El Defensor Pueblo pide proteger a los hijos de mujeres víctimas de violencia género

El Defensor del Pueblo considera que es necesario otorgar una protección “rápida y eficaz” a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.

Así lo ha expresado la institución en un comunicado tras una reunión del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, con Ángela González Carreño, una mujer cuya hija de 7 años fue asesinada en 2003 por su exmarido condenado por maltrato durante un régimen de visitas sin supervisión autorizado por un juzgado.

En la reunión también ha participado una abogada de la Asociación Women's Link Worldwide, que llevó su caso ante el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de Naciones Unidas.

El citado Comité condenó en 2014 a España por no haber protegido a Ángela González Carreño y a su hija y emitió un dictamen con una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las mujeres y sus hijos frente a la violencia de género.

El Defensor del Pueblo solicitó información al Gobierno sobre las actuaciones que tenía previsto llevar a cabo para cumplir con las recomendaciones para mejorar la protección de las mujeres y sus hijos frente a la violencia de género.

La Secretaría de Estado de Justicia manifestó que se trata de una recomendación de carácter jurídico que no vincula al Gobierno en cuanto a su cumplimiento.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que los Estados tienen obligación de garantizar que todos los derechos consagrados en la Convención se respeten plenamente a nivel nacional.

Así, inició actuaciones ante la Dirección General de las Naciones Unidas y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores acerca de la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España de conformidad con el Dictamen del CEDAW.

La citada Dirección General comunicó que carece de competencias para pronunciarse sobre este dictamen y apuntó que el seguimiento de este asunto se podría abordar en el Plan de Derechos Humanos, que está pendiente de aprobación en España, precisa el Defensor del Pueblo.

La institución solicitó en 2014 favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos.

También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Además, comparte el criterio de Naciones Unidas de que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.