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El Canal de Isabel II aprueba pagar a los políticos de su consejo por reunirse

La Junta de Accionistas admite una dieta de 600 euros por sesión para los consejeros que son, mayoritariamente, hombres del Partido Popular

También se ha acordado el reparto de 131 millones de beneficios mientras la sociedad pidió un préstamo de otros 134 en 2013

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Protesta musical en defensa del Canal de Isabel II / @MadridSindical

Protesta musical en defensa del Canal de Isabel II / @MadridSindical

Los políticos del consejo del Canal de Isabel II Gestión ya tienen establecida su remuneración. La nómina la componen Salvador Victoria, José Manuel Serra, Enrique Ossorio, Diego Sanjuanbenito, David Pérez y Agapito Ramos. Son los seis políticos, cinco de ellos relacionados con el Partido Popular madrileño, que componen el Consejo de Administración de la sociedad que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid. Una sociedad pública y anónima que se creó el 1 de julio de 2012, al fracasar el intento del Gobierno regional de privatizar la empresa.

Tras la Junta de Accionistas celebrada este miércoles, cuatro de ellos (todos excepto Salvador Victoria y Enrique Ossorio, por incompatibilidad) comenzarán a cobrar 600 euros en concepto de dietas por acudir a las reuniones del Consejo, según han contado fuentes de la junta a eldiario.es. El concejal del Ayuntamiento de Madrid Diego Sanjuanbenito "ha renunciado expresamente a cualquier tipo de remuneración", confirman fuentes del Gobierno de la capital "como la mayor parte de los ediles con dedicación exclusiva del consistorio".

¿Cúantas veces se verán al año? "Todo se desarrolla en absoluto secreto y no sabemos nada de lo que hacen", responde Raquel García, trabajadora del Canal, miembro de la plataforma contra la privatización y delegada sindical, cuando se le pregunta por el número de reuniones de este Consejo. "No tenemos ese dato", confirma Ángel Moreno, alcalde de San Fernando de Henares, uno de los municipios accionistas. "Ni idea, porque pueden convocar de manera extraordinaria todas las que quieran", añade su homólogo en Rivas y compañero de IU, Pedro del Cura. "Antes de la nueva empresa, había una reunión al mes", indica otro delegado sindical.

La opacidad al respecto es tal que ni si quiera el Canal confirma el dato, a pesar de la insistencia de este medio para tener la confirmación exacta de la composición del Consejo así como de su actividad. De hecho, el departamento de comunicación no ha realizado nota de prensa alguna explicando los resultados de la Junta de Accionistas, tal y como había hecho hasta ahora con anteriores convocatorias.

Pero no hubo sorpresas. Los cuatro puntos del orden del día salieron adelante: "Ha habido un rodillo del PP inmenso", confirma Ángel Moreno. Que la Comunidad de Madrid tenga más del 80% de las acciones paraliza la voz del resto de ayuntamientos. Apenas dos alcaldes de IU y cuatro del PSOE se han opuesto a la emisión de bonos, el punto del día que más controversia ha provocado.

Alrededor de 300 personas, la mayoría de más de 50 años, protestaron en la calle durante la celebración de la Junta. La fuerte presencia policial provocó un ambiente de crispación, aumentado por las identificaciones realizadas, incluso antes de la concentración a personas que no llevaban pancartas y únicamente charlaban. El saldo: la detención de un trabajador del Canal, acusado de "agresión y resistencia". Alrededor de las 19 horas fue puesto en libertad.

Un Consejo del PP

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria, es el presidente del Consejo. Este abogado es uno de los hombres más cercanos al presidente madrileño, Ignacio González. Su esposa, Mayte Jiménez, fue consejera de Caja Madrid Pensiones, puesto en el que fue colocada por el PP, como publicaron entonces varios medios.

El vicepresidente es José Manuel Serra, con un largo currículo ligado a puestos ministeriales y entidades públicas en la época de José María Aznar. Está imputado por el caso Bankia y, según la Plataforma civil contra la privatización del Canal, la renovación de su nombramiento para el Canal de Isabel II fue "posterior a su imputación". Otro vocal del Consejo es Enrique Ossorio, responsable de Economía y Hacienda de Madrid (cargo que no le permite cobrar del Canal).

Otro de los vocales es Diego Sanjuanbenito, actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital. Ingresó en el PP desde la juventud, como miembro de Nuevas Generaciones, compartiendo además clase con uno de los hijos de Aznar y Ana Botella. Con la actual alcaldesa ya trabajó como jefe de su gabinete cuando ella era concejala. 

Por su parte, el vocal David Pérez, "liberal" como se autodefine en su perfil en una red social, es alcalde de Alcorcón, presidente de la Federación Madrileña de Municipios y miembro del Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias, además de diputado en la Asamblea de Madrid. Además de todos estos cargos, fue uno de los adalides del proyecto Eurovegas.

El último vocal es Agapito Ramos, el único hombre del Consejo de Administración que no está ligado al PP. Fue directivo del Canal y diputado regional del PSOE hace años. "Actualmente no representa a su partido en el órgano del Canal. Su presencia en el actual Consejo es injustificable desde un punto de vista democrático y progresista", considera la Plataforma contra la privatización.

En esta lista del Consejo de Administración, extraída del Informe Anual 2013, también aparece como secretario no consejero Fernando de Cevallos. Cevallos ha estado vinculado a una empresa privada de agua y está casado con Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid. Según fuentes sindicales, que denuncian la opacidad respecto a la dirección y gestión del Canal, Cevallos ya no pertenece al Consejo pero es el director de Recursos Humanos; es decir, pertenece al personal de alta dirección, compuesto por 9 personas que ingresaron unos 889.000 euros en el año 2013 y 492.000 en 2012.

"El entorno del Canal de Isabel II es una de las fuentes de poder, negocio, proyección económica y correlación de fuerzas en el seno del PP español (…) Eliminada la supervisión sindical, había que monopolizar la palabra para poder guardar bien los secretos", apunta la Plataforma contra la privatización del Canal.

Más directivos y peores condiciones laborales

Esta sensación de supremacía del PP también se deja notar en la Junta de Accionistas. Sólo dos alcaldes de IU y otros dos del PSOE han votado en contra de la emisión de bonos y de la remuneración, es decir, alrededor el 1,37% de los accionistas. "Lo tienen todo controlado. "Han consolidado lo que tenían previsto", confirma Pedro del Cura.

Además de estos dos puntos, la Junta aprobó la creación de un nuevo órgano de gestión, el Comité de Auditoría y Control, como exige la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la emisión de bonos. Los tres nuevos consejeros de este comité serán los encargados de supervisar el control interno de la sociedad, entre otras funciones, para que las que dispondrán de "los medios necesarios". Es decir, la emisión de bonos implica la ampliación de cargos de control y gestión, con los sueldos y gastos que eso implica.

Mientras aparecen nuevos órganos y aumentan las remuneraciones de los altos cargos y de los consejeros, las condiciones laborales han empeorado y se han reducido los gastos en personal, según denuncian desde el Comité de Empresa. Los 600 trabajadores contratados desde la creación de la sociedad anónima han dejado de ser indefinidos y tienen menos derechos laborales y sueldo que los otros 1.700 trabajadores que provienen de la etapa anterior, a pesar de ocupar puestos similares. Además, de las 600 contrataciones realizadas desde julio de 2012, la mitad son contratos en prácticas, según los datos de Raquel García, delegada sindical.

Hasta 1.000 millones de euros

Como ya anunció Salvador Victoria la semana pasada en la Asamblea de Madrid, la emisión de bonos en 2015 será por valor de 500 millones de euros, cantidad que podría llegar a un máximo de 1.000 millones en futuras convocatorias, como han aprobado los accionistas. "Han abierto la puerta al capital privado", critica el alcalde de San Fernando de Henares. La postura oficial de Canal Gestión es que es más barato financiarse por bonos que acudiendo a los mercados tradicionales, postura que no convence ni a trabajadores, sindicatos y partidos de la oposición.

 "Nosotros hemos planteado crear una mesa de trabajo para para estudiar bien el tema y plantear alternativas de financiación, pero no han querido. La sensación es que quieren liquidar todo antes de las próximas elecciones, para las que esperan malos resultados", reflexiona el regidor de Rivas.

 Al martes por la tarde, en una comisión en la Asamblea madrileña, la portavoz del PSOE, Amparo Valcarce, afirmó que "el Gobierno de Ignacio González pretende una privatización blanda del Canal de Isabel II y lo quiere hacer mediante una emisión de deuda que no es para financiar al Canal sino para financiar al Gobierno regional y su pésima gestión económica al frente de las cuentas de Madrid". La diputada regional también criticó que las nuevas medidas adoptadas por los accionistas llegan en un momento en el que a "7.400 madrileños vulnerables les cortan el agua que no pueden pagar".

Por su parte, UPyD, partido que no tiene representación entre los accionistas, también ha sido muy crítico con los bonos y lo ha considerado una "irresponsabilidad absoluta". Elvira García, diputada regional, cuestiona que se repartan dividendos "cuando no hay dinero para hacerlo". Y es que, el cuarto punto del día de la reunión del accionariado fue precisamente éste. En concreto, se aprobaron 131 millones, de los que gran parte irán a las arcas de la Comunidad. El año pasado, según UPyD y como recoge la Memoria de Cuentas 2013, se pidió un crédito de 134.400 millones de euros.

En esta última votación, los ayuntamientos no pudieron votar en contra: "Nos han amenazado diciendo que nuestra parte de dividendo ya verían en qué se aplicaba", apunta Ángel Moreno, que se ha abstenido.

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