España apoya “exportar” más tiempo las prestaciones por desempleo

La ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, apoyó hoy la propuesta de “exportar” a otros países las prestaciones por desempleo por un periodo mínimo de seis meses y abogó por ampliarlo para cubrir todo el tiempo completo que le corresponda por cotización en el Estado de origen.

En una reunión ministerial celebrada hoy en Bruselas, los responsables de Empleo de la Unión Europea (UE) fijaron sus primeras posiciones respecto a la iniciativa de la Comisión Europea (CE), enmarcada en una propuesta más amplia para coordinar los sistemas de seguridad social.

Esto incluye prestaciones por desempleo, cuidados de larga duración, las ligadas a los ciudadanos económicamente inactivos y la exportación de las prestaciones familiares.

La propuesta, presentada en diciembre de 2016, busca modernizar ámbitos como la expedición y retirada de documentos acreditativos o las prestaciones a ciudadanos móviles (personas que no residen en sus países de origen) que no ejerzan una actividad económica.

En el caso de las prestaciones por desempleo, Báñez indicó que “España no solo ve esta iniciativa con buenos ojos”, sino que sugirió “ampliar ese periodo de autorización de la exportación al periodo completo porque ha sido una prestación previamente cotizada”.

Aseguró que la experiencia de su Gobierno en la exportación de prestaciones arrojaba un mayor índice de inserción laboral cuando los trabajadores se beneficiaban por periodos superiores a tres meses.

También apoyaron la iniciativa Eslovaquia y Portugal, frente al rechazo de Dinamarca, Irlanda o Letonia, que adujeron que esta no logra una “distribución justa y equitativa de la carga financiera” y apostaron por reforzar “la conexión real al mercado laboral del país”.

Fuentes comunitarias indicaron a Efe que el proceso puede llevar varios meses y que se trata de una primera reunión para marcar posiciones, que ahora recalarán en los grupos de expertos de los países de cara al próximo consejo del ramo, previsto para junio.

En rueda de prensa, el ministro maltés de Familia y Solidaridad Social, Michael Farrugia, dijo que, “aunque no sea tarea fácil”, el objetivo de esta propuesta es “acrecentar la certidumbre jurídica, con un reparto justo y equitativo de la carga y normas administrativas más sencillas”.

“La libre circulación es una piedra angular de la integración de la Unión y esta no sería posible sin que las personas puedan conservar sus derechos adquiridos en otros Estados miembros”, recordó el titular de Malta, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, defendió que en el mercado laboral actual “los solicitantes de empleo son móviles”.

“Para facilitar eso, queremos que puedan tener más tiempo los derechos adquiridos en otros Estados”, explicó.

Por otro lado, Letonia y Francia criticaron la imprecisión de la definición de ciudadanos móviles que son inactivos económicamente, al considerar que no queda claro “cómo incide la propuesta en determinados colectivos”.

La CE propone que los Estados miembros tengan capacidad de decidir no conceder determinadas prestaciones de seguridad social a ciudadanos inactivos.

“El concepto de persona inactiva difiere del reglamento vigente”, advirtió Italia, que señaló que la definición incluye ahora a estudiantes y jubilados. además de a personas en situación de desempleo.

En la reunión también se debatió cómo mejorar la adquisición de competencias de los trabajadores, un asunto en el que, en nombre de las comunidades autónomas, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, pidió más inversión por parte de los Estados y de la UE en políticas de empleo, igualdad e inclusión social.

“Necesitamos un modelo social fuerte, un empleo que garantice los derechos sociales y que sea digno para que la desigualdad entre hombres y mujeres deje de ser una constante en Europa”, reivindicó Oltra.

Los ministros debatieron además la homogeneización del certificado A1, documento que permite a un trabajador desplazado probar su cotización a la seguridad social de otro Estado miembro, y que, según la CE, puede dar pie a “abusos o prácticas injustas” en su configuración actual.

Bélgica y Grecia, entre otros, abogaron por reforzar el intercambio de información entre países sobre este certificado para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores desplazados, mientras que Italia alertó de que la definición de fraude de la propuesta del Ejecutivo comunitario podría diferir de la de los códigos penales de cada Estado miembro.