La Defensoría denuncia enfermedades y daño ambiental por la minería ilegal en Chocó

La Defensoría del Pueblo alertó hoy sobre los efectos en la salud de los pobladores y en el medioambiente que causa la minería ilegal en el departamento de Chocó (noroeste), en donde las autoridades investigan la muerte de 37 niños.

La delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas de la Defensoría, Nigeria Rentería, advirtió de que en distintas visitas a ese departamento han detectado el “daño ambiental” en la cuenca del río Atrato y en otras fuentes hídricas.

La Defensoría envió la semana pasada una comisión a la zona tras conocerse que la Corte Constitucional investiga si 37 niños indígenas murieron entre 2013 y 2014 por el consumo de agua presuntamente contaminada con mercurio procedente de la extracción minera y la explotación forestal.

Rentería indicó que en sectores ubicados sobre la margen del río Quito las mujeres aseguraron que padecen “enfermedades de tipo vaginal, que no han sido atendidas debidamente”.

Además, aseguró que les presentaron “evidencias de niños con malformaciones que la comunidad considera que es por el consumo del agua”.

Los pobladores denunciaron asimismo que la producción agrícola ha disminuido y que los peces están muriendo en los mencionados ríos en donde se constató la utilización de materiales nocivos como el mercurio.

La Defensoría ha advertido en ocasiones anteriores sobre el impacto de la extracción aurífera en distintas localidades del Chocó como Quibdó, Condoto, Lloró e Istmina y en los ríos Atrato, San Juan, Andágueda, Bebaramá y Dagua, entre otros.

Según esa entidad, la exposición permanente de las personas a los químicos utilizados por la minería ilegal deriva en “diarrea, edemas pulmonares, dermatitis, fracaso reproductivo y malformaciones genéticas”.

En un comunicado la Defensoría recordó que en las primeras visitas que realizó a Chocó constató la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buenavista, Bajogrande y Quiparadó por la contaminación de los ríos.

La Corte Constitucional manifestó ayer que estudia una acción de tutela interpuesta por varias comunidades étnicas residentes en la cuenca del Atrato, las cuales denuncian que “el uso intensivo y a gran escala de métodos de extracción minera y de explotación forestal” causan daños al medioambiente y a la población.

“Daremos a conocer próximamente unas recomendaciones, porque creemos que el fallo que emita la Corte llamará la atención de las autoridades que de una y otra forma tienen que ver con la solución a esta problemática para hacer los correctivos necesarios”, afirmó Rentería.

El Gobierno colombiano estima que las mafias de la minería ilegal recaudan aproximadamente siete billones de pesos al año (unos 2.410 millones de dólares).

En el país, según fuentes oficiales, 16.784 hectáreas de bosque primario fueron deforestadas por la práctica de la minería ilegal, de las cuales el 59 % está en zonas de reserva en el Chocó.