnizaciones económicas para una fase posterior a la extinción. Esta centralización absoluta del poder y los recursos se mantendrá vigente de forma excepcional hasta que el riesgo extremo remita y las comunidades autónomas recuperen la capacidad de gestionar la situación por sus propios medios ordinarios.

En las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado se analiza ahora el comportamiento errático del fuego condicionado por factores críticos como la velocidad y la dirección del viento, la humedad relativa, la topografía y la continuidad de la vegetación inflamable. Los técnicos advierten que el éxito de esta medida inédita dependerá de una comunicación clara a la ciudadanía y de la capacidad del nuevo mando para integrar el conocimiento técnico local sin generar vacíos de dirección en el terreno.

En la mente de todos está el deseo de que esta excepción histórica sirva para aunar esfuerzos entre distintas administraciones, aunque sean de distinto color político, y que, escuchando a la ciencia, cambiemos las prioridades y nos esforcemos realmente en prevenir los incendios y no en trabajar desesperadamente en su extinción una vez se despliegan. Recordemos que un rasgo definitorio de los nuevos incendios es, precisamente, que son inextinguibles.

En su reciente entrevista en televisión española, José Luis Rodríguez Zapatero evocó a Jorge Luis Borges para mostrar su resiliencia frente al proceso judicial que afronta. “Todo lo que nos ocurre”, dijo, parafraseando al escritor argentino, “hasta las humillaciones, desdichas, contratiempos, son materia prima que sirve para dar forma a nuestra tarea.

La cita me sorprendió y me devolvió a un artículo que escribí hace casi cinco años a propósito de un pequeño libro que el dirigente leonés dedicó al autor de El Aleph. Aquel artículo dejaba entrever una abierta simpatía por el Zapatero expresidente. Por el que apoyó a los gobiernos de coalición del PSOE con Unidas Podemos, primero, y con Sumar, luego. Por el que defendió a gobiernos progresistas de América Latina, desafiantes con los Estados Unidos, Y por supuesto, al lector apasionado de Borges, un autor al que también admiro desde muy joven.

Que mi simpatía se ciña sobre todo al Zapatero expresidente no es algo gratuito. Para muchos de mi generación el Zapatero presidente tuvo más claroscuros. Los de un líder progresista que abrió debates democratizadores cruciales, sobre todo cuando necesitaba a Izquierda Unida y a la Esquerra Republicana de Joan Tardà. Pero también los de un dirigente que no terminó de ir a fondo con muchos de ellos. El que introdujo el debate sobre el republicanismo filosófico, pero sin atreverse a cuestionar la monarquía. El que se mostró abierto a un cierto federalismo plurinacional, pero acabó reculando y dejando solo a Pasqual Maragall cuando se debatió el Estatut de Catalunya. El que propició conquistas importantes en materia de derechos, pero tras el crack financiero de 2008, consintió recortes y se avino a reformar la Constitución para priorizar el pago de la deuda a los grandes acreedores`por encima de otros derechos ciudadanos.

Lo cierto es que ese Zapatero moderadamente progresista, pero “de régimen” al fin y al cabo, transmutó en algo distinto cuando Pedro Sánchez aceptó gobernar con el apoyo de fuerzas de izquierdas republicanas, independentistas, y también con el PNV y Junts. En ese contexto, dio apoyo a políticas progresistas en general. Se plantó ante la extrema derecha en América Latina, alentó una mayor apertura a China y fue un interlocutor destacado entre quienes defendemos una reforma plurinacional del Estado.

En estas actuaciones, el expresidente dio muestras inequívocas de coraje, una virtud que según el propio Borges define a un ser humano y justifica su vida.

Desde esta perspectiva, no cabe duda de que el proceso judicial en su contra, pleno de irregularidades e incluso de injerencias de los Estados Unidos de Trump, tiene mucho de castigo por su actividad política reciente. El problema es que también se nutre de impulsos que el Zapatero hombre de régimen no quiso o no consiguió refrenar.

Solo desde ahí puede entenderse que considerara “un regalo de cortesía” unas joyas que, según su portavoz autorizado, provendrían del mismo rey saudí que “regaló” 100 millones de dólares a Juan Carlos I tras la adjudicación del contrato del AVE Medina-La Meca. Y solo así, también, se explica que desempeñara ciertas actuaciones como lobbista que, aunque no fueran ilegales, no se esperan de un referente de la izquierda.

Esto no quiere decir que solo los Pepe Mujica estén autorizados a intervenir en política de gran escala con fines progresistas. Sin embargo, hay un punto en el que los malos entornos y una falta de autocontención en relación con los negocios acaban siendo incompatibles con una mínima austeridad republicana.

En mi artículo de hace unos años, establecía un cierto paralelismo entre Zapatero y Borges, por un lado, y Felipe González y Vargas Llosa, por otro. Mi punto era que González y Vargas Llosa eran dos personajes inteligentes que acabaron deslumbrados por el dinero, los consejos de administración de grandes empresas y los títulos de marqués. Zapatero y Borges, en cambio, compartían una sobriedad que, en el caso del leonés, estaba emparentada con el hecho de ser el nieto de un republicano fusilado.

Produce rabia escuchar críticas a Zapatero de boca de quienes defienden a los tantas veces indecentes y sin embargo impunes González, Aznar o Rajoy. Sin embargo, no está claro que el hombre de régimen que naturalizó ciertos comportamientos y relaciones haya estado a la altura de su referente literario. Pues si contra algo advirtió Borges, fue contra las trampas vulgares de la vanidad y la ostentación, sobre todo cuando el dinero se cruza de por medio.

Los incendios forestales no distinguen entre ideologías ni competencias administrativas. Cuando el fuego avanza sobre los montes, amenaza poblaciones y pone en peligro vidas humanas, debería desaparecer la retórica política y preguntarnos sobre dos cuestiones esenciales: si las administraciones públicas están preparadas y si responden con la eficacia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.

La reciente decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de solicitar la declaración de emergencia nacional trasladando su responsabilidad al Gobierno del Estado, merece una reflexión que trasciende el propio incendio. No se trata de cuestionar la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles cuando una situación alcanza una gravedad extraordinaria porque el Estado tiene el deber de acudir allí donde una parte del territorio nacional necesita ayuda. Así debe ser en un Estado que se fundamenta en la solidaridad entre territorios y en la protección efectiva de las personas.

Ahora bien, la solidaridad institucional no puede confundirse con la sustitución de las responsabilidades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada administración. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece con claridad un modelo basado en la corresponsabilidad. Las comunidades autónomas son las administraciones competentes para prevenir, planificar, organizar y dirigir los dispositivos ordinarios de protección civil en su territorio. Solo cuando la emergencia adquiere una dimensión excepcional que supera objetivamente la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma puede declararse una emergencia de interés nacional, asumiendo entonces la Administración General del Estado la dirección de las operaciones.

Ese mecanismo constituye una garantía para la ciudadanía. Pero precisamente por su carácter excepcional obliga a formular una pregunta: ¿qué significa asumir competencias autonómicas si, cuando llega la prueba más exigente, resulta necesario trasladar al Estado la dirección de la emergencia? Las competencias no son únicamente espacios de poder político, son, sobre todo, ámbitos de responsabilidad. Quien reivindica capacidad de autogobierno debe garantizar también que dispone de la organización, la planificación y los recursos suficientes para ejercerlo eficazmente.

La paradoja resulta especialmente significativa cuando hablamos de la Comunidad de Madrid, la autonomía con mayor capacidad económica de España y una de las que con mayor intensidad ha defendido una política continuada de reducción de impuestos a las empresas y a los grandes patrimonios. Nadie puede cuestionar la legitimidad democrática de esa opción fiscal. Lo que sí merece debate es si esa estrategia resulta compatible con la necesidad de mantener unos servicios públicos suficientemente robustos para afrontar los riesgos cada vez más complejos derivados del cambio climático.

Los incendios forestales no comienzan cuando aparece la primera llama. Empiezan mucho antes, cuando se deja de invertir en prevención, cuando se desatienden estrategias que pongan en valor el patrimonio natural que son nuestros montes, cuando disminuye la gestión forestal o cuando la planificación deja de considerar los escenarios climáticos extremos con desprecio chulesco hacia lo que viene adelantando la ciencia y los expertos respecto a esta nueva generación de incendios forestales.

En este punto adquieren especial relevancia las reflexiones del biólogo Ricardo Almenar (El Monte Protector, 2018), quien ha insistido en que el monte, con bosque o con matorral, no puede contemplarse únicamente como una superficie vegetal o un espacio desconectado del funcionamiento de nuestra sociedad. Constituye un capital natural cuyos servicios ecosistémicos sostienen buena parte del bienestar colectivo.

Los bosques y el resto de la vegetación regulan el ciclo hidrológico, favorecen la infiltración del agua y la recarga de los acuíferos, reducen la erosión del suelo, capturan millones de toneladas de dióxido de carbono, moderan las temperaturas, preservan la biodiversidad, amortiguan inundaciones, protegen los cultivos, generan paisajes que sustentan el turismo y mejoran incluso la salud física y mental de la población.

La economía ambiental denomina a estas funciones servicios ecosistémicos, precisamente porque representan beneficios reales, aunque habitualmente no aparezcan reflejados en la contabilidad pública. Su pérdida supone costes enormes para toda la sociedad, sin embargo, estos se manifiesten años después en forma de inundaciones, desertificación, pérdida de biodiversidad, incapacidad para absorber emisiones contaminantes, disminución de recursos hídricos o empobrecimiento del medio rural.

Como ha defendido Almenar en sus trabajos sobre gobernanza ambiental el bosque debe entenderse como una auténtica infraestructura pública natural. Del mismo modo que una administración invierte en carreteras, hospitales o depuradoras porque prestan un servicio esencial, también debería invertir de manera estable en la conservación y gestión forestal, pues el rendimiento social y económico de esa inversión resulta extraordinariamente elevado. Los incendios no son meros accidentes estivales ni desastres inevitables de la naturaleza. Son la consecuencia de décadas de abandono rural, de políticas forestales erráticas o inexistentes y de una visión reduccionista del monte como un espacio marginal. La obra de Almenar pretende revertir este diagnóstico proponiendo un cambio de paradigma: contabilizar los beneficios que los bosques aportan a la sociedad y devolver a esos ecosistemas, en forma de políticas públicas de inversión, ayudas y fomento a los productos agropecuarios, una parte de esa riqueza.

Hoy, mientras el humo asfixia aldeas, pueblos y llega al mismísimo Madrid, mientras miles de personas ven cómo sus casas y recuerdos se reducen a cenizas, incluso algunos pierden sus vidas, es urgente recuperar propuestas y prácticas como las que Almenar formula: el bosque como manto protector, el monte como bien común que garantiza la vida presente y futura. Sigue proponiendo establecer reglas claras para medir lo que los bosques aportan, más allá de la producción maderera, esos otros beneficios invisibles. Enumeró servicios ecosistémicos, que en su ensayo definió desde un enfoque pedagógico sin que ninguna administración haya hecho el mínimo caso hasta hoy. Es más, los incendios se han convertido hoy en otro motivo de bronca política buscando obscenos rendimientos y, no hace muchos años, también en fuente de enriquecimiento sucio como el caso del exconseller valenciano del PP, Serafín Castellano, condenado en el proceso que se conoció como La trama del fuego por cobrar sobornos por adjudicar servicios de extinción a empresas corruptoras. Unos jugándose la vida o perdiendo sus haciendas, otros enriqueciéndose con tanta desgracia. Y a pesar de que se hayan producido hechos tan bochornosos, un verdadero reconocimiento debe dirigirse a los miles de profesionales que, con enorme riesgo personal, trabajan defendiendo vidas humanas y patrimonio natural muchas veces con medios escasos. Bomberos, agentes forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y voluntarios representan lo mejor del servicio público. A estos traicionan quienes convierten los incendios en motivo de carnaza política, huida de sus responsabilidades o en vía de enriquecimiento corrupto.

La prevención nunca ha sido un gasto en ningún ámbito. Y menos en la prevención de incendios forestales, muy al contrario, es una inversión. La buena gestión forestal es inseparable de esas estrategias de prevención que pasan por integrar conocimientos y profesionalidad de técnicos, agentes forestales, bomberos especializados, propietarios forestales, la ciencia y las administraciones locales. Es una estrategia continua que no debe depender exclusivamente de cada campaña estival. El objetivo no consiste únicamente en apagar incendios, sino en evitar que se produzcan y, en su caso, que alcancen una intensidad incontrolable. El 90 por 100 de los incendios tienen causas humanas, mayoritariamente negligencias y accidentes, sobre ellas se debe actuar. Además, el cambio climático convierte los incendios forestales en un desafío estructural para las próximas décadas. Ante esa realidad, las administraciones no pueden limitarse a reaccionar cuando aparece la emergencia. Deben anticiparse mediante políticas públicas sostenidas en el tiempo, financiación suficiente, planificación científica y una gestión del territorio basada en el conocimiento y en el interés general.

La solidaridad del Estado seguirá siendo imprescindible cuando una catástrofe supere objetivamente la capacidad de respuesta de cualquier comunidad autónoma. Pero esa solidaridad no puede convertirse en una fórmula para diluir responsabilidades políticas o administrativas o en una maniobra de confusión de responsabilidades en la que tal vez subyazca la enfermiza obsesión con un gobierno al que se quiere ver fracasar ante unos incendios desbocados como los de Madrid. El gobierno autonómico solo adquiere pleno sentido cuando se vincula inseparablemente con la responsabilidad y con el compromiso con su territorio y con los ciudadanos que lo habitan. A no ser que la agenda oculta sea prescindir del Estado de las autonomías.

Porque como hemos dicho, proteger el monte no significa únicamente preservar árboles. Significa proteger agua, clima, biodiversidad, economía, salud, paisaje y calidad de vida. En definitiva, significa proteger un patrimonio y un futuro común cuyo valor excede con mucho cualquier cálculo presupuestario anual. Y esa es una responsabilidad que ninguna administración debería delegar y menos cuando se dispone de los recursos necesarios para asumirla como es el caso de la Comunidad de Madrid, el territorio que mayor riqueza acumula de España.

Coches calcinados con gente dentro que trató de huir y no pudo. El incendio de Los Gallardos, en Almería es el incendio más mortífero en España en mucho tiempo, con al menos trece muertos y decenas de personas sin localizar. Una catástrofe prevista por la ciencia deja de ser natural: es un nuevo tipo de violencia climática que se cronifica. Ya en agosto de 2025 España ardió de punta a punta —con especial dureza en Galicia, y en Castilla y León—, con casi 400.000 hectáreas devastadas y al menos siete muertos evitables. Entre aquellas llamas, Pedro Sánchez anunció un Pacto de Estado frente a la emergencia climática: un “escudo para España”. “La historia no absolverá la inacción”, proclamó. Ahora, ante las cenizas de Los Gallardos y mientras arde como nunca la sierra de Guadalajara, se ha vuelto a sacar del cajón.

Pensamos sin remedio que el fuego solo pertenece al verano, pero las llamas se prenden antes, desde múltiples sitios y fórmulas. Entre ellos, un despacho desde el que, bajo la influencia de los lobbys, se prioriza fomentar sistemas industriales fósiles y obsoletos en vez de todas sus alternativas, estrategias públicas que facilitan la industria intensiva de carne barata en lugar de fomentar el pastoreo y la conservación de sistemas de alto valor ambiental, y en el poco o casi nulo acceso digno a la vivienda y a la tierra en la mayoría de los medios rurales del territorio, por no hablar de las condiciones laborales que envuelven a la mayoría de las personas que producen lo que comemos. ¿No son acaso estos incendios una traducción inmediata de un modelo abrasivo entregado a la producción y la especulación, que ha abandonado la vida y lo común?

Y esto hay que decirlo alto y claro: es una decisión política criminal, repetida año tras año. Los fallecidos de Los Gallardos murieron porque hay pirómanos políticos que se negaron a blindar con financiación estable las medidas de prevención y protección civil que el Gobierno llevaba dos años prometiendo. Y también porque la Junta de Andalucía, sin Presupuestos aprobados para 2026, dejó que el cuerpo de agentes medioambientales perdiera 96 efectivos —un 14%— antes de esta campaña.

Pirómanos y padrinos del caos

Detrás de cada pirómano hay un grupo de interés que se beneficia. António Guterres, secretario general de la ONU, los bautizó como “los padrinos del caos climático”: se llevan beneficios récord y se dan un festín con subvenciones públicas. En España, el 86% de los 27.100 millones de euros en ayudas públicas analizados por Greenpeaceen 2024 resultó tóxico para el medioambiente.Y este año se vuelve a repetir el error: casi la mitad del paquete de unos 5.000 millones de euros de respuesta a la crisis de Irán, se dedica a incentivar el consumo fósil, un nivel de recursos que no ha realizado ningún país de la UE.

Repsol, Endesa y Naturgy son las tres empresas más contaminantes de España y suman el 30% de las emisiones del mercado de carbono español, según el informe Descarbonización 2026. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, se ofreció hace poco ante Trump a triplicar la extracción en Venezuela y cobró 4,75 millones el año pasado. Endesa la dirige ahora Gianni Vittorio Armani, con 900.000€ de sueldo más 250.000€ para vivienda y aviones. Francisco Reynés dirige Naturgy, con 5,38 millones de retribución. Sin olvidar que Iberdrola, con Pedro Azagra al frente, la preside Ignacio Sánchez Galán, que ganó 14 millones.

Josu Jon, Gianni, Juan, Francisco, Pedro, Ignacio: son algunos de nuestros padrinos del incendio nacional y global. Reparten dividendos multimillonarios mientras el país que respira su CO2 entierra a sus muertos.

Pactar con la ciencia y la ciudadanía

Lo que nos mata es una distancia criminal y muy poco visible entre la acción política, la ciencia y los bienes comunes. No hay foto del sabotaje a los objetivos de descarbonización, que son la única protección que ataja la crisis de raíz. Tampoco veremos portadas con la atroz imagen de los cuerpos calcinados en Los Gallardos. Esa es la realidad que nos ocultan quienes hablan de gestionar el colapso o venden la catástrofe como oportunidad. “Cuando hay fotografías”, escribió Susan Sontag, “el horror se vuelve real”. Pero aunque se censuren las imágenes o se esterilice el debate entre catastrofismo y tecno-optimismo, la emergencia ya es real para la mayoría: el 87% de la población española quiere que la ciencia marque el rumbo de la transición y exige participar en la toma de decisiones que permitirían ir más allá del crecimiento infinito que hoy destruye el planeta.

Un ejemplo de lo que significa esta fuerza ciudadana en la práctica acaba de verse en Galicia. Una sociedad entera se levantó gritando “Altri non”, para frenar el proyecto de una macrocelulosa que pretendía verter cada día 30 millones de litros de agua contaminada al río Ulla. La movilización masiva de plataformas como Defensa da Ría de Arousa o Ulloa Viva, junto al apoyo de organizaciones como Greenpeace, logró que el pasado 10 de julio de 2026 la Xunta archivara el proyecto. Siguen reclamando otro modelo de prosperidad, uno que no destruya el medio rural y el empleo que ya existe —el de las mariscadoras, los bateeiros, la agricultura tradicional— para beneficiar a una multinacional extranjera.

Aquí emerge una verdad muy incómoda: España no sufre un déficit de preocupación climática, sino un déficit democrático. Mientras la emergencia exige más deliberación pública e inteligencia colectiva, nuestro sistema de partidos sigue ofreciendo respuestas del siglo pasado, basadas en la negociación entre élites y el cortoplacismo electoral. Ese es el punto de mayor consenso en nuestra sociedad: la gente quiere escuchar a la ciencia, emprender el camino del poscrecimiento y sobre todo participar en las decisiones que afectan a su vida y a la de las generaciones futuras.

¿Y de qué queremos debatir cuando se nos da voz? La respuesta de la ciencia es clara y apunta a un concepto que la política institucional todavía teme nombrar: la suficiencia. Las científicas y los científicos del IPCC de la ONU señalan desde 2022 que para garantizar una vida digna en 2050 es imprescindible reducir democráticamente el uso de energía y materiales, repartiendo mejor lo que se produce. No se trata de escasez, sino de bienestar dentro de los límites planetarios. De hecho, en el sistema energético, Greenpeace ha demostrado, en un estudio para España y Portugal, que podemos lograr vivir mejor reduciendo el consumo energético un 39% para 2040, aplicando la suficiencia y la eficiencia, mientras atendemos las necesidades de servicios energéticos para toda la ciudadanía al 100% con energías renovables.

El verdadero problema actual no es si habrá o no un Pacto de Estado, sino qué partidos están dispuestos a pactar de verdad con esta evidencia científica. Según el Real Instituto Elcano, el 87% de los españoles quiere que el Parlamento adopte los objetivos que dicte la ciencia. Además, la experiencia demuestra que las políticas de suficiencia, lejos de generar rechazo social, encuentran un apoyo unánime en las asambleas ciudadanas climáticas siempre que se apliquen con justicia social.

Lamentablemente, la oportunidad de la Asamblea Ciudadana Climática de 2022 en España se desperdició en debates institucionales que nunca culminaron. Mientras esperamos, la desinformación gana terreno y el negacionismo habla el idioma de la “odiocracia”, atacando la evidencia científica a golpe de memes. El mundo ecologista se mueve a menudo en otras burbujas digitales minoritarias, cuando más que nunca, tenemos que hablar a todo el mundo, para proteger el derecho de la gente a estar verazmente informada. Por eso, en enero de 2025, varios colectivos sociales llevaron al Congreso una propuesta urgente: crear un Parlamento Ciudadano Climático permanente y recuperar la conversación pública informada por la ciencia a gran escala, con una asamblea por sorteo y un consejo de expertos con poder real. No es una utopía; es una dinámica global. Bélgica ya reforma su Senado para convertirlo en un Consejo Ciudadano, el Reino Unido debate hacer lo mismo con la Cámara de los Lores y la propia OCDE defiende una asamblea ciudadana mundial para blindar las decisiones climáticas frente a las olas autoritarias.

Como actores de la comunidad científica y de la lucha ambiental vemos que la propuesta sigue sobre la mesa en España, pero también preguntamos: ¿Quién la recogerá? La filósofa Marina Garcés nos advirtió de la trampa de caer en la falsa disyuntiva entre el colapso que paraliza y el solucionismo tecnológico que promete arreglarlo todo sin cambiar nada: “Lo que esconde esa disyuntiva es una rendición: nuestra renuncia a la libertad, es decir, a mejorar, juntos, nuestras condiciones de vida”. Solo incorporando ese poder deliberativo ciudadano a las instituciones, un Pacto de Estado dejará de ser una promesa vacía para convertirse en una hoja de ruta real hacia la democracia de la Tierra.

Llamamos a todas las fuerzas progresistas a ponerse manos a la obra.

Firman también:

Marta Rivera, investigadora CSIC-UPV / IPCC, IPBES

Rogelio Santos Queiruga, pescador de bajura, comunicador medioambiental, presidente de la Asociación de Defensa de la Ría de Muros y Noia

María Sánchez, escritora y veterinaria

Agnès Delage Amat, investigadora Univ. Aix Marsella/ UMR CNRS

Rafael Jiménez Aybar, experto en democracia medioambiental, Westminster Foundation for Democracy

El primer motivo estructural que explica el rápido colapso de los compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento entre Estados e Irán, del 19 de junio pasado, remite a un problema clásico en el mundo de la negociación: la diferencia entre un acuerdo de principios y un acuerdo de implementación. Comprometerse a “terminar con las operaciones militares en todos los frentes” o a “respetar la soberanía e integridad territorial” son declaraciones de intención que fijan un horizonte normativo compartido, pero que carecen, por sí mismas, de mecanismos verificables de cumplimiento escalonado. En procesos de paz comparables se ha observado repetidamente que, cuando las partes negocian bajo presión temporal, tienden a aceptar fórmulas de compromiso general que permiten firmar el documento, pero postergan para una fase posterior la definición operativa de esos principios. Esto genera un acuerdo incompleto por diseño, ya que ambas partes pueden reivindicar que han cumplido la letra del memorando mientras acusan a la otra de violarlo en la práctica, precisamente porque los términos no fueron operacionalizados con indicadores objetivos, calendarios verificables de forma independiente, ni definiciones precisas de qué constituye una violación.

El segundo motivo, directamente vinculado al punto 5 del Memorando sobre el “paso seguro de los buques”, ilustra un fenómeno muy estudiado en negociación, que es el uso deliberado de estándares de conducta (“mejores esfuerzos”), en lugar de obligaciones de resultado. Un compromiso de “mejores esfuerzos” es jurídica y políticamente mucho más débil que una obligación de garantizar un resultado concreto, porque traslada la carga de la prueba, puesto que no basta con que ocurra un incidente para acreditar el incumplimiento, sino que habría que demostrar que la parte obligada no hizo un esfuerzo razonable para evitarlo, un estándar subjetivo y difícil de verificar en tiempo real, especialmente en un espacio tan complejo operativamente como el Estrecho de Ormuz. Esta ambigüedad no suele ser accidental. En negociaciones asimétricas o de alta desconfianza mutua, las partes prefieren frecuentemente cláusulas de conducta antes que de resultado, porque les permite firmar sin comprometerse a algo que pueden no controlar plenamente, pero ese mismo diseño flexible es el que después facilita que, ante un ataque a un buque, cada parte pueda ofrecer una interpretación distinta de si hubo o no “mejor esfuerzo”, dejando la controversia abierta a la interpretación política antes que a un estándar técnico compartido.

El tercer motivo, quizás el más relevante desde la perspectiva de diseño institucional de acuerdos de paz, es la ausencia de un mecanismo específico de resolución de disputas e investigación de incidentes, sustituido por la fórmula más genérica de un “mecanismo ejecutivo para supervisar la exitosa implementación” en el punto 12, que, al día de hoy, todavía no se ha creado. La distinción no es menor, ya que un mecanismo de resolución de disputas suele incluir procedimientos de investigación conjunta o por terceros neutrales, plazos para determinar responsabilidades, canales de comunicación directa entre mandos militares para desescalar incidentes en tiempo real, y consecuencias predefinidas ante violaciones constatadas. Un “mecanismo ejecutivo de supervisión”, en cambio, sugiere una estructura más orientada a coordinar el cumplimiento general del memorando y reportar avances, sin necesariamente contar con capacidad de investigación de incidentes puntuales ni con autoridad para emitir determinaciones vinculantes sobre quién violó qué disposición.

Esta laguna de diseño es especialmente grave en un contexto de desconfianza extrema como el que existe entre Estados Unidos e Irán, porque cuando ocurre un incidente, como un ataque a un buque o un bombardeo, no existe una instancia previamente acordada, neutral y con procedimientos claros a la que ambas partes puedan recurrir para establecer los hechos, antes de que la escalada retórica y militar tome el control de la situación. En ausencia de ese mecanismo, cada incidente se convierte en un evento interpretado unilateralmente, lo que retroalimenta la lógica de acción-reacción y erosiona rápidamente cualquier ventana de desescalada que el memorando pretendía abrir, confirmando una regularidad bien conocida, la de que los acuerdos que omiten mecanismos eficaces de verificación e investigación tienden a colapsar por la imposibilidad estructural de gestionar la primera crisis de cumplimiento que inevitablemente surge tras la firma.

La ausencia de diplomáticos de carrera con experiencia profunda en la arquitectura de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, genera un vacío que no se llena con improvisación ni con impulsos personales. Cuando la toma de decisiones estratégicas queda en manos de figuras con escaso conocimiento del funcionamiento del sistema internacional —y además marcadas por rasgos de inestabilidad, impulsividad o una visión simplista del poder como la del presidente Trump—, el país pierde su capacidad de leer matices, anticipar consecuencias y gestionar crisis con inteligencia. La diplomacia profesional no es un adorno burocrático. Es el mecanismo que permite transformar intereses nacionales en estrategias sostenibles, evitar escaladas innecesarias y comprender la psicología política del adversario. Sin ese contrapeso técnico, el proceso de decisión se vuelve errático, dominado por percepciones subjetivas, obsesiones personales y una peligrosa confusión entre fuerza y eficacia.

En este contexto, la sustitución del Departamento de Defensa por un “Departamento de Guerra” no es solo un gesto simbólico, sino que es la señal de una visión del mundo que privilegia la confrontación sobre la negociación, la testosterona sobre la prudencia, y la virilidad performativa sobre la inteligencia estratégica. El secretario de Guerra ha erigido el nivel de la testosterona como factor determinante en su política, una aberración que tiene consecuencias automáticas en la toma de decisiones equivocadas dentro de un marco meramente militarista, y frente a un adversario, Irán, que, sin utilizar la terminología hormonal testicular, funciona con una mentalidad de acción-reacción militar también condicionado por la masculinidad tóxica militarizada, en un país donde las mujeres son reprimidas y controladas socialmente por un régimen represor, con lo que, al final, el choque entre Estados Unidos e Irán, además de geopolítico, es también un combate de virilidades criminales. El resultado es una espiral de decisiones equivocadas, tomadas desde la adrenalina y no desde el análisis, que reduce el espacio para la diplomacia y aumenta el riesgo de errores de cálculo con consecuencias devastadoras.

Celebramos la asamblea 2026 de Movimiento Sumar y tuvimos el enorme honor y privilegio de ser elegidas co-coordinadoras. En torno a los días de la asamblea sucedieron tres hechos que definen a la perfección el momento que vive nuestro país: el incendio en Los Gallardos (Almería), la aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y la sentencia del hermano de Pedro Sánchez por prevaricación. Esos tres acontecimientos marcan la hoja de ruta que necesitamos para volver a ganar en las próximas elecciones.

El incendio nos habla de la importancia de la crisis climática y la necesidad de una transición ecológica justa yde una adaptación social. Quienes más sufre las consecuencias del cambio climático son la clase trabajadora y las personas vulnerables. Casas con mala climatización, más horas trabajando en peores condiciones o transporte público mal acondicionado; centros públicos de salud, educación y servicios sociales que, en vez de ser lugares de refugio y cuidado, someten a la ciudadanía y los prestadores públicos a temperaturas insoportables. Definimos nuestro proyecto como Ecosocialismo Laborista porque queremos una transición justa y derechos laborales del siglo XXI. Eso es para nosotras estar a la altura de nuestro tiempo.

El pasado martes aprobamos en el Congreso la reforma de la leyes de discapacidad y de dependencia y 6.200 millones de euros adicionales para garantizar su financiación. Lo hicimos con un enorme consenso parlamentario –fruto de un absoluto consenso social–, del que solo se quedó fuera la extrema derecha. No es la primera vez que pasa. El año pasado, en el mes de septiembre, tras una larga pelea con el Partido Socialista, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministro de Trabajo y Economía Social sacaron adelante la ampliación de los permisos de crianza. Nuestro socio de Gobierno nos dijo entonces y nos volvió a decir esta semana que no había mayoría parlamentaria. Se equivocaron. No vamos a ganar las elecciones con cálculos parlamentarios, sino con medidas sociales para la mayoría. Vinimos a hacer política útil, de la que cambia la vida de la gente.

Esa es la política que necesitamos. La que permite que podamos cuidar y ser cuidadas. La que nos da tiempo para vivir. Por eso seguimos defendiendo que la vida no esté al servicio del trabajo, sino el trabajo al servicio de la vida, con una reducción de la jornada y con un registro horario que ponga fin a las millones de horas extras sin pagar. El próximo gran objetivo es la vivienda. Conseguimos salvar a decenas de miles de familias con la primera prórroga de alquileres. Las derechas no la convalidaron. En vez de rendirnos, de dar un paso atrás, peleamos por volver a traerla ampliada y mejorada junto con la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Ese es el estilo de Sumar. Nada para el juego parlamentario, todo para las conquistas sociales.

Esta semana también hemos conocido la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, una resolución que es una expresión más de una judicatura que ha decidido romper cualquier atisbo de neutralidad. Es una prueba más de que hay poderes que nadie ha elegido que quieren que este gobierno caiga. No nos confundimos de adversario. Con la misma contundencia con la que dijimos que Ábalos y Santos Cerdán habían deshonrado la política, exactamente con la misma con la que decimos que, legal o no, Zapatero ha traicionado, con su actividad lobista --que lo acerca más a Aznar y a González-- su legado como un expresidente que respeta el pueblo progresista, decimos hoy que los casos del hermano y la mujer del presidente del Gobierno son puro y duro lawfare.

Y ante el lawfare no sirve reproducir una lógica de cloacas. Sirve el BOE. Sirve avanzar en la democratización del Estado y las instituciones, algo para lo que también hay mayoría. Esa es nuestra posición y nuestra tarea. Eso es lo que hemos venido a hacer y lo que defendemos. Todos los acuerdos que sean necesarios para avanzar en lo importante: en los derechos sociales y civiles, en la democracia y las instituciones del país que somos y queremos ser.

La extrema derecha intenta dar una salida a los malestares sociales y la incertidumbres sociales mediante políticas de exclusión, autoritarismo, crueldad y exclusión. Es la forma de gobierno del PP y de Vox en este momento. Nuestro objetivo es que esos mismos malestares se conviertan en organización democrática y en avance social. La dicha de la extrema derecha es la que mantiene y alimenta la desigualdad. Nuestra felicidad, la que le devuelve al pueblo lo que es suyo.

A la España del castigo y la exclusión le oponemos la España de los derechos y los cuidados. Frente al Estado que controla y vigila, el que protege y da derechos. Frente a la patria que excluye, la que acoge.

Así es como vamos a volver a ganar. Con alegría, con más derechos y con más fuerza. Hemos dado este paso porque creemos que es posible y porque tenemos la convicción de que por esta senda vamos a ganar las próximas elecciones y a repetir un gobierno de coalición que tiene que dar todavía muchas buenas noticias a la ciudadanía.

¿Qué es eso del “concebido no nacido” y por qué está de pronto en el centro de tantas conversaciones? Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una normativa en la Comunidad de Madrid a este respecto que es, cuanto más, insulsa en sus efectos reales y en lo que propone, pero relevante, una vez más, en la batalla discursiva. Una batalla que forma parte de una agenda política internacional extremadamente peligrosa en torno a las “familias correctas” que no debemos ignorar.

Entre la visita del papa y estas conversaciones llevamos unas semanas como si estuviésemos en otra época, con olor a naftalina, curas dictando leyes y políticos devenidos en burdos opinadores que mezclan términos religiosos y científicos sin pudor. Díaz Ayuso sabe perfectamente que regular en torno a una figura tan difícil de definir como el “concebido no nacido” es muy difícil, además de peligroso e injusto. La normativa en sí habla más bien de las unidades familiares, asimilando las familias en las que hay mujeres embarazadas a aquellas en las que ya hay menores para calcular cuestiones como el nivel de renta per cápita al acceder a algunas ayudas. El núcleo central de la norma es poder adelantar el reconocimiento de estas unidades familiares como “familias numerosas” en caso de cumplir el resto de criterios, una asimilación que se podrá pedir a partir de las 14 semanas de gestación y que se deberá justificar tras el nacimiento. Poco más que eso.

Que la norma sea más bien insulsa no hace que la batalla en el lenguaje lo sea, y no debemos permitir que la gane. Sobre todo porque, más que al pasado, esta agenda busca propulsarnos al distópico futuro que nos dibujan las alianzas de ultraderecha a nivel internacional. Por ello, es importante señalar lo problemático de abordar el debate político sobre el comienzo de la vida con términos religiosos sin base científica como el de “concepción”. Además, conviene alertar del uso de medidas populistas dirigidas al momento de la gestación mientras se olvida a las infancias reales, víctimas de políticas adultocéntricas que les condenan a una falta de cuidados sociopolíticos vergonzosa.

Miremos de frente la idea de “concepción”. Existe una tendencia en el lenguaje común a equiparar la concepción con la fecundación, o la concepción con el embarazo: son relatos vinculados al famoso “de dónde venimos” que tienen más de discurso cultural (con grandes dosis de dogma religioso) que de consenso científico. Ayuso habla de proteger “desde el primer minuto”, y su director de gabinete da muestras de una grave incapacidad para la comprensión del funcionamiento de los cuerpos y la biología al vincular ese primer momento con la eyaculación o el coito (en qué tristes declaraciones). Pero incluso su propia normativa se ve obligada a establecer una línea muy clara para asimilar el embarazo a “un hijo más” para ser reconocida como unidad familiar: superar las 14 primeras semanas de embarazo.

La legislación española actual ya reconoce, de forma cuestionable, los embriones como entidades a proteger: es la causa de que se acumulen sine die en las neveras de las clínicas de reproducción asistida (siendo muy difícil dejar de preservarlos, incluso cuando ya no se van a usar), generando problemas de diverso tipo que no podemos abordar en este artículo, pero que son de gran relevancia política. Nuestro ordenamiento jurídico maneja diferentes formulaciones para la protección de estas células, fórmulas que arrastran un sesgo religioso muy cuestionable y cuestionado por la sociedad civil. Cuestionamiento que se ve, por un lado, en el apoyo mayoritario a la libertad de decidir sobre la continuidad o no de los embarazos, y por otro, en una creciente conciencia de la imposibilidad de controlar el primer desarrollo humano. No obstante, el discurso del fanatismo conservadurista trata de dibujar como estable e incuestionable lo que no lo es: el comienzo de la vida.

Poner la “concepción” (sin clara equivalencia científica) en el centro del debate ignora no solo que esas primeras semanas de embarazo son el tiempo legítimo e incuestionable en el que quien gesta puede decidir interrumpir el embarazo, sino que en torno al 25% de las veces esto sucede de forma involuntaria y como parte de un mecanismo meramente biológico: al menos 1 de cada 4 embarazos termina en aborto espontáneo, precisamente porque, que se genere un embrión, se implante, devenga en feto, el embarazo se logre sostener hasta el nacimiento… es algo mucho menos lineal o escrito en piedra de lo que estos políticos intentan hacer ver. Cualquiera que haya pasado por una unidad de reproducción asistida lo sabe.

Centrar el debate en “el concebido” es políticamente peligroso porque busca atentar sobre el derecho a decidir, pero es también profundamente dañino en tanto que ratifica la idea de que lograr un embarazo es algo sencillo que siempre equivale a llegar a tener un bebé, algo que genera muchísimo sufrimiento en todas las personas que viven abortos espontáneos. El hecho de que mucha gente cuide a quién y cómo contar un embarazo hasta que pasa el primer trimestre responde a esta realidad que el Partido Popular se empeña en ignorar. Y, si bien estos silencios pueden no ser la mejor estrategia para acompañar y visibilizar estas pérdidas gestacionales y los duelos perinatales, insistir en crear imaginarios en los que “el primer momento” de una vida es un punto tan temprano y tan incierto, genera mucho daño. No es inocuo presentar como realidad dada algo que es, más bien, una posibilidad abierta.

¿Por qué hablan de “concebido no nacido” si las ayudas son para la unidad familiar? ¿A quién buscan proteger? No es fácil responder porque quizás no buscan proteger a nadie, sino atacar a quienes decidimos sobre nuestros cuerpos y nuestras biografías reproductivas. A quienes no dejamos que nos impongan un discurso culpabilizador y rancio con, además, nula base científica.

No hay consenso histórico, ni científico, ni legal claro sobre el comienzo de la vida que no sea el que marca el nacimiento, y no hay entidad previa a esta que pueda convertirse en sujeto de derechos. La edad gestacional a nivel médico se mide a partir del desarrollo del óvulo (calculado con la última regla, momento en que reactiva su crecimiento, no de la fecundación). La ley habla de “preembriones” tras la fecundación y hasta el día 14 (fecha en torno a la que se calcula la implantación en el útero), y los considera embriones solo a partir de entonces, cuando se calcula que puede haber un embarazo. El momento en que empieza a hablarse de feto y no de embrión varía, pero tiende a situarse en torno al paso del primer al segundo trimestre de embarazo, coincidiendo con las fechas más claras en nuestro ordenamiento jurídico: la semana 14 que marca la ley de interrupción voluntaria del embarazo (22 para algunas casuísticas). En todo caso, hablaríamos entonces de fetos que, y esto es de central importancia para cálculos y reflexiones, no alcanzan la potencial viabilidad fuera del útero de forma significativa hasta la semana 24 de embarazo, y eso con necesidad de muchísimo apoyo tecnológico y biomédico.

“Desde el primer minuto”, o “antes de ducharse” no son eventos temporales rigurosos con los que legislar, y el barullo terminológico en el que nos estamos dejando meter en los últimos días, hablando de fetos donde solo hay embriones, o de fecundación donde solo hay eyaculación, es peligroso y nada inocente. No dejemos que nos marquen la agenda: si bien la normativa tiene poco calado, este nuevo episodio de guerra cultural va dirigido a ir cambiando la forma en que pensamos e imaginamos lo posible y lo deseable, y buscan allanar el camino para hacer viables futuras leyes más restrictivas, que recorten los espacios de libertad que tanto nos ha costado conquistar.

Madrid es una región con una necesidad flagrante de protección a la infancia: la huelga del sector educativo 0-3 lleva meses señalándolo. Nos reproducimos en un contexto de creciente desigualdad, en el que tener criaturas nos empobrece y en el que un porcentaje vergonzoso de criaturas viven por debajo del umbral de la pobreza. Jugar con las ayudas a las embarazadas y a las familias para colocar discursos ultraconservadores que allanen el camino a propuestas restrictivas de nuestros derechos es ruin y peligroso.

Hay muchas fórmulas para mejorar la protección del embarazo y de los fetos (por ejemplo: reducir la contaminación que se ha demostrado que afecta a su peso al nacer), pero ninguna puede pasar por inventarnos una figura jurídica que le dé entidad de sujeto a lo que no lo es, y todas ellas deben ahondar en proteger a quienes sí estamos aquí y ahora. Como dice Ana Requena, debemos arrebatar el término provida a las derechas. Ir a favor de la vida pasa por resolver el problema del calor extremo en los colegios, por abordar la violencia obstétrica y la infrafinanciación de los hospitales, por acabar con la escasez de plazas en escuelas infantiles, por garantizar el acceso a interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos, por asegurar la gratuidad y calidad de los comedores escolares.

Desterremos de nuestro lenguaje conceptos religiosos con nula base científica y un peligroso poder ideológico y centrémonos en garantizar condiciones materiales dignas para que la charlatanería de estas figuras se quede en eso, y no nos devuelvan a esos mundos con olor a naftalina ni nos propulsen a futuros distópicos plagados de familias homogéneas y maternidades marcadas por la abnegación y el sufrimiento en lugar de por el goce y la ternura.

Las críticas surgidas al reconocimiento de la nacionalidad española a descendientes de exiliados resultan sorprendentes, tanto por el momento en el que se producen como por la sucesión de razones en las que pretenden fundarse. Frente a un reconocimiento que es de pura justicia, resulta sorpresivo que las críticas se produzcan ahora, cuando la ley que lo recoge y las Instrucciones que aclaran su tramitación se remontan a casi cuatro años atrás y cuando el período de solicitud por los interesados concluyó en octubre del año pasado.

Resulta igualmente difícil de entender que vaya cambiando la justificación en la que se basan las críticas. Difícil de entender especialmente por la velocidad con la que se van modificando y sustituyendo estas supuestas razones. Esos cambios solo pueden explicarse porque se trata de fundamentos inmediatamente contradichos por su nula consistencia, de modo que tienen que buscarse sobre la marcha otras justificaciones que los sustituyan, igualmente nada convincentes.

Así, en términos secuenciales, se comienza por una oposición plena al reconocimiento de nacionalidad a los nietos de exiliados, afirmando que son personas que no conocen España y presumiendo sin fundamento que ello se realiza con la finalidad de lograr nuevos votantes en las próximas elecciones generales favorables al actual Gobierno de coalición. Crítica que se abandona inmediatamente, cuando se recuerda que esta medida estaba recogida en el programa electoral del partido popular, al tiempo que el texto de la disposición de la Ley que efectuaba el reconocimiento lo fue a resultas de la incorporación a la norma de una enmienda presentada por el propio partido popular.

A la vista de ello, las críticas se enfilan a una pretendida extralimitación de las Instrucciones administrativas de tramitación del reconocimiento, basada en que se interpretaba que estas Instrucciones contenían una ilegal ampliación de las personas beneficiarias de ese reconocimiento, pero no explican porque no impugnaron entonces estas Instrucciones, incluso olvidan que una asociación ultra sí que las recurrió, pero fue rechazada esta impugnación en sede judicial.

A partir de ahí las críticas se enfocan al presunto reconocimiento de prestaciones sociales a favor de los recién nacionalizados, haciendo hincapié en el agravio comparativo que ello provocaba respecto de los nacionales por nacimiento, mencionando a estos efectos la obtención automática de la tarjeta sanitaria, de un presunto “cheque educativo” y del derecho a percibir las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

Para empezar, el derecho a todas estas prestaciones sociales exige la residencia legal en España, no siendo suficiente con la nacionalidad española. Las excepciones a este requisito se contemplan solo para los “españoles de origen nacidos en el territorio español”, excepción por tanto que no incluye a los nietos de exiliados, pues para ellos se exige un período mínimo de residencia de 10 años. Por tanto, es difícil pensar que estas personas vayan a cambiar su residencia legal, teniendo en cuenta que por razones generacionales la inmensa mayoría de los nietos a nacionalizar son personas de edad avanzada, con la vida asentada en otros países, la mayoría de ellos en Sudamérica, donde desarrollan o han desarrollado su actividad profesional, obtienen sus medios de vida y donde mantienen fuertes vínculos familiares. Por tanto, con la obtención de la nacionalidad solo pretenden un reconocimiento oficial del vínculo sentimental que mantienen con España, pero no trasladarse a residir legalmente aquí. Y la experiencia de lo sucedido con otros reconocimientos de nacionalidad similares así lo confirma.

Por lo que se refiere en concreto a la tarjeta sanitaria, conviene tener presente que todos los españoles, como regla general, pierden el derecho a la asistencia sanitaria pública cuando pasan a residir en otro país, que debe ser quien les preste dicha asistencia sanitaria. Lo que no se pueden producir son prácticas de “turismo sanitario”, es decir, venir a España a disfrutar de la asistencia sanitaria sin cambiar de residencia legal, se trate de los nacionales que se trate.

En lo que se refiere al llamado “cheque educativo”, es difícil saber a qué se refieren, porque nada de esto existe con carácter general; incluso lo que puede existir por parte de las Comunidades Autónomas de escasa cuantía lo es respecto de los estudiantes que se integran dentro del sistema educativo autonómico, por tanto, con residencia en ese territorio. Incluso, una vez más por razones generacionales, ni las personas a las que se les reconoce la nacionalidad por esta vía ni sus hijos se encuentran en edad escolar, ni mucho menos van a cambiar su residencia por obtener un posible “cheque educativo”.

Por último, más claro aún se presenta lo relativo a las pensiones públicas, pues su derecho viene previsto legalmente con independencia de que se sea español o no. Más aún, existe una manifiesta dificultad, por no decir imposibilidad, de reconocimiento de una pensión no contributiva. La regulación vigente no solo exige para su reconocimiento la residencia legal en España, sino además requiere un periodo de residencia importante: diez años para la pensión de jubilación y cinco años para la de incapacidad. Aparte de ello, se exige también carecer de rentas o ingresos superiores a la cuantía de las pensiones no contributivas, que conviene recordar se sitúa en torno a los 8.800 euros anuales. De este modo, si se tiene cualquier tipo de pensión pública en el país de origen o cualquier otro tipo de renta similar, incluso si se alcanza ese tiempo de residencia legal exigido, no se tendrá derecho a la pensión no contributiva. En definitiva, va a ser absolutamente marginal quien cambie su residencia en España para obtener esta pensión no contributiva.

Finalmente, la crítica a la percepción de estas pensiones se presenta como un agravio comparativo respecto de quienes han estado cotizando a la Seguridad Social durante muchos años. Se trata, una vez más, de un argumento que no se sostiene. Si se refiere al derecho a las pensiones no contributivas de los nacionalizados, tampoco a los españoles de origen se les va a exigir haber cotizado nada. Si se trata de las contributivas se les va a exigir el mismo período de cotización que a los demás. Dicho de otro modo, de aspirar los nietos nacionalizados a una pensión contributiva por jubilación, tendrían que cotizar como mínimo 15 años, lo mismo que los españoles de origen incluso que los extranjeros que cotizan a nuestro Sistema, por añadidura recibiendo una pensión solo del 50% de la base reguladora. Por tanto, resulta inimaginable que vayan a venir a España con esta expectativa.

En definitiva, se lanzan críticas al reconocimiento de la nacionalización de los nietos de exiliados sin ningún fundamento, por ello una vez más con manifestaciones claramente improvisadas o desde la simple ignorancia, que, apenas se les advierten de su falsedad, se limitan a no reiterarlas. Eso sí, tal como funcionan este tipo de críticas en las redes sociales, el mero silencio, sin reconocimiento de la ausencia de fundamento de lo criticado, deja el residuo del inicial cuestionamiento de la medida, con el resultado de que el mensaje de ataque es lo que permanece. En definitiva, critica, aunque sea sin argumento real, que algo queda.

Los romanos colocaron la balanza en el cielo. De una manera un tanto forzada, instalaron la constelación de Libra en la eclíptica, que los antiguos habían concebido exclusivamente como un zodíaco, una senda de animales. Hoy, Libra sigue siendo la única constelación zodiacal que representa un objeto inanimado, colocada a machamartillo en el largo camino del sol. Podríamos decir que la balanza rinde honor a la ecuanimidad y equilibrio de la justicia, al orden derivado de dar a cada uno lo suyo. Pero otras veces, y más en días aciagos como los que vivimos, es tentador recordar que para los antiguos la constelación de Libra no existía; sus dos estrellas principales, hoy convertidas en platos de una balanza, fueron durante siglos las colosales pinzas del escorpión que reptaba en la constelación vecina.

En el asunto contra Zapatero, la balanza de la justicia ha recuperado por unos días su antiguo ser y se ha convertido en una gigantesca pinza que se cierne sobre el expresidente. La reciente iniciativa, conjunta o conscientemente paralela, de su antiguo socio y de los responsables de Plus Ultra pretenden sitiarle el camino de salida y condicionar su estrategia de defensa, ya puesta sobre el tapete, en un ejercicio de tacticismo que, sin embargo, tiene poco que ver con el derecho.

Estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma procesal que la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra Koldo y Ábalos puso crudamente ante nuestros ojos: ante un delito de corrupción, el Estado, sin medios eficaces de control, debe confiar en el testimonio “de aquellos directos implicados que reconozcan dicha participación ante las autoridades competentes, colaborando en la averiguación de los hechos e identificando a otros posibles responsables”. El procedimiento, así, se desnaturaliza; ¿para qué necesitamos jueces si tenemos delatores? Convirtiendo a los delincuentes en agentes de la justicia, en recordadas palabras de Beccaria, “el tribunal hace ver la propia incertidumbre y la debilidad de la ley, que implora el socorro de quien la ofende”. En esta deriva, la prueba del delito no la buscaremos ya en documentos o en periciales, ni en las resultas del análisis objetivo del cuerpo del delito; la prueba reina será la confesión, como en el antiguo proceso inquisitorial, al cual nos vamos acercando a marchas forzadas. Las declaraciones de los coimputados, antaño despreciables, recobran vigor en la última jurisprudencia. ¿Que en el expediente de la concesión de ayudas no hay rastro de irregularidad? Ya, pero ¡han confesado!

Convertido el investigador en un moderno Bernardo Gui, la confesión solo se valorará en lo que tenga de delación, en lo que pueda apuntar a otros responsables. Esta justicia nunca premiará el chivatazo de una inocencia ni el reconocimiento de que los hechos son conformes a la ley. Por el contrario, gestionará la verdad a través de una negociación extramuros del juzgado: las delaciones no suelen ser espontáneas sino el fruto de conversaciones (al margen del proceso, que no del juez) donde acusación y defensa van hilando un relato, valorando su carácter premiable.

En esta negociación las partes implicadas no están en igualdad de condiciones, sino que sufren un sesgo que habla mucho de nosotros mismos. Y es que entendida la corrupción como la contaminación de la política por el soborno, la justicia ha interpretado que, en esta ósmosis, el desvalor de la conducta se localiza básicamente en los políticos corruptos, a quienes los jueces tratan, de siempre, mucho peor que a los empresarios corruptores. Esta opción de política criminal tiene, por cierto, unos claros efectos criminógenos: “¿por qué no voy a sobornar al alcalde?”, pensará el empresario, “si me pillan, ya me acogeré a la doctrina Aldama”.

Este juego de conversiones impone una grave presión al imputado, condicionando su línea de defensa por puro pánico, con el riesgo siempre presente de que diga algo incierto; recuerden el caso de Carlos Moreno, de quien Aldama dijo falsamente haberle entregado dinero en soborno. El Supremo lo descartó, pero no protegió a Moreno de la falacia. En fin, la desconfianza entre las partes determina, muchas veces, que al término de la negociación la defensa se vea comprometida a presentar en el juzgado, aun antes de que su cliente declare, un escrito adelantando lo que dirá. Y sucede que, en ocasiones, la defensa fuerza tanto el texto para satisfacer a la acusación, que llegado ante el juez el acusado lo matiza con reticencias y evasivas, para desconcierto de todos.

En este complejo escenario es en el cual deberíamos valorar las pinzas de escorpión que ambos ‘Julio Martínez’ han presentado ante el juez, que responderían a una negociación en la cual ambas partes, acusación y defensas, habrían querido alcanzar los mejores réditos en sus objetivos.

De antemano, cabría advertir una diferencia de origen con el caso de Víctor de Aldama, quien va camino de poner nombre a una rama del derecho procesal penal. Y es que estos epígonos del egregio no reconocen en sus escritos, al menos formalmente, haber cometido delito alguno, con lo que su pretendida confesión se queda corta y no alcanza ningún puerto, más allá de señalar con el dedo hacia el objetivo buscado. Ninguno de los escritos refiere que Zapatero haya realizado labores de tráfico de influencias para que la ayuda fuera concedida a la aerolínea; por un lado, su antiguo socio ha comparecido ante el juez y, según parece, no ha aportado más datos que los muy vagos ofrecidos en el escrito presentado la víspera.

Por su parte, los responsables de Plus Ultra sostienen que no saben exactamente lo que hizo Zapatero para ellos, de la misma forma que Bismarck ignoraba cómo se hacían las salchichas, con lo que tampoco aportan datos que apunten a un delito. Sí reconocen que lo contrataron para no pedir “a puerta fría” las ayudas que necesitaba la empresa, y es posible que así lo hicieran, lo que no habla muy bien de nuestras estructuras de gestión pública. En todo caso, aunque contrataran a Análisis Relevante para “calentar la puerta”, esto no es delito; es feo, políticamente deplorable, pero estaría dentro de la ley que ampara los bastidores de los ‘lobbies’. Es lícito contratar a alguien para que te presente, que te ayude a pedir una subvención, que esté encima de tu expediente e incluso que haga llamadas en tu nombre para que lo resuelvan rápido.

Nada de esto es un delito de tráfico de influencias, que exige que la decisión sea el resultado de una prevalencia jerárquica o personal. Y entiendo, en fin, que el reconocimiento expreso de que las facturas giradas tenían “conceptos” inciertos, ¡qué desastre!, lo habrán hecho siendo conscientes de que poner un concepto incierto en una factura no la convierte en falsa, si la relación jurídica existía en realidad.

Insistiré en lo políticamente deplorable. Que los responsables de una empresa asuman que han pagado a un expresidente del gobierno el uno por ciento de las ayudas públicas recibidas, y que han colmado de imaginación el texto de unas facturas, constituye un baldón irrecuperable. Que sea delito es, si me apuran, lo de menos. Por añadidura, ver a socios y empresarios desmentir a todo un expresidente, para ver quién se escaquea más, nos llena de desconcierto. Tengan en cuenta que, a diferencia de lo que sucedía en el clásico proceso sumarial, en el actual procedimiento el investigado está presente en la causa desde el primer momento, lo que garantiza su defensa, es cierto, pero con una serie de servidumbres; entre otras, que el investigado ha de adelantar a la fase previa su estrategia de defensa cuando todavía no están todas las pruebas encima de la mesa. No se les escapa a ustedes los riesgos que ello implica.

Por todo ello, y concluyendo, las pinzas con las que se pretende ahora cerrar la retirada a la defensa de Zapatero parecen enmarcadas en una estrategia dirigida a conseguir un mejor trato procesal, a esquivar medidas cautelares y a esperar, en su caso, el beneficio de una atenuante; pero no tienen nada que ver con la confesión de un delito que pudiera venir a demoler el descargo del expresidente y, de paso, cauterizar los recelos respecto al origen espurio de los indicios llegados desde Estados Unidos.

Sin embargo, aun con todas las cautelas y con independencia del efecto que estos escritos y confesiones veladas puedan tener en el desarrollo del proceso, lo cierto es que el escorpión ha hecho su trabajo. La balanza de la justicia va cerrando su tenaza sobre una opinión pública desolada y perpleja, que sigue sin entender qué gestiones ha hecho Zapatero o en qué negocios se metió, pero que, fueran los que fuesen y aunque no sean delictivos, desde luego no parecen propios de lo que esperaba de él.

Los modelos grandes de lenguaje (LLM) permiten hacer informes sobre temas complejos, mantener conversaciones filosóficas con inusual soltura y altura intelectual, escribir trabajos científicos o dictar sentencias. Otro asunto es que convenga o no usarlos para según qué cosas.

Escribir requiere un doble esfuerzo. Primero hay que pensar lo que se quiere decir a través de las palabras y después hay que elegirlas cuidadosamente para pasar de la intención de comunicar a la acción, y hacerlo con corrección y claridad. Es muy tentador evitar ese esfuerzo de escribir y que lo hagan las máquinas con su usual verborrea. Si te enfrentas a la pereza de escribir, al bloqueo de la página en blanco o no tienes tiempo de documentarte, buscar referencias o incluso pensar, dale unas cuantas órdenes al cacharro y este escribirá por ti.

Hace poco escribí -yo, no la máquina- sobre el uso creciente de los LLM para realizar las revisiones de los artículos científicos que se envían a conferencias y revistas, e incluso para la escritura misma de dichos artículos. Para mí el problema principal de hacerlo así no es que esto pueda conllevar errores y engaños; incluso cuando el científico declare el uso de la IA y compruebe que la inteligencia artificial no ha cometido fallos o, si así ha sido, los haya corregido, habrá delegado en ella algo imprescindible para su formación y la mejora permanente de su condición de científico. Este es para mí el principal problema al que nos enfrentamos como científicos, en particular los jóvenes, que aún no han madurado en su formación como tales.

Richard Feynman advertía: “El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar”. Un LLM puede producir una argumentación coherente que confirme nuestras expectativas, suavice inconsistencias o rellene lagunas de conocimiento con aparente solvencia. El riesgo no es solo, ni tanto, engañar a otros, sino autoengañarse, aceptando sin más lo que apenas ha sido comprendido por uno mismo y renunciando a mejorar como científico por avanzar por el camino más fácil.

La escritura científica no es un mero envoltorio del descubrimiento; es parte constitutiva del proceso cognitivo. Formular un argumento obliga a ordenar datos, detectar inconsistencias y clarificar supuestos. Delegar esa tarea puede empobrecer la calidad misma de la investigación. El acto de escribir no es accesorio: es experimentar y aprender en un laboratorio conceptual, igualmente necesario o más que los espacios y los medios reales de experimentación. Además, este problema no se circunscribe a los científicos, sino que los estudiantes, desde edades muy tempranas, están mucho más expuestos a la delegación cognitiva derivada de un uso intensivo y acrítico de la IA.

Recientemente el Papa León XIV instó al clero de la Diócesis de Roma a que no preparasen homilías con inteligencia artificial. Según Vatican News, el Papa afirmó que dar una homilía es compartir la fe y la IA nunca podrá compartir la fe.

Aunque la doctrina de la Iglesia Católica afirma que el Papa es infalible cuando habla ex cathedra, no significa que no pueda equivocarse en sus opiniones. De hecho, creo que en esto se ha equivocado, o se ha quedado corto, al menos, si juzga que la principal razón, o incluso la única, por la que los sacerdotes no deben usar ChatGPT para escribir sus sermones es por la incapacidad de la máquina para transmitir la fe. Sí, soy consciente de mi osadía llevándole la contraria a León XIV en su terreno, pero trataré de explicarme y de convencerles al respecto, incluso a los creyentes.

Un LLM puede imitar el tono devocional, citar a los Padres de la Iglesia o estructurar con elegancia una reflexión sobre el Evangelio. Por supuesto, lo hará desde una recombinación estadística de textos previos, no desde una experiencia espiritual propia, pero si una homilía así preparada consigue ayudar a que el fiel entienda mejor el Evangelio, sienta que ese mensaje le habla personalmente y aumente su deseo de vivirlo en su día a día, tampoco estará tan mal, supongo. Sin embargo, al igual que en el caso del científico, creo que el problema muy real sería que, si un sacerdote delega en exceso en la máquina, sin mayor cuestionamiento, dejaría de ejercer lo más importante de sus responsabilidades: formarse, aprender y poder mejorar permanentemente, tanto en beneficio propio como de su comunidad de fieles.

Preparar una homilía exige leer, meditar, confrontar la propia vida con el texto bíblico y discernir las necesidades concretas de la comunidad. Si ese proceso se mecaniza, el sacerdote deja de ser aprendiz espiritual y artesano de la palabra para convertirse en editor de borradores y experiencias ajenas.

A primera vista, el sacerdote y el científico pertenecen a mundos distintos. Uno habla de una verdad divina, sustentada en la fe, y el otro de una verdad que se asienta en el método científico. Yo soy científico y agnóstico, pero comparto con el sacerdote la necesidad de contar con la confianza de los demás. De otro modo, nuestro trabajo sería estéril. Delegar la palabra en la máquina hasta el punto de involucionar profesional o espiritualmente, según el caso, supondrá perder la confianza de los otros y, a la larga, la confianza en uno mismo.

No seré yo quien diga que no hay que usar la IA en la ciencia o en cualquier otro ámbito personal o profesional, bien al contrario. Pero una cosa es su uso como ayuda y otra como sustituto del pensamiento. Además, en una cultura fascinada por la eficiencia, resulta tentador medir el valor de una herramienta por el tiempo que nos ahorra. Sin embargo, no todo tiempo ahorrado es ganado. Hay procesos cuyo principal valor reside precisamente en el esfuerzo que exigen, ya que solo a través de ese esfuerzo la persona y el profesional mejoran.

De nuevo, la magistratura contra la Memoria Democrática. La entidad favorecida es Falange Española. Lo ha hecho una magistrada de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Antes de reflexionar sobre dicha sentencia, es necesario resaltar la significación de dicha organización en nuestra historia. La propia entidad, en su página web, inicia su exposición diciendo “Hace 90 años… creciendo…”. Expresión, con que la actual Falange Española reconoce y se identifica con sus orígenes y trayectoria como parte de su historia. Sobre ello, como veremos, la magistrada guarda un rotundo silencio. Y, claro, que es relevante. Es un partido, cuyo Estatuto se aprueba en 1937 por el Decreto 255 del 20/4, llamándose “Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y JONS)”. Y posteriormente, se reconoce al Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Francisco Franco, como Jefe Nacional de la FET y de las JONS. Antecedentes que determinaron su activo compromiso con el golpe militar de 1936 y su pleno apoyo a la dictadura. Prueba de ello, es que por Decreto de 31/7/1939 volvieron a editarse los Estatutos que lo definían como un “Movimiento militante inspirador y base del Estado español…”.

No en vano, Paul Preston, lo calificó como “partido único de Franco”. Y el Profesor J. Vilanova expuso que desempeñó “un papel fundamental como soporte violento del régimen franquista durante la guerra civil y la Dictadura”.

Con estos antecedentes históricos, dicha magistrada dictó el pasado 7 de mayo una sentencia que favoreció a dicha entidad política, anulando la multa de 10.001 euros impuesta por la Secretaria de Estado por la infracción grave prevista en el art.62.1.e) de la Ley de Memoria Democrática. Es más que preocupante. Reproducimos dicho precepto.

“Son infracciones muy graves: e) Las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad, que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares ”. Y consta que dicha infracción pueda cometerse “dolosa o negligentemente”.

Los hechos fueron estos. Falange Española (FE), solicitó autorización a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la celebración de los actos que se describirán ,siéndole otorgada. Los actos se realizaron los días 19 y 20 de noviembre de 2022. Los datos que constan en la Sentencia son muy limitados. Fueron dos. Uno, en la c/Génova de Madrid y el otro, la “Marcha de la Corona” hacia el Valle de Cuelgamuros“. Son descritos como ”un homenaje... al fundador de la organización“ y como ”homenaje al fundador de una formación política legalmente constituida“. Y, sorprendentemente, el destinatario de dichos actos era ”Belarmino“, con el que pretendía ocultarse la identidad de José Antonio Primo de Rivera, a quien estuvieron dedicados dichos actos. Una ocultación que se mantiene en la sentencia, que no contiene ni una mención de quien fue la razón de ser de dichos actos.

Según la Secretaría de Estado, dichos actos “incluyeron cánticos, simbología y mensajes que constituían una exaltación de Belarmino”. Añadiendo que “asociaciones y particulares manifestaron sentirse ofendidos y humillados por la celebración y difusión de estos actos”.

Ciertamente, resulta más que sorprendente, que la Sentencia, en los “Fundamentos de Derecho”, oculte la identidad y significación del auténtico destinatario de los actos descritos. Sin duda, fue una decisión calculada para favorecer la decisión exculpatoria finalmente adoptada.

Eso sí, para justificar su decisión, se extiende en argumentos reiterativos sobre el dolo y la culpa, impropios ante una mera infracción administrativa. Llegando a justificar su decisión porque “España no es un modelo de ”democracia militante“, lo que conduce a que ”no se impone la adhesión positiva al ordenamiento, sino solo el respeto“(¿). Es evidente que ante las conductas de los militantes de FE y la exaltación de J.A. Primo de Rivera, que prestó un apoyo fundamental a la sublevación militar de 1936, no puede aceptarse lo siguiente: ”la apología de hechos históricos por reprobables que sean, es un juicio de valor protegido…“.

Resulta inaceptable que para infravalorar la LMD, llegue a afirmarse que aún está “pendiente de control de constitucionalidad y que carece de rango orgánico”. Y a partir de aquí, bastan algunas observaciones para la descalificación de dicha Sentencia.

Se exige una “ponderación entre la protección de la memoria democrática y el derecho del art. 21 de la CE”, que reconoce el derecho de reunión. Es obvio, pues proclama un derecho que la LMD ya salvaguarda en el art. 38 sobre “Actos públicos contrarios a la memoria democrática”. La sentencia viene a exigir que en la conducta ya descrita del Art.62.1.e) de la LMD concurra una intencionalidad que excluye que concurriera en los actos convocados por FE ya que “La eventual exaltación y la correlativa humillación o descrédito producidos durante la celebración de una manifestación autorizada queda claramente fuera del precepto”.

Pero tratándose del “grado de culpabilidad” respecto a dichos actos (Art.63.c) de la LMD) resulta evidente que, bajo ningún concepto, puede dudarse de la firme decisión de los autores y dirigentes de dichos actos, cuya única finalidad era la “exaltación” del “dirigente” de FE y de las JONS, José Antonio Primo de Rivera, pese a que la misma pudiera generar, como así fue, “menosprecio o humillación” de las víctimas del régimen dictatorial que contribuyó a implantar.

Confiemos que, alguna vez, la Justicia repare tanto dolor a tantas y tantas víctimas de la Dictadura.

A nadie se le oculta que la atmósfera del año 1936 estaba cargada de electricidad. Rumores, noticias alarmantes, denuncias y orquestadas campañas de desinformación proliferaban en los medios y llegaban a conocimiento de las autoridades en un inequívoco afán de sembrar la inquietud pública y promover una rectificación violenta del estado de cosas. Valgan unos ejemplos: desde el otoño anterior, algunos gobernadores civiles venían recibiendo informaciones relativas a que, en ciertos ayuntamientos, la izquierda había instalado un sistema de alarmas ubicadas en torres y campanarios -algunas de ellas tan aparatosas como “sirenas de motor con alcance de tres kilómetros”- para avisar de la concentración de grupos derechistas. Jóvenes comunistas y socialistas se estaban organizando en grupos de combate en cada distrito. En mayo del año siguiente, la máxima autoridad policial de la capital recibió un soplo acerca de que delincuentes extranjeros, entre ellos, “rusos especializados”, fuertemente pertrechados con metralletas y fusiles, pretendían perpetrar un audaz golpe contra el banco central y otras importantes entidades financieras.

Escalando peldaños en la difusión del temor, “fuentes bien informadas” alertaron a la Dirección General de Seguridad y al Estado Mayor sobre la planificación de “un putsch que los comunistas estarían preparando para la segunda quincena de agosto o la primera quincena de septiembre”. Agentes de Moscú se habían incrustado en las propias filas del ejército. Según varios diarios conservadores de provincias, las células rojas mantenían reuniones clandestinas, elaboraban listas de objetivos y solo esperaban las órdenes oportunas para entrar en acción. Cuando la consigna fuera dada, decían, se efectuaría la toma de rehenes previamente elegidos entre los integrantes de las principales familias de orden y miembros del clero local. Su destino estaba sellado: las inocentes víctimas serían asesinadas en sus propias casas y hasta en sus camas, en el transcurso de una noche trágica, en una orgía de sangre anunciadora de la revolución.

Todo estaba planeado: el comunismo tenía sus tácticas que cualquiera podía leer en folletos como el titulado La insurrección armada, manual de guerrilla urbana aplicable a las escuelas de cuadros firmado por Palmiro Togliatti, Mijaíl Tujachevski y Hans Kippenberger, es decir, un destacado miembro del Secretariado de la Komintern, un mariscal del Ejército Rojo y el responsable del aparato antimilitarista del Partido Comunista Alemán (KPD). En aquel contexto, los medios de derechas en diversa coloración de extremismo coincidían en exigir mano dura contra el “partido del extranjero” y la “exclusión de marxistas y políticastros” y clamar por un movimiento de “salvación nacional”.

Quien haya llegado hasta aquí identificará buena parte de los principales lugares comunes con que la historia transmitida a través de los canales formales -la enseñanza obligatoria- e informales -la conversación social y sus redes amplificadoras- ha pintado la situación de la República española en los meses previos a la sublevación militar que desencadenó la guerra civil. Error. Todo lo anterior ocurrió al norte de los Pirineos, en la Francia que desde el 3 de mayo de 1936 estaba gobernada por la coalición del Frente Popular. Como España desde hacía cuatro meses. Los sistemas de alerta y los grupos de autodefensa lo fueron contra las acciones de las ligas monárquicas y de extrema derecha que habían pretendido asaltar la Asamblea Nacional en febrero de 1934. El del atraco al banco emisor fue un ejemplo paradigmático de bulo -hoy lo llamarían fake news- en que se amalgamaban percepción de inseguridad y xenofobia. El alarmante rumor de las listas negras de rehenes se nutrió de las noticias sobre la violencia de retaguardia en la guerra de España. El Reglamento secreto del Partido Comunista para la organización del combate en núcleos urbanos resultó ser un estudio de la policía de Weimar en 1923 para combatir los movimientos insurreccionales de los comunistas alemanes. Los documentos que dan fe de todo ello reposan en los Archivos Nacionales de Pierrefitte (París) y los Departamentales de Haute-Garonne (Toulouse).

¿Por qué esta engañosa familiaridad? Pues porque, al fin y al cabo, los tropos del anticomunismo se caracterizaron por su enorme similitud en el seno de un marco transnacional. El pronunciamiento preventivo para conjurar una revolución a fecha fija se encuentra en la justificación de Tomás Borrás y la abracadabrante historia de los papeles ocultos en un tiesto del barrio de Triana conteniendo el organigrama del futuro gobierno soviético español encabezado por Largo Caballero. El “gran miedo” a las masas proletarias haciendo gala de poder y el desprecio de clase hacia la pequeña burguesía republicana late en las fantasmagorías expresionistas del 1º de Mayo en Madrid, de corte a checa, de Agustín de Foxá. La hidra bolchevique poblaba las pesadillas de los militares españoles que frecuentaban la lectura de los boletines de la Entente Internacional Anticomunista o Liga Aubert, fundada en Ginebra en 1924, cuya suscripción para los cuarteles fue favorecida por la Dictadura de Primo de Rivera. La confrontación entre la España y la anti España, precursora de la teoría de “las dos ciudades” de la pastoral episcopal de septiembre de 1936, legitimadora de la Cruzada, respiraba en las páginas y los editoriales del católico El Debate -junto con el monárquico ABC, los máximos exponentes del golpismo de papel antirrepublicano-. Los repertorios discursivos -“agentes de Moscú”, “caballo de Troya”, contubernio judeo-masónico“— son estructuralmente idénticos a los que en la misma década movilizaban la propaganda nazi y fascista, la debelación antisemita del gobierno encabezado por Léon Blum y las campañas contra el Frente Popular español.

En ambos países y bajo circunstancias similares -gobiernos antifascistas impulsores de un amplio programa reformista en lo social- hubo sectores interesados en promover una economía política del miedo caracterizada por la multiplicación de rumores, la puesta en circulación de documentos falsos, el endurecimiento discursivo de una prensa cada vez más abiertamente alineada con la extrema derecha y la convergencia entre monárquicos, filofascistas y organizaciones-pantalla defensoras de los intereses patronales para derribar el régimen republicano. En este sentido, la legitimación del golpe de estado del 17 al 19 de julio de 1936 se inscribe entre las prácticas propias de un laboratorio de técnicas de desinformación política contemporánea: las reatribuciones documentales, la fabricación de rumores con patrones reconocibles, la movilización coordinada de prensa afín y la interacción entre medios reaccionarios, políticos radicales, grupos de presión y casta militar.

La diferencia es que en Francia todo ello se desarrolló en un sistema democrático y pluralista, que la administración y los servicios de seguridad del estado desmontaron los bulos y que las fuerzas armadas, aunque preocupadas por el aumento de las tensiones sociales, se abstuvieron de actuar contra el estado de cuya seguridad eran constitucionalmente garantes. El derrumbe vendría de la mano de la derrota militar y de la ocupación alemana en 1940, aunque la derecha fue preparando el camino para Vichy y la colaboración. En España, ya lo sabemos, la conspiración semifracasó en su objetivo inmediato, provocó una larga guerra civil y desembocó en una dictadura de larga data que hizo de la lectura retrospectiva y prospectiva del anticomunismo su seña de identidad. En la Francia de 1935 a 1939 operó una fabricación sistemática del enemigo sostenida por la extrema derecha, amplificada por sectores de la prensa y tolerada, cuando no alentada, por sectores del aparato del estado. La lección que arroja la historia comparada es que una democracia liberal también puede desmoronarse sin estruendo, sin una convulsión telúrica: solo son necesarias la acumulación de renuncias administrativas y políticas y la aceptación pasiva por parte de la ciudadanía de marcos estereotipados. Tomemos nota.

Se cumple el primer aniversario del fallecimiento en Villalba de José Acosta Cubero, que fue presidente de la FSM y diputado por Madrid desde 1979 hasta 2008, y militante de la UGT. Hace un año sufrimos el impacto de su muerte tras una penosa enfermedad y apenas tuvimos capacidad de reaccionar para rendirle el homenaje sincero que merecía. Unos meses después, un grupo de compañeros nos juntamos en el clásico Hotel Suecia, lugar donde muchas veces se había reunido con muchos de nosotros, sus compañeros y compañeras de partido para ofrecer un tributo a su memoria. Pero ahora, al cumplirse este triste primer aniversario, nos gustaría compartir con toda la sociedad a través de este diario un recuerdo que nos parece tan obligado como necesario.

Y es que Pepe Acosta representa no solo un tiempo sino también una forma de hacer política: constructiva, basada en el diálogo, pactista, en el mejor sentido del término, y sobre todo inspirada en el afán transformador de los viejos ideales del PSOE que se encarnaban en el proyecto socialista que él contribuyó decisivamente a construir. Y esto no es una exageración ni un simple gesto afectivo: él fue de la comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista Madrileña, en 1975, antes de morir Franco, cuando pocos querían significarse en años más duros de represión, y también perteneció a la llamada interbancaria, coordinadora democrática antifranquista en el sector profesional en el que trabajaba. Pepe era al mismo tiempo que un militante clandestino un melómano empedernido – tenía un discreto abono en el teatro real – y un infatigable aficionado a la lectura que le facilitó la extraordinaria cultura que poseyó hasta el fin de sus días.

No es que fuera un hombre culto, que lo era, y con creces, y en ocasiones hasta el asombro, sino que también poseía una sabiduría singular que le hacía disimular sus conocimientos tras un perfil tosco que le servía de protección para ser simplemente uno más entre los suyos, que es lo que más le gustaba. Fue secretario de organización, presidente de la Federación Socialista Madrileña y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE con Felipe González y Alfonso Guerra, con quién además compartía amistad, algo que de alguna forma culminaba una trayectoria de entrega absoluta a su compromiso político y a su partido.

La vida de Pepe Acosta está marcada y definida por su compromiso ético con los valores del socialismo, de eso nadie pudo tener nunca ninguna duda. Eso que hoy puede sonar como una frase puramente formal, en su caso tiene un amplio y sólido desarrollo material: Pepe era una persona llena de humanidad, dialogante, familiar y sobre todo, cercano.

Fue un motor indispensable en la reconstrucción del PSOE en Madrid. Conocía a los militantes y simpatizantes socialistas de toda la comunidad porque se relacionaba con ellos de forma sincera y natural, y era habitual verlo irse con su conductor, Bobi, a muchos pueblos de la comunidad donde él había constituido las agrupaciones socialistas tras la dictadura, con cuyos militantes compartía no solo el trabajo del partido sino también amistad y cariño.

Pepe tendió desde los años setenta una red de organización que aún hoy es el corazón del socialismo madrileño. Y esa forma de ser – tan poco política en apariencia - no la practicaba como una impostura para conseguir respaldos en una organización, la FSM siempre dispuesta a poner en cuestión todo, sino como una manera de ejercer eso que él tanto apreciaba: el compañerismo. Los valores no son conceptos abstractos que viven aislados en el mundo de las ideas, los valores son prácticas, modos y formas de actuar y relacionarse. Los valores de la ética, de la solidaridad, de la entrega, del humanismo socialista, del diálogo constructivo y del respeto institucional fueron para él seña de identidad de su gestión y de su comportamiento entre los demás.

Tanto es así que él formalizó momentos ejemplares de la historia del socialismo madrileño en distintos procesos de unidad en los que se fueron integrando en el PSOE organizaciones como la Federación de Partidos Socialistas, el Partido Socialista Popular de Don Enrique Tierno – a quien también homenajeamos en el cuarenta aniversario de su fallecimiento -, el PSOE histórico o las distintas facciones del Partido Comunista que se fueron acercando al PSOE: por ejemplo la de los renovadores de Pilar Bravo, la de Curiel, la de los carrillistas, etc.

Pepe era un hombre discreto y llano pero también complejo, amable y serio, tan radical en sus principios como flexible en el diálogo. Encarnaba un tipo de persona, o de político, muy distinto de muchos de los que hay ahora porque, como decíamos, era muy culto pero autodidacta, discreto en la demostración de sus conocimientos que no exhibía de forma petulante ni gratuita. Tenía una memoria prodigiosa y era incapaz de recurrir ni a la pedantería ni a la soberbia. Imposible regalarle un libro o un disco que no tuviera. Le gustaba la literatura clásica, moderna y le gustaban los cómics y los tebeos y era gracioso oírle citar con la misma autoridad a Ortega o a Astérix.

Era entrañable, porque era auténtico. Así lo recodamos. Era bueno, en ese sentido machadiano del que él mismo hablaba, ya que, además, fue un lector apasionado del Juan de Mairena de Don Antonio. Su cultura se extendía por muchos conocimientos y disfrutaba rebatiendo una u otra cosa sobre una obra de arte o una forma de cocinar unos espaguetis, pero no por el afán de presumir sino de disfrutar de la conversación. Era alegre, muy alegre; era divertido, muy divertido. Pero cuando quería y se sentía cómodo entre los suyos.

Fue un político abierto y dialogante, constructivo y modernizador pero siempre tuvo claras las raíces del socialismo y siendo un defensor del pacto democrático nunca ocultó el respeto generacional a los mayores que sufrieron la guerra, la represión o el exilio, y por eso tendía puentes generacionales que unían en el mismo proyecto a los jóvenes socialistas y a los “viejos” del partido junto a la generación que gobernábamos las instituciones: algunas tan importantes como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Le dio a la FSM los mejores años de su historia porque le dio a la FSM los mejores años de su vida: cuando las elecciones se ganaban con mayorías abrumadoras, cuando se construían los cimientos de la democracia y de la comunidad autónoma y cuando ser del PSOE nos hacía sentir un fuerte sentimiento de pertenencia. Somos muchos los que tenemos una deuda de gratitud con él. Y por eso nosotros hemos querido recoger la voz y los sentimientos de quienes nos han transmitido su pena y su tristeza. Son muchas las personas que de una u otra forma le debemos algo y es honesto y decente que reivindiquemos su nombre y su memoria.

Pepe sigue siendo porque nosotros seguimos recordándolo. Está enterrado en Cercedilla, donde había nacido en 1947. Falleció rodeado de los suyos: su cuñado Carlos, sus sobrinos y unos pocos amigos. Recordarlo es algo que nos hace más nobles a quienes lo hacemos, nos hace sentirnos mejores al devolverle algo de la generosidad que siempre tuvo con nosotros. Por eso lo echamos mucho de menos y lo echaremos de menos siempre, porque está en nuestra memoria y porque también nos acompaña su voz inconfundible riendo, regañando o analizando con habilidad insuperable cualquiera de los aspectos de la realidad que hoy nos parecen imposibles de entender.

Gracias, Pepe.

Llevamos ya una larga temporada en que algunas resoluciones judiciales españolas, cuando son mediáticas, son innecesariamente kilométricas y se hacen previsibles, no por razones de técnica jurídica, sino por motivos de orientación política. Ese hecho, unido a las sistemáticas filtraciones del sentido de los fallos, hace que, en este tipo de casos, estemos viviendo un momento crítico en nuestros tribunales que algún día habrá que corregir, simplemente porque la Justicia necesita exhibir siempre estricta seriedad, y con este tipo de resbalones no la está mostrando en absoluto.

Lo anterior se evidencia cuando se observa cómo trabaja el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, no ha habido ni una filtración de la sentencia, lo que nos ha ahorrado tener que aguantar a profetas que suelen predecir en los medios el sentido de una resolución, previo el cotilleo de algún interesado desvergonzado. En segundo lugar, las dos sentencias son breves (38 y 28 páginas), precisas, completas y muy bien motivadas, dando respuesta certera a todas las cuestiones planteadas, sin caer en comentarios subjetivos que pueden revelar prejuicio, animadversión, simpatía o simple orientación política. Y, en tercer lugar, justamente por lo anterior, el fallo del Tribunal de Justicia era perfectamente previsible para cualquier conocedor del Derecho europeo. Y eso se llama seguridad jurídica, que también es lo que deben favorecer los tribunales en todo caso.

Pues bien, el Tribunal de Justicia, en sus dos sentencias dice sustancialmente que la amnistía no es contraria al Derecho europeo, que avala que los Estados, en ejercicio de su autonomía legislativa, puedan decidir hacer uso de este instrumento. Y que, además, la intención de la ley orgánica de amnistía es favorecer la reconciliación nacional en un caso concreto, lo que permite aplicar esta institución incluso en el supuesto de delitos de terrorismo. Y lo cierto es que el Tribunal de Justicia no podía decir otra cosa. El instrumento de la amnistía existe efectiva o potencialmente, de un modo u otro, en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, en ejercicio de su soberanía. Afirmar que la amnistía, como institución, es contraria al Derecho Europeo, hubiera supuesto un conflicto político de enorme magnitud que hubiera ultrapasado innecesariamente las fronteras españolas.

Por otra parte, también se ocupa una de las sentencias de la posible afectación del principio de igualdad, por haberse amnistiado unos hechos y no otros que podrían ser análogos. El Tribunal de Justicia no ve, en absoluto, este problema, pues entiende que los hechos amnistiados están suficientemente individualizados y debidamente motivada la decisión de amnistiarlos, precisamente por ese objetivo de reconciliación nacional. Estas palabras avalan, sin duda, la sentencia sobre la ley de amnistía ya pronunciada por el Tribunal Constitucional español y, de hecho, se lo pone ya muy fácil para orientar el sentido de sus futuros pronunciamientos.

En tercer lugar, se había afeado a la ley de amnistía que podía haber vulnerado el Derecho europeo al amnistiar delitos de malversación que comprometían las arcas comunes europeas. En este punto, con una delicada contundencia, el Tribunal de Justicia afirma con rotundidad que no es así dadas las cantidades y partidas implicadas, que sólo afectan al presupuesto nacional, y que incluso si las cantidades hubieran servido para propiciar la secesión de Cataluña, tampoco sería el caso, pues, en este supuesto, el territorio dejaría de formar parte de la Unión Europea, con la consiguiente e inevitable mengua presupuestaria, claro está, sin más trastornos. Como sucedió en el caso del Brexit, por ejemplo. Con ello se descarta completamente este argumento, aunque también se resuelve, de rebote, uno de los temas, ya olvidados, que más se debatió durante el procés: si Cataluña alcanza la independencia, dejaría de formar parte de la Unión Europea. Obviamente, salvo que políticamente se pudiera favorecer otra solución menos traumática, a la que el Tribunal de Justicia, como no podía ser de otro modo, no menciona.

Por último, una de las sentencias se refiere, nuevamente con respetuosa vehemencia, a cuál debe ser la conducta de los tribunales españoles aplicando la ley de amnistía. Según dictamina el Tribunal de Justicia, los jueces deben dictar una resolución de extinción de la responsabilidad, sin más valoraciones. Ese punto 119 de la sentencia más extensa es un más que evidente mensaje a los tribunales que no han obrado, hasta el momento, de ese modo, propiciando, de hecho, todo lo contrario.

Ante todo lo expuesto, no queda sino esperar el fallo del Tribunal Constitucional, que es razonable prever que será completamente coherente con todo lo anterior, vista su sentencia de 26 de junio de 2025. Pero en lo que se refiere al resto de tribunales, nuevamente, por desgracia, entramos en el terreno de lo imprevisible. Queda por ver si el Tribunal Supremo se mantiene en su postura de considerar –completamente al margen de la evidente voluntad del legislador– que la malversación condenada en su sentencia no está cubierta por la ley de amnistía, tema en el que, por cierto, es posible que entre el Tribunal Constitucional, aunque está por ver si lo hace y en qué medida.

Y también habrá que estar pendientes de lo que digan el resto de tribunales con casos pendientes de la aplicación de esta ley. Las palabras del Tribunal de Justicia han sido contundentes: “En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas”. Imposible ser más directo y no dejar, en absoluto, espacio alguno a la ambigüedad.

Hace unos cuatro meses, cuando Tomás me comunicó su decisión, con un semblante desencajado por el dolor, casi con un hilo de voz, me pidió que, llegado el momento, este momento, concertara una despedida (no sé si le llamó obituario, como en los viejos periódicos) con sus dos hijos y los amigos, como para darle solemnidad a un duelo sin sentido, o como para que yo pidiera disculpas en su nombre por el mal trago que nos estaba haciendo pasar. Nunca imaginé que un amigo me pediría tal cosa algún día, que oficiase de cura ateo en sus exequias, con una plegaria imposible, con la promesa de un cielo que él y yo sabíamos que no existe.

Solo comunicó su decisión a sus dos hijos y a mí. Le pregunté que por qué a mí, y me contestó que porque sabía que ni se me pasaría por la cabeza intentar convencerle de que reconsiderase su decisión, que aguardase un tiempo más para meditarlo, o que quizá me sacase de la chistera el viejo tópico de que la vida es algo que merece la pena ser vivida, a pesar de que tu cuerpo y tu mente ejerzan el terror desde la mañana a la noche, un terror, por cierto, invalidante que últimamente convertía su sonrisa en una mueca de dolor, y su voz en un susurro casi inaudible.

Había convivido durante tanto tiempo con ese suplicio, que la idea de la muerte se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones desde el principio de nuestra amistad, hace de esto más de 35 años. La muerte, no como un problema, sino como una solución. Porque coincidíamos en que la felicidad no es otra cosa que la ausencia de dolor, físico y mental, y que lo demás es pura retórica.

Recuerdo una vez en la que yo bromeaba con él que, llegado mi momento fatal, me gustaría ser un cadáver aseado, para que la gente viese que mi elegancia alcanzaba hasta el lecho de muerte. Que así iba a dejarlo por escrito. Se me quedó mirando, como si mi banalidad hubiese herido la sensibilidad de un experto como él, y se rio de mí a carcajadas: «Pues a mí me importa un bledo mi cadáver», me contestó. Quizá no es que fuese menos presumido que yo, sino que la convivencia con el martirio cotidiano había hecho de su cuerpo un enemigo al que había que combatir, hasta considerar a la muerte como la puerta al paraíso de la nada, donde ya no se padece ni hace falta presumir ante los amigos y parientes.

Y, sin embargo, intentó hasta el último momento ser, en cierto modo, un cadáver aseado, acabar con su sufrimiento mediante una eutanasia donde el tránsito es menos dramático, una muerte sin el rastro de amargura que deja el suicidio entre sus seres queridos. Pero un comité de gente piadosa, que seguramente goza de muy buena salud, llamada Comisión de Garantía y Evaluación, dictaminó que no se podía acceder a su solicitud de muerte asistida, porque una persona como él, mentalmente ágil, con la facultad del habla intacta, y capaz de caminar sin ayuda mecánica de ningún tipo, no cumplía suficientemente con los requisitos de intensidad de tormento que marca la ley.

Su decisión de acelerar el trance hacia ese paraíso, donde el dolor pierde al fin la batalla, se vio acosada, semanas antes, por el caso famoso de Noelia Castillo, que recordaréis, torturada durante años por la maquinaria de una religión que no sirve para vivir con dignidad ni para morir en paz. El hostigamiento y el bombardeo de noticias sobre un alma gemela que solo quería irse de este mundo con decoro como él, donde la prensa y la televisión desempeñó un papel lamentable en muchos casos, hurgó todavía más en el tormento en sus últimos días.

El sábado 28 de marzo yo le escribía por Whatsapp: «Qué tremendo el circo montado alrededor de Noelia. Vaya papelón el de los medios de comunicación. Ahora comprendo que no quieras compartirlo con nadie, y menos con los creyentes en ese dios psicópata». Al día siguiente me contestaba: «Sí, lo de Noelia es lamentable. No hay un columnista que se haya abstenido de aportar su granito de mierda a una historia de la que no tiene ni puta idea. Sé que cuando yo estire la pata habrá mil versiones sobre por qué lo he hecho. Lo único que pido es que esos comentarios no salpiquen a mis hijos. Lo demás me importa poco. Como dice un verso de Borges, «lego la nada a nadie»».

Os leo el poema de Borges elegido por Tomás, como una suerte de legado, de testamento literario, para todos nosotros:

“No quedará en la noche una estrella.

No quedará la noche.

Moriré y conmigo la suma

del intolerable universo.

Borraré las pirámides, las medallas,

los continentes y las caras.

Borraré la acumulación del pasado.

Haré polvo la historia, polvo el polvo.

Estoy mirando el último poniente.

Oigo el último pájaro.

Lego la nada a nadie.“

Me dedicaba este guiño literario de despedida, instintivo, quizá, para un periodista y escritor de éxito como él, mi compañero cómplice en los diarios La Gaceta de los Negocios y El Sol.

No me resultó fácil mantener una conversación con él según nos acercábamos a la fecha fatal. En una de las últimas, me quedé mudo durante un rato que pareció eterno, tragando saliva, intentando aparentar una entereza de la que nunca estuve seguro. Así que nos escribíamos Whatsapp, para disimular el desasosiego. Tras uno de mis lapsus, le escribí: «Perdona que se me haya quebrado la voz. No soy tan fuerte como se necesita en estos casos. Quisiera decirte la suerte que supuso para mí conocerte, pero todo suena a literatura. No olvides llamarme cuando estés a punto de irte. Para decirte que te quiero, esas palabras que tanto nos cuesta decir a los amigos, como si sobraran. Un abrazo.».

Y así fue. Unos días antes de su muerte, nos convocamos para dar un largo paseo de despedida por el parque del Retiro. Fue un encuentro extraño, sin solemnidad, como si estuviésemos planeando un próximo viaje a Marruecos, al Aaiún de su niñez. Hablamos de su último libro de aventuras, al borde mismo de la aventura de su muerte. Tomás quizá pensaba que, en su partida, me legaba en herencia la nada. Pero en realidad me legó dos cosas: la alegría de haber tenido la fortuna de ser su amigo, y la angustia de habernos perdido para siempre.

Descansa, por fin, en tu paraíso.

Estimado Sr. Weber,

Usted es europeo, pero también alemán. Cabría esperar de usted una mínima comprensión de la historia europea. Sin embargo, en los últimos meses ha demostrado que dicha comprensión le es completamente ajena. Esto debería, de hecho, descalificarlo por completo para ocupar puestos de responsabilidad importantes en Europa. La política europea debe centrarse en forjar el futuro, pero sin olvidar nuestro pasado, con sus dramáticos acontecimientos, que en última instancia condujeron al proceso de unificación europea.

Usted es responsable de lo ocurrido el 16 de junio en el Parlamento Europeo en relación con la votación sobre el Reglamento de Retornos. Esta normativa vulnera principios esenciales del derecho europeo. Priva de derechos fundamentales a personas cuyo único delito es ser acusadas de permanecer irregularmente en la UE; derechos que hacen de la Unión Europea lo que es y, esperemos, lo que seguirá siendo: una “comunidad basada en el Estado de derecho”.

Las personas, tanto adultos como menores, que se encuentren en situación irregular en el territorio de un Estado miembro de la UE y que, por cualquier motivo, no puedan ser devueltas a su país de origen, podrán ser detenidas por un periodo de hasta 24 meses, plazo que, en determinadas circunstancias, podrá prorrogarse seis meses más. Esto equivale aproximadamente a delitos tipificados en el derecho penal alemán, como hurto agravado, lesiones corporales, robo o delitos relacionados con estupefacientes. De este modo, personas cuyo único delito es buscar una vida mejor son criminalizadas y equiparadas a delincuentes.

Sin embargo, esta normativa va mucho más allá. Esto explica el triunfo de la extrema derecha. Jordan Bardella habló de una gran victoria. La AfD ahora aplaude la política de asilo de la UE.

Usted, señor Weber, ha contribuido de manera decisiva a permitir que la extrema derecha, los enemigos de Europa, implementen su programa.

Incluida la posibilidad de establecer los llamados “centros de retorno” en terceros países, a los que las personas pueden ser trasladadas y posteriormente retenidas en detención preventiva por tiempo indefinido, sin garantías legales. El hecho de que dichos centros se denominen específicamente “hubs (centros de retorno)” —y que la Comisión sea responsable de ello— supera todos los niveles de hipocresía. En realidad, se trata de un nuevo tipo de “campo de concentración”, establecido por los Estados miembros de la UE en terceros países, en el que personas sin ninguna conexión con ese tercer país son encerradas por un período indefinido.

Esta idea no es nueva. Ya la intentó un gobierno británico conservador en Ruanda, sin mucho éxito. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también intentó establecer campamentos similares en Albania. Sin embargo, hasta ahora ha fracasado debido a la resistencia de los jueces italianos. Aún está pendiente una evaluación definitiva sobre su compatibilidad con el derecho europeo. No obstante, ya está claro que salvaguardar los derechos de la UE otorgados a los afectados es una condición indispensable. Sin embargo, esto no está garantizado en el Reglamento de Retornos.

A esta dimensión jurídica se suma la cuestión fundamental: ¿puede una Unión Europea que externaliza parte de su política de inmigración a terceros países —que, en la mayoría de los casos, no cumplen con los requisitos del estado de derecho y los derechos humanos— seguir siendo verdaderamente creíble en lo que respecta a sus propios valores?

El Memorándum de Entendimiento entre la Unión Europea y Túnez, negociado en 2023 por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, junto con Meloni y el entonces primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ha suscitado fuertes críticas. La externalización de las políticas migratorias convierte a la Unión Europea en cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos y la violencia contra los inmigrantes en Túnez.

El hecho de que extremistas de ultraderecha en el Parlamento Europeo gritasen escandalosamente “Send them back! (¡Que los devuelvan!)” no parece preocuparle especialmente, señor Weber. ¿Se debe esto a su escaso conocimiento de la historia, o a su postura política oportunista? Esos gritos deberían recordarle lo que los nazis llevaron a cabo sistemáticamente en el Reichstag hasta la destrucción de la democracia alemana. Usted le ha abierto la puerta a la ultraderecha.

El muro de contención se ha derrumbado en Europa. ¿Por qué no iba a colapsar también por completo en Alemania? En otros países, el Partido Popular Europeo ya ha abierto las puertas a la ultraderecha en la política convencional.

El clamor de “”Que los devuelvan!“ va mucho más allá del Reglamento de Retornos. Marion Maréchal, eurodiputada y miembro del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, ya lo ha insinuado claramente. La AfD ha estado impulsando la idea de ”remigración“, un eufemismo para la expulsión masiva de migrantes, independientemente de su estatus legal. Del mismo modo que Trump da ejemplo en Estados Unidos con el ICE, millones de personas también serán deportadas de Europa. Esto constituye un siniestro recordatorio histórico que usted, especialmente como alemán, no puede simplemente ignorar.

Sería un grave error subestimar la idea de la «remigración», que se está extendiendo cada vez más allá de los círculos de extrema derecha. Se basa en la teoría conspirativa racista y xenófoba del “gran reemplazo”. Esta teoría es tan descabellada como las teorías racistas y antisemitas de los nazis y sus aliados de extrema derecha, y sin embargo, estos últimos se implementaron con una brutalidad indescriptible.

Ignorar esto es una falta grave. Con esto no le hacen ningún favor a Europa. Por motivos oportunistas, están asumiendo un riesgo importante para la democracia europea y sus valores. Los conservadores ya subestimaron en el pasado el peligro del extremismo de derecha, con las consecuencias que todos conocemos.

Como presidente del grupo más numeroso del Parlamento Europeo, usted ha asumido una gran responsabilidad. El PPE se jacta de sus valores cristianos, pero usted los pisotea sistemáticamente. En lugar de escuchar al Papa, sigue a los extremistas de ultraderecha que desprecian a la humanidad. Y al hacerlo, incluso se cree un gran estratega político.

Un último consejo: lean el discurso del cardenal Víctor Fernández del 26 de junio, en el que habla, entre otras cosas, de la “aceptación de la incoherencia como estrategia” que impera en la Unión Europea. Demostrará que, en la política actual, “ya no existe un marco estable de verdad y valores”. ¡Cuánta razón tiene!

A los pocos miembros prodemocráticos del Parlamento Europeo que, por las razones que sean, se dejaron persuadir para votar a favor de este Reglamento de Retornos, les digo: no se combate a los extremistas de ultraderecha adoptando sus ideas y permitiendo que triunfen de forma vergonzosa.

Resulta doloroso intentar leer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez; no solo porque cuesta trabajo hilar el discurso de una resolución tan triste sino, sobre todo, porque al profundizar en su lectura comienzan a entreverse las tensiones de un argumentario forzado que difícilmente se sostiene.

Empezando por el final, el fallo estaba descontado de antemano. Después de toda la tormenta y el estropicio mediático, puesta la UCO en la picota, era absolutamente imposible que la Audiencia dejara a David Sánchez sin condena; sin embargo, la falta de pruebas y la deriva de un proceso claramente dirigido han obligado a los magistrados a un ejercicio de contorsionismo procesal que lastra la coherencia del relato.

Quedémonos con los hechos declarados probados: la sentencia se centra en tres decisiones a las que otorga autonomía jurídica como delitos independientes, aunque en realidad parecen relativamente vinculadas entre sí. Veámoslas brevemente. En primer lugar, tendríamos la contratación de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz; se saca la plaza, concurren diversas personas y termina adjudicada al acusado en mayo de 2017. Este es el hecho, puro y simple. Y aquí viene la primera sorpresa: la sentencia descarta que David Sánchez o alguien de su entorno influyera en esta decisión, dejando en el aire que su contratación fue un designio de favorecer a quien era el hermano de “una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Señera, dicen; o sea, en aquel momento el hermano de nadie. La sentencia, de forma no necesariamente compatible con lo anterior, recordará que Miguel Ángel Gallardo había apoyado a Susana Díaz en el proceso de primarias del Partido Socialista, así que ya ven ustedes el designio. Imaginen lo que hubiera pasado de haber apoyado, por casualidad, a Pedro Sánchez.

En fin, se descarta el tráfico de influencias, y esto es fundamental. La ausencia de influencias ilícitas condiciona decisivamente el resto del texto condenatorio, del que destacan evidencias de descargo. Por ejemplo, la sentencia no hace ni la menor mención a la posibilidad de que alguna otra de las personas que se presentaron a la plaza tuvieran un currículum igual o superior al presentado por David Sánchez, que aceptó el puesto “una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo” para terminar en Badajoz. Bien pudo imaginar que ganaría el concurso. La unión de estos dos datos (no hubo influencias externas y no consta que otro se mereciera el puesto por encima del acusado) deja la acusación de prevaricación en el aire. ¿Por qué estuvo mal contratarlo? La sentencia se descuelga con argumentos de puro estropicio: chismes de gente y algún empleado que entendía que era preferible ampliar el horario de la biblioteca que contratar a un director que venía de Rusia. Sostiene la sentencia que la plaza era “innecesaria y vacía de contenido” porque esta labor de coordinación la realizaba, no se lo pierdan, “el propio profesorado de los conservatorios, en horas no lectivas sin cobrar emolumento alguno” (sic). Este es el nivel. La sentencia reconoce que años atrás había un funcionario que se ocupaba de estos menesteres pero era, dice, de “inferior categoría”. Por cierto, la sentencia, con lo larga que es, no nos aclara el salario de David Sánchez; muy probablemente no ganaba más que los magistrados que lo han condenado. Pero no nos confundamos: aunque alguien crea mejor contratar a un bibliotecario, la decisión de qué puestos públicos sacar es una opción de gestión política, donde la justicia penal no debería intervenir, cuando el candidato parece el mejor y nadie ha promovido con influencias ilícitas su contratación.

El segundo hecho recogido en la sentencia es muy curioso: según parece, David Sánchez no se quedó con los brazos cruzados cobrando su paguita por no hacer nada, sino que, fruto de sus “inquietudes” (término que se repite hasta cinco veces), se fue embarcando en un importante proyecto cultural de ópera en Badajoz, denominado “Ópera Joven”. De nuevo, la sentencia destaca por lo que no dice: no dice que este proyecto fuera un embuste ni un engaño, ni cuestiona su valor cultural. Por el contrario, se deduce que se trata de una iniciativa real que podría tener cierto interés, incluso para aquellos que sueñan con bibliotecarios. Ante esta circunstancia, y de manera que parece correcta, la Diputación decidió incorporar esta iniciativa, vinculada a la ópera, al puesto de trabajo de David Sánchez y a las competencias que desempeñaba. Visto desde fuera, y sin haber leído más que la sentencia, no parece haber nada malo en ello.

La sentencia insistirá, de nuevo, en que para esta modificación de competencias, con el cambio de nombre que llevó aparejado, no hay pruebas de que el acusado David Sánchez haya realizado ningún tipo de prevalimiento sobre terceros. Tampoco hay tráfico de influencias. De hecho, ni siquiera se dirá en ningún lado de la sentencia que la idea del cambio de nombre de la plaza, para incluir lo que David Sánchez ya estaba haciendo, fuera del propio acusado. El delito está, según la sentencia, en que David Sánchez, llevado por sus inquietudes, empezó a hacer cosas que no se correspondían con el puesto para el que le habían contratado. Hay cosas que en España te matan. La sentencia no aclara, por fortuna, lo que debería haber hecho la Diputación de Badajoz al advertir que un empleado suyo estaba gestionando llevar ópera a Badajoz. ¿Sería más propio despedirlo, tal vez decirle que no lo hiciera? ¿O no es más correcto, y en todo caso una opción de gestión pública, incorporar esa labor a su cometido profesional, sobre todo cuando, repito, no consta nadie mejor dotado para la labor y no consta prevalimiento de influencias?

Y el tercer hecho que la sentencia tiene por prevaricador es la contratación por la Diputación de un antiguo colaborador de David Sánchez en proyectos operísticos para que le ayudase en su labor. La sentencia reiterará, por tercera vez, que tampoco en relación con este puesto de trabajo se han acreditado presiones o influjos de nadie sobre los responsables de sacarlo a la luz. Y de nuevo, el contrato es real, con un cometido acreditado con documentación y comunicaciones, que nos hablan de coordinación de proyectos, planificación y confección de presentaciones; no consta que el colaborador se fuera a Badajoz a vivir de parranda. También se aclara, por si las dudas, que sacada la plaza a concurso no se presentó nadie más que este colaborador, a quien le adjudicaron el puesto y se puso a trabajar para la Diputación. Francamente, no se termina de ver la prevaricación por ningún lado: no consta que nadie le haya enchufado, no consta que se haya aprovechado de alguna suerte de ventaja indebida frente a ningún otro que se hubiera presentado.

Cuando la sentencia llega al fin, después de repetir menudencias y contradicciones durante trescientos cincuenta folios, con páginas y páginas de jurisprudencia al uso, se da cuenta de algo grotesco: se han olvidado de David Sánchez. Porque, claro, si no hay influencia, si no hay prevalimiento, si nadie ha hablado con el presidente de la Diputación para que saque el puesto al hermanísimo, ni para que amplíe sus competencias cambiándole el nombre al puesto, entonces ¿cómo condenar a David Sánchez? Y aquí viene el relámpago de la guinda, en apenas un folio: ha de ser condenado porque “se presentó a la convocatoria”. ¿Qué les parece? Es un delincuente porque se presentó al puesto y, cuando se lo dieron, orientó “sus inquietudes personales... a actividades operísticas” con el programa “Ópera Joven”, ¿quién le mandaría? Esta orientación motivó un cambio de nomenclatura en su puesto de trabajo; un cambio de nombre que el acusado no interesó, pero que “consintió” ilícitamente. Menudo atropello.

Aplíquense el argumento a ustedes mismos; una administración pública saca un puesto de trabajo, se presentan y se lo dan, sin que hayan hecho uso de enchufes, influencias o favores. Añadamos, por forzar el alegato, que ustedes ya imaginan que les van a dar la plaza porque no hay nadie con más currículum que el suyo. Luego resulta que el concurso es ilegal, o le faltaba un papel a la relación de puestos de trabajo y todo se anula. Vale, de acuerdo. ¿Pero condenarles a ustedes como delincuentes por haberse presentado? ¿Qué broma es esta?

En fin, la sentencia no da para mucho más. Por una parte, rezuma de su tenor un trasfondo oscuro de rencillas y puestos consolidados, de aroma antiguo, privilegios y rencores de negociado. Pero no solo eso: los magistrados son bien conscientes de lo que está cayendo en Madrid, así que dedicaron un capítulo, muy previsible, a glosar y gloriar lo “sumamente ilustrativa para este Tribunal (que) fue la declaración testifical-pericial del Teniente Coronel”. Es curioso, aunque ya lugar común, tener a los miembros de la UCO por peritos, cuando la sentencia no se detiene en valorar qué conocimientos especializados tendrían sus miembros. Y más curioso cuando, a la hora de ningunear la pericia de la defensa, la sentencia se permite decir que no puede convertirse a un perito “en una suerte de pseudoponente con capacidad decisoria para determinar de forma implacable el criterio judicial”. Pues eso es precisamente lo que han hecho: advirtiendo que la UCO necesitaba en este momento un respaldo explícito, se lo han dado condenando a un inocente.

De la sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial de Badajoz solo se recordará una cosa: que condena al hermano del presidente del Gobierno.

Quizás eso sea realmente lo único que importa. El jurista que pacientemente se lea sus casi cuatro centenares de páginas (prescindibles la mayor parte) puede quedarse con la sensación de que esa era su única intención. Sin condena a Sánchez Castejón no merecía la pena todo este despliegue. Así las cosas, no es desaventurado pensar que en el germen y la razón de ser misma de esta resolución hay una motivación política.

Se presenta, eso sí, como sentencia. Un documento jurídico. Y no precisamente grosero o carente de toda argumentación. Todo indica que parte razonablemente de un hecho irregular al que incluso coloquialmente se puede llamar corrupción. Pero la condena final es política, porque no puede ser jurídica: ni es coherente ni aparece justificada.

Obviando los centenares de páginas de relleno, el núcleo de la sentencia sostiene que hay indicios indirectos suficientes para concluir que responsables de la Diputación de Badajoz vulneraron conscientemente la ley para adjudicar una plaza irregularmente a David Sánchez Pérez-Castejón y que, además, luego la modificaron para complacerlo. Un delito de prevaricación.

Reconoce la sentencia que no hay prueba de cargo directa. Sí enuncia algunos indicios de que la plaza se creó específicamente para dársela a él: que el propio Sánchez estaba ya buscando casa en Badajoz antes de que se resolviera el concurso; que había rumores de que la plaza iba a ser para “el hermanísimo”; que una vez nombrado, Sánchez faltó frecuentemente al trabajo.

En efecto, la convocatoria huele mal. Pero, aunque se creara pensando en él y se le adjudicara a dedo, eso no implica necesariamente un delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Ni siempre que se crea un puesto pensando en dárselo a alguien es ilegal, ni toda ilegalidad —aunque podamos denominarla corrupción—es delito.

El tribunal es consciente. Por eso añade lo que le parece el argumento de peso: que la plaza de coordinador de actividades de conservatorio era innecesaria y carente de contenido. Ahí es donde la sentencia empieza a flaquear. La tarea de coordinar las actividades de los conservatorios extremeños la desempeñaba hasta 2010 un funcionario. Una vez que este se jubiló, pasaron a asumirla los propios directores de conservatorios. Evidentemente, no corresponde a tres jueces penales decidir si un puesto de la administración es necesario o no. Eso es una decisión política, que deben tomar los responsables políticos elegidos para ello. Podría llegar a ser corregida por arbitraria si fuera del todo disparatada o una mera apariencia, pero no es el caso, puesto que existió ya antes.

Democráticamente, a la ciudadanía nos importa un pepino lo que opinen los jueces de la sección penal sobre si es conveniente o necesario que vuelva a haber un coordinador de actividades de conservatorios en Extremadura. Desde esa confusión entre lo judicial y lo político es desde donde la sentencia pergeña una condena tan injustificada como irrazonable.

Sostiene que el nombramiento fue innecesario y que también fue caprichoso modificar después las tareas asignadas a la plaza para cumplir con los deseos del director de orquesta contratado. Creen que si la administración contrata para coordinar actividades a un señor que sabe mucho de ópera, después no puede intentar aprovechar esos conocimientos poniéndolo a montar un programa de ópera. Uno puede estar de acuerdo en esa crítica. Cualquiera desde la barra de un bar puede opinar cuál sería la mejor manera de gestionar lo público, pero es un razonamiento insuficiente para justificar una condena penal.

Si una actuación administrativa es irregular, está la jurisdicción contencioso-administrativa para corregirla. Eso no significa que sea prevaricación. Nuestros egregios jueces nos machacan cada día con que las sentencias disparatadas que dictan algunos de sus compañeros, especialmente las que tienen una base ideológica, no son prevaricación. Dicen que lo suyo es recurrirla y que se corrija. Pero cuando lo mismo sucede en la administración extremeña, les basta un puñado de indicios interpretables para ver el delito.

Al menos, en este caso. En nuestro país no es raro que ayuntamientos, universidades, ministerios o entes públicos convoquen plazas de las que de antemano se sabe quién será el beneficiario. A menudo las convocatorias son incluso anuladas por la jurisdicción contencioso-administrativa porque son chanchullos descarados. Pero nunca hay nadie condenado por prevaricar. Solo en esta ocasión. No es una locura pensar que tiene que ver con la cercanía al presidente del Gobierno.

Un indicio de ello es que la sentencia está radicalmente huérfana de justificación en dos de sus elementos esenciales. En primer lugar, la Audiencia no explica por qué descarta que los condenados pensaran que lo que hacían entraba dentro de las facultades discrecionales que les permite la ley. O sea, que no sabemos ni se nos aclara si eran todos ellos conscientes de estar aprobando algo ilegal.

En segundo lugar, peor aún, no hay la más mínima explicación de la condena a David Sánchez. La prevaricación la cometen los que convocan una plaza para beneficiarlo. De él se dice que era colaborador necesario… ¡porque se presentó a la plaza! Se le acusa de haber rellenado la solicitud, de haber aportado documentación y de haber asumido las nuevas tareas encomendadas, sin explicar de dónde sacan que hizo todo eso sabiendo que era un chanchullo ilegal. Ese salto lógico no es baladí: se trata del invento que permite condenar al hermano del presidente. Es muy burdo, pero imagínense montar todo este lío —convertir en delito excepcionalmente una corruptela administrativa, someter a los jueces a desgaste público, llamar a declarar a numerosos testigos, redactar una sentencia de cuatrocientas páginas— si al final no se consigue un titular que haga daño al presidente del Gobierno. No tendría sentido.

Por si quedara alguna duda, los magistrados que redactan la sentencia no dudan en saltarse su apariencia de neutralidad técnica para incluir unas insinuaciones dañinas de las que reconocen no tener la mínima prueba: dejan caer que quizás la plaza se creo por presión de Pedro Sánchez o para congraciarse con él. Afirman que es una mera impresión carente de toda base fáctica, pero ahí lo ponen.

En fin. No es ningún disparate pensar que los que crearon la plaza de coordinador musical lo hicieron para dársela a David Sánchez. Seguramente estamos ante una de tantas corruptelas que son el mal endémico de este país. Pero sí que es un disparate jurídico concluir que estamos ante un delito de prevaricación y, sobre todo, carece de todo sustento condenar por ello al hermano del presidente. El que pueda hacer, que haga.