La CorteIDH reafirma que la protección de los derechos humanos va más allá de la tortura

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reafirmó hoy que su área de actuación en el Siglo XXI supera el ámbito de la tortura y de la persecución política, en un seminario en Brasilia con el que concluyó su 49º período de sesiones extraordinarias.

El presidente de la CorteIDH, el peruano Diego García-Sayán, dijo que las nuevas áreas del organismo han surgido en parte del profundo proceso de democratización que América Latina ha vivido en las últimas décadas, que ha “abierto los ojos” sobre las injusticias sociales que persisten en la región.

Según García-Sayán, cuando se acordó la creación de la CorteIDH “la realidad de América Latina era muy diferente, con gobiernos autoritarios en muchos países y democracias muy precarias” en otros, lo que hacía “casi imposible imaginar que pudiera funcionar en la región un tribunal sin policías y basado en acuerdos entre estados”.

Esa realidad llevó a que el área de actuación de la corte se volcase con el tiempo en otros aspectos de los derechos humanos, como la “protección y el amparo a los grupos más vulnerables”, sin relegar el tratamiento de otras violaciones, indicó.

Durante el seminario de clausura de las sesiones extraordinarias, García-Sayán aseguró que, una vez caído “el muro de Berlín ideológico” que primaba en las décadas de 1970 y 1980, la región construyó un espacio judicial común, que ha tenido influencia en las jurisdicciones nacionales.

“Se ha progresado en la legitimidad de los sistemas electorales, se ha avanzado en la protección de la libertad de expresión y se ha construido un sistema interamericano de derechos humanos totalmente armonizado con las autoridades y los tribunales nacionales”, afirmó.

Según el magistrado peruano, uno de los aspectos más relevantes de ese proceso ha sido la comprensión, hoy generalizada, de que la CorteIDH “no es un tribunal extranjero”, sino un “espacio de justicia” que está al servicio de cada uno de los americanos, y en especial de aquellos “más vulnerables”.

En ese sentido, la jurista brasileña Flávia Piovesan señaló que América Latina es “la región con la mayor desigualdad del mundo” y que “concentra el 27 % de los homicidios”, pese a que sólo representa el 9 % de la población mundial.

Ese panorama de injusticia social “ha sido reconocido por la CorteIDH”, que en los últimos años ha fallado sobre asuntos de la más variada naturaleza y que también suponen violaciones de los derechos humanos, apuntó.

Citó como ejemplos sentencias dictadas en relación a los derechos reproductivos y de homosexuales, campesinos, indios, inmigrantes o niños, y apuntó que la corte amplió su órbita de actuación incluso a temas que desafían intereses económicos, como fallos contra las operaciones de petroleras y otras empresas en tierras indígenas.

“El sistema de justicia interamericano nació con la paradoja de que, cuándo entró en vigor, menos de la mitad de los países miembros tenía gobiernos democráticos”, pero la “agenda antidemocrática” de sus inicios “se convirtió en una agenda de control de los estados y de corrección de los errores nacionales”, afirmó Piovesan.

El chileno Pablo Saavedra, secretario general de la CorteIDH, subrayó, sin embargo, que, aunque ha ampliado su radio de actuación, ese organismo se mantiene “vigilante” frente a los casos de torturas o desapariciones forzosas, que “no acabaron con la democracia”.

Señaló, además, que esas violaciones, que centraron la mayoría de los primeros casos analizados por la corte en su historia, continúan entre los asuntos más relevantes de la agenda jurídica americana.

Recordó además que “la CorteIDH fue pionera en materia de juicios por desaparición forzosa”, que “su trabajo dio lugar a convenciones internacionales” y que “fue la primera instancia que dijo que las amnistías son incompatibles con los derechos humanos”.

Durante estas sesiones extraordinarias, la CorteIDH ha celebrado dos audiencias del proceso abierto contra el Estado colombiano por su responsabilidad en la sangrienta toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19), en 1985.

Sobre ese trágico suceso, que causó un centenar de muertos y dejó al menos once desaparecidos, la CorteIDH prevé dictar sentencia el año próximo.