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Devolver la dignidad a los indocumentados en Grecia, prioridad del nuevo Gobierno

Devolver la dignidad a los indocumentados en Grecia, prioridad del nuevo Gobierno

EFE

Atenas —

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Devolver la dignidad a los inmigrantes y refugiados que llegan a territorio griego es también una de las prioridades del nuevo Gobierno, que ha empezado a poner en libertad a los internados en centros de detención y convertirá estos espacios en lugares de acogida.

El ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yanis Panusis, reconoció que sintió “vergüenza” tras visitar recientemente el centro de detención de inmigrantes de Amygdaleza, cerca de Atenas, que ha sido escenario de suicidios y huelgas de hambre de indocumentados, en protesta por las condiciones de su detención.

Sobreviven con escasos alimentos, duermen hacinados y apenas hay un médico para atender a sus 1.100 habitantes, algunos de los cuales también han sufrido agresiones policiales.

Así lo han denunciado, en repetidas ocasiones, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional o el Consejo Griego para los Refugiados, desde que en 2012 Amygdaleza abriera sus puertas.

El Gobierno de Syriza ha fijado un plazo de cien días para cerrar este centro.

“Amygdaleza no puede ser reconvertido en un centro de acogida, así que cerrará”, afirma la ministra adjunta de Inmigración, Tasia Jristodulopulu, en entrevista con Efe.

El de Jristodulopulu es un departamento de nueva creación, integrado en el ministerio de Interior, con el que el Ejecutivo de Alexis Tsipras quiere destacar el gran problema social que es la inmigración en Grecia y dotar de mecanismos a las instituciones.

La ministra adjunta explica que Amygdaleza cuenta con instalaciones de policía y por razones técnicas no es posible transformarlo en un espacio abierto.

De los cuatro centros restantes que hay en todo el país, tres -próximos a núcleos urbanos- se convertirán en instalaciones de acogida abiertas y uno permanecerá como recinto de detención aunque con capacidad mucho menor a la actual, comenta la ministra adjunta.

El viernes pasado se puso en marcha el examen de los casos individuales y la liberación gradual de los detenidos se inició en la misma jornada.

La responsable de Inmigración detalla cómo será el proceso de liberalización de las 3.500 personas que ahora ocupan los centros.

En primer lugar se pondrá en libertad a los 216 menores de edad no acompañados a los que el Gobierno, en colaboración con los ayuntamientos, está buscando centros de acogida para evitar que caigan en manos de redes de mendicidad o tráfico humano.

Seguidamente se liberará a los solicitantes de asilo y a los que están retenidos más de 18 meses, el tiempo máximo que fija la Unión Europea (UE), y por último, a los que padecen enfermedades y necesitan atención hospitalaria.

“En la ley griega en vigor la detención es una medida excepcional, no la norma. Fue el Gobierno anterior quien lo convirtió en norma”, asegura esta abogada con una amplia experiencia en asuntos de inmigración.

Precisa además que su Gobierno abolirá de forma inmediata la normativa aprobada por el Ejecutivo anterior que permite retener a los indocumentados durante más de año y medio y simplemente aplicará la legislación griega en vigor, las directivas europeas y los tratados internacionales.

Jristodulopulu considera que este es el modo de garantizar que no se violan los derechos humanos de los que llegan a Grecia.

La titular de Inmigración apuesta por dar un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes de segunda generación a los que Syriza les ha prometido la nacionalidad griega.

Este será el primer proyecto de ley que Jristodulopulu llevará al Parlamento en marzo, y se muestra confiada sobre su aprobación, incluso contando con que el socio del Gobierno, el partido de derecha nacionalista Griegos Independientes, pueda oponerse.

Desde su fundación en 2012 Griegos Independientes, una escisión del conservador Nueva Democracia, es exponente de tradiciones ultraconservadoras y de la lucha decidida contra la inmigración.

“Tendremos que negociar sobre la ley de ciudadanía y estoy segura que la apoyarán finalmente pero, incluso si se abstienen o votan en contra, hay otras fuerzas en el Parlamento que la apoyarán”, señala.

En materia de inmigración, el Gobierno tiene además otros dos frentes abiertos: la verja que en 2012 se erigió en Evros para frenar la entrada de indocumentados a través de la frontera terrestre con Turquía y las conocidas como “devoluciones en caliente” en el mar de las que Amnistía Internacional culpa a la Guardia costera helena.

El futuro de la valla es una cuestión que “el Gobierno todavía no ha discutido”, dice Jristodulopulu, quien considera que en el caso de las “devoluciones en caliente” los tribunales no han probado la implicación de los guardacostas, aunque precisa que éstos no actúan “sin haber recibido órdenes del Gobierno”.

“Nuestro Gobierno no dará órdenes que puedan provocar muertes en el mar”, recalca.

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