Denuncian la concesión de agua a la finca con más multas por riego ilegal en Doñana

Ecologistas en Acción y WWF han denunciado a EFE el inicio de las obras para la concesión de 5,2 hectómetros cúbicos de agua del río Guadiamar, principal afluente de Doñana, concedida por la Junta de Andalucía a la finca Hato Ratón a pesar de que acumula millones de euros en multas por pozos ilegales.

La última de estas sanciones, de 1,6 millones de euros, le fue impuesta el 24 de abril por el Consejo de Ministros a esta finca de Aznalcázar (Sevilla), que explota la SAT Guadiamar.

Ambos grupos dudan de la legalidad de esta concesión, contra la que advirtió en su día la Abogacía del Estado, y denuncian que, en su opinión, premia el regadío ilegal.

Ecologistas en Acción, que ha recurrido esta concesión ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), calcula que en Hato Ratón se han extraído ilegalmente unos 60 hectómetros cúbicos en las últimas décadas y deplora que las administraciones no han logrado cobrar las sucesivas multas.

WWF cifra en un millar los pozos ilegales perforados en el entorno de Doñana en los últimos años, que han mermado el acuífero de este ecosistema, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera.

Científicos de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) también han alertado de la pérdidas de lagunas temporales de este espacio natural por la bajada del nivel freático del acuífero.

Pese a estas advertencias y al historial de multas de Hato Ratón, la Agencia Andaluza del Agua (AAA) de la Junta de Andalucía le concedió el 30 de julio de 2010 hasta 5,2 hectómetros cúbicos anuales del río Guadiamar y de la presa del Agrio, ubicada en esta cuenca y expropiada a la mina de Aznalcóllar tras el desastre minero de 1995.

Esta concesión, que pretendía sustituir las aguas captadas con pozos ilegales, fue informada negativamente por la Abogacía del Estado, dados los impagos de SAT Guadiamar de las multas impuestas.

Esta SAT subrogó la concesión en favor de la comunidad de regantes Doñana, también vinculada a Hato Ratón, maniobra que cuestionan los grupos conservacionistas.

Para Antonio Ramos, de Ecologistas en Acción, esta concesión es ilegal porque todas las resoluciones adoptadas por la AAA cuando gestionaba el Guadalquivir se consideran nulas tras declararse inconstitucional esta transferencia hidrográfica.

La CHG aduce que esta concesión sólo puede se anulada por la administración que la emitió o por un juzgado.

Ramos califica de “demencial” que el cauce estacional del Guadiamar se pretenda convertir “en permanente” y que su agua se destine a regadío porque “está mineralizada y desertizaría las tierras regadas con ellas”.

Felipe Fuentelsaz, coordinador de agua y agricultura en Doñana de WWF, critica que esta concesión, aunque sea legal, premie a la finca con el peor historial de riego ilegal de Doñana y advierte de las consecuencias de que estas obras, presupuestadas en 1,4 millones de euros, se hayan beneficiado de fondos europeos.

La primera ubicación de la toma de agua para esta concesión en el río Guadiamar, fue rechazada por técnicos del Parque Nacional de Doñana, que la consideraron inviable con la conservación de este ecosistema, por lo que las obras se han trasladado a la zona conocida como Vuelta la Arena, donde han comenzado hace unas semanas.

Junto a la captación en el río, catalogado como Parque Natural, se construye un canal y una balsa de 250.000 metros cuadrados que almacenará el agua.

Estas obras han derribado uno de los muros de encauzamiento del Guadiamar, lo que han criticado grupos ecologistas por su impacto en la nidificación de la valiosa avifauna de esta zona.

También han criticado que estas obras hayan cortado el acceso al centro de visitantes de Doñana, José Antonio Valverde, porque perjudican el creciente turismo ornitológico, que tiene en el Guadiamar una de las mejores zonas de observación.

Fuentes del Espacio Natural de Doñana sostienen que los trabajos han respetado los plazos y exigencias de la Autorización Ambiental.