En la noche de sábado a domingo se ahogaban en la costa Libia cerca de 700 personas camino del sueño europeo, en la mañana del lunes otras 100 personas se daban por desaparecidas ante Rodas. En estas horas de consternación los lamentos serán muchos y los oiremos en todas las instituciones y Estados europeos. Pero, ¿qué está haciendo Europa?

Europa ha sido capaz en un par de generaciones, con todas sus crisis económicas y de identidad, de crear un espacio económico y político de libertad al que ha sabido atraer a los países del Sur y del Este. Ciertamente es un proyecto en construcción, un tanto vago e indefinido, en el que hay que poner fe si no queremos quedar atrapados en constantes componendas, etc.., todo esto es cierto y forma parte de los debates que debemos abordar, pero es igualmente cierto que vista desde fuera, Europa constituye un polo de atracción muy fuerte para miles de personas que quieren un futuro mejor para ellos y sus hijos. Son personas que no pueden ser culpadas por abandonar sus hogares en pos de un futuro mejor, porque nosotros haríamos y de hecho estamos haciendo lo mismo, a una escala incomparablemente más pequeña. Por consiguiente, gestionar estos flujos es un reto europeo porque de alguna manera son el resultado y el síntoma del éxito (relativo) del sueño europeo.

Pero además, europea debe ser la solución porque la misma dimensión del problema en muchas ocasiones supera la capacidad de los Estados para hacerle frente, especialmente cuando coinciden diversos factores. De hecho, la dimensión europea del problema no se limita a la escala de los flujos migratorios, aunque éste sea un componente relevante. Así, la presión fronteriza sobre Ceuta y Melilla (o en su momento el drama de los cayucos en Canarias) plantea cuestiones similares a las que sufre Italia en Malpedusa, o Malta o Grecia, aunque la escala del fenómeno en estos últimos casos es tal que Italia se ha visto obligada en los últimos años a liderar una respuesta europea a la crisis del Mediterráneo (operación Mare Nostrum), pero ante los costes económicos y las críticas de otros Estados, se ha visto reducida hace aproximadamente seis meses a una operación más centrada en el control de fronteras y con menor capacidad de salvamento marítimo (Tritón). Y no solo eso, la situación en Libia dificulta hasta la identificación del correcto interlocutor necesario para tratar el problema, cosa que España ha tenido más claro con Marruecos o Senegal. Por eso, la escala del problema es totalmente relevante, pero no es la única dimensión europea del problema. Así, la dimensión financiera es sumamente relevante, hasta el punto de generar tensiones entre los Estados miembros en relación a los costes de estas operaciones y como distribuirlos. Pero también lo es en la perspectiva de los derechos humanos no siempre las respuestas de los Estados son las más adecuadas, de hecho todos los Estados han tomado medidas que resultan realmente muy discutibles, por eso la Unión Europea debe asumir decididamente la supervisión de la acción de los Estados en el control de la inmigración irregular, algo que sólo se ha hecho tímidamente hasta ahora. Por consiguiente, europeo es el problema y europea debe ser la solución, por lo que se hace necesario de un lado articular un mecanismo claro que permita activar una respuesta europea rápida y dotada de suficientes medios (ahora depende de la petición de ayuda de un Estado y es todavía muy limitada, aunque se han dado pasos en esta dirección (Eurosur, reforma de Frontex, mecanismo de supervisión de Schengen), pero aún falta mucho. Al mismo tiempo deben reforzarse los mecanismos europeos de control sobre la acción de los Estados y la propia Unión en el control de sus fronteras exteriores, para intentar concertar las dosis adecuadas entre control jurisdiccional más tradicional con nuevas fórmulas de supervisión y monitoreo que promuevan y consoliden buenas prácticas en este ámbito.

Segundo, tanto la Unión como los Estados han invertido mucho dinero y esfuerzos en armonizar legislaciones, entrenar agentes de fronteras, securizar y vigilar nuestras fronteras, crear super-centros de coordinación de la vigilancia y de las operaciones (Eurosur), construir un sistema de recopilación de información y análisis de riesgos (Frontex), etc.. Sin embargo, precisamente el éxito en la impermeabilización de estas fronteras hace que los viajes sean para los inmigrantes cada vez más arriesgados. Es hora por tanto de pensar en al menos otras dos claves: por un lado, la búsqueda de instrumentos de colaboración con países de origen y tránsito, un ámbito cuyo recorrido está limitado si se siguen manteniendo posiciones negociadoras basadas en políticas de inmigración muy restrictivas, ¿seguiremos limitándonos a dotar a nuestros países vecinos de fondos para controlar mejor sus fronteras? ¿O toca empezar a convertirlos en socios en marcos estables de gestión compartida de los flujos migratorios? Y sí, suena mucho más fácil de decir que de hacer, es cierto, pero hay que desatascar esta línea de trabajo porque sin ellos no será posible evitar estas tragedias. Por otro lado, y mientras lo anterior no sea una realidad, en casos como el de Libia, Siria o Ucrania, ¿no sería mejor empezar a pensar en crear oficinas de procesamiento de solicitudes de asilo e inmigración en terceros países?, ¿podríamos empezar a pensar en la creación de “corredores humanitarios” para solicitantes de asilo e inmigrantes? Como ha dicho Martin Schultz, presidente del Parlamento Europeo, “Sin un enfoque europeo común basado en la solidaridad, que dé a las personas la oportunidad de venir a Europa legalmente, la próxima tragedia es sólo cuestión de tiempo”. Solidaridad para admitir que no podemos tener “políticas de inmigración 0”, solidaridad para admitirlo incluso entre países afectados por una crisis económica aún latente, solidaridad para repartir las cargas entre los distintos Estados miembros. Y, ciertamente, oportunidades para migrar legalmente a Europa, pues solo así dejaremos de bailarle el agua a los traficantes y generaremos confianza entre países terceros que queremos que sean nuestros socios en este proyecto.

Por cierto, este es un eje del que pocas veces se habla, pero si los inmigrantes/refugiados van a seguir corriendo riesgos para llegar a Europa, mafias y traficantes van a seguir contando con un próspero negocio. Ahora bien, cuando se embarca a 700 personas se alcanza una escala en la que junto a la multiplicación del riesgo se multiplican también los ingresos ilícitos de estos grupos. Así que, la última pregunta es, ¿qué estamos haciendo para luchar contra la delincuencia que crea estas situaciones? Porque es muy difícil, sí, pero no está nada claro que avancemos excesivamente en este ámbito. Un elemento indispensable de la construcción de un modelo de gestión migratoria compartido con otros Estados de origen y destino requiere, por tanto, la articulación de mecanismos de colaboración policial y penal para la investigación y persecución extraterritorial de estos delitos y organizaciones. Tras esta tragedia no solo se impone la indignación y la exigencia de responsabilidades a nuestras instituciones, emerge también un clamor de justicia, de forma que se impone también ampliar los mecanismos de persecución de estos delitos y de reparación a las víctimas. Europa debe ser también sinónimo de justicia, no solo de cierta riqueza y libertad.

Por eso a las palabras de Martin Schultz cabría añadir -junto a solidaridad y mecanismos de migración legal-, la exigencia de justicia y una dosis notable de valentía. Valentía para pensar y construir otra Europa. A lo mejor, transitando por ese camino, de paso Europa reencuentra también su rumbo.

La recuperación en Europa se fortalecerá este año gracias a mayores niveles de confianza y menores desequilibrios de sus economías, siempre y cuando se eviten accidentes, sobre todo en Grecia. Un euro y un petróleo baratos remarán a favor. También los estímulos del BCE. Pero no esperemos demasiado del Plan Juncker: su impacto será limitado.

Jean-Claude Juncker escaló a la presidencia de la Comisión Europa (CE) con la promesa de relanzar la inversión mediante un nuevo entramado institucional que ya está perfilado. Tiene tres patas. La primera es el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (EFSI, por sus siglas en inglés). Este se dotará con 21.110 millones de euros “del bolsillo europeo” para movilizar 315.000 millones (es decir, alrededor de un 0,7% del PIB de la UE al año) con los que ejecutar proyectos entre 2015 y 2017. La segunda pata es la creación de dos órganos, el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y la Reserva Europea Transparente de Proyectos (RETP), que garanticen que los proyectos responden a necesidades reales. El CEAI será una “ventanilla única europea” que intermediará entre promotores, inversores y autoridades para identificar, preparar, desarrollar y financiar los proyectos, y la RETP informará de proyectos actuales y potenciales. Y la tercera pata es otra vuelta de tuerca del mercado único con nuevos cambios que garanticen la previsibilidad normativa, la armonización regulatoria y la eficiencia del gasto a escala europea.

El EFSI es el que más atención ha recibido. Sus 21.000 millones de dotación proceden de la UE (16.000) y del BEI (5.000), aunque la CE está intentando que los países reorienten otros fondos comunitarios y sumen contribuciones voluntarias a cambio de una interpretación más flexible de las reglas fiscales. De la parte de la UE, una mitad provendrá de reorganizar partidas comunitarias y la otra mitad de créditos de pago. Ambas nutrirán un Fondo de Garantía que servirá para asumir las pérdidas que puedan surgir de los proyectos que se lleven a cabo (first-loss tranche). Esta es una garantía necesaria para que los inversores se animen con los proyectos de mayor riesgo (y, previsiblemente, más valor añadido) que en ausencia de dicho fondo no considerarían.

La CE cree que podrá convertir 21.000 millones en 315.000 si se cumple un multiplicador 1:15 al que fía todo. Por cada euro “público”, quince de inversión. En esta versión comunitaria del milagro de los panes y los peces, la dotación de la UE se convertirá en 240.000 millones para inversiones (infraestructuras físicas y digitales, etc.) y la dotación del BEI en 75.000 para financiar a pymes y empresas de mediana capitalización. Ya se han contabilizado unos 2.000 proyectos por valor de 1,3 billones de euros, de los que 53.000 millones son españoles, la mayoría en el ámbito de la energía.

El Plan ha recibido objeciones. Parte de la premisa de que la inversión ha caído unos 400.000 millones desde 2007 y que su recuperación ha venido rezagada frente a la de otros rubros del PIB, como el consumo. Sin embargo, se ha cuestionado que exista en realidad un gap de inversión. Por un lado se argumenta que es un sinsentido recuperar los niveles previos a la crisis, que estaban “inflados” por una burbuja crediticia que canalizó cuantiosísimos recursos a destinos poco rentables socialmente, como el ladrillo. Era lógico que dicha burbuja se desinchase y es deseable que veamos que la inversión se estabiliza ahora en niveles inferiores. Por otro lado, una demografía adversa (la población en edad de trabajar está empezando a caer) y una productividad estancada significan menores tasas de crecimiento potencial en las próximas décadas. En este contexto la economía requerirá menos inversión para mantener constante la ratio capital-producción. Es decir, se necesitarán menos máquinas por trabajador que antes.

Asimismo, la escasa aportación de “dinero fresco” al Plan de inversiones ha generado muchas dudas. Relanzar la inversión requiere de algo más que reorientar fondos del presupuesto comunitario y proponer que los países pongan de su bolsillo. Además, los 21.000 millones iniciales tampoco están disponibles ya sino que se irán acumulando hasta 2020 pese a que los proyectos deben llevarse a cabo entre 2015 y 2017. Esta escasa “potencia de fuego” –sin apenas recursos nuevos y que llegarán solo paulatinamente- justifica la tímida acogida del Plan.

Por último, los bancos nadan en liquidez. No están queriendo, sabiendo o consiguiendo encontrar proyectos que financiar y prefieren devolver sus préstamos al BCE antes de tiempo (más de 700.000 millones hasta ahora, al menos). Mientras, Draghi se prepara para inyectar un billón más de vuelta a la economía. Ante este panorama, ¿Por qué los 21.000 millones “europeos” habrían de cambiar las cosas? ¿No habrá algo estructural y soterrado que explique por qué la liquidez no se transforma en inversión? Candidatos no faltan: puede que estemos a las puertas de un estancamiento secular, en donde los periodos de muy bajo o nulo crecimiento serán la norma. Puede que la estructura disfuncional de la eurozona –cuyo resultado son periodos recurrentes de incertidumbre, turbulencias y contagio- desanime al inversor, o que existan muchos tipos de barreras que frenen sus proyectos.

Pese a todo, el Plan contiene indudables avances. En primer lugar, su diseño responde a las restricciones actuales: la única solución aceptable, desde el punto de vista político y financiero, pasaba por no apoyar la financiación del Plan en las maltrechas finanzas públicas de los Estados miembros, cuya sostenibilidad en diversos casos sigue en entredicho.

En segundo lugar, pese a la escasez de recursos del EFSI puede que el éxito del Plan acabe estando precisamente en sus otras dos patas: que se gaste “bien” (en proyectos de demostrado valor, sin “cuotas” nacionales o sectoriales, con control y transparencia) y que las empresas se decidan a invertir animadas por un clima regulatorio adecuado y estable. Lo mismo el Plan acaba ofreciendo garantías suficientes a ojos de los inversores, así que debemos dar a la Comisión el beneficio de la duda. Además, un esquema integrado puede ayudar a que distintos proyectos entre países, históricamente trabados (la interconexión energética España-Francia, por ejemplo), se lleven por fin a cabo. Estos podrían reforzar la integración del mercado único.

Por último, y no menos importante: el diseño elegido podría suponer un precedente de “eurobonos por la puerta de atrás”. Una de las opciones del Plan es que el BEI se endeude apoyándose en el Fondo de Garantía. El devenir de su deuda será solidario. Y el nuevo programa de compras de bonos del BCE a partir de marzo incorpora adquisiciones de deuda Europea (de los mecanismos de asistencia del FEEF y MEDE, así como del BEI) por importe de 114.000 millones de euros. Estas compras las llevarán a cabo el BCE o los Bancos Centrales Nacionales por mandato del propio BCE, y las pérdidas y beneficios que eventualmente surjan a se compartirán entre los países del euro. Por tanto, aunque a paso de tortuga, estamos un escalón más cerca de la unión fiscal.

En diciembre del año pasado publiqué en este mismo foro de Agenda Pública un artículo explicando las opciones de Grecia tras las elecciones. Decía entonces que la opción de Syriza de llevar a cabo su programa electoral era inviable dentro del euro. Así las cosas, o bien se salía del euro, o bien negociaba con Europa y se olvidaba de las partes más radicales de su programa como nacionalizaciones, gran aumento del gasto público e impago de parte de la deuda. Sabiendo que la salida del euro no era querida por ninguna de las partes, la baza que reivindicaría a Syriza sería negociar mejor que sus predecesores.

De momento eso es exactamente lo que ha pasado. El acuerdo conseguido es una extensión de cuatro meses de la situación anterior con unos pocos cambios. Eso sí, los cambios benefician un tanto a la parte griega (como el menor superávit primario que ahora se exige), que a su vez se compromete a que sus políticas sociales se cuadren en unos presupuestos realistas. Syriza tiene un tiempo para mostrar que es capaz de luchar contra el fraude y mejorar el pésimo sistema fiscal griego. Es su única manera de financiar cualquier política de incremento del gasto social y de hacer justicia a los que sí contribuyen.

El apoyo social al gobierno griego durante esta primera ronda de negociaciones ha sido muy alto, hasta del 80%. Aunque todavía no hay encuestas sobre la aceptación del acuerdo, las protestas no han sido muchas y, aunque pierda apoyo en la parte de la izquierda más extrema, seguramente mantenga índices de apoyo elevados. Esto tiene, a mi entender, dos implicaciones. Primero, los griegos parecen aceptar que la poca ganancia es suficiente para ver un cambio en la manera de negociar y de gobernar. La percepción que se tenía con los gobiernos anteriores nos es familiar en España. En lugar de liderar al país en las políticas necesarias para poner orden en las cuentas y volver a crecer, los gobernantes habían preferido presentarse como víctimas de las circunstancias y mandados por Europa. El mensaje de Varoufakis es claro en este sentido: “Hoy hemos empezado a ser los coautores de las reformas en Grecia”. Estar en control o, por lo menos, hacer lo posible por estarlo, es un acto de responsabilidad valorado por los ciudadanos. Algo de maquillaje tolerado por Europa ayuda: ya no se habla de la Troika, sino de las instituciones y tampoco de rescate, sino de mecanismo de crédito.

Segundo, la aceptación del resultado de las negociaciones por una mayoría de los griegos, mucho mayor que la suma de los votos de los partidos del gobierno, quitará peso a los grupos más radicales de Syriza y de su aliado derechista. El gobierno griego podrá centrarse en esas otras partes del programa electoral que tienen que ver más con el buen gobierno y menos con aventuras económicas. Tras la baza de las negociaciones, la siguiente es que la construcción y mantenimiento del estado de bienestar que quiere Syriza se haga con criterios de eficiencia y responsabilidad, que tenga éxito en el diseño y funcionamiento de un sistema fiscal moderno, que logre algunos objetivos en su lucha contra el fraude, la corrupción y los privilegios. No estaba en su programa electoral, pero deberá incluir medidas para facilitar la actividad económica y la competitividad. Cada una de esas políticas necesita de un liderazgo y de una confianza por parte de los ciudadanos, que tendrán que aceptar pagar mayores impuestos y ser controlados para evitar abusos.

Si consigue ser un gobierno capaz y creíble en estos aspectos estará, además, colocándose en una posición óptima para la siguiente ronda de negociaciones cuando se cumplan los cuatro meses de prórroga. Cualquier influencia que se quiera ejercer para mejorar el funcionamiento de Europa en general y la Eurozona en particular pasa por aumentar la confianza entre los distintos países. En algún momento Europa debe ser más solidaria, pero lo podrá ser cuando tenga una política fiscal común y se parezca más a unos Estados Unidos Europeos. Hasta entonces, ante una crisis, el mayor esfuerzo vendrá de cada país en solitario. El resto podrá ayudar, pero más o menos como se viene haciendo hasta ahora, con préstamos condicionados por parte de Europa y con reformas creíbles de buen gobierno por parte de cada estado. Una política fiscal expansiva es muy difícil sin garantías de que funcione y sin credibilidad dentro de cada país.

No sé si esto es lo que Syriza quiere o puede hacer con su actual aliado o con algún otro, pero es su mejor baza.

“Estaremos aquí durante muchos años en pro de de nuestros ideales y los derechos de los griegos” declaró el líder de Amanecer Dorado en 2013 durante una intervención en el Parlamento griego. Su promesa, o mejor dicho, su amenaza, se hizo realidad en estas últimas elecciones parlamentarias.   

Amanecer Dorado, el partido neonazi griego, se ha consolidado como tercera fuerza política en Grecia, a pesar de que su cúpula está en prisión preventiva desde septiembre de 2013. Los cargos a los que se enfrentan abarcan casi todos los delitos del código penal. Entre ellos: gestión de una organización criminal y posesión de armas.

Amanecer Dorado entró en el parlamento griego por primera vez tras las elecciones parlamentarias de 2012. Pasó de un marginal apoyo del 0.29% a un 6.92% que le valió 18 escaños. Desde ese momento empezaron a aumentar drásticamente los ataques violentos, de grupos de asalto vinculados al partido, contra inmigrantes, homosexuales y antifascistas. Mientras, la policía y la justicia griegas miraban hacia otro lado. La gota que colmó el vaso fue el asesinato del músico antifascista Pavlos Fyssas a manos de un alto cargo de la oficina regional de Amanecer Dorado en Nikaia, un barrio obrero del Pireo.  

En realidad, el primer triunfo de Amanecer Dorado fue en las elecciones municipales del 2010, cuando su líder, Nikos Michaloliakos, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Atenas con 10.222 votos. En aquel momento se atribuyó este hecho al problema que suponían los inmigrantes “ilegales” que había en el centro de Atenas, pero pronto se vio que Amanecer Dorado era un fenómeno más amplio. Para lograr ese primer éxito, Amanecer Dorado, a pesar de una base ideológica ultranacionalista, xenófoba, nativista, racista, irredentista y autoritaria muy clara, empezó a presentarse a si mismo como un partido patriota y ortodoxo.

Pero este cambio fue solo retórico. El núcleo del partido estaba siempre apoyando su convicción nacional-socialista desde el inicio de la formación, a principios de los años ochenta. En numerosas publicaciones del periódico homónimo que salieron desde los 1980, Amanecer Dorado elogió a Adolf Hitler y a distinguidos líderes Nazi. También adoptó la ideología del NSDAP (Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán), su estructura piramidal, su culto del líder, y su estética: los símbolos, el vestuario militar, los uniformes, el saludo romano y los desfiles con antorchas.

Antes de la detención de sus líderes en 2013, la organización estaba creando un ejército secreto de unos 3.000 seguidores. Entró en la red internacional de organizaciones de extrema derecha y hasta llegó a servir como ejemplo para ellas, sobre todo después de su primer triunfo electoral en las elecciones municipales del 2010.

Amanecer Dorado jugó muy bien el papel de único representante del nacionalismo antisistema y logró un gran éxito tanto dentro como fuera de Grecia. En las elecciones europeas de 2014 el partido sacó un alarmante 9.38% consiguiendo 536.409 votos. El pasado 25 de enero, en las recientes elecciones parlamentarias de 2015, su porcentaje bajó al 6.28%, pero si lo comparamos con las últimas elecciones de 2012 sólo perdió 50.000 votos, pasando de 426.025 a 388.000. Eso significa una bajada de un 0.69% y un escaño menos, quedándose así con 17 escaños. Estos resultados se consiguieron con una mínima campaña preelectoral, con el líder interviniendo en los mítines por teléfono desde la cárcel.

Según una investigación de Kapa Research, la mayoría de los votantes de Amanecer Dorado son parados, empresarios, y trabajadores del sector privado, hombres en su mayoría. Los que menos les votan son las amas de casa, los pensionistas y los estudiantes. Los jóvenes, sobre todo entre 24 y 29 años, están más dispuestos a apoyar Amanecer Dorado que los mayores de 54 años. Un 6.1% de los votantes del Amanecer Dorado tiene educación básica, un 7.6% media y un 4.9% alta. También un preocupante 40-50% del cuerpo policial vota a Amanecer Dorado, como en las elecciones de 2012.

De gran interés es también el trasvase de votos. Amanecer Dorado atrajo a un 0.4% de los votantes de Syriza, 0.5% de Nueva Democracia, 0.2% de PASOK, 0.4% del Rio, 0.5% del Partido Comunista, 0.9% de ANEL y un 1.5% de LAOS. Por otro lado, el 10.7% de los votantes de Amanecer Dorado esta vez han optado por Syriza, un 15.3% por Nueva Democracia y un 5.4% por ANEL.

Las elecciones de 2015 han confirmado la existencia de una base electoral sólida de derechas. Un electorado fiel al tríptico “patria-religión-familia” que vota a Amanecer Dorado a pesar su comportamiento ilegal, un hecho más relacionado con una ideología conservadora y autoritaria que con la crisis. Sin embargo, otros factores que han contribuido al auge del apoyo a Amanecer Dorado son tanto la crisis económica, como la crisis política que le acompañó e incluye el voto de protesta contra el status quo, la desilusión con los partidos gobernantes, y la desilusión con el partido populista de extrema derecha LAOS después de apoyar las medidas de austeridad cuando entró en la endeble coalición con Nueva Democracia y PASOK. La respuesta de Amanecer Dorado fue una solución “nacionalista” basada en los valores tradicionales griegos.  

Amanecer Dorado también sacó provecho de la realineación del espacio político griego, sobre todo, de la fragmentación de los partidos de centro. Amanecer Dorado es, por encima de todo, un partido diseñado a medida para los tiempos en los que vivimos. Según el abogado Thanasis Kampagiannis, miembro de la iniciativa Jail Golden Dawn,  Amanecer Dorado es: una organización de “soldados” callejeros creada para confrontar la “amenaza de las izquierdas”, un contrapeso al auge de Syriza.

Si el nuevo gobierno de Tsipras no es capaz de dar respuestas a la fisura surgida de las últimas elecciones entre proeuropeísmo (austeridad) y antieuropeísmo (antiausteridad), el peligro real de un ascenso mayor de las fuerzas que representan el lado más oscuro de Grecia nos tendría que preocupar a todos.

Esta semana se conocía que la Generalitat de Cataluña tenía intención de cambiar la denominación del responsable de su oficina en Bruselas para denominarlo como “Representante permanente”. La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar anunciando que recurrirá dicho cambio de denominación. Bajo esta disputa aparece evidentemente el intento de la Generalitat de crear estructuras de Estado - representante permanente ante la UE es el término que utilizan los Estados Miembros para designar al responsable de la interacción cotidiana con las instituciones en Bruselas - y la del Gobierno de frenarlo. Pero también deja traslucir el tradicional recelo del Gobierno central ante la actividad exterior de las CCAA.

En los últimos años se ha usado la actividad exterior de las CCAA como ejemplo del “derroche del Estado de las autonomías”. Más recientemente se ha querido poner el acento en la política soberanista de hechos consumados por parte de la Generalitat. Sin pretender abrir el debate sobre el modelo autonómico, no está claro que la representación de las CCAA obedezca a otra cosan que una estrategia perfectamente racional de influencia en la política comunitaria.  Conviene superar el marco interpretativo de la política nacional y tener en cuenta que dicho activismo no es exclusivo de las regiones españolas ni es inútil a la luz de la influencia de la UE en las competencias de los gobiernos subnacionales.

El activismo de los gobiernos sub-estatales ante la UE es una manifestación de la tradicional tensión entre distintos niveles de gobierno. El único representante de los Estados miembros ante la UE es el gobierno central, si bien este no es el único componente de dichos Estados que se ve afectado por la integración europea. Por lo tanto si el Estado puede decidir en Bruselas sobre materias de competencia regional - por ejemplo la agricultura - la integración europea podría poner en cuestión la distribución constitucional de competencias a escala nacional. La UE trató de dar respuesta a este dilema con dos disposiciones del tratado de Maastricht (1992): la creación de un Comité de las Regiones y la posibilidad de que el Estado esté representado por una de sus regiones cuando en el Consejo se traten asuntos de su competencia. Sin  embargo estas dos medidas se han mostrado limitadas. En primer lugar el Comité de las Regiones es un órgano consultivo y que no reconoce las diferencias entre regiones de Estados centralizados y aquellos con regiones de fuerte autonomía. Y en segundo lugar la participación de las regiones en la deliberación del Consejo de la UE queda a discreción de cada Estado, lo cual no constituye una solución si existen tentaciones de re-centralización vía Bruselas.

La eficacia de la relación entre gobiernos subnacionales y las instituciones comunitarias depende en buena medida de la organización interna de los Estados. En general los Estados . Las CCAA ya participan en la formación de la posición del Estado cuando se debaten asuntos de su competencia en Bruselas a través de la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, cuyos resultados pueden evaluarse en  su web (CARUE) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Uno de estos acuerdos consiste en la posibilidad de participar directamente en aquellas reuniones del Consejo en las que se debaten anuncios de competencia autonómicos (listado de la última década), si bien esto requiere un acuerdo previo entre CCAA y Estado en cuanto a la posición a defender. En todo caso incluso las regiones de los Estados fuertemente descentralizados como Bélgica, Alemania y España que hacen mayor uso de estas oportunidades formales tiene una fuerte presencia directa en Bruselas.

Esta representación directa es una vía informal para conseguir influencia en Bruselas al margen de la representación estatal. La propia región de Bruselas calcula que en torno a 300 regiones europeas disponen de representación directa en la capital belga. Los mecanismos formales permiten a las regiones actuar en Bruselas en nombre de sus Estados, mientras que en la lógica informal pueden perseguir estrategias autónomas de representación de sus intereses. En esta lógica las regiones actúan como uno más de los lobbies establecidos en Bruselas que como partes constituyentes de los Estados miembros. La representación continua en Bruselas no se puede sustituir por una reunión ocasional “al más alto nivel” con la Comisión. El ejercicio de la influencia en la UE se basa en la construcción de alianzas a largo plazo, la capacidad de utilizar información especializada y una reputación de socio fiable. De esta manera existen numerosas federaciones que defienden los intereses de grupos de regiones (regiones productoras de automóviles, regiones mediterráneas, atlánticas, dependientes de la industria textil...).

¿Cuál es la situación de las CCAA españolas? Según datos de septiembre de 2014 del ministerio de Exteriores todas las CCAA están representadas en Bruselas. Las referencias demagógicas al “dispendio autonómico” en Bruselas no han desembocado más que en el cierre temporal de las oficinas de Castilla la Mancha y Asturias y al cambio de sede de 6 CCAA que han trasladado sus oficinas a la Representación Permanente de España en Bruselas. Esto revela que privar a las CCAA de una adecuada representación en Bruselas habría sido irracional y un flaco favor a los ciudadanos. El análisis de datos demuestra el gran activismo de las oficinas regionales españolas en Bruselas. El detalle de este gráfico con datos de 2012 (hablaremos de Ayuntamientos y diputaciones en otra ocasión) demuestra la fuerte implicación de las CCAA (puntos rojos) en numerosas redes temáticas europeas (todos los detalles en este artículo). Las CCAA más activas en dichas redes son Cataluña, Andalucía y Valencia, por lo que parece que queda claro que la principal razón de ser de las oficinas regionales en Bruselas no es promover el soberanismo sino defender sus intereses ante la UE.

Ilustración 1 Participación de las CCAA en redes europeas (detalle). Fuente Luis Bouza García (2013) “La participación autonómica y local en redes de cooperación europea”. Reala, 315-316La participación autonómica y local en redes de cooperación europea

Esto evidentemente no excluye la legitimidad del debate sobre el impacto de la integración europea en el panorama autonómico español o sobre la legitimidad de que algunas CCAA promuevan en Bruselas estrategias autónomas respecto al Estado. El modelo de relaciones entre la UE y las CCAA manifiesta algunas de las flaquezas del sistema de relaciones institucionales entre Estado y Comunidades. Pero incluso aunque mejorara la confianza entre CCAA y gobierno central parece innegable que las CCAA necesitan una representación propia en Bruselas. Son las propias comunidades las que están en mejor situación para decidir con qué regiones de Europa comparten intereses y pueden tratar de articular redes y alianzas para tratar de influir mejor en favor de los intereses a largo plazo de sus territorios. La política europea no es un asunto de política exterior sino que afecta a todos y cada uno de los resortes del sistema político, y por lo tanto sería irresponsable que un nivel de la importancia constitucional de las CCAA no procesar su impacto de manera adecuada. Sería deseable cambiar el foco del debate y centrarnos en la eficacia con las que las CCAA defienden los intereses de sus ciudadanos en Bruselas más que en su presencia.

Grecia tiene vencimientos de deuda de cerca de 8.000 millones de euros a lo largo del próximo año. Tiene que llegar a un acuerdo con el Eurogrupo para que le siga prestando. Y, a cambio, los acreedores, seguirán exigiendo el cumplimiento de las condiciones pactadas.

“Si te debo cien libras, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo”. Esta frase, pronunciada por John Maynard Keynes, es la que el nuevo Gobierno griego está sacando a relucir al negociar con sus socios europeos. Afirma no poder hacer frente a su enorme deuda pública en las condiciones pactadas y solicita, por tanto, una revisión del programa que el anterior gobierno acordó con la Troika. La alternativa, de no alcanzarse un acuerdo, es que los acreedores no cobren parte de lo que les corresponde.

Más allá de que la amenaza del impago sea en este momento poco creible porque un default podría implicar una crisis aún más profunda en Grecia, e incluso una salida del euro (que la mayoría de los ciudadanos griegos no quieren), conviene preguntarse si Grecia puede realmente pagar su deuda. Y, de no pagarla, quién se quedaría sin cobrar.

Antes de entrar en los números conviene hacer algunas consideraciones preeliminares. La primera es que, por muy alta que sea una deuda, (casi) siempre es posible pagarla. Lo “único” que hay que hacer es subir aún más los impuestos y recortar aún más los gastos, algo que casi todos los países (incluida Grecia) tiene margen para hacer. Pero esto supone poner los intereses de los acreedores por encima de los deudores a cualquier precio, algo que políticamente no es ni deseable ni viable en una democracia. Y, por lo tanto, la primera conclusión es que pagar o no la deuda es una decisión política, no un tema técnico.

Segundo, lo que hace que una deuda sea asumible no es tanto su cuantía total sino los intereses a los que hay que hacer frente cada año, así como la capacidad de los estados para refinanciarla, es decir, para emitir nueva deuda pública para pagar la que va llegando a su fecha de vencimiento (Recordemos que en condiciones de acceso “normales” a los mercados, una parte de la deuda no se pagará nunca, sino que se irá refinanciando, oscilando su coste en función de la credibilidad de su gobierno, su prima de riesgo).

Y tercero, aunque en general los países intentan pagar su deuda (ya que de no hacerlo a corto plazo les dejan de prestar, lo que les obliga a gastar solo lo que ingresan), a la hora de decidir si optan por el impago, suele ser bastante importante quiénes son sus acreedores: en general es más fácil hacer un default a miles de bonistas privados anónimos que a otros estados o a organismos internacionales (véase el caso de Argentina 2001). Pero, del mismo modo, cuando la mayoría de la deuda está en manos oficiales, es más fácil sentarse a la mesa a negociar una reestructuración porque el número de actores involucrados es menor y, por tanto, es más fácil llegar a un acuerdo, si es que hay voluntad para hacerlo.

Con esto en mente echemos un vistazo a los números. Grecia tiene una deuda pública total de 323.000 millones de euros, alrededor del 175% de su PIB. Aunque la cifra es muy alta, los intereses que paga son bastante bajos: dedica un 2,6% de su PIB al servicio de su deuda mientras que Portugal dedica el 5% o España el 3,3%. Japón, que tiene una deuda cercana al 240% de su PIB no tiene problema alguno para hacerle frente, tanto porque solo dedica un 2,1% de su PIB a pagar los intereses como porque está mayoritariamente en manos de residentes, lo que facilita su financiación.

Grecia tiene un servicio de la deuda relativamente bajo porque ya tuvo una reestructuración de la misma en 2012, en la que casi todos los acreedores privados sufrieron una quita de alrededor del 70%. Los acreedores públicos (los países europeos a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el FMI y el BCE), que hoy tienen en sus manos casi el 80% de la deuda en circulación, ya le rebajaron los intereses y le alargaron los plazos en varias ocasiones. Todo ello hace que, más allá de que la situación económica y social en Grecia sea muy difícil, parece posible que siga pagando su deuda (manteniendo así la credibilidad de los inversores), aunque también es cierto que siempre es más cómodo no pagar… algo que los acreedores, es decir, los contribuyentes alemanes, españoles, franceses o irlandeses, entre otros, preferirían evitar (Grecia debe a Alemania 56.000 millones de euros, a Francia 42.000, a Italia 37.000 o a España 25.000).

Pero más allá del tema de la sostenibilidad, Grecia se enfrenta a un problema más urgente. Tiene vencimientos de deuda de cerca de 8.000 millones de euros a lo largo del próximo año, sobre todo con el FMI y el BCE. Como está bajo un programa de rescate, tiene dificultades para emitir nueva deuda en los mercados (y en principio no debería necesitar hacerlo porque sus necesidades estarían cubiertas por el rescate), por lo que tiene que llegar a un acuerdo con el Eurogrupo para que le siga prestando. Y, a cambio, los acreedores, seguirán exigiendo el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Desde que Syriza llegó al poder estamos asistiendo a lo que se conoce en teoría económica como el ‘juego de la gallina’ entre Grecia y Alemania. Este juego se refiere a una situación en la que dos actores no ceden en sus posiciones negociadoras hasta el último instante, con la esperanza de que el otro vaya a ceder justo antes de que finalice la negociación bien sea porque se acaba el tiempo o porque ya no hay más recursos para negociar. En el mundo empresarial esta es una práctica común. Cuando los empresarios europeos visitan China para negociar un contrato, sus anfitriones suelen alargar las negociaciones hasta el día de regreso de la delegación europea (que normalmente ya tiene sus billetes de vuelta sacados) para conseguir un acuerdo más favorable.

La imagen que se suele utilizar para este tipo de juego es la de dos coches que marchan uno contra el otro o que van hacia un precipicio. La del precipicio quizás sea la más indicada para describir lo que viene pasando en la zona euro desde el comienzo de la crisis allá por 2008 ya que los líderes europeos han tomado medidas correctivas solo cuando han visto el precipicio a sus pies. En este caso, los que están sentados en los dos coches son los ministros de finanzas griego y alemán, Yanis Varoufakis, y Wolfgang Schäuble, y las posibilidades del juego son cuatro: 1) que los dos hagan “la gallina”, es decir, que los dos cedan en sus posiciones antes de llegar al precipicio; 2) que solo ceda Varoufakis; 3) que solo ceda Schäuble, ó 4) que no ceda ninguno de los dos, lo que significaría Grexit (la salida de Grecia de la zona euro).

El juego no es apto para espectadores con problemas cardíacos porque los dos conductores son de sangre fría. Schäuble tiene 72 años, está curtido en mil batallas políticas en Alemania y Europa, incluso ha superado un atentado contra su persona, y aunque desde aquella ha quedado en silla de ruedas es de los negociadores más duros que hay en Europa. Varoufakis es un experto en teorías de juegos, su complexión física impone, y es uno de los economistas más inteligentes y mediáticos que ha producido Grecia en los últimos años. Varoufakis tiene 53 años, casi 20 años menos que Schäuble, y además nunca ha tenido un puesto político, así que estamos en una competición donde se enfrentan la juventud y el conocimiento teórico heleno frente a la madurez y la experiencia práctica teutona.

Para ganar este juego los dos saben que tienen que convencer al otro de que están dispuestos a llegar a Grexit (aunque realmente ninguno de los dos lo quiera). Los espectadores inteligentes (y esto es un mensaje para los mercados) deberían tener esto en mente si no quieren padecer un ataque de nervios. Esto explica que el gobierno alemán haya filtrado a la prensa el mensaje de que ya no estamos en el 2012 y que Grexit sería perfectamente absorbido por los colchones institucionales que se han creado desde entonces (ESM, OMT, QE etc.). La propuesta de máximos (y poco realista) de reestructurar la deuda en un 50% lanzada por Syriza también hay que interpretarla bajo esta lógica.

Varoufakis sabe que en esta partida de poker (otra figura que se utiliza para explicar el juego de la gallina) la carta más poderosa que tiene es la de Grexit. Esto es así porque todo el mundo con sentido común en Bruselas, Frankfurt y Berlín sabe que Grexit sería un desastre para la zona euro. Demostraría que la unión monetaria europea ha sido un error, que el euro ya no es irreversible y que cabe la posibilidad de que salgan más países. Los especuladores en la City de Londres apuntarían sus cañones directamente a Portugal, el siguiente eslabón más débil de la cadena. Además, y esto es importante, geopolíticamente Grexit sería todavía más tóxico. Los problemas de Grecia (la falta de competitividad y una administración incompetente y corrupta) no van a desaparecer con la salida del euro. Al contrario, una Grecia rechazada por Europa y malherida se lanzaría a los brazos de Rusia y crearía un nuevo quebradero de cabeza en los Balcanes para la Unión Europea.

Muchos analistas creen que la posición de Varoufakis es débil porque la amenaza de Grexit no es creíble (y por lo tanto no asusta a Schäuble). Más del 70% de los griegos no quieren salir del euro, así que es muy difícil que Syriza fuerce tanto su posición negociadora hasta llegar a ese extremo. Sería una traición a la voluntad del pueblo soberano griego. La baza por lo tanto de Schäuble es la de esperar a que el ciudadano griego vote con su “bolsillo”. Es decir, que empiece a sacar sus ahorros de los bancos por temor al Grexit y que eso al final fuerce a Varoufakis a ceder. La jugada es maquiavélica, pero tiene sentido desde el prisma del juego de la gallina.

Al final todo va a estar en manos del árbitro de la carrera: el Banco Central Europeo (BCE). Los bancos griegos van a poder proporcionar la liquidez necesaria (es decir, euros en los cajeros) a los depositarios griegos mientras el BCE haga lo mismo con ellos. Si el BCE se cansa del ‘chantaje’ griego y cierra el grifo, Grexit sería inminente. Pero incluso en ese escenario, ciertamente dramático, Tsipras, el primer ministro griego, tendría una última carta. Convocar de inmediato un referéndum sobre la permanencia o no en el euro. El resultado sería contundente. Seguro que la gran mayoría de los griegos votarían a favor de la permanencia. ¿Qué haría entonces Draghi? ¿Y Juncker? ¿Qué haría Merkel, la jefa de Schäuble? ¿Echarían a Grecia del euro contra la voluntad democrática del pueblo griego? No. Lo lógico, y sensato, sería que se dejasen de juegos peligrosos e intentasen buscar una solución política a lo que es un problema político.

Europa se despertó ayer con la noticia del acuerdo para la resolución del conflicto en el este de Ucrania. Pese a tratarse de un documento algo más extenso y detallado que el acordado en septiembre -pasando de 1,5 a 4 páginas- existe un escepticismo bastante generalizado en relación a las posibilidades reales de que pueda ser implementado con garantías por las distintas partes. Los 13 puntos de los que se compone suponen un documento de mínimos que incluye, entre diversos aspectos, un alto el fuego y una base para seguir negociando el futuro estatus político de la región del Donbass en relación con Ucrania, siempre y cuando se logren implementar las medidas previstas para la pacificación del conflicto. A continuación se presentan una serie de aspectos presentes -y ausentes- en el documento considerados sensibles y que pueden determinar el éxito o fracaso del proceso.

Alto el fuego. En vigor a partir del domingo día 15 a las 00:01h, el hecho de que el inicio de su implementación haya sido retrasado hasta tres días después de la firma del acuerdo se puede interpretar como una estrategia para intentar avanzar posiciones en el frente hasta el último minuto por parte de unos y otros. Los hechos parecen confirmar esta hipótesis, y de momento los combates y bombardeos han continuado hasta el momento, con especial incidencia en las zonas de Debaltsevo, Mariupol y Lugansk. Dada esta situación de continuación de las operaciones bélicas, las primeras horas a partir de la entrada en vigor del alto el fuego pueden ser clave.

Retirada de sistemas de artillería pesados. Se trata de una medida ya incluida en Minsk I (Septiembre 2014) y que fracasó en su momento. En esta ocasión se ha ampliado la zona que ha de quedar libre de armamento pesado -entre 50km y 140km des del frente en función del tipo de armas- una retirada que tiene que llevarse a cabo durante las dos primeras semanas posteriores al inicio del alto el fuego. El mayor problema que se presenta es la diferenciación en las líneas de delimitación -aplicándose para los rebeldes la línea del 19 de setiembre y para las fuerzas gubernamentales la actual- lo que puede llevar a múltiples interpretaciones respecto al alcance territorial de la medida y en última instancia bloquear su aplicación.

Monitorización de la OSCE con el apoyo del Grupo de Contacto Trilateral (Ucrania/Rusia/OSCE). El acuerdo preve la monitorización y verificación del alto el fuego y del proceso de desarme por parte de la OSCE y del Grupo de Contacto. Consierando el escaso éxito que tuvo la OSCE en implementar las medidas de desarme acordadas en Minsk I, las posibilidades de que el proceso se logre completar y mantener en el tiempo son bastante escasas, más aún teniendo en cuenta que no se han previsto medidas adicionales y que la estructura de apoyo es no neutral y está formada por representantes de las propias partes en conflicto.

Control de la frontera Rusia-Ucrania. Según los puntos 9 y 11 del acuerdo, las autoridades ucranianas recuperarán a finales de 2015 el control de la parte de la frontera con Rusia situada en territorio controlado por los rebeldes. Esto se producirá siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones como son la celebración de elecciones locales en esa región y una reforma constitucional en Ucrania que incluya una descentralización regional parcial, otorgando un estatus especial a Lugansk y Donetsk. El control de la frontera es un factor clave, ya que es por allí por donde se produce el suministro de armamento a los rebeldes, sin el cual difícilmente podrían haber resistido en primera instancia y realizado posteriormente sus distintas ofensivas militares. Por ello, estos puntos pueden considerarse como un as en la manga que tanto Rusia como los rebeldes se reservan para reactivar las hostilidades en caso de que las autoridades ucranianas no cumplan con su parte del acuerdo.

Ausencia de fuerzas de interposición. Del mismo modo que ya sucedió en Minsk I, el acuerdo se caracteriza por no prever el despliegue de un contingente de paz internacional. Kiev se opone rotundamente a la posibilidad de incluir esta medida, al considerar que de algún modo supondría un reconocimiento de facto de la independencia de las regiones separatistas e incrementaría las posibilidades de congelación del conflicto, como sucede en Transnistria. La presencia de fuerzas de interposición probablemente aumentaría las posibilidades de éxito del alto el fuego, y su ausencia hace que la importancia que pueda jugar la buena voluntad de los respectivos actores sea todavía mayor.

Más allá de los elementos mencionados, el documento es vago e impreciso en muchas de las medidas que incluye. Los puntos que hacen referencia a la liberación de prisioneros y rehenes no especifica términos y plazos, y lo mismo sucede con la retirada de combatientes extranjeros, el alcance de la amnistía, la extensión de los territorios que quedarían incluidos dentro de las zonas con estatus especial, etc. Tampoco se concreta a quien afecta el desarme de “grupos ilegales”.

El acuerdo ni mucho menos satisface completamente a ninguna de las partes -entre las que sigue existiendo un alto grado de desconfianza y hostilidad- lo que incrementa las posibilidades de que unos u otros se sienten tentados a volver a utilizar la fuerza para intentar mejorar sus posiciones a medio plazo. El equilibrio de fuerzas militares existente en el terreno podría favorecer esta opción. Por último, el papel que puedan jugar las posibles clausulas secretas que se hayan acordado -y que en el caso de Minsk I ya fueron un factor desestabilizador del alto el fuego, sobre todo en relación al control sobre el aeropuerto de Donetsk- suponen un riesgo añadido a la ya de por si frágil salida que plantea el acuerdo, el cual difícilmente pueda ser llevado a la práctica en su totalidad.

Europa vive otro punto de inflexión en el eterno debate entre libertad y seguridad tras los dramáticos acontecimientos de París. Lo mismo que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los de Madrid en 2004 o los de Londres en 2005. No hace falta sumergirse en las hemerotecas para encontrar ejemplos de una tendencia casi sistemática a legislar “en caliente” a raíz de sucesos que inundan titulares y conciencias a partes iguales. Antes incluso de que pudiéramos digerir y condenar en las calles el golpe, lo que en principio fueron tímidos murmullos se convirtieron en declaraciones sin tapujos a favor de reintroducir controles fronterizos en el espacio Schengen. No era de extrañar que estas demandas surgieran de los labios de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen. En este sentido también se manifestaba el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz.

Conviene recordar que el Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 por un puñado de líderes que soñaban con esbozar un espacio en el que se eliminaran los controles entre sus fronteras interiores. A pesar de que luego pasaría a formar parte del acervo comunitario, su carácter intergubernamental lo ha convertido en blanco fácil y “chivo expiatorio” cada vez que el continente europeo se ha sentido amenazado. Ya en 2011, y aterrados por lo que la “Primavera Árabe” podría traer consigo, Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, propusieron modificar el texto para que fuera posible realizar controles sistemáticos en las fronteras interiores, iniciativa que afortunadamente nunca llegó a materializarse.

Schengen cobra todo el sentido del mundo si se tienen en cuenta dos factores. Uno es que la libre circulación de personas se ha erigido como una de las mayores conquistas logradas en el territorio de la Unión Europea, y atentar contra ella supondría una involución del propio proceso de construcción europeo. En segundo lugar, la reintroducción de controles en frontera no podría haber evitado unos atentados como los de París, por la sencilla razón de que sus perpetradores eran ciudadanos franceses. Establecer ahora controles en los Pirineos no habría impedido que personas de nacionalidad francesa como los hermanos Kouachi o Amedy Coulibaly camparan a sus anchas por el territorio galo.

No es baladí recordar que el Código de fronteras Schengen prevé la posibilidad de que los Estados miembros decidan restablecer los controles en sus fronteras de forma temporal y con carácter excepcional. Para ello deben cumplirse varios requisitos: debe existir una amenaza grave para la seguridad, los controles deben realizarse de manera proporcionada y por un tiempo determinado -inferior a 30 días en el caso de acontecimientos previsibles y a 10 días en supuestos que requieran una actuación inmediata, plazos que podrán ser prorrogados si la amenaza persistiese-. En todo caso, la adopción de esta medida debe ser comunicada tanto a la Comisión Europea como al resto de Estados que forman parte del espacio Schengen.

Como contrapartida a la ausencia de controles interiores (sin perder de vista la excepción arriba mencionada), los controles son llevados a cabo en la frontera exterior del espacio Schengen, que podría ser asimilado a una fortaleza cuyas murallas fueron diseñadas para que en el interior viviéramos en paz y seguridad. Los terroristas se quedarían a las puertas de la misma. Sin embargo, a todas luces, no ha sido así. Luchar de manera efectiva contra el terrorismo es una de las grandes tareas pendientes de la Unión Europea, pero no a cualquier precio. En esta dicotomía entre libertad y seguridad, la dificultad no sólo estriba en hacia dónde inclinar la balanza, sino también en identificar las políticas más eficaces, aun cuando resulten menos atractivas para fines electoralistas. ¿Por qué en vez de abogar por derribar lo que tanto tiempo y esfuerzo ha costado construir, como es el espacio Schengen, no centramos nuestras energías en reforzar los instrumentos de cooperación de los que ya disponemos?

En este punto es fundamental hacer mención de las bases del Sistema de Información Schengen II (SIS II), un mecanismo concebido para proteger la frontera exterior europea y promover la cooperación entre las autoridades policiales, judiciales y aduaneras. El SIS II, implantado en 2013, representa la segunda generación del Sistema de Información de Schengen (SIS), que vio la luz en 1995. La baza principal del SIS II es que los Estados tienen la posibilidad de compartir información clave y emitir alertas sobre personas, armas de fuego, vehículos o documentos de identidad robados o extraviados, y así informar al resto de países de la necesidad de rechazar la entrada o permanencia de una persona en el espacio Schengen. Este macrofichero paneuropeo de datos se configura por tanto como la herramienta potencialmente más útil en la lucha contra el terrorismo a nivel europeo. No obstante, encuentra en la falta de voluntad de los Estados a intercambiar datos sobre terroristas sospechosos un obstáculo difícilmente superable. Tanto la Comisión Europea como los ministros de interior reunidos en Riga los días 29 y 30 de enero se pronunciaron sobre la conveniencia de explotar en mayor medida el potencial del SIS II, y la necesidad de una mayor cooperación entre los Estados para luchar contra el terrorismo.

Por eso, cuando oímos voces a favor de la reintroduccción de controles sistemáticos cabe preguntarse si no tendría más sentido destinar más medios económicos y logísticos al SIS II para hacer seguimiento, cuando sea necesario, de los ciudadanos que atraviesan en un sentido u otro nuestras fronteras exteriores. Los ataques de París nos obligan irremediablemente a una reflexión interna a nivel europeo sobre qué ha fallado y qué debe hacerse para luchar juntos contra el terrorismo. No debemos olvidar que, a pesar de la existencia de una Estrategia antiterrorista europea –la primera fue adoptada en 2005 tras los atentados de Madrid y de Londres, y se espera que se apruebe un nuevo documento a principios de 2015-, gran parte de las políticas que conforman la lucha antiterrorista no van hoy más allá del ámbito nacional. Sustituir las barreras con mayores dosis de colaboración y solidaridad no es sino apostar por una “Mejor Europa”.

En colaboración con EurasianetEurasianet

La UE ha permanecido desbordada y sin rumbo en la crisis ucraniana desde la ocupación y anexión de Crimea por Rusia. La UE jugó al risk de la geopolítica en Ucrania, arriesgando su estabilidad y cuestionando su soberanía. Después, cuando dando la partida por ganada llegó la respuesta rusa, agresiva, de espaldas al Derecho Internacional y moviendo las reglas del juego del soft power al hard power, la UE se replegó a una zona de confort. Negó ser parte y quiso erigirse en juez: no intervendría en Ucrania pero condenaría y sancionaría a Rusia por su agresión externa. Lamentablemente, Rusia entiende que el escenario no es un juicio sino una contienda por intereses geopolíticos, y está dispuesta a defender los suyos. 

Por ello, las sanciones no han servido, y no servirán, como mecanismo de disuasión. Han sido ante todo un mecanismo estético y de consumo interno. Ineficaces éstas, cuando se han producido contraofensivas separatistas, la UE se ha apresurado a forzar altos el fuego orientados, se quiera o no, a la congelación del conflicto del Donbass y no a su solución. La gira de Merkel y Hollande se enmarca en ese guión. A falta de concretar la reunión entre Alemania, Francia, Ucrania y Rusia para revitalizar los Acuerdos de Minsk, EEUU y algunos EEMM de la UE como Reino Unido, Polonia o las Repúblicas Bálticas apuestan por superar “la vía diplomática”, evitar la congelación del conflicto y darle una solución militar armando a Ucrania. Aunque el Secretario de Estado John Kerry niega la mayor, voces influyentes en EEUU como Michael McFaul, Anne Applebaum o el senador John McCain abogan por (1) elevar las sanciones contra Rusia; (2) comprometerse con la solución militar del conflicto y (3) reforzar la estatalidad de Ucrania antes de su ingreso en la UE. Ni las sanciones a Rusia impactan en su economía; ni la guerra en su estabilidad, ni la integración en la UE en sus instituciones políticas y económicas como sí lo hace en la UE. Pero EEUU al menos aporta un plan -inaceptable en mi opinión- de solución al conflicto, no de congelación.

La UE debe abandonar su zona de confort y aportar un plan de solución al conflicto que no pase por una escalada militar de consecuencias impredecibles. Debe responsabilizarse tanto de sus acciones pasadas, léase haber apoyado el derrocamiento ilegal de Yanukóvich, como del bienestar y seguridad de su aliado, Ucrania. Pero alcanzar una “solución política duradera y definitiva” unida al “respeto a la legalidad internacional y los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania” sin disparar un tiro, como desea García Margallo, es sencillamente actuar en pos de la autocomplacencia y no de la resolución de la crisis. En el contexto actual, plantear un acuerdo permanente por la estabilidad de la región, pasa inexorablemente por limitar la soberanía de Ucrania e hipotecar, como mínimo, su integridad territorial. No hay solución óptima para Ucrania, pero la UE está a tiempo de proponer una buena solución.

Un acuerdo para la estabilidad de Ucrania y de Europa

Cualquier iniciativa de acuerdo estable y definitivo no será fácilmente digerible para la nueva Ucrania. Por ello el pacto aparte de abordar las dos patatas calientes, el Donbass y la entrada en la UE y la OTAN, debe incorporar el proyecto de futuro en común que la UE le debe al pueblo ucraniano.

Un Mini Plan Marshall para Ucrania. En el actual contexto, el proyecto carece de sentido sin un plan de choque con ayuda directa para, por un lado, salvar al país de la bancarrota, y por otro lado, comprometerse con el fortalecimiento institucional del estado ucraniano, de su modernización económica y de su desarrollo social recuperando un escualido Estado de Bienestar. Lamentablemente, en esta UE del austericidio y la deudocracia parece una propuesta quimérica, pero si tenemos presente que la cantidad necesaria para evitar el default, 15.000 millones de euros, es menor que lo aportado por los españoles para salvar Bankia, entendemos que solo es una cuestión de voluntad.

Un Donbass con un status especial o independiente. Moscú desea mantener la llave para la desestabilización de Ucrania por medio de su influencia en el Donbass, por lo que busca la congelación del conflicto y el reconocimiento de las autoridades de las repúblicas populares en este Minsk-2 tras el fracaso del Acuerdo de Minsk en septiembre. Congelar el conflicto y asumir un estado independiente de facto supondría un serio lastre para el desarrollo de Ucrania. Aun en la difícil perspectiva de que ese conflicto se descongelase un día, la fractura social a causa de la guerra disloca, en los hechos, las posibilidades de convivencia. No son pocos quienes piensan que los futuros de Ucrania y del Donbass han de ser más prósperos si inician una andadura separada. Por ello, la UE puede plantear a Ucrania asumir bien un status especial para el Donbass o directamente su independencia.

No a la OTAN, sí vía abierta a la UE. La otra de las aspiraciones principales del Kremlin es limitar la soberanía de Ucrania de cara a su acceso a la UE y a la OTAN. En realidad los principales actores europeos, Alemania y Francia, no son favorables a ninguna de estas dos opciones al margen de lo que opine Kiev. Además, el conflicto congelado permite mantenerse en la zona de confort sin abordar seriamente ambas cuestiones. El problema no es el fondo sino la forma: la imposición de Moscú. No obstante, la UE debe aceptar que si no es capaz de revertir la perspectiva de la OTAN de identificar a Rusia como su principal enemigo, en buena lógica, la presencia de Ucrania en ella, sea más que inquietante para Moscú. Por ello, una propuesta alternativa puede dejar abierta la posibilidad de acceso de Ucrania a la UE, con el compromiso de que no se integrará en la OTAN ni albergará bases militares de sus EEMM.

Sean cuales sean, las opciones de acuerdo han de girar en torno a estas dos cuestiones, el Donbass y la inserción de Ucrania en las organizaciones occidentales. En caso de no llegar este pacto, la ofensiva separatista continúe y EEUU arme a Ucrania, muy probablemente Rusia elevará la dotación de las Milicias Populares del Donbass cuantitativa y cualitativamente. Si en su respuesta Occidente continúa la escalada armamentística y de operativos, una invasión del ejército regular ruso sobre territorio ucraniano no es descartable. A partir de ahí que cada cual escoja su final. A la UE le toca ahora abandonar la zona de confort en esta crisis, asumir su papel de potencia, cuando menos regional, y hacer de broker entre Washington, Kiev y Moscú. La paz de Ucrania y Europa nos va en ello.

Escocia y Cataluña han vivido durante 2014 sendos procesos de revisión de sus estatus dentro del Reino Unido y de España. Aunque diferenciados por lo que respecta al acuerdo político y a la obligatoriedad de los resultados de las consultas desarrolladas (el 18 de septiembre y el 9 de noviembre, respectivamente), ambas situaciones comparten el deseo de una porción de la población de dos regiones de la Unión Europea (UE) por separarse de los estados de los que forman parte. Cabe entonces preguntarse si la UE y su proceso de toma de decisiones alientan y promueven los nacionalismos, o/y (en sus caso) los independentismos periféricos dentro de los estados miembros de la organización supranacional.

La hipotética posibilidad de que unas Cataluña o Escocia independientes pudieran formar parte de la UE, el proceso y los plazos para ello, constituyó parte de la argumentación dialéctica recurrente en ambos territorios durante 2014. La posibilidad de quedar varados fuera de la UE, temporal o definitivamente, ha sido central en las campañas a favor y en contra de la secesión de ambos territorios de sus respectivos países. ¿Pero cuál es realmente el fondo de la cuestión? La interpretación de los artículos 48 y 49 del Tratado de la Unión Europea, los cuales se refieren a los procesos de incorporación de nuevos estados miembros.

Los sectores independentistas claman por una lectura política de los mismos. Quien puede lo más, puede lo menos, argumentan. Si existe una voluntad popular, las leyes y el tratado pueden y deben modificarse para permitir una situación, hasta la fecha excepcional. Que territorios que han venido formando parte de la UE durante décadas continúen dentro de la misma, aunque sea bajo una nueva bandera. Que se les facilite una suerte de “vía rápida”, tal y como sucedió con la Alemania oriental, tras la Reunificación, esgrimen, olvidando u obviando que aquella parte de Alemania nunca antes había formado parte de la UE, al contrario de Cataluña, Escocia, pero también de Baviera, Padania, Flandes y un largo etcétera.

Por el contrario, los sectores proclives a mantener el status quo estatal exigen una interpretación al pie de la letra y eminentemente jurídica del tratado. Es decir, todo estado que quiera formar parte de la UE deberá abordar un proceso de negociaciones y adhesión, que implica no solo unos tiempos, sino también unas mayorías muy exigentes. Tan exigentes que probablemente hacen de facto imposible esta vía. Si bien es cierto que un Estado resultante de la secesión de un Estado miembro cumpliría virtualmente con todos los requisitos relativos al “acervo comunitario” que se les piden a los nuevos estados miembros -negociaciones que no suelen durar menos de una década en los supuestos más sencillos y pueden llegar a enquistarse, como en el caso de Turquía- dicho proceso no deja de otorgarle un derecho de veto a cada Estado miembro, incluido aquel del que se produce la secesión.

Pero no es solo una cuestión de tiempo, ya grave por sí misma. Imaginemos una Cataluña que durante diez o quince años no formase parte del Mercado Único, ni de las políticas europeas, alejada de Schengen, fuera del Euro, etc. Se trata también de una cuestión de incertidumbre y de voluntad política. El tratado también dice que la adhesión de nuevos estados miembros es una decisión que requiere de la unanimidad y no de la mayoría de todos los estados miembros. Lo cual nos lleva a dos hipotéticos escenarios: ni cabe pensar que un estado que haya visto la secesión contra su voluntad de una parte de su territorio vaya a aceptar la adhesión del mismo a la UE, ni parece sencillo que aun existiendo un acuerdo (como habría pasado en el caso escocés de haber ganado el sí a la independencia en el referéndum vinculante del 18 de septiembre de 2014) el resto de estados de la UE que cuentan con fuertes tensiones territoriales en su interior, asumiesen el riesgo del “efecto réplica” o “efecto contagio” que podría tener en sus territorios esa hipotética futura adhesión.

El sistema de toma de decisiones de la UE es claramente deudor de la lógica estatal. Como cristalinamente expresaba el presidente saliente de la Comisión Europea, “cualquier nuevo país independiente tendría que solicitar su adhesión a la UE”. Una fórmula muy educada de argumentar que mientras que no se reforme el tratado no cabe otra opción, y que una región que se independice de un estado deja de formar parte de la UE hasta que concluya con éxito su propio proceso de adhesión. Y las posibilidades son minúsculas, ya que el veto de un único estado de veintiocho impediría la adhesión de un nuevo miembro. Una auténtica quimera dentro del tablero geopolítico europeo.

Hasta aquí la respuesta a la pregunta título del presente artículo parece evidente. Sin embargo, cabe introducir una nueva variable. El argumento de la subsidiariedad. Si sostenemos que dentro de la UE impera la lógica estatal sobre la regional, ¿dónde queda la manida subsidiariedad? No en vano, la UE proclama la subsidiariedad territorial como un principio básico para la formulación de políticas, estableciendo que las decisiones sólo deben tomarse supranacionalmente si los niveles de gobierno estatal, subestatal y local no son capaces de realizarlo mejor, por lo que como bien argumenta Luis Moreno, sería “un sinsentido impedir o restringir el autogobierno en naciones sin estado como Escocia y Cataluña dentro de una unión política como la europea”.

Cabría por tanto, llegados a este estadio, analizar hasta qué punto la UE utiliza la política del palo y la zanahoria para con sus regiones. De una parte, la zanahoria. La UE diseña una política regional que consume un tercio de su presupuesto para homogeneizar y equilibrar las disparidades regionales europeas. Lo que ha llevado a muchas regiones europeas (sobre todo en el este de Europa) a desarrollar una suerte de “regionalización de papel” para fortalecer sus estructuras regionales para ser susceptibles de ser destinatarias de las mencionadas ayudas. Incluso muchas de ellas han venido, desde hace tres décadas, diseñando todo tipo de estrategias de lobby o cabildeo sobre el proceso de toma de decisiones, puesto que la UE les ha permitido, hasta cierto punto, participar en el Consejo de la UE, en la comitología, en el Comité de las Regiones, disponer de oficinas de representación en Bruselas, constituirse en asociaciones interregionales con acceso a las instituciones europeas e incluso afectar al proceso europeo de toma de decisiones a través de sus propios estados. De otra parte, el palo. Subsidiariedad sí, autogobierno también, pero solo hasta dónde consientan los estados miembros y sin afectar a la soberanía de los mismos.

En resumen, puede argumentarse que mientras que la UE avala la subsidiariedad y los movimientos centrípetos, aboga por el manido “principio de no injerencia en asuntos de otros estados”. Con lo que promueve la observación puntillosa y la exigencia democrática aplicable a la legitimidad de todas las instituciones basada en el imperio de la ley, y queda lejos de avalar los nacionalismos y mucho menos los independentismos, dentro de sus estados miembros.

La República Moldava Pridnestroviana se ha convertido en un elemento de presión de Moscú sobre Chisinau con el objetivo de intentar mantener a Moldavia dentro de su esfera de influencia

Las elecciones que se celebraron el pasado 30 de Noviembre en Moldavia dejaron un panorama político similar al preexistente, con un mantenimiento de la mayoría pro europea en el parlamento nacional. Sin embargo, hubo una región en la que estas elecciones no se celebraron: la autodenominada República Moldava Pridnestroviana (RMP). Más conocida como Transnistria, este territorio de apenas 4.163 km2 situado entre la orilla oriental del río Dniester y la frontera ucraniana se declaró independiente en 1990, y lo es de facto desde 1992, después de una breve guerra civil librada con el fin de separarse de la por entonces recién independizada República de Moldavia.

Los motivos que llevaron al estallido de la guerra son diversos, y están relacionados con la explosión de cierta rivalidad entre moldavos étnicos y eslavos (rusos y ucranianos), mayoría estos últimos en la Transnistria pero minoría en Moldavia. Del mismo modo que sucedía en otras repúblicas de la URSS, la minoría ruso-ucraniana dominaba las esferas de poder local en Chisinau, y el fortalecimiento del independentismo moldavo generó un sentimiento de miedo entre estas, sobre todo en vistas a una posible reintegración en Rumania y a una marginalización de las lenguas rusa y ucraniana, como ya apuntaban las primeras medidas de rumanización de la nueva República de Moldavia. Moscú jugó un papel trascendental en el conflicto, y la intervención 14º ejército soviético al mando del general Lebed del lado de los secesionistas decantó la balanza y posibilitó un alto el fuego que aseguró el control de la Transnistria por las autoridades de la RMP. Un status quo garantizado desde entones gracias en parte al contingente de fuerzas rusas (unos 1.200 efectivos) presentes en ese territorio, los cuales siguen estacionadas en la región pese a las múltiples quejas del gobierno moldavo, de la UE y de la OTAN.

La República Moldava Pridnestroviana –con capital en Tiraspol- es desde entonces un estado soberano de facto con un reconocimiento internacional muy limitado, y de hecho únicamente los territorios secesionistas de la antigua URSS que se encuentra en una situación similar -Abjasia, Osetia del Sur y el Nagorno Karabaj- la reconocen como estado independiente. Cuenta con su propio sistema político (presidencialista), parlamento unicameral, gobierno, estructura institucional, policía y fuerzas armadas, aduanas, e incluso su propia moneda, el rublo transnistrio, y un banco, el Banco Republicano de Pridnestrovia. Después de 20 años bajo el mando del polémico Igor Smirnov, un apparatchik de la época soviética con un extenso historial de corrupción a sus espaldas, en diciembre de 2011 la población de la Transnistria eligió a Evgeny Shevchuk como nuevo presidente, un líder más moderno y pragmático que su predecesor.

Tanto la bandera de la RMP como su escudo son los mismos que los de la República Socialista Soviética de Moldavia (1940-1991) -con algún pequeño retoque en caso del escudo- reivindicando una continuación histórica a nivel de legitimidad política entre la época soviética y las actuales autoridades de la RMP. Este elemento post-soviético está también muy presente en todo el territorio a nivel identitario y de nation-building, mediante monumentos, nomenclatura de calles, placas simbólicas, etc. que evocan el pasado soviético y también imperial ruso.

Por lo que respecta a la economía de la RMP, esta es una peculiar combinación entre capitalismo y economía planificada. Sus principales pilares son cuatro grandes plantas industriales construidas durante la época soviética -producen textil, cemento, y acero- el 95% de la producción de las cuales es exportado. En conjunto, los países de la UE son destino del 45,9% de las exportaciones transnistrias, mientras que los países de la CEI suponen el 44,9% (2012).

Otro aspecto clave que caracteriza a la RMP -sobre todo a nivel económico- es su elevado grado de dependencia respecto a agentes externos, principalmente Rusia. En este sentido, la ayuda rusa que recibe el gobierno de Tiraspol supone uno de los pilares que sustentan el funcionamiento económico en aquel territorio. Una ayuda que se materializa de distintas maneras, siendo la principal el sistema de subsidios en el suministro de gas. Desde 2009 la RPM no ha pagado ni un céntimo a MoldovaGaz/Gazprom por el gas consumido, y a su vez ha conseguido generar unes recursos importantes para el gobierno local gracias al precio que la RMP cobra a los consumidores transnistrios (75$-90$ a particulares y 163$ a empresas por 1000 m3).

La deuda acumulada por RPM con Gazprom por este concepto hasta 2013 era de 3,7 miles de millones de $, unas cuatro veces el PIB transnistrio. Se trata pues de una herramienta con dos funciones básicas: supone el mayor subsidio (indirecto) de Rusia a Transnistria, y a su vez representa un elemento de presión de Moscú sobre la República de Moldavia, ya que en tanto que el Kremlin no ha reconocido la independencia de la RMP puede en cualquier momento reclamar esta deuda a Chisinau.

Otro agente externo del cual la RPM es dependiente es la propia República de Moldavia, sobre todo a nivel comercial. Así, no solamente es su principal destino exportador, sino que desde 2006 toda empresa transnistria que desee exportar legalmente sus productos al exterior está obligada a registrar su negocio en un juzgado en Chisinau, con lo que los productos exportados por la RMP figuran como fabricados en Moldavia.

En el año 2006 se inauguró un nuevo formato en las relaciones entre Tiraspol y Chisinau, en el marco conocido como 5+2 (Rusia, la República de Moldavia, Transnistria, Ucrania y la OSCE, más la UE y los EEUU como observadores). Según Piotr Pasat, vicepresidente de la Comisión de Exteriores del parlamento de la RMP, se trata de un hecho positivo, en tanto que permitió abrir un canal de comunicación más directa, fomentando un diálogo regular que ha producido algunos resultados, principalmente en materia de libre circulación de personas, educación y transportes. La propia Nina Shtanski, Ministra de Exteriores de la RMP reconoce que esta táctica de “pequeños pasos” ha supuesto un cierto avance, y que su principal objetivo ha sido abordar los problemas socioeconómicos de los habitantes de Transnistria y la República de Moldavia derivados del conflicto. Sin embargo, denuncia también una guerra encubierta por parte de Chisinau, en tanto que -según la Ministra- su gobierno regularmente introduce nuevas restricciones discriminatorias contra los productores transnitrios, además de haber abierto decenas de procesos judiciales contra miembros del gobierno de la RMP, generando un clima de progresivo deterioro de las relaciones bilaterales en el último año.

La entrada en vigor de manera provisional del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de Moldavia supone otro motivo de fricción entre Chisinau y Tiraspol. Según Shtanski el AA y la zona de libre comercio entre Moldavia y la UE ignoran por completo los intereses de la Transnistria, una situación que -añade- amenaza con una nueva ronda de bloqueo económico de la región, como el que ya se produjo en 2006.

En palabras de Piotr Pasat, las dos prioridades en materia exterior de la RMP hasta el momento han sido, por una parte el acercamiento a Rusia y la Unión Eurasiática, y por otra la normalización de relaciones con la República de Moldavia. El Acuerdo de Asociación pone en riesgo este frágil equilibrio, sobre todo en materia comercial, puesto que a partir de ahora los productores transnistrios tendrán que afrontar un régimen tarifario mucho más duro en su comercio con la UE, siendo catalogados como “productos de origen no específico”, a los cuales se les aplican las tarifas aduaneras más elevadas. En consecuencia, eso obligará a una mayor apuesta por el vector ruso y a una mayor integración en el espacio económico impulsado por Moscú para mantener sus cuotas de comercio exterior, un objetivo muy complejo dado el aislamiento geográfico en el que se encuentra.

Por último, Ucrania juega también un papel muy relevante en la cuestión, con importantes vínculos empresariales y políticos con las élites de la RMP. El puerto de Odesa es precisamente la principal puerta de la Transnistria hacia el mundo, tanto por lo que respecta a exportaciones como a importaciones. El comercio entre Ucrania y Transnistria cayó un 60% durante 2014, y en ese mismo periodo se han incrementado los controles de frontera en la parte ucraniana, sobre todo a los ciudadanos de la RMP con pasaporte ruso (unos 150.000), así como la presencia militar ucraniana en la zona.

A diferencia de otros conflictos territoriales que estallaron a raíz de la caída de la Unión Soviética, el de Tansnistria se caracteriza por su nulo nivel de violencia desde que concluyeran las hostilidades en 1992. La indiferencia con la que muchos ciudadanos tanto de la RMP como de la República de Moldavia perciben la cuestión es uno de los pilares que garantizan una cierta estabilidad en la región. En este sentido, una remilitarización parece en estos momentos altamente improbable, con lo que el de Transnistria es a día de hoy el más “congelado” de todos los conflictos que existen en el territorio de la antigua URSS.

Desde el punto de vista de los intereses Moscú, la RMP es sobre todo un elemento de presión sobre Chisinau con el objetivo de intentar mantener a Moldavia dentro de su esfera de influencia. En consecuencia, su escenario más favorable es el de una Transnistria integrada en Moldavia con un modelo de estructura política similar al de Bosnia-Herzegovina, como ya proponía el Memorando Kozak elaborado por Moscú en el 2003 para la resolución del conflicto.

En un contexto en el que tanto Chisinau como Kiev han acelerado su integración en el espacio económico y político de la UE, mediante la firma de sendos Acuerdos de Asociación, y con una creciente hostilidad de ambos gobiernos respecto a Rusia, las perspectivas de subsistencia de la RMP son poco favorables a corto y medio plazo, sin salida al mar, sin aeropuerto, y completamente rodeadas por un bloque cada vez más hostil. A este hecho se le suma la crisis financiera que atraviesa la propia Federación Rusa, la cual posiblemente obligue al Kremlin a revisar las subvenciones y ayuda que destina a la RMP. Precisamente el próximo septiembre se celebra el 25 aniversario de la proclamación de independencia de la República Moldava Pridnestroviana. Los acontecimientos de los próximos meses determinaran si el miedo o la esperanza presiden los actos de celebración.

Pocos economistas han recibido más atención internacional que Yanis Varoufakis en estos últimos días. Yanis Varoufakis, la estrella económica del gobierno de Tsipras, profesor de economía en la universidad de Austin, ha recibido tanta atención como críticas durante esta semana, incluyendo puestas en duda sobre su  valía académica, su orientación política  o su forma de entender la economía.

Sin embargo, Varoufakis es un viejo conocido de la economía llamada “heterodoxa”. Su nombre puede verse en algunos manifiestos, memorandos y propuestas para  una política económica alternativa, y ha estado vinculado a algunos de los espacios más innovadores en materia de política económica, como es el INET (Institute for a New Economic Thinking, patrocinado por el magnate y filántropo George Soros). Su último libro,  “El Minotauro Global”, fue editado en Español en 2012 y recibió en su momento  buenas críticas.

Es pronto para conocer cuáles son los planes de Varoufakis y de Tsipras en la negociación que necesariamente quiere abrir sobre la continuidad del programa de ajuste en Grecia, ya que apenas han comenzado a darse los primeros pasos de gobierno. En Agenda Pública  y en otros medios no faltarán análisis y referencias a los diferentes enfoques que dicha estrategia negociadora puede seguir, y el posterior desarrollo de los acontecimientos puede devenir en nuevos análisis y nuevas propuestas.

Pero, ¿qué visión sostiene Varoufakis sobre el conjunto de la Unión Europea, de la gestión de la Eurozona? ¿Irá al eurogrupo con el único objetivo de defender los intereses de su economía –lo cual ya sería bastante- o podrá ejercer influencia en el desarrollo de la política económica de la zona Euro?

De hecho, Varoufakis tiene propuesta para toda la eurozona, y, sorprendentemente, sus propuestas no sólo han sido realistas sino que en buena parte ya se han hecho realidad. En Julio de 2013, Yanis Varoufakis publicó, conjuntamente con Stuart Holland  y con  James K. Galbraith, un memorando sobre la crisis de la Eurozona, al que denominaron “A modest proposal for resolving the eurozone crisis” (Una propuesta modesta para la resolución de la crisis de la Eurozona). El documento parte de la idea de proponer una serie de reformas políticas y económicas que, sin suponer una alteración de los tratados de la Unión Europea, podrían llevarse a cabo para mejorar sustancialmente la situación de las economías europeas.

Los tres autores inician su análisis del reconocimiento de cuatro ámbitos interrelacionados sobre los que se desarrolla la crisis (crisis bancaria, crisis de deuda, crisis de inversiones y crisis social), y reconocen cuatro restricciones para el desarrollo de sus políticas:

a) El Banco Central Europeo no comprará deuda pública directamente a los estados miembros.

b) El programa OMT (Outright Monetary Transactions, el programa del Banco Central Europeo que en septiembre de 2012 apaciguó los mercados), será tolerado en la medida en que no se ponga efectivamente en marcha.

c) Los países con superávit no permitirán la mutualización de la deuda de los países con déficit.

d) No se puede esperar a convertir la Unión Europea en una Federación.

Con estas restricciones, Varoufakis, Holland y Galbraith proponen una serie de medidas para el alivio de la situación de la eurozona, centradas en mitigar cada una de las dimensiones que han identificado en la crisis: bancaria, deuda, inversiones y social.

En relación con la  crisis Bancaria, los autores proponen avanzar en un mecanismo de apoyo “caso por caso” para los bancos en problemas. Según su esquema, en caso de una crisis de un banco, las autoridades nacionales deberían ceder sus responsabilidades de gestión de la crisis al Banco Central Europeo y al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), quien tomaría las decisiones correspondientes a dicho banco. Sería en ese caso el MEDE quien recapitalizase y operase el banco hasta su completo saneamiento. Su propuesta se basaba en la hipótesis de que la Unión Bancaria tardaría demasiado en llegar y que una figura intermedia como la propuesta podría facilitar el proceso.

En relación con la  crisis de deuda, el documento diseña un mecanismo de conversión de aquella deuda por debajo del 60% del PIB (El límite permitido por Maastrich) en deuda no negociable situada en el Banco Central Europeo. El resto de la deuda seguiría en los mercados. El Banco Central Europeo emitiría deuda propia para financiar la conversión, que además sería garantizada por el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

En tercer lugar, y para solventar la  crisis de inversiones, los autores proponen la puesta en marcha de un programa de inversiones para la recuperación y convergencia, financiado a través de bonos emitidos en el marco del Banco Europeo de Inversiones, dirigido a financiar inversiones en el ámbito de la salud, la educación, la tecnología verde, las energías renovables y la renovación urbana. El documento propone que dichos bonos no necesitarían ningún mecanismo de garantía fiscal de lo estados miembros, y que, llegado el caso, el Banco Central Europeo podría comprar dichos bonos en el mercado secundario para mantener sus tipo de interés bajo.

Por último, el documento sugiere la puesta en marcha de un programa de solidaridad frente a la  emergencia social, pensado para garantizar el acceso a la nutrición y a la energía para todos los europeos, de manera equivalente al programa de cupones de comida de Estados Unidos. La financiación para dicho programa podría originarse en los intereses acumulados a través del sistema de préstamos interbancarios del sistema europeo de bancos centrales (TARGET2), o de otras transacciones financieras.

Cuatro propuestas que los autores consideran realistas y que podrían servir para mitigar los perniciosos efectos de la crisis en sus múltiples dimensiones, evitando la modificación de los tratados y permitiendo una mejora sustancial de las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía europea.

El documento está firmado en Julio de 2013, y muchas cosas han ocurrido desde entonces. Los posteriores desarrollos de la UE en la gestión de la crisis no sólo están en consonancia con las propuestas de Varoufakis, Holland y Galbraith, sino que en algunos casos incluso las han superado.

En el ámbito bancario, la Unión Europea ha culminado su proceso de puesta en marcha de la  Unión Bancaria, adelantándose de esta manera los presagios de los autores. La gestión del MEDE y del Banco Central Europeo en el Mecanismo Único de supervisión y de resolución bancaria, así como la utilización del MEDE como instrumento de recapitalización bancaria, suponen un paso en una dirección similar a la propuesta por el documento.

La gestión de la deuda sigue siendo un grave problema para la Unión Europea, pero la puesta en marcha del  Quantitative Easing en marzo de 2016 comporta algunas características similares a las ofrecidas por los autores. El Banco Central Europeo comprará deuda pública a largo plazo hasta su término, emitiendo para su financiación no instrumentos de deuda, sino reservas. Los límites establecidos para la compra de deuda nacional están por debajo del límite del 60% del PIB (sólo se podrá comprar un 33% de la deuda emitida por cada estado miembro), lo cual permitirá rebajar sustancialmente los costes de financiación de dicha deuda, que además tendrá un importante grado de mutualización no sólo a través del 20% mutualizado, sino  a través de los mecanismos de compensación interbancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales (TARGET2). El objetivo del QE no es en modo alguno rebajar la presión sobre la deuda soberana, pero sí será uno de sus efectos positivos colaterales.

En el plano del plan de inversiones, la propuesta de Juncker para la elaboración de un plan de inversiones en la Unión Europea  va de hecho más allá del planteado por los autores, usando no sólo el Banco Europeo de Inversiones (BEI), sino también la garantía del presupuesto comunitario y la de aquellos países que, de manera voluntaria, quieran contribuir al mismo sin que estas contribuciones sean consideradas déficit público por la comisión. Adicionalmente, la compra, por parte del Banco Central Europeo, de bonos del BEI en el marco del QE rebajarán sus costes de financiación y le permitirán ampliar su propio balance.

Por último, en el ámbito de lo social, y pese a los avances establecidos con la puesta en marcha de mecanismos de apoyo para la situación social a través del Fondo Social Europeo o la puesta en marcha del  Fondo Europeo para los más desfavorecidos, no se puede decir que la Unión Europea haya avanzado demasiado. El Fondo Europeo para los más desfavorecidos tiene una dotación de 3800 millones de euros para 7 años, absolutamente insuficiente para atender las más mínimas necesidades, y el Fondo Social Europeo, que incluye la inclusión social entre sus prioridades para el período 2014-2020, no permite, por ejemplo, atender programas de garantía de rentas.

Varoufakis, Holland y Galbraith no son revolucionarios, profetas ni visionarios. Su objetivo no era “adivinar” el futuro, sino ofrecer alternativas realistas, audaces y coherentes para mitigar la crisis de la Eurozona y de la Unión Europea. Lo relevante de estas propuestas no es su capacidad anticipatoria, sino la virtud de dibujar un escenario en línea con el que, a través de la negociación y la armonización de intereses nacionales en franco conflicto entre las  “tres Europas”, se ha conseguido ir materializando durante estos años de crisis.

Con otros muchos economistas, tantos que no cabe aquí citar, Varoufakis ha contribuido a dar forma a propuestas que las grandes fuerzas políticas europeas han ido materializando más despacio de lo necesario, más limitadas de lo conveniente, más pequeñas de lo deseado. Esa ha sido hasta el momento su pequeña victoria. Ahora, se sentará en el ECOFIN para ser protagonista en primera persona de los cambios necesarios. Si el flamante y polémico ministro de finanzas griego mantiene abierta la puerta de la negociación y no opta por una estrategia rupturista, sus propuestas pueden ayudarnos salir del impasse en el que nos encontramos. Del nivel de entendimiento que alcance con sus colegas de la Unión Europea y la Eurozona, y de la voluntad de no dejarse llevar por tacticismos de bajos vuelos, depende el futuro de Grecia y en buena parte el futuro de lo que será la Unión Europea de los próximos años.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

¿Es la Grecia de SYRIZA un “caballo de Troya” de Putin para influir desde dentro en la UE? Aunque muy repetida estos días, la idea tampoco es nueva: un informe del think tank ECFR de 2007 ya usaba este símil refiriéndose al país heleno —gobernado entonces por el centroderecha de Nueva Democracia—, situándolo junto con Chipre como los dos Estados miembros más próximos a Moscú; aunque con un peso reducido en las posiciones comunes de la Unión. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de una “conexión rusa” que explique las decisiones de Grecia a partir de ahora?

Aparte de vínculos culturales e históricos, como el cristianismo ortodoxo, existen importantes lazos comerciales. Rusia es el principal exportador a Grecia, por encima de Alemania, y le suministra dos tercios del gas natural que consume. La compañía rusa Gazprom llegó a considerar la adquisición de DEPA, el monopolio público griego abierto a la privatización; aunque finalmente retiró su oferta. Atenas ya consiguió el pasado año una rebaja del 15% en el precio del gas, debido a sus dificultades económicas; pero está negociando en este momento con Moscú una flexibilización de las cláusulas “take or pay” en los contratos vigentes, que le obligarían a pagar una penalización de 100 millones de euros al haberse reducido su consumo como resultado de la crisis. Por tanto, existe una dependencia energética que, si bien no es tan acusada como la de otros países europeos que reciben la práctica totalidad de su gas de Gazprom, sí es suficiente para condicionar su relación en el ámbito político.

Las sanciones y contrasanciones entre la UE y Rusia a raíz del conflicto de Ucrania han dañado seriamente a la ya maltrecha economía griega. El turismo, que representa el 16% del PIB griego, se ha visto perjudicado por la depreciación del rublo y la consiguiente disminución del número de turistas rusos, uno de los mercados emisores más atractivos y de crecimiento más rápido. En cuanto al embargo ruso de exportaciones agroalimentarias europeas, Grecia no es en general uno de los países más afectados, salvo en productos concretos como la fresa o el melocotón: la mitad y un cuarto de su producción, respectivamente, tenían como destino Rusia. A esto se añaden los efectos negativos en los precios de la saturación del mercado interno por el excedente resultante. Moscú se ha mostrado receptiva también a considerar una hipotética petición griega de ayuda financiera, que podría ser útil para Atenas como complemento a la proporcionada por la troika; aunque los problemas internos de la economía rusa harían difícil poner en práctica esta opción. Todo esto contribuye a explicar, en parte, la oposición de Atenas a nuevas sanciones contra Moscú.

En cuanto a la política exterior, Tsipras ha realizado críticas muy duras al gobierno ucraniano surgido del Euromaidán, enfatizando —probablemente en exceso— el protagonismo de la ultraderecha xenófoba en la revolución y después entre las nuevas autoridades de Kiev; un argumento en el que coincide sustancialmente con otros partidos con los que comparte grupo en el Parlamento Europeo, como IU o Podemos. Esta retórica es recibida muy negativamente por otros países de la UE que se han situado claramente del lado ucraniano en su conflicto armado con Rusia; los cuales acusan a Grecia de emplear idénticos argumentos a los difundidos por Moscú como justificación de su invasión de Crimea y el Donbass. Pero más que de una SYRIZA prorrusa per se, que considerase legítima la intervención militar contra Ucrania, se trata ante todo de una mera continuación de sus críticas a Bruselas acerca de las políticas de austeridad, que les lleva a mostrarse igualmente opuestos a otras posiciones europeas en el marco de su estrategia para presionar a la Unión. Existe también una cierta inercia de la Guerra Fría —apreciable entre algunos sectores de la izquierda europea— al percibir erróneamente a Moscú como protección frente a la hegemonía estadounidense; olvidando los valores ultraconservadores y el capitalismo oligárquico en los que se apoya el régimen de Putin. En el caso de Ucrania, la propaganda del Kremlin presentando su intervención como una “lucha antifascista” ha llegado a atraer voluntarios comunistas de diversos países, que luchan junto a combatientes procedentes de la ultraderecha rusa.

En cuanto a la conexión ideológica, han existido reuniones de miembros de SYRIZA y de su socio ANEL con Alexander Dugin, académico ruso conocido por su defensa de la teoría conocida como eurasianismo. Las ideas eurasianistas, de larga tradición en la extrema derecha rusa, engloban un nacionalismo radical basado en el temor a la supuesta influencia destructiva de Occidente, reivindicando en cambio la superioridad de una “civilización eurasiática” que legitimaría la expansión imperial de Rusia en el espacio de la antigua URSS. Sin embargo, hay que decir también que el eurasianismo tiene una escasa influencia real en el reducido círculo del Kremlin —mucho más pragmático que ideológico— donde se toman las decisiones, precisamente por vincularse a los delirios conspiranoicos de figuras marginales como Dugin. Lo que está sucediendo a partir del conflicto de Ucrania es que el Kremlin emplea una retórica mucho más agresiva, tomando argumentos geopolíticos ya empleados antes por los eurasianistas; pero lo hace como mero instrumento propagandístico para difundir una imagen amenazadora de Occidente. Esto no implica en modo alguno que Dugin esté dictando la política exterior rusa; de hecho, éste ha impulsado en el pasado movimientos radicales de oposición como el Partido Nacional-Bolchevique creado junto al escritor Eduard Limonov; y se ha quejado recientemente en público de no ser escuchado en los círculos de poder.

Los contactos con Rusia de SYRIZA se explican así, más que por una adhesión ideológica a la doctrina eurasianista —a la que tampoco se puede adscribir realmente al propio Putin, como hemos visto—, por su trayectoria de búsqueda de apoyos internacionales desde la oposición, en una línea de crítica generalizada a EE.UU. y la UE en la que existen ciertamente coincidencias discursivas con Moscú. Sin embargo, sería exagerado incluir a la formación de Tsipras en un supuesto eje de movimientos radicales europeos de extrema izquierda y extrema derecha directamente controlados por el Kremlin: más aún, cuando uno de los principales rivales de la coalición de Tsipras es la formación neonazi Amanecer Dorado, mucho más similar a la ultraderecha rusa tanto en ideas como en tácticas. El mayor riesgo de actuar como “caballo de Troya” ruso lo puede representar no tanto SYRIZA —que ya está mostrándose más pragmática desde que ocupa el gobierno— como su socio de gobierno ANEL: su populismo nacional-patriótico y xenófobo crea un lenguaje común con Moscú que, unido a la personalidad de su líder Panos Kammenos, ahora ministro de Defensa, dará seguramente numerosos titulares en el futuro.

Eso hemos tenido, en consonancia con el tiempo casi veraniego de los últimos días de diciembre y primeros de enero, a su vez acorde con lo dictaminado por investigadores estadounidenses, cuyos estudios han confirmado que la temperatura promedio mundial en 2014 fue la más alta desde que se comenzó a tomar registro del clima en 1880.

Comencemos por el 18 de diciembre, día en el que el Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, emitía su esperado Dictamen 2/13, sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en consecuencia, sobre su sometimiento, en el contexto de dicho Convenio, al control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

El Dictamen se enmarca en un control previo por el TJUE acerca de la compatibilidad con los Tratados de la Unión Europea del Proyecto de acuerdo sobre la referida adhesión, impuesta por los propios Tratados tras la última reforma de Lisboa.

Pues bien, he aquí que tras tres años de arduas negociaciones entre la Unión y el Consejo de Europa, en las que estuvieron muy presentes las objeciones iniciales planteadas motu proprio por el TJUE, aparentemente salvadas por el Proyecto según consideraron no sólo las Instituciones políticas europeas (Consejo, Comisión y Parlamento), sino también la totalidad de los Estados miembros de la Unión que intervinieron en el procedimiento ante el Tribunal (24 de los 28 socios), éste ha considerado finalmente que el Proyecto no era compatible con el Derecho constitucional de la Unión

No es este el momento ni el lugar, como es obvio, para adentrarse en un análisis pormenorizado del razonamiento del TJUE a lo largo de más de cien fundamentos para llegar a semejante conclusión.

Sí en cambio para apuntar que tras dicho razonamiento parece subyacer una desconfianza hacia el control externo del Derecho de la Unión por un sistema, el del Consejo de Europa, en el que están integrados no sólo los 28 Estados de la Unión, sino otros muchos (hasta 47), incluida la Federación Rusa, y Serbia y Turquía (estos dos últimos, negociando desde hace años su adhesión a la Unión). Y que, más allá del discutible soporte jurídico de la defensa a ultranza por Luxemburgo de la “autonomía” del sistema de la Unión: 1) resultará difícil explicar a los ciudadanos de la Unión por qué sus sistemas nacionales de protección de derechos fundamentales, incluidos en el entramado de protección sus Tribunales Supremos/Constitucionales, están sometidos al escrutinio de Estrasburgo, y no así el sistema de protección de la Unión, incluido el TJUE; 2) resultará también difícil, teniendo en cuenta las objeciones del Dictamen, convencer en su caso a los Estados miembros del Consejo de Europa que no lo son de la Unión para sentarse de nuevo a negociar sobre más concesiones a ésta que no disfrutan los demás; 3) lo cual, a su vez, dificultará cumplir con el mandato de adhesión impuesto a la Unión por sus propios Tratados (salvo revisión de éstos), pudiendo, por otro lado, servir de acicate para que Estrasburgo reconsidere su hasta ahora actitud deferente hacia el control sobre los Estados de la Unión cuando actúan bajo el paraguas de ésta, particularmente en el terreno del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (que incluye temas actuales y delicados como la inmigración o el terrorismo).

Cambiando de tercio, el mismo 18 de diciembre nuestro Tribunal Constitucional dictaba una Sentencia avalando la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, adoptada en desarrollo del polémico artículo 135 de la Constitución, reformado en septiembre de 2011 con el Derecho de la Unión (además de las presiones de los mercados) como telón de fondo.

Lo más llamativo de esta importante Sentencia, que aborda cuestiones concernientes a la naturaleza de las leyes orgánicas (cuya aprobación requiere mayorías reforzadas en el Parlamento) y al grado de posible injerencia del Estado en el ámbito autonómico, es que fue dictada por 7 votos contra 5, exteriorizando la fractura de un Tribunal que está, a ojo de la opinión pública, bajo sospecha de politización y dividido en bloques, “conservador” y “progresista”.

En tercer lugar, el 14 de enero presentaba sus Conclusiones en Luxemburgo el Abogado General del TJUE Cruz Villalón (quien fuera Presidente de nuestro TC), sobre la interpretación de los Tratados de la Unión solicitada por vez primera en la historia de la integración europea por el Tribunal Constitucional Federal alemán, en relación con los poderes de intervención del Banco Central Europeo en el contexto de la profunda crisis económica en la que la zona euro está instalada desde hace tiempo.

La luz verde de dichas Conclusiones al BCE para la compra de deuda pública en el mercado secundario, aún preliminar (en espera de su más que probable confirmación por el propio TJUE) y sometida a ciertas condiciones, se ha visto ya reflejada, en apenas una semana, en el anuncio por su Presidente de la inversión de más de un billón de euros en activos hasta 2016 (dejando abiertas las puertas a continuar invirtiendo más allá de dicha fecha mientras el BCE no alcance su objetivo de estabilidad de precios, con una inflación del 2%).

En fin, un día antes, el 13 de enero, el Tribunal Supremo anunciaba la Sentencia del Pleno de su Sala de lo Penal, por 9 votos contra 6, desestimatoria del recurso de un preso de ETA en el que solicitaba que se tuviera en cuenta los años de prisión cumplidos en Francia a los efectos de computar el tiempo máximo de 30 años de la condena en España.

Se apartaba así el TS no sólo del criterio de la Audiencia Nacional, que había llevado a ésta a excarcelar en diciembre a otros presos de ETA, sino del seguido por él mismo en su Sentencia de 13 de marzo de 2014, mediante una interpretación conforme de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal con una Decisión Marco de la Unión Europea de 2008 (lo cual difiere técnicamente, conviene advertir y subrayar, de una aplicación directa de esta última, descartada expresamente por los Tratados de la Unión).

Tal cambio de criterio responde a la reciente Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, por la que se procedió tardíamente a transponer la mencionada Decisión europea en el Derecho español (el plazo concluía el 15 de agosto de 2010). Concretamente, y con aires no lejanos a la doctrina Parot enmendada hace unos meses por Estrasburgo, responde a lo establecido por su disposición adicional única, según la cual “en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010”.

Y digo yo que amén de las reflexiones que necesariamente han de provocar el cambio climático y el calentamiento global, y de las que los juristas, politólogos y economistas dediquen los próximos meses a los importantes pronunciamientos judiciales referidos, todos ellos conectados con el Derecho europeo, no estaría de más, habida cuenta de tal conexión, plantearse un reforzamiento del estudio de éste en nuestra Universidad y en las oposiciones a las altas funciones legales de nuestro país (incluida la del acceso a la carrera judicial, cuyo programa dedica 2 temas, de entre más de 350, a los fundamentos del Derecho de la Unión…).

Eso hemos tenido, en consonancia con el tiempo casi veraniego de los últimos días de diciembre y primeros de enero, a su vez acorde con lo dictaminado por investigadores estadounidenses, cuyos estudios han confirmado que la temperatura promedio mundial en 2014 fue la más alta desde que se comenzó a tomar registro del clima en 1880.

Comencemos por el 18 de diciembre, día en el que el Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, emitía su esperado Dictamen 2/13, sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en consecuencia, sobre su sometimiento, en el contexto de dicho Convenio, al control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

El Dictamen se enmarca en un control previo por el TJUE acerca de la compatibilidad con los Tratados de la Unión Europea del Proyecto de acuerdo sobre la referida adhesión, impuesta por los propios Tratados tras la última reforma de Lisboa.

Pues bien, he aquí que tras tres años de arduas negociaciones entre la Unión y el Consejo de Europa, en las que estuvieron muy presentes las objeciones iniciales planteadas motu proprio por el TJUE, aparentemente salvadas por el Proyecto según consideraron no sólo las Instituciones políticas europeas (Consejo, Comisión y Parlamento), sino también la totalidad de los Estados miembros de la Unión que intervinieron en el procedimiento ante el Tribunal (24 de los 28 socios), éste ha considerado finalmente que el Proyecto no era compatible con el Derecho constitucional de la Unión

No es este el momento ni el lugar, como es obvio, para adentrarse en un análisis pormenorizado del razonamiento del TJUE a lo largo de más de cien fundamentos para llegar a semejante conclusión.

Sí en cambio para apuntar que tras dicho razonamiento parece subyacer una desconfianza hacia el control externo del Derecho de la Unión por un sistema, el del Consejo de Europa, en el que están integrados no sólo los 28 Estados de la Unión, sino otros muchos (hasta 47), incluida la Federación Rusa, y Serbia y Turquía (estos dos últimos, negociando desde hace años su adhesión a la Unión). Y que, más allá del discutible soporte jurídico de la defensa a ultranza por Luxemburgo de la “autonomía” del sistema de la Unión: 1) resultará difícil explicar a los ciudadanos de la Unión por qué sus sistemas nacionales de protección de derechos fundamentales, incluidos en el entramado de protección sus Tribunales Supremos/Constitucionales, están sometidos al escrutinio de Estrasburgo, y no así el sistema de protección de la Unión, incluido el TJUE; 2) resultará también difícil, teniendo en cuenta las objeciones del Dictamen, convencer en su caso a los Estados miembros del Consejo de Europa que no lo son de la Unión para sentarse de nuevo a negociar sobre más concesiones a ésta que no disfrutan los demás; 3) lo cual, a su vez, dificultará cumplir con el mandato de adhesión impuesto a la Unión por sus propios Tratados (salvo revisión de éstos), pudiendo, por otro lado, servir de acicate para que Estrasburgo reconsidere su hasta ahora actitud deferente hacia el control sobre los Estados de la Unión cuando actúan bajo el paraguas de ésta, particularmente en el terreno del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (que incluye temas actuales y delicados como la inmigración o el terrorismo).

Cambiando de tercio, el mismo 18 de diciembre nuestro Tribunal Constitucional dictaba una Sentencia avalando la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, adoptada en desarrollo del polémico artículo 135 de la Constitución, reformado en septiembre de 2011 con el Derecho de la Unión (además de las presiones de los mercados) como telón de fondo.

Lo más llamativo de esta importante Sentencia, que aborda cuestiones concernientes a la naturaleza de las leyes orgánicas (cuya aprobación requiere mayorías reforzadas en el Parlamento) y al grado de posible injerencia del Estado en el ámbito autonómico, es que fue dictada por 7 votos contra 5, exteriorizando la fractura de un Tribunal que está, a ojo de la opinión pública, bajo sospecha de politización y dividido en bloques, “conservador” y “progresista”.

En tercer lugar, el 14 de enero presentaba sus  Conclusiones en Luxemburgo el Abogado General del TJUE Cruz Villalón (quien fuera Presidente de nuestro TC), sobre la interpretación de los Tratados de la Unión solicitada por vez primera en la historia de la integración europea por el Tribunal Constitucional Federal alemán, en relación con los poderes de intervención del Banco Central Europeo en el contexto de la profunda crisis económica en la que la zona euro está instalada desde hace tiempo.

La luz verde de dichas Conclusiones al BCE para la compra de deuda pública en el mercado secundario, aún preliminar (en espera de su más que probable confirmación por el propio TJUE) y sometida a ciertas condiciones, se ha visto ya reflejada, en apenas una semana, en el anuncio por su Presidente de  la inversión de más de un billón de euros en activos hasta 2016 (dejando abiertas las puertas a continuar invirtiendo más allá de dicha fecha mientras el BCE no alcance su objetivo de estabilidad de precios, con una inflación del 2%).

En fin, un día antes, el 13 de enero, el Tribunal Supremo anunciaba la Sentencia del Pleno de su Sala de lo Penal, por 9 votos contra 6, desestimatoria del recurso de un preso de ETA en el que solicitaba que se tuviera en cuenta los años de prisión cumplidos en Francia a los efectos de computar el tiempo máximo de 30 años de la condena en España.

Se apartaba así el TS no sólo del criterio de la Audiencia Nacional, que había llevado a ésta a excarcelar en diciembre a otros presos de ETA, sino del seguido por él mismo en su Sentencia de 13 de marzo de 2014, mediante una interpretación conforme de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal con una Decisión Marco de la Unión Europea de 2008 (lo cual difiere técnicamente, conviene advertir y subrayar, de una aplicación directa de esta última, descartada expresamente por los Tratados de la Unión).

Tal cambio de criterio responde a la reciente Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, por la que se procedió tardíamente a transponer la mencionada Decisión europea en el Derecho español (el plazo concluía el 15 de agosto de 2010). Concretamente, y con aires no lejanos a la doctrina Parot enmendada hace unos meses por Estrasburgo, responde a lo establecido por su disposición adicional única, según la cual “en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010”.

Y digo yo que amén de las reflexiones que necesariamente han de provocar el cambio climático y el calentamiento global, y de las que los juristas, politólogos y economistas dediquen los próximos meses a los importantes pronunciamientos judiciales referidos, todos ellos conectados con el Derecho europeo, no estaría de más, habida cuenta de tal conexión, plantearse un reforzamiento del estudio de éste en nuestra Universidad y en las oposiciones a las altas funciones legales de nuestro país (incluida la del acceso a la carrera judicial, cuyo programa dedica 2 temas, de entre más de 350, a los fundamentos del Derecho de la Unión…).

El Eurobarómetro de otoño de 2014 volvió a retratar una opinión pública europea dividida en función de líneas territoriales

La Gran Recesión ha modificado las actitudes de los ciudadanos hacia la UE (imagen de la UE, confianza en las instituciones, satisfacción con la democracia, etc.), dejando muy atrás las correcciones democráticas que a lo largo del proceso de integración política se fueron introduciendo en los procedimientos de toma de decisiones: mayores atribuciones para el Parlamento Europeo, introducción de la iniciativa ciudadana, mayor implicación de los Parlamentos estatales, mayor trasparencia, entre otras.

Las debilidades del diseño institucional de la Eurozona y el sesgo de la propia política monetaria ante una crisis económica y financiera de dimensiones inesperadas han desencadenado una crisis de representación política y desvirtuado el proyecto europeo de cooperación y solidaridad.

El último Eurobarómetro semestral publicado, en diciembre de 2014, vuelve a retratar la fractura en las actitudes hacia la UE entre europeos del Norte y del Sur.

Así, como podemos observar en el primer gráfico, mientras 6 de cada 10 ciudadanos de dos de los principales aliados de Alemania en la Eurozona, Finlandia (62%) y Países Bajos (60%), muestran su total acuerdo con la afirmación “Mi voz cuenta en Europa”, en España (26%), Portugal (25%), Italia (23%) y Grecia (23%), sostienen esta afirmación menos de 3 de cada 10.

Nótese también que el mayor grado de satisfacción se produce en dos países del Norte no miembros de la Eurozona: Suecia (72%) y Dinamarca (68%); pero, el Reino Unido (26%) se sitúa en este terreno próximo al antedicho grupo de países del Sur.

En “La fractura democrática en la UE: ¿encaminados hacia la tormenta perfecta?”, Sonia Alonso nos advertía de la creciente fragmentación en líneas territoriales de la opinión pública europea, así como de la necesidad de analizar la “fractura democrática” (o la distancia que se ha ido abriendo en materia de legitimidad democrática entre algunos países del Norte y del Sur de Europa) en dos niveles.

Observando el ámbito doméstico, la diferencia en la satisfacción con la democracia “estatal” de algunos países del Norte respecto a algunos países del Sur ha pasado en los últimos diez años del 21% al 46%. Además, de 2002 a 2012, el contraste en los niveles de confianza política entre países del Sur y del Norte de la UE ha aumentado del 9% al 32% en el caso de los gobiernos, y desde el 6% al 25% en relación a los partidos políticos.

Examinando la fractura a escala europea, la desconfianza hacia las instituciones supraestatales se acompaña de una caída de confianza en las instituciones estatales en países del Sur, pero no así en países del Norte, donde no solo aumentan las expectativas electorales de partidos nacionalistas de derecha sino también partidos de tradición europeísta se desplazan a posiciones más nacionalistas.

Los datos de encuesta del Eurobarómetro representados en el primer gráfico, pueden completarse con los resultados de la primera fase del proyecto “Horizonte Unión Europea”, organizada por Notre Europe – Jacques Delors Institute, que se han obtenido en grupos de discusión conducidos en 18 Estados miembros, entre el 7 de diciembre de 2013 y el 3 de enero de 2014.

Estos datos cualitativos nos informan de las principales razones del descontento ciudadano con la UE en cada país: en Grecia, la incapacidad para evitar situaciones de crisis; en Italia, la responsabilidad en el origen de la crisis; en España, la desigualdad y los desequilibrios entre Estados miembros; etc. Asimismo, nos alertan del deterioro de la imagen de la UE en Alemania y Francia. La UE “ya no es lo que era”, expresan los ciudadanos germanos.

El Eurobarómetro nos apunta además que el elemento que más reforzaría el sentimiento de ser ciudadana/o europea/o sería la armonización del sistema de protección social (sanidad, educación, pensiones, etc.), como se refleja en el segundo gráfico.

En este gráfico, llama la atención en general la mayor consideración de los elementos socioeconómicos, como cobrar la pensión de jubilación en cualquier país o pagar menos por el uso del teléfono móvil, sobre los políticos, como la elección directa de un Presidente de la UE o el derecho de voto en las elecciones generales del Estado miembro de residencia sin tener la nacionalidad.

La Gran Recesión ha consolidado la (buscada o no) hegemonía germana, así como evidenciado la falta de capacidad de los gobiernos del Sur, hasta el momento, para articular una alternativa política y negociar una salida de la crisis menos gravosa para sus ciudadanos.

Si completar la unión fiscal y política en la Eurozona y convertirla en una Federación es incluso menos fácil en este tiempo de desencuentro entre los intereses (y las ideas) de algunos países del Norte y del Sur, como argumentaba Toni Roldán en “Una tercera vía es posible en la eurozona”, actuar en un frente común en los países del Sur parece la mejor solución; añadimos, no solo para completar el diseño institucional de la Eurozona, sino también para corregir la “fractura democrática”, tanto en lo que tiene que ver con la legitimidad de las instituciones de la UE, como la confianza en los partidos y en los gobiernos de estos Estados.

El nuevo gobierno heleno encabezado por el líder de la Izquierda Europea puede facilitar la entrada de este asunto en la agenda política de la UE. En cualquier caso, desde el Sur, debemos tejer alianzas para empezar a corregir la fractura de la opinión pública europea en función de líneas territoriales.

Lutz Bachmann, el promotor y rostro visible de la organización islamófoba germana Pegida, ha dimitido de sus responsabilidades en la misma tras divulgarse una imagen que colgó en Facebook hace tres años caracterizado como Adolf Hitler, en el marco de una supuesta broma. Su gesto ha obedecido a que los impulsores de Pegida habían evitado identificarla con la ultraderecha.

¿Pero que es Pegida? Este nombres constituye el acrónimo de la organización Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente), que inició su andadura el 20 de octubre en Dresde: hizo público un manifiesto con 19 puntos y convocó concentraciones los lunes contra “el islamismo, el abuso del derecho de asilo y la amenaza a la cultura alemana”. Sus movilizaciones han rechazado lemas racistas (empleando consignas como “Sin violencia y unidos contra guerras religiosas en suelo alemán”) y pronto pasaron de centenares de manifestantes a miles: superaron los 7.500 a inicios de diciembre y a fines de ese mes llegaron a 17.000 y tuvo réplicas en otros lugares del país. Así, en 60 días cobró dimensión estatal.

¿Qué sucederá ahora con la entidad? “Pegida continuará”, ha manifestado su portavoz Kathrin Oertel. Consideramos muy probable que suceda así, ateniéndonos a tres factores que desde nuestra óptica han conferido protagonismo mediático y capacidad de convocatoria a esta organización, como analizamos a continuación.

1. La crisis latente del multiculturalismo

En primer lugar, Pegida ha incidido en un debate que resurge de forma periódica en Alemania: el relativo a su política migratoria y el multiculturalismo. Recordemos al respecto la extensa polvareda que en 2010 levantó Thilo Sarrazin, un relevante ex-directivo del Bundesbank, con su ensayo Alemania se disuelve. En él arguyó que “los inmigrantes musulmanes se integran claramente peor que el resto de grupos” por razones “que aparentemente se encuentran en la cultura del Islam”. Entonces el semanario Der Spiegel aún agitó más las aguas al informar que en determinadas casuísticas (como herencias y asuntos familiares) ciertos juzgados germanos aplicaban la ley coránica, y al constatar que la Oficina de Extranjería concedió una visa de reunificación familiar a la segunda mujer de un iraquí, pese a ser ilegal la poligamia en Alemania. Incluso Angela Merkel declaró que el multiculturalismo había sido “un absoluto fracaso”.

Con la eclosión de Pegida han vuelto a la palestra pública estas y otras cuestiones, como el aumento de solicitudes de asilo, que en el 2014 sumarían 200.000 (el récord de los últimos veinte años) y la existencia de medio millar de alemanes yihadistas en Irak o Siria. Es más: según una encuesta de Zeit online, uno de cada dos alemanes sentiría algún tipo de simpatía hacia Pegida y solo un 23% sería crítico hacia ella, ha advertido El País.

Pegida, pues, pone nuevamente de manifiesto esta controversia germana recurrente.

2. La transversalidad: una plataforma social y no un partido

En segundo lugar, Pegida ha tenido éxito en sus convocatorias al ser una entidad cívica y no un partido, lo que la ha dotado de relativa transversalidad social e ideológica. Así, entre los asistentes a sus concentraciones figuran ultraderechistas y seguidores radicales de fútbol, pero su espectro ideológico y social sería mucho más amplio.

Igualmente, es llamativo el perfil de su promotor, Bachmann, en la medida que no solo es un outsider político, sino un exdelincuente que fue condenado a tres años y medio de cárcel por diversos delitos. Su historial incluiría, entre otros lances, la venta de cocaína, robos y agresiones, o conducir sin permiso y ebrio. Que semejante personaje haya devenido una figura pública posiblemente indica un hartazgo de la política institucional, mientras el éxito de Pegida como entidad de la sociedad civil indicaría el auge creciente de lo que el politólogo Ulrich Beck definió como subpolítica: la política ejercida desde abajo por colectivos sociales que cada vez cuentan con más posibilidades de hacerse oír

Pegida, pues, refleja la potencialidad actual de dinámicas transversales de la subpolítica ante la política institucional y tradicional.

3. Los perdedores de la unificación

En tercer y último lugar, la emergencia de Pegida en Dresde, en la extinta RDA (y no en Berlín), apuntaría que la Alemania unificada tiene costuras abiertas importantes. Para un relevante defensor de los derechos civiles en la RDA, Rainer Eckert, no hay duda de que la entidad conforma un movimiento específico de habitantes de la ex-RDA “que no han tenido éxito en el nuevo marco de condiciones económicas”, afirmó en una entrevista a la Deutsche Welle (21/I).

Para Eckert sus concentraciones conforman “una difusa protesta, particularmente de gente fracasada”, pues su mayor grupo de asistentes lo compondrían “personas hoy marginadas, que en 1989, cuando cayó el muro, tenían otras expectativas, que no se cumplieron” y que hoy muchas de ellas “no tienen trabajo y viven de la ayuda social. Eso se manifiesta ahora en forma de ira indefinida”. Por tanto, Pegida constituiría un inesperado “foro de fracasados”. De hecho, la entidad ha adoptado el lema “Wir sind das Volk” (“Nosotros somos el pueblo”), empleado en 1989 contra el régimen comunista.

Pero algunos estudios sobre sus manifestantes proyectan una realidad social más compleja y -según El País- un análisis de la Universidad Técnica de Dresde presenta “una radiografía totalmente distinta” del seguidor “típico” de la organización: hombre, de 48 años, de clase media, sin confesión religiosa, con estudios, con empleo y con unos ingresos superiores a la media“.

En todo caso, las inquietudes que emergen con Pegida combinan afirmación identitaria, protesta anti-establishment y frustración ante la unificación. Este magma conforma el electorado propio de la derecha populista y no sorprende que la mayoría de sus seguidores manifieste inclinación por el partido eurófobo Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD), que precisamente sólo está presente en los parlamentos de tres länder de la extinta RDA: Sajonia, Turingia y Brandenburgo.

En síntesis, Pegida también reflejaría las frustraciones creadas en Alemania oriental 25 años después de la reunificación.

Conclusión: ¿Solo islamofobia?

Lo expuesto hace plausible pensar que si bien Pegida puede eclipsarse con la estrepitosa dimisión de Bachmann, tiene numerosas posibilidades de sobrevivir y acrecentar su protagonismo. No solo porque el terrorismo yihadista centra en buena medida el debate público, sino porque su eclosión refleja problemas multiculturales, políticos y territoriales que difícilmente desaparecerán de la escena pública en breve tiempo.

Con el 36,3% de los votos y a dos escaños de la mayoría absoluta Syriza ha desmentido por completo a quienes, tras las elecciones de 2012, consideraban que esta formación había llegado a su techo electoral. Los resultados de las encuestas desde hacía más de un año no parecían sembrar dudas de que sería el partido más votado. Así lo entendió también la troika y, por eso, en su reunión con el gobierno griego el pasado mes de noviembre, no se mostró nada dispuesta a facilitarle la reelección. Por el contrario, solicitaron del gobierno recortes y despidos adicionales. Si iba a ganar Syriza, cuanto antes mejor, de forma que el último tramo del rescate, aún pendiente de entregar hasta finales de febrero, pudiera servir de as en la manga en una eventual negociación.

La campaña electoral ha estado presidida por la polarización entre el mensaje de la esperanza y la dignidad, por parte Syriza, y el mensaje del miedo y la verdad, abanderado por los partidos de la coalición de gobierno. Optando por esta estrategia Nueva Democracia ha transmitido el mensaje de no tener argumentos, o de no tener fuerzas, o ambas cosas a la vez. Ni tan siquiera la contribución de algunos de los líderes europeos y medios de comunicación a su campaña ha logrado contrarrestar el hartazgo de una población empobrecida y humillada que hace años que no ve la luz al final del túnel.

Lo que no habían anticipado la mayoría de las encuestas era una ventaja tan amplia para Syriza, si bien sí habían detectado esta tendencia durante la última semana. Encuestas aparte, las elecciones del 25 de enero le han dado el mejor resultado obtenido por ningún partido griego desde el principio de la crisis y lo han convertido en el primer partido de izquierda radical que gana unas elecciones en Europa. La victoria fue celebrada en consonancia pero pronto dio paso al sentido de la responsabilidad. En sus palabras desde lo alto de la escalinata del Rectorado de la Universidad de Atenas Alexis Tsipras transmitió alegría y agradecimiento, recordó que la victoria de Syriza suponía el principio del fin de la austeridad, pero también fueron una buena muestra de contención. Resultó evidente que tenía un ojo puesto en Europa y en el objetivo de evitar la inestabilidad. En el quiosco electoral de Syriza los sentimientos de militantes y simpatizantes corrían más libremente.

Ya de madrugada corrió la voz de que Syriza pactaría con los Griegos Independientes (en griego ANEL) para lograr la mayoría absoluta. No es raro que entre los muchos ciudadanos que en todo el mundo tienen la atención puesta en el desarrollo de los acontecimientos en Grecia surja la pregunta ¿cómo es posible que un partido de izquierda radical pacte con un partido de derecha nacionalista? Algunos incluso pensarán que una de las cosas en las que Syriza se diferencia de Podemos es, precisamente, su orgullo en declararse una formación de izquierdas. Pero, no sólo los significados de izquierda y derecha hace tiempo que se están difuminando en el mundo entero sino que, además, deben ser interpretados en su justo contexto. La religión, la identidad nacional y los valores liberales no tienen la misma relación con las ideas de izquierdas en todos los países. En Grecia, la identidad nacional es fuerte, lo que sin duda tiene que ver con un estado relativamente joven y con una posición geopolítica relativamente compleja. Además, la religión y la identidad nacional, por razones históricas relacionadas con lo anterior, a menudo son vividas como si se tratase de la misma cosa, al menos en un nivel superficial. Y esto está presente en todos los partidos.

Por eso, no resulta tan contradictoria una coalición entre dos partidos que, pese a sus evidentes diferencias en temas como la política migratoria o la relación entre el Estado y la Iglesia, comparten su preocupación por una soberanía nacional fuertemente socavada desde el comienzo de la crisis y por los estragos sociales provocados por la misma. Se trata, pues, de una coalición unida por el objetivo prioritario de luchar por el fin de la austeridad y la reinstauración de la soberanía nacional. Para el público conocedor de la realidad política española y, más concretamente, catalana, sería el equivalente de una coalición CiU y Esquerra Republicana, partidos de derecha e izquierda respectivamente, que comparten un objetivo común en torno a la idea de la independencia de Cataluña. Una coalición, por definición, es la unión de cosas distintas y muchos países en Europa están habituados a ello. En todos los casos resultan evidentes las contradicciones entre algunos de los puntos programáticos. Pero, desde el punto de vista de la consolidación interna de una coalición, en el mejor de los casos los puntos de encuentro son aquellos considerados prioritarios por cada una de las formaciones que la integran según el momento y el lugar. Así creo que debe entenderse la coalición Syriza-ANEL.

Ahora el objetivo percibido como prioritario por ambas partidos es negociar el pago de la deuda de forma que el país pueda crecer, reducir a niveles razonables la carga fiscal y luchar contra el fraude fiscal para evitar las manifiestas desigualdades en este ámbito, devolver el salario mínimo y las pensiones a niveles dignos, y buscar soluciones para para el 25,5% de parados así como para los sectores de la población más empobrecidos como consecuencia de la crisis. Se avecinan tiempos difíciles y con sus 162 diputados (el 54% de los representantes en el Parlamento) este gobierno de coalición goza de mayor legitimidad y fortaleza para negociar de la que tendría un gobierno en minoría.

El resto, ya se andará y, probablemente, Syriza pactará puntualmente con los partidos más próximos ideológicamente (es posible que con To Potami en muchos casos) en aquello en lo que las diferencias con ANEL resulten insalvables. De momento, no conviene olvidar que Alexis Tsipras es el primer Primer Ministro que ha prometido, y no jurado, su cargo, lo que para Grecia no es algo sin importancia. En cuanto a su supuesta radicalidad ideológica, es importante señalar que, en estos momentos, no se descarta que propongan un candidato a Presidente procedente del ámbito de Nueva Democracia, mostrando así su voluntad de generar una especie de “gobierno de unidad nacional”. Por su parte, el líder de ANEL será nombrado Ministro de Defensa, el partido podrá nombrar varios cargos intermedios en Ministerios, y es posible que incluso llegue a hacerse cargo de la representación en algún organismo internacional.

La coalición entre Syriza y ANEL era una de las posibilidades o, quizá, la única. De primeras, quedaban descartados como posibles socios tanto los dos partidos pro-memorándum (ND y PASOK) como Aurora Dorada, en ambos casos por razones evidentes, aunque muy distintas entre sí. Pero quedaría por explicar por qué no ha surgido una coalición con el Partido Comunista (KKE que, a diferencia de Izquierda Unida, es un partido independiente de Syriza) o El Río (en griego To Potami). Habrá quien piense que habría tenido más sentido una coalición con el Partido Comunista por tratarse del partido ideológicamente más próximo a Syriza, por cuanto se trata de un partido adscrito claramente a la izquierda. Y, sin embargo, es precisamente esa proximidad la que hacía descartar una posible coalición desde el primer momento. El principal objetivo del Partido Comunista Griego es la competición y el debilitamiento de Syriza. Su espíritu de supervivencia y su fidelidad a la pureza dogmática estalinista original les impedía considerar una transacción de cualquier tipo. Aun así, Syriza no dejó de pedirles su colaboración, aunque fuera facilitando un gobierno de minoría absteniéndose en el Parlamento, en caso de ser necesario. El KKE no quiso.

En cuanto a To Potami es un partido con una imagen de centro y modernizadora. Se trata de un partido radicalmente distinto a Syriza por varios motivos que también hacían improbable la coalición entre ellos. Para empezar, se trata de un partido nuevo y aún por consolidar. Sus miembros son ideológicamente muy heterogéneos y carecen de vínculos fuertes entre ellos. Lo que les une, fundamentalmente, es la figura del periodista Stavros Theodorakis. Los grandes puntos de desencuentro con Syriza son su ideología neoliberal (entre otros proponen la homologación de las universidades privadas, tema tabú en Grecia donde los haya) y los vínculos de muchos de sus miembros con los grandes medios de comunicación, lo que les hace parte del antiguo sistema pro-memorándum, clientelista y corrupto (por contradictorios que puedan parecer estos términos). Syriza quiere renegociar el memorándum pero también ha dejado claro que quiere acabar con este sistema basado en los privilegios de una oligarquía, la corrupción y el clientelismo.

Para concluir, parece claro que la troika no ha entendido dos cosas importantes para lograr que las políticas de ajuste - consideradas hoy en día necesarias por todos los partidos griegos, aunque en distinta forma y medida – den los resultados deseados. En primer lugar, no han tenido en cuenta el sentimiento de humillación que históricamente sienten los griegos frente a las potencias extranjeras, como consecuencia de las muchas injerencias que han sufrido en sus asuntos internos. En segundo lugar, tampoco parecen haber entendido que el problema de Grecia no es sólo un problema de exceso de gasto público y de falta de recaudación y productividad que se resuelve con establecer unos objetivos cuantificables y las correspondientes amenazas y castigos en caso de incumplimiento. El problema es mucho más grave y mucho más difícil de resolver, ya que tiene que ver con la transformación de un Estado débil y corrupto casi desde sus orígenes. Esta transformación, ni se hace a corto plazo, ni puede tener éxito si se impone de forma unilateral utilizando unas recetas que no tienen en cuenta las arraigadas peculiaridades del funcionamiento institucional del país y de la relación de los ciudadanos con esas instituciones desde hace décadas.

Syriza dice haber entendido la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales en las instituciones estatales. Sus referencias al fin del clientelismo y la corrupción así como la necesidad de modernizar el país apuntan en esa dirección. Ahora sólo falta que lo demuestre. Pero, por ahora, si hay que identificar responsables del estado de Grecia los principales sospechosos no pueden ser sino Nueva Democracia y PASOK, que han sido los únicos partidos que han gobernado el país desde 1974. El nuevo gobierno de coalición tiene una labor ardua por delante. Sus éxitos y sus fracasos dependerán tanto de sus decisiones, como de la colaboración por parte de sus socios europeos. Pero, en cualquier caso, no nace contaminado por las prácticas permitidas, cuando no alimentadas, por los partidos del gobierno saliente.

Es fácil anticipar que la amenaza que supone un gobierno liderado por un partido de izquierda radical en coalición con un partido nacionalista de derechas para los partidos que tradicionalmente han gobernado en Europa dará lugar a todo tipo de descalificaciones. Dejemos de momento a un lado los prejuicios y démosles el beneficio de la duda. De momento, sabemos lo que no han logrado hacer otros. Si lo han hecho, lo que es evidente es que no han sabido convencer.

Nota: La autora agradece a Elías Nicolacopoulos sus aportaciones a este artículo.

En mayo de 2010 Grecia y el gobierno del PASOK firmaron el primer Memorándum de Entendimiento (MdE). Las políticas de austeridad que se derivaron de él tuvieron como consecuencia el inicio de un periodo de crisis, aún evidente, política, social y económica. Desde entonces, en el contexto de un creciente déficit democrático, las elites políticas griegas están experimentando una profunda transformación, caracterizada por una cambio en las redes de reclutamiento de los parlamentarios, un mayor porcentaje de recambio y, consecuentemente, una reducción del nepotismo en la provisión de cargos públicos. Esta revolución se puede interpretar mejor en el marco de las teorías sobre las elites y sus actitudes en períodos de crisis.

De acuerdo con ese marco teórico, la política griega parece mostrarnos cómo se dan en la realidad una serie de parámetros que el elitismo ha tratado de explicar: la homogenización y el consenso de las élites políticas a fin de retener su estatus (Wright Mills 2000, Higley y Burton 2006), el incremento del poder de las élites y el consiguiente disminución de este en las manos de otros agentes que participan en el proceso de decisión -como los órganos del partido el parlamento o los ciudadanos- (Michels 1962), la crisis de la legalidad (Lipset 1963), la emergencia de nuevos canales de reclutamiento al tiempo que se marginalizan los tradicionales (Putnam 1976, Gill 2000), el alejamiento de los ciudadanos de sus vínculos tradicionales con los partidos (Eula 1976, Cotta y Verzichelli 2007) y, finalmente, la renovación de las élites y la emergencia de nuevos centros de poder (Putnam 1976).

Originada en 2010, y con un punto crucial en las elecciones nacionales de 2012, la transformación de la elite política sigue su curso el sistema político. Durante estos años, el PSOK y el ND, que conformaban tradicionalmente el grueso de las elites políticas griegas, realizaron un ingente esfuerzo por conservar el poder. Aunque inicialmente el ND, entonces principal partido de la oposición, adoptó una posición negativa ante el MdE, su posición cambió radicalmente tras la declaración de un plebiscito sobre la adopación de un segundo MdE en octubre de 2011. Las negociaciones políticas que le siguieron condujeron a un primer gobierno de coalición entre PASOK, ND y el ultraderechista Laos, una situación inédita en la Tercera República griega, creada en 1974, donde siempre han predominado los gobiernos formados por un solo partido. Esta coalición fue una reacción obligada para poder mantener el poder dado que los dos principales partidos habían perdido un buen número de diputados debido a las medidas impopulares solicitadas desde la Troika.

Paralelamente, los círculos políticos del poder situados en el gobierno se movilizaron para incrementar su poder en detrimento de los otros agentes que participan en la toma de decisiones, como los órganos de los partidos el parlamento o los ciudadanos, lo que alimentó una percepción de déficit democrático. Así, los órganos de los partidos y los diputados del PASOK y del ND nunca pudieron participar efectivamente en el debate sobre el MdE o sobre acuerdos similares que se derivaron de él posteriormente. A consecuencia de ello, numerosos diputados o miembros de los órganos dirigentes de los partidos dimitieron en los meses siguientes. En el caso de los parlamentarios, en la mayoría de casos simplemente se les ordenó que siguieran la línea del partido y que votaran la adopción de las medidas específicas, mientras que los canales ordinarios del parlamento (como los comités) fueron mayoritariamente marginados bajo el argumento de la ‘urgente necesidad de las medidas’.

En el caso de los ciudadanos, dos ejemplos muestran su limitadísimo rol en este proceso. Por un lado, la reticencia a convocar elecciones hasta 2012, a pesar de las protestas de buena parte de la sociedad durante ese período, por parte de actores sociales, sociedad civil, movimientos sociales, en contraste con la tradición de recurrir al voto popular en esas situaciones, de acuerdo con el deseo del partido mayoritario. Por otro lado, la cancelación del intento de plebiscito anunciado por el jefe de gobierno Giorgos Papandreu, a raíz de los movimientos en contra desde dentro de Grecia (por parte de los partidos en la oposición que mencionamos anteriormente) y desde fuera.

Estas condiciones abrieron una crisis de legalidad en relación con la jurisdicción del gobierno para adoptar medidas tan importante sin la aprobación de los ciudadanos. En el caso griego, esta oposición se plasmó tanto en el ámbito político, con la dura oposición desde los partidos de la izquierda del parlamento (KKE and SYRIZA) como desde el ámbito social, como señalamos anteriormente.

Gráfico 1. Primer año de elección/nombramiento de los miembros de la elite política por período parlamentario (incluye diputados nacionales y europeos, así como ministrso no parlamentarios)

Las transformaciones que se fueron gestando durante los dos primeros años de esta crisis se manifestaron en las elecciones nacionales de mayo y junio de 2012. El sistema político bipolar fue substituido por uno mucho más fragmentado, en el que emergieron nuevos partidos como Izquierda Democrático (ID) o Independientes Griegos (IG), mientras que fuerzas existentes, como SYRIZA, incrementaron considerablemente su poder, como resultado del alejamiento de los ciudadanos de los dos partidos mayoritarios hasta ese momento.

Bajo estas circunstancias, PASOK y ND perdieron la mitad de sus votantes de 2009. Aunque el ND ganó los comicios, se creó un segundo gobierno de coalición con PASOK y DL a fin de mantener la mayoría parlamentaria. Frente a ellos, SYRIZA se convirtió en el principal partidos de la oposición y en el más importante del bloque anti MdE.

El reforzamiento electoral de SYRIZA, y en menor medida del resto de partidos menores, provocó un elevado recambio del personal político en el parlamento griego, en el que casi la mitad de los diputados (48,6% en las elecciones de mayo) fueron elegidos por primera vez.

Además, las condiciones particulares del contexto tuvieron un notable impacto en el perfil de las nuevas élites, entre las que ganaron un mayor peso los grupos sociales que tradicionalmente habían tenido un papel marginal en el parlamento griego, como las mujeres o los jóvenes.

Gráfico 2. Canales de reclutamiento de las elites políticas antes de las elecciones de mayo de 2012. 

Aún más relevante puede considerarse la transformación de los canales de reclutamiento de los diputados. Las vías tradicionales, como los órganos internos de los partidos o el nepotismo, quedaron relegados en beneficio de otros canales como las organizaciones y movimientos sociales, que hasta entonces habían tenido una presencia muy limitada.

Adicionalmente, el contexto de crisis sacó a la luz dos aspectos muy preocupantes. El primero fue el rechazo creciente por parte de una mayoría de la sociedad hacia el sistema político en conjunto, una situación que se plasmó en un elevado porcentaje de abstención en las elecciones (35%), de largo el mayor de las últimas décadas. El otro aspecto deplorable fue la irrupción del partido neo-nazi Amanecer Dorado, hasta entonces marginado, que supo utilizar un discurso populista antisistema para ganar apoyo entre sectores del ejército y de la policía, y de los sectores socioeconómicos más modestos y con menor formación educativa.

Estos aspectos de la transformación de las elites políticas aquí descritos han ido haciéndose evidentes durante los últimos dos años y medio. No obstante, parece que el proceso no ha completado aún su curso, de modo que las elecciones de este 25 de enero resultarán las más cruciales desde la restauración de la república griega en 1974. La más que probable victoria de SYRIZA seguirían provocando cambios radicales tanto en las elites políticas como en la cultura política del país, además de un considerable impacto tanto en Grecia como más allá de sus fronteras.

Traducción de Juan Rodríguez TeruelJuan Rodríguez Teruel