Hay algo inquietante en la frase “si ya somos iguales”. No suele decirse con rabia ni con desprecio, sino con la naturalidad de quien cree estar constatando un hecho, como si el debate estuviera cerrado. Una parte creciente de la juventud española —especialmente entre los chicos— está convencida de que la igualdad es una batalla ya ganada o sin relevancia. Han crecido viendo ministras, juezas, científicas y directivas; han estudiado en aulas mixtas y no han conocido una España sin divorcio, sin protección legal frente a la violencia machista o sin mujeres en la universidad. No vivieron la desigualdad más brutal y, precisamente por eso, muchos concluyen que ya no existe.

Según el CIS y otros estudios recientes, el apoyo al feminismo entre jóvenes ha descendido de forma significativa en los últimos años y, entre los hombres jóvenes, la caída es aún más pronunciada: apenas uno de cada cuatro se declara feminista y más de la mitad considera que el feminismo “ha ido demasiado lejos”. Lo que algunos interpretan como prueba de que la igualdad está consolidada es, en realidad, un espejismo. Estas son las ocho emes que lo desmontan.

La ley reconoce la igualdad y ese reconocimiento ha sido un avance histórico incuestionable. Pero convertir la igualdad formal en sinónimo de igualdad real es una simplificación peligrosa. La norma abre puertas, sí, pero no redistribuye automáticamente el poder, el dinero, el tiempo ni la seguridad; no corrige inercias culturales ni elimina por sí sola las desigualdades estructurales.

Que algo esté garantizado en el papel no implica que todas las personas puedan ejercerlo en las mismas condiciones. La igualdad jurídica es el punto de partida. No es la meta.

Desde que existen registros oficiales (2003), más de 1.300 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Cada año siguen produciéndose asesinatos machistas. No hablamos de un pasado remoto ni de una anomalía ya superada, sino de una violencia que sigue ocurriendo ahora. No es historia. Es presente.

Mientras haya mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, sostener que la igualdad está consolidada no es una muestra de optimismo, sino una forma de negación.

Más allá de los asesinatos, existe una experiencia cotidiana que no se distribuye de manera simétrica. Cambiar de ruta, avisar al llegar a casa, compartir ubicación o evaluar constantemente el entorno no son conductas excepcionales, sino estrategias incorporadas por muchas mujeres desde la adolescencia. No porque alguien lo imponga de forma explícita, sino porque aprenden pronto que la seguridad no se vive igual.

Y hay algo aún más revelador: seguimos educando a nuestras hijas para que se protejan antes que educando a nuestros hijos para que no generen miedo. Les enseñamos a tener cuidado, a no exponerse, a anticipar riesgos; menos veces ponemos el foco en desactivar las conductas que hacen necesario ese cuidado. Cuando una parte de la población interioriza un nivel de alerta que la otra no comparte, la igualdad no puede darse por completa.

El reparto doméstico ha mejorado respecto a generaciones anteriores, pero sigue siendo desigual. Las mujeres dedican, de media, más tiempo al trabajo no remunerado y asumen mayor carga mental: planificar, anticipar, organizar, recordar. Esa tarea invisible sostiene la vida cotidiana y tiene consecuencias laborales reales.

Muchas no abandonan el mercado de trabajo, pero reducen jornada, rechazan promociones o adaptan sus expectativas profesionales. No siempre es una decisión plenamente libre; a menudo es la respuesta a un sistema que continúa premiando la disponibilidad total y presupone que alguien sostendrá la vida doméstica. La ley reconoce igualdad. El tiempo no se reparte igual.

No todas las mujeres viven estas desigualdades del mismo modo.Quien dispone de recursos puede externalizar cuidados, pagar apoyos y amortiguar el impacto profesional de determinadas decisiones. Eso no elimina las barreras, pero reduce algunas renuncias. Para una mujer en situación precaria, con empleo inestable o sin red familiar, cuidar puede significar pérdida directa de ingresos o dependencia económica.

La desigualdad de género se cruza con la desigualdad de clase y, cuando ambas se combinan, se intensifican. Negar la dimensión de género porque algunas mujeres prosperan es confundir excepción con estructura.

Las cúpulas empresariales, económicas y políticas siguen estando mayoritariamente ocupadas por hombres. El acceso formal existe, pero la presencia real en los espacios dondese toman decisiones continúa siendo desigual. La igualdad no consiste solo en poder participar, sino en estar allí donde se decide. Mientras la mayoría de quienes toman decisiones sigan siendo hombres, la igualdad no estará completa.

Gran parte de la juventud se informa y debate en redes sociales, donde los algoritmos premian la simplificación y el conflicto. El feminismo aparece reducido a frases virales y polémicas descontextualizadas, mientras crece lo que se conoce como la manosfera: un conjunto de foros, creadores de contenido e influencers que difunden discursos antifeministas y promueven la idea de que los hombres están siendo desplazados, discriminados o privados de derechos.

En un contexto de precariedad e incertidumbre, ese relato ofrece una explicación sencilla y emocionalmente eficaz: alguien te está quitando algo. El problema no es solo que sea simplista, sino que convierte una transformación social compleja en una batalla identitaria. Pero que un mensaje sea simple y expansivo no lo convierte en estructuralmente cierto.

Nuestra generación heredó derechos sin heredar plenamente la conciencia de cómo se conquistaron. Creció con la igualdad formal como paisaje y no como lucha. No vivimos la prohibición de abrir una cuenta bancaria, ni la ausencia de divorcio, ni la falta de protección frente a la violencia. Cuando algo se percibe como natural, deja de verse como frágil.

La historia demuestra que los derechos no son irreversibles. Retroceden cuando dejan de defenderse, se erosionan cuando parecen garantizados y se vacían cuando pierden apoyo social. No se trata de ignorancia, sino de una forma de amnesia colectiva que convierte el éxito en espejismo.

Pensar que "ya somos iguales" no es solo una simplificación generacional; es el contexto perfecto para que esos retrocesos se normalicen sin resistencia

La trampa del éxito

El feminismo ha transformado profundamente la sociedad española y ha ampliado horizontes hasta hacer posibles expectativas impensables hace apenas unas décadas. Ese éxito es real, pero encierra una paradoja: cuanto más normalizada parece la igualdad, menos urgente parece defenderla; cuanto más sutil se vuelve la desigualdad, más fácil resulta negarla.

El problemano es que el feminismo haya ido demasiado lejos. Es que la igualdad todavía no ha llegado lo suficiente —ni de la misma manera para todas— como para permitirnos el lujo de creer que ya está consolidada.

No es una percepción aislada ni exclusivamente española. Este 8M, Amnistía Internacional ha lanzado cuatro alertas globales ante el avancede prácticas autoritarias que amenazan los derechos de las mujeres: el uso de leyes represivas, el crecimiento de movimientos antiderechos, el aumento de los discursos de odio y la tecnología como amplificador de esa violencia. Pensar que “ya somos iguales” no es solo una simplificación generacional; es el contexto perfecto para que esos retrocesos se normalicen sin resistencia.

Este 8M no es una repetición automática, sino un recordatorio. Porque cuandola desigualdad deja de gritar y empieza a susurrar, el riesgo no es que desaparezca. Es que decidamos no escucharla.

El pasado 17 de febrero de 2026 el Congreso de los Diputados volvió a abrir un debate que periódicamente irrumpe en la agenda política española: la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. La proposición de ley presentada por Vox fue finalmente rechazada por mayoría parlamentaria. Sin embargo, la discusión no se agotó en el hemiciclo, sino que se ha desplazado con fuerza al ámbito autonómico y local.

Pocos días después, la Diputación de Granada aprobó una moción impulsada por Vox para impedir el acceso con burka o niqab a dependencias provinciales. La iniciativa salió adelante con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra del PSOE y Izquierda Unida. La argumentación se centró en la necesidad de garantizar la identificación visual en espacios administrativos y reforzar la seguridad en edificios públicos.

En paralelo, en la provincia de Málaga, el debate ha adquirido una dimensión municipal. En Rincón de la Victoria, Vox presentó una propuesta para prohibir el burkini en espacios públicos, ampliando el foco desde el velo integral hacia otras manifestaciones visibles de identidad religiosa. Asimismo, en Alhaurín el Grande se han planteado iniciativas similares. Estas propuestas evidencian que la discusión no se limita al ámbito estatal, sino que se territorializa y adquiere matices distintos según el contexto local.

Derechos fundamentales y límites del Estado

Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, cualquier iniciativa de prohibición debe analizarse conforme a estándares jurídicos internacionales: legalidad, necesidad y proporcionalidad. La libertad de religión está protegida por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estas normas permiten limitaciones, pero únicamente cuando sean estrictamente necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad, el orden público o los derechos de terceros. Las prohibiciones generales del velo integral en espacios públicos plantean dudas desde esta óptica, especialmente cuando afectan de forma específica a una minoría religiosa concreta.

La organización insiste además en que la igualdad de género no puede promoverse mediante restricciones generales de la autonomía personal. Si existen situaciones de coacción, la respuesta debe centrarse en mecanismos de protección frente a la violencia y el apoyo social, no en sanciones que limiten derechos individuales.

El precedente francés y el margen de apreciación

El precedente europeo más citado es Francia, que en 2010 prohibió cubrirse el rostro en espacios públicos. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la norma en el caso S.A.S. contra Francia, aceptando el argumento del “vivre ensemble” dentro del margen de apreciación estatal.

No obstante, organizaciones de derechos humanos criticaron tanto la ley como su validación judicial, señalando que afectaba a un grupo muy reducido de mujeres y que no existían pruebas concluyentes de una amenaza real para la convivencia. La experiencia posterior mostró efectos sociales complejos, incluyendo el posible aislamiento de algunas mujeres que optaron por reducir su presencia en espacios públicos para evitar sanciones.

En Andalucía, y particularmente en el Campo de Gibraltar, el debate adquiere una dimensión específica. Se trata de una de las zonas con mayor diversidad cultural de la comunidad autónoma, con una presencia significativa de población musulmana y una historia marcada por intercambios transfronterizos.

La Comisión Islámica de España se ha pronunciado advirtiendo que una prohibición del velo integral supondría una vulneración de derechos fundamentales y podría reforzar dinámicas de exclusión social. En territorios donde la convivencia intercultural forma parte de la realidad cotidiana, cualquier iniciativa legislativa de este tipo se percibe no solo como una medida normativa, sino como un mensaje político con efectos simbólicos.

¿Problema constatado o construcción política?

Una cuestión central es si estas propuestas responden a conflictos sociales documentados o si forman parte de una estrategia política más amplia. En el Campo de Gibraltar no se han registrado conflictos estructurales vinculados específicamente al uso del niqab que justifiquen una restricción generalizada.

En una democracia constitucional, la limitación de un derecho fundamental exige una carga probatoria sólida. Las políticas públicas deben basarse en evidencias objetivas y superar un examen estricto de necesidad y proporcionalidad.

El Estado tiene la obligación de proteger frente a la coacción, pero esa protección no puede transformarse en imposición. El respeto a la autonomía personal implica reconocer la capacidad de decisión de las mujeres musulmanas respecto a su vestimenta, siempre que no exista coacción demostrada.

La defensa de la igualdad y la seguridad no puede desvincularse del respeto a la diversidad religiosa. En sociedades pluralistas, la convivencia no se construye homogeneizando identidades, sino garantizando derechos en condiciones de igualdad.

El debate sobre la prohibición del burka en España —desde el Congreso hasta la Diputación de Granada y los municipios malagueños— interpela directamente al núcleo del Estado de derecho. No se trata únicamente de una prenda, sino de delimitar hasta dónde puede llegar el poder público en la regulación de la expresión individual de la identidad religiosa.

Desde la óptica de los derechos humanos, cualquier limitación debe superar un examen riguroso de necesidad y proporcionalidad. Los derechos fundamentales se ponen verdaderamente a prueba cuando protegen a minorías y cuando exigen resistir soluciones simplistas ante debates complejos.

En muchos territorios de Andalucía, como el Campo de Gibraltar y la provincia de Málaga, donde la diversidad es estructural, ese compromiso adquiere un significado especialmente profundo.

El 20 de enero de 2026 se cumplió un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Para quienes defendemos los derechos humanos, el balance es claro y preocupante: las previsiones más pesimistas se quedaron cortas. Pensábamos que iba a ser malo, pero ha sido peor. En apenas doce meses, Estados Unidos ha acelerado una deriva que erosiona garantías fundamentales y coloca a millones de personas en una situación de mayor vulnerabilidad.

La narrativa dominante de esta administración se apoya en la idea de que la seguridad solo puede construirse desde el castigo. Bajo ese marco, se han reforzado políticas que discriminan, criminalizan y silencian. Las personas migrantes, las comunidades racializadas, el estudiantado y quienes ejercen el derecho a protestar se encuentran entre los principales objetivos de esta estrategia.

Uno de los ejes centrales del nuevo mandato ha sido la intensificación de la política migratoria. La llamada “maquinaria de deportación” funciona hoy con más rapidez y menos controles. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, ha ampliado operativos en barrios, centros de trabajo y juzgados, generando detenciones que muchas veces se producen sin órdenes judiciales claras y mediante perfilamiento racial. Para miles de familias, la vida cotidiana se ha transformado en un ejercicio permanente de autocensura: no acudir al hospital, no denunciar un delito, no participar en la escuela por miedo a ser detenidas.

En varios estados se han reforzado normas que facilitan disolver concentraciones pacíficas y sancionar a quienes las organizan. El mensaje implícito es claro: protestar tiene un coste

Desde Amnistía Internacional hemos documentado cómo solicitantes de asilo son encarcelados durante meses sin una revisión efectiva de su situación, cómo se separan familias de forma arbitraria y cómo se obstaculiza el acceso a abogados. La migración deja de ser un fenómeno humano para convertirse en una cuestión penal, cuando la mayoría de las personas detenidas no ha cometido ningún delito.

Este endurecimiento va acompañado de la expansión de centros de detención que funcionan como auténticas prisiones. Personas cuya única “falta” es no tener papeles son privadas de libertad en condiciones que vulneran estándares internacionales: hacinamiento, deficiente atención médica, aislamiento prolongado y trato degradante. La detención migratoria, que debería ser excepcional, se utiliza como herramienta de intimidación política.

El retroceso no se limita a la migración. En el último año se ha intensificado la criminalización de la protesta. Manifestaciones contra ICE, por la justicia racial o por causas internacionales han sido reprimidas con un uso excesivo de la fuerza y con detenciones masivas. En varios estados se han reforzado normas que facilitan disolver concentraciones pacíficas y sancionar a quienes las organizan. El mensaje implícito es claro: protestar tiene un coste.

Ante este escenario, Amnistía Internacional mantiene como prioridad la protección de las personas migrantes, la defensa de la libertad de expresión y el freno a la maquinaria de deportación

Las universidades tampoco escapan a este clima. Bajo el pretexto de la seguridad o de la lucha contra el extremismo, se limitan asambleas, se vigila a estudiantes y se sanciona a profesorado por expresar opiniones críticas. Espacios que deberían ser de pensamiento libre se convierten en territorios de control, debilitando uno de los pilares de cualquier democracia.

A todo ello se suma un problema estructural que sigue sin resolverse: la violencia institucional. Los recientes homicidios ocurridos en Minneapolis vuelven a mostrar que el uso letal de la fuerza y la falta de rendición de cuentas continúan afectando de manera desproporcionada a comunidades racializadas. Sin investigaciones independientes ni justicia efectiva, la impunidad se normaliza.

Ante este escenario, Amnistía Internacional mantiene como prioridad la protección de las personas migrantes, la defensa de la libertad de expresión y el freno a la maquinaria de deportación. Nuestra hoja de acción busca articular un mensaje común que permita conectar campañas, movilización social y presión política.

Estados Unidos se enfrenta hoy a una elección fundamental: puede gobernar desde los derechos o desde el miedo. La historia demuestra que cuando se elige el miedo, quienes primero pierden son siempre los más vulnerables, pero al final pierde toda la sociedad.

En el siglo XVI, mujeres como Àngela Vilafreser —comadrona y sanadora en el Lluçanès— fueron acusadas de brujería y ejecutadas por manejar saberes sobre el cuerpo: hierbas, partos e interrupciones del embarazo. No fue un caso aislado. Margarida Rugall en Cataluña, Catherine Lepère en Francia o Hester Jonas en Alemania compartieron un destino similar. La Europa de la época persiguió sistemáticamente a quienes ejercían prácticas que hoy llamaríamos salud sexual y reproductiva.

Durante siglos, comprender el cuerpo femenino, acompañar partos o ayudar a interrumpir un embarazo fue considerado sospechoso o criminal. El control de ese conocimiento no era solo médico o religioso: era político. Muchos de los espacios donde estas mujeres transmitían saberes —bosques, lindes, zonas de plantas medicinales— fueron asociados a la brujería. Practicaban cuidados en un tiempo que negaba asistencia formal a las mujeres.

No sabremos si sus supuestos “hechizos” eran pactos demoníacos o conocimientos empíricos que la ciencia oficial no quiso reconocer. Lo indudable es que cualquier práctica que escapara del control eclesiástico o estatal era castigada con violencia ejemplarizante. Esta historia, todavía poco contada, es la raíz del estigma que hoy persiste sobre la autonomía sexual y reproductiva.

España: de la clandestinidad al derecho, del castigo a una libertad aún frágil

Hasta bien entrado el siglo XX, abortar fue delito en España. Durante el franquismo, incluso en casos de violación o riesgo para la salud, las mujeres podían acabar en prisión. Quienes no podían pagar una intervención clandestina arriesgaban su vida. Muchas murieron; muchas otras fueron humilladas o silenciadas.

La despenalización parcial de 1985 permitió el aborto en tres supuestos —riesgo para la salud, violación y anomalías fetales—. Pero solo en 2010, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, el país reconoció un sistema de plazos que situaba el aborto como un derecho: libre hasta la semana 14. Sin embargo, la experiencia de miles de mujeres no coincide con lo que dice la ley.

Cuando un derecho depende del código postal

El acceso al aborto en España sigue lleno de desigualdades. La mayoría de los abortos siguen realizándose en clínicas privadas, lo que genera brechas territoriales y económicas: muchas mujeres deben desplazarse cientos de kilómetros por falta de profesionales disponibles.

Los datos recientes muestran una situación especialmente grave en Andalucía y Madrid, que concentran casi la mitad de las interrupciones del país pero derivan más del 99 % a centros privados. En 2024, Andalucía realizó solo 39 abortos en la sanidad pública (0,2 %) y Madrid 86 (0,47 %). La autonomía vital de las mujeres continúa condicionada por la geografía.

La violencia estructural: cuando el Estado dificulta un derecho

El 25 de noviembre recuerda que la violencia contra las mujeres no es solo física: también es institucional y silenciosa. Negar o dificultar el acceso a un aborto seguro es una forma de violencia de género. Ocurre cuando el Estado no garantiza atención, cuando una mujer debe suplicar que la atiendan o cuando se la infantiliza o juzga. Una mirada interseccional muestra que esta violencia se agrava según la clase social, el origen étnico, la situación administrativa, la edad o la discapacidad. No afecta a todas por igual.

La legislación internacional es clara: obligar a una mujer a continuar un embarazo en contra de su voluntad puede constituir trato cruel, inhumano o degradante. Es un ataque directo a su autonomía corporal, salud física y mental, dignidad y libertad.

La historia lo demuestra: desde las sanadoras perseguidas por brujas hasta las mujeres encarceladas por abortar durante el franquismo, negar la autonomía sexual y reproductiva ha sido siempre una forma de dominación.

El presente exige valentía: garantizar el derecho en la sanidad pública

España ha avanzado, y las reformas recientes han reforzado el derecho a abortar en la sanidad pública. Pero falta el paso decisivo: garantizar su cumplimiento en todas las comunidades, sin importar dónde viva cada mujer.

Ello implica formar adecuadamente a los profesionales, asegurar equipos no objetores suficientes, coordinar un sistema público que no obligue a desplazamientos, reforzar el acceso en zonas rurales y eliminar burocracias innecesarias. Requiere también combatir el estigma persistente en los ámbitos sanitario y social. Estas son solo algunas de las transformaciones necesarias para hacer efectivo un acceso real, digno y equitativo.

Porque un derecho sin garantías no es un derecho: es una promesa incumplida.

25 de noviembre: que la violencia reproductiva deje de ser invisible

En este 25N, Amnistía Internacional recuerda que la lucha contra la violencia hacia las mujeres incluye la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. La violencia estructural continúa cuando se niega o dificulta un aborto seguro.

La historia revela que controlar el cuerpo femenino ha sido, durante siglos, una herramienta de opresión. El presente muestra que la igualdad real aún requiere defender el derecho a decidir sin matices ni excusas. Garantizar el aborto en la sanidad pública, para todas y en todas partes, no es solo una cuestión sanitaria: es justicia, reparación histórica y compromiso con la libertad.

Sin estigma y sin castigo

Solo así podremos dejar atrás siglos en los que las mujeres que conocían su cuerpo fueron perseguidas como brujas, invisibilizadas como parteras o criminalizadas por decidir sobre su maternidad. Garantizar un acceso real al aborto es reparar esa estigmatización histórica que convirtió el conocimiento en sospecha y el cuidado en delito. Es asegurar que ninguna mujer vuelva a ser castigada —ni por la ley ni por la presión social— por reclamar autonomía e igualdad.

Y es, sobre todo, un paso imprescindible para poner fin a la violencia que se ejerce cuando este derecho se limita, obstaculiza o niega. Solo cuando todas puedan decidir libres de miedo, distancia y estigma podremos hablar de una sociedad verdaderamente igualitaria y de un futuro en el que, por fin, dejemos de quemar a nuestras brujas.

Gaza es hoy el producto de la indiferencia. Callar es participar en el crimen. Mientras miles mueren y millones huyen, el mundo sigue debatiendo “acuerdos de paz” que no terminan de llegar. Frente a la deshumanización no hay neutralidad posible.

Dos años después del inicio de la ofensiva israelí, la realidad en Gaza ha sobrepasado toda frontera moral. Más de 67.000 personas han sido asesinadas, entre ellas más de 20.000 niños. Al menos 1.700 profesionales sanitarios y más de 400 trabajadores humanitarios han perdido la vida. Unas 14.000 personas permanecen desaparecidas, muchas aún bajo los escombros. El 90% de la población, unos 2,1 millones de personas, ha sido desplazada, y más del 90% de los edificios están destruidos o gravemente dañados, según datos de Naciones Unidas. El sistema sanitario está colapsado y la desnutrición avanza sin freno. Gaza es hoy un territorio donde el bloqueo se ha convertido en castigo colectivo.

El control, al fin y al cabo, se impone cuando el poder teme perder el relato

A principios de octubre, la Armada israelí interceptó la flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja. A bordo viajaban médicos, estudiantes y cooperantes de distintos países. Cuesta entender qué amenaza puede representar un barco de voluntarios para una potencia militar. ¿Qué miedo despierta la posibilidad de que el mundo mire directamente la herida? El control, al fin y al cabo, se impone cuando el poder teme perder el relato. Pero incluso interceptada, la flotilla logró su propósito de hacer visible lo que tantos intentan ocultar y que las vidas palestinas siguen siendo tratadas como prescindibles.

Nada, sin embargo, es eterno. Tampoco los sistemas de opresión. Otra flotilla prepara su salida hacia Gaza. La historia enseña que los muros acaban cayendo, como cayó el apartheid en Sudáfrica, que parecía indestructible hasta que la sociedad civil, dentro y fuera del país, decidió romper el silencio. La pregunta es si nosotros, desde nuestros privilegios, encontraremos el tiempo y el coraje para hacerlo ahora.

El 4 de octubre, decenas de miles de personas salieron a las calles de ciudades de todo el mundo para exigir un alto el fuego inmediato, el fin de la ocupación y un boicot integral, comercial, político y cultural a Israel. Cientos de entidades sociales y sindicatos se sumaron a las protestas. CCOO y UGT han convocado paros parciales el 15 de octubre para denunciar la violencia y mostrar la solidaridad de la clase trabajadora con el pueblo palestino. Al mismo tiempo, artistas e instituciones culturales promueven el boicot cultural a Israel, mientras continúa la campaña de “Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI)” impulsada por comercios y colectivos en todo el país.

La pregunta es si nosotros, desde nuestros privilegios, encontraremos el tiempo y el coraje para hacerlo ahora

Mientras tanto, el sistema tiene una habilidad siniestra para observar, engullir, digerir y regurgitar las acciones sociales a su antojo. Así, el tan citado por los políticos “acuerdo de paz” no es más que una herramienta para invalidar las múltiples iniciativas populares y sociales que surgen en todo el mundo para ayudar al pueblo palestino.

No hay neutralidad posible frente a la deshumanización. Desde Amnistía Internacional, seguimos documentando, denunciando y exigiendo que se respete el Derecho Internacional Humanitario.

Porque cada vida cuenta y porque el silencio es cómplice.

Con ese hashtag se realizado una marea de concentraciones el pasado fin de semana, repartidas por España y otros países, donde las personas que han asistido han realizado diferentes tipos de ayunos para sensibilizar a la población de la necesidad de alzar su voz por el genocidio de Gaza (la relatora de la ONU, Francesca Albanese, estima en 680.000 las muertes en Gaza, diez veces más de lo calculado) y exigir a las autoridades la toma de medidas que conduzcan a detenerlo.

Una treintena de ellas han realizado un ayuno de 24 horas físicamente en la plaza Fuente de las Batallas de Granada, con la participación de una veintena de colectivos sociales. Sentir y vivir el hambre durante 24 horas pensando en los miles de personas que la sufren cada día y exigiendo que la ayuda humanitaria llegue a su destino tanto por tierra como por mar. Paralelamente se pedía la protección para que la acción que está llevando a cabo la Global Sumud Flotilla de manera que llegue a su término y pueda entregar la ayuda humanitaria a las personas gazaties a la vez que abrir un corredor seguro que abastezca a la población. Los 42 barcos de la Flotilla, procedentes de Italia, España y el Magreb, ya han partido desde Portopalo en Italia rumbo a su destino en Gaza.

Las personas participantes cerraron su boca pero abrieron sus corazones a la denuncia, a la impotencia, a la solidaridad y a la esperanza.

Estamos cada vez más convencidos que la movilización de la sociedad es el único sistema que queda de parar este genocidio. Hemos podido comprobar que hay manifestaciones y actos solidarios con Gaza prácticamente todos los días, de toda índole. Lo que hasta hace poco tiempo eran unas cuantas personas se está convirtiendo en un movimiento global humanitario.

Todo acto vale. Nada es en vano. Algunos son relevantes por las personas que los realizan (cantantes, actores, actrices, representantes políticos) pero lo más importante es que está calando en el pueblo, personas que estaban desconcertadas consiguen levantar la voz y sumarse a estas iniciativas movidas por acciones como la del pasado fin de semana. HambrexHambre, sentir por un día algo de lo que la ONU ha declarado en Gaza, la hambruna, que se da cuando hay una escasez extrema de alimentos y donde varios niños, niñas y adultos de una determinada zona mueren de hambre a diario por la falta de alimento. Generalmente se suman a una pobreza extrema y una de sus características es que se establece de forma lenta, que es evitable y predecible. Provocada por supuesto, en la mayoría de las veces, por la intervención humana. Muchos españoles aún tienen en su recuerdo los años del “hambre” tras la guerra civil en que se vieron inmersos y pueden reflejarlos en el hambre del pueblo gazatí.

Decía mi abuela que “hambre que espera hartura no es hambre ninguna”. Veinticuatro horas de hambre no son nada para un cuerpo sano, pero veinticuatro horas pensando, recordando, difundiendo y reflexionando sobre esa hambre que no espera hartura remueve no sólo el cuerpo sino todos los sentimientos de una persona, toca de lleno en el sentimiento de humanidad.

Y en este ayuno también se ha conseguido contactar con otros grupos que sienten la misma impotencia que nosotras y han decidido compartir este ayuno nuestro (Córdoba, Úbeda, Salar) porque ya no valen medias tintas. Pasamos hambre, si, pero cada vez somos más compartiendo nuestra hambre con el pueblo gazatí. Y esa hambre es el arma que tenemos para movilizar a los gobiernos a tomar medidas efectivas para poner fin al genocidio, devolver la vida a las personas asediadas y llevar ante los tribunales a los responsables de este exterminio.

Es el año 1977 y suena “Te Estoy Amando Locamente” de Las Grecas. Han pasado siete años desde las primeras marchas en Estados Unidos, tras la revuelta de Stonewall, cuando Barcelona acoge la primera manifestación del Orgullo en nuestro país. Aunque la Ley de Peligrosidad Social no sería derogada hasta finales de 1978, ese año ya se abría un camino hacia la libertad. En Andalucía, los primeros destellos de organización LGTBI+ surgieron ese mismo año con la formación de la Unión Democrática de Homosexuales de Málaga. Poco después, el 25 de junio de 1978, Sevilla fue escenario de la primera manifestación por la libertad sexual en nuestra comunidad.

“I have a dream…” Así comenzó Martin Luther King uno de los discursos más poderosos del siglo XX, con un sueño compartido, una visión de justicia que aún no existía, pero que se volvió imparable cuando empezó a ser pronunciada, imaginada, repetida.

Este 2025, el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ se ha celebrado el sábado 28 de junio, acompañado por una agenda de actividades que se ha extendido a lo largo de todo el mes de junio y los primeros días de julio. Ciudades como Sevilla han desplegado una programación completa del 26 al 29 de junio, culminando con un gran desfile nocturno. Málaga, Cádiz, Granada, Almería, Huelva, Córdoba y Jaén también han acogido sus propias marchas, conciertos y encuentros, mostrando la vitalidad de un sueño colectivo que sigue presente hoy con fuerza. Un Orgullo que reafirma la dignidad de orientaciones sexuales e identidades de género históricamente marginadas y reprimidas, y que sigue ocupando el espacio público para visibilizar su presencia y sus demandas.

Violencia, datos, lucha actual

Sin embargo, esta celebración se ve empañada por una cruda realidad que nos obliga a mantenernos vigilantes y a seguir alzando la voz. Como señala Cristóbal Fábrega Ruiz, coordinador de Amnistía Internacional Jaén, la pasada semana se denunció la brutal agresión homofóbica sufrida por un joven de 30 años en Jaén, tras las fiestas del Orgullo. Fue atacado por tres personas, recibió once grapas en la cabeza, y la violencia estuvo acompañada de insultos homófobos, confirmando que se trató de un delito de odio. Además, otro agresor, acompañado de una mujer y dos niños, continuó atacándolo físicamente y verbalmente. Esta agresión no es un caso aislado: colectivos como Arco Iris alertan sobre el aumento constante de la violencia contra el colectivo LGTBI+, y señalan directamente a los discursos de odio propagados por la extrema derecha como una causa principal.

Gracias al Orgullo tenemos ocasión para una reivindicación constante y una llamada a la acción para vivir libres de miedo y con plena dignidad. Cada pancarta, canción, abrazo, grito compartido en la marcha del Orgullo andaluz lleva el eco de aquella frase: “yo tuve un sueño”

Los datos oficiales respaldan esta alarma. Entre 2002 y 2021, uno de cada cinco delitos de odio en España (22,7%) tuvo como motivo la orientación sexual o identidad de género, según el Consejo General del Poder Judicial. En 2021, el Ministerio del Interior registró 466 delitos de odio por estas razones, representando el 26% del total y un aumento del 67% respecto a 2019.

En este contexto, las palabras de Samantha Hudson en el pregón del #MADO Madrid Orgullo 2025 resuenan con especial fuerza y relevancia. La artista fue clara al señalar que, si bien hemos conquistado hitos históricos como el matrimonio igualitario, “esto no ha hecho más que empezar. Sigamos pensando hacia delante, no nos conformemos. Que no nos tomen por tontas, queda mucho que hacer, queda mucho camino que recorrer”. Hudson denunció la “ola reaccionaria fascista” que sacude el mundo y subrayó la urgencia de una lucha “interseccional y transversal”, capaz de conectar la defensa de los derechos LGTBI+ con otras causas como la ley de inmigración y la necesidad de entender la vivienda como un derecho fundamental, no como un bien mercantil. Su mensaje es un recordatorio potente de que la lucha LGTBI+ debe abrazar todas las causas de derechos humanos, sin dejar a nadie fuera.

Desde Amnistía Internacional reiteramos que, en virtud del derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Gracias al Orgullo tenemos ocasión para una reivindicación constante y una llamada a la acción para vivir libres de miedo y con plena dignidad. Cada pancarta, canción, abrazo, grito compartido en la marcha del Orgullo andaluz lleva el eco de aquella frase: “yo tuve un sueño”. Andalucía, con su historia compleja y su identidad mestiza, sabe bien lo que cuesta soñar. Pero también sabe que es capaz de abrir caminos donde antes había silencio.

Hoy fue un día extraño, me contaba Laila con la mirada perdida. “¿Qué pasó?”, le pregunté intrigada. Con un tono de incredulidad, me respondió: “Fui al trabajo como todos los días, y al llegar me dijeron que ya no podía seguir allí. Solo me pidieron que recogiera mis cosas y me marchara, sin darme ninguna explicación”.

Con la mirada perdida, continuó: “Al principio pensé en ir a la biblioteca a estudiar, pero para mi sorpresa, tampoco me dejaron entrar. Me dijeron que las mujeres ya no podíamos acceder a esos espacios, ni mucho menos asistir a las clases de la universidad”.

En ese momento sentía como su confusión y desconcierto se transmitía también en mí. “Es como si quisieran borrar mi presencia, la de todas nosotras”, añadió. “Intentando buscar algo de normalidad, decidí salir a hacer deporte, pero incluso en la calle me frenaron”. Le dijeron que no podía estar sola en la calle. “Cuando llegué a casa, decidí hacer algo de ejercicio, porque el sol estaba demasiado fuerte. Abrí las cortinas para que entrara aire, y de pronto, tocaron la puerta. Me dijeron que no podía estar visible desde la ventana”.

Desde hace unas décadas, uno de los grandes desafíos al que se enfrenta la comunidad internacional en materia de derechos humanos es poner fin al apartheid. En este sentido, Amnistía Internacional se adhirió hace unos meses al movimiento End Gender Apartheid. Debido a la grave situación de las mujeres en estos últimos tres años en Afganistán y la deriva represiva del Estado iraní que se inició con la muerte de Masha Amini en manos de la policía de la moral, este movimiento, que como su nombre indica, busca poner fin al “apartheid de género”, ha intensificado enormemente sus esfuerzos.

Desde 'End Gender Apartheid' luchan por que el apartheid de género sea integrado y reconocido por el Derecho Internacional

El apartheid se define como un régimen institucionalizado que implica la opresión y dominación de un grupo sobre otro, despojando a ciertos colectivos de sus derechos fundamentales. Aunque el término se originó en el contexto de la discriminación racial en Sudáfrica, su uso se ha ampliado para describir la segregación y discriminación basadas en el género (“apartheid de género”).

Históricamente, el apartheid en Sudáfrica, que duró desde 1948 hasta 1994, prohibió a las personas racializadas acceder a espacios reservados para la minoría blanca, negándoles derechos básicos como el voto y la educación. Hoy, desde Amnistía Internacional, hablamos de apartheid de género como un sistema que perpetúa la segregación y exclusión de las mujeres y niñas.

En el plano del Derecho Internacional, el apartheid fue declarado crimen de lesa humanidad en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, siendo así reconocido también en el Estatuto de Roma. Desde End Gender Apartheid luchan por que el apartheid de género sea integrado y reconocido por el Derecho Internacional pues los acontecimientos antes mencionados fuerzan a que éste sea “interpretado de modo que incluya las jerarquías de género, no sólo las jerarquías raciales”.

Este apartheid se constituye como una herramienta perpetuadora de las estructuras patriarcales de silenciamiento y exclusión, imposibilitando el justo cambio para las mujeres

De esta manera, reconocer el apartheid de género como un crimen internacional reflejaría de manera más precisa las realidades históricas y actuales de opresión institucionalizadas hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+. Asimismo, contribuiría a fomentar la justicia de género dado que dichos grupos vulnerables han luchado incansablemente para que sus experiencias de discriminación sean reconocidas formalmente.

A través de la historia de Laila y de muchas otras mujeres afganas e iraníes, se hace urgente la necesidad de que, como sociedad, luchemos contra el apartheid de género. No es un problema aislado ni lejano, pues se manifiesta en las desigualdades que sufren día a día las mujeres en el acceso a la educación y a los servicios de salud, así como en la representación y toma de decisiones políticas.

Desde Amnistía Internacional, promovemos espacios de sororidad e interseccionalidad como una estrategia de resistencia y combate ante cualquier injusticia, como lo es el apartheid. A veces, puede parecer que las cosas no están tan mal, pero la realidad es que la discriminación persiste e incluso se profundiza. “Hablen de nosotras, no nos olviden” es el llamado que hacen las mujeres afganas e iraníes, y que desde nuestros espacios se hace imperativo amplificar.

En definitiva, este apartheid se constituye como una herramienta perpetuadora de las estructuras patriarcales de silenciamiento y exclusión, imposibilitando el justo cambio para las mujeres. De este modo, no podemos dejar caer en el olvido la situación de las mujeres afganas e iraníes, pues el apartheid racial no solo se combatió desde dentro sino también a través de la denuncia internacional de este crimen, que hoy en día desgraciadamente se sufre en base al género.

Las recientes elecciones celebradas en Venezuela han puesto en primer plano la situación de este país, un país que en 2010 tenía las reservas petroleras más grandes del mundo y era uno de los principales exportadores mundiales de petróleo.

A pesar de esa riqueza, el sistema público de salud está colapsado. Casi tres cuartas partes —el 72,4%— de los centros públicos de salud sufren escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9% de los servicios públicos de salud no funcionan. El personal sanitario que denuncia las deficiencias existentes y el bajo nivel salarial es objeto de actos de intimidación por parte de las autoridades.

El costo de la bolsa de la compra para alimentos para una familia de 5 miembros equivalía en octubre de 2023 a unos 494 dólares estadounidenses al mes, y el salario mínimo mensual era de 3,67 dólares, con lo que la mayoría de la población sufre una grave inseguridad alimentaria. Además, el 74,5% de las familias carecen de acceso regular a agua potable.

A esto se une, según Amnistía internacional, una grave crisis de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad responden con fuerza ilegítima a las protestas que reivindican derechos económicos y sociales. Quienes critican al gobierno del presidente Nicolás Maduro son objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. Hay impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que siguen cometiendo las fuerzas de seguridad.

La Corte Penal Internacional investiga crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del Gobierno de suspender el proceso. Siguen empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. Los venezolanos huyen del país de forma creciente.

El Gobierno persigue a quienes pertenecen a la oposición política y estos corren peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Para ello no se duda en utilizar el sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.

deben liberalizarse los fondos venezolanos procedentes del comercio petrolero y que son necesarios para relanzar la economía ya que Venezuela es un país con múltiples riquezas naturales. Su situación actual no está justificada. El sufrimiento, económico y político, del pueblo venezolano debe terminar

Las organizaciones de derechos humanos ven con preocupación la penalización del aborto, las denuncias de esterilización forzada, el acceso limitado a anticonceptivos modernos y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y los índices altos de mortalidad materna debido a esas limitaciones.

Hay una alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas y las personas LGBTI continúan sufriendo discriminación.

Durante y después de las elecciones se han registrado una oleada de violaciones de derechos humanos. Tras las elecciones, la población se movilizó pacíficamente para expresar su descontento por las irregularidades electorales.

La falta de transparencia en que se ha dado la consulta electoral con la resistencia del Gobierno venezolano a publicar las actas ha provocado una importante demanda de la comunidad internacional, incluso de países que se consideran aliados de la llamada revolución bolivariana. Sería muy fácil eliminar las sospechas dando publicidad a las actas electorales. Pero ese paso no es el único necesario para solucionar el problema venezolano. Hay que reactivar la economía y realizar una política positiva de derechos humanos. Asimismo, deben liberalizarse los fondos venezolanos procedentes del comercio petrolero y que son necesarios para relanzar la economía ya que Venezuela es un país con múltiples riquezas naturales. Su situación actual no está justificada. El sufrimiento, económico y político, del pueblo venezolano debe terminar.

Hace unos días se celebraba el Día Internacional de la Juventud y si te has parado a leer esto es porque eres joven o te importan los y las jóvenes. Y si eres lo primero, desde ya, te comprendo.

Recuerdo los domingos en mi infancia, los recuerdo muy bien. El fin de semana se acababa y, de vuelta al colegio, la montaña de deberes y la preparación de alguna exposición de inglés o lengua quedaban, como no, para última hora. Para mí, las semanas en realidad empezaban los domingos por la tarde. 

Cuando en el colegio o instituto teníamos que exponer el role play de inglés, el romanticismo de Bécquer y Rosalía de Castro, los nervios eran inevitables, especialmente porque dejábamos todo para última hora. Sin embargo, si en lugar de eso pudiéramos hablar de lo que hicimos el fin de semana o de nuestros planes para el próximo, esos nervios desaparecerían o, al menos, serían más amenos. Si ahora, como personas adultas, te pregunto sobre tus planes durante tus días libres ¿cómo te sientes? ¿Realmente tienes tiempo libre o todos los días son un eterno domingo?

¿Por qué durante la semana piensas en tu tiempo libre y en tu tiempo libre piensas en tu semana?

Estamos de acuerdo en que no habrá esa montaña de deberes, pero sí una semana llena de incertidumbre, estrés, ansiedad y algo que siempre es de última hora, como los deberes del colegio. ¿Alguna vez te sientes culpable por disfrutar de tu tiempo libre? Tal vez piensas que deberías estar haciendo algo más productivo. Ese tiempo que dedicas a pensar en tus planes o a disfrutarlos, no lo inviertes en, digámoslo así, tus obligaciones. Y cuando finalmente llega el fin de semana o ese merecidísimo tiempo libre –si es que tienes tiempo de tener tiempo libre– te encuentras pensando en todas tus responsabilidades y en que tienes que hacer esto y lo otro. Y te preguntas: ¿por qué durante la semana piensas en tu tiempo libre y en tu tiempo libre piensas en tu semana?

Voy más allá: ¿puedes hacer planes a largo plazo? Bueno, ¿cómo de largo es tu largo plazo? Se llama incertidumbre y angustia a la misma incertidumbre y angustia que se convierte en resignación que terminamos normalizando y que ni siquiera llegamos a darnos cuenta hasta que lees esta entrada y te percatas de que tus días se han convertido en aquellos eternos domingos de deberes y tareas de nuestra infancia.

Si te hablo de incertidumbre, ¿sabes poner un ejemplo desde tu experiencia y vivencia? Si te hablo de compromiso a largo plazo, también, ¿verdad? Y si te hablo de trabajo e independencia económica, ya nos entendemos a la perfección. Resulta que no es nada nuevo lo que te estoy contando, pero como joven hará que no te sientas incomprendido o incomprendida, al menos entre las líneas de esta entrada. 

En las redes sociales se nos exponen e imponen, expectativas y presiones que nos llevan a intentar alcanzar un ideal de vida totalmente inalcanzable

Con todo esto tenemos los ingredientes para hacer una llamada a la salud mental, estrés, ansiedad e incluso soledad y aislamiento social. Y es que nuestra resignación debe transformarse en motivación, pero ¿cómo hacerlo posible sin sentirse incomprendidas y olvidadas? La atención médica no solo abarca la salud física, sino también la salud mental y emocional y es un derecho fundamental.

Hablemos de lo que nos preocupa. Frente al sosiego, nos enfrentamos a la inmediatez y a una vida líquida normalizada que nos consume, agota y desincentiva. Queremos tener oportunidades, tener garantizado un futuro. Lo cierto es que se ha normalizado nuestra situación como jóvenes y hay que decirlo: ¡estamos resignadas!

Con estudios y sin empleo, o, en el mejor de los casos, trabajando en condiciones precarias, muchos de nosotros y nosotras aún vivimos con nuestros padres y madres. Nos encontramos en un contexto en el que la información, sin reflexión, nos lleva a consumir publicaciones y entradas en redes sociales de personas aparentemente como nosotros y nosotras, pero con vidas perfectas a cada instante, como si fuera un espejismo de libertad, o discursos que nos hacen pensar que crear contenido a partir de nuestro cuerpo es tener libertad sobre nuestro cuerpo, y no mercantilizarlo.

También experiencias que te incentivan a ser nómadas en una furgoneta, recorriendo el mundo como dueños y dueñas de nuestro propio tiempo. Sin embargo, lejos de ser así, se nos exponen e imponen, expectativas y presiones, tanto externas como internas, que nos llevan a intentar alcanzar un ideal de vida totalmente inalcanzable, lejos queda pero sí resuena el “si quieres, puedes”. Ficción y apariencia de empoderamiento cuando la realidad es otra. 

Ya seas una persona deportista de élite o busques mejorar tu calidad de vida, es esencial detenernos, y luego todo lo demás encaja en su lugar

Sin duda, hay muchas cuestiones que no caben en esta entrada, pero se podrá notar el sarcasmo y la reivindicación de no normalizar nuestra situación, porque no estamos bien y tenemos derecho a una salud integral, pues no hay derecho a la salud si la salud mental no está cubierta.

Durante los Juegos Olímpicos de París, las voces que llaman la atención sobre la importancia de nuestra salud han resonado con fervor. La histórica decisión de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, cuando eligió priorizar su bienestar y salud mental sobre la competición, sigue siendo un faro de reflexión y aprendizaje. Biles, una de las atletas más destacadas, o Raven Saunders medallista de plata en 2021 en lanzamiento de peso que luchaba contra la depresión y la ansiedad, nos recuerdan que ya seas una persona deportista de élite o busques mejorar tu calidad de vida, es esencial detenernos, y luego todo lo demás encaja en su lugar.

Como decía Biles tras su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024: deberíamos salir a pasarlo bien, pero eso no siempre es así. Y es que su valentía en 2021 al hablar sobre estos temas estigmatizados no solo inspira a otras atletas, sino que sirven de ejemplo para todos y todas destacando no solo la necesidad de cuidar nuestro bienestar, sino también subrayando una cuestión esencial de derechos humanos. No todo vale y el éxito no debe lograrse a cualquier coste.

La salud mental es un derecho humano y por ello Amnistía Internacional pone el foco en los y las jóvenes y recuerda que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”.

Desde Amnistía Internacional lanzamos esta reflexión, centrándonos en la atención y prevención de la importancia de nuestra salud mental y bienestar. Merecemos un entorno que respete y conviva con nuestros otros derechos humanos básicos.

Hace un mes en respuesta a la tan anhelada liberación de Julian Assange de Belmarsh, una prisión de alta seguridad de Reino Unido, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró:

 “Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia positiva de que Julian Assange, que se encontraba bajo custodia del Estado británico, haya quedado por fin en libertad tras cinco años de prisión, y de que esta terrible experiencia se acabe para él y su familia. Creemos firmemente que Julian Assange nunca debió haber sido encarcelado y hemos pedido continuamente que se retiren los cargos.

 El espectáculo que durante años han mostrado al mundo las autoridades estadounidenses, empeñadas en violar la libertad de prensa y la libertad de expresión al usar a Assange como ejemplo por revelar presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos ha causado sin duda un daño histórico“.

En Amnistía Andalucía tuvimos la suerte de haber presentado también justo hace un mes en la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, el documental de las periodistas Clara López Rubio y Juan Pancorbo en torno al periodista Julian Asange y la defensa de éste que estába llevando a cabo el equipo jurídico de Baltasar Garzón, una historia tan interesante que detalla los entramados de una historia que merecía ser contada.

Clara recuerda así su experiencia:

“En 2012 establecimos contacto con el juez Garzón para llevar a cabo el rodaje de un documental sobre su trayectoria en el ámbito de la Jurisdicción Universal, fuimos a visitarlo ese verano a Torres, su pueblo natal en Andalucía. El juez acababa de ser inhabilitado y estaba en proceso de reinventarse como abogado.

Fue en esos mismos días cuando recibió la llamada de Julian Assange y después de unas conversaciones aceptó coordinar su defensa probono. Así que ahí había una historia que empezaba y merecía ser contada.

De repente, teníamos un caso de suma actualidad que despertaba gran interés internacional. Como narradores enseguida nos sedujo el encuentro de estas dos personalidades en apariencia tan distintas. Luego, el propio Baltasar Garzón nos explicó que él entendía la defensa de Julian Assange como la defensa de un principio fundamental en democracia: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Desde esa perspectiva, este caso global encajaba en nuestra visión inicial del proyecto. Decidimos contar un Garzón inédito, trabajando ahora del otro lado del sistema judicial, no ya como juez instructor, sino como abogado“.

Queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar

“Hacking Justice” muestra su trabajo al frente del equipo legal internacional que defiende al editor jefe de WikiLeaks, Julian Assange. Él y su equipo ejercen como abogados de derechos humanos inmersos en un caso plagado de irregularidades, que implica a varios Estados, en el que queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar.

En términos visuales, mi codirector Juan Pancorbo y yo planteábamos el documental de esta forma: un hombre encerrado en una habitación y otro que viaja por todo el mundo con la misión de sacarlo de ella. Pero de fondo estaban los grandes temas: el futuro de Internet, la importancia de la transparencia para Gobiernos y corporaciones, la necesidad de proteger a los whistleblowers y la gran influencia de los servicios de inteligencia en nuestras vidas…

Desafíos no nos faltaron. De hecho, inicialmente el título original de nuestra película era “The Challenge”, el desafío: todas las dificultades que conlleva hacer una película sobre abogados que están trabajando en un caso secreto; un caso todavía abierto en aquel momento y de alto voltaje político en el que todos los actores tienen que ser extremadamente cautos, cualquier interferencia nuestra con la cámara podía perjudicar el proceso en marcha.

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar. Multitud de circunstancias complicadas ocasionaron un gran desafío para la producción.

Vivimos por aquel tiempo en una continua incertidumbre. Durante los primeros meses creímos que el caso podía tener una resolución inminente, que Julian Assange podría salir en cualquier momento de la Embajada; trabajábamos con una sensación de urgencia que nos hizo, como documentalistas, tomar decisiones apresuradas. Luego pasamos justamente a vivir la situación contraria: muchos meses y algunos años de aparente bloqueo del caso, en los que parecía que el equipo de defensa no estaba logrando ningún avance y que la situación podía prolongarse eternamente.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que la situación de Assange debía calificarse de “detención arbitraria” y que tenía derecho a una compensación

Pero ante nuestra sorpresa el equipo de defensa consiguió eficazmente  pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales. La más importante fue la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que consideró que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse de “detención arbitraria” y que éste tenía derecho a una compensación.

 Estuvimos nueve años acompañando con la cámara el caso de cerca, los viajes constantes de Baltasar Garzón, no sólo a Londres, sino también a Estados Unidos, Ecuador, Ginebra, allá donde fuera necesario actuar para liberar a Julian Assange. Aún sabiendo que el equipo legal de diversas nacionalidades y distintas especialidades era brillante, finalizamos la película en 2021 con la frustración de que Assange no estaba aún libre.

Sorprendente, para bien, fue su liberación el pasado 25 de junio, sin duda fruto tanto del trabajo legal como de la enorme presión internacional que se creó alrededor del caso. En todos los lugares del mundo se habían creado grupos de activistas “Free Assange”, muchas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, exigieron la liberación del periodista.

 Mandatarios internacionales se dirigieron personalmente a la administración norteamericana para solicitar el cierre del caso, como por ejemplo, los presidentes Andrés Manuel López Obrador o Lula Da Silva. El primer ministro australiano Anthony Albanese y sus diplomáticos entablaron durante meses conversaciones con políticos norteamericanos para buscar posibles vías de negociación.

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos, como se ha señalado más arriba: el choque entre la justicia y la política, o la justicia y los supuestos intereses de Estado.

En el denominado “caso Pinochet”, al Reino Unido no le interesó políticamente retener a un dictador responsable de horrendos crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, en el referido a Assange, al mismo Reino Unido  le pareció oportuno mantener privado de libertad, en una especie de limbo jurídico, a un editor que publicó crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Estados Unidos contra civiles y periodistas. Aquellos criminales de guerra no han sido aún perseguidos. En cambio, Julian Assange ha pasado 14 años privado de libertad, los cinco últimos aislado en una celda de 2x3 metros, sólo por publicar estos crímenes.

Aparte de las ingentes dificultades que tuvo que superar la cámara, lo que ésta muestra en la voz de sus personajes es que hay que seguir trabajando muy duro para garantizar la libertad de prensa en nuestras sociedades. Los periodistas no pueden ser perseguidos como espías cuando publiquen información incómoda para los gobiernos“.

 Amnistía Internacional felicita por el trabajo realizado a la familia de Julián Assange, a activistas, profesionales de la abogacía y otros más, organizaciones de defensa de la libertad de prensa y a muchas personas de los medios de comunicación y de otros ámbitos que lo han apoyado a él y han defendido los principios fundamentales que deben regir el derecho y el acceso de la sociedad a la información y la justicia.

Tras el inicio de las acampadas por el genocidio del pueblo palestino en EE.UU y posteriormente en el resto del mundo, llegando el 29 de abril a España por iniciativa de la Universidad de Valencia y la posterior expansión de estas movilizaciones por el resto de las universidades y la resolución de la CRUE, las universidades andaluzas se unen a estas acampadas empezando por la Universidad de Granada, que fue la primera en poner las tiendas, y a continuación la Pablo de Olavide de Sevilla. El estudiantado movilizado aseguraba que el contenido de la CRUE eran palabras vacías que no materializaban ni efectuaban el boicot académico que exigían en el movimiento estudiantil sobre detener de forma indeterminada las relaciones con Israel u otras instituciones que financiaban a las fuerzas israelíes para el asedio contra la población palestina.

Ante esto, los y las jóvenes nos cuestionamos el rumbo de las universidades andaluzas en este sentido. ¿Qué avances han marcado las movilizaciones y compromisos de las universidades públicas andaluzas desde el reconocimiento palestino en mayo de 2024? ¿Qué implicaciones han tenido y tendrán estas medidas?

En estos tiempos frenéticos, la juventud se moviliza y desafía las críticas que la acusan de apática con movilizaciones como las de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde resuena con vehemencia “una asignatura se recupera, una vida no”.

Y es que los y las jóvenes de las universidades públicas de Andalucía nos hemos movilizado contra el genocidio y la barbarie que viene sucediendo desde hace décadas en Palestina. Frente a las flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas por Israel, incluyendo los desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, los secuestros de rehenes, la intensificación del sistema de apartheid y la sistemática desposesión de la población palestina, exigimos el alto al fuego inmediato para Gaza y un compromiso real académico en solidaridad con el pueblo palestino.

Desde Amnistía Internacional reconocemos que, en plena época de exámenes, el estudiantado universitario no se ha limitado a observar sino que se ha autogestionado y trabajado en la horizontalidad, dando al mundo entero una lección sobre convivencia, organización y perseverancia

No es solo un sistema de trato discriminatorio prolongado y cruel; es un genocidio. Ante esta realidad, resuenan las palabras de Ángela Davis: “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”. A pesar de esta sombra realidad que oscurece cualquier horizonte de paz, los y las jóvenes no hemos olvidado la historia y nos mantenemos comprometidas con el pueblo palestino, rechazando la indiferencia y exigiendo acciones concretas.

Desde Amnistía Internacional reconocemos que, en plena época de exámenes, el estudiantado universitario no se ha limitado a observar sino que se ha autogestionado y trabajado en la horizontalidad, dando al mundo entero una lección sobre convivencia, organización y perseverancia, demostrando que con colaboración y coordinación es posible sacar adelante una lucha.

Ejemplo de ello han sido los y las jóvenes universitarias de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), quienes, tras 20 días de acampada y tres días de encierro en el Rectorado, han logrado ser escuchadas gracias a sus esfuerzos y apoyos de asociaciones, compañeros, profesorado y trabajadores. Estos logros han incluido el reconocimiento por parte del Rectorado de la masacre perpetrada por Israel contra el pueblo palestino como un genocidio, así como el impulso de una cooperación con las universidades palestinas.

Tras estos logros, el campamento en la UPO se ha levantado para trasladarse a la Universidad de Sevilla y unirse a la acampada que lleva un mes en el campus. Recientemente, la Universidad de Sevilla ha vivido momentos de tensión cuando las fuerzas antidisturbios desalojaron por la fuerza a estudiantes que se movilizaban en el decanato de la Facultad de Filología. Durante la intervención, los agentes hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, causando heridas y fracturas en la mano de un estudiante.

La persistencia de todas las personas en esta lucha muestra sin lugar a dudas la defensa de los Derechos Humanos frente al genocidio en Gaza

Por su parte, el estudiantado de la Universidad de Cádiz, a 13 de junio de 2024 continúa con la acampada debido a la falta de formalización de los acuerdos pactados el 4 de junio. A pesar de que la Universidad se comprometió a enviar un documento con las demandas aceptadas, incluyendo una denuncia del genocidio y el compromiso de no colaborar con universidades israelíes, los y las estudiantes no han recibido respuesta alguna después de una semana, continuando las movilizaciones para exigir medidas efectivas contra el genocidio en Gaza,

Mientras tanto, la acampada de la Universidad de Granada ha sido la primera en levantarse gracias al acuerdo conseguido con el Consejo de Gobierno de la universidad, al igual que la Universidad de Jaén, que ha conseguido la aprobación por parte del claustro de una declaración institucional en relación con la situación en Gaza. En Málaga, tras 30 días de encierro en la Biblioteca General, han decidido mantener las movilizaciones junto a la plataforma Málaga Por Palestina.

En la Universidad de Córdoba, el 28 de mayo los estudiantes se encerraron en la Facultad de Filosofía y Letras para presionar al Rectorado a posicionarse claramente en defensa del pueblo palestino. En el campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz, después de 23 días de acampada, los estudiantes decidieron levantar el campamento pero no parar las movilizaciones debido a las negociaciones y acuerdos con las instituciones por Palestina. En Huelva, la acampada continúa con numerosas actividades de concienciación sobre la causa, con la esperanza de conseguir sus demandas.

En conclusión, las universidades andaluzas han sido protagonistas en las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino desde el inicio de las acampadas. El estudiantado ha criticado la respuesta institucional como insuficiente y han exigido acciones más contundentes. A lo largo de este movimiento, diversas universidades públicas en Andalucía han alcanzado acuerdos y declaraciones institucionales, aunque enfrentan desafíos como desalojos violentos y la falta de formalización de compromisos. La persistencia de todas las personas en esta lucha muestra sin lugar a duda, la defensa de los Derechos Humanos frente al genocidio en Gaza, reflejando un rechazo claro a la injusticia y un llamado urgente a la comunidad global para actuar en defensa de los derechos humanos en Palestina.

Que viva la lucha del pueblo palestino.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; un derecho que incluye no ser molestado a causa de las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas por cualquier medio de expresión.

Actualmente nos encontramos ante una situación que pone en riesgo la libertad de prensa e incluso la propia libre elección de opciones base de toda democracia. Los medios de comunicación han perdido credibilidad por la inmensa proliferación de las llamadas fake news. Ya Orwell en su novela 1984 refleja cómo se puede manipular a la sociedad sobre las bases de noticias falsas para controlarla.

Las fake news constituyen un auténtico peligro para la libertad de información, pues distorsionan la realidad, y más que informar desinforman, pretendiendo de alguna manera influir a la sociedad en un determinado sentido, creando el efecto contrario al perseguido por aquella libertad, que es el de la configuración de una opinión pública libre. Las mismas pueden llegar a pervertir el propio sistema electoral. Es necesario fortalecer el ejercicio de la libertad de información veraz, única que puede permitir el deseado enriquecimiento de la democracia, salvaguardándola, en el marco de una sociedad plural.

Las noticias falsas son una amenaza para las instituciones democráticas. Este tipo de noticias podría hacer que un candidato pierda las elecciones y afectar a las relaciones internacionales. También son contrarias a uno de los pilares fundamentales de la democracia: que los votantes puedan decidir de manera informada entre los candidatos en competencia.

Muchas informaciones, que podrían enriquecer a los ciudadanos y que les serviría para adoptar una visión crítica respecto los verdaderos problemas de interés social, son sacrificadas en favor de otras que en nada contribuyen a la formación de la siempre necesaria opinión pública

Noticias falsas significan informaciones publicadas deliberadamente que no han sido comprobadas ni verificadas, carecen de fuentes identificadas y sin supervisión de un editor. Su objetivo es influir en la opinión pública y apoyar o desacreditar determinadas opciones.

Muchas informaciones, que podrían enriquecer a los ciudadanos y que les serviría para adoptar una visión crítica respecto los verdaderos problemas de interés social, son sacrificadas en favor de otras que en nada contribuyen a la formación de la siempre necesaria opinión pública. Y, desde luego, no se puede ignorar que las grandes multinacionales de noticias están dominadas por unos pocos que, en función de sus propios intereses económicos y políticos, las seleccionan y difunden.

No se trata de exigir una veracidad total y objetiva como presupuesto del ejercicio legítimo de la libertad de información, pero deben exigirse que se realicen las comprobaciones necesarias para establecer la veracidad de la información.

En el informe de Amnistía Internacional del 2022/2023 sobre “Libertad de expresión, de asociación y de reunión” lanzado recientemente, describe que las autoridades continuaron usando indebidamente la Ley de Seguridad Pública para limitar en exceso la libertad de expresión de manifestantes y periodistas. Aunque en menor cantidad que en 2022, se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de imprecisa definición como “falta de respeto” a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”.

Claramente, estas actuaciones, que se ven relacionadas directamente con el masivo uso de redes sociales, actúan en detrimento del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, pero en mayor medida, de la libertad de información.

Las noticias falsas provienen de sitios ficticios diseñados para parecer fiables que producen títulos sensacionalistas para atraer al lector. La polémica creada por estas noticias maliciosas implica principalmente a las fuentes o portales que las crean, pero también a las redes sociales que ayudan a su propagación.

El problema se acrecienta cuando se presentan denuncias basadas en recortes de noticias que no están suficientemente contrastadas como una forma de utilizar a los tribunales en toda esta labor de desinformación y se utilizan para la lucha política entre los distintos partidos. Estas prácticas son los gusanos que pervierten la democracia. Sin una información contrastada no puede existir la misma.

Se cumplen ocho meses de la tragedia de la valla de Melilla. Desde aquel día fatídico en el que fallecieron 37 jóvenes y otros 77 desaparecieron, nos faltan nombres como los de Marwan, Jalal, Mustafa, Ibrahim o Yasser. Aunque hay otros como los de Hassan o Bakary que, aunque continúen en esa situación irregular que les precariza, les recuerdan continuamente. 

Hassan Sall (Guinea Conakry), Bakary Drame (Mali) y otros jóvenes africanos y afrodescendientes componen el proyecto Sevilla Negra, una iniciativa que ofrece rutas guiadas por la ciudad y que no sólo arroja luz sobre la historia esclavista de nuestro país sino que sirve de espejo a las realidades actuales, en las que se sigue tratando como sin derechos a los descendientes de esas mismas personas esclavizadas o “Sine Jure”, como especificaba la marca que recibían con un hierro candente al arribar a puerto. Es además pertinente resaltar que dicha marca derivó en una “s” con un clavo, que quizás hayas observado en multitud de iglesias por toda España como símbolo de los esclavos de Cristo. 

Algunas de las historias veladas y silenciadas que podremos encontrar en el recorrido que ofrecen Hassan y compañía son las del Conde Negro, la Hermandad de los Negritos o la de la mayor esclavista de la historia de España, María Cristina de Borbón, entre otras. Junto a los guías se realiza un recorrido por el centro histórico en el que, a modo de gymkana, el visitante debe ir descubriendo los vestigios de los negros que vivieron en la ciudad de Sevilla. Una urbe que el cronista Melchor de Santa Cruz definió, en el siglo XVI, como “un tablero de ajedrez” por la cantidad de personas negras que la habitaban. Y resulta de una apabullante justicia poética que quienes estén ahí para contárnoslas sean personas que se jugaron la vida en el Estrecho y que conocen bien qué es ser invisible y carecer de derechos. 

Hassan me cuenta que se acuerda mucho de las personas que se quedaron por el camino. Por ejemplo, de cuando asistió recientemente a una manifestación por la masacre de Melilla. Allí descubrió que uno de los fallecidos había sido su compañero de cama, con quien había convivido durante el año y medio que pasó en Marruecos esperando la oportunidad para saltar la valla o cruzar de alguna manera a la península. También me recuerda que no sólo deberíamos hablar de Melilla, sino también del Tarajal, y de las muchas vidas que se pierden continuamente. “Estamos aquí, pero siempre pienso en la otra gente que se está muriendo, que se sigue ahogando”, sentencia.  

La historia de estas rutas que nos confrontan con el pasado y el presente comienza unos años atrás. Hassan salió de Guinea Conakry natal con 16 años: “Salimos porque el gobierno nos obliga a salir del país. Es muy complicada la situación y la escuela”. Y dos años después, en 2019, cruzó el mar para llegar a Tarifa. No tenía estudios, pero, en el centro en el que recaló, aprendía con profesores sobre el lugar, su cultura y, sobre todo, el idioma “para poder conectar con las personas… A veces, complicado, porque el negro de patera tiene que demostrar que no es un salvaje”.

Cuesta arriba en los derechos humanos

Uno de sus profesores le trajo un día un libro -“este te va a gustar”-. En las páginas de Los invisibles: hechos y cosas de los negros de Sevilla, obra del investigador y gestor cultural Jesús Cosano, encontró un estudio profundo de las negras y negros que vivieron en el puerto más próspero de la época, además de un extenso detalle de la nobleza y el clero que se lucraban de la trata. Junto con un amigo, Hassan se fue a recorrer los puntos que detallaba el libro. Además, se dieron cuenta de que muy, muy poca gente conocía este pasado. Por ello es que suelen decir en sus visitas que “los sin papeles del siglo XXI son la voz de los sin derechos del siglo XVI”. 

Desde que el grupo comenzó a hacerse visible y conocido, ha recibido la simpatía y el apoyo de cada vez más gente. El pasado octubre, el colectivo fue invitado a presentar su trabajo en los VIII Encuentros de Cultura y Ciudadanía que organizó el Ministerio de Cultura en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Allí se encontraron con activistas y colectivos que reflexionan sobre la cuestión racial y la presencia de las minorías en la cultura. Allí propusieron una especie de “juego de la oca” que reflejaba las dificultades que enfrentan los migrantes africanos desde que se encuentran en Marruecos hasta que consiguen tener los papeles en regla. Muchos visitantes lo intentaron y ninguno lo logró: hasta el propio Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, probó suerte y no pasó de la segunda etapa, quedando 'ahogado' en el Mediterráneo. 

Mientras tanto, en la reciente cumbre de alto nivel que mantuvieron Marruecos y España, se han mantenido las buenas intenciones y palabras que contrastan con estas realidades. El punto 23 de la declaración conjunta resultado de dicha cumbre reza: “España y Marruecos reiteran su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos como base imprescindible para la convivencia democrática, el Estado de derecho y el buen gobierno” -a la vez que- “ambos países reconocen las numerosas contribuciones positivas que las comunidades de inmigrantes hacen tanto a los países de acogida como a sus países de origen. Se comprometen plenamente a combatir todas las formas de racismo, xenofobia y cualquier otro tipo de discriminación contra las poblaciones inmigrantes”. 

Parece que el camino a un cumplimiento estricto de los derechos humanos sigue bastante cuesta arriba y que las buenas palabras se quedan perdidas entre las aguas y las concertinas, entre El Tarajal y Melilla. A pesar de todo, Hassan y sus compañeros continúan su hermosa y necesaria tarea. El pasado miércoles recibieron a un grupo escolar, unas 30 personas. “Todas ellas nacidas en Sevilla. Todas desconocían la historia. Nadie sabía que en la ciudad vivió tanta población negra”. Por un lado, sueñan con tener la posibilidad de seguir investigando sobre esta historia y aportar algo más, una oferta de turismo consciente. Por otro, quieren aportar para los que siguen viniendo. “Sabemos el dolor que tenemos. En un futuro, podemos aportar a nuestros hermanos y hermanas que vengan a Sevilla. Es algo que estoy superando, pero sé dónde les duele y lo que hace falta, cómo acogerles”.

Como persona andaluza estarás orgullosa de nuestra identidad, cultura, gastronomía y paisaje. De las playas kilométricas, de la grandeza de las montañas de cada sierra, de las emociones que evocan cada una de nuestras fiestas y de la calidad de nuestros productos. Productos que degustamos y disfrutamos en cada temporada. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los productos que consumimos, como las fresas? ¿Cuál es la lógica detrás de este mercado, del cual este artículo habla, y sigues leyendo?

Este sector de frutos rojos supone un importante motor económico en Andalucía, especialmente en la provincia de Huelva. En este sentido, en la ciudad de Lepe, donde se ubica gran parte de la producción, es donde se insertan laboralmente muchas de las personas extranjeras en el territorio, suponiendo una presión al alza en la demanda de viviendas durante los meses de temporada.

A ello, se le suma una escasa oferta de viviendas de alquiler, junto con el precio desorbitado de las mismas y la reticencia por parte de los propietarios a alquilar las viviendas a personas de etnoculturas y orígenes diferentes.

¿El resultado? La aparición de asentamientos de infraviviendas que no garantizan unas condiciones de vida digna.

En el término municipal de Lepe, a diferencia de otras ciudades que cuentan con alternativas habitacionales, no existe amparo ni respuesta por parte del ayuntamiento y demás administraciones de disponer un parque de viviendas o albergues para que desarrollen su vida al igual que cualquier otra.

Como consecuencia, surge la aparición de infraviviendas elaboradas con materiales altamente inflamables (que no en pocas ocasiones han terminado cobrándose la vida de algunas de estas personas) donde las condiciones de insalubridad e higiene están ausentes.

Esta amalgama de circunstancias dificulta y hace imposible que desarrollen una vida de pleno derecho y que, de lo contrario, se reduzca a resignación y desamparo. Además, tal y como señala el trabajador social, Juan José Peris: “Sin una vivienda, no pueden formalizar el empadronamiento en el municipio, imprescindible para acceder a otros servicios sociales”.

¿Sientes orgullo de que nuestra tierra sea trabajada bajo condiciones indignas? ¿De saber que quienes cultivan estos productos no tengan cubiertas las necesidades básicas?

En los últimos años se ha podido apreciar cómo el número de chabolas se ha ido reduciendo, lo que a priori podría parecer positivo. Sin embargo, testimonios locales de otros asentamientos de la zona apuntan a que este hecho responde a demoliciones ordenadas por las administraciones.

En cuanto a alternativas habitacionales, se puede nombrar la historia interminable del albergue municipal de Lepe, iniciado en 2005 y cuya construcción aún no ha concluido. Ante esta circunstancia, colectivos como ASNUCI, que llevan más de 25 años defendiendo la causa, han tomado un paso al frente y promovido una solución habitacional a través de la construcción de un albergue autogestionado por ellos mismos.

Este problema social está íntimamente relacionado con la actual crisis de la vivienda. La subida de los alquileres y el aumento del coste de vida ha llevado a Amnistía Internacional a poner el foco de atención en este asunto. Si bien acogemos con satisfacción las medidas positivas que ofrece el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pedimos fortalecerlas para garantizar viviendas asequibles, aumentar el parque de viviendas social, mejorar la protección de las personas que se enfrentan a desalojos, así como medidas concretas para aquellos colectivos en riesgo de vulnerabilidad como las personas temporeras de Lepe.

Sin una solución real, eficiente y eficaz, estas personas seguirán cultivando la tierra, pero no su propio bienestar.

Queremos que la ley garantice la máxima protección al derecho a la vivienda, reconocido y amparado por el Derecho Internacional. En el caso concreto de Lepe, la problemática no responde a un factor coyuntural, es previsible cada año ante la nueva temporada y son 25 los que llevan las administraciones demorando una solución al respecto. No obstante, por primera vez se ha firmado un acuerdo entre las tres administraciones para dar una solución que, pese a ser bienvenida, llega tarde. Ya el Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston exponía, en su visita a uno de los asentamientos en Huelva que la situación de las personas jornaleras en Huelva era peor que en un campo de refugiados.

Y ahora, ¿sientes orgullo de que nuestra tierra sea trabajada bajo condiciones indignas? ¿De saber que quienes cultivan estos productos no tengan cubiertas las necesidades básicas?

El pasado 24 de junio de 2022, tal como se esperaba, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que se dejará de proteger el derecho al aborto lo cual significa que serán los estados los que regulan este derecho. Así que ahora mismo el aborto está totalmente o casi totalmente prohibido en 26 estados de EE.UU., esto es, en más de la mitad del país y hay más estados que están a punto de sumarse a esta lista.

Radio, prensa, televisión y redes sociales han sido los medios encargados de promulgar la noticia a toda vela en los cinco continentes. La restricción del aborto en ciertos Estados Federales ha sido eco en todo el mundo. Tras cincuenta años de vigor, este derecho constitucional de la mujer se ha visto gravemente comprometido por la sentencia del máximo tribunal en los Estados Unidos. Sin embargo, no debe de sorprendernos esta noticia, pues en 1973, antiabortistas ya alzaban la voz para restringir el aborto a través de barreras económicas y logísticas.

Son cinco los estados que prohíben sin excepción este acto pasadas seis semanas de embarazo (Georgia, Ohio, Kentucky, Mississippi y Luisiana), violando el derecho a la privacidad de las mujeres y la libre actuación sobre sus propios cuerpos. Además, en los últimos tres años se han realizado más de 42 restricciones para la minimización del aborto de forma legal. La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas critican y califican esta decisión como un revés cometido y una recesión que atenta contra nuestra libre elección.

“Las leyes antiaborto no frenarán el aborto”

Una menor de diez años es la que ha sufrido en primera línea de batalla estas nuevas restricciones sobre el aborto. Tras sufrir una violación y quedar embarazada del violador se vio obligada a viajar y cambiar de estado para acabar con la pesadilla que conlleva tan grave y repugnante delito. Hoy ha sido esta menor es el estado de Ohio, pero mañana podría darse otra víctima a la que se le prive de algo tan básico como acabar con la tortura psicológica que este tipo de sucesos deja bajo nuestra piel. A esto se le suma que estados como Arkansas, Arizona, Missouri o Dakota del Sur no soportan excepciones por violación, manteniéndose firmes, tajantes y sin ningún miramiento ante uno de los mayores problemas que afectan al mundo actual: la agresión sexual.

Según la Organización Mundial de la salud, el aborto no seguro es una de las principales causas de las muertes maternas, siendo éste de un trece por ciento sobre la población mundial. Estados Unidos tiene la mayor tasa de muerte materna de entre todos los países desarrollados, mayormente en aquellos estados con las leyes más restrictivas sobre el aborto. Estas leyes colocan a las mujeres en una zona de sumo peligro, provocando abortos menos seguros, sin especialistas médicos y sin las condiciones sanitarias adecuadas. Las leyes antiaborto no frenarán el aborto.

Los políticos deben sentir el clamor internacional y así evitar otras restricciones; los estados pro aborto necesitan ver el apoyo internacional para impulsar más protecciones, y los estados “dudosos” necesitan ver la presión masiva para inclinarse hacia el lado correcto.

Ayúdanos a ejercer presión firmando esta carta. Estamos enviando todas y cada una de las firmas a los y las gobernadoras de todo Estados Unidos exigiendo que detengan las prohibiciones del aborto y protejan el derecho a la atención sanitaria del aborto.

Imagina levantarte cada día con una pesada carga que te impide moverte de un lado a otro sin que cada movimiento que realizas sea toda una odisea para tu cuerpo y mente. Imagina que quieres deshacerte de esa pesada carga, pero no puedes por mucho que desees. Imagina que cuando llegas a una posible solución, en lugar de deshacerte de esa carga, aparecen muchas más.  

Ahora traduce pesada carga por inseguridad. Imagina levantarte cada día con una inseguridad que te impide moverte de un lado a otro sin que cada movimiento que realizas sea toda una odisea para tu cuerpo y mente. Imagina que quieres deshacerte de esa inseguridad, pero no puedes por mucho que desees. Imagina que cuando llegas a una posible solución en lugar de deshacerte de esa inseguridad, aparecen muchas más.  

Ahora imagina que eres una persona refugiada. Que día a día te ves sometida a una incertidumbre y vida indigna que imposibilita tu desarrollo y bienestar como persona. Que tu cotidianidad se va distorsionando hasta el punto de ser la realidad de otros. Imagina que tienes que dejar tu país porque es insostenible la situación en la que te encuentras.  

El 20 de junio es el día de las personas refugiadas, día en donde se conmemora la lucha y coraje de personas que tienen que huir de su propio país porque corren peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos y persecuciones. Personas que no tienen otra opción que marcharse y buscar seguridad en otro lugar porque el gobierno de su país no les ampara.  

Es necesario una respuesta unánime que se asiente bajo los preceptos de los derechos humanos, en donde lejos de eludir las necesidades de las personas refugiadas, las ampare

Las personas refugiadas no son peones en un tablero de ajedrez, son niños, mujeres y hombres. Por ello, es necesario una respuesta unánime que se asiente bajo los preceptos de los derechos humanos, en donde lejos de eludir las necesidades de las personas refugiadas, las ampare. 

En palabras de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, “son necesarias vías legales y seguras para que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, vean respetados sus derechos”.  

Con el conflicto de Ucrania se ha podido demostrar que las cosas dependen de voluntad política. Las personas ucranianas están recibiendo la bienvenida que merece toda persona que pasa por esa situación sea del país que sea. Voluntad política es lo que exige Amnistía Internacional: queremos que toda persona que huye de algún conflicto tenga derecho a una acogida digna.  

¿Qué podemos hacer para ayudar a los refugiados? Más allá de la voluntad política, nosotras como personas ciudadanas, podemos realizar distintas acciones para colaborar con la causa. Nuestra participación política tiene que ir dirigida hacia aquellas actividades que podamos desempeñar, dentro de los recursos con los que dispongamos, como puede ser desde participar en organizaciones sociopolíticas, ser voluntarias en alguna organización no gubernamental hasta hospedar en nuestras propias casas a personas refugiadas.

La participación política por parte de la ciudadanía tiene que estar orientada a evitar que las diferencias no se conviertan en desigualdades.

Imagina, lucha y ponte en pie.

El pasado 27 de marzo, cuarenta y cuatro años después de la cumbre de salud de 1978, un lema muy distinto se alzaba en las calles de Madrid. «Salvemos la atención primaria», fue el reclamo de un centenar de asociaciones, oenegés y otras organizaciones que denunciaron la maltrecha situación de la atención primaria española. El drama es el mismo en casi todas las comunidades autónomas, con alguna que otra excepción. 

En Andalucía, después de más de una década de políticas de austeridad, la atención primaria sobrevive a duras penas. Más aún cuando los dos últimos años de la pandemia han puesto a prueba los escasos recursos con los que disponía el personal sanitario de los centros de salud. Se puede hablar ya de un sistema en crisis cuando, a pesar de las reiteradas advertencias, las autoridades no han hecho más que proponer malas recetas a un problema que, en lugar de remedios cortoplacistas, requiere un tratamiento integral. 

Una enfermedad invisible 

La atención primaria atraviesa dificultades en múltiples frentes: falta de financiación, envejecimiento del personal sanitario, una excesiva burocratización, entre otros. Sin embargo, todas estas cuestiones son síntomas de una misma enfermedad: la falta de visibilidad. «[la AP] es como el familiar al que nadie le hace mucho caso. Está internalizado e infravalorado, pero siempre disponible», explica el director de un centro de salud en Andalucía que prefiere permanecer en el anonimato.

La banalización de la AP es la preocupación que comparte el personal de medicina de familia, pediatría, enfermería y administración que sigue insistiendo en la necesidad de poner en valor el trabajo que se lleva a cabo en los centros de salud. Conocer el valor de los equipos de Atención Primaria es el primer paso para hacer las reformas integrales que se deberían llevar a cabo con celeridad si no queremos enfrentarnos a las consecuencias de una AP (más) colapsada. O peor aún, extinta. 

En España, tan solo se destina el 14% del presupuesto de sanidad a la Atención Primaria, muy lejos de la media europea y más lejos aún del 25% recomendado por la OMS. En el caso de Andalucía, la realidad es más preocupante. A diferencia de otras Comunidades Autónomas que aumentarán su presupuesto para sanidad en 2022, Andalucía mantendrá el gasto del ejercicio anterior, es decir, 1.388,86 euros por habitante, según las cifras de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), quedando rezagada a los últimos puestos, muy por detrás de otras CC. AA como País Vasco o Asturias, que encabezan la lista. 

La sanidad pública en general y la atención primaria en particular languidecen por el poco interés que se le presta desde los distintos grupos políticos y seguirán adelgazando mientras se sigan limitando sus recursos. Las estadísticas son alarmantes y obedecen a la década de austeridad que se ha mantenido desde el Real Decreto Ley 16/2012. A pesar de que en los últimos años se han tomado medidas para contrarrestar los efectos más dañinos de las políticas de austeridad, aún falta atacar de manera puntual cuestiones como la falta de personal, la precarización laboral y la fragilidad de los contratos de trabajo.

La medicina de familia en crisis

Al rápido envejecimiento de los médicos de familia se le añade el bajo ingreso de nuevos profesionales. Mientras que el índice de jubilaciones crece, las nuevas incorporaciones se estancan o disminuyen. El problema es evidente a corto y largo plazo: jornadas de trabajo más largas, mayor número de pacientes y menor tiempo de atención. A la misma vez, la precariedad de los contratos temporales hace de la especialidad poco atractiva para los jóvenes que eligen plazas luego del MIR, que prefieren optar por el sector privado. 

A la disminución del personal se suma el aumento de la demanda de pacientes. Con la llegada de la pandemia, el gran número de usuarios se traduce en una sobrecarga asistencial, a la cual se le viene enfrentando con un sistema híbrido, entre la presencialidad y los medios virtuales o telefónicos. 

Muerte por inanición

Así se podría definir el estado actual de la especialidad pediátrica en Atención Primaria. Los problemas son similares a la medicina de familia: escasez y envejecimiento del personal sanitario, burocratización e hiperfrecuentación. Pero a todo esto se suma algo más grave y es que las pediatras y los pediatras de los centros de salud «deben luchar por un hueco en la medicina de adultos, que lo acapara y lo consume todo en materia de recursos», como afirma un médico pediatra de un centro de salud de Málaga, cuyo nombre prefiere que no ser incluido en este artículo. 

Según las estadísticas más recientes del Ministerio de Sanidad, casi el 50% de pediatras (entre el sector público y privado) se encuentran adscritos en atención primaria. En cuanto al ratio, por cada 100,000 menores de 15 años hay 167 pediatras. Las cifras, según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (EAPAP), no obedecen a la realidad ya que en la actualidad existen casi 600,000 niñas y niños que no tienen acceso a un pediatra de cabecera. 

Con 595 plazas sin cubrir, la carencia de pediatras se ha convertido en una situación insostenible en los medios rurales. La falta de asistencia de calidad en estas áreas crea una enorme desigualdad entre los niños y niñas del entorno urbano y rural. Este vacío se debe, entre otras razones, a las duras condiciones laborales que tienen estos médicos, que se ven obligados a trabajar sin los estándares básicos que debería ofrecer un centro de salud. 

A una mala receta, prescribir una mejor

En kazajo, Alma-Ata significa «padre de las manzanas». No es casualidad, ya que la procedencia de esta fruta es atribuida a la región montañosa de Asia Central. A modo de analogía, se podría entender a la atención primaria a través de un viejo y conocido refrán galés según el cual comer una manzana al día, mantiene al doctor en la lejanía («An apple a day keeps the doctor away»). Seguramente es un aforismo que se ha escuchado hasta el cansancio, pero que tiene una connotación que trasciende su lectura superficial. 

Los equipos de trabajo de los centros de salud son quienes, de manera cotidiana, resuelven los problemas antes de que aparezcan. Ayudan a aumentar la esperanza de vida de la población, reducen la saturación de los hospitales y hacen que el sistema sanitario funcione en la medida de lo posible. Son, en definitiva, el poder blando cuya importancia radica no en la inmediatez, sino en el trabajo a largo plazo, motivo por el cual no es percibido ni valorizado. 

A pesar de la falta de recursos económicos, los equipos de AP son la columna vertebral, la puerta de entrada y el eje del sistema sanitario andaluz y español. Tras una década perdida y con las consecuencias de la crisis sanitaria asomando a la puerta, sería irresponsable y contraproducente no tomar medidas urgentes que garanticen la supervivencia de la Atención Primaria. Haciendo eco de las recomendaciones de Amnistía Internacional, es imperativo reforzar las plantillas de la atención primaria, alcanzar la media de ratios de profesionales de la Unión Europea, incrementar la inversión en infraestructuras y recursos materiales en los centros de atención primaria e incrementar de manera progresiva la inversión asignada a la atención primaria en los presupuestos anuales, que deberá alcanzar el 25% del total de gasto sanitario.

Desde luego, al leer el informe 'NIÑAS NO MADRES' uno no puede dejar de preguntarse ¿Cómo es posible, Paraguay? ¿Cómo es posible que un país de la espalda a una problemática tan cruel para la infancia? A través de las campañas en las que trabaja Amnistía Internacional tenemos conocimiento de una muy interesante que nos ha llevado a solicitar el trabajo en alianza.

Cada 16 de agosto celebran el Día del niño y la niña en Paraguay en honor a los niños-as soldados masacrados-as en la batalla Acosta Ñu de la Triple Alianza hace 153 años, que es ya conocida como una de las más cruentas batallas militares de América latina. 

En palabras de una historiadora alemana que documento la tragedia, el único punto en común entre los observadores e historiadores de todos los bandos era “el valor y coraje de la lucha de los paraguayos, inclusive los niños soldados”, que hoy en día sirve para “fomentar por todos los medios la difusión e intensificación del sentimiento nacionalista por los grandes recuerdos del pasado”.

Pero Paraguay parece haber olvidado esta parte tan importante de su historia, o simplemente ha decidido mirar hacia otros paisajes, para no observar lo que sucede en la proximidad de algunos hogares, donde existen niñas provenientes de contextos de marginalidad que son particularmente vulnerables a sufrir abusos, así como también la especial vulnerabilidad de las niñas indígenas.

Pasamos de los niños héroes al criadazgo de hoy en día (se trata de niñas de entornos económicamente desfavorecidos, procedentes en su mayoría de zonas rurales que realizan trabajos domésticos en casas de familias con rentas más altas a cambio de comida y alojamiento, y una promesa de ir a la escuela que muchas veces no se cumple). En este contexto, lejos de su familia y su comunidad, las niñas pueden verse más expuestas a la violencia, la explotación y a la feminización de la pobreza.

La crisis es alarmante. Solo en 2019, el Ministerio Público recibió un promedio de 12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cada día. En 2020 el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recibió 3.809 denuncias de malos tratos físicos y psicológicos y 1.032 de abusos sexuales, las expertas estiman que por cada dos casos que se hacen público, pueden existir al menos otros 10 que no se conocen.

De hecho, más de 1.000 niñas de 14 años o menos dieron a luz en Paraguay entre 2019 y finales de 2020. Y el mismo año dieron a luz más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años, unas cifras impactantes. Estas terminan viviendo en hogares infantiles y estos suelen estar gestionados por instituciones religiosas privadas que no son supervisadas de forma efectiva por el Estado, lo que pone a las niñas en grave peligro de sufrir violaciones adicionales de derechos humanos.

Frente a un caso de abuso, el Estado se enfoca en el embarazo y, solo en algunos casos, en la contención emocional de la víctima, en lugar de escuchar su opinión desde el inicio. Este abordaje refleja que tratan a las sobrevivientes casi exclusivamente como objetos de prueba para procedimientos legales. Lo que a su vez deja claro que los esfuerzos del Estado por abordar las arraigadas creencias culturales que justifican y/o facilitan el crimen de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes han resultado inadecuados.

Paraguay sigue teniendo algunas de las leyes más restrictivas de las Américas respecto al acceso a un aborto seguro y legal. La interrupción del embarazo es un delito penado con privación de la libertad, con la excepción de los casos cuando la vida de la gestante corre peligro. Por lo que las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes maternas, y el 13% son causadas por abortos inseguros. Tres de cada diez mujeres que mueren de preeclampsia (problema médico caracterizado por la hipertensión arterial durante el embarazo) son adolescentes.

Este informe revela que Paraguay no cuenta con un sistema adecuado para prevenir la violencia sexual y proteger a quienes sobreviven a ella. La Ley Núm. 6202 adoptada en 2018, que tiene por objeto la prevención del abuso sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, prometió rectificar algunos de estos arraigados problemas. Pero a tres años de su adopción, todavía espera ser puesta en práctica.

Al mismo tiempo, los currículos educativos todavía no cuentan con una Educación Integral de la Sexualidad (EIS), un elemento clave para brindar conocimientos y aptitudes de niños, niñas y adolescentes para reclamar sus derechos, detectar conductas inapropiadas y gozar de una protección frente a la violencia.

Teniendo en cuenta que en Paraguay, la gran mayoría de los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene lugar en un contexto cercano y familiar, es esencial que esta educación se proporcione en entornos educativos. Generar concientización sobre la violencia sexual es una estrategia clave para prevenir abusos o al menos detectarlos a tiempo. 

Lo que incluye información científica basada en derechos sobre la sexualidad, las relaciones y la salud sexual y reproductiva de acuerdo con cada edad, es clave a la hora de mejorar la salud y el bienestar de las personas jóvenes y de prevenir la violencia sexual.  

Se necesita un futuro en el que el gobierno paraguayo priorice la Educación Integral de la Sexualidad como forma de prevención, de justicia reparatoria y transformadora a largo plazo. Un lugar donde todas las niñas puedan ser niñas y soñar con un proyecto de vida a futuro, sin opresores donde reinen la unión e igualdad para poder cumplirlos.

El pasado 15 de febrero, los diferentes grupos parlamentarios se reunieron en la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados para cerrar el principal acuerdo de reforma de la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Desde 2015, cuando se aprobó la ley, diferentes colectivos llevamos exigiendo la derogación de esta, así como una propuesta que no viole los derechos de libertades de expresión ni de manifestación de los ciudadanos. No obstante, el borrador que se validará en las Cortes no es más que un maquillaje para cubrir las actuales violaciones de derechos humanos, pues no eliminará los artículos más dañinos para los derechos humanos.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, de 2015 a 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones por “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, así como la negativa a identificarse” y “faltas de respeto a la autoridad”, acciones catalogadas como infracciones graves y leves, correspondientemente, según el artículo 36 y 37 de dicha norma.

En este sentido, bajo la convocatoria estatal realizada por la plataforma No Somos Delito, de la que forma parte Amnistía Internacional, se desarrollaron el pasado domingo 13 de febrero diferentes movilizaciones en las ciudades de Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Y es que esta gran movilización andaluza tiene más sentido que cualquiera otra, ya que, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de sanciones impuestas debido a causa de esta norma desde que entró en vigor.

Recientemente hemos conocido el caso de Raquel Rodríguez, una de las activistas más virales de la huelga del metal de Cádiz. Tras defender su derecho a manifestarse pacíficamente y sin abusos policiales, Raquel ha recibido una citación para declarar como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por“ presunto delito contra la intimidad y revelación de secretos”.

En consecuencia, solo pedimos una propuesta que garantice el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, así como una igualdad entre el ciudadano y el agente de seguridad. El hecho de que el discurso de un agente público tenga mayor valor que el del acusado sin aportar pruebas, es una gran violación a los derechos de todos los ciudadanos y está categorizando la actuación policial como impune, al igual que limita el derecho de presunción de inocencia del ciudadano. Además, la actual ley criminaliza determinadas situaciones de pobreza, como es la sanción por venta ambulante, así como tiene tintes xenófobos al permitir la realización de redadas por perfil étnico o racial.

La actual propuesta de reforma no recoge estas demandas sociales y sigue permitiendo amordazar nuestros derechos fundamentales, nos quieren callados y por eso nos ponen multas como mordazas, y atacan nuestro derecho a protestar a base de balonazos de pelotas de goma.

Pero ante todo ello, nosotros seguiremos alzando la voz para defender nuestros derechos.