Ciudad argentina rechaza una nueva papelera en Uruguay por posible contaminación

La ciudad argentina de Gualeguaychú, fronteriza con Uruguay, manifestó hoy su rechazo ante la posibilidad de que se instale en ese país una nueva planta de pasta de celulosa como la que desde 2007 funciona frente a la localidad, al considerar que afectaría de manera “directa” a la salud de los vecinos.

La finlandesa UPM, uno de los mayores grupos forestales del mundo, mantiene conversaciones con el Gobierno uruguayo para la construcción de la nueva planta, que se sumaría a la que ya tiene en Fray Bentos y que en este caso se prevé se instalaría en las cercanías de la cuenca del Río Negro, en el centro del país.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, anunció el pasado viernes que, en caso de que se concrete, esta instalación podría suponer una inversión de unos 5.000 millones de dólares, algo que “no tiene antecedentes en la historia económica del país”.

“Ante el anuncio realizado por el presidente del hermano país de Uruguay sobre la construcción de una nueva planta productora de pasta de celulosa, con mayor capacidad de producción que UPM (ex Botnia), el gobierno municipal de Gualeguaychú, manifiesta su rechazo ante esta posibilidad”, expresó el ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Al respecto, la municipalidad argumenta que la instalación de esta nueva planta de celulosa, que sería la tercera en Uruguay y la segunda de UPM en el país, se hará en las orillas del Río Negro, “desembocando éste en el río Uruguay, lo que afectaría, como lo hace la planta de UPM, de manera directa el ambiente y la salud de nuestros vecinos”.

Las relaciones entre Uruguay y Argentina vivieron su peor momento en las últimas décadas durante el primer Gobierno de Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, por la oposición del país vecino a la construcción de la planta de celulosa de capital finlandés en territorio uruguayo, frente a Gualeguaychú.

El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte de Internacional Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al del vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales.