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AI critica a la fiscalía mexicana por desacreditar al equipo argentino
Amnistía Internacional (AI) criticó hoy a la fiscalía mexicana por intentar “desacreditar” el trabajo y la reputación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la investigación del caso Iguala.
La organización humanitaria recordó que el EAAF participa en el caso, a petición de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, para “garantizar que la investigación sea sostenida y apoyada científicamente”.
Los “respetados expertos independientes” señalaron el fin de semana que las conclusiones del caso presentadas por el fiscal Jesús Murillo el 27 de enero “evidenciaban graves deficiencias en la investigación” y fueron emitidas meses antes de que finalizara el trabajo forense, apuntó AI.
La respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) al “cuidadoso examen realizado por el EAAF” parece “intentar desacreditar” el trabajo y la reputación de los expertos, “en lugar de analizar las recomendaciones”.
La fiscalía mexicana acusó ayer al EAAF, una prestigiosa organización surgida en los años 80 en Argentina, de querer sembrar dudas en torno a la investigación.
Entre otras, aseguró que sus miembros sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que “sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”.
AI expresó hoy su preocupación de que la evidencia del caso “podría haber sido manipulada” y exigió al Gobierno que investigue las “inconsistencias” del expediente, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes.
El Gobierno “sostiene su caso principalmente en los testimonios autoinculpatorios dados por los detenidos”, quienes aseguran que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, y “evidencia forense muy limitada”, afirmó.
AI llamó al Gobierno mexicano a dar al EAAF “pleno acceso” a sus archivos y “todas las garantías necesarias para cumplir con su deber sin ninguna interferencia indebida”.
La noche del 26 de septiembre, policías locales atacaron a tiros a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa presuntamente por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar que interrumpieran un acto de su esposa.
En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres alumnos, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes, según el testimonio de varios detenidos, los asesinaron y quemaron en un basurero de Cocula.
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