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Directores de S.Sociales: 36.000 dependientes morirán sin atención este año

Directores de S.Sociales: 36.000 dependientes morirán sin atención este año

EFE

Madrid —

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La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de que si se aprueba el presupuesto destinado en 2017 a dependencia 36.000 dependientes en lista de espera morirán sin haber recibido las prestaciones a las que tienen derecho.

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha denunciado en un comunicado que el uno por ciento de esas personas a las que se les ha reconocido el derecho como dependientes y que no perciben servicios o prestaciones mueren cada mes.

Según los datos del Sistema de la Dependencia, 335.201 personas están en espera, de las que más de una tercera parte (el 36 %) son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes), en total 121.588 personas.

El pasado año la lista de espera era superior y Ramírez recuerda que fueron 40.647 las personas dependientes que fallecieron antes de recibir esa cobertura social a la que tenían derecho.

A su juicio, “resulta muy preocupante que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 mantenga esta inhumana situación por una evidente falta de financiación del sistema”.

“Recuperar los recortes en la financiación estatal permitiría disminuir la lista de espera en cerca de 90.000 personas y se generarían más de 20.000 empleos nuevos en un año”, señala el responsable de la asociación, quien recuerda que era un compromiso del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos (Cs) que está siendo incumplido.

Además, plantea que si la aportación estatal fuese del 50 % del total del gasto público en atención a la dependencia, como establece la ley, y se mantiene la aportación autonómica de 2016, se aseguraría la plena atención a las 335.000 personas que actualmente están en lo que se conoce como “Limbo de la Dependencia”, señala.

Esta asociación calcula que la Administración General del Estado aporta menos del 20 % del gasto público, frente al 80 % soportado por las comunidades, cuando, según la ley, cada administración debería asumir el 50 % del coste real del sistema.

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