Madrid considera que los casos de desatención médica a inmigrantes no son irregularidades

Dos años después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, los centros de atención continúan sin conocer bien la normativa. “Se producen irregularidades de manera sistemática a diario”, denuncia un portavoz de la plataforma Yo SÍ, Sanidad Universal, para el que ya no hay lugar a excusas para la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, frente a un informe del colectivo en el que señalan las principales ilegalidades y los centros de salud y hospitales donde las han registrado, la Comunidad niega conocer “irregularidades” en su región.

“No tenemos constancia de irregularidades en nuestros centros sanitarios ni de incumplimientos del real decreto 16/2012”, afirman fuentes de la cartera sanitaria madrileña a eldiario.es. La versión oficial choca frontalmente con los ejemplos recogidos por la plataforma Yo SÍ, Sanidad Universal desde 2012, algunos de ellos publicados por este medio.

Óscar Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de residencia, tuvo que pagar 390 euros para que lo atendiesen en las urgencias de un hospital público madrileño. Acudió con fuertes dolores en la vesícula, después de más de un año automedicándose debido a la negativa de seis centros de salud a atenderlo. Varios acompañantes de Yo Sí, como se conoce a las personas que apoyan a los inmigrantes en sus visitas a los centros sanitarios, consiguieron que el centro le devolviese el dinero. Los responsables del hospital, la Fundación Jiménez Díaz, achacaron la ilegalidad a un error administrativo.

Este medio pudo comprobar también que la información recibida por el personal médico y administrativo de distintos centros de salud de la región no coincidía con las indicaciones que aseguraba dar la Consejería de Sanidad. En varios mostradores de centros de Atención Primaria se negaba la emisión de los TIR (una modalidad de alta para inmigrantes sin papeles) y se remitía a otro organismo del sistema madrileño de salud, pero en la Consejería negaban haber emitido esa orden.

Una reunión con conclusiones opuestas

Miembros de Yo SÍ, Sanidad Universal aseguran que la Consejería conoce las irregularidades, al menos desde el pasado 22 de mayo, cuando tuvieron una reunión con responsables de las Subdirecciones Generales de Atención al Paciente, Aseguramiento y Tarjeta Sanitaria y de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. En ese encuentro, “les presentamos entre 8 o 10 casos, con facturas de compromisos de pago en urgencias, entre otras cosas”, cuenta Pablo Meseguer, del grupo de acompañamiento de Lavapiés.

“Nos dijeron que les enviásemos un informe con los casos que habíamos recogido”, continúa Meseguer. En la documentación, aparecen los nombres de los centros de salud en los que se han topado con problemas de atención, que clasifican en varias categorías: denegación de atención en urgencias, a embarazadas y a menores; exigencias de pagos previos o posteriores a la atención en urgencias; y la denegación de los mencionados TIR.

El real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a unas 800.000 personas (entre las que destacan los inmigrantes sin permiso de residencia), contempla tres excepciones en que se debe garantizar su acceso a la sanidad pública gratuita: las urgencias, si se trata de menores de edad y de mujeres embarazadas.

Meseguer asegura que los responsables de la sanidad madrileña adjudicaron las ilegalidades a “casos puntuales, debidos a problemas de comunicación”. Por su parte, en la Consejería niegan que admitiesen irregularidades. “No tenemos constancia de que existan”, reitera un portavoz.

Del informe, en la Consejería solo reconocen “información mejorable” en la cartelería de los centros de salud. “En lo que estamos trabajando”, apuntan. El colectivo de Yo SÍ, Sanidad Universal denuncia mensajes disuasorios para los inmigrantes, que en muchos casos han dejado de ir a los centros sanitarios porque creen que no tienen derecho a la atención.

En cualquier caso, Pablo Meseguer indica que una plataforma ciudadana no tiene la obligación de llevar a cabo una tarea de recolección de casos. “Eso es responsabilidad de la Administración”, apunta. Desde la plataforma exigen que, dada la incapacidad para hacer cumplir la ley del Gobierno, la Comunidad debería dejar de aplicar el decreto sanitario.

Un nuevo intento de diálogo

Este martes, varios miembros de la plataforma han vuelto a la Consejería porque continúan registrando los mismos problemas, “a pesar de que en la reunión nos aseguraron que tomarían medidas de manera urgente”, afirma Meseguer. “Sanidad excluyente, sanidad excluyente”, gritaban tras sus características máscaras blancas en la fachada del número 29 de la calle Aduana, en la capital.

Uno de los últimos ejemplos se produjo en el centro de salud Baviera, según el acompañante, donde en el mostrador negaron la atención urgente a un inmigrante sin papeles “porque aseguraban que las urgencias se atendían solo en hospitales”. Además, Yo SÍ no ha recibido la prometida respuesta a su informe, por lo que los activistas exigen un nuevo encuentro.

Mientras unas 15 personas protagonizaban la acción de protesta en la calle, un par de miembros de la plataforma intentaban fijar una nueva reunión en el interior. Tras unas dos horas de espera, finalmente no han atendido personalmente a los portavoces del colectivo, por lo que han registrado una petición de reunión a través del registro.

Más allá de si la Consejería utiliza el término irregularidad o no, Pablo Meseguer recuerda lo importante: “Las vidas de las personas, que están en peligro con estas actuaciones”. En la protesta, volvía a resonar la palabra “vergüenza” para rememorar las muertes de Jeanneth Beltrán, Soledad Torrico y Alpha Pammuertes de Jeanneth Beltrán, en otras regiones de España. “Estamos hablando de situaciones muy peligrosas”, advierte Meseguer.