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Los datos de Save the Children ratifican el informe de Cáritas y contradicen a Montoro

Niña a las puertas de una casa, que va a ser desalojada, en España. / Aitor Lara (Save the Children)

Laura Olías

Las políticas españolas no tienen en sus prioridades luchar contra la pobreza infantil. Es una de las conclusiones de la ONG Save The Children tras un análisis del problema en Europa. España es el segundo país de la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia, donde menos eficaces están siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil. El riesgo de pobreza y exclusión social ya alcanza a 2,8 millones de niños, el 33,8% de la población menor de edad en nuestro país, según datos de Eurostat.

Los datos referentes a España ya los había expuesto en enero la organización, pero no la comparación con el resto de estados europeos, eje del informe Pobreza infantil y Exclusión Social en Europa, presentado este martes en seis países. Del trabajo se desprende que cerca de 27 millones de niños corren el riesgo de caer en esta situación en la UE más Islandia, Noruega y Suiza, cifra que se ha incrementado en un millón entre 2008 y 2012, medio millón sólo en ese último año.

El análisis de Save the Children, al igual que los datos que maneja Ayuda en Acción, se basan en las estadísticas oficiales de Eurostat que sostienen también el reciente informe de Cáritas, que puso en duda el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. “La pobreza en España es una realidad que observamos día a día en el trato directo con los niños. El año pasado, Save the Children atendió a 16.000 niños en nuestro país, la mayoría en riesgo de pobreza y exclusión social”, afirma Andrés Conde, director general de la ONG.

“La crisis ha dejado su paso”, expone Ester Asín, directora y representante de la Unión Europea de Save the Children. Sin embargo, la grave situación de la economía española no puede servir como excusa –si es que se utiliza– para justificar los datos. Asín y Conde arrojan el ejemplo de Irlanda: “Con una crisis parecida a la nuestra, pero donde las políticas se han centrado en la infancia y ha conseguido reducir la pobreza en mayor medida”.

Mientras que en España, el porcentaje de niños que viven bajo el umbral de la pobreza solo se redujo en 6,9 puntos (de un 36,8% a 29,9%) una vez recibidas las prestaciones sociales, Irlanda redujo el alcance del drama en 32 puntos, pasando de un 49,1% a 17,1%. En los países nórdicos, estas iniciativas han conseguido recortar la pobreza infantil en un 18% en plena crisis económica.

Entre las transferencias sociales se incluyen las prestaciones por desempleo, el acceso a vivienda social, al permiso parental, a la sanidad y educación, deducciones fiscales, y un salario mínimo. Grecia, Italia, Portugal, Polonia y España, ostentan los niveles de gasto más bajos de Europa, que están asociados a “una falta de estrategias centradas en los niños”, han denunciado en la comparecencia. “Esto es un problema de política”, apunta contundente Asín.

El informe aborda la realidad multidimensional de la pobreza infantil y trata desde la situación laboral de los padres hasta las condiciones de la vivienda y la situación escolar de los niños de cada uno de los 31 países analizados, para concluir que acabar con la pobreza “supone tomar las decisiones políticas adecuadas”, que están al alcance de todos los Estados, al margen de su PIB.

Necesidad de medidas urgentes

Ester Asín es tajante sobre la imperiosa necesidad de actuación: “Las medidas hay que tomarlas ahora. No cuando se pase la crisis económica”. Andrés Conde indica la necesidad de que la pobreza infantil se convierta en un aspecto central de cara a las próximas elecciones europeas, “porque si no se hace nada ahora, la pobreza durará generaciones”. “El informe tiene como objetivos llevar el debate a las elecciones y cambiar la visión del problema en Europa”, explica.

Asín expone dos peticiones que Save The Children exige a las políticas comunitarias: unas medidas basadas en la perspectiva de los derechos de los niños y, por otro lado, que se aseguren uno ingresos mínimos para las familias en riesgo de exclusión social, una educación pública de calidad, una sanidad universal y una justicia que garantice la igualdad de oportunidades.

Andrés Conde apunta a España de manera más directa, porque necesitamos “una medida de urgencia”: ampliar la prestación para las familias con niños a su cargo que viven bajo el umbral de la pobreza. “Ampliarla tanto en cuantía, como en competencia para que pueda solicitarse además de otras ayudas y en periodicidad”, añade Conde. Según el director general de la organización, una prestación de 291 euros al año (24 euros al mes), administrada cada seis meses “es muy insuficiente”.

Ayer, el Gobierno hizo pública una reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para coordinar los trabajos del Plan Integral de la Familia y el contenido social de la reforma fiscal. Sin embargo, no trascendieron detalles concretos del encuentro.

Los 17 millones del fondo extraordinario que ha creado el Ejecutivo para luchar contra la pobreza infantil en los próximos cuatro años, “aunque son muy bienvenidos”, tampoco son suficientes, critican desde la ONG. “Echamos de menos compromisos concretos e indicadores de seguimiento del problema, además de una prestación presupuestaria más generosa”, afirma Conde, que calcula una dotación económica de 1,5 euros al año para cada niño (teniendo en cuenta los 2,8 millones de menores en riesgo de exclusión social).

“Estamos hablando de igualdad de oportunidades, de privación de derechos”, dice Ester Asín, que destaca la siguiente frase de uno de los niños entrevistados por la ONG: “No tiene sentido soñar con algo que cuesta dinero”. “No podemos dejar que la desigualdad marque las vidas de estos niños”, concluye.

(Mapa: Belén Picazo)

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