Todos contra Gallardón: las plataformas pro elección y los grupos antiabortistas rechazan la ley
La ley del aborto que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no convence a nadie. Más allá de las encuestas que indican que incluso los votantes del PP no apoyan la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, tanto las plataformas pro elección como los grupos antiabortistas escenificaron este jueves, casi a la misma hora, su oposición al anteproyecto tal y como está redactado.
También está siendo una semana dura para el ministro en el ámbito político, ya que a pesar de la unidad que ha mostrado el PP en la votación secreta realizada en el Congreso sobre la propuesta de retirar el proyecto, las voces disonantes vuelven a oírse. En Extremadura y a petición de su presidente, José Antonio Monago (PP), el Parlamento ha reclamado frenar la propuesta del titular de Justicia hasta que“no se haya consumado el diálogo” con otras fuerzas políticas y “alcanzado acuerdos de consenso”. La diputada Celia Villalobos votó “en conciencia” el lunes a favor de la reforma impulsada por su compañero de partido, pero este jueves ha hecho lo contrario. Desmarcándose de su grupo, Villalobos, conocida detractora de la norma, ha apoyado la propuesta de Izquierda Plural para el abandono de la reforma y la vigencia de la actual ley de plazos. La mayoría de los diputados catalanes también han dicho 'no' al proyecto con la aprobación de dos mociones presentadas por el PSC e ICV-EUIA en el Parlament.
A pie de calle, el rechazo de la que era la gran promesa electoral del PP no ha dejado de escucharse en las últimas semanas. Hace apenas 15 días, Madrid se convertía en el punto de encuentro de personas procedentes de todos los rincones de la geografía española con una consigna compartida. La batalla por convencer a la sociedad civil es hoy para el Gobierno casi titánica, pues la propuesta de Gallardón ni siquiera complace a los grupos autodenominados provida, que consideran que el proyecto no protege lo suficiente la vida del concebido.
Así las cosas, ni los grupos proelección ni tampoco los antiabortistas están conformes con un texto que aún está en fase consultiva, a la espera de que el Ministerio de Justicia reciba los resultados de los informes encargados a diferentes órganos; un procedimiento que promete alargarse al menos unos meses más. Mientras, unos y otros han mandado este jueves mensajes paralelos a Alberto Ruiz Gallardón con el objetivo de retirar un proyecto que cada vez contenta a menos sectores.
Propuestas irreconciliables
Los puntos más calientes del texto han sido señalados por unas y otras plataformas, cuyas propuestas son irreconciliables entre sí. Mientras Derecho a Vivir incide en la urgencia de eliminar todos los supuestos, incluso el de violación -porque “supone condenar al hijo por el delito del padre”-, Decidir Nos Hace Libres se agarra al rechazo social y al riesgo sanitario que la aprobación de la normativa supondrá para las mujeres.
Esta última plataforma, con varias de las organizaciones feministas que la integran, ha criticado la falta de participación y el oscurantismo del Gobierno en la elaboración de una reforma que, según la portavoz, Isabel Serrano, “no responde a una demanda social” y, como apuntan varias encuestas, “no cuenta con el respaldo de la calle”. “Estamos frente a una ley ideológica demandada por la jerarquía eclesiástica y los grupos 'provida'”, ha dicho Ana María Pérez del Campo, de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Los grupos proelección miran a Europa
Los grupos proelección, que consideran que “es muy difícil salvar nada del texto”, no dejan de mirar a Europa, donde la tendencia es el avance y no la regresión en los derechos conquistados por las mujeres. A este respecto, Ángeles Jaime, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, advierte de que, si este anteproyecto sale adelante, “con toda seguridad España volverá a ganarse la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Asimismo, Jaime ha mencionado el carácter dogmático que, en su opinión, está latente en la ley y que va en contra del derecho a la libertad religiosa. “Además de los derechos fundamentales de las mujeres, por supuesto”. La más veterana de las ponentes, Pérez del Campo, ponía el acento en el pasado: “No quiero volver a recolectar dinero para que mujeres sin recursos puedan abortar en el extranjero”.
Jaime ha hablado también de las inconsistencias jurídicas del anteproyecto a través de uno de sus puntos: “La previsión del artículo 146.2, despenaliza una conducta que no estaba penalizada previamente, el aborto causado por una imprudencia de la mujer”. Yolanda Besteiro, también Presidenta de Mujeres Progresistas, reflexionaba sobre la despenalización de las mujeres debido a la interrupción voluntaria del embarazo, “que tanto menciona el señor Gallardón”. “Si las mujeres no pueden elegir, si abortar o no hacerlo no depende de ellas mismas sino de la opinión de informes médicos o de un juez, ¿por qué se iba a responsabilizar a la mujer del aborto?”. Otra de las reclamaciones, hecha pública este jueves, es que el Código Penal no es el instrumento ideal para la regulación de un tema relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.
Los antiabortistas piden eliminar todos los supuestos
La plataforma Derecho a Vivir hace llegar sus propuestas al titular de Justicia a través de un informe con siete ideas para la mejora de su anteproyecto. Su posición, basada en eliminar todos los supuestos, ya era conocida. Pero este jueves han planteado una nueva recomendación al Ministerio: que la ley obligue a enseñar a las mujeres una ecografía del feto. Este procedimiento, según la portavoz de la plataforma, Gádor Joya, “nunca supone una agresión hacia la embarazada”, sino que ayuda a que “tome una decisión libre y reflexionada”. El PP ya rechazó esta propuesta en el Parlamento cuando fue presentada por UPN.
En su ponencia, Derecho a Vivir ha vuelto a pedir al Gobierno que “suprima el supuesto de riesgo para la salud de la mujer” porque, como han dicho, “el embarazo no aumenta el riesgo de que empeore la salud mental”. Además, advierten de que muchas clínicas pueden hacer negocio con los informes que evalúan el estado psicológico de la embarazada y piden que estos diagnósticos procedan siempre de profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Que el feto tenga “incompatibilidades con la vida tampoco es, para los autodenominados provida, un supuesto que justifique un aborto. El proyecto ”deja una puerta abierta a que los niños con malformaciones puedan ser abortados si esto supone un riesgo para la salud psicológica de la madre“. Gallardón explicó en una reciente entrevista que la malformación no será un supuesto, pero sí una razón para abortar si afecta a la salud psíquica de la mujer.
A la espera de las elecciones europeas
El Partido Popular sabe a estas alturas que la ley Gallardón gusta poco fuera, pero también dentro del partido, y que la controversia en torno a una cuestión tan sensible no beneficia de cara a las próximas elecciones europeas.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Justicia apuntan que, cuantos más informes se soliciten, más se alargará el proceso. “Todos estos organismos tienen que hacer sus informes y devolver sus aportaciones. Tenemos que estudiar los matices y ver si se hacen o no los cambios que nos propongan. Para que todo eso ocurra, pueden pasar meses”, apuntan.
El Gobierno está obligado a enviar el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado. Este último aún no ha recibido el texto de la reforma, que el Ministerio le remitirá tras las modificaciones que surjan de las primeras consultas. En este trámite de consultas, el Ministerio de Justicia ha hecho partícipe a una serie de organizaciones, como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de Colegios de Enfermería y la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Sin embargo, desde la Plataforma Decidir Nos Hace Libres critican lo aleatorio de estas elecciones: “No podemos entender cómo se deja fuera a organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como la Federación de Planificación Familiar Estatal a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), entre otras”.
Estas consultas, recuerda Decidir Nos Hace Libres, han tenido lugar después de la redacción del anteproyecto y no antes, como ha sucedido con la anterior ley. Yolanda Besteiro, vicepresidenta del Consejo Estatal de Participación de la Mujer del Ministerio de Sanidad, recuerda cómo este órgano consultivo -creado al amparo de la Ley de Igualdad aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero- “brilla por su ausencia en todo este proceso de consultas”, cuando una de sus funciones, recogida en el Boletín Oficial del Estado, consiste en “emitir informes sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de reales decretos que regulen materias relacionadas con la igualdad de trato y de oportunidades y la lucha contra la discriminación por razón de sexo”. La polémica va para largo.
