El Defensor cree “insoslayable” ponderar seriamente los riesgos del “fracking”

El Defensor del Pueblo cree “insoslayable” valorar y motivar la autorización de la fractura hidráulica, ponderando “seriamente” los riesgos ambientales y los efectos en la salud, al tiempo que denuncia que la información existente sobre esta técnica es “insuficiente”.

El informe anual del Defensor del Pueblo, entregado hoy al Parlamento por su responsable, Soledad Becerril, recalca que tampoco es concluyente la información acerca de la aportación que supone en España la explotación de gas no convencional mediante el “fracking”.

Se queja de la conducta de las administraciones por no difundir la información ambiental de modo activo, caso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se negó a divulgar el informe del Instituto Geológico y Minero de España sobre las medidas preventivas y correctoras en este tipo de proyectos.

“Teniendo en cuenta el volumen de recursos hídricos que emplea esta técnica y los riesgos para la contaminación de los acuíferos, es manifiesto que el informe resulta de interés, al menos para las Confederaciones Hidrográficas”, añade.

La información aportada hasta ahora “no ha sido suficiente”, en particular sobre las sustancias que forman parte de los fluidos de inyección, el volumen de agua necesaria, el porcentaje de líquido de inyección que se recupera y las sustancias radiactivas.

Así, ha pedido al Ministerio de Industria que remita nueva información acerca de si hay soluciones técnicas para evitar impactos específicos y no deseados derivados del “fracking” y si hay estudios concluyentes sobre “la incidencia positiva y significativa en el modelo energético nacional”.

“Parece insoslayable que se valore y motive la autorización del 'fracking', ponderando seriamente los riesgos ambientales y los efectos en la salud y seguridad de las personas”, añade.

En 2014, las quejas sobre medio ambiente superaron las 500 y el problema principal fueron las actuaciones insuficientes para la restauración de los espacios dañados: ríos, suelos y paisajes.

La insuficiencia es “muy visible” en las minas que dejan de ser explotadas o que siguen siéndolo en condiciones irregulares.

También sigue siendo deficiente la evaluación ambiental de las actividades potencialmente agresoras de los espacios naturales.

Uno de los lugares más emblemáticos del país, el parque de Doñana, aparece en varias actuaciones de la institución llevadas a cabo en 2014: en la explotación y conducción de gas, en la pesca furtiva, en el impacto de la Romería del Rocío, etcétera.

Sobre la extracción y almacenamiento de gas natural en Doñana, la institución ha reanudado las actuaciones relativas al cumplimiento de la norma ambiental en tres proyectos gasísticos, tras la decisión de la Comisión Europea de cerrar el expediente que había incoado, al no haber sido aún autorizados los proyectos.

En cuanto a la explotación de gas “Poseidón Norte” y “Poseidón Sur”, frente a la costa de Doñana, el Ayuntamiento de Huelva no ha remitido aún la información solicitada.

Critica, por otro lado, la falta de participación pública en el acuerdo político alcanzado sobre el trasvase Tajo Segura (fijación de excedentes, venta de derechos entre regantes...), incorporado en forma de enmienda a la Ley de Evaluación Ambiental.

A su juicio, pese a que la aprobación parlamentaria de una enmienda sea una decisión de las Cámaras como representantes del pueblo español, “no equivale a la participación directa del público, exigida por el derecho europeo y estatal”.

Cuando afecten a los recursos hídricos, los acuerdos suscritos entre administraciones deben ser accesibles a quien los solicite y tampoco cabe incorporar los contenidos pactados automáticamente a normas con rango de ley.

Por último, opina que el reglamento de la Ley de Costas “no se atiene en la definición de la zona marítima-terrestre a criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos, de modo que no todo elemento de esta zona, la que cubre y descubre el mar en su flujo, es siempre de dominio público”.