El CGPJ admite a trámite la solicitud de amparo de una jueza criticada por una víctima de violencia machista
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad admitir a trámite la solicitud de amparo planteada por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Arganda del Rey (Madrid), frente a las actuaciones de Isabel López, una mujer víctima de violencia de género y personada en varios procedimientos que se tramitaron en este órgano judicial, y que la magistrada considera “un continuo ataque a su independencia”.
La Comisión Permanente considera que existe “fundamento suficiente” para admitir a trámite la solicitud de amparo y ha acordado dar traslado a la mujer para que efectúe cuantas alegaciones estime pertinentes en relación con los hechos relatados por la magistrada.
Isabel fue la mujer que acompañó el pasado lunes a las organizaciones feministas que denunciaron en rueda de prensa casos “de maltrato judicial” hacia víctimas de violencia de género. Ese mismo día esta mujer presentó una queja formal ante la Comisión Disciplinaria contra la magistrada, apoyada por los colectivos de mujeres, que afirmaron que a partir de ahora presentarán quejas conjuntas ante el CGPJ contra juzgados concretos.
El caso de Isabel se inició en 2014, cuando denunció a su expareja por maltrato y salió del juzgado imputada porque él la denunció también después asegurando que el agredido era él. Tres años después, ella fue absuelta y el hombre condenado por un delito de maltrato habitual. Hace poco, la mujer fue increpada por una fiscal en una vista en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Arganda para modificar el régimen de visitas que su hija mantiene con su padre.
Las asociaciones de jueces y juezas
Varias asociaciones de jueces se han unido para calificar de “ataque a la independencia judicial” las denuncias de los colectivos feministas al CGPJ. Tras recordar que “el trato desconsiderado a quienes acceden a los órganos judiciales siempre es susceptible de ser denunciado ante el CGPJ”, inciden en que “los miembros de la Carrera Judicial destinados en órganos con competencias en violencia sobre la mujer, gozan de una formación específica sobre la materia”.
“Tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables -incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia-, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia”, aseguran la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces por la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) asegura que “evitar la violencia institucional es responsabilidad de los poderes públicos” y recuerda que la ONU condenó a España por el caso de Ángela González, cuya hija fue asesinada por su padre en un régimen de visitas sin supervisión tras decenas de denuncias. Aunque apuestan por que “no se deben personalizar las disfunciones que aún existen”, sí reivindican “formación obligatoria y transversal en materia de género” porque “es sinónimo de justicia de calidad”.
Estas disfunciones, prosiguen, “son estructurales y tienen causa directa en la falta de medios personales y materiales, falta de implementación de medidas concretas en materia de formación obligatoria en género, determinación de cargas judiciales máximas de trabajo razonables y especialización de los juzgados”.
