Un excargo de Sanidad de Castilla-La Mancha, asesor de la empresa a la que dio 36 millones en contratos
Los madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes no son los únicos responsables autonómicos de Sanidad que después de adjudicar servicios públicos a empresas privadas son fichados por ellas en cuanto dejan su cargo. A ellos (imputados por prevaricación y cohecho) se suma José Miguel Benito Notario, ex secretario general de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Tras un año y medio, Benito dejó su puesto el pasado 28 de enero. De inmediato, volvió a su bufete de abogados en Madrid. Un despacho (Abbigton Abogados) del que es principal accionista y también socio fundador y director. Y sólo ocho semanas después fue contratado por la empresa CLECE, a la que él mismo había adjudicado contratos por valor de 36,5 millones de euros durante su mandato, según ha revelado la Cadena SER.
El número tres de la sanidad manchega. Contratos, firmados por él mismo, en concepto en servicios sanitarios auxiliares, servicios sociales y mantenimiento de centros de discapacitados y mayores en distintos municipios manchegos.
Como Secretario General de Sanidad (un nombramiento firmado por la propia Presidenta manchega María Dolores Cospedal), Benito está sujeto al régimen de incompatibilidades vigente en Castilla-La Mancha por el que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo”. El último contrato adjudicado a CLECE firmado por Benito es de diciembre. Sólo tres meses después CLECE contrató al ya ex alto cargo.
En conversación con la Cadena SER, José Miguel Benito ha reconocido que “no tenía ninguna experiencia” en el sector sanitario antes de su paso por la Consejería de Sanidad manchega pero niega haber vulnerado el régimen de incompatibilidades: “Se trató de un contrato específico y de poco dinero”. El trabajo era un informe jurídico para reestructurar la plantilla del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) donde CLECE gestiona todos los servicios no sanitarios por encargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Benito insiste en que no fue él, sino uno de los cuatro abogados que trabajan en su bufete, quien realizó el informe, aunque sí reconoce que fue él quien lo facturó, al ser el principal accionista y director del despacho.
