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Denuncian que 16.000 dependientes han muerto sin recibir prestaciones en 2020

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

EFE

Madrid —

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El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado en el Parlamento que 16.000 dependientes que estaban en la lista de espera han muerto este año sin recibir las prestaciones que se le habían reconocido como derecho.

Lo ha hecho durante su comparecencia ante el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, en la que tras recordar esa cifra ha guardado un minuto de silencio para pedir reflexionar sobre la situación del sistema de la dependencia.

En España hay un millón y medio de personas en situación de dependencia reconocida, pero la crisis del coronavirus y el estado de alarma hacen que el Sistema de Atención a la Dependencia retroceda en el mes de abril y mayo, ha lamentado.

“El saldo del mes de abril presenta 7.396 beneficiarios y 15.421 personas con derecho menos que el mes anterior; preocupa también el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 153.306 (2.744 más que hace un mes)”, ha detallado.

Para Ramírez, “se imponen medidas urgentes para no abandonar a las 414.922 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento”, ya que ha recordado que el 54 % de personas solicitantes tienen más de 80 años.

Tras la situación generada por la covid-19, el responsable de la Asociación de Directores de los Servicios Sociales ha alertado que los usuarios de los servicios sociales pasarán de seis millones a diez millones antes de final de año.

“Cuando afloren las peores consecuencias de esta crisis sanitaria se volverán a hacer evidentes sus efectos sobre la pobreza y la exclusión social en enormes sectores de población, a los que atenderemos en un sistema disperso y recortado al que no acaba de llegar ni la financiación suficiente ni los cambios normativos para aplicarla”, ha aseverado.

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