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La Comisión Europea denuncia a España ante los tribunales por 61 vertederos ilegales

El proceso se inició en 2007, cuando Europa abrió un procedimiento de infracción por el incumplimiento de la normativa comunitaria de residuos

Deberían cerrarse o restaurarse estercoleros en Andalucía, Canarias, Baleares, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha

Los vertederos han llevado a España ante el Tribunal Europeo (foto: Ecologistas en Acción)

Los vertederos que han llevado a España ante el Tribunal Europeo (foto: Ecologistas en Acción)

La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por la mala gestión de basureros en desuso en Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Este paso se da tras la apertura de un procedimiento de infracción en 2007, cuando la Comisión advirtió a nuestro país de la ilegalidad de los escombreros.

A pesar de la advertencia de la Comisión, España no ha adoptado las medidas de corrección necesarias para adaptar los vertederos abandonados. Nuestro país todavía conserva 61 puntos que no cumplen la normativa comunitaria, que exige que todos los residuos susceptibles de ser reciclados acaben en una planta de tratamiento y no en un basurero, y prohíbe el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de desechos.

Europa obliga a los estados miembro a llevar a cabo la eliminación y recuperación de residuos de una manera que no ponga en peligro la salud humana y el medio ambiente, por lo que España se ve obligada por ley a adaptar o clausurar los estercoleros que no cumplen los estos requisitos ecológicos o de higiene. 

Las autoridades españolas se comprometieron a cerrar y restaurar los vertederos ilegales como parte de sus planes de acción antes del fin de 2011, pero la lentitud del proceso llevó a que en septiembre de 2014 la Comisión enviase un dictamen motivado, el paso previo a la denuncia que ahora ha presentado ante el Tribunal Europeo.

Europa insistió en que el cierre de un estercolero no requiere más que una mera declaración, y que las clausuras se han de hacer siguiendo la normativa así como se ha de llevar a cabo la vigilancia y regeneración ambiental adecuadas. A mediados de 2015 España sigue incumpliendo la normativa en 61 casos, y en la mayoría de ellos los trabajos necesarios para el cierre definitivo y correcto, o la restauración de los mismos no han sido ni aprobados ni planificados.

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