¿Por qué el PSOE recurrirá al Constitucional si también congeló las pensiones?

“Rubalcaba estudia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Rajoy de no revalorización de las pensiones”. Si a ustedes les ha sorprendido tanto como a mí escuchar al vicepresidente del primer Gobierno que congeló las pensiones en España tachar de inconstitucional que Rajoy haga lo mismo, necesitan leer lo que sigue.

Revisados los hechos, no es lo mismo. Resumiendo mucho, no es igual quitarte parte de la pensión de este año, que decretar que el año que viene cobrarás algo menos. No es lo mismo dictar normas que actúan sobre el futuro que hacerlo con decretos que revisan el pasado.

Ahí van los hechos:

Ambos Gobiernos, el del PSOE en 2010 y el del PP el pasado viernes, dictaron un decreto por el que suspenden la aplicación del artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social. Pero la decisión no tiene idénticas consecuencias.

El citado artículo 48 establece en su apartado 1 que las pensiones se revalorizarán desde el 1 de enero conforme al IPC previsto para ese ejercicio (revalorización automática). Y dicta en su apartado 2 que las pensiones se actualizarán conforme al IPC real del año en diciembre (actualización).

En mayo de 2010, Zapatero anunció en el Congreso que en 2011 no se revalorizarían todas las pensiones, sólo las mínimas. Es decir, seis meses antes de que empezara 2011 decretó la suspensión del punto 1 del artículo 48 de la ley de seguridad social (exceptuando las pensiones mínimas, que se libraron de la congelación). Pero no se suspendió el punto 2.

En diciembre de 2010, el Gobierno de Zapatero actualizó las pensiones conforme a ese punto 2 del artículo 48, es decir, las subió el 1,3% para compensar el IPC del 2010, que fue del 2,3% (en enero de 2010 las había subido el 1%).

Hasta aquí, los pensionistas no sólo no habían perdido poder adquisitivo, si no que habían visto incrementadas de forma notable sus retribuciones: en los 8 años de Gobierno socialista las pensiones crecieron de media un 40%, llegando las mínimas a un aumento del 50%. Y en 2009, cuando el IPC real al cierre del año fue inferior al previsto al inicio, no se detrajo de las jubilaciones la desviación negativa del IPC.

Llegó 2011 y entró en vigor la famosa congelación dictada en mayo. La actualización de 2010 se consolidó en las nóminas de todos jubilados, y las de aquellos con pensiones más reducidas las vieron incrementadas en un 1% adicional.

En los primeros presupuestos de Rajoy, los de 2012, se estableció la subida del 1% para todas las pensiones.

Ahora, el Gobierno del PP ha aprobado un decreto que paraliza la aplicación del artículo 48 de la ley de Seguridad Social. ¿Igual que el PSOE? No, peor. Además de incumplir la revalorización conforme al IPC previsto para 2013 (sea cual sea la previsión de IPC de 2013, las pensiones subirán un 1% si superan los 1.000 euros, y un 2% si no llegan a los 1.000), el decreto anula la actualización sobre el IPC real de este ejercicio 2012. Esta es la parte que puede ser recurrida por inconstitucional.

No actualizar en diciembre las pensiones para compensar la pérdida de poder adquisitivo que ya se ha producido (del 1% previsto en enero al 2,9% real de noviembre) supone bajar las pensiones un 1,9% en este ejercicio. Y lo que es peor, también para el año próximo.

Un ejemplo: para una pensión actual de 700 euros, la compensación por la desviación del IPC de 2012 (+1,9%) son 13,3 euros, por lo que el jubilado debería recibir una “extra” (actualización) de 14x13,3= 186,2 euros. Pero lo que es más importante, la subida del 2% prometida para 2013 debería calcularse sobre 713,3 euros, mientras que se hará sobre 700. Así, este jubilado percibirá en 2013 una pensión de 714 euros, cuando debería percibirla de 727,26 euros. En total, el Gobierno de Rajoy le estará quitando 371,84 euros. La congelación de Zapatero, le habría supuesto al mismo jubilado una pérdida de 199,72 euros.

El decreto de Rajoy establece así un perjuicio para los jubilados con carácter retroactivo, puesto que suspende un derecho que iba a cobrarse ahora, pero que está generado desde el 1 de enero del presente año. Y eso, la retroactividad de las normas que perjudican al ciudadano, es un principio prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, como sin duda recordará a Rajoy el Constitucional…. dentro de seis o siete años.