Acuerdos de fiscalía con los acusados del caso Plaza permiten recuperar 60 millones

Los acuerdos suscritos entre la Fiscalía Anticorrupción y los representantes de una gran parte de los acusados en el caso Plaza, la mayor causa contra la corrupción abierta en Aragón, permitirán recuperar para las arcas públicas de forma inmediata 60 millones de euros.

Esta valoración ha sido dada a conocer hoy por el Gobierno aragonés, que ejerce la acusación como parte perjudicada al igual que la sociedad de la plataforma logística Plaza, tras su incorporación a los acuerdos negociados por Anticorrupción antes del inicio del macrojuicio por esta causa.

Según informa el Ejecutivo regional, tanto la representación legal del Gobierno aragonés como la de Plaza han puesto como condición “esencial” en las negociaciones su negativa a renunciar a la reclamación por los perjuicios económicos derivados del supuesto desvío de unos 150 millones de euros por “sobrefacturación” en las obras de urbanización de la plataforma logística.

Se trata de un acuerdo, precisan las fuentes citadas, que se deriva de una oferta hecha por la sociedad Acciona, incorporada a la causa por la fiscalía como responsable civil subsidiaria en el pago de las indemnizaciones, durante el proceso de negociaciones.

Un acuerdo que los representantes legales del Gobierno aragonés y de Plaza han recomendado a aceptar, tras las posibles rebajas de condena negociadas con Anticorrupción por una gran parte de los 25 acusados, que les posibilitaría evitar su ingreso en prisión.

Fuentes judiciales consultadas por Efe han destacado el “importante” papel jugado para la recuperación de la referida cantidad de dinero público ofertada por Acciona tanto por el alcalde de Lobera d'Onsella y extrabajador de esta empresa, Chabier Mayayo, como por el gerente de Plaza Jesús Andreu.

Mayayo posibilitó la investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción al denunciar los presuntos hechos delictivos a Andreu.

Durante el transcurso de esta negociación, una vez asumidas por estos acusados sus supuestas responsabilidades penales, Acciona lanzó una oferta que ha posibilitado la incorporación del Gobierno aragonés y de Plaza a los acuerdos negociados por la fiscalía.

En el acuerdo que se impulsa a consecuencia de la negociación, el conflicto entre la UTE Acciona-MLN y la sociedad Plaza se resolverá mediante un proceso arbitral (laudo) a decidir por tres árbitros especializados en este tipo de obras.

No obstante, señalan las fuentes citadas, el acuerdo garantiza a Plaza la cancelación total de la deuda sobre la urbanización de la plataforma, que aún mantenía incluida en sus cuentas, y, además, el pago en metálico de una parte relevante de los daños reclamados.

“En total -destacan las referidas fuentes-, ello supone el retorno inmediato y definitivo a las arcas públicas de una cantidad aproximada a los sesenta millones de euros, por diversos conceptos.

Una cantidad que podría verse incrementada en función de lo que se acuerde en el laudo arbitral, que analizará el conjunto de la obra en litigio y el total de la cantidad reclamada desde el principio.

Las fuentes citadas destacan que el laudo arbitral, equivalente a una sentencia judicial, no sólo resolverá la reclamación de forma definitiva sino que pondrá fin al litigio en un plazo no superior a un año.