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CE insta a España a revaluar impacto medioambiental de dragar el Guadalquivir
La Comisión Europea (CE) dio hoy un paso más en el proceso de infracción abierto contra España por el dragado del Guadalquivir para mejorar el acceso al puerto de Sevilla, y le instó a evaluar en profundidad el impacto que esto podría tener sobre espacios protegidos como Doñana.
“La Comisión pide a España que sea prudente al mejorar el acceso marítimo al puerto de Sevilla y que evalúe las posibles repercusiones negativas en espacios de la red Natura 2000, tales como el Parque Nacional de Doñana”, explicó la institución en un comunicado.
“España no ha estudiado detalladamente las repercusiones del proyecto ni las soluciones alternativas, lo que es un requisito básico a tenor de la directiva (de protección de hábitats), por lo que se le envía un dictamen motivado”, destacó.
El dictamen motivado es el segundo paso en los procesos de infracción de la CE, tras el que el Ejecutivo comunitario puede presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no se responde satisfactoriamente a la solicitud.
La Comisión recalcó que un reciente estudio científico encargado por las autoridades españolas indica que el dragado del canal de navegación “tendría graves consecuencias para la forma y la biodiversidad del estuario, que repercutirían en los cercanos espacios naturales protegidos”.
Por ello, el Ejecutivo comunitario indicó que la directiva comunitaria sobre la protección de hábitats establece que “cualquier plan o programa que pueda afectar de manera significativa a un espacio protegido debe ser objeto de una 'evaluación apropiada' de sus repercusiones”.
La Comisión recuerda que esta legislación permite que se lleve a cabo un proyecto, incluso si recibe una evaluación negativa, “por razones imperiosas de interés público”, pero advirtió de que entonces se necesitan “medidas compensatorias para garantizar que la coherencia global de la red Natura 2000 quede protegida”.
España tiene dos meses para contestar al dictamen motivado, de manera que si Bruselas no recibe una “respuesta satisfactoria”, podría decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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