España tendrá que bajar el 26 % de emisiones en agricultura, transporte y vivienda

España tendrá que reducir un 26 % sus emisiones de CO2 entre 2021 y 2030 en relación con los niveles de 2005 en los sectores no regulados bajo el régimen europeo de comercio de emisiones como la agricultura, la gestión de residuos, parte del transporte y la vivienda.

La Comisión Europea (CE) propuso hoy el reparto de esfuerzos para estos sectores, en los que está incluido el transporte que no sea la aviación, que representaron casi el 60 % de las emisiones totales de la Unión Europea (UE) en 2014.

Todos los Estados miembros tienen sus propios objetivos y, en común, representan una reducción del 30 % de las emisiones de CO2 de la UE con respecto a los niveles de 2005.

Los objetivos nacionales de reducción van desde el 0 % en el caso de Bulgaria al 40 % como en el de Luxemburgo y Suecia, y “son realistas, justos y flexibles”, señaló el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete.

Para organizaciones cono Transport & Environment, sin embargo, estas flexibilidades pueden “convertirse en lagunas que permitan a los países vender sobre el papel que toman medidas contra el cambio climático, pero no en la realidad”, opinión que comparte WWF, en tanto que la Red de Acción Climática, lo calificó de “oportunidad perdida” y dijo que carece de un mecanismo de revisión de metas.

Los objetivos para 2030 se basan en el PIB per cápita de cada país miembro, lo que garantiza un sistema justo, dado que Estados con más riqueza tienen metas más elevadas que los otros.

No obstante este enfoque supondría que algunos países con más PIB per cápita tuvieran costes “relativamente elevados” para alcanzar sus objetivos y, por ello, se han acometido ajustes en ese grupo a fin de tener en cuenta la eficacia de costes.

La propuesta crea un sistema en el que los países pueden reducir las emisiones conjuntamente en una serie de sectores y a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta así las diferentes estructuras de las economías de los países miembros.

Al igual que en el sistema actual, en años en los que las emisiones son más bajas que la asignación anual, los países pueden “aparcar” el excedente para utilizarlo en años siguientes cuando los objetivos son más duros y en ejercicios en los que las emisiones son más elevadas que el tope anual establecido.

Así pueden, dijo Arias Cañete, lidiar con fluctuaciones anuales por motivos meteorológicos o económicos.

Los países pueden además comprar y vender asignaciones de y a otros Estados miembros, lo que favorece la eficiencia de costes.

La propuesta introduce además dos “nuevas flexibilidades”.

Un “pequeño grupo” de países con un elevado PIB per cápita (Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Austria, Bélgica, Irlanda y Malta), podrán utilizar “un número limitado de asignaciones” (que van del 2 al 4 %) que normalmente serían subastadas en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), para cumplir sus “objetivos particularmente exigentes”.

A nivel de la UE ello no puede representar más de 100 millones de toneladas de CO2 entre 2021 y 2030.

Otra flexibilidad se refiere al uso de la tierra.

La propuesta de la CE permite hasta 280 millones de toneladas de CO2 en créditos de ciertas categorías de suelo (praderas y cultivos gestionados y reforestación) para emplearlos por cada país miembro.

Todos los países tienen acceso a estos créditos -en el caso de España, un 1,3 %-, pero este sistema favorece a aquellos con un porcentaje más grande de emisiones por parte de la agricultura.

La CE presentó hoy además su propuesta para integrar el sector del uso de la tierra y la silvicultura en la actuación de la UE en materia de clima y energía, de manera que las emisiones de la biomasa en la energía serán registradas y contabilizadas en los compromisos de reducción de cada Estado miembro.

Cada país miembro tendrá que asegurar que las emisiones del uso del suelo registradas sean “enteramente” compensadas por una reducción equivalente de CO2 de la atmósfera mediante medidas tomadas en el mismo sector.

Si un país miembro acomete deforestaciones, debe compensar las emisiones resultantes mediante la reforestación o mejorar la gestión sostenible de los bosques, cultivos y praderas existentes.

BirdLife International señaló que la propuesta “crea un nuevo ímpetu para el uso insostenible de la tierra”, al “incentivar fuertemente la reforestación sin salvaguardas medioambientales”.

La propuesta también incluye la posibilidad de venta y compra, la de “aparcar” las emisiones si la reducción neta de emisiones de CO2 es mayor que las emisiones netas en el primer periodo de cumplimiento (2021-2025) para utilizarlas en el siguiente (2026-2030).