En España hay 4.000 agresiones o delitos de odio al año

El Movimiento contra la Intolerancia estima que en España hay 4.000 agresiones o delitos de odio al año y cifra en 88 los crímenes de odio que ha habido en los últimos veinticinco años en nuestro país, aunque solo se conoce “una pequeña parte”.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha ofrecido estos datos durante la presentación del proyecto “Crímenes de odio: memoria de veinticinco años de olvido”, que incluye un mapa histórico y documental de los casos que se han registrado en España entre 1990 y 2015.

Ibarra ha señalado que el Ministerio del Interior contabilizó el año pasado 1.285 agresiones de este tipo, aunque la Unión Europea mantiene que solo se denuncian el 10 por ciento.

La investigación supone el “pistoletazo de salida” para reclamar a todos los partidos políticos una ley integral contra los delitos de odio con el objetivo de prevenir la aparición de estos crímenes mediante una acción integral en los ámbitos de la educación, la comunicación, el deporte y la cultura.

“No podemos aceptar ni un solo momento más la desprotección de las víctimas”, ha subrayado Ibarra, quien ha indicado que, aunque haya juicio, no siempre se consigue una sentencia favorable y, después, “la víctima se queda sola, sin derechos y sin amparo económico”.

El trabajo, elaborado por el Grupo de Investigación Crímenes de Odio y el Movimiento contra la Intolerancia, clasifica los casos registrados en España por fecha, lugar y tipología del crimen e incorpora fichas de cada uno de ellos.

Uno de sus autores, Miquel Ramos, ha subrayado que hay cientos de miles de casos que se quedan “en la sombra” y “no se hacen públicos” porque las víctimas son personas sin hogar o inmigrantes “sin papeles” a quienes nadie reclama.

Ha destacado la importancia de concienciar a la sociedad para evitar que haya personas y organizaciones políticas legales que difundan el odio por la raza, el origen, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental o la orientación sexual.

Entre las principales dificultades que se han encontrado en la investigación, otro de los autores, David Bou, ha lamentado la ausencia de estadísticas del Estado español, judiciales o policiales, lo que les ha obligado a asumir una labor que, en su opinión, tendrían que haber desarrollado las instituciones.

Según el estudio, los crímenes de odio en España experimentan una tendencia creciente entre 1990 y 2015, con un repunte entre 1995 y 2005, y se concentran en los grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, zonas donde las organizaciones de extrema derecha han tenido mayor implantación.

Por el tipo de crímenes, los casos más numerosos son de racismo y xenofobia (37), seguidos de los de rechazo a las personas pobres, sin medios y desamparadas, especialmente los “sin techo” (23) y los de rechazo a la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales (17).

En cuanto al recorrido judicial, de los 86 casos analizados (en dos de ellos hay dos víctimas), no hay información sobre 44, mientras que hubo 35 condenas, 4 fueron archivados por falta de pruebas y 3 se resolvieron con la absolución de los acusados.

De las 35 condenas, 19 fueron por asesinato, 14 por homicidio y 2 por otros delitos como lesiones o riña tumultuaria.

Ibarra ha reprochado a las instituciones y a los medios de comunicación que traten los crímenes de odio como casos asilados o como “violencia juvenil” por considerar que les hacen “un flaco favor” a las víctimas.

En el acto, han intervenido Kenia, hija de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, asesinada por motivos racistas y xenófobos en Madrid en 1992, y Magdalena, hermana del angoleño Augusto Ndombele, asesinado en la localidad madrileña de Alcorcón en 2002. Ambas han mostrado su decepción por haber sufrido el silencio y la indiferencia de las instituciones.