EE UU verifica las amenazas que supone el 'fracking' para los acuíferos
Era un estudio muy esperado. Al fin, el pasado 4 de junio, la Agencia de Protección el Medio Ambiente de EEUU (EPA en sus siglas en inglés) dio a conocer su informe sobre las vulnerabilidades que el fracking supone para el agua de consumo humano. El documento admite que esta técnica minera implica peligros ciertos por el alto consumo de recursos hídricos y la contaminación de aguas subterráneas. Ambas son las amenazas más patentes para los acuíferos que representa la extracción de gas mediante la fractura de la roca que lo contiene a base de inyectar agua con productos químicos a gran presión.
EEUU es la avanzadilla de este método de extracción gasística en el que Europa –y España– van dos pasos por detrás. A día de hoy, el proyecto español más avanzado es el de un campo de 12 pozos en Burgos promovido por la gasística BMK cuyo estudio de impacto ambiental está siendo analizado. En diferentes estados de tramitación hay unos 119 permisos de exploración de gas (unos 36 en solicitud).
EEUU acumula mucha más experiencia y hace las veces de aviso: la agencia calcula que 9,4 millones de personas viven a 1,6 kilómetros de pozos y que 6.800 fuentes de agua que sirven a la red pública están en ese radio de acción. El agua para 8,6 millones de ciudadanos en 2013.
Con todo, la EPA sostiene que, hasta el momento, el fracking no ha llevado a “impactos sistemáticos y generalizados” en el agua para consumo humano. El potencial dañino de la fractura hidráulica se centra, según la recopilación de la agencia, en primer lugar, en la enorme cantidad de agua que requiere esta manera de aflorar bolsas de gas encerradas en la roca subterránea. Los datos cuentan que entre 2011 y 2012 se precisaron 166.320 millones de litros. El documento dice que es el 1% del agua usada anualmente en ese país.
Así, la peor mezcla es: pozo de extracción en zonas con escasos recursos hídricos. Sin embargo, la escasez de líquido no supone el parón de los pozos ya que casi el 10% de los territorios con fracking ven cómo el 10% de sus recursos se destina al gas (algunos llegan al 30% y en la cima están los que ven la mitad de su agua marchar a la minería). Como establece el informe, la “gran mayoría de pozos emplean agua dulce” y, de media, cada uno gasta 5,7 millones de litros de agua. En España, en zonas con baja pluviosidad como Murcia, Albacete, Jaén o Córdoba hay proyectos de fracking.
El segundo eje sobre el que se ha basado el estudio es la propia contaminación de acuíferos subterráneos debido a la gran cantidad y toxicidad de los productos químicos que se inyectan con el agua. La EPA asegura que “ha habido casos, tanto durante actividades rutinarias como en accidentes, que han implicado impactos en aguas superficiales y subterráneas”. Y luego afirma que “derrames de los fluidos utilizados para el fracking y agua contaminada han alcanzado reservas de agua para el consumo”.
Influencia de la industria en el estudio
Aunque la agencia evalúa que estos casos son pocos en comparación con el número de pozos, para el responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, Samuel Martín-Sosa, significa que “se desmiente la postura de la industria energética que aseguraba que no podía haber contaminación por las medidas de seguridad que se adoptaban”. De hecho, la Plataforma Shale Gas España ha sustentado su afirmación de que la fractura “es una técnica segura para los acuíferos” en que los yacimientos “se encuentran a una profundidad de entre 2.500 y 5.000 metros. (...) a miles de metros de distancia de los acuíferos de agua dulce, que se sitúan siempre a decenas o centenares de metros bajo el suelo, pero no a miles. Por tanto, entre la zona donde se hacen las fracturas y los acuíferos, existen miles de metros de capas rocosas superpuestas, que impiden cualquier conexión”.
Para el director general de Shale Gas España, David Alameda, el informe tiene un lectura diferente: “Reconfirma que cuando las cosas se hacen bien, la fracturación hidráulica es tan segura como otras de las miles de técnicas industriales que nos rodean”. En este sentido se escuda en que “un total aislamiento del pozo” hace que no se produzcan fugas.
Shale Gas aporta un estudio que establecía que no hay una relación entre el aumento de índices de metano en los acuíferos del noroeste de Pennsylvania (EEUU) y la proximidad de campos de fracking, desarrollado por la Universidad de Syracusa y publicado en marzo de 2015. Sin embargo, el informe de la EPA sí admite que la descarga de agua residual proveniente del fracking “ha incrementado los niveles de contaminación en masas de agua en la superficie”. Incluso apunta que algunas empresas han inyectado fluido en bolsas de agua dulce para sacar el gas que coexistía con estos recursos.
Martín-Sosa contextualiza el trabajo de la agencia estadounidense: “Se ha estado retrasando durante cinco años y se ha basado en los datos que la industria ha facilitado, no en mediciones propias de la EPA”. De hecho, mientras se preparaba, saltaron a la luz miles de correos electrónicos en los que los responsables de la agencia informaban a las corporaciones gasísticas de sus planes de estudio y se les permitía el acceso a los borradores.
Ecologistas en Acción, posicionada en contra de que esta industria se implante en España, cree que para realizar este informe se ha carecido de “capacidad de control en los sitios adecuados”.
Por su parte, Shale Gas España, insiste en que la técnica de tres tubos concéntricos que aíslan los tramos de perforación impiden que “el fluido o el gas contamine el exterior”. La plataforma, según sus palabras “reúne a la industria, expertos independientes y académicos para compartir y comunicar la ciencia y tecnología” del fracking. Está patrocinada por Heylo Energy, BNK Petroleum, San Leon Energy y Montero Energy Corporation, cuatro empresas mineras con intereses en prospecciones de fractura hidráulica en España.
