Auditores UE denuncian mala gestión de los fondos contra incendios forestales

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha denunciando hoy la existencia de fallos en la gestión de los fondos europeos destinados a prevenir los incendios forestales, y ha subrayado que no hay pruebas de que los resultados logrados tengan una buena relación coste-eficacia.

Los auditores han publicado un informe que analiza las ayudas europeas destinadas a la prevención y reparación de daños por incendios y catástrofes naturales en Austria, Francia, Italia, España (Andalucía) y Eslovaquia.

Esos territorios representaron el 85 % del gasto total declarado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el periodo 2007-2013, cuando las ayudas europeas ascendieron a 1.550 millones de euros.

De esa suma, el 80 % se destinó a acciones preventivas, principalmente contra incendios, indica un comunicado del tribunal.

El documento concluye que la financiación de la UE para combatir incendios forestales y recuperar los bosques dañados “no estuvo suficientemente bien gestionada”.

Añade que la Comisión Europea (CE) y los Estados miembros “no pueden demostrar que los resultados (...) se han logrado con arreglo a los principios de coste-eficacia”.

En particular, los auditores critican que no haya a escala europea definiciones ni criterios comunes que permitan identificar los bosques con un riesgo medio o elevado de incendio, un aspecto que se tiene en cuenta para decidir las medidas preventivas.

“Los procedimientos de selección en los Estados miembros eran deficientes en diferentes aspectos, ya que carecían de criterios de selección explícitos o de una evaluación eficaz de las acciones propuestas o desatendían algunos ámbitos de riesgo”, añade.

Además, descubrieron que en algunos casos las acciones cofinanciadas llevadas a cabo (creación de cortafuegos, aclarado, despeje de zonas), no estaban relacionadas con incendios o catástrofes naturales, sino que “habían sido motivadas por otros objetivos económicos o medioambientales”.

El tribunal critica que en la fase de selección “no se concedió suficiente prioridad a los objetivos medioambientales, que a veces no fueron atendidos durante la ejecución”.

Sobre el gasto realizado, los auditores encontraron casos en que el límite máximo de la ayuda pública “se había modificado frecuentemente sin justificación”, donde los costes estándares en una región eran muy superiores a los de otra para acciones similares o se daba prioridad al trabajo manual sobre la maquinaria, encareciendo los costes.

El tribunal recomienda a los países para corregir esos problemas, que garanticen que la ayuda se destina sólo a acciones ligadas a catástrofes naturales o incendios, que den prioridad a acciones en los bosques de mayor valor ambiental y que informen de los efectos de las acciones.

A la CE le pide que defina criterios básicos comunes para diferenciar las zonas forestales clarificadas como de bajo, medio y alto riesgo de incendio, que compruebe que los países han creado un sistema de control y que mejore la supervisión, para asegurarse de que los países gastan los fondos adecuadamente.

En la UE la superficie total de los bosques y superficies boscosas ocupa unos 180 millones de hectáreas.