Expertos de la CIDH se comprometen ante las familias de los 43 a seguir buscando la verdad

Los expertos encomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar el caso Ayotzinapa se comprometieron este martes ante los familiares de los 43 jóvenes mexicanos desaparecidos hace un año a seguir con su trabajo en busca de la verdad.

Tres de los miembros del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) visitaron la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en el municipio guerrerense de Tixtla (suroeste de México), para entregarles a los padres una copia del informe que realizaron tras sus seis meses de investigación.

Este documento fue presentado el pasado domingo en la capital mexicana y en él se denuncian algunas irregularidades y, con base en un peritaje, se establece que los estudiantes no pudieron ser quemados en una hoguera en un basurero, como apunta la versión oficial.

Gracias a este informe, apuntaron este martes los padres, volvieron a recobrar “la esperanza” de que sus hijos estén con vida, dijo en el acto de recepción Mario González, quien les agradeció el trabajo que han realizado.

Los expertos fueron recibidos en la escuela por unas 300 personas, entre padres y alumnos, con una ceremonia de agradecimiento en la que también gritaron consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Tras la ceremonia, los expertos hicieron un resumen ante los padres sobre el informe y volvieron a recalcar la importancia de que se estudie como posible móvil de la desaparición el narcotráfico internacional.

Y es que, según denunciaron los expertos, uno de los autobuses que los jóvenes tomaron por la fuerza aquel día para desplazarse a una manifestación en Ciudad de México, en una práctica habitual de algunos grupos civiles de la zona, podría haber estado lleno de droga o dinero y por ello estos fueron castigados de un modo tan brutal la noche del 26 de septiembre de 2014.

Según la versión oficial, aquella noche los estudiantes fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Seis personas murieron, incluidos 3 alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron sus restos en un vertedero de basura.

Sin embargo, los familiares no creen en esta versión y exigen que se investigue el presunto papel de las fuerzas federales en los hechos.

Después de que el Gobierno mexicano aceptara prolongar la estancia de los expertos, estos se comprometieron a seguir con la investigación para encontrar la verdad.

Uno de los padres, Emiliano Navarrete, les pidió que se queden “hasta que encuentren” a sus hijos porque ellos “han sido la esperanza para que los padres sigan en la lucha”, apuntó.