Dictan cadena perpetua para el dueño del almacén chino de Tianjin calcinado

El propietario de un almacén del puerto de Tianjin en el que varias explosiones causaron al menos 165 fallecidos en agosto de 2015 fue condenado hoy a pena de muerte, con un aplazamiento de dos años, lo que en la práctica supone cadena perpetua.

Yu Xuewei, presidente de la empresa Ruihai International Logistics, recibió la sentencia más severa del total de 49 personas que fueron hoy enviadas a prisión por las explosiones, entre ellas 24 directivos o trabajadores de la citada compañía y una empresa asociada, y 25 funcionarios del Gobierno, según la agencia oficial Xinhua.

El dueño de Ruihai International fue hallado culpable de almacenar ilegalmente materiales peligrosos, llevar a cabo negocios ilegales, provocar accidentes y estar implicado en la toma o concesión de sobornos.

Por su parte, el vicepresidente de la empresa, Dong Shexuan, su director general y otros tres directivos fueron condenados a penas de prisión de entre 15 años y cadena perpetua. Mientras, siete empleados de Ruhai “directamente responsables del accidente” fueron sentenciados a entre 3 y 10 años de cárcel.

Otras once personas de una compañía de evaluación de seguridad contratada por Ruhai también fueron condenadas a prisión.

Además, veinticinco funcionarios oficiales, entre ellos el director de la Comisión Municipal de Transporte, Wu Dai, fueron condenados a entre 3 y 7 años de cárcel por negligencia, abuso de poder y aceptar sobornos.

Los condenados fueron juzgados por el Tribunal Segundo Intermedio de Tianjin y otras nueve cortes de la ciudad del norte de China entre el 7 y el 9 de noviembre, y las sentencias fueron comunicadas hoy, según fuentes del Tribunal Supremo de Tianjin contactadas por Xinhua.

La decisión se produce meses después de que, el pasado febrero, la investigación oficial por las explosiones ocurridas el 12 de agosto de 2015 concluyera que su origen fue el almacenamiento “inadecuado o ilegal” de materiales peligrosos, e instara a sancionar a 123 personas, cinco de ellas a nivel ministerial.

Las explosiones provocaron la muerte de al menos 165 personas (si bien cifras previas hablaban de 173) y más de 700 heridos.

Tras la tragedia, Yang Dongliang, exdirector de la Oficina de Seguridad Laboral, fue expulsado por corrupción del gobernante Partido Comunista de China (PCCh) y su caso fue trasladado a la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado al respecto.

El suceso reavivó las críticas al Gobierno chino por las laxas medidas de seguridad en el sector industrial, donde los accidentes son frecuentes y en ocasiones las autoridades permiten a las empresas infringir normativas a cambio de beneficios.