Ecologistas rechazan la reapertura de la Mina de Aznalcóllar para no repetir la catástrofe

Las cinco principales organizaciones ecologistas de España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han urgido a la Junta de Andalucía a que revoque el permiso de reapertura de la mina de Aznalcóllar para que no se repita la catástrofe sufrida hace veinte años.

Los máximos dirigentes de estas organizaciones han exigido hoy en rueda de prensa una revisión de oficio de esta adjudicación a la multinacional Grupo México, calificada de “claramente irregular” por Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

La adjudicación está denunciada en los juzgados y supone una “espada de Damocles” para Doñana, según el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Además, Segura y otros dirigentes ecologistas han denunciado que la adjudicación se efectuó con total opacidad y sin la intervención preceptiva del Consejo de Participación de Doñana, y ha sido otorgada a una red de empresas interpuestas, lo que dificultaría la exigencia de responsabilidades al Grupo México.

Además, Segura e Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción Sevilla, han denunciado que el permiso de reapertura de esta mina, que en abril de 1988 causó el mayor desastre ambiental minero de España, se ha acordado antes de conocerse el estudio de impacto ambiental, la autorización ambiental y el plan de restauración de la mina.

Han alertado de que Grupo México pretende extraer catorce hectómetros cúbicos de lodos contaminados de la balsa de almacenamiento de la Corta de Los Frailes y verterlos al río Guadiamar, un volumen muy superior a los seis hectómetros cúbicos que causaron el desastre ambiental de 1998 y cuya depuración se desconoce.

Además, la mina requerirá una “tremenda demanda de agua”, cuyo origen se ignora, y los restos del mineral extraído se verterían en la cercana Corta de Aznalcóllar, que ya almacena los lodos retirados del Guadiamar tras el desastre ecológico de 1998, lo que aumentaría la amenaza ecológica sobre el río Guadiamar, principal afluente de Doñana.

“Esta mina supone un tremendo riesgo sobre la cuenca del Guadiamar, que tanto nos ha costado limpiar”, ha apostillado Segura, quien ha recordado los más de 250 millones de euros invertidos en la limpieza y restauración de este río.

Del Olmo ha calificado de “increíble” que la Junta de Andalucía pretenda reabrir la mina que estuvo a punto de arrasar Doñana, “la joya de la corona de la naturaleza europea”, y ha reclamado la finalización de los proyectos de restauración anunciados tras aquella catástrofe ecológica, como la conexión del río Aznalcóllar con el Guadalquivir.

“La Junta es el único animal que tropieza dos veces con la misma mina”, ha espetado Del Olmo, quien ha advertido de que “no hay minería verde ni ecológica” y de que el tipo de minería como la de Aznalcóllar es “de altísimo riesgo” y no se puede permitir “en la cabecera de un río que alimenta el espacio protegido más importante de Europa”.

“Este proyecto no se puede llevar a cabo: es hora de terminar con esta falacia. La Junta tendrá que hacer una transición ecológica y buscar otras alternativas para esta comarca porque este proyecto minero es absolutamente inviable”, ha espetado.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha urgido una reforma de la Ley “preconstitucional” de Minas, que data de 1973, y ha denunciado una relajación de las exigencias a las empresas mineras que permiten las administraciones.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha defendido hoy el “avance” que se está produciendo en la “consolidación” de la industria minera en Aznalcóllar y ha subrayado que la reapertura de la mina puede suponer una inversión de más de 350 millones de euros y la creación de más de 1.000 puestos de trabajo.

“No vamos a hacer una política de bombo y platillo, pero sí tenemos que estar muy orgullosos de cómo se ha recuperado el Corredor Verde y se ha reactivado la actividad económica en la zona”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha detallado que la Junta ha invertido más de 163 millones de euros para su recuperación y ha recalcado que, veinte años después, el Gobierno andaluz sigue reclamando un porcentaje “importante” de esa cuantía a la empresa Boliden, en concreto unos 89 millones.