La Defensoría urge a la voluntad de diálogo para lograr acuerdos y finalizar la huelga en Costa Rica

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica urgió hoy voluntad de diálogo al Gobierno y a los grupos sindicalistas para lograr acuerdos que permitan finalizar la huelga indefinida que ha afectado los servicios de salud y educación, desde hace once días.

El ente indicó en un comunicado de prensa que ambas partes, reunidas con la mediación de la Iglesia católica, deben demostrar una manifiesta voluntad de diálogo que permita establecer condiciones básicas y necesarias para lograr una pronta negociación.

“Conciliar posiciones para lograr el bien común no es un signo de debilidad de uno u otra parte sino más bien una muestra de madurez que contribuye a la paz social. Hoy, más que nunca, es necesario escucharnos y tomar decisiones que beneficien el desarrollo del país”, afirmó el defensor de los Habitantes, Juan Manuel Cordero.

La Defensoría además se mostró preocupada por el atraso y la cancelación de cirugías, así como por afectación a la continuidad del curso lectivo, pues “ello genera un impacto en la calidad de vida de una población muy sensible en materia de derechos humanos”.

“Que no nos separen las diferencias, sino es hora de dar paso a las coincidencias, de tal manera, que el diálogo sea efectivo, responsable y con resultados. Con voluntad de todas las partes, se construyen los acuerdos”, destacó Cordero.

El Gobierno y los sindicatos entran hoy en el segundo día de conversaciones en busca de conformar una mesa de diálogo que ponga fin a una huelga de los gremios en rechazo a una reforma fiscal que ya suma 11 días.

Los sindicatos rechazan la reforma tributaria porque consideran que afectará en mayor medida a las clases media y baja, y a los trabajadores públicos debido a recortes a pluses salariales que la iniciativa incluye.

El Gobierno afirma que el 82 por ciento del dinero que pretende recaudar con la reforma tributaria provendrán del 30 por ciento de la población con mayores ingresos y solo el 4,8 por ciento se recargará al 30 por ciento de la población más pobre.

La reforma llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

La reforma fiscal busca paliar el déficit previsto en el 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el 2018, y que es una medida urgente para evitar una crisis económica y frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.