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Activistas apremian al Gobierno de Chile a adelantar el cierre de las termoeléctricas

Activistas de la organización ambientalista Greenpeace realizan una intervención urbana en la que se presentan como pacientes de diversas enfermedades este jueves, frente al Palacio de La Moneda, en Santiago (Chile).

EFE

Santiago de Chile —

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Activistas de Greenpeace y de organizaciones sociales de Quintero y Puchuncaví, conocidas como zonas de sacrificio, apremiaron al Gobierno de Chile este jueves en una protesta frente al Palacio de La Moneda a adelantar al 2030 el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón de esas áreas costeras.

Con una intervención urbana frente a la sede del Ejecutivo, una veintena de activistas se caracterizaron como enfermos por la contaminación para pedir que se avance en el proyecto del Gobierno de cambiar la matriz energética del país antes del 2040, fecha estipulada por la Administración.

El portavoz de Greenpeace, Mauricio Ceballos, explicó a Efe que con este acto buscan “mostrar el drama que están viviendo las personas día a día en las zonas de sacrificio”.

“Queremos mandarle este mensaje directamente al presidente de la república (Sebastián Piñera), que en el contexto de la celebración de la COP25 a fin de año en el país, no ha hecho todavía nada para aliviar el sufrimiento de la población en la zona”, indicó.

Quintero, Puchuncaví y Ventanas son tres localidades costeras de la región de Valparaíso que desde hace décadas sufren las consecuencias de las emanaciones de gases contaminantes que emiten las casi dos decenas de plantas industriales y centrales termoeléctricas ubicadas en la zona.

En los últimos años los episodios de problemas sanitarios se han multiplicado entre la población de la zona, principalmente entre los niños, dijo Ceballos.

“Lo que se está haciendo es proteger a toda costa los contratos que tienen las empresas que operan en esas zonas y no se está pensando como país en los efectos de salud que hay en la población y en los efectos que tienen para el planeta la emisión de todos esos gases de efecto invernadero”, señaló el portavoz de Greenpeace.

Por este motivo, los activistas se subieron hoy a 20 camillas médicas, se cubrieron con sábanas blancas “manchadas” por la contaminación y, aferrados a bombonas de oxígeno, se manifestaron en silencio ante el asombro de los viandantes que transitaban por esa zona del centro de Santiago.

Katta Alonso, representante de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, quien también participó de la protestas frente a La Moneda, afirmó a Efe que como vecina de la zona tiene la esperanza de que Piñera “cumpla con lo que ha dicho en la ONU”, donde el mandatario habló sobre Quintero y Puchuncaví.

“Necesitamos que se cierren las cuatro termoeléctricas a carbón de AES Gener y la fundición Codelco Ventanas para poder empezar a respirar y que nuestros niños puedan vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación”, advirtió Alonso.

“El año pasado se nos envenenaron más de 2.000 niños y desde el año 2011 que viene pasando esta situación en Quintero y Puchuncaví y ya llegó a un límite que no se soporta más. Hay que tomar medidas fuertes para empezar a descontaminar la zona”, agregó la vecina de Punchuncaví.

En ese sentido, detalló que los niños sufren regularmente vómitos, cefaleas y náuseas a causa de las emisiones que se vierten al aire de la zona.

“Tenemos la esperanza justamente porque creemos que el Gobierno no va a quedar bien parado si no toma medidas contra las zonas de sacrificio, porque van a venir muchos medios internacionales y están visualizando nuestra zona. Estamos haciendo que se visualice porque es incomprensible que nuestros niños estén encerrados en los colegios con purificadores de aire”, dijo Alonso.

Las localidades de Quintero y Puchuncaví, ubicadas 130 kilómetros al noroeste de Santiago, están rodeadas por un gran parque industrial con 17 plantas, que incluye una refinería de cobre de Codelco, termoeléctricas de AES Gener y compañías del sector hidrocarburos como Copec, Oxiquim, GNL Quintero, Enap, Enex y Gasmar.

Las autoridades chilenas iniciaron una investigación después de la intoxicación masiva de agosto del año pasado, pero aún no hay datos oficiales de los gases contaminantes que provocaron la emergencia y la Fiscalía tampoco ha concluido la investigación para determinar la empresa responsable de las emisiones.

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