La CE mantiene propuesta de igualar sueldos de los trabajadores desplazados a los de los autóctonos

La Comisión Europea (CE) anunció hoy que mantendrá su propuesta para igualar los salarios de los trabajadores desplazados a los de los autóctonos, al considerar que no viola el principio de subsidiariedad, algo que habían alegado once parlamentos nacionales.

La comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, adelantó a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, que las objeciones han sido revisadas “cuidadosamente” por el Ejecutivo comunitario y se mostró “convencida” de que la propuesta no infringe este principio, “ni interfiere en los mecanismos de los Estados”.

Tras este análisis, la CE ha decidido mantener la propuesta, que consiste en una revisión de la directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores, que data de 1996, y que busca “restaurar la confianza de los ciudadanos en el mercado interior”.

Un total de 11 parlamentos, principalmente los de los países del este y Dinamarca, se opusieron a esta revisión mediante el procedimiento de “tarjeta amarilla”, que solo se ha dado en tres ocasiones, y que obligó al Ejecutivo a revisar la propuesta y posteriormente decidir si la mantenía, reformaba o retiraba.

La CE recibió por contra cartas de seis parlamentos nacionales que defendían que la propuesta sí cumple con el principio de subsidiariedad, entre ellos el de España.

Thyssen defendió que el hecho de que la CE mantenga la propuesta “no significa que la opinión de los parlamentos no se tenga en cuenta”, pero argumentó que, en general, las objeciones presentadas se refieren al principio de subsidiariedad, no al contenido de la misma.

Este principio implica que la UE, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional ni local.

La comisaria defendió que este asunto es “transfronterizo” y se refiere a “un problema que solo puede ser resuelto a nivel europeo”.

“No puede tratarse de manera separada por las autoridades nacionales porque es por definición transnacional”, subrayó.

Sin embargo, aclaró que “ahora hay mucho trabajo por delante” para acordar el contenido de la propuesta, que tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo.

“Nos centramos en el tema de la remuneración porque hay trabajadores que realmente son considerados de segunda clase y esto no podemos aceptarlo como justo”, argumentó.

Mientras que la directiva en vigor prevé únicamente la obligación por parte de la empresa extranjera de respetar el salario mínimo (si existe) del país de acogida, la comisaria propone que todas las reglas relativas a la estructura social, ya sean establecidas por la ley o por convenios colectivos, beneficien también al trabajador desplazado.

El proyecto también prevé ampliar las reglas de igualdad de trato a los trabajadores temporales desplazados y fijar un periodo máximo de dos años para los trabajadores desplazados de larga duración, a cuyo término tendrán que depender enteramente del régimen local.

Tras la directiva aprobada en 1996 la UE pasó de quince miembros a 28 con un mercado laboral cada vez más integrado.