El Defensor ve “lenta e ineficaz” la respuesta frente al ruido y los malos olores

El Defensor del Pueblo ha calificado de “lenta e ineficaz” la respuesta de las administraciones públicas frente a las denuncias de los ciudadanos que sufren elevados niveles de ruido o malos olores.

Así lo pone de manifiesto el informe correspondiente a 2017 de la institución que dirige -en funciones- Francisco Fernández Marugán, en el que se pone de relieve además que la respuesta de las administraciones frente a las quejas por un ruido excesivo parte de una visión que suele favorecer a los causantes de ese ruido y no a quienes lo sufren.

Por ello, el Defensor ha pedido a los ayuntamientos que ejerzan de una forma efectiva sus competencias, mediante el control del cumplimiento de las licencias otorgadas para el ejercicio de la actividad y la inspección de los locales cuando están en periodos de máxima actividad.

Ha recomendado además el comisionado que realicen mediciones del nivel del ruido, tanto en los locales como en las viviendas afectadas, y que impongan las medidas correctoras o cautelares “sin dilaciones”.

El informe recuerda además que esta institución actuó de oficio ante los episodios de contaminación atmosférica que sufrieron algunas ciudades el pasado año, y también para conocer los planes de prevención y los medios personales y materiales para luchar contra los incendios forestales.

Durante el pasado año se formularon resoluciones relativas a los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana.

En este asunto, el Defensor del Pueblo en funciones considera que la evaluación ambiental efectuada no es concluyente, por lo que se ha sugerido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto (DIA) de esos cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas.

Sugiere además que se tengan en cuenta las distintas alternativas al almacenamiento de gas, el riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero, y que se suspendan los trabajos de uno de los proyectos (“Marismas Occidental”) mientras se realiza esa evaluación.

Recuerda la memoria que un informe del CSIC apuntó que las declaraciones de impacto ambiental que se han realizado no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección y almacenamiento de gas y su impacto sobre el acuífero y que el Instituto Geográfico y Minero de España (IGME) señaló que el emplazamiento de los proyectos podría no ser el idóneo.