España es el tercer país europeo que más aumenta sus emisiones de gases de efecto invernadero

Tiene permiso para excederse pero está bastante por encima de la raya. España es el tercer país de la Unión Europea que más ha incrementado sus emisiones de gas invernadero en las últimas dos décadas. Desde 1990 –el año de referencia oficial–, el incremento se ha colocado en el 22% según los últimos datos comparativos actualizados por Eurostat en agosto de 2015.

En su análisis de situación de 2014, la Agencia Europea del Medio Ambiente ya alertó de que España “ni siquiera está en el camino para conseguir sus objetivos” de reducción. Más bien al contrario, la acción del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha favorecido la búsqueda de hidrocarburos (gas o petróleo) a la vez que se ha castigado la producción de electricidad mediante fuentes renovables (sin emisión).

Las últimas cifras que maneja la oficina estadística –“remitidas por los estados”– son de 2012 y comparan los esfuerzos de los diferentes países. Según los compromisos comunitarios, en el año 2020 España debe limitar su incremento de gases a un 15% de lo que liberaba en 1990. El año pasado lanzó el equivalente a 354 millones de toneladas de CO, hace 22 años emitía 289 millones.

De los 28 miembros de la Unión Europea, ocho lanzan a la atmósfera más gases de efecto invernadero de lo que hacían en 1990. El ránking lo lideran Malta y Chipre pero sus cantidades apenas afectan al total ya que son el 0,1 y el 0,2% continental. En tercer lugar ya aparece España que sí supone el 7,6% de todo lo que Europa emite.

Completan la lista de regiones con aumentos Portugal, Irlanda, Austria, Grecia y Eslovenia. Todos juntos no suman tanto como España sola: representan poco más del 5% europeo.

La idea con que se diseñó el plan para que la Unión Europea cortase en un quinto su contribución al calentamiento global se basaba en que los que más contaminaran más redujeran. Así, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, que son más de la mitad del efecto invernadero continental, han rebajado las emisiones entre un 23 y un 10%. Eurostat subraya que la reducción global de la Unión ya supera el 19%.

Compraventa de derechos

Polonia es el estado más próximo a España en el sentido de que sus emisiones son el 8,6% del grueso de la Unión. Han rebajado sus gases en un 14% en estos 22 años. Se da la circunstancia de que España ha gastado 800 millones de euros en comprarle a Polonia derechos de emisión de gases, es decir, le ha pagado a ese estado para contaminar los miles de toneladas que Polonia no ha liberado.

La asociación Ecologistas en Acción ha considerado que esta estrategia que, en definitiva, ha permitido a España contaminar más, ha marcado las políticas públicas “basadas en el concepto de que era bueno y justo que en 2020 se emita más que en 2012”. Además, uno de sus miembros encargado del cambio climático, Javier Andaluz, advierte de que “aunque desde el pico que se experimentó hacia 2008 hay una línea descendente debido a la crisis económica, las medidas del Ejecutivo no van a conseguir siquiera el objetivo del limitar el incremento al 15%”. Y pone como ejemplo del fracaso “la compra millonaria” de esos derechos de emisión a Polonia.

A ese respecto, el coportavoz de Equo, Juan López Uralde, analiza que “esa compraventa es un auto engaño porque, al final, no se consigue lo que se pretendió en Kioto que es que haya menos gas de efecto invernadero contribuyendo al cambio climático”. Y resume: “Es la consecuencia de las políticas que han ignorado el calentamiento como un problema cuando no lo han negado directamente”.

La producción de energía

Este comercio de derechos se aplica a los sectores más intensivos en el uso de energía como las plantas de refino, las siderúrgicas, las fábricas de cemento o papel... No puede negociarse con las emisiones de los camiones o los coches o la construcción (el lenguaje oficial denomina a estos focos de contaminación “sectores difusos”).

Tres cuartas partes de estos gases provienen de la generación de energía. Dentro de esa categoría, casi un cuarto se va a la generación de electricidad y otro cuarto al transporte. Mirando alguna de las políticas que inciden directamente a estos focos de emisión, en lo que va de legislatura, la utilización de combustibles fósiles ha centrado la prioridad del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria ha mirado con buenos ojos la extracción de gas mediante la fractura hidráulica (el fracking) y la exploración de yacimientos petrolíferos. El fracking ha contado con la casi nula oposición del Ministerio de Medio Ambiente que en época del hoy comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, admitió que ese método minero pudiera obtener autorización de impacto ambiental.

El Gobierno se ha encargado de cortar cualquier iniciativa legal por parte de las comunidades autónomas para limitar o entorpecer los planes de diversas industrias mineras que proyectan buscar y, en su caso, extraer gas encerrado en las rocas subterráneas mediante la inyección de agua a alta presión. En este sentido, tanto Industria y como Medio Ambiente también han amparado proyectos de prospecciones petrolíferas en zonas marítimas colindantes con áreas de alto valor ecológico en las Islas Canarias y Baleares.

Para completar el panorama, la combustión de carbón para la generación eléctrica se mantiene como una de las fuentes a las que más se recurre. Según el observatorio de la electricidad de la organización WWF-Adena, en junio pasado esta fuente lideró el llamado mix eléctrico, superando a la nuclear, con un 26,8% de la generación española. En agosto se ha mantenido alto, casi un 20%.

Además, el Gobierno golpeó con dureza la producción de energía con fuentes renovables. El verano pasado recortó las retribuciones para, meses después, admitir que lo hizo sin contar con los informes técnicos externos que había encargado. Uno de ellos, de hecho, llegó a manos del ministro una vez que ya había sido firmado el decreto que decapitó a las renovables.