CCOO y UGT exigen a Puigdemont garantizar la seguridad jurídica de los funcionarios

Los sindicatos CCOO y UGT han exigido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que garantice la seguridad jurídica de los trabajadores públicos y al Govern que se desmarque de las declaraciones de Lluís Llach, que consideran “una grave irresponsabilidad” y del todo “inaceptables”.

El diputado de Junts pel Sí Lluís Llach ha afirmado en algunas conferencias divulgadas hoy que los funcionarios catalanes que rechacen cumplir la ley de Transitoriedad jurídica, pendiente de aprobación por el Parlament y que prevé la desconexión con España, “sufrirán” y será “sancionados”, incluidos los Mossos reacios al proceso soberanista.

CCOO ha exigido a Puigdemont y al Govern que aclare en qué situación se encontrará el personal de la Generalitat y de las administraciones públicas cuando sea aprobada la mencionada ley.

Ha recordado que el gobierno catalán tiene la obligación de “velar” por la seguridad jurídica de sus trabajadores y de “garantizar” que estos no incurran en responsabilidades administrativas en una posible situación de confrontación o confusión de legalidades.

CCOO ha explicado que de la Ley de Transitoriedad Jurídica no se conoce nada, por la manera en la que se está elaborando y, por tanto, no pueden hacer ninguna valoración de sus consecuencias.

También ha dicho que el personal de la Generalitat y el de otras administraciones que operan en Cataluña siempre han acatado la ley en sus actuaciones y que el Govern ha de garantizar que podrán seguir trabajando con todas las garantías.

Por su parte, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de la UGT de Cataluña ha pedido al gobierno catalán que se “desmarque” de manera contundente de las declaraciones de Llach, que califican de “grave irresponsabilidad”, y que se reafirme en su compromiso de respetar y proteger la seguridad jurídica de sus empleados.

El sindicato considera del todo “inaceptable” que un diputado hable de “sufrir” para referirse al régimen disciplinario al que están sometidos los trabajadores públicos, por lo que ha pedido que se desautoricen sus palabras, que han generado un “grave malestar e inquietud” entre los funcionarios.

UGT considera “fuera de lugar” estas declaraciones cuando desde el gobierno catalán se ha repetido una y mil veces que las “leyes de desconexión” no pondrán en riesgo el trabajo y las condiciones laborales de los empleados públicos ni les obligarán a actos que no tengan una seguridad jurídica total.

El sindicato ha mostrado su convencimiento de que la Generalitat respetará las leyes y los derechos de los trabajadores públicos con todas las garantías y ha exigido al Govern “respeto” a sus empleados y que el “proceso de desconexión” se haga con garantías, negociación, participación y transparencia.